DHS propone eliminar la deferencia de USCIS a aprobaciones previas en extensiones de visas de trabajo

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(página impresa 65119)

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS), DHS.

Aviso de propuesta de reglamentación.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), propone eliminar el 8 CFR 214.1(c)(5), el cual generalmente establece que USCIS otorga deferencia a una aprobación previa que involucra los mismos hechos al adjudicar una solicitud para extender una petición de empleo o estadía de un extranjero. Este cambio alinearía mejor los reglamentos del DHS con la ley, la cual coloca la carga de probar la elegibilidad para todos los beneficios migratorios en el peticionario, solicitante o beneficiario; fortalecería la revisión adjudicativa; y apoyaría las prioridades de la agencia de mejorar la integridad del sistema migratorio y proteger mejor los intereses de los trabajadores estadounidenses.

Los comentarios escritos sobre el aviso de propuesta de reglamentación (NPRM) deben presentarse a más tardar el 13 de noviembre de 2026. El Sistema Electrónico Federal de Gestión de Expedientes aceptará comentarios antes de la medianoche, hora del este, al final de ese día.

Usted puede presentar comentarios sobre la totalidad de este paquete de propuesta de reglamentación, identificado por el Número de expediente del DHS USCIS-2026-0529, a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica: https://www.regulations.gov. De conformidad con 5 U.S.C. 553(b)(4), el resumen de esta regla que se encuentra arriba también puede encontrarse en https://www.regulations.gov. Siga las instrucciones del sitio web para presentar comentarios.

Los comentarios presentados de una manera distinta a través de https://www.regulations.gov, incluyendo correos electrónicos o cartas enviadas a funcionarios del DHS o de USCIS, no serán considerados como comentarios sobre la regla propuesta y es posible que no reciban respuesta del DHS. Tenga en cuenta que el DHS y USCIS no pueden aceptar comentarios entregados en persona o por mensajería. Además, el DHS y USCIS no pueden aceptar comentarios contenidos en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento de medios digitales, tales como CD/DVD y unidades USB. USCIS tampoco está aceptando comentarios enviados por correo postal en este momento. Si no puede presentar su comentario utilizando https://www.regulations.gov, comuníquese con la División de Coordinación Regulatoria, Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por teléfono al (240) 721-3000 para obtener instrucciones alternativas.

División de Trabajadores de Negocios y Extranjeros, Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20746; teléfono (240) 721-3000 (no es una llamada gratuita).

I. Participación Pública

II. Antecedentes

A. Propósito y Resumen de la Acción Regulatoria Propuesta

B. Autoridad Legal

C. Extensiones de Estadía y Validez de la Petición

D. Historia de la Deferencia en las Adjudicaciones de USCIS

III. Análisis de la Regla Propuesta

A. Restablecimiento de la Correcta Asignación de la Carga de la Prueba

B. Fortalecimiento de la Autoridad de los Oficiales de USCIS para la Determinación de Hechos

C. Fortalecimiento de la Integridad del Programa

D. Reconsideración de la Política de Deferencia

E. Intereses de Confianza y Alternativas Consideradas

IV. Requisitos Estatutarios y Regulatorios

A. Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria), 13563 (Mejora de la Regulación y de la Revisión Regulatoria), y 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación)

1. Resumen

2. Antecedentes y Propósito

3. Población

4. Análisis de Costo-Beneficio

B. Ley de Flexibilidad Regulatoria

1. Análisis Inicial de Flexibilidad Regulatoria

C. Ley de Reforma de Mandatos No Financiados

D. Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo)

E. Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de la Justicia Civil)

F. Orden Ejecutiva 13175 (Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas)

G. Ley Nacional de Política Ambiental

H. Ley de Reducción de Trámites

CFR, Código de Reglamentos Federales

DHS, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

FR, Registro Federal

HSA, Ley de Seguridad Nacional de 2002

INA, Ley de Inmigración y Nacionalidad

NEPA, Ley Nacional de Política Ambiental

NOID, Aviso de Intención de Denegar

NPRM, Aviso de Propuesta de Reglamentación

OMB, Oficina de Administración y Presupuesto

PRA, Ley de Reducción de Trámites de 1995

RFA, Ley de Flexibilidad Regulatoria de 1980

RFE, Solicitud de Evidencia

RIA, Análisis de Impacto Regulatorio

RIN, Número de Identificación de Regulación

SBA, Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos

Secretario, Secretario de Seguridad Nacional

UMRA, Ley de Reforma de Mandatos no Financiados de 1995

U.S.C., Código de los Estados Unidos

USCIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) invita a todas las partes interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos escritos, puntos de vista, comentarios y argumentos sobre todos los aspectos de esta norma propuesta. El DHS también invita comentarios que se relacionen con los efectos económicos, ambientales o de federalismo que pudieran resultar de esta norma propuesta. Los comentarios deben presentarse en inglés, o debe proporcionarse una traducción al inglés. Los comentarios que brindarán la mayor ayuda a USCIS para implementar estos cambios harán referencia a una parte específica de la norma propuesta, explicarán el motivo de cualquier cambio recomendado e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. Los comentarios enviados de una manera distinta a través de https://www.regulations.gov, incluidos correos electrónicos o cartas enviadas a funcionarios del DHS o de USCIS, no se considerarán comentarios sobre la norma propuesta y es posible que no reciban respuesta del DHS.

Instrucciones: Si presenta un comentario, debe incluir el nombre de la agencia (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y el número de expediente del DHS USCIS-2026-0529 correspondiente a este proceso de reglamentación. Tenga en cuenta que todas las presentaciones se publicarán, sin cambios, en el Portal Federal de Reglamentación Electrónica en https://www.regulations.gov, e incluirán (página impresa 65120) cualquier información personal que usted proporcione. Por lo tanto, al enviar esta información la hace pública. Es posible que desee considerar limitar la cantidad de información personal que proporciona en cualquier comentario público voluntario que envíe al DHS. El DHS puede retener de la visualización pública la información proporcionada en los comentarios que determine que pueda afectar la privacidad de una persona o que sea ofensiva. Para obtener información adicional, lea el Aviso de Privacidad y Seguridad disponible en https://www.regulations.gov.

Expediente: Para acceder al expediente y leer los documentos de referencia o los comentarios recibidos, visite https://www.regulations.gov, haciendo referencia al número de expediente del DHS USCIS-2026-0529. También puede inscribirse para recibir alertas por correo electrónico en el expediente en línea para que se le notifique cuando se publiquen comentarios o se publique una norma final.

El propósito de esta norma propuesta es eliminar el 8 CFR 214.1(c)(5). Esa disposición reglamentaria indica a los oficiales de USCIS que otorguen deferencia a una determinación previa sobre la elegibilidad de un peticionario, solicitante o beneficiario al adjudicar una solicitud presentada en el Formulario I-129, Petición para un Trabajador No Inmigrante, que involucre a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes.[1] Este requisito se aplica con mayor frecuencia cuando un empleador peticionario solicita extender una petición para el empleo de un extranjero o su estadía autorizada en los Estados Unidos bajo la misma clasificación de trabajador no inmigrante previamente aprobada. Conforme a la disposición vigente, USCIS debe generalmente otorgar deferencia a la determinación previa de elegibilidad para la clasificación de trabajador no inmigrante, a menos que haya habido un error material, un cambio material o nueva información material. 8 CFR 214.1(c)(5).

Cuando el DHS promulgó el 8 CFR 214.1(c)(5), la agencia señaló que los peticionarios “seguirían teniendo la carga de presentar toda la evidencia requerida y pertinente” para establecer la elegibilidad para la clasificación de trabajador no inmigrante solicitada, no obstante la aprobación previa. Véase Modernizing H-1B Requirements, Providing Flexibility in the F-1 Program, and Program Improvements Affecting Other Nonimmigrant Workers, 89 FR 103054, 103093 (18 de diciembre de 2024). La agencia también señaló que “la deferencia no equivale a una falta de revisión de la petición por parte de USCIS”. Id.

Sin embargo, el DHS ahora considera que el efecto práctico del reglamento de deferencia es incompatible con esas declaraciones. En particular, el reglamento y la política de deferencia desplazan efectivamente la carga de la prueba del peticionario al oficial de USCIS para justificar el apartarse de una aprobación previa. Al DHS también le preocupa que la política de deferencia haya tenido el efecto práctico de fomentar que los oficiales de USCIS prioricen la coherencia con las aprobaciones previas y la eficiencia en la adjudicación de las solicitudes de extensión, en lugar de explorar plenamente todos los hechos y pruebas para garantizar la elegibilidad continua para el beneficio de trabajador no inmigrante. Como resultado, el DHS considera que algunos peticionarios han interpretado la política de deferencia como una reducción de su obligación de demostrar la elegibilidad continua para la clasificación de trabajador no inmigrante solicitada al buscar una extensión de una aprobación previa. En general, el reglamento y la política de deferencia corren el riesgo de socavar la integridad del programa al reducir potencialmente el escrutinio de las solicitudes de extensión de clasificaciones de trabajador no inmigrante, lo que podría perpetuar aprobaciones previas erróneas y crear un entorno en el que las peticiones fraudulentas o sin mérito tengan menos probabilidades de ser detectadas antes de su aprobación. Véase la Sección III de este preámbulo.

Por lo tanto, el DHS propone eliminar el 8 CFR 214.1(c)(5). El DHS considera que este cambio alinearía mejor los reglamentos del DHS y la práctica de adjudicación de USCIS con la interpretación de larga data de la agencia respecto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA o la Ley, por sus siglas en inglés), la cual coloca la carga de la prueba para establecer la elegibilidad para todos los beneficios migratorios en el peticionario. Véase la sección 291 de la INA, 8 U.S.C. 1361; Matter of Chawathe, 25 I. & N. Dec. 369, 375 n.7 (USCIS AAO, 2010) ("La carga de probar la elegibilidad para el beneficio solicitado recae enteramente en el solicitante"). Eliminar el requisito de deferencia también ayudaría a garantizar que los oficiales de USCIS revisen plenamente los hechos y las pruebas en cada caso para asegurar la elegibilidad continua. En general, el DHS considera que este cambio promovería adjudicaciones más completas, fortalecería la integridad del programa en la adjudicación de beneficios de trabajadores no inmigrantes, reduciría el riesgo de perpetuar aprobaciones erróneas y respaldaría los esfuerzos más amplios de la Administración para proteger mejor a los trabajadores estadounidenses y hacer cumplir con mayor fidelidad las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso.[2]

La autoridad del Secretario de Seguridad Nacional (Secretario) para estas enmiendas reglamentarias propuestas se encuentra en varias secciones de la INA, 8 U.S.C. 1101 y siguientes, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA, por sus siglas en inglés), Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135, 6 U.S.C. 101 y siguientes. La autoridad general para emitir esta norma propuesta se encuentra en la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a), que autoriza al Secretario a administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración y nacionalidad y a establecer los reglamentos que el Secretario considere necesarios para llevar a cabo dicha autoridad, así como en la sección 102 de la HSA, 6 U.S.C. 112, que confiere al Secretario todas las funciones del DHS y lo autoriza a emitir reglamentos.[3] Se encuentra autoridad adicional para estas enmiendas reglamentarias propuestas en:

Muchos extranjeros ingresan a los Estados Unidos bajo una clasificación de visa de no inmigrante. Algunas de estas clasificaciones permiten que los extranjeros sean empleados o presten servicios de otro modo en los Estados Unidos por períodos temporales. Véanse las secciones 101(a)(15) y 214 de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(15) y 1184. Cada clasificación con fines de empleo o para prestar servicios de otro modo en los Estados Unidos tiene sus propios requisitos de elegibilidad y requisitos relacionados con el período de admisión o estatus, el mantenimiento del estatus, la capacidad de cambiar de trabajo o de empleador, y la capacidad de extender el estatus de no inmigrante. Ídem.

Para ciertas clasificaciones de visa de no inmigrante, un peticionario que busque los servicios de un extranjero más allá del período de admisión previamente otorgado puede presentar una solicitud de extensión de estadía en el Formulario I-129, Petición para Trabajador No Inmigrante.[5] 8 CFR 214.1(c)(1). Por lo general, una extensión de estadía solo se otorga si el extranjero todavía se encuentra en su estatus de no inmigrante y lo ha mantenido al momento de presentarse la solicitud. 8 CFR 214.1(c)(6). Al solicitar una extensión de estadía mediante el Formulario I-129, el peticionario debe presentar pruebas de que el extranjero mantuvo su estatus, junto con toda la demás evidencia inicial especificada en los reglamentos y conforme a las instrucciones del formulario. Véanse 8 CFR 214.1(c)(1), (6); Instrucciones del Formulario I-129, Instrucciones para la Petición para Trabajador No Inmigrante, https://www.uscis.gov/​sites/​default/​files/​document/​forms/​i-129instr.pdf (9 de septiembre de 2026).

Una solicitud de extensión de estadía a menudo se presenta junto con una solicitud de extensión de la vigencia de la petición, que es una solicitud para permitir que el extranjero continúe trabajando para su empleador actual en la misma clasificación de no inmigrante.[6] La extensión de la petición y la solicitud de extensión de estadía se presentan en el Formulario I-129 junto con pruebas de elegibilidad continua para la clasificación de no inmigrante, y toda la demás evidencia inicial especificada en los reglamentos y conforme a las instrucciones del formulario.[7]

Una solicitud de extensión de la vigencia de la petición es consecuencia de una determinación previa de elegibilidad para la clasificación de no inmigrante. Aunque exista una determinación previa de elegibilidad, la carga de la prueba en cualquier solicitud de inmigración, incluida una solicitud de extensión de la vigencia de la petición, recae en el peticionario. Véase la sección 291 de la INA, 8 U.S.C. 1361.[8] Los oficiales no están obligados a aprobar peticiones subsiguientes que busquen beneficios migratorios cuando no se haya demostrado la elegibilidad, por el mero hecho de una aprobación previa.[9] La aprobación previa puede haber sido errónea, en cuyo caso otorgar deferencia a esa determinación previa de elegibilidad, debido a que el oficial adjudicador no tenía conocimiento del error, podría perpetuar aprobaciones sin mérito. Incluso si la aprobación previa no fue errónea, la carga de la prueba sigue recayendo en el peticionario para establecer la elegibilidad en cada solicitud de beneficio. El USCIS decide cada asunto según la evidencia que conste en el expediente, caso por caso.[10]

A pesar de estos principios bien establecidos, el reglamento contenido en 8 CFR 214.1(c)(5) instruye a los oficiales del USCIS a otorgar deferencia a una determinación previa de elegibilidad al adjudicar una solicitud presentada en el Formulario I-129 que involucre a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes, a menos que el oficial determine que hubo un error material relacionado con una aprobación previa, un cambio material en las circunstancias o en los requisitos de elegibilidad, o información nueva y material que afecte negativamente la elegibilidad. Como se analiza en la Sección III de este preámbulo, el DHS considera que el reglamento de deferencia está en tensión con el requisito legal de que el peticionario debe asumir la carga de demostrar la elegibilidad para un beneficio migratorio, y que puede limitar indebidamente la facultad inherente de los oficiales adjudicadores para la determinación de hechos en ciertos casos.

Si bien la codificación de la deferencia fue relativamente reciente, USCIS ha tenido un historial de implementación y revocación de la deferencia a través de una serie de acciones de política que comenzaron en 2004. Primero, en abril de 2004, USCIS emitió un memorando en el que se analizaba la importancia de las adjudicaciones previas de USCIS. Véase USCIS, "The Significance of a Prior CIS Approval of a Nonimmigrant Petition in the Context (página impresa 65122) of a Subsequent Determination Regarding Eligibility for Extension of Petition Validity," HQPRD 72/11.3 (23 de abril de 2004). Este memorando, si bien reconocía la autoridad de USCIS para cuestionar determinaciones previas y que cada asunto debe decidirse de acuerdo con la evidencia del expediente caso por caso, estableció por primera vez la política que instruía a los oficiales de adjudicación a otorgar deferencia a una determinación previa de elegibilidad en asuntos relacionados con una extensión de la validez de una petición de no inmigrante que involucrara a las mismas partes (peticionario y beneficiario) y los mismos hechos subyacentes, a menos que hubiera un error material, un cambio sustancial en las circunstancias, o nueva información material.

En octubre de 2017, USCIS emitió un memorando que revocó la guía de 2004, expresando preocupaciones de que el memorando de 2004 trasladaba indebidamente la carga de la prueba del peticionario a USCIS. Véase USCIS, "Rescission of Guidance Regarding Deference to Prior Determinations of Eligibility in the Adjudication of Petitions for Extension of Nonimmigrant Status," PM-602-0151 (23 de octubre de 2017). En el memorando de 2017, USCIS también expresó preocupaciones de que la política de deferencia limitaba indebidamente la autoridad inherente de los oficiales de adjudicación para determinar los hechos en ciertos casos.

En abril de 2021, USCIS reinstituyó su política de deferencia y la incorporó al Manual de Políticas de USCIS (USCIS Policy Manual). Véase USCIS Policy Manual, Volumen 2, Parte A, Capítulo 4 "Extension of Stay, Change of Status, and Extension of Petition Validity." El manual de políticas reconoce que los oficiales no están obligados a aprobar peticiones posteriores cuando no se ha demostrado la elegibilidad únicamente debido a una aprobación previa, pero recalcó que deben otorgar deferencia a las determinaciones previas que involucren a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes. Según el manual de políticas, si un oficial determina que la deferencia a una aprobación previa no es apropiada, el oficial debe reconocer la(s) aprobación(es) previa(s) en la denegación, en la Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), o en el Aviso de Intención de Denegar (NOID, por sus siglas en inglés), y articular la razón para no otorgar deferencia a la determinación previa (por ejemplo, debido a un error material, un cambio en las circunstancias, o nueva información material adversa). Véase id. Los oficiales deben brindarle al peticionario la oportunidad de responder a la nueva información conforme a 8 CFR 103.2(b)(16)(i). Véase id.

En diciembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) codificó su política de deferencia en 8 CFR 214.1(c)(5) mediante la regla final Modernizing H-1B Requirements, Providing Flexibility in the F-1 Program, and Program Improvements Affecting Other Nonimmigrant Workers, 89 FR 103054 (18 de diciembre de 2024) (Regla Final de Modernización). El actual 8 CFR 214.1(c)(5) establece que, al adjudicar un Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, que involucre a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes, USCIS otorga deferencia a su determinación previa de elegibilidad, a menos que exista un error material, un cambio material, o nueva información material que afecte adversamente la elegibilidad.

El DHS propone eliminar su reglamento en 8 CFR 214.1(c)(5), y la política de deferencia, la cual instruye a los oficiales de USCIS a otorgar deferencia a una determinación previa sobre la elegibilidad del peticionario o del beneficiario al adjudicar una solicitud presentada mediante el Formulario I-129 que involucre a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes, a menos que haya existido un error material, un cambio material, o nueva información material que afecte adversamente la elegibilidad.[11] Este cambio propuesto se aplicaría a todas las solicitudes de beneficios presentadas mediante el Formulario I-129, Petición para un Trabajador No Inmigrante. Esta propuesta no prohibiría a los oficiales de USCIS considerar una aprobación previa cuando sea pertinente. Más bien, eliminaría el requisito de que los oficiales partan de una posición de deferencia hacia la aprobación previa. El DHS considera que este cambio garantizaría de mejor manera que los oficiales consideren plenamente todos los hechos y pruebas pertinentes para asegurar la elegibilidad continua, y que adjudiquen cada petición o solicitud caso por caso para determinar si el peticionario ha cumplido con su carga de la prueba para demostrar la elegibilidad continua para el beneficio. En general, el DHS considera que eliminar la deferencia fortalecería la integridad del programa y, con ello, protegería de mejor manera los intereses de los trabajadores estadounidenses, en consonancia con las prioridades de esta Administración.

Eliminar la deferencia alinearía de mejor manera los reglamentos del DHS con la interpretación de larga data de la agencia respecto de la sección 291 de la INA, 8 U.S.C. 1361, la cual impone al peticionario o solicitante la carga de la prueba de establecer la elegibilidad para cada beneficio migratorio solicitado. Véase también Matter of Chawathe, 25 I. & N. Dec. 369, 375 n.7 (USCIS AAO, 2010) (“La carga de probar la elegibilidad para el beneficio solicitado permanece enteramente en el solicitante”). Aunque una agencia puede establecer presunciones probatorias razonables, véase, por ejemplo, Reno v. Flores, 507 U.S. 292, 313 (1993), toda presunción de este tipo debe ser congruente con el texto y el esquema legal, véase Lin v. U.S. Dep't of Justice, 494 F.3d 296, 308 (2d Cir. 2007) (en banc). Independientemente de si el reglamento de deferencia es congruente con la ley, el DHS ahora considera que tiene el efecto práctico de trasladar la carga de la prueba del peticionario a la agencia, en tensión con la sección 291 de la INA, 8 U.S.C. 1361, respecto de los criterios de elegibilidad que el Congreso pretendió que la agencia determinara para cada beneficio migratorio solicitado.

Cuando el DHS promulgó el 8 CFR 214.1(c)(5), la agencia declaró que los peticionarios continuarían teniendo la carga de demostrar la elegibilidad continua para la clasificación de trabajador no inmigrante solicitada. Véase 89 FR 103094. En la práctica, sin embargo, la política de deferencia traslada efectivamente la carga del peticionario al oficial adjudicador, quien debe identificar un error material o un cambio en las circunstancias para justificar apartarse de la aprobación previa.[12] En efecto, esto crea una posición predeterminada según la cual la aprobación previa fue correcta, y el peticionario y el beneficiario permanecen elegibles para el beneficio a menos que el oficial determine que se aplica una de las excepciones enumeradas a la política de deferencia (es decir, que hubo un error material, un cambio material en las circunstancias o en los requisitos de elegibilidad, o nueva información material que afecte adversamente la elegibilidad). Esta estructura traslada efectivamente la carga del peticionario al (página impresa 65123) oficial adjudicador. En lugar de exigir que el peticionario establezca que el extranjero es elegible para continuar trabajando en los Estados Unidos bajo una clasificación de no inmigrante, el reglamento y la política de deferencia exigen efectivamente que el oficial justifique por qué la aprobación previa no debería prevalecer.

Eliminar la deferencia también garantizaría de mejor manera que los oficiales de USCIS examinen los hechos y las pruebas en cada caso para asegurar la elegibilidad continua antes de aprobar una extensión de petición y conceder una solicitud de extensión de estadía. La política de deferencia sugiere que podría aceptarse una revisión menos que exhaustiva de cada caso y da la impresión de limitar indebidamente la autoridad inherente de los oficiales adjudicadores para la determinación de hechos. Algunos oficiales pueden percibir la deferencia como una restricción a su capacidad de considerar todos los hechos del caso. En lugar de tomar la medida apropiada si la elegibilidad no fue demostrada en la petición (como emitir una Solicitud de Evidencia, RFE), algunos oficiales, como resultado de la política de deferencia, podrían simplemente conceder el beneficio en ausencia de errores o cambios evidentes.

De hecho, como se muestra en la Tabla 3 infra, la tasa de RFE aumentó un 2.9 por ciento más que la tasa de RFE del grupo de comparación después de que se revocara la política de deferencia en 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoce que otros cambios no relacionados con la deferencia pueden haber contribuido, en parte, a este aumento en la tasa de RFE. Sin embargo, el DHS considera razonable concluir que la revocación de la política de deferencia fue uno de los factores que contribuyeron a este aumento en la tasa de RFE. Este incremento es coherente con la preocupación del DHS de que la política de deferencia ha tenido el efecto de desalentar a algunos oficiales de solicitar evidencia adicional, incluso en casos en los que el peticionario no ha demostrado la elegibilidad para la clasificación de trabajador no inmigrante en relación con la solicitud actual.

La autoridad de un oficial adjudicador para determinar los hechos no debe verse limitada por ninguna aprobación previa de una petición. Por el contrario, los oficiales deben revisar exhaustivamente una petición para determinar la elegibilidad y solicitar documentación adicional según corresponda, basándose en los méritos de cada caso, de conformidad con la política de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) relativa a las solicitudes de evidencia, los avisos de intención de denegar y la adjudicación de peticiones de beneficios para no inmigrantes. Debido a que la deferencia puede considerarse una posición predeterminada al comenzar la revisión de ciertas presentaciones, la política de deferencia puede, en algunos casos, haber tenido el efecto no deseado de limitar la capacidad de los oficiales para realizar una revisión exhaustiva de los hechos y limitar la evaluación de la elegibilidad en cada caso. Si bien los oficiales pueden, por supuesto, llegar a la misma conclusión que en una decisión anterior, no deben verse obligados a hacerlo como punto de partida predeterminado.[13]

Además, la deferencia aumenta el riesgo de que los oficiales no detecten errores sustanciales en adjudicaciones anteriores. Aunque la política de deferencia permite a los oficiales apartarse de la decisión anterior si hubo un error sustancial, si los oficiales limitaran su revisión de los casos ante ellos debido a la suposición de que la decisión anterior era correcta, ello necesariamente limitaría la detección de errores sustanciales. Deferir a una determinación de elegibilidad para la clasificación de trabajador no inmigrante que se realizó potencialmente hasta varios años antes de la adjudicación de la extensión de la petición, y que puede estar basada en hechos inexactos o desactualizados, o haber sido adjudicada conforme a reglamentos que han cambiado desde que se emitió la aprobación original, es incompatible con los esfuerzos de esta Administración para fortalecer la integridad del sistema de trabajadores no inmigrantes.

El USCIS no considera que una capacitación adicional para los oficiales o una aclaración sobre cómo aplicar la deferencia aborde adecuadamente estas preocupaciones. Como se explicó anteriormente en este preámbulo, el USCIS tiene un historial de aplicación de la deferencia a lo largo de varios años. Antes de su codificación en los reglamentos en 2024, la política de deferencia estuvo vigente en el USCIS desde 2004 hasta su revocación en 2017, y fue restablecida en 2021. Por lo tanto, los oficiales del USCIS generalmente han recibido capacitación y orientación operativa sobre cómo adjudicar peticiones con la política de deferencia vigente. Sin embargo, la capacitación no es el problema ni la solución. Más bien, cualquier requisito de deferencia en sí mismo refleja una tensión fundamental con la obligación del oficial de realizar una revisión completa para garantizar que el peticionario cumplió con su carga de la prueba antes de otorgar un beneficio de trabajador no inmigrante. De hecho, la política de deferencia se basó, en parte, en el deseo de aumentar la eficiencia al reducir la necesidad del oficial de revisar nuevamente determinaciones previas de elegibilidad. Sin embargo, esa eficiencia ha tenido el efecto no deseado de desalentar a los oficiales de revisar exhaustivamente un caso al adjudicar solicitudes de extensión para clasificaciones de trabajadores no inmigrantes. El DHS ahora considera que la política de deferencia es incompatible con garantizar que los oficiales evalúen plenamente la elegibilidad en cada caso, lo cual es necesario para proteger la integridad del sistema de beneficios de inmigración y los intereses de los trabajadores estadounidenses, al asegurar que los peticionarios y los beneficiarios sean elegibles para el beneficio de trabajador no inmigrante solicitado.

El DHS también considera que la deferencia puede socavar la integridad del programa, incluso al crear oportunidades para que peticionarios inescrupulosos presenten peticiones fraudulentas o engañosas para beneficios de trabajadores no inmigrantes. Por ejemplo, un solicitante inescrupuloso podría presentar una petición de mérito cuestionable, con la esperanza de que, si se aprueba, dicha aprobación pueda utilizarse como ancla para presentaciones posteriores que involucren hechos similares, beneficiarios relacionados o el mismo empleador. Incluso podrían presentar múltiples peticiones de este tipo y utilizar el patrón de hechos que resulte más ventajoso o que se apruebe con mayor rapidez. De manera similar, un peticionario podría exagerar el rol, la compensación o las calificaciones del beneficiario en la primera presentación, esperando que, una vez aprobada, las presentaciones futuras reciban menos escrutinio. Además, los peticionarios podrían ser menos transparentes respecto de los cambios que afecten sus operaciones comerciales o el puesto ofrecido (como la reducción de operaciones, la pérdida de contratos, la alteración de las funciones del puesto u otros problemas de cumplimiento) si consideran que una aprobación previa es vinculante. Si se espera que haya deferencia, el peticionario podría verse incentivado a presentar extensiones sin divulgar plenamente dichos cambios.

De hecho, los datos de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS) respaldan en cierta medida la preocupación de que la deferencia pueda socavar la integridad del programa al reducir el escrutinio en algunos casos y contribuir a un entorno en el que sea más probable que se aprueben extensiones de peticiones de trabajadores no inmigrantes que sean engañosas, no conformes o fraudulentas. Por ejemplo, los datos demuestran porcentajes más altos de fraude e incumplimiento identificados en los programas (página impresa 65124) H-1B y L-1A desde el momento en que USCIS reinstauró su política de deferencia y la incorporó al Manual de Políticas de USCIS.[14] Específicamente, para los casos de extensión H-1B desde el año fiscal 2022 hasta el año fiscal 2025, el porcentaje combinado general de incumplimiento y/o fraude entre los sitios H-1B visitados durante las visitas administrativas y específicas de USCIS fue del 22.39 por ciento. En comparación, cuando USCIS tenía una política de no deferencia, el porcentaje combinado general de incumplimiento y/o fraude H-1B entre los sitios H-1B visitados durante el año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2020 fue del 16.77 por ciento.[15] Para los casos de extensión L-1A, el porcentaje combinado general de incumplimiento y/o fraude entre los sitios L-1A visitados durante las visitas administrativas y específicas de USCIS desde el año fiscal 2022 hasta el año fiscal 2025 fue del 24.46 por ciento. En comparación, el porcentaje combinado general de incumplimiento y/o fraude L-1A entre los sitios L-1A visitados desde el año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2020 fue del 18.37 por ciento.[16]

En otras palabras, durante los años en que USCIS tuvo una política de deferencia, el porcentaje combinado de incumplimiento y/o fraude entre los sitios visitados en los programas H-1B y L-1A fue mayor que en los años en que USCIS no tenía una política de deferencia. Esta tendencia, reflejada en un subconjunto de presentaciones de extensión H-1B y L-1A, respalda la preocupación de que la deferencia socava la integridad del programa al limitar potencialmente la capacidad de USCIS para revisar minuciosamente una petición de extensión caso por caso, lo que a su vez puede incentivar presentaciones frívolas o fraudulentas que afirmen falsamente que no hubo cambios materiales. Si bien el DHS reconoce que otros factores, además de la deferencia o en conjunto con ella, pueden haber contribuido a este porcentaje más alto de detección de fraude o incumplimiento, es razonable concluir que la deferencia fue uno de los factores contribuyentes.

Eliminar la deferencia podría desincentivar las presentaciones fraudulentas y ayudar a restablecer la integridad del sistema migratorio legal. Esto, a su vez, también protegería mejor a los trabajadores estadounidenses al garantizar que las peticiones de trabajadores no inmigrantes solo se aprueben si el peticionario establece la elegibilidad con base en la evidencia presentada en apoyo de cada petición.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce la historia de la política de deferencia y su codificación reciente en 8 CFR 214.1(c)(5) en la Regla Final de Modernización. El DHS también reconoce que algunas de las declaraciones contenidas en esta regla propuesta representan un cambio respecto de las declaraciones realizadas en la Regla Final de Modernización. En la Regla Final de Modernización, algunos comentaristas expresaron su preocupación de que codificar la deferencia limitaría la autoridad de los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para determinar los hechos. Véase 89 FR 103093. Los comentaristas señalaron que los oficiales de USCIS no deberían estar limitados al solicitar evidencia adicional en el proceso de adjudicación. También señalaron que exigir a los oficiales de USCIS que confirmen todos los hechos materiales antes de otorgar una solicitud de beneficio serviría como un mecanismo de detección y disuasión del fraude.

En ese momento, el DHS no estuvo de acuerdo con las preocupaciones de los comentaristas. Id. Sin embargo, el DHS ha reconsiderado el asunto desde la publicación de la Regla Final de Modernización y ahora considera que la codificación de la política de deferencia pudo haber tenido el efecto no deseado de parecer limitar la autoridad de los oficiales de USCIS para determinar los hechos, lo que llevó a que algunos oficiales de USCIS realizaran una revisión menos exhaustiva, socavando así los esfuerzos de la agencia para detectar y disuadir el fraude.[17]

En el Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM) que proponía codificar la deferencia, el DHS declaró que los beneficios de la deferencia incluían promover la consistencia y la eficiencia tanto para USCIS como para sus interesados, y crear previsibilidad para los peticionarios y los beneficiarios. El DHS ahora considera que estos beneficios fueron exagerados y no se sopesaron adecuadamente frente a los impactos negativos de la deferencia. No está claro que la codificación de la deferencia haya promovido efectivamente la consistencia y la eficiencia en la adjudicación, y en la medida en que lo haya hecho, fue a expensas de la integridad del programa. Como se analiza en este preámbulo, la deferencia puede incentivar presentaciones sin mérito, dar la apariencia de limitar indebidamente la autoridad inherente de los adjudicadores para determinar los hechos, y aumentar el riesgo de que aprobaciones previas erróneas continúen sirviendo de base para otorgar peticiones de extensión para trabajadores no inmigrantes. En pocas palabras, la política de deferencia es incompatible con el enfoque de esta Administración en restaurar la integridad del sistema de inmigración legal para proteger mejor a los trabajadores estadounidenses, asegurando que solo se otorguen beneficios de trabajador no inmigrante a los peticionarios y beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad y demuestren su elegibilidad.

El DHS reconoce que algunos empleadores estadounidenses y trabajadores no inmigrantes pueden alegar intereses de confianza en la continuación de la política de deferencia. Por ejemplo, los empleadores estadounidenses que esperan la aprobación continua de sus peticiones de Formulario I-129 pueden haber realizado arreglos comerciales basados en la suposición de que estos trabajadores no inmigrantes podrían continuar trabajando para ellos. De manera similar, los trabajadores no inmigrantes pueden haber hecho planes profesionales y/o personales en los Estados Unidos basados en la suposición de que podrían continuar su empleo y presencia legal en los Estados Unidos.

El DHS ha considerado estos intereses de confianza, pero considera que cualquier interés de este tipo es limitado. El reglamento de deferencia no garantiza por sí mismo la aprobación de una extensión. Por el contrario, eliminar la deferencia no cambia sustancialmente la elegibilidad para el beneficio migratorio solicitado. Este cambio propuesto no privaría a los empleadores estadounidenses de su capacidad de continuar empleando a trabajadores no inmigrantes, ni privaría a los trabajadores no inmigrantes de su capacidad de continuar trabajando y viviendo en los Estados Unidos, siempre que puedan establecer su elegibilidad continua y obtener las aprobaciones necesarias para continuar dicho empleo. Los peticionarios y beneficiarios no tienen una expectativa legítima de que una aprobación previa errónea o no fundamentada continúe resultando en aprobaciones futuras.

En la medida en que existan intereses legítimos de confianza en la continuación de la deferencia, el DHS considera que los impactos negativos de la política de deferencia, según se analiza en este preámbulo, superan los beneficios potenciales para los empleadores y los extranjeros que puedan tratar de confiar en la deferencia codificada en el 8 CFR 214.1(c)(5). El DHS considera que su interés en restaurar la integridad del sistema de inmigración, incluso mediante la garantía de que los adjudicadores del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) realicen revisiones exhaustivas de todas las solicitudes de beneficios antes de otorgar un beneficio, supera con creces cualquier interés que un peticionario o beneficiario pueda tener en esperar aprobaciones continuas. Esto es especialmente cierto cuando la deferencia aumenta el riesgo de que USCIS no logre identificar a peticionarios y beneficiarios que no eran elegibles para la aprobación desde un principio. El DHS (página impresa 65125) considera, por lo tanto, que eliminar el 8 CFR 214.1(c)(5) y poner fin a la política de deferencia es necesario para garantizar la integridad del sistema de inmigración legal, lo cual a su vez protege mejor a los trabajadores estadounidenses.

El DHS consideró una alternativa a la eliminación del reglamento de deferencia mediante la cual el DHS revisaría el reglamento para establecer con mayor claridad que USCIS tiene la discreción de aplicar o no la deferencia. Esto podría lograrse revisando el texto reglamentario para establecer que USCIS “puede otorgar deferencia a su discreción” en lugar de “USCIS otorga deferencia”, como se establece actualmente en el 8 CFR 214.1(c)(5). Sin embargo, el DHS no propone esta alternativa porque probablemente crearía confusión e incertidumbre innecesarias tanto para los peticionarios como para los funcionarios de USCIS respecto de si debe aplicarse la deferencia. Además, esta alternativa no abordaría adecuadamente las inquietudes relacionadas con la deferencia que se analizan anteriormente en las Secciones III.A a III.C de este preámbulo. En general, el DHS considera que eliminar completamente la deferencia es la alternativa más práctica para mejorar la integridad del programa, incluso al garantizar que la carga de la prueba siga recayendo en el peticionario para establecer la elegibilidad para el beneficio migratorio solicitado, y que los adjudicadores de USCIS revisen minuciosamente cada solicitud de extensión de trabajador no inmigrante según sus propios méritos antes de extender el beneficio.

Las Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria) y 13563 (Mejora de la Regulación y de la Revisión Regulatoria) instruyen a las agencias a evaluar los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si la regulación es necesaria, a seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos. La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de cuantificar tanto los costos como los beneficios, de reducir los costos, de armonizar las normas y de promover la flexibilidad. La Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación) instruye a las agencias a reducir significativamente los gastos privados requeridos para cumplir con las regulaciones federales y establece que “cualquier costo incremental nuevo asociado con nuevas regulaciones deberá, en la medida permitida por la ley, ser compensado mediante la eliminación de los costos existentes asociados con al menos 10 regulaciones anteriores”.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) no ha designado esta norma como una “acción regulatoria significativa”, conforme a la sección 3(f) de la Orden Ejecutiva 12866. En consecuencia, la OMB no la ha revisado.

Esta norma propuesta no constituye una acción regulatoria conforme a la Orden Ejecutiva 14192 porque se emite con respecto a una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos. El propósito directo principal de la norma propuesta es implementar o interpretar las leyes de inmigración de los Estados Unidos (según se describe en la sección 101(a)(17) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(17)) o cualquier otra función desempeñada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos con respecto a los extranjeros. Véase el Memorando OMB M-25-20, “Orientación para la Implementación de la Sección 3 de la Orden Ejecutiva 14192, titulada 'Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación'” (26 de marzo de 2025).

La norma propuesta eliminaría la disposición de deferencia establecida en el 8 CFR 214.1(c)(5), la cual actualmente instruye a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a otorgar deferencia a una determinación previa en las solicitudes del Formulario I-129 cuando las partes y los hechos subyacentes permanecen iguales, a menos que haya existido un error material, un cambio material o nueva información material que afecte negativamente la elegibilidad. Como resultado de una revisión más exhaustiva de cada petición, se espera que aumente el número de Solicitudes de Evidencia (RFE), lo que resultaría en una carga de tiempo adicional para que los peticionarios presenten documentación y evidencia de respaldo adicional. La norma también impondría costos a los peticionarios al prolongar los tiempos de adjudicación y aumentar la incertidumbre respecto a la continuidad del empleo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que la norma generaría nuevos costos anuales para los peticionarios de aproximadamente $133,987 debido a un aumento en las RFE. Además, la norma impondría costos a USCIS al incrementar la carga de trabajo de adjudicación y los costos operativos, ya que los oficiales dedicarían más tiempo a reevaluar cuestiones de elegibilidad previamente revisadas y podrían emitir un mayor número de RFE, lo que aumentaría la demanda general de recursos.

Existen beneficios primarios asociados con la eliminación de la política de deferencia. Su eliminación aclararía y reforzaría que la carga de la prueba establecida por ley permanece en el peticionario, y no en la agencia. La eliminación también fomentaría una revisión más exhaustiva de cada petición y de su evidencia de respaldo. Se espera que la implementación de un proceso de revisión más exhaustivo mejore la capacidad de detectar errores previos, inconsistencias o indicios de fraude, y elimine la necesidad de determinar cuándo se aplica la deferencia. Para el público en general y el sistema de inmigración, se espera que el cambio fortalezca la confianza en la integridad y confiabilidad del proceso de adjudicación y se alinee con las prioridades de la agencia relacionadas con la integridad del sistema y la protección de los intereses de los trabajadores estadounidenses. La Tabla 1 proporciona un resumen detallado de los impactos cuantificables y no cuantificables estimados de la norma propuesta. (página impresa 65126)

Tabla 1. Resumen de las disposiciones e impactos de la norma propuesta

El propósito de esta norma propuesta es eliminar el 8 CFR 214.1(c)(5), que instruye a los oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a otorgar deferencia a una determinación previa sobre la elegibilidad del peticionario, solicitante o beneficiario al adjudicar una solicitud presentada mediante el Formulario I-129, Petición para un Trabajador No Inmigrante, que involucre a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes, a menos que haya existido un error material, un cambio material, o nueva información material que afecte negativamente la elegibilidad.

La política de deferencia de USCIS fue implementada y aplicada por primera vez desde abril de 2004 hasta octubre de 2017. En abril de 2004, USCIS emitió un memorando que instruía a los oficiales a otorgar generalmente deferencia a las aprobaciones previas al adjudicar peticiones de extensión que involucraran al mismo peticionario, al mismo beneficiario y los mismos hechos subyacentes. Véase USCIS, "The Significance of a Prior CIS Approval of a Nonimmigrant Petition in the Context of a Subsequent Determination Regarding Eligibility for Extension of Petition Validity," HQPRD 72/11.3 (23 de abril de 2004). Si bien reconocía que cada caso debía decidirse según sus propios méritos y que las decisiones previas podían ser reconsideradas, la política establecía que los oficiales debían deferir a esa determinación previa de elegibilidad, salvo que existiera un error material, un cambio sustancial de circunstancias, o nueva información material. Id.

En octubre de 2017, USCIS emitió un memorando que revocaba la guía de abril de 2004. Véase USCIS, "Rescission of Guidance Regarding Deference to Prior Determinations of Eligibility in the Adjudication of Petitions for Extension of Nonimmigrant Status," PM-602-0151 (23 de octubre de 2017). La agencia expresó su preocupación de que la política de deferencia desplazaba indebidamente la carga de la prueba del peticionario y restringía indebidamente la facultad de los oficiales para determinar los hechos. Id. Desde octubre de 2017 hasta abril de 2021, no se instruyó a los oficiales a deferir a las aprobaciones previas, sino que se les instruyó a realizar nuevas determinaciones de elegibilidad sin basarse en decisiones anteriores.

USCIS reinstauró la política de deferencia en abril de 2021 y la incorporó al Manual de Políticas de USCIS. Véase el Manual de Políticas de USCIS, Volumen 2, Parte A, Capítulo 4, "Extension of Stay, Change of Status, and Extension of Petition Validity." El manual instruye a los oficiales a deferir generalmente a las aprobaciones previas que involucren a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes, a menos que haya existido un error material en la decisión previa, un cambio material en las circunstancias, o nueva información material que afecte negativamente la elegibilidad del peticionario o del beneficiario. Id. Luego, en diciembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) codificó la política reinstaurada en el 8 CFR 214.1(c)(5) mediante la Norma Final de Modernización de la H-1B, exigiendo deferencia a las determinaciones previas en tales casos, a menos que se aplique alguna de las excepciones. Véase 89 FR 103054 (18 de diciembre de 2024).

La Tabla 2 presenta el número total de peticiones del Formulario I-129 para trabajadores no inmigrantes y el subconjunto de esas peticiones que son potencialmente elegibles para deferencia para cada año fiscal (FY, por sus siglas en inglés) desde el FY 2014 hasta el FY 2025. Los porcentajes muestran las peticiones elegibles para deferencia como proporción del total de peticiones del Formulario I-129. En la tabla, "Deference Policy Status" (Estado de la Política de Deferencia) informa la línea de base para la norma propuesta e indica los años fiscales en los que la política de deferencia estuvo vigente para los oficiales de USCIS. Entre el FY2014 y el FY2025, el total de peticiones del Formulario I-129 aumentó generalmente con el tiempo, alcanzando un total de 7,206,852. De estas, 2,168,394 peticiones, o el 30 por ciento, fueron elegibles para deferencia. La elegibilidad osciló generalmente entre el 25 por ciento y el 36 por ciento anualmente, con la proporción más alta en el FY2020. En el período más reciente en que la política estuvo vigente, del FY2022 (página impresa 65127) al FY2025, las peticiones elegibles aumentaron de 195,547 a 235,583, mientras que la proporción elegible se mantuvo entre aproximadamente el 27 por ciento y el 33 por ciento, con un promedio del 30 por ciento.

Para estimar la población que estaría sujeta a esta norma propuesta durante los próximos 10 años, utilizamos el promedio histórico de los cuatro años fiscales más recientes, del FY 2022 al FY 2025, porque este período refleja una aplicación consistente de la política de deferencia. Dado que esta norma tiene como objetivo eliminar la política de deferencia, la población de referencia debe representar un período en el que la política estuvo plenamente vigente. Por lo tanto, el FY 2021 se excluye del cálculo de la estimación de la población porque la política de deferencia fue reinstaurada a mitad de ese año (en abril de 2021) y no estuvo vigente durante más de la mitad de ese año fiscal.

Tabla 2. Peticiones de Trabajador No Inmigrante del Formulario I-129 y Estado de la Política de Deferencia, por Año Fiscal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) espera que la norma propuesta genere tanto costos y beneficios cuantificados como no cuantificados, evaluados en relación con una línea de base en la que la política de deferencia vigente permanece en efecto.

Los costos cuantificados se capturan como la carga de tiempo adicional para los peticionarios resultante de Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) más frecuentes. La eliminación de la política de deferencia requiere que los oficiales evalúen la elegibilidad de manera más exhaustiva, lo que puede resultar en que los oficiales soliciten documentación adicional con mayor frecuencia para verificar de manera independiente la elegibilidad de cada solicitud de extensión. Cada RFE aumenta la carga de tiempo para los peticionarios, quienes deben revisar la notificación, recopilar y organizar documentos, y preparar y presentar una respuesta. Para estimar el aumento en las RFE atribuible a la eliminación de la política de deferencia, el DHS utiliza datos históricos del 1 de octubre de 2013 al 27 de abril de 2021, que abarcan los períodos en que la política de deferencia estuvo vigente (del 1 de octubre de 2013 al 11 de octubre de 2017) y cuando no estuvo vigente (del 12 de octubre de 2017 al 27 de abril de 2021).[18]

A fin de aislar el efecto de la eliminación de la política de deferencia sobre el número de RFE, el DHS utiliza un enfoque simple de diferencia en diferencias (DID, por sus siglas en inglés).[19] Para este análisis, el enfoque DID compara los cambios en la tasa de RFE para el grupo afectado (peticiones afectadas por la política de deferencia) durante los períodos en que la política de deferencia estuvo vigente y cuando no lo estuvo, con los cambios en la tasa de RFE para el grupo de comparación (peticiones no afectadas por la política de deferencia) durante los mismos períodos.

La Tabla 3 compara las tasas de RFE para las peticiones presentadas durante los períodos en que la política de deferencia estuvo vigente y cuando no lo estuvo, y compara las peticiones afectadas por la política de deferencia (grupo afectado) y las peticiones no afectadas por la política de deferencia (grupo de comparación). La tabla muestra que la tasa de RFE para el grupo afectado aumentó en un 4.5 por ciento desde cuando la política de deferencia estuvo vigente hasta cuando no lo estuvo. Sin embargo, este aumento del 4.5 por ciento no tiene en cuenta los cambios más amplios en las tasas de RFE que pudieron haber ocurrido durante el mismo período por razones no relacionadas con la política de deferencia. El enfoque DID utiliza el grupo de comparación para tener en cuenta esas tendencias más amplias. Debido a que la tasa de RFE del grupo de comparación aumentó en un 1.6 por ciento durante el mismo período, el aumento relativo del grupo afectado fue de (página impresa 65128) 2.9 por ciento.[20] Este método proporciona una mejor estimación del cambio asociado a la política que el cambio del grupo afectado por sí solo. El DHS aplicó el mismo enfoque DID a las tasas de denegación y no encontró ningún cambio correspondiente.[21] Como resultado, este análisis no indica un impacto previsto en las tasas de denegación.

Tabla 3. Impacto de la Política de Deferencia en las Tasas de RFE: Grupo Afectado vs. Grupo de Comparación

Según la estimación simple de diferencias en diferencias, la eliminación del 8 CFR 214.1(c)(5) y de la política de deferencia podría aumentar la tasa de RFE en 2.9 puntos porcentuales. Aplicamos este porcentaje a la población afectada estimada de la Tabla 2 (208,429) para estimar que habría aproximadamente 6,044 RFE adicionales anualmente después de eliminar la política de deferencia.[22] Para estimar el costo de oportunidad del tiempo dedicado a preparar una respuesta a una RFE, el DHS asume que un posible peticionario utilizaría un especialista en recursos humanos, un abogado interno o un abogado externo para preparar la respuesta a la RFE.[23] El DHS estima que, en promedio, el 63 por ciento de las RFE se emitieron para peticiones presentadas de forma concurrente con un Formulario G-28, Aviso de Comparecencia como Abogado o Representante Acreditado.[24] La Tabla 4 presenta los costos de oportunidad del tiempo estimados con base en el tiempo que los peticionarios dedicarían a reunir y presentar evidencia en respuesta a un aumento en las RFE. El costo de oportunidad del tiempo se calcula multiplicando la carga de tiempo estimada de 10 minutos (0.167 horas) [25] por la tasa de compensación correspondiente a los diferentes métodos de preparación que los peticionarios elijan utilizar. El DHS no conoce el número exacto de peticionarios que optarían por un abogado interno o externo, pero asume que podría dividirse en partes iguales (50/50) y, por lo tanto, proporciona un promedio de ambos para estimar el costo de oportunidad del tiempo. El DHS estima que el aumento anual en el costo sería de aproximadamente $133,987 para los peticionarios debido al incremento esperado en las RFE. En promedio, el costo de una RFE adicional sería de $22.17.[26]

Tabla 4. Costos anuales estimados para los peticionarios del Formulario I-129 por la eliminación de la política de deferencia

Los peticionarios pueden experimentar plazos de adjudicación más largos y mayor incertidumbre respecto de la continuidad del empleo cuando solicitan extensiones de estadía y de la validez de la petición. Según el promedio de los últimos cuatro años fiscales (AF 2022 a AF 2025), la diferencia en el tiempo de procesamiento entre las peticiones con y sin una RFE es de 64 días; por lo tanto, utilizamos el tiempo de procesamiento adicional asociado con las peticiones que reciben una RFE, que es de 64 días calendario.[27] Estos plazos más prolongados pueden retrasar la decisión final, lo que dificulta que los trabajadores y los empleadores planifiquen los cronogramas de los proyectos, los niveles de personal y las asignaciones de trabajo. Durante este período extendido, los peticionarios pueden enfrentar una mayor incertidumbre respecto de la autorización de empleo y el estatus a más largo plazo del beneficiario, lo cual podría generar dificultades operativas para los empleadores, tales como la planificación de la fuerza laboral y la programación de proyectos, y aumentar el estrés de los trabajadores, quienes podrían tener que esperar considerablemente más tiempo para obtener claridad sobre su capacidad de continuar trabajando más allá de lo ya autorizado. En los casos en que se haya presentado oportunamente una petición para extender la estadía del beneficiario, si la petición permanecía pendiente cuando venció el estatus del beneficiario, este puede permanecer en los Estados Unidos en un período de estadía autorizado mientras espera la adjudicación de la petición presentada en su nombre y puede ser elegible para continuar trabajando. Véase, por ejemplo, 8 CFR 274a.12(b)(20). Los costos para los beneficiarios estarían entonces más relacionados con la imprevisibilidad respecto de cuándo se adjudicará su petición.

El DHS reconoce que la eliminación de la deferencia puede llevar a los peticionarios a dedicar tiempo y recursos adicionales a la preparación de las peticiones de extensión. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) no encontró evidencia de que la tasa de presentación del Formulario G-28 haya aumentado como resultado de la eliminación de la deferencia.[28] Sin embargo, los peticionarios pueden tomar medidas adicionales para garantizar que las presentaciones estén completas y bien organizadas desde el principio, en lugar de depender simplemente de una aprobación anterior. Estos esfuerzos pueden ayudar a los peticionarios a cumplir con su carga de la prueba y pueden reducir la probabilidad de deficiencias, pero también pueden imponer costos no cuantificados en forma de tiempo adicional del personal, tiempo de abogados u otros costos de preparación. El DHS no puede cuantificar este costo con los datos disponibles.

La eliminación del 8 CFR 214.1(c)(5) y de la política de deferencia aclararía y reforzaría que la carga de la prueba establecida por ley recae en el peticionario y no en la agencia, de conformidad con la ley. Véase INA sec. 291, 8 U.S.C. 1361; Matter of Chawathe, 25 I. & N. Dec. 369, 375 n.7 (USCIS AAO, 2010) ("La carga de probar la elegibilidad para el beneficio solicitado recae enteramente en el solicitante"). Esto beneficia a la agencia al subrayar que los oficiales no están obligados a aprobar peticiones posteriores que busquen beneficios migratorios cuando no se haya demostrado la elegibilidad, por el mero hecho de una aprobación anterior. La eliminación de la política de deferencia también obligaría a los oficiales de adjudicación a no basarse en hechos incompletos u obsoletos, y favorece decisiones más precisas y fundamentadas en el expediente. Una asignación clara de la carga de la prueba también puede promover presentaciones más completas y mejor organizadas, y puede reducir el riesgo de aprobaciones erróneas de peticiones de extensión.

Además, eliminar la deferencia reforzaría la autoridad del DHS (Departamento de Seguridad Nacional, DHS) para realizar una revisión completa y actualizada de la evidencia en cada petición, mejorando la capacidad de identificar inelegibilidad o indicadores de fraude. Cuando los oficiales no necesitan deferir a aprobaciones previas, pueden evaluar mejor la documentación y los criterios de elegibilidad con base en información, políticas o patrones actualizados que podrían no haber sido evidentes al momento de la decisión anterior. Esta revisión de alcance completo podría ayudar a revelar discrepancias entre las presentaciones pasadas y actuales, resaltar indicadores de riesgo en evolución, e identificar posibles errores en decisiones previas. Este enfoque fortalecería la integridad del programa al ayudar a la agencia a corregir errores, detectar esquemas de fraude emergentes, y refinar la orientación y la capacitación con base en los problemas identificados mediante el examen continuo de solicitantes reincidentes.

Eliminar la deferencia también beneficiaría al público y al sistema de inmigración en general al reforzar que cada petición se evalúa con base en el expediente actual, lo que podría aumentar la confianza en la integridad de las adjudicaciones. Los miembros del público tendrían mayor seguridad de que las aprobaciones no simplemente se trasladan de decisiones previas, sino que se basan en hechos actuales y normas aplicables. Al mismo tiempo, eliminar la deferencia mantendría la integridad del sistema de inmigración y promovería políticas que protejan mejor los intereses de los trabajadores estadounidenses al apoyar decisiones más precisas y basadas en evidencia, y al reducir el riesgo de que aprobaciones previas desactualizadas o erróneas continúen sirviendo como base para otorgar beneficios migratorios. (página impresa 65130)

Esta regla propuesta busca aclarar y reforzar que la carga de la prueba establecida por ley permanece en el peticionario, fomentar una revisión más exhaustiva de cada petición y su evidencia de respaldo, y proteger mejor la integridad del sistema legal de inmigración. El DHS considera que eliminar la deferencia impondría costos de cumplimiento adicionales relativamente pequeños y que los beneficios resultantes que proporciona justifican dichos costos. Por lo tanto, el DHS considera que eliminar la disposición de deferencia para las peticiones de extensión de estadía sería la forma más eficaz de lograr los objetivos de esta reglamentación.

El DHS consideró una alternativa para revisar la regulación de deferencia a fin de establecer más claramente que USCIS tiene discreción sobre si aplicar la deferencia. El DHS no está proponiendo esta alternativa porque probablemente crearía confusión e incertidumbre innecesarias tanto para los peticionarios como para USCIS. En cambio, el DHS considera que eliminar la deferencia por completo es la alternativa más práctica para mejorar la integridad del programa, incluyendo el garantizar que la carga permanezca en el peticionario para establecer la elegibilidad del trabajador extranjero no inmigrante para continuar trabajando en los Estados Unidos, y que los adjudicadores de USCIS revisen exhaustivamente cada solicitud de extensión de trabajador no inmigrante según sus propios méritos antes de otorgar el beneficio. El DHS no consideró otras alternativas. El DHS agradece los comentarios públicos sobre este tema.

En esta sección, el DHS presenta los costos cuantificados totales durante el periodo de análisis de 10 años y los costos anualizados correspondientes. El DHS estima que el costo anual es de $133,987. Como se muestra en la Tabla 5, se estima que el costo total no descontado es de $1,339,870 durante el periodo de 10 años. Estimamos que, durante el periodo de 10 años y utilizando una tasa de descuento del 3 por ciento, el costo total sería de aproximadamente $1,142,936, y utilizando una tasa de descuento del 7 por ciento, el costo total sería de aproximadamente $941,069. Se estima que el costo anualizado es de $133,987 tanto con la tasa de descuento del 3 por ciento como con la del 7 por ciento.

Tabla 5. Costos descontados durante un periodo de análisis de 10 años

El DHS propone eliminar el 8 CFR 214.1(c)(5) y la política de deferencia, lo cual podría aumentar los costos operativos de USCIS al exigir a los oficiales evaluar la elegibilidad de peticiones que anteriormente se habrían beneficiado de la deferencia, incluso cuando los hechos y circunstancias subyacentes permanecen sin cambios. Este esfuerzo adicional conduciría a un mayor uso de acciones adjudicativas, particularmente en forma de Solicitudes de Evidencia Adicional (RFE), lo que incrementa aún más las demandas de recursos de la agencia y contribuye a los retrasos acumulados. La preparación y emisión de RFE, así como la revisión de las respuestas a estas, requieren tiempo adicional de los oficiales, revisión supervisora y apoyo administrativo, lo que en conjunto eleva el costo y el tiempo generales de procesamiento.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece la recaudación de tarifas a un nivel que garantice la recuperación total de los costos de proporcionar servicios de adjudicación y naturalización, incluidos los costos administrativos y los servicios prestados sin cargo a ciertos solicitantes y peticionarios.[29] Las tarifas se establecen en un monto necesario para recuperar estos costos asignados, tales como los salarios y beneficios del personal administrativo, de los oficiales y de los gerentes, más un monto para recuperar los gastos generales no asignados (por ejemplo, alquiler de instalaciones, equipos y sistemas de tecnología de la información) y los beneficios migratorios otorgados sin cobro de tarifa. Estos costos se reflejarían en las tarifas recaudadas por la solicitud de beneficio presentada por los peticionarios. El DHS estableció las tarifas actuales en su norma de tarifas del año fiscal 2024 con base en estimaciones empíricas de costos. El DHS señala que, si esta norma, de finalizarse tal como se propone, aumentara los costos de USCIS, el ajuste del esquema de tarifas se determinaría en la próxima revisión bienal integral de tarifas de USCIS.

La Ley de Flexibilidad Regulatoria (RFA), Ley Pública 96-354, en su forma enmendada por la Ley de Equidad en la Aplicación de Normas Regulatorias para Pequeñas Empresas de 1996 (Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act), Ley Pública 104-121, 5 U.S.C. 601 a 612, exige a las agencias federales considerar el impacto potencial de las normas sobre las pequeñas empresas, las jurisdicciones gubernamentales pequeñas y las organizaciones pequeñas durante la elaboración de sus normas. El término “entidades pequeñas” comprende las pequeñas empresas, las organizaciones sin fines de lucro que son de propiedad y operación independientes y que no son dominantes en sus respectivos campos, y las jurisdicciones gubernamentales con poblaciones de menos de 50,000 habitantes.[30] Un “individuo” no se considera una entidad pequeña, y los costos para un individuo no se consideran un impacto sobre entidades pequeñas para los fines de la RFA. Además, los tribunales han determinado que la RFA exige que una agencia realice un análisis de flexibilidad regulatoria de los impactos sobre entidades pequeñas únicamente cuando una norma regula directamente (página impresa 65131) a entidades pequeñas.[31] En consecuencia, los impactos indirectos de una norma sobre una entidad pequeña no se consideran costos para los fines de la RFA. Esta norma propuesta afectaría a las entidades pequeñas que presenten el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante. En consecuencia, el DHS ha preparado a continuación un análisis inicial de flexibilidad regulatoria para comentario público.

El propósito de esta norma propuesta es eliminar el 8 CFR 214.1(c)(5) y la política de deferencia, que instruye a los oficiales de USCIS a otorgar deferencia a una determinación previa sobre la elegibilidad del peticionario, solicitante o beneficiario al adjudicar una solicitud presentada mediante el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, que involucre a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes, salvo que haya existido un error material, un cambio material o información material nueva que afecte negativamente la elegibilidad. Este cambio propuesto alinearía mejor el reglamento con la ley, la cual coloca la carga de la prueba para establecer la elegibilidad en el peticionario.

Los objetivos y la autoridad jurídica del DHS para esta norma propuesta se analizan anteriormente en el preámbulo.

Para este análisis, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó datos internos de empleadores que presentaron peticiones de extensión H-1B para el año fiscal 2025.[32] La norma propuesta afectaría las peticiones de extensión presentadas en el Formulario I-129 para múltiples clasificaciones de no inmigrante. Para fines de este análisis, el DHS se basó en los datos de peticionarios H-1B como la mejor fuente disponible de información a nivel de empleador. El Formulario I-129 se utiliza para varias clasificaciones de trabajadores no inmigrantes; sin embargo, el DHS no cuenta con datos a nivel de empleador suficientemente confiables para todas las clasificaciones que no son H-1B a fin de realizar un análisis comparable de pequeñas entidades en todos los peticionarios del Formulario I-129. Las peticiones H-1B representan más del 75 por ciento de todas las presentaciones del Formulario I-129 e incluyen datos a nivel de empleador que permiten al DHS evaluar el tamaño del peticionario. Debido a que las presentaciones H-1B constituyen la mayoría de las peticiones del Formulario I-129 y proporcionan los datos disponibles más confiables para evaluar los impactos en pequeñas entidades, el DHS utilizó los datos de peticionarios H-1B como una aproximación razonable de la población más amplia de peticionarios del Formulario I-129. El DHS combinó los datos internos de empleadores con la tabla de estándares de tamaño de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) [33] para identificar a las pequeñas entidades.

Para determinar si una entidad es pequeña a los fines de la Ley de Flexibilidad Regulatoria (RFA), el DHS primero identificó el código del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS) de la entidad y luego utilizó las directrices de la SBA para clasificar el umbral de ingresos o número de empleados para cada entidad. Algunas entidades fueron clasificadas como pequeñas según sus ingresos anuales, y otras según su número de empleados. Sin embargo, el DHS no pudo hacer coincidir aproximadamente el 36 por ciento de las peticiones con la tabla de estándares de tamaño de la SBA porque los datos internos de USCIS no contenían la información necesaria.

Utilizando datos internos del año fiscal 2025 sobre las presentaciones reales de peticiones de extensión H-1B, se presentaron 165,347 peticiones. El DHS reconoció 25,621 entidades únicas y pudo clasificar a 16,447 como entidades pequeñas o no pequeñas. El DHS determinó que el 57 por ciento del total de 16,447 entidades únicas clasificadas que presentaron extensiones del Formulario I-129 bajo la clasificación H-1B eran pequeñas entidades. Véase la Tabla 6.

Tabla 6, Número de pequeñas entidades que presentaron peticiones H-1B sujetas al límite máximo, año fiscal 2025

La Tabla 7 presenta los 10 principales códigos NAICS, clasificados según el número de peticiones de extensión H-1B presentadas por pequeñas entidades para el año fiscal 2025. La tabla muestra los estándares de tamaño para cada código NAICS en millones de dólares o por número de empleados. Las 10 principales categorías para pequeñas entidades incluyen: Servicios profesionales, científicos y técnicos (54), Manufactura (33), Servicios educativos (61), y Fabricación de preparaciones farmacéuticas (32).

Tabla 7, Los 10 principales códigos NAICS para pequeñas entidades que presentaron peticiones de extensión H-1B, año fiscal 2025

El costo no cuantificable de esta norma es el aumento de la incertidumbre y la posible interrupción operativa asociada con tiempos de adjudicación más prolongados para las peticiones de extensión que reciben una Solicitud de Evidencia (RFE). Según datos del año fiscal 2022 al año fiscal 2025, las peticiones con una RFE tardaron en promedio 64 días calendario adicionales en procesarse, lo cual puede afectar la planificación del empleador en cuanto a personal, cronogramas de proyectos y asignaciones de trabajo, así como la incertidumbre de los trabajadores respecto a su autorización de empleo y estatus a más largo plazo.

El costo cuantificable es el costo de oportunidad del tiempo del empleador dedicado a preparar y presentar RFE adicionales como resultado del aumento previsto en las RFE. Como se analiza en la sección "Costos Cuantificados" de la Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que el aumento anual en los costos para los peticionarios sería de $133,987 en el conjunto de todos los empleadores afectados, por la preparación de documentación y evidencia de respaldo adicional para restablecer la elegibilidad, en relación con un estimado de 6,044 RFE adicionales. El DHS identificó a 22,748 empleadores únicos afectados por esta norma. El DHS estima el costo por RFE dividiendo el costo anual total estimado de $133,987 entre el aumento estimado de RFE atribuible a esta norma, 6,044, lo que da como resultado un costo estimado de aproximadamente $22 por RFE. Debido a que la cantidad mediana de peticiones presentadas por entidades pequeñas es una,[34] una entidad pequeña que reciba una RFE debido a la eliminación de la deferencia necesitaría dedicar tiempo a presentar documentación y evidencia de respaldo adicional, e incurriría en un costo estimado de aproximadamente $22. Como se muestra en la Tabla 3, la tasa de RFE durante el período en que la política de deferencia no estaba vigente fue del 23.4 por ciento. Por lo tanto, el DHS estima que aproximadamente el 23.4 por ciento, o 3,637, de las entidades pequeñas potencialmente afectadas por la norma incurrirían en costos como resultado de esta norma. El costo estimado sería de aproximadamente $22 por entidad pequeña afectada. Por lo tanto, aunque la norma pueda afectar a un número sustancial de entidades pequeñas, el DHS no espera que el impacto económico sobre las entidades pequeñas afectadas sea significativo. El DHS agradece los comentarios del público sobre este análisis, en particular aquellos comentarios que brinden mayor perspectiva sobre los costos cuantificados de esta norma propuesta.

La norma propuesta aumentaría los requisitos de cumplimiento principalmente al incrementar el número de RFE asociadas con las peticiones de extensión de estadía, debido a que los oficiales ya no aplicarían deferencia a las aprobaciones previas y, en su lugar, examinarían más a fondo la elegibilidad de cada solicitud. Como resultado, ciertos peticionarios necesitarían revisar los avisos de RFE con mayor frecuencia, recopilar y organizar documentación de respaldo adicional, y mantener registros más robustos de las aprobaciones previas y de la elegibilidad continua. El DHS prevé que estas actividades serían generalmente llevadas a cabo por un especialista en recursos humanos, un abogado interno, o un abogado externo, quien sería responsable de analizar las RFE, reunir la documentación requerida, y preparar respuestas oportunas y completas en nombre del peticionario.

El DHS no tiene conocimiento de ninguna norma federal duplicada, superpuesta o en conflicto, pero invita al público a proporcionar comentarios e información respecto de cualquier norma de este tipo.

El DHS no consideró ninguna alternativa a la norma propuesta distinta de revisar el texto reglamentario para establecer con mayor claridad que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tiene la facultad discrecional de aplicar o no la deferencia. Sin embargo, esta alternativa no lograría los objetivos establecidos de esta norma propuesta. El DHS considera que la eliminación de la deferencia impondría costos de cumplimiento adicionales relativamente pequeños y que los beneficios resultantes justifican estos costos.

La Ley de Reforma de los Mandatos No Financiados de 1995 (UMRA, por sus siglas en inglés) tiene por objeto, entre otras cosas, frenar la práctica de imponer mandatos federales no financiados a los gobiernos estatales, locales y tribales. El Título II de la UMRA exige que cada agencia federal prepare una declaración escrita que evalúe los efectos de cualquier mandato federal contenido en una norma propuesta, o en una norma final para la cual la agencia haya publicado una norma propuesta, que incluya cualquier mandato federal que pueda resultar en un gasto de $100 millones o más (ajustado anualmente por inflación) en cualquier año dado, por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, de manera conjunta, o por parte del sector privado.[35]

El valor ajustado por inflación de $100 millones en 1995 es aproximadamente $211 millones en 2025, según el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U).[36] Esta norma propuesta no contiene un mandato federal según el término definido conforme a la UMRA.[37] Por lo tanto, los requisitos del título II de la UMRA no son aplicables, y el DHS no ha preparado una declaración conforme a la UMRA.

Esta norma propuesta no tendría efectos directos sustanciales sobre los estados, (página impresa 65133) sobre la relación entre el Gobierno Nacional y los estados, o sobre la distribución del poder y las responsabilidades entre los diversos niveles de gobierno. Por lo tanto, de conformidad con la sección 6 de la Orden Ejecutiva 13132, Federalismo, se determina que esta norma propuesta no tiene implicaciones de federalismo suficientes para justificar la preparación de una declaración resumen de impacto de federalismo.

Esta norma propuesta fue redactada y revisada de conformidad con la Orden Ejecutiva 12988, Reforma de la Justicia Civil. Esta norma propuesta fue redactada para proporcionar un estándar legal claro para la conducta afectada y fue revisada cuidadosamente para eliminar errores de redacción y ambigüedades, a fin de minimizar los litigios y la carga indebida sobre el sistema judicial federal. El DHS ha determinado que esta norma propuesta cumple con los estándares aplicables establecidos en la sección 3 de la Orden Ejecutiva 12988.

Esta norma propuesta no tiene “implicaciones tribales” porque no tendrá efectos directos sustanciales sobre una o más tribus indígenas, sobre la relación entre el Gobierno Federal y las tribus indígenas, o sobre la distribución del poder y las responsabilidades entre el Gobierno Federal y las tribus indígenas. En consecuencia, la Orden Ejecutiva 13175, Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas, no requiere ninguna acción o análisis adicional por parte de la agencia.

El DHS y sus componentes analizan las acciones regulatorias propuestas para determinar si la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), 42 U.S.C. 4321 y siguientes, les resulta aplicable y, de ser así, qué grado de análisis se requiere. La Directiva 023-01 Rev. 01 del DHS, “Implementación de la Ley Nacional de Política Ambiental” (Dir. 023-01 Rev. 01), y el Manual de Instrucciones 023-01-001-01 Rev. 01 (Manual de Instrucciones) [38] establecen las políticas y los procedimientos que el DHS y sus componentes utilizan para cumplir con la NEPA.

La NEPA permite a las agencias federales establecer, en sus procedimientos de implementación de la NEPA, categorías de acciones (“exclusiones categóricas”) que, según la experiencia, no tienen, individual o acumulativamente, un efecto significativo sobre el entorno humano y que, por lo tanto, no requieren una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental. Véase 42 U.S.C. 4336(a)(2), 4336e(1). El Apéndice A del Manual de Instrucciones enumera las Exclusiones Categóricas del DHS.[39]

Conforme a los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS, para que una acción sea categóricamente excluida, debe satisfacer cada una de las siguientes tres condiciones: (1) la acción en su totalidad se ajusta claramente a una o más de las exclusiones categóricas; (2) la acción no es parte de una acción de mayor alcance; y (3) no existen circunstancias extraordinarias que creen el potencial de un efecto ambiental significativo.[40] El DHS propone eliminar una disposición regulatoria en el 8 CFR 214.1(c)(5) que codifica la deferencia a ciertas determinaciones de elegibilidad, a fin de alinear mejor la reglamentación con la ley y garantizar de mejor manera la integridad del sistema de inmigración, incluidos los intereses de los trabajadores estadounidenses. Este cambio propuesto a las reglamentaciones vigentes del DHS es de naturaleza estrictamente administrativa, y la norma se ajusta claramente a la exclusión categórica A3(a).

En consecuencia, el DHS concluye que las enmiendas propuestas a las reglamentaciones vigentes se ajustan claramente a la exclusión categórica A3 establecida en los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS, como un cambio administrativo sin modificación en el efecto ambiental, que no forma parte de una acción federal de mayor alcance, y que no presenta circunstancias extraordinarias que creen el potencial de un efecto ambiental significativo. Véase el Manual de Instrucciones 023-01 en V.B(2)(a)-(c).

En virtud de la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (PRA, por sus siglas en inglés), 44 U.S.C. 3501-3512, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe presentar a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) para su revisión y aprobación, cualquier requisito de presentación de informes inherente a una norma, a menos que estén exentos. Este aviso de reglamentación propuesta no impone ningún requisito nuevo de presentación de informes o de mantenimiento de registros conforme a la Ley de Reducción de Trámites.

Sin embargo, este aviso de reglamentación propuesta requiere el uso del Formulario I-129 de USCIS, Petición para un Trabajador No Inmigrante. Este formulario ha sido previamente aprobado por la OMB conforme a la Ley de Reducción de Trámites. El número de control de la OMB para esta recopilación de información es 1615-0009.

En consecuencia, el DHS propone enmendar el capítulo I del título 8 del Código de Reglamentaciones Federales de la siguiente manera:

1. La cita de autoridad para la parte 214 continúa redactándose de la siguiente manera:

Autoridad: 6 U.S.C. 202, 236; 8 U.S.C. 1101, 1102, 1103, 1182, 1184, 1186a, 1187, 1188, 1221, 1281, 1282, 1301-1305, 1357 y 1372; sec. 643, Pub. L. 104-208, 110 Stat. 3009-708; Pub. L. 106-386, 114 Stat. 1477-1480; sección 141 de los Pactos de Libre Asociación con los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall, y con el Gobierno de Palau, 48 U.S.C. 1901 nota y 1931 nota, respectivamente; 48 U.S.C. 1806; 8 CFR parte 2; Pub. L. 115-218, 132 Stat. 1547 (48 U.S.C. 1806).

2. Se enmienda el § 214.1 de la siguiente manera:

a. Se elimina y se reserva el párrafo (c)(5).

La revisión se redacta de la siguiente manera:

§ 214.1

Requisitos para la admisión, la extensión y el mantenimiento del estatus.

* * * * *

(c) * * *

(5) [Reservado]

* * * * *

Markwayne Mullin,

Secretario, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

1. Para la mayoría de las clasificaciones de no inmigrante que utilizan el Formulario I-129, se hace referencia al solicitante como el "peticionario". Sin embargo, para algunas clasificaciones (por ejemplo, las clasificaciones E y TN), se hace referencia al solicitante como el "solicitante" ("applicant"). Para simplificar, las referencias en este preámbulo a un "peticionario" también incluyen a un "solicitante", y las referencias a una "petición" también incluyen una "solicitud".

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2. Véase, por ejemplo, The White House, "President Trump Is Delivering for American Workers" (1 de septiembre de 2025), https://www.whitehouse.gov/​articles/​2025/​09/​president-trump-is-delivering-for-american-workers/​; The White House, "The Trump Effect: Higher Pay for American Workers" (6 de junio de 2025), https://www.whitehouse.gov/​articles/​2025/​06/​trump-effect-higher-pay-for-american-workers/​; The White House, "Trump Administration Celebrates Successes for America's Workers" (26 de agosto de 2025), https://www.whitehouse.gov/​articles/​2025/​08/​trump-administration-celebrates-successes-for-americas-workers/​; The White House, "America First Trade Policy" (20 de enero de 2025), https://www.whitehouse.gov/​presidential-actions/​2025/​01/​america-first-trade-policy; The White House, "Report to the President on the America First Trade Policy: Executive Summary" (3 de abril de 2025), https://www.whitehouse.gov/​fact-sheets/​2025/​04/​report-to-the-president-on-the-america-first-trade-policy-executive-summary.

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3. Aunque varias disposiciones de la INA tratadas en este NPRM se refieren exclusivamente al "Fiscal General", dichas disposiciones deben leerse ahora como referidas al Secretario de Seguridad Nacional en virtud de la aplicación de la HSA. Véase 6 U.S.C. 202(3), 251, 271(b), 542 nota, 557; 8 U.S.C. 1103(a)(1), (g), 1551 nota; Nielsen v. Preap, 586 U.S. 392, 397 n.2 (2019).

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4. La sección 102(e) de la HSA, 6 U.S.C. 112(e), establece que "la emisión de reglamentaciones por parte del Secretario se regirá por las disposiciones del capítulo 5 del título 5, salvo que se disponga específicamente lo contrario en este capítulo, en las leyes que otorgan facultades reglamentarias que son transferidas por este capítulo, y en las leyes promulgadas después del 25 de noviembre de 2002".

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5. El peticionario debe presentar el Formulario I-129 para solicitar una extensión de estadía para trabajadores no inmigrantes E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-2, P-3, P-1S, P-2S, P-3S, Q-1, R-1 o TN. Para los dependientes de dichos trabajadores, las solicitudes de extensión de estadía pueden presentarse mediante el Formulario I-539, Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante.

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6. Manual de Políticas de USCIS, Volumen 2, Parte A, Capítulo 4, "Extensión de Estadía, Cambio de Estatus y Extensión de la Vigencia de la Petición", https://www.uscis.gov/​policy-manual/​volume-2-part-a-chapter-4 (visitado por última vez el 13 de julio de 2026) ("La carga de la prueba para establecer la elegibilidad para un beneficio migratorio recae siempre únicamente sobre el solicitante del beneficio. La carga de la prueba nunca se traslada a USCIS.").

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7. Por lo general, las determinaciones sobre las extensiones de la vigencia de la petición son realizadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) al adjudicar el Formulario I-129, sin embargo, en ciertas circunstancias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos también pueden realizar una determinación sobre la elegibilidad para una extensión de la vigencia de la petición.

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8. Véase también Matter of Chawathe, 25 I&N Dec. 369 (AAO 2010); Matter of Skirball Cultural Center, 25 I&N Dec. 799 (AAO 2012); Matter of Simieo Solutions, LLC, 26 I. & N. Dec. 542 (AAO 2015); Love Korean Church v. Chertoff, 549 F.3d 749 (9th Cir. 2008); Shanti, Inc. v. Reno, 36 F.Supp.2d 1151 (D. Minn. 1999); Mo v. USCIS, 719 F.Supp.3d 21 (D.D.C. 2024); Borushevskyi v. USCIS, 664 F.Supp.3d 117 (D.D.C. 2023); Web Saigon US LLC v. USCIS, 541 F.Supp.3d 1160 (D. Ore. 2021); Battineni v. Mayorkas, 752 F.Supp.3d 195 (D.D.C. 2024); Krasniqi v. Dibbins, 558 F.Supp.3d 168 (D. N.J. 2021); 8 CFR 103.2(b)(1) ("Un solicitante o peticionario debe establecer que es elegible para el beneficio solicitado en el momento de presentar la solicitud de beneficio y debe continuar siendo elegible durante todo el proceso de adjudicación.").

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9. Manual de Políticas de USCIS, Volumen 2, Parte A, Capítulo 4, "Extensión de Estadía, Cambio de Estatus y Extensión de la Vigencia de la Petición", https://www.uscis.gov/​policy-manual/​volume-2-part-a-chapter-4 (visitado por última vez el 13 de julio de 2026); Matter of Church Scientology Intl, 19 I&N Dec. 593, 597 (Commissioner 1988).

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10. 8 CFR 103.2(b)(1) ("Un solicitante o peticionario debe establecer que es elegible para el beneficio solicitado en el momento de presentar la solicitud de beneficio y debe continuar siendo elegible durante todo el proceso de adjudicación."); Manual de Políticas de USCIS, Volumen 2, Parte A, Capítulo 4, "Extensión de Estadía, Cambio de Estatus y Extensión de la Vigencia de la Petición", https://www.uscis.gov/​policy-manual/​volume-2-part-a-chapter-4 (visitado por última vez el 13 de julio de 2026).

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11. Si esta norma propuesta llega a convertirse en norma definitiva, USCIS realizaría los cambios correspondientes a la guía de políticas vigente sobre la deferencia. Véase el Manual de Políticas de USCIS, Volumen 2, Parte A, Capítulo 4, "Extensión de Estadía, Cambio de Estatus y Extensión de la Vigencia de la Petición", https://www.uscis.gov/​policy-manual/​volume-2-part-a-chapter-4 (visitado por última vez el 13 de julio de 2026).

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12. En efecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también explicó en el preámbulo de la Norma Final de Modernización que, conforme al reglamento sobre deferencia, los oficiales de USCIS deben ejercer un "escrutinio minucioso antes de apartarse de una aprobación previa que involucre a las mismas partes y los mismos hechos subyacentes". 89 FR 103094. La guía de implementación de USCIS también impone varios requisitos a los oficiales adjudicadores que determinen que la deferencia no es apropiada, incluyendo reconocer la aprobación previa, articular las razones para no deferir a dicha determinación previa, obtener la aprobación de un supervisor antes de apartarse de la aprobación previa, y dar al peticionario la oportunidad de responder. Véase el Manual de Políticas de USCIS, Volumen 2, Parte A, Capítulo 4, "Extensión de Estadía, Cambio de Estatus y Extensión de la Vigencia de la Petición", https://www.uscis.gov/​policy-manual/​volume-2-part-a-chapter-4 (visitado por última vez el 13 de julio de 2026). Esto ilustra aún más que la política de deferencia tiene el efecto práctico (si no la intención) de flexibilizar la carga de la prueba del peticionario al trasladar la carga al oficial adjudicador para justificar el apartarse de una aprobación previa. También indica a los oficiales que una revisión menos exhaustiva es apropiada al adjudicar solicitudes de extensión posteriores a una aprobación previa.

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13. Los datos del DHS también muestran que las tasas históricas de denegación no difirieron estadísticamente durante los períodos en que la política de deferencia estuvo vigente en comparación con los períodos en que no estuvo vigente. Una posible razón de esto es que, incluso cuando no se aplicaba la deferencia, los peticionarios podían superar los problemas planteados en una RFE o NOID mediante la presentación de evidencia o información adicional. Sin embargo, el DHS considera que el impacto de la política de deferencia sobre la autoridad de los oficiales para determinar los hechos se refleja mejor en las tasas de RFE que en las tasas de aprobación o denegación. La decisión adjudicativa final a la que llega el oficial no refleja la medida en que la autoridad del oficial para determinar los hechos pudo haberse restringido durante el proceso de revisión adjudicativa. Más bien, las variaciones en las tasas de RFE durante los períodos en que se aplicaba la deferencia en comparación con la tasa de RFE cuando no se aplicaba la deferencia sugieren fuertemente que la deferencia ha tenido el efecto de desalentar a algunos oficiales de solicitar evidencia adicional. Las políticas que desalientan a los oficiales de emitir RFE, incluso cuando el oficial determina que el peticionario aún no ha establecido su elegibilidad, socavan la integridad del sistema migratorio legal y son incompatibles con el fortalecimiento de la autoridad del oficial para determinar los hechos, independientemente de la decisión adjudicativa final.

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14. USCIS, Datos Divulgables Relacionados con el Fraude y el Incumplimiento en los Programas H-1B y L-1A (6 de junio de 2026). Estos datos representan visitas administrativas y específicas realizadas exclusivamente sobre peticiones de extensión H-1B y L-1A.

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15. USCIS excluyó los datos del año fiscal 2021 de este subconjunto porque la política de deferencia se restableció a mitad del año fiscal 2021 (en abril de 2021) y no estuvo vigente durante más de la mitad de ese año fiscal.

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16. USCIS excluyó los datos del año fiscal 2021 de este subconjunto porque la política de deferencia se restableció a mitad del año fiscal 2021 (en abril de 2021) y no estuvo vigente durante más de la mitad de ese año fiscal.

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17. Véase FCC v. Fox Television Stations, Inc., 556 U.S. 502, 515 (2009) (“[B]asta con que la nueva política sea permisible conforme al estatuto, que existan buenas razones para ella, y que la agencia considere que es mejor, lo cual el cambio consciente de rumbo indica adecuadamente.”).

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18. Aunque ambos períodos (del 1 de octubre de 2013 al 11 de octubre de 2017) y (del 28 de abril de 2021 hasta la fecha actual) operaron bajo una política de deferencia, este análisis no incluyó el período del 28 de abril de 2021 hasta la fecha actual, porque el objetivo es estimar el impacto de la política de 2017 que eliminó la deferencia, no el impacto de la política posterior que restableció la deferencia.

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19. Véase Columbia University, Mailman School of Public Health, Difference-in-Difference Estimation, https://www.publichealth.columbia.edu/​research/​population-health-methods/​difference-difference-estimation. La diferencia en diferencias (DID, por sus siglas en inglés) es un diseño de investigación cuasi experimental que utiliza datos longitudinales de grupos de tratamiento y de control para obtener un contrafactual apropiado con el fin de estimar un efecto causal. El DID se utiliza típicamente para estimar el efecto de una intervención o tratamiento específico (como la aprobación de una ley, la promulgación de una política o la implementación de un programa a gran escala) comparando los cambios en los resultados a lo largo del tiempo entre una población inscrita en un programa (el grupo de intervención) y una población que no lo está (el grupo de control).

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20. Cálculo: 4.5 por ciento − 1.6 por ciento = 2.9 por ciento.

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21. USCIS CDAO, CLAIMS3 y ELIS, PAER #21508, consultado en mayo de 2026, Análisis de USCIS.

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22. Cálculo: 6,044 = 208,429 × 2.9 por ciento.

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23. El DHS limitó su análisis a especialistas en recursos humanos, abogados internos y abogados externos para presentar los costos estimados. Sin embargo, el DHS entiende que no todas las entidades emplean a personas con estas ocupaciones y, por lo tanto, reconoce que ocupaciones equivalentes también pueden preparar y presentar estos registros.

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24. Fuente: USCIS CDAO, CLAIMS3 y ELIS, PAER #21508, consultado en mayo de 2026.

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25. Modernización de los Requisitos H-1B, Provisión de Flexibilidad en el Programa F-1, y Mejoras al Programa que Afectan a Otros Trabajadores No Inmigrantes, 89 FR 103054, 103177 (18 de diciembre de 2024) (regla final).

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26. Cálculo: $133,987 de costo anual estimado para responder a las RFE / 6,044 de aumento estimado en RFE = $22.17 de costo promedio por RFE.

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27. Fuente: USCIS CDAO, CLAIMS3 y ELIS, PAER #21508, consultado en mayo de 2026. El tiempo de tramitación se mide como la cantidad de días transcurridos entre la fecha de recepción de la petición y la fecha en que se emite la decisión inicial. Del año fiscal 2022 al año fiscal 2025, el promedio de los tiempos medianos de tramitación fue de 76 días para las peticiones con una RFE y de 12 días para las peticiones sin una RFE, una diferencia de 64 días.

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28. Para evaluar este posible impacto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) examinó la proporción de peticiones que se presentaron con un Formulario G-28, el cual indica la participación de un abogado o un representante acreditado. La proporción aumentó tanto para las peticiones elegibles para deferencia, el grupo tratado, como para las peticiones no elegibles para deferencia, el grupo de control, desde el período previo a la política, cuando la deferencia estaba vigente, hasta el período de la política, cuando la deferencia no estaba vigente. Sin embargo, el aumento fue menor para las peticiones tratadas que para las peticiones de control, lo que dio como resultado una estimación de diferencia en diferencias cercana a cero puntos porcentuales. Esto sugiere que, aunque el uso del G-28 entre las peticiones aumentó en general, el aumento no fue mayor para el grupo afectado por la política de no deferencia. Por lo tanto, el DHS no cuenta con evidencia de que eliminar la deferencia causaría un aumento significativo en la dependencia de los peticionarios en abogados más allá de los costos ya considerados en el análisis.

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29. Véase la sección 286(m) del INA, 8 U.S.C. 1356(m).

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30. Una pequeña empresa se define como cualquier negocio de propiedad y operación independiente que no sea dominante en su campo y que califique como pequeña empresa conforme a la Ley de Pequeñas Empresas (Small Business Act), 15 U.S.C. 632.

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31. Véase la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA), “A Guide for Government Agencies: How to Comply with the Regulatory Flexibility Act”, en la página 22 (agosto de 2017), https://advocacy.sba.gov/​wp-content/​uploads/​2019/​06/​How-to-Comply-with-the-RFA.pdf. En el caso Aeronautical Repair Station Association, Inc. v. FAA, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. dejó en claro que una entidad no está “sujeta a” una reglamentación a menos que la reglamentación “imponga responsabilidades directamente sobre” la entidad. 494 F.3d 161, 177 (D.C. Cir. 2007); véase también Mid-Tex Elec. Coop., Inc. v. FERC, 773 F.2d 327, 342 (D.C. Cir. 1985) (que sostiene que los requisitos de la Ley de Flexibilidad Regulatoria (RFA) se aplican únicamente a las “pequeñas entidades que serían directamente reguladas” por una norma impugnada).

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32. USCIS CDAO, CLAIMS3 y ELIS, consultado en abril de 2026, TRK #21030.

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33. SBA, “Table of Size Standards” (17 de marzo de 2023), https://www.sba.gov/​document/​support-table-size-standards.

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34. USCIS CDAO, CLAIMS3 y ELIS, consultado en abril de 2026, TRK #21030.

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35. Véase 2 U.S.C. 1532(a).

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36. Véase el Departamento de Trabajo (DOL), Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), “Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all items, by month” (consultado por última vez el 29 de julio de 2026). Cálculo de la inflación: (1) Calcular el promedio mensual del CPI-U para el año de referencia (1995) y el año actual (2025); (2) Restar el CPI-U del año de referencia del CPI-U del año actual; (3) Dividir la diferencia entre el CPI-U del año de referencia y el CPI-U del año actual por el CPI-U del año de referencia; (4) Multiplicar por 100 = [(Promedio mensual del CPI-U de 2025 menos Promedio mensual del CPI-U de 1995) dividido entre (Promedio mensual del CPI-U de 1995)] × 100 = [(321.943 menos 152.383) dividido entre 152.383] = (169.560 dividido entre 152.383) = 1.113 × 100 = 111.3 por ciento = 111 por ciento (redondeado). Cálculo del valor ajustado por inflación: 100 millones de dólares en valores de 1995 × 2.11 = 211 millones de dólares en valores de 2025.

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37. El término “mandato federal” significa un mandato intergubernamental federal o un mandato federal del sector privado. Véase 2 U.S.C. 1502(1), 658(6).

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38. El Manual de Instrucciones, que contiene los procedimientos del DHS para implementar la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), se emitió el 6 de noviembre de 2014 y está disponible en https://www.dhs.gov/​ocrso/​eed/​epb/​nepa (última actualización el 14 de abril de 2025).

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39. Véase el Apéndice A, Tabla 1.

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40. Manual de Instrucciones 023-01 en V.B(2)(a)-(c).

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[FR Doc. 2026-20941 presentado 10-13-26; 8:45 a.m.]

CÓDIGO DE FACTURACIÓN 9111-97-P