USCIS propone norma para implementar la Ley de Reforma e Integridad de EB-5 de 2022

Encabezados de los documentos

Los encabezados de los documentos varían según el tipo de documento, pero pueden contener lo siguiente:

Consulte el Manual de Redacción de Documentos (Document Drafting Handbook) para más detalles.

(página impresa 40676)

Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (“USCIS”), Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”).

Aviso de propuesta de reglamentación.

Esta propuesta de reglamentación implementaría la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2022 (RIA, por sus siglas en inglés), que el Presidente firmó el 15 de marzo de 2022. La RIA reforma sustancialmente y añade disposiciones de integridad significativas a la categoría de visa de empleo, quinta preferencia (EB-5) para inversionistas extranjeros y al Programa de Centros Regionales asociado. En general, bajo el programa EB-5, los extranjeros son elegibles para solicitar la residencia permanente legal en los Estados Unidos si realizan la inversión necesaria en una nueva empresa comercial en los Estados Unidos y crean 10 empleos permanentes de tiempo completo para trabajadores estadounidenses calificados.

Presentación de Comentarios Públicos: Los comentarios por escrito deben presentarse a más tardar el 31 de agosto de 2026. El Sistema Electrónico Federal de Gestión de Expedientes (Federal Docket Management System) aceptará comentarios hasta la medianoche, hora del este, del último día de ese plazo.

Usted puede enviar comentarios sobre la totalidad de este paquete de propuesta de reglamentación, identificado con el N.º de Expediente del DHS USCIS-2026-0100, a través del Portal de Reglamentación Electrónica del Registro Federal (Federal Register eRulemaking Portal): http://www.regulations.gov. De conformidad con 5 U.S.C. 553(b)(4), el resumen de esta norma que se encuentra arriba también puede consultarse en https://www.regulations.gov. Siga las instrucciones del sitio web para presentar comentarios.

Los comentarios deben presentarse en inglés, o debe proporcionarse una traducción al inglés. Los comentarios que brindarán la mayor asistencia a USCIS para implementar estos cambios harán referencia a una parte específica de la propuesta de reglamentación, explicarán la razón de cualquier cambio recomendado, e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. Los comentarios presentados de una manera distinta a la señalada anteriormente, incluidos los correos electrónicos o cartas enviados a funcionarios del DHS o de USCIS, no serán considerados como comentarios sobre la propuesta de reglamentación y es posible que el DHS no les dé respuesta. Tenga en cuenta que el DHS y USCIS no aceptarán comentarios entregados en persona, por mensajería, o enviados por correo postal. Además, USCIS no puede aceptar comentarios contenidos en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento de medios digitales, tales como CD/DVD y unidades USB. Si no puede presentar su comentario utilizando http://www.regulations.gov, comuníquese con la División de Coordinación Regulatoria, Oficina de Políticas y Estrategia, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, por teléfono al (240) 721-3000 para obtener instrucciones alternativas.

Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes, Dirección de Operaciones de Campo, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, 5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20746; teléfono (240) 721-3000. Las personas con discapacidades auditivas o del habla pueden acceder al número de teléfono anterior a través de TTY llamando al Servicio Federal de Retransmisión de Información (Federal Information Relay Service) de forma gratuita al 711.

I. Participación Pública

II. Resumen Ejecutivo

A. Propósito de la Acción Regulatoria

B. Autoridad Legal

C. Resumen de los Cambios Regulatorios Propuestos

D. Resumen de Beneficios y Costos

III. Antecedentes y Propósito

A. El Programa EB-5

B. El Programa de Centros Regionales

C. El Proceso de Visa de Inmigrante EB-5

IV. Análisis de la Propuesta de Reglamentación

A. Antecedentes Regulatorios, Estructura Propuesta, e Implementación de Esta Norma

B. Definiciones

C. Seguridad Nacional y Fraude

D. Inversionistas Extranjeros

E. Áreas de Empleo Específico

F. Proyectos de Infraestructura

G. Negocios en Dificultades

H. Programa de Centros Regionales

I. Eliminación de Condiciones

J. Solicitudes de Retiro y Revocaciones de Peticiones

K. Divisibilidad

V. Requisitos Estatutarios y Regulatorios

A. Orden Ejecutiva 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria), Orden Ejecutiva 13563 (Mejora de la Regulación y de la Revisión Regulatoria), y Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación)

B. Ley de Flexibilidad Regulatoria (Regulatory Flexibility Act)

C. Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995 (UMRA)

D. Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo)

E. Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de la Justicia Civil)

F. Evaluación Familiar

G. Orden Ejecutiva 13175 (Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas)

H. Ley Nacional de Política Ambiental

I. Ley de Procedimiento Administrativo

J. Ley de Reducción de Trámites

ACS Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey)

AML/CFT Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

ASC Centro de Apoyo para Solicitudes (Application Support Center)

BLS Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics)

CFR Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations)

CPI-U Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos

CY Año Calendario

DHS Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security)

EB-5 Quinta Preferencia Basada en el Empleo

EIA Análisis de Impacto Económico

FIRRMA Ley de Modernización de la Revisión del Riesgo de Inversión Extranjera de 2018

FR Registro Federal (Federal Register)

FY Año Fiscal

GAAS Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

GAO Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (Government Accountability Office)

GS Servicio General

GSA Administración de Servicios Generales (General Services Administration)

HSA Ley de Seguridad Nacional (Homeland Security Act)

INA Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act)

INS Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service)

IPO Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes (Immigrant Investor Program Office)

IRFA Análisis Inicial de Flexibilidad Regulatoria

JCE Entidad Creadora de Empleo

LAUS Estadísticas de Desempleo por Área Local

LPR Residente Permanente Legal

MSA Área Estadística Metropolitana

NAICS Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

NCE Nueva Empresa Comercial

NEPA Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act)

OCB Oracle Crystal Ball®

OMB Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget)

PRA Ley de Reducción de Trámites (Paperwork Reduction Act)

RC Centro Regional

RFA Ley de Flexibilidad Regulatoria de 1980

RIA Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022

SAM Modelo de Asignación de Personal

SBA Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration)

SBREFA Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para Pequeñas Empresas de 1996

SEC Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission)

SOC Clasificación Estándar de Ocupaciones

TEA Área de Empleo Específico (Targeted Employment Area)

UMRA Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995 (Unfunded Mandates Reform Act of 1995)

U.S.C. Código de los Estados Unidos (United States Code)

USCIS Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (United States Citizenship and Immigration Services)

VPC Comité de Proyección de Volumen

El DHS invita a todas las partes interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos escritos, opiniones, comentarios y argumentos sobre todos los aspectos de esta norma propuesta. El DHS también invita comentarios relacionados con los efectos económicos, ambientales o federalistas que pudieran resultar de esta norma propuesta. Los comentarios deben presentarse en inglés, o se debe proporcionar una traducción al inglés. Los comentarios que brinden la mayor asistencia a USCIS para implementar estos cambios harán referencia a una parte específica de la norma propuesta, explicarán la razón de cualquier cambio recomendado e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. ( página impresa 40677) Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada anteriormente, incluidos los correos electrónicos o las cartas enviadas a funcionarios del DHS o de USCIS, no se considerarán comentarios sobre la norma propuesta y es posible que no reciban respuesta del DHS. Además de su solicitud general de comentarios, el DHS busca específicamente comentarios sobre lo siguiente:

A. Las auditorías y los requisitos de mantenimiento de registros de un centro regional conforme a la sección 203(b)(5)(E)(vii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA);

B. Los tipos de proyectos que pueden cumplir con la definición de un proyecto de infraestructura;

C. El proceso de designación de área de alto desempleo, incluidas las fuentes de datos más apropiadas para calcular el promedio ponderado de desempleo de los sectores censales y cómo un centro regional debería renovar la designación de un área de alto desempleo previamente designada conforme a la sección 203(b)(5)(B)(ii)(IV) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii)(IV);

D. La redistribución del capital del inversionista extranjero conforme a la sección 203(b)(5)(F)(v) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v), incluido el proceso que un centro regional debería utilizar para documentar su cumplimiento con los requisitos legales; y

E. El proceso para registrar a los promotores directos y de terceros de un centro regional, una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también invita a presentar comentarios sobre el análisis económico que respalda esta norma y las revisiones de formularios propuestas.

Instrucciones: Si presenta un comentario, debe incluir el nombre de la agencia (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y el número de expediente del DHS USCIS-2026-0100 para esta reglamentación. Independientemente del método utilizado para presentar comentarios o material, todas las presentaciones se publicarán, sin cambios, en el Portal Federal de Reglamentación Electrónica (Federal eRulemaking Portal) en http://www.regulations.gov, e incluirán cualquier información personal que usted proporcione. Por lo tanto, al enviar esta información la hace pública. Es posible que desee considerar limitar la cantidad de información personal que proporciona en cualquier comentario público voluntario que envíe al DHS. El DHS puede redactar información que sea ofensiva o que afecte la privacidad de una persona. Para obtener información adicional, lea el Aviso de Privacidad y Seguridad disponible en http://www.regulations.gov.

Expediente: Para acceder al expediente y leer los documentos de referencia o los comentarios recibidos, visite http://www.regulations.gov, haciendo referencia al número de expediente del DHS USCIS-2026-0100. También puede inscribirse para recibir alertas por correo electrónico sobre el expediente en línea para ser notificado cuando se publiquen comentarios o se emita una norma final.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone actualizar sus reglamentos que rigen a los inversionistas extranjeros EB-5 y el Programa de Centros Regionales para reflejar los nuevos requisitos previstos en la INA, 8 U.S.C. 1101 y siguientes, según enmendada por la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022 (RIA, por sus siglas en inglés). Ley Pública 117-103, División BB, 136 Stat. 1070 (2022).

La autoridad del Secretario de Seguridad Nacional para las enmiendas regulatorias se encuentra en diversas disposiciones de la INA, la RIA, la Ley de Autorización de Asignaciones del Departamento de Justicia del Siglo XXI (21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act), Ley Pública 107-273, 116 Stat. 1758 (2002), y la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA, por sus siglas en inglés), Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135, 6 U.S.C. 101 y siguientes. La autoridad general para emitir esta norma se encuentra en la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a), que autoriza al Secretario a administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración y nacionalidad, incluyendo el establecimiento de los reglamentos que considere necesarios para llevar a cabo dicha autoridad, así como en la sección 102 de la HSA, 6 U.S.C. 112, que confiere al Secretario todas las funciones del DHS y lo autoriza a emitir reglamentos. La autoridad específica para las enmiendas regulatorias propuestas incluye:

El DHS propone las siguientes revisiones principales a las regulaciones del programa EB-5:

El DHS propone ciertas enmiendas técnicas diversas para mejorar la legibilidad de las disposiciones regulatorias y eliminar descripciones innecesarias de procedimientos internos. Estas modificaciones no pretenden ser sustantivas y no cambiarían los criterios de elegibilidad ni los estándares probatorios, ni conferirían derechos u obligaciones a ninguna de las partes. Además de los cambios mencionados en este resumen, el DHS también describe los cambios técnicos propuestos en las secciones pertinentes. El DHS invita a presentar comentarios sobre estos cambios durante el período de comentarios públicos.

El DHS propone modificar las referencias a nombres y números específicos de formularios, cuando corresponda, de varias disposiciones regulatorias y reemplazarlas con referencias generales al tipo de solicitud y petición, en reconocimiento de que estos formularios pueden evolucionar o cambiar con el tiempo, ser consolidados, descontinuados o modificados, especialmente con la expansión de las presentaciones en línea. Eliminar los números de formulario, cuando corresponda, proporcionaría mayor flexibilidad para tener en cuenta cambios futuros en el formulario o en la forma en que se presentan los formularios.

El DHS también propone actualizar la terminología, ya que algunas de las regulaciones son anteriores a la creación del DHS. Como tal, el DHS propone, por ejemplo, reemplazar el término “Servicio”, que es la referencia desactualizada al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización, por “USCIS”, “Departamento” o “DHS”, según corresponda. Adicionalmente, el DHS propone eliminar el término “deberá” y reemplazarlo con el término “hará”, cuando corresponda, para indicar claramente qué acción tomará USCIS. Realizar estos cambios ayudará con la claridad y legibilidad de las disposiciones. Finalmente, el DHS también propone eliminar, en ciertas disposiciones regulatorias, la frase “empresario extranjero” y agregar, en su lugar, la frase “inversionista extranjero”. Véase el 8 CFR 216.2 y 216.3 propuestos.

El DHS también propone eliminar los guiones largos, donde sea apropiado. Véase la propuesta de 8 CFR 216.6(a). Finalmente, el DHS propone cambios gramaticales para reflejar mejor el significado deseado. Por ejemplo, el DHS propone cambiar “which” por “that” en la propuesta de 8 CFR 216.3(b) para que diga “obtuvo el estatus de residente permanente a través de una empresa comercial que era indebida”.

El DHS propone actualizar y alinear sus regulaciones que rigen a los inversionistas inmigrantes EB-5 y el Programa de Centros Regionales para reflejar los nuevos requisitos previstos en la RIA. La regla propuesta se aplicaría a las entidades comerciales involucradas en la actividad de inversión del programa EB-5; los centros regionales (RC, por sus siglas en inglés), las Nuevas Empresas Comerciales (NCE, por sus siglas en inglés) y las Entidades Creadoras de Empleo (JCE, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, se aplicaría a los inversionistas y a algunas personas asociadas con dichas empresas. Esta regla propone numerosos cambios técnicos, codificaciones, aclaraciones, orientación y ajustes procesales y operativos para el programa EB-5. No se espera que muchos de los cambios generen impactos económicos. Para las disposiciones de las que se espera que generen impactos, el DHS ha realizado estimaciones de algunos, pero no de todos los posibles impactos, debido a limitaciones de datos e información.

La actividad de inversión del EB-5 puede verse influenciada por factores locales, regionales y nacionales relevantes para el crecimiento económico, el empleo, la demanda de tipos de inversión y la disponibilidad de capital. También puede verse influenciada por factores tales como la movilidad del capital en regiones y países particulares fuera de los Estados Unidos. La variación en las inversiones pasadas del programa y la intensidad dentro de ciertas áreas de proyectos (tipos de proyectos y áreas geográficas) podría haber sido, y puede ser, influenciada por múltiples factores que son exógenos al marco regulatorio del programa EB-5. No es posible desglosar ni identificar todos los posibles factores que pueden influir en el programa para determinar exactamente cómo se verían afectadas la actividad de inversión y las entidades comerciales relacionadas, y además, cuáles podrían ser los efectos de dichos impactos y las respuestas a ellos. Las múltiples disposiciones que se proponen tienen por objeto alinear la práctica del programa con su verdadero propósito de estimular la inversión de capital nacional y la creación de empleo, al tiempo que se erradican los problemas que el programa ha enfrentado. En segundo lugar, se espera que la mayoría de los impactos recaigan en los esfuerzos relacionados con el tiempo, administrativos, documentales, probatorios y organizativos necesarios para cumplir con los requisitos de las disposiciones, y esto no es algo que se pueda cuantificar.

La regla propuesta busca implementar las disposiciones de la RIA para mejorar el programa a través de cinco vías. Primero, proporcionaría orientación clara y exhaustiva a los participantes del programa y al público en general sobre las prácticas, responsabilidades y requisitos del programa conforme a la RIA.[1] En segundo lugar, proporcionaría al DHS un conjunto de herramientas para implementar las disposiciones de la RIA destinadas a proteger al programa EB-5 del fraude y de las amenazas a la seguridad nacional, incluyendo sanciones que también actúan como incentivos para que las entidades EB-5 adopten prácticas adecuadas a fin de evitar dichas sanciones. En tercer lugar, respaldaría los rigurosos requisitos de supervisión y evidenciarios de la RIA para brindar mayor certeza de que las actividades e inversiones del programa cumplen con los estándares de cumplimiento. En cuarto lugar, proporcionaría cierta flexibilidad a los inversionistas para hacer frente a los cambios en las condiciones comerciales que les resulten pertinentes.

Como se señaló anteriormente, no es posible determinar cómo se verían afectadas entidades específicas ( página impresa 40679) por disposiciones específicas, ni cuáles serían los efectos resultantes de dichos impactos. Sin embargo, el DHS puede recurrir a cierta información y datos para elaborar estimaciones cuantificadas parciales aplicables a algunas disposiciones. Para los impactos que pudieron estimarse y cuantificarse, a una tasa de descuento del tres por ciento, los impactos anualizados durante diez años podrían oscilar entre $39.90 millones y $87.36 millones, con un punto medio de $63.59 millones. A una tasa de descuento del siete por ciento, los impactos anualizados podrían oscilar entre $38.80 millones y $85.39 millones, con un punto medio de $62.06 millones. Estos impactos monetizados estimados recaerán sobre el sector público y el sector privado.

La Tabla 1 presenta las disposiciones principales en la regla propuesta, comenzando con las estimaciones monetizadas (o los impactos cuantificados) (Tabla 3A), seguidas de los impactos no cuantificados (Tabla 3B), mientras que las cifras monetizadas reflejan el monto anualizado para el punto medio de un rango, a una tasa de descuento del siete por ciento. Las cifras de población reflejan promedios anuales a menos que se indique lo contrario. La información en la Tabla 3 se presenta como un esquema general, con mayor detalle proporcionado en el análisis que sigue.

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Además del resumen de los posibles impactos expuestos en la Tabla 3, el DHS ofrece el estado de cuentas de la OMB A-4 en la Tabla 2.

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Los detalles completos alineados con los impactos resumidos aquí se proporcionan en la evaluación de impacto regulatorio que se adjunta.

El Congreso estableció la clasificación de visa de inmigrante EB-5 para inversionistas asociados con la creación de empleo como parte de la Ley de Inmigración de 1990 (Immigration Act of 1990). Ley Pública 101-649, 104 Stat. 4978. Con las enmiendas realizadas por la RIA, Ley Pública 117-103, División BB, 136 Stat. 1070 (2022), la clasificación EB-5 ( página impresa 40687) pone a disposición el estatus de residente permanente legal (LPR) para los extranjeros que inviertan al menos $1.05 millones en una nueva empresa comercial (NCE) que creará al menos 10 empleos de tiempo completo para empleados calificados [2] en los Estados Unidos. Véase INA sec. 203(b)(5)(C)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(i). El monto de inversión requerido se reduce a $800,000 si la inversión se realiza en un Área de Empleo Específico (TEA) o en un proyecto de infraestructura. Véase INA sec. 203(b)(5)(C)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(ii). Una TEA es un área rural o un área designada por el DHS como un área de alto desempleo. Véase INA sec. 203(b)(5)(D)(viii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(viii); véase también INA secs. 203(b)(5)(B)(ii), (b)(5)(D)(vii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii), (b)(5)(D)(vii). El INA asigna el 7.1 por ciento del nivel mundial de visas basadas en empleo (generalmente alrededor de 9,940 visas de inmigrante) cada año fiscal para extranjeros que buscan ingresar a los Estados Unidos bajo la clasificación EB-5. 3 Véase INA secs. 201(d), 203(b)(5), 8 U.S.C. 1151(d), 1153(b)(5). El INA reserva anualmente el 20 por ciento de estas visas para inmigrantes calificados que inviertan en un área rural, el 10 por ciento de estas visas para inmigrantes calificados que inviertan en un área de alto desempleo, y el 2 por ciento de estas visas para inmigrantes calificados que inviertan en un proyecto de infraestructura. Véase INA sec. 203(b)(5)(B)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(i).

Promulgada en 1992, la sección 610 de la Ley de Asignaciones de los Departamentos de Comercio, Justicia y Estado, el Poder Judicial y Agencias Relacionadas, 1993 (Departments of Commerce, Justice, and State, the Judiciary, and Related Agencies Appropriations Act, 1993), Ley Pública 102-395, 106 Stat. 1828, 1874, estableció un programa piloto que autorizó el otorgamiento de un número limitado de visas de inmigrante EB-5 a extranjeros que invirtieran en centros regionales designados. El Programa de Centros Regionales fue diseñado inicialmente como un programa piloto que expiraría después de 5 años. El Congreso extendió continuamente el programa, a menudo mediante extensiones a corto plazo, hasta que la última extensión expiró el 30 de junio de 2021. Véase Ley Pública 116-260, División O, sec. 104, 134 Stat. 2148.

El 15 de marzo de 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2022 (Consolidated Appropriations Act, 2022), Ley Pública 117-103, 136 Stat. 1070. La División BB de esta Ley contiene la RIA, que derogó la sección 610 de la Ley Pública 102-395 y estableció nuevas disposiciones de la sección 203(b)(5) del INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5), para autorizar y reformar el Programa de Centros Regionales, incluyendo numerosas reformas de integridad y de proceso. Véase Ley Pública 117-103, División BB, sec. 103, 136 Stat. 1070, 1075 (2022). El Programa de Centros Regionales autorizado por la RIA entró en vigor el 14 de mayo de 2022, y se analiza con mayor detalle en la sección IV.H.

Conforme al Programa de Centros Regionales, los extranjeros fundamentan sus peticiones de visa de inmigrante EB-5 en inversiones realizadas en nuevas empresas comerciales asociadas con centros regionales designados y ubicadas dentro de estos. Un centro regional es una entidad en los Estados Unidos que ha sido designada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) sobre la base de una propuesta para la promoción del crecimiento económico, incluyendo la creación prospectiva de empleos y el aumento de la inversión de capital nacional. Véase INA sec. 203(b)(5)(E), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E). Si bien todos los peticionarios de EB-5 deben crear al menos 10 empleos de tiempo completo para empleados calificados en los Estados Unidos, los peticionarios que participan en el Programa de Centros Regionales pueden cumplir con los requisitos estatutarios de creación de empleo con base en proyecciones económicas de creación de empleo directo o indirecto, en lugar de utilizar únicamente los empleos que la nueva empresa comercial crea directamente. Véase INA sec. 203(b)(5)(E)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iv).

Toda entidad que busque la designación como centro regional debe presentar toda la información requerida por ley [4] utilizando los formularios designados por USCIS. Antes de la RIA, las entidades que buscaban la designación como centro regional debían presentar el Formulario I-924, Solicitud de Designación de Centro Regional bajo el Programa de Inversionistas Inmigrantes. Véase 8 CFR 204.6(m)(3)-(4) (20 de noviembre de 2019). A partir del 14 de mayo de 2022 (la fecha de vigencia de las disposiciones del Programa de Centros Regionales en la INA establecidas por la RIA), las entidades que buscan la designación como centro regional deben presentar el Formulario I-956, Solicitud de Designación de Centro Regional. USCIS publicó el Formulario I-956 el 13 de mayo de 2022, bajo una exención de la Ley de Reducción de Trámites (PRA) otorgada por la RIA,[5] y posteriormente publicó el Formulario I-956 para comentarios públicos a fin de cumplir con la PRA, ya que la exención solo tenía una duración de un año. Véase 87 FR 54233 (2 de septiembre de 2022); 87 FR 79343 (27 de diciembre de 2022). El formulario fue actualizado posteriormente el 15 de marzo de 2023,[6] bajo la exención de la PRA otorgada por la RIA,[7] con una presentación posterior ante la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), para finalizar todas las modificaciones a los formularios afectados, con la aprobación otorgada a los siguientes formularios el 24 de julio de 2023: Formularios I-526, I-526E, I-956, I-956F, I-956G, I-956H e I-956K de USCIS. La versión actual del Formulario I-956 está disponible en el sitio web de USCIS en: https://www.uscis.gov/​i-956.

Una vez designados, los centros regionales pueden presentar el Formulario I-956F, Solicitud de Aprobación de una Inversión en una Empresa Comercial. Véase la Ley Pública 117-103, División BB, sec. 103(b)(1), 136 Stat. 1070, 1078 (2022); INA sec. 203(b)(5)(F), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F). USCIS publicó el Formulario I-956F el 1 de junio de 2022, y posteriormente publicó el Formulario I-956F para comentarios públicos e hizo revisiones con base en dichos comentarios. Véase 87 FR 54233 (2 de septiembre de 2022); 87 FR 79343 (27 de diciembre de 2022). La versión actual del Formulario I-956F está disponible en el sitio web de USCIS en: https://www.uscis.gov/​i-956f.

Los centros regionales designados también deben proporcionar a USCIS información actualizada para demostrar su elegibilidad continua para la designación, mediante la presentación del Formulario I-956G, Declaración Anual del Centro Regional. Véase INA sec. 203(b)(5)(G), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G). Antes de la RIA, los centros regionales designados presentaban una declaración anual a USCIS mediante el Formulario I-924A, Certificación Anual del Centro Regional. USCIS publicó el Formulario I-956G el 1 de junio de 2022, y posteriormente publicó el Formulario I-956G para comentarios públicos. Véase 87 FR 54233 (2 de septiembre de 2022); 87 FR 79343 (27 de diciembre de 2022). La versión actual del Formulario I-956G está disponible en el sitio web de USCIS en: https://www.uscis.gov/​i-956g.

La RIA también estableció en la INA el Fondo de Integridad EB-5, para el cual cada centro regional designado debe pagar anualmente una tarifa requerida para conservar su designación. Véase INA sec. 203(b)(5)(J), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(J). USCIS utilizará el Fondo de Integridad EB-5 para medidas de integridad y en la administración del Programa de Centros Regionales. Véase INA sec. 203(b)(5)(J)(iii), 8 U.S.C. (página impresa 40688) 1153(b)(5)(J)(iii). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un Aviso en el Registro Federal en el que se explica el proceso de pago y se exige el pago a partir del 2 de marzo de 2023, y antes del 3 de abril de 2023. Véase 88 FR 13141 (2 de marzo de 2023). Para el año fiscal 2024 y cada año posterior, un centro regional designado debe pagar la tarifa requerida entre el 1 de octubre y el 31 de octubre del mismo año. Véase 88 FR en 13141.

Un extranjero que solicita el estatus de residente permanente legal (LPR) bajo la clasificación de visa de inmigrante EB-5 debe pasar por un proceso de múltiples etapas. El extranjero debe primero presentar una petición de visa de inmigrante EB-5 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), ya sea como inversionista independiente mediante la presentación del Formulario I-526, Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente, o como inversionista de centro regional mediante la presentación del Formulario I-526E, Petición de Inmigrante por Inversionista de Centro Regional. La petición debe estar respaldada por evidencia de que el capital de inversión obtenido legalmente por el extranjero está invertido (es decir, aportado y puesto en riesgo), o está en proceso activo de ser invertido, en una nueva empresa comercial en los Estados Unidos que creará puestos de tiempo completo para no menos de 10 empleados calificados. Véase la sección 203(b)(5)(A) del INA; 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A).

Si USCIS aprueba la petición de visa de inmigrante EB-5, el peticionario debe tomar medidas adicionales para obtener el estatus de LPR. En general, una vez que USCIS ha aprobado la petición y hay una visa de inmigrante disponible, el peticionario puede solicitar una visa a través de un puesto consular del Departamento de Estado (State) en el extranjero. Alternativamente, si el peticionario ya se encuentra en los Estados Unidos y de otro modo reúne los requisitos para ajustar su estatus, el peticionario puede solicitar el ajuste de estatus a residente permanente legal. Véase la sección 245 del INA, 8 U.S.C. 1255. El peticionario lo hace presentando el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, ante USCIS, el cual el peticionario puede presentar simultáneamente con [8] o en cualquier momento después de presentar la petición de visa de inmigrante EB-5. La posibilidad de obtener el estatus de LPR es limitada porque el Congreso ha impuesto límites a la disponibilidad de visas de inmigrante según la categoría de visa y el país de nacimiento del inmigrante. Véanse las secciones 201(d) y 202 del INA, 8 U.S.C. 1151 y 1152.

Para solicitar una visa de inmigrante estando en el extranjero, un peticionario de EB-5 debe presentar su solicitud en un puesto consular del Departamento de Estado (State). Véanse las secciones 203(e) y (g) del INA, 8 U.S.C. 1153(e) y (g); véase también 22 CFR parte 42, subpartes F y G. Si hay una visa disponible para la petición, el peticionario generalmente debe esperar a recibir una notificación del Centro Nacional de Visas de State [9] para comenzar el proceso de solicitud de visa con State. Después de recibir esta notificación, el peticionario debe reunir la información requerida y presentar la solicitud de visa de inmigrante ante State. Como se señaló anteriormente, el tiempo de espera para una visa de inmigrante depende de la demanda de visas de inmigrante en la categoría EB-5 y del país de nacimiento del peticionario.[10] Generalmente, State autoriza la emisión de una visa y programa al peticionario para una entrevista de visa de inmigrante para el mes en que la fecha de prioridad estará vigente. Si State aprueba la solicitud de visa de inmigrante del peticionario, el consulado emite una visa de inmigrante y el peticionario, en la fecha de admisión a los Estados Unidos, obtiene el estatus de LPR de forma condicional. Véanse las secciones 211, 216A y 221 del INA; 8 U.S.C. 1181, 1186b y 1201.

Alternativamente, un peticionario de EB-5 que se encuentra en los Estados Unidos en un estatus de no inmigrante legal, con excepciones limitadas, puede solicitar el estatus de LPR presentando el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, ante USCIS. Véase la sección 245 del INA, 8 U.S.C. 1255; 8 CFR parte 245. Si bien la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 (RIA) enmendó el INA para permitir la presentación de la solicitud de ajuste junto con la petición de clasificación o mientras la petición de clasificación está pendiente (véase la Ley Pública 117-103, División BB, sección 102(d), 136 Stat. 1070, 1075 (2022); véase la sección 245(n) del INA, 8 U.S.C. 1255(n)), se requiere que una visa de inmigrante esté “inmediatamente disponible” para que dicha solicitud se considere debidamente presentada. Véase la sección 245(n) del INA, 8 U.S.C. 1255(n); 8 CFR 245.2(a)(2)(i)(B) y (C). En general, se considera que una visa de inmigrante está “inmediatamente disponible” si la fecha de prioridad del peticionario para la categoría EB-5 es anterior a la fecha pertinente indicada en el Boletín de Visas mensual. 11 Véase 8 CFR 245.1(g)(1).

Ya sea que se obtenga mediante la emisión de una visa de inmigrante o mediante el ajuste de estatus, el estatus de residente permanente legal (LPR) basado en una petición EB-5 se otorga de manera condicional. Véase el INA sec. 216A(a)(1), 8 U.S.C. 1186b(a)(1). En general, dentro del período de 90 días que precede al segundo aniversario de la fecha en que el inversionista extranjero obtiene el estatus de residente permanente condicional, el inversionista extranjero debe presentar el Formulario I-829, Petición del Inversionista para Eliminar las Condiciones de su Estatus de Residente Permanente, ante USCIS. Véase el INA sec. 216A(d)(2), 8 U.S.C. 1186b(d)(2); 8 CFR 216.6(a)(1). La falta de presentación oportuna del Formulario I-829 resulta en la terminación automática del estatus de residente permanente condicional del inversionista extranjero y en el inicio de procedimientos de expulsión. Véase el INA sec. 216A(c), 8 U.S.C. 1186b(c); 8 CFR 216.6(a)(5). En apoyo de la petición para eliminar las condiciones, el inversionista debe demostrar que cumple con los requisitos para eliminar las condiciones. Si se aprueba, las condiciones sobre la residencia permanente del inversionista generalmente se eliminan a partir del segundo aniversario de la fecha en que el inversionista obtuvo el estatus de residente permanente condicional. Véase el INA sec. 216A(c)(3), 8 U.S.C. 1186b(c)(3); 8 CFR 216.6(d)(1). Para los inversionistas que presenten una petición de Formulario I-829 basada en una petición de Formulario I-526 o Formulario I-526E subyacente presentada en o después de la promulgación de la RIA, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a su discreción, puede otorgar una prórroga de 1 año al estatus condicional del inversionista si este se encuentra activamente en el proceso de crear el empleo requerido y lo hará antes del tercer aniversario de la fecha en que el inversionista obtuvo el estatus de residente permanente condicional. Véase el INA sec. 216A(c)(3)(B)(ii), 8 U.S.C. 1186b(c)(3)(B)(ii).

El DHS proporcionó un resumen de los cambios propuestos en la Sección II.C. En esta sección, el DHS describe los cambios con mayor detalle. El análisis procede de la siguiente manera:

A. Antecedentes Regulatorios, Estructura Propuesta e Implementación de esta Regla

B. Definiciones

C. Seguridad Nacional y Fraude

D. Inversionistas Extranjeros

E. Áreas de Empleo Específico (TEAs)

F. Proyectos de Infraestructura

G. Negocios en Dificultades

H. Programa de Centros Regionales

I. Eliminación de Condiciones

J. Solicitudes de Retiro y Revocaciones de Peticiones

K. Divisibilidad

En 2019, el DHS publicó la Regla Final de Modernización del Programa de Inmigrantes Inversionistas EB-5 (Regla de Modernización EB-5), la cual revisó el 8 CFR 204.6 para reflejar cambios legislativos previos [12] y modernizar el programa EB-5, además de codificar las políticas existentes y modificar ciertos aspectos que necesitaban reforma. Véase 84 FR 35750 (24 de julio de 2019). Se programó que la fecha de entrada en vigor de la regla final fuera el 21 de noviembre de 2019. Véase id. en 35750. Aunque la Secretaria de Seguridad Nacional intentó ratificar la Regla de Modernización EB-5 el 31 de marzo de 2021, el 22 de junio de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anuló la regla por motivos procesales a pesar de dicha ratificación, revirtiendo los cambios realizados al 8 CFR 204.6 por la Regla de Modernización EB-5 a lo que existía antes de su promulgación.[13] Sin embargo, el 15 de marzo de 2022 (y antes de que el DHS pudiera emitir una regla que implementara la anulación de la Regla de Modernización EB-5 mediante la eliminación o modificación del texto reglamentario actualmente vigente en el Código de Regulaciones Federales (CFR)), el Presidente firmó la RIA. Véase la Ley Pública 117-103, División BB, 136 Stat. 1070 (2022).[14]

Para revisar de manera efectiva y clara las regulaciones con base en las disposiciones nuevas y enmendadas del INA, el DHS propone eliminar y reservar el 8 CFR 204.6 y crear una nueva Subparte D de la parte 204 del Título 8 del CFR. Por lo tanto, el DHS propone que el 8 CFR 204.6, tal como existía el 20 de noviembre de 2019 (antes de la fecha de entrada en vigor de la Regla Final de Modernización EB-5), se aplicaría generalmente a las adjudicaciones de peticiones presentadas antes del 15 de marzo de 2022. Véase el 8 CFR 204.400 propuesto. La nueva subparte proporcionaría una distinción clara entre los requisitos para una visa de inmigrante EB-5 antes y después de la promulgación de la RIA, y también brindaría al DHS la mayor oportunidad de establecer regulaciones claras para el programa EB-5, incluyendo el Programa de Centros Regionales, de manera que todas las partes interesadas puedan determinar los requisitos de elegibilidad y presentación para todos los aspectos del programa, según lo especificado por las disposiciones nuevas y enmendadas del INA.

Por lo tanto, el DHS propone que esta regla se implemente de manera prospectiva para las peticiones y solicitudes presentadas en o después de su fecha de entrada en vigor, sujeto a las siguientes excepciones:

1. Cuando así lo indique de otro modo la INA o la RIA;

2. Cuando esta norma propuesta codifique una práctica o política posterior a la RIA que el DHS haya estado implementando desde que la RIA entró en vigor, el DHS continuará aplicando dichas políticas tal como se codifican;

3. Con respecto a la retención de la fecha de prioridad para inversionistas extranjeros que presentaron su solicitud antes del 15 de marzo de 2022; [15]

4. En los casos en que el peticionario represente una amenaza continua o constante para la seguridad pública o la seguridad nacional de los Estados Unidos, o de otro modo continúe incurriendo en fraude, engaño, tergiversación intencional de un hecho material o uso indebido con fines delictivos. Véase el 8 CFR 204.400(a) propuesto;

5. Todos los centros regionales, incluidos aquellos designados antes de la promulgación de la RIA, deben establecer su elegibilidad para participar en el Programa de Centros Regionales EB-5 reformado y están sujetos a todos los requisitos aplicables a su participación continua. Véase el 8 CFR 204.400(b) propuesto; y

6. Con respecto a las enmiendas de las peticiones de visa de inmigrante EB-5 presentadas debido a la terminación del centro regional del inversionista extranjero o a la inhabilitación de la nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo del inversionista extranjero. Véase el 8 CFR 204.410 propuesto.

Para facilitar la referencia y la adjudicación, el DHS propone incorporar las decisiones aplicables de los cuatro casos de decisiones precedentes de EB-5 (Matter of Ho, Matter of Hsiung, Matter of Izummi y Matter of Soffici) [16] en varias disposiciones de esta norma propuesta, como el 8 CFR 204.407(c)(2) propuesto, que incorpora las disposiciones sobre propiedad legal del capital de Matter of Ho, 22 I&N Dec. 206, 206 (Comisionado Asociado, 1998) (que sostiene que el peticionario debe establecer la propiedad legal del capital de inversión y que los estados de cuenta bancarios y otros documentos financieros no lo demuestran si el peticionario indica que otra persona es el propietario legal), el 8 CFR 204.408(b)(5) propuesto, que incorpora las disposiciones sobre pagarés de Matter of Hsiung, 22 I&N Dec. 201, 202 (Comisionado Asociado, 1998) (los pagarés pueden constituir capital si el pagaré está garantizado por activos de propiedad del peticionario, los intereses de garantía están perfeccionados y los activos son plenamente susceptibles de embargo), y Matter of Izummi, 22 I&N Dec. 169, 191 (Comisionado Asociado, 1998) (el pagaré debe valorarse a su valor justo de mercado). El DHS también propone codificar aquellas actividades identificadas en Matter of Ho que no alcanzan el nivel de actividad empresarial concreta y que, por lo tanto, son insuficientes para demostrar que la inversión está en riesgo, tales como un depósito en una cuenta comercial sobre la cual el inversionista tiene control, la formulación de una idea para una futura actividad comercial, la constitución de una entidad comercial y la firma de un contrato de arrendamiento. [17] Véase el 8 CFR 204.408(b)(6) propuesto. Una simple contribución de capital a cambio de un acuerdo de deuda o la compra de un activo por parte de un peticionario es insuficiente para demostrar una actividad empresarial concreta. 18 Véase el 8 CFR 204.408(b)(6) propuesto. Al igual que en Matter of Ho, el DHS prevé que la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo habrá emprendido alguna actividad concreta que evidencie la implementación significativa del plan de negocios, a fin de demostrar que la inversión de capital está o estará en riesgo. Véase el 8 CFR 204.408(b)(6) propuesto. En el caso de que una decisión en particular no se incorpore en una nueva disposición reglamentaria y no haya sido de otro modo reemplazada por una ley, el USCIS continuaría aplicando las decisiones aplicables de los cuatro casos de decisiones precedentes de EB-5 (página impresa 40690) a las determinaciones de elegibilidad pertinentes.

Por último, el DHS no considera que otros procesos de reglamentación que está llevando a cabo tengan un impacto significativo en esta norma. El 23 de octubre de 2025, el DHS publicó un aviso de propuesta de reglamentación titulado “Regla de Tarifas para la Visa de Inmigrante Basada en Empleo, Quinta Preferencia (EB-5) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos”. 90 FR 48516. Esa norma se enfoca principalmente en tarifas y sanciones financieras, con otras revisiones de procedimiento que, en general, no afectarían esta norma. Ciertos cambios técnicos realizados al actual 8 CFR 216.6(a)(1) mediante esa norma se incorporan a los cambios más integrales realizados al 8 CFR 216.6 por esta norma, y el DHS no considera que esto tendría un impacto significativo en esta norma. Véase el 8 CFR 216.6(b) propuesto. Además, el 3 de noviembre de 2025, el DHS publicó el aviso de propuesta de reglamentación titulado Recopilación y Uso de Datos Biométricos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (NPRM de Biométricos). Véase 90 FR 49062. En el NPRM de Biométricos, el DHS propuso modificar en general sus reglamentos que rigen el uso y la recopilación de datos biométricos relacionados con todas las solicitudes de beneficios de inmigración y para otros fines relacionados con la inmigración. En relación específicamente con el programa EB-5, el DHS explica que continuaría con su práctica actual de recopilar datos biométricos y realizar verificaciones de antecedentes de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y cualquier otra persona involucrada con un centro regional EB-5, una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo. Véase la sección 203(b)(5)(H)(iii) de la INA, 8 U.S.C. 1152(b)(5)(H)(iii). Sin embargo, el DHS propone eliminar los reglamentos relacionados con el EB-5 8 CFR 216.4(b)(1), “Autoridad para exonerar la entrevista”, y 8 CFR 216.4(b)(2), “Lugar de la entrevista”, y explica que estas dos disposiciones reglamentarias no cumplen ningún propósito y son innecesarias, respectivamente. Véase 90 FR 49062, 49092. Dado que estas enmiendas reglamentarias propuestas relacionadas con el EB-5 se están eliminando por no cumplir ningún propósito y ser innecesarias, el DHS no considera que los cambios propuestos en el NPRM de Biométricos tendrían un impacto significativo en esta norma. El DHS agradece los comentarios del público sobre cualquier posible impacto conjunto.

Conforme a esta norma propuesta, el DHS definiría los términos utilizados a lo largo de esta nueva subparte en la sección 204.401. Esta norma propone trasladar y actualizar ciertas definiciones de los reglamentos tal como existían antes de la Norma de Modernización del EB-5, denotadas mediante referencia al 8 CFR 204.6 (20 de noviembre de 2019), además de proponer varias definiciones nuevas para proporcionar mayor claridad con base en definiciones legales nuevas o revisadas en la INA. Esta sección examina cada término, generalmente en orden alfabético, excepto cuando los términos se analizan mejor en conjunto, como empleos directos e indirectos.

La INA define “capital” en general como efectivo y todos los bienes tangibles reales, personales o mixtos que sean propiedad y estén bajo el control del inversionista, o que se mantengan en fideicomiso en beneficio del inversionista y a los cuales el inversionista tenga acceso irrestricto. Véase la sección 203(b)(5)(D)(ii)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(ii)(I). El DHS propone aclarar que “bienes tangibles mixtos” significa una “combinación de bienes tangibles (que pueden incluir equipo, inventario u otros bienes tangibles)”. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Capital. El DHS considera que esta aclaración es necesaria para especificar que los inversionistas solo podrían cumplir con los requisitos para una visa de inmigrante EB-5 invirtiendo bienes tangibles cuyo valor pueda determinarse claramente, en lugar de bienes intangibles, como patentes y marcas registradas, cuyo valor sería subjetivo, variaría y no establecería claramente que un inversionista ha invertido el monto de capital requerido en una nueva empresa comercial.

El DHS propone además aclarar que el capital mantenido en fideicomiso debe mantenerse en un fideicomiso en vida revocable del cual el inversionista sea el otorgante y el beneficiario, y al cual el inversionista tenga acceso irrestricto. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Capital. El DHS considera que este tipo de fideicomiso cumple más claramente con los requisitos de la sección 203(b)(5)(D)(ii)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(ii)(I), particularmente el requisito de que el inversionista tenga acceso irrestricto al capital, mientras que otros tipos de fideicomisos no lo cumplirían, como un fideicomiso irrevocable en el cual el inversionista no tendría acceso irrestricto al capital del fideicomiso. Finalmente, el DHS propone incorporar las decisiones aplicables de Matter of Soffici, según las cuales el capital no incluye préstamos garantizados por los activos de la nueva empresa comercial ni una garantía personal de la deuda comercial de la nueva empresa comercial. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Capital; Matter of Soffici, 22 I&N Dec. 160-163.

De conformidad con la definición del 8 CFR 204.6(e) (20 de noviembre de 2019), la definición de “capital” de la INA exige que el capital se valore a su valor justo de mercado en dólares estadounidenses en el momento en que se invierte, y además aclara que la valoración debe realizarse de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados u otra práctica contable estándar adoptada por la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Véase la sección 203(b)(5)(D)(ii)(II) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(ii)(II).[19] El DHS propone incorporar estos requisitos en la definición reglamentaria de “capital”. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Capital. La mayoría de los inversionistas cumplen su requisito de capital utilizando efectivo, por lo que esta disposición probablemente se aplicaría en circunstancias limitadas en las que el inversionista invierte equipo o inventario, por ejemplo. Aunque es poco común, el DHS considera que este lenguaje adicional garantizaría que el inversionista valore de manera justa cualquier inversión que no sea en efectivo y que esté cumpliendo con el monto de inversión requerido establecido por la sección 203(b)(5)(C) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C). Cuando un inversionista utilice cualquier capital que no sea en efectivo para invertir en una nueva empresa comercial, esta norma propuesta exigiría que el inversionista establezca el valor justo de mercado del capital en el momento de presentar la petición de visa de inmigrante EB-5, si el inversionista se encuentra en proceso de invertir, o en el momento de la inversión, si el inversionista ya ha invertido el capital en la nueva empresa comercial. Véase el 8 CFR 204.407(b)(4) propuesto.

La definición de “capital” en el 8 CFR 204.6(e) (20 de noviembre de 2019) excluye los “[a]ctivos adquiridos, directa o indirectamente, por medios ilícitos (tales como actividades delictivas)”. Véase el 8 CFR 204.6(e) (20 de noviembre de 2019), Capital. La INA excluye asimismo este tipo de activos de la definición de “capital”, junto con varias otras disposiciones que impedirían que ciertos activos califiquen como capital. Véase la sección 203(b)(5)(D)(ii)(III) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(ii)(III). El DHS reconoce que estos elementos continuarán estando excluidos de ser considerados “capital” conforme a la INA, pero considera que una definición reglamentaria más simplificada facilitaría mejor la comprensión, ya que estas exclusiones se revisan más apropiadamente como un requisito de elegibilidad para la aprobación de una petición de visa de inmigrante EB-5, véase el 8 CFR 204.407(c) y (d) propuesto, y, en consecuencia, analiza estos requisitos adicionales con mayor detalle en la sección IV.D.5 del presente preámbulo. (página impresa 40691)

La INA define un “certificador” como una persona en un cargo con autoridad sustantiva sobre la administración u operaciones de un centro regional, una nueva empresa comercial, una entidad afiliada generadora de empleo o un emisor de valores, tal como un funcionario ejecutivo principal o un funcionario financiero principal, con conocimiento de las políticas y procedimientos de dichas entidades relacionados con el cumplimiento de los requisitos de [el programa EB-5]. INA sec. 203(b)(5)(D)(iii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(iii). Esta definición legal se incluye en las definiciones de esta norma propuesta dado que la función de certificador es pertinente para la presentación de una solicitud de aprobación de una inversión en una empresa comercial (Formulario I-956F), y la declaración anual del centro regional (Formulario I-956G). Véase INA secs. 203(b)(5)(F)(i), (b)(5)(G)(i), (b)(5)(I)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(F)(i), (b)(5)(G)(i), (b)(5)(I)(ii), véase el propuesto 8 CFR 204.401, Certificador. Si bien la definición de “certificador” incluye terminología similar a la definición de “persona involucrada con un centro regional, una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo,” (INA sec. 203(b)(5)(H)(v), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(v)), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prevé que un “certificador” siempre sería una “persona involucrada,” pero una “persona involucrada” no necesariamente cumpliría con la definición de “certificador,” a menos que su cargo dentro de la entidad relacionada le proporcione la responsabilidad y el conocimiento necesarios para cumplir con la definición de certificador.[20]

El DHS propone además codificar su práctica posterior a la RIA y extender la definición de “certificador” a las entidades registradas como promotor directo o de terceros. Véase el propuesto 8 CFR 204.401, Certificador. En primer lugar, la RIA exige a los promotores proporcionar una certificación de que son elegibles para participar en el programa EB-5 conforme a la sección 203(b)(5)(H)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H). Véase INA sec. 203(b)(5)(K)(i)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K)(i)(II). Además, el DHS considera importante extender esta definición a los promotores a fin de garantizar que quien certifique en nombre de una entidad que busca registrarse como, o que está registrada como, promotor tenga el mismo nivel de conocimiento para proporcionar dicha certificación que el requerido de un centro regional, una nueva empresa comercial, una entidad generadora de empleo o un emisor de valores en otras presentaciones ante USCIS. La norma propuesta exigiría además que los promotores certifiquen que están familiarizados con y comprenden las reglas y estándares para promotores. Véase el propuesto 8 CFR 204.428(b)(3).

Un centro regional designado debe presentar un plan de negocios integral junto con su solicitud de aprobación de una inversión en una empresa comercial (Formulario I-956F), el cual se incorpora a las peticiones de inversionista de centro regional posteriores a la RIA relacionadas. Véase INA sec. 203(b)(5)(E)(ii)(III), (b)(5)(F)(i)(I), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(ii)(III), (b)(5)(F)(i)(I). Para todos los peticionarios anteriores a la RIA, así como para los peticionarios de inversionista independientes posteriores a la RIA que buscan basarse en la creación prospectiva de empleo, las regulaciones vigentes igualmente exigen que un inversionista presente un plan de negocios integral para demostrar que, debido a la naturaleza y el tamaño proyectado de la nueva empresa comercial, se requerirían al menos 10 empleados calificados. 8 CFR 204.6(j)(4)(i)(B) (20 de noviembre de 2019). Un plan de negocios integral debe ser creíble y contener una descripción del negocio, sus productos y servicios, y sus objetivos, así como proyecciones de ventas, costos e ingresos. Véase Matter of Ho, 22 I&N Dec. 206, 213 (Assoc. Comm. 1998).[21] El DHS propone recoger cada uno de estos requisitos al definir un “plan de negocios integral” como un plan de negocios creíble que describe la naturaleza, el cronograma y el tamaño proyectado de las actividades que está emprendiendo la nueva empresa comercial o la(s) entidad(es) generadora(s) de empleo, según corresponda. Véase el propuesto 8 CFR 204.401, Plan de negocios integral. Además, el DHS propone también que el plan de negocios debe describir el uso del capital de los inversionistas extranjeros para crear empleo a tiempo completo para no menos de 10 empleados calificados por cada inversionista extranjero. Véase íd. El DHS propone exigir además que un plan de negocios integral identifique los requisitos de capital detallados, incluidas las fuentes y los usos de los fondos. Véase íd. El DHS considera que este requisito adicional es esencial para establecer que el plan de negocios es creíble y que las fuentes de fondos, incluidas aquellas que no provienen de inversionistas EB-5, proporcionadas a la nueva empresa comercial, serán lícitas.

Además, para cumplir con la definición de un “plan de negocios integral,” el plan tendría que incluir un plan de mercadotecnia, un análisis de mercado y de la competencia, una lista de los permisos y licencias requeridos y obtenidos, el cronograma de contratación, el calendario de construcción del proyecto, y un panorama detallado de la estructura organizativa, incluyendo la experiencia y los conocimientos pertinentes de los propietarios y gerentes de la nueva empresa comercial y de la(s) entidad(es) generadora(s) de empleo, según corresponda. Véase id. Con base en su extensa experiencia en la revisión de planes de negocios relacionados con proyectos financiados con capital EB-5, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que esta información permitiría a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) determinar la viabilidad de la inversión y garantizar el cumplimiento de la INA. El DHS reconoce que cada negocio es diferente y que, por lo tanto, los planes de negocios pueden variar. Si bien la definición propuesta describe ciertos elementos que deben incluirse en el plan para cumplir con la definición de plan de negocios integral (como una descripción del negocio y su objetivo), otros elementos solo se requieren si son pertinentes para ese negocio en particular (como un calendario de construcción). Por tal motivo, estos elementos están calificados con la frase “según corresponda” en el texto reglamentario, ya que, en algunos casos, pueden no ser necesarios.

El DHS propone codificar por separado las definiciones de “uso delictivo,” “engaño,” “fraude” y “tergiversación material intencional.” Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Uso delictivo, Engaño, Fraude y Tergiversación material intencional. El texto legal de la sección 203(b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O), difiere de las determinaciones de fraude y tergiversación material que, por lo demás, realiza USCIS durante las determinaciones de admisibilidad conforme a la sección 212(a)(6)(C) de la INA, 8 U.S.C. 1182(a)(6)(C). La orientación vigente de la agencia respecto del fraude y la tergiversación en el contexto de la inadmisibilidad se refiere específicamente al fraude o la tergiversación cometidos por una persona o entidad en contra del gobierno de los Estados Unidos.[22]

Sin embargo, la facultad para adoptar medidas adversas con base en determinaciones conforme a la sección 203(b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O), respecto de si una petición, solicitud o beneficio de visa de inmigrante EB-5 se basa en, o conlleva, fraude o tergiversación, es más amplia y no se limita únicamente al fraude o a las ( página impresa 40692) tergiversaciones hechas por un peticionario o solicitante ante el gobierno de los Estados Unidos. Véase la sección 203(b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O); cf. la sección 212(a)(6)(C)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1182(a)(6)(C)(i) (interpretada de manera más restringida para aplicarse únicamente a los extranjeros que han incurrido en la conducta prohibida, a diferencia de la interpretación de la sección 203(b)(5)(O) de la INA, que se aplica de manera más amplia a cualquier solicitud, petición o beneficio que se haya basado en, o que haya conllevado, la conducta prohibida).

La orientación vigente de USCIS sobre inadmisibilidad respecto de la voluntariedad, la intención y la materialidad sigue siendo pertinente para determinar si una petición, solicitud o beneficio de visa de inmigrante EB-5 se basó en, o conllevó, fraude o tergiversación, y esta norma propuesta amplía la orientación existente para abarcar las situaciones adicionales contempladas en la sección 203(b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O).

USCIS propone codificar su interpretación de los términos legales de la INA, en general, conforme a su significado en lenguaje sencillo y, en cada caso, en relación con la petición, solicitud o beneficio correspondiente.

Para las determinaciones de fraude realizadas conforme a la sección 203(b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O), USCIS considerará que una petición, solicitud o beneficio se ha basado en, o conlleva, “fraude” con base en la determinación de que una persona o entidad relacionada con la petición, solicitud o beneficio hizo a sabiendas una declaración falsa u ocultó a sabiendas un hecho material con la intención de inducir una acción o de engañar.[23]

Para las determinaciones de tergiversación material intencional conforme a la sección 203(b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O), USCIS generalmente considera que una petición, solicitud o beneficio se ha basado en, o conlleva, “tergiversación material” intencional con base en la determinación de que una persona o entidad relacionada con la petición, solicitud o beneficio hizo una declaración falsa o engañosa sobre un hecho material con la intención de engañar.[24]

Por lo general, USCIS considera que una petición, solicitud o beneficio se basó en “engaño” o implicó “engaño” a partir de una determinación de que una persona o entidad relacionada con la petición, solicitud o beneficio llevó intencionalmente a otra persona a creer algo que no es verdad en relación con la petición, solicitud o beneficio.[25]

Por lo general, USCIS considera que una petición, solicitud o beneficio se basó en “uso indebido delictivo” o implicó “uso indebido delictivo” a partir de una determinación de que una persona o entidad relacionada con la petición, solicitud o beneficio utilizó indebidamente el programa EB-5 o el capital obtenido a través del programa EB-5 en relación con, o en fomento de, un delito.

En el contexto del programa EB-5, es más probable que el uso indebido delictivo surja en el contexto del uso indebido financiero del capital EB-5 en relación con, o en fomento de, un delito financiero.[26]

Los tipos de fraude, engaño, tergiversación material intencional o uso indebido delictivo que pueden surgir en relación con las peticiones de inversionistas individuales; aquellos asociados con centros regionales, nuevas empresas comerciales y entidades generadoras de empleo; abogados; agentes de migración; preparadores; y promotores pueden incluir, entre otras, las siguientes acciones:

La INA otorga la autoridad para inhabilitar, suspender y terminar a las personas que participan en el programa EB-5, incluidos los centros regionales, las nuevas empresas comerciales y las entidades generadoras de empleo, por violaciones particulares. Véase la sección 203(b)(5)(G)(iii)(II) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii)(II). Estas facultades se extienden a los inversionistas, promotores y otras personas involucradas en el Programa de Centros Regionales. Véase la sección 203(b)(5)(K)(ii), (b)(5)(N), (b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K)(ii), (b)(5)(N), (b)(5)(O). Si bien el DHS analiza los detalles de estas facultades en la sección IV.H.8 de este preámbulo, el DHS propone codificar por separado las definiciones de estos términos clave en 8 CFR 204.401. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Inhabilitar, Suspender y Terminar.

En primer lugar, la INA ahora prevé la inhabilitación (“debarment”) en el programa EB-5. Véase, por ejemplo, INA sec. 203(b)(5)(N)(iii), (b)(5)(O)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N)(iii), (b)(5)(O)(ii). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone que una “inhabilitación” impediría la participación de una persona en el programa EB-5 sin la posibilidad de volver a solicitar su ingreso, ya sea de manera permanente o durante un plazo específico, según lo dispuesto en el 8 CFR 204.431(d)(5) propuesto. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Inhabilitar. Si bien la INA generalmente contempla la inhabilitación permanente, otras disposiciones sancionadoras dentro de la INA prevén discrecionalidad para imponer sanciones menores a la inhabilitación permanente, lo que podría incluir inhabilitaciones temporales basadas en consideraciones tales como órdenes de duración limitada emitidas por las autoridades reguladoras pertinentes. Véase, por ejemplo, INA sec. 203(b)(5)(G)(iii)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii)(II) (que autoriza al DHS a establecer sanciones graduales según la gravedad de las infracciones). Dado que una inhabilitación puede ser temporal o permanente, esta definición también aclararía que una persona inhabilitada temporalmente podría volver a solicitar su participación en el programa EB-5 una vez finalizado el período de inhabilitación, siempre que dicha persona presente una nueva solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para que se determine su elegibilidad para volver a participar en el programa EB-5. Véase íd.

Además de la inhabilitación, la INA otorga autoridad de suspensión. Véase, por ejemplo, INA sec. 203(b)(5)(H)(iv)(I), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iv)(I). Mientras que la inhabilitación puede ser temporal o permanente, el DHS propone definir “suspensión” como una limitación temporal de la participación de una persona (página impresa 40693) en el programa EB-5, según lo dispuesto en el 8 CFR 204.431(d)(3) propuesto. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Suspender. Las suspensiones generalmente duran el período especificado en el aviso o hasta que el USCIS notifique a las personas o entidades suspendidas que han subsanado la infracción correspondiente. Mientras dure la suspensión, la persona suspendida tendría prohibido realizar ciertas actividades. Al finalizar el período de suspensión, si corresponde, la persona podrá reanudar su participación en el programa EB-5 sin necesidad de presentar una nueva solicitud. Véase el 8 CFR 204.431(d)(3) propuesto.

La INA también autoriza, y en algunos casos exige, la terminación de la designación de una entidad como centro regional dentro del programa EB-5. Véase, por ejemplo, INA sec. 203(b)(5)(E)(vii)(III), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(vii)(III) (cuando la terminación es obligatoria); véase también, por ejemplo, INA sec. 203(b)(5)(I)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(I)(iv) (cuando la terminación es opcional). En lo que respecta a la participación en el programa EB-5, el DHS propone que el término “terminación” se utilice para los centros regionales, ya que la autoridad de terminación se aplica de manera diferente según la entidad cuya participación se esté terminando. Dado que el DHS únicamente designa a los centros regionales (y no a las NCE ni a las JCE), el DHS interpreta que su autoridad de terminación respecto de los centros regionales se aplica únicamente a la designación de un centro regional, conforme a la práctica histórica y al uso habitual de este término. En consecuencia, el DHS propone definir “terminación” como el fin de la designación de un centro regional para participar en el Programa de Centros Regionales. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Terminar. Esta definición también aclararía que un centro regional cuya designación haya sido terminada ya no podría solicitar capital de un inversionista que busque la clasificación de inversionista extranjero dentro del Programa de Centros Regionales. Íd.

Además de la facultad conferida por la INA para terminar la designación de una entidad como centro regional en el programa EB-5, la INA también otorga la facultad de terminar la participación de las NCE o las JCE en el programa EB-5. Véase la secc. 203(b)(5)(H)(iv) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iv). Véanse también las seccs. (b)(5)(N)(iii), (b)(5)(O)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N)(iii), (b)(5)(O)(ii). Como cuestión inicial, el DHS no designa a las NCE o las JCE para participar en el programa de la misma manera en que se contempla para los centros regionales conforme a la INA o de acuerdo con las prácticas históricas. Además, estas disposiciones de la INA no distinguen entre el uso más específico del término terminación tal como se aplica a la designación de un centro regional, frente a otros tipos de sanciones que podrían aplicarse a las NCE o las JCE que de manera similar pondrían fin a su participación en el programa EB-5, tales como la inhabilitación. Cf. secc. 203(b)(5)(G)(iii)(III) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii)(III) (que autoriza la inhabilitación para poner fin a la participación de personas que no son centros regionales en el programa EB-5, al tiempo que limita el uso del término terminación específicamente solo a la designación de un centro regional). El DHS también señala que las protecciones al inversionista conforme a la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), se activan únicamente ante la terminación de un centro regional o la inhabilitación de una NCE o una JCE. Véase la secc. 203(b)(5)(M)(ii)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(ii)(I) ("en el caso de la terminación de un centro regional"), y la secc. 203(b)(5)(M)(ii)(II) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(ii)(II) ("en el caso de la inhabilitación de una nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo"). En consecuencia, la terminación de una NCE o una JCE que fuera distinta de la inhabilitación no activaría estas protecciones al inversionista conforme a la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), lo cual, en opinión del DHS, sería contrario a las demás disposiciones de la sección 203(b)(5)(M) de la INA, que brindan protecciones a los "inversionistas de buena fe". Por lo tanto, el DHS interpreta que su facultad para terminar la participación de las NCE o las JCE en el programa es la misma que la inhabilitación, lo cual se refleja en las definiciones propuestas y en las normas que las acompañan.

Un inversionista extranjero debe crear empleo para al menos 10 ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales de los Estados Unidos, u otros inmigrantes legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos (sin incluir al inversionista ni a su cónyuge o hijos). Véase la secc. 203(b)(5)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A). Antes de la creación del Programa de Centros Regionales, este requisito de creación de empleo significaba que la nueva empresa comercial debía crear empleo de tiempo completo (o demostrar la retención de empleo en un negocio en dificultades) para 10 empleados calificados por cada inversionista extranjero, a fin de establecer la elegibilidad para una visa de inmigrante EB-5. Véase 8 CFR 204.6(j)(4) (20 de noviembre de 2019). Tras su creación, el Programa de Centros Regionales permitió (y la INA continúa permitiendo) que los inversionistas de centros regionales establecieran la creación de empleo utilizando metodologías razonables para determinar el número de empleos creados, incluidos aquellos empleos que se estima se hayan creado indirectamente a través de los ingresos generados por el aumento de las exportaciones resultante del programa. Véase la Ley Pública 102 395, secc. 610(c), 106 Stat. 1828, 1874 (6 de octubre de 1992); véase también la secc. 203(b)(5)(E)(iv) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iv). No obstante, las nuevas disposiciones de la INA limitan el porcentaje de empleos indirectos que pueden utilizar los inversionistas de centros regionales para cumplir con los requisitos de creación de empleo, secc. 203(b)(5)(E)(iv) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iv), y, bajo ciertas circunstancias, prorratea el número de empleos directos que se estima se crearán en relación con actividades de construcción que duren menos de 2 años. Véase la secc. 203(b)(5)(E)(v)(II)(cc) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(v)(II)(cc). Además, las nuevas disposiciones de la INA amplían los empleos directos para los inversionistas de centros regionales a fin de incluir no solo a los empleados de la nueva empresa comercial, sino también a los empleados de la entidad creadora de empleo. Véase la secc. 203(b)(5)(E)(iv)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iv)(I). Dado que la ley no define los términos "empleos directos" ni "empleos indirectos", y a la luz de estas nuevas disposiciones legales, el DHS propone definir los "empleos directos" y los "empleos indirectos" en esta norma, para efectos de establecer la creación de empleo requerida para los inversionistas de centros regionales. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Empleos directos y Empleos indirectos.

Como se señaló anteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha interpretado históricamente que los "empleos directos" son aquellos empleos en los que existe una relación de empleador-empleado entre la nueva empresa comercial y las personas que emplea, y los "empleos indirectos" son aquellos que se mantienen fuera de la nueva empresa comercial, incluidos los empleados de una entidad generadora de empleo. Véase el Manual de Políticas de USCIS, Volumen 6, Parte G, Capítulo 2.D(4), "Medición de la creación de empleo". Sin embargo, bajo las metodologías económicas comúnmente utilizadas para estimar la creación de empleo, los empleados de una entidad generadora de empleo o aquellos involucrados en la producción práctica de bienes o servicios relacionados con el proyecto generador de empleo que esté llevando a cabo una entidad generadora de empleo se considerarían "empleos directos" para fines económicos, a pesar de ser considerados "empleos indirectos" para efectos de establecer la elegibilidad conforme a los requisitos previos a la RIA. Para los inversionistas de centros regionales, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) ha ampliado lo que puede considerarse un "empleo directo" para incluir explícitamente a los empleados de la entidad generadora de empleo, así como a los empleados de la nueva empresa comercial. Véase la sección 203(b)(5)(E)(iv)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iv)(I). Aunque no se especifica en el estatuto, el DHS propone alinear el concepto jurídico de "empleos directos" con la forma en que se tratan los "empleos directos" para fines económicos a través de las metodologías económicas comúnmente utilizadas para estimar la creación de empleo, debido a que, como se explicó anteriormente, los empleados de entidades generadoras de empleo se considerarían empleos indirectos para efectos de establecer la (página impresa 40694) elegibilidad conforme a los requisitos previos a la RIA, aun cuando se considerarían empleos directos bajo las metodologías económicas comúnmente utilizadas para estimar la creación de empleo. Por lo tanto, para un inversionista de centro regional, además de un empleado de la nueva empresa comercial o de la entidad generadora de empleo, los "empleos directos" también incluirían los empleos que se estime se hayan creado mediante una metodología económica y estadísticamente válida, por estar involucrados en la producción práctica de bienes y servicios o en la construcción de instalaciones que cumplan una función necesaria en el proyecto de inversión de capital correspondiente. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Empleos directos.

Es importante destacar que, para los empleos directos estimados, estos deben estimarse utilizando metodologías económica y estadísticamente válidas y transparentes, a fin de cumplir con la INA y garantizar que USCIS pueda validar que la inversión ha creado suficiente empleo para satisfacer los requisitos de la sección 203(b)(5)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A). Véase la sección 203(b)(5)(E)(v)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(v)(I).

El DHS propone que los "empleos indirectos", de manera congruente con la interpretación existente del DHS, signifiquen los empleos que se estime sean ocupados por quienes suministran bienes y servicios a la fuente de producción, incluida la construcción de instalaciones que cumplan una función necesaria en el proyecto de inversión de capital correspondiente, así como aquellos empleos que se estime se induzcan mediante el gasto personal adicional tanto de los empleados directos como de los indirectos cuyos empleos hayan sido creados por la inversión de capital correspondiente. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Empleos indirectos.

El DHS ha interpretado históricamente que los empleos indirectos pueden incluir, entre otros, aquellos ocupados por empleados de la entidad generadora de empleo (cuando la entidad generadora de empleo no es la nueva empresa comercial), así como empleados de productores de materiales, equipos o servicios utilizados por la nueva empresa comercial o la entidad generadora de empleo. Manual de Políticas de USCIS, Volumen 6, Parte G, Capítulo 2.D(4), "Medición de la creación de empleo". Debido a que los empleados de la entidad generadora de empleo, o aquellos involucrados en la producción práctica de bienes o servicios relacionados con el proyecto generador de empleo que esté llevando a cabo una entidad generadora de empleo, ahora se consideran empleos directos conforme a la definición propuesta de "empleos directos" (como se explicó anteriormente), la definición propuesta de "empleos indirectos" se está alineando para incluir únicamente aquellos empleos que se consideran más comúnmente como empleos indirectos para fines económicos, en relación con los modelos económicos comúnmente utilizados para estimar la creación de empleo. De manera congruente con la interpretación histórica del DHS, la definición también continúa incluyendo los empleos inducidos, un subconjunto de los empleos indirectos, que son aquellos creados cuando los nuevos empleados directos e indirectos gastan sus ingresos en bienes y servicios de consumo. Íd.

Dado que la ley no define el término “petición de visa de inmigrante EB-5”, el DHS propone utilizar el término “petición de visa de inmigrante EB-5” para referirse a una petición presentada por un inversionista de centro regional o un inversionista independiente que busca la clasificación como extranjero inversionista conforme a la sección 203(b)(5) de la INA. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Petición de visa de inmigrante EB-5. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) considerará el Formulario I-526, Petición por Inversionista Independiente, y el Formulario I-526E, Petición por Inversionista de Centro Regional, como una petición de visa de inmigrante EB-5 para los fines de esta reglamentación. Sin embargo, en consonancia con otras reglamentaciones del DHS y para mantener la flexibilidad operativa, el DHS evita el uso de números de formularios en el texto reglamentario siempre que sea posible, y en su lugar hace referencia en el texto al formulario designado por USCIS.

Dado que la ley no define el término “empleo a tiempo completo”, el DHS propone continuar definiendo “empleo a tiempo completo” como un puesto en la nueva empresa comercial que requiera un mínimo de 35 horas de trabajo por semana. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Empleo a tiempo completo; véase el 8 CFR 204.6(e) actual (20 de noviembre de 2019), Empleo a tiempo completo. Esto incluiría empleos directos e indirectos, incluidos aquellos que se estima que han sido creados por un inversionista de centro regional, siempre que el modelo económico estime el empleo “equivalente a tiempo completo”. El número de empleados equivalentes a tiempo completo en cada industria es el producto del número total de empleados y la proporción del promedio de horas semanales por empleado en horarios de tiempo completo.[27] Si bien el DHS consideró exigir a los centros regionales y a los peticionarios que demostraran que es probable que los empleos estimados sean de al menos 35 horas por semana, este enfoque habría requerido la presentación de evidencia adicional separada de la documentación del modelo. Dado que la INA exige que los modelos económicos sean estadísticamente válidos y transparentes,[28] el DHS no considera que esta documentación adicional sea necesaria para que USCIS valide la suficiencia de cualquier estimación de creación de empleo proporcionada mediante una metodología económica estadísticamente válida y transparente.

En sus reglamentaciones actuales, el DHS permite que el “empleo a tiempo completo” incluya acuerdos de trabajo compartido en los que dos o más empleados calificados comparten un puesto de tiempo completo, siempre que se cumpla con el requisito de horas, mientras que impide la combinación de puestos de tiempo parcial para cumplir con el requisito de horas. 8 CFR 204.6(e) (20 de noviembre de 2019), Empleo a tiempo completo. El DHS propone eliminar los acuerdos de trabajo compartido de la definición de “empleo a tiempo completo”. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Empleo a Tiempo Completo.

Pocas peticiones han utilizado tales acuerdos de trabajo compartido para establecer la elegibilidad, y aquellas que lo hacen frecuentemente son determinadas, en lugar de usar múltiples empleados para cubrir un puesto, como una combinación de puestos de tiempo parcial, lo cual estaba expresamente prohibido por las reglamentaciones. Véase el 8 CFR 204.6(e) (20 de noviembre de 2019), Empleo a tiempo completo. Además, el DHS considera que permitir el trabajo compartido no promueve el objetivo del programa de crear empleo a tiempo completo y, en consecuencia, propone no otorgar más esta concesión en esta norma.

Un “área de alto empleo” es parte de un área estadística metropolitana (MSA, por sus siglas en inglés) según lo designado por el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) [29] que no se encuentra en una TEA, y que está experimentando una tasa de desempleo significativamente inferior a la tasa promedio nacional. INA sec. 203(b)(5)(C)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(iv). Aunque la ley ha incluido estas áreas desde la primera versión del programa EB-5 en 1990, el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) no definía ni consideraba un “área de alto empleo” como un área de inversión separada.

El DHS propone definir un “área de alto empleo” como un distrito censal en un área estadística metropolitana donde la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades comerciales, o distritos censales contiguos donde la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades comerciales en dos o más (página impresa 40695) distritos censales contiguos, y donde la tasa promedio nacional de desempleo sea al menos el 150 por ciento de la tasa de desempleo que se experimenta en el área donde se está realizando la inversión. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Área de alto empleo. El uso de este cálculo para determinar si un área está experimentando alto empleo reflejaría el diferencial que el Congreso estableció para las áreas de alto desempleo en relación con la tasa promedio nacional de desempleo (es decir, 150 por ciento). Véase INA sec. 203(b)(5)(B)(ii)(I)(bb), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii)(I)(bb). El DHS considera que esta definición se alinea con el esquema estatutario general del RIA y garantiza que se cumplan los objetivos del programa de que la inversión se realice en áreas de verdadera necesidad. El DHS consideró permitir un cálculo similar al utilizado para determinar las áreas de alto desempleo (que incluya cualquier distrito censal directamente adyacente además del distrito o distritos censales donde la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades comerciales). Véase INA sec. 203(b)(5)(B)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii). En cambio, el DHS propone limitar la definición de “área de alto empleo” al distrito o distritos censales donde la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades comerciales. El DHS considera que permitir un cálculo similar al de las áreas de alto desempleo con la inclusión de cualquier distrito directamente adyacente solo serviría para reducir el monto de inversión requerido para un área que ya está experimentando alto empleo, lo cual es contrario a la intención del programa EB-5 de incentivar inversiones en áreas de verdadera necesidad.

Para cualquier nueva empresa comercial que realice principalmente sus actividades comerciales en un área estadística metropolitana que no presente por separado evidencia para establecer que la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades comerciales en un área de alto desempleo, el centro regional o el inversionista independiente tendría que presentar una lista de los distritos censales donde la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades comerciales y los datos de empleo utilizados para calcular si el área está experimentando alto empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.408(g)(3) y 204.421(c)(4).

La INA define un “proyecto de infraestructura” como un proyecto de inversión de capital en una solicitud presentada o aprobada de un centro regional designado para la aprobación de una inversión en una empresa comercial (Formulario I-956F), que es administrado por una entidad gubernamental (como una agencia o autoridad federal, estatal o local) que también actúa como la entidad creadora de empleo que contrata con un centro regional o una nueva empresa comercial para recibir inversiones de capital bajo el Programa de Centros Regionales como financiamiento para el mantenimiento, mejora o construcción de un proyecto de obras públicas. Véase INA sec. 203(b)(5)(D)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(iv). El DHS propone incorporar esta definición en los reglamentos, y, dado que el estatuto solo ofrece ejemplos de entidades gubernamentales calificadas, incluir a una agencia o autoridad tribal como una posible entidad creadora de empleo cuyo proyecto pueda calificar como un proyecto de infraestructura. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Proyecto de Infraestructura. El DHS propone extender la definición de “proyectos de infraestructura” calificados a las autoridades tribales para garantizar que las entidades tribales puedan utilizar el programa EB-5 para financiar proyectos de infraestructura calificados. El DHS analiza los requisitos para una inversión en un proyecto de infraestructura en la sección IV.F. de este preámbulo.

La sección 203(b)(5) de la INA asigna un número de visas de inmigrante a inmigrantes calificados que buscan ingresar a los Estados Unidos con el propósito de participar en una nueva empresa comercial (incluida una sociedad en comandita) en la cual el inversionista extranjero ha invertido, o se encuentra activamente en el proceso de invertir, el monto de capital requerido. INA sec. 203(b)(5)(A), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A).

Dado que la ley no define el término “invertir”, el DHS propone definir “invertir” como la contribución de capital obtenido lícitamente que se coloca en riesgo en una actividad comercial generadora de empleo, de tal manera que exista un riesgo de pérdida y una posibilidad de ganancia. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Invertir. Esta definición no incluiría el capital utilizado en una actividad principalmente financiera o no comercial, como la compra de instrumentos financieros negociados en mercados secundarios o la construcción, propiedad u operación de una residencia personal. Para calificar como una inversión, las regulaciones siempre han exigido que el inversionista coloque su capital en riesgo. Véase el 8 CFR 204.6(j)(2). La definición propuesta también se alinea con la expectativa de que, a fin de satisfacer los parámetros para la redistribución de capital, el capital debe “permanecer en riesgo” y ser “mantenido en riesgo”, lo que implica que originalmente debió haber estado en riesgo desde el principio. Véase la sección 203(b)(5)(F)(v)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v)(I). Esta definición aclararía que el capital se invierte cuando se coloca en riesgo en una actividad comercial generadora de empleo. En los casos en que la nueva empresa comercial agrupa capital de inversión para prestarlo a una entidad generadora de empleo (como se observa típicamente en las inversiones basadas en centros regionales), la inversión se completa en la fecha en que la totalidad del monto de capital requerido del inversionista se coloca en riesgo con la entidad generadora de empleo. Alternativamente, si la nueva empresa comercial es la entidad generadora de empleo (como se observa típicamente en las inversiones independientes), entonces la inversión se completa en la fecha en que la totalidad del monto de capital requerido del inversionista se coloca en riesgo con la nueva empresa comercial.

La sección 203(b)(5)(A) de la INA (8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(i)) también permite que un inversionista establezca su elegibilidad mientras se encuentra activamente en el proceso de invertir. Dado que el RIA no definió “activamente en el proceso de invertir”, y la definición del lenguaje llano de “activamente” significa “caracterizado por la acción más que por la contemplación o la especulación”, [30] el DHS propone exigir que el inversionista demuestre algo más que una mera intención de invertir o la contemplación de invertir en algún momento futuro. Más bien, el inversionista debería haber comprometido su capital con la nueva empresa comercial. Además, el DHS ha exigido desde hace tiempo algo más que evidencia de “mera intención de invertir, o de arreglos de inversión prospectivos que no conlleven un compromiso actual” a fin de demostrar que un inversionista se encontraba activamente en el proceso de invertir el capital requerido.[31] Por lo tanto, el DHS propone definir “activamente en el proceso de invertir” para exigir que el extranjero que busca la clasificación de inversionista extranjero haya comprometido su capital obtenido lícitamente con una nueva empresa comercial en los Estados Unidos a más tardar en la fecha en que el extranjero obtiene el estatus de residente permanente condicional. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Activamente en el proceso de invertir. La mayoría de los inversionistas extranjeros típicamente comprometen su inversión con una nueva empresa comercial condicionada a la aprobación de la petición de visa de inmigrante EB-5 del inversionista.[32] Esto permite que el inversionista cumpla con los requisitos de la sección 203(b)(5) de la INA para efectos de su petición de visa de inmigrante EB-5, pero también le brinda al inversionista cierto nivel de flexibilidad para recuperar su inversión si se deniega su petición de visa de inmigrante EB-5 o si el inversionista finalmente decide no continuar buscando el estatus de inversionista extranjero ( página impresa 40696) en los Estados Unidos. En consecuencia, esta definición continuaría permitiendo que el compromiso de capital incluya permitir que un extranjero que busca la clasificación de inversionista extranjero coloque su capital en un depósito en garantía (escrow) para su liberación a la nueva empresa comercial, en espera de la aprobación de su petición de visa de inmigrante EB-5, en consonancia con la política actual de USCIS.[33]

El DHS utiliza los términos “inversionista”, “inversionista de centro regional” e “inversionista independiente” a lo largo de esta norma propuesta. Cuando existen requisitos diferentes, el DHS se basa en los términos de inversionista de centro regional e inversionista independiente, según corresponda. Sin embargo, cuando un requisito se aplica por igual a cada tipo de inversionista, el DHS utiliza el término “inversionista” y, dado que la ley no define el término, propone definirlo como un “inversionista de centro regional” o “inversionista independiente”. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Inversionista. El uso de estos términos a lo largo de la norma propuesta hace que las propuestas sean más claras y ayuda a diferenciar entre los dos tipos de inversionistas que pueden solicitar la clasificación como inversionista extranjero.

El DHS propone definir a un “inversionista de centro regional”, término que no está definido en la ley, como un extranjero que busca agrupar su inversión con uno o más extranjeros adicionales que buscan, o que han obtenido, la clasificación como inversionista extranjero a través del Programa de Centros Regionales. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Inversionista de centro regional. La INA exige que un inversionista que busque agrupar su inversión con inversionistas adicionales que buscan la clasificación como inversionista extranjero lo haga a través del Programa de Centros Regionales. INA sec. 204(a)(1)(H)(i), 8 U.S.C. 1154(a)(1)(H)(i). Mientras que los inversionistas que buscaban visas de inmigrante EB-5 anteriormente podían agrupar sus inversiones en una nueva empresa comercial que no estaba necesariamente asociada con un centro regional designado, la RIA ahora exige que toda inversión agrupada se realice bajo la supervisión de un centro regional designado. Id. En consecuencia, el DHS propone además definir a un “inversionista independiente”, término que tampoco está definido en la ley, como un extranjero que no busca agrupar su inversión con inversionistas adicionales que buscan la clasificación como inversionista extranjero. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Inversionista independiente. Es importante señalar que la definición no impide que un inversionista participe en una nueva empresa comercial que tenga otros inversionistas, pero esos otros inversionistas no deben estar buscando la clasificación como inversionista extranjero a fin de cumplir con la INA.

El DHS propone incluir las definiciones legales de “entidad creadora de empleo” y “entidad creadora de empleo afiliada” en el 8 CFR 204.401. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Entidad creadora de empleo y Entidad creadora de empleo afiliada. La INA define una “entidad creadora de empleo” como cualquier organización formada en los Estados Unidos para la realización continua de un negocio lícito, incluyendo empresa unipersonal, sociedad (ya sea limitada o general), corporación, sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso comercial u otra entidad, que puede ser de propiedad pública o privada, incluyendo una entidad que consista en una sociedad controladora y sus subsidiarias o afiliadas de propiedad total (siempre que cada subsidiaria o afiliada esté dedicada a una actividad formada para la realización continua de un negocio lícito) que reciba, o esté establecida para recibir, inversión de capital de inversionistas extranjeros o de una nueva empresa comercial bajo el programa de centros regionales y que sea responsable de crear empleos para satisfacer los requisitos de creación de empleo de la sección 203(b)(5) de la INA. INA sec. 203(b)(5)(D)(v), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(v). Además, la INA define una “entidad creadora de empleo afiliada” como cualquier entidad creadora de empleo que esté controlada, administrada o de propiedad de cualquier persona involucrada con el centro regional o la nueva empresa comercial. INA sec. 203(b)(5)(D)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(i). Dado que la RIA no definió “negocio lícito” y las definiciones de lenguaje sencillo significan “en armonía con la ley” [34] o “permitido por la ley”, [35] el DHS propone aclarar que la ley más relevante para estas entidades incluye la ley local, estatal y federal. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Entidad creadora de empleo.

La INA define una “nueva empresa comercial” como cualquier organización con fines de lucro formada en los Estados Unidos para la realización continua de negocios lícitos, incluyendo la empresa de propietario único, la sociedad (ya sea limitada o general), la sociedad tenedora (holding company) y sus subsidiarias de propiedad total (siempre que cada subsidiaria se dedique a una actividad con fines de lucro formada para la realización continua de un negocio lícito), la empresa conjunta (joint venture), la corporación, el fideicomiso comercial, la sociedad de responsabilidad limitada, u otra entidad (que puede ser de propiedad pública o privada) que recibe, o que se establece para recibir, inversión de capital de inversionistas bajo la sección 203(b)(5) de la INA. Véase la sección 203(b)(5)(D)(vi) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(vi). Dado que el RIA no definió “negocio lícito” y las definiciones del lenguaje sencillo significan “en armonía con la ley” [36] o “permitido por la ley,” [37] el DHS propone aclarar que la ley más pertinente a estas entidades incluye la ley local, estatal y federal. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Nueva empresa comercial.

En sus reglamentos anteriores que implementaban la creación del programa EB-5 mediante la Ley de Inmigración de 1990 (Pub. L. 101-649, sec. 121, 104 Stat. 4978, 4989), el antiguo INS definió por separado el término “nueva” para garantizar que el inversionista hubiera establecido su empresa comercial calificadora después del 29 de noviembre de 1990, fecha en que el Congreso estableció por primera vez el programa EB-5. 8 CFR 204.6(e) (29 de noviembre de 1991); 56 FR 60897 (29 de noviembre de 1991). El DHS propone eliminar el requisito temporal del 8 CFR 204.6(e) (20 de noviembre de 2019) y definir “nueva empresa comercial” de manera consistente con la definición proporcionada por la INA, donde no existe ningún requisito temporal. Véase la sección 203(b)(5)(D)(vi) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(vi); véase también la propuesta 8 CFR 204.401, Nueva empresa comercial.

La INA define a una “persona [38] involucrada” con un centro regional, una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo, como una persona que se encuentra, directa o indirectamente, en una posición de autoridad sustancial para tomar decisiones operativas o gerenciales sobre la agrupación, titulización, inversión, liberación, aceptación, control o uso de cualquier financiamiento obtenido bajo el Programa de Centros Regionales. Sección 203(b)(5)(H)(v) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(v); véase también la propuesta 8 (página impresa 40697) CFR 204.401, Persona involucrada. La sección 203(b)(5)(H)(v) de la INA proporciona la definición “a menos que el Secretario de Seguridad Nacional determine lo contrario.” En consecuencia, el DHS propone codificar la definición legal con adiciones menores para mayor claridad, tales como incluir “socio limitado.” El DHS propone aclarar que una persona se encuentra en una posición de autoridad sustancial si dicha persona se desempeña como administrador, miembro de la junta directiva, socio general, socio limitado, gerente, funcionario, propietario, o en una posición similar en el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad generadora de empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Persona involucrada. Esta definición incluiría a cualquier extranjero que busque obtener el estatus de inversionista extranjero bajo el Programa de Centros Regionales en su rol de propietario, incluyendo, como suele ser el caso, en calidad de socio limitado de la nueva empresa comercial. Además, un agente, fiduciario o representante puede estar en una posición de autoridad sustancial si su cargo en el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad generadora de empleo lo autoriza a proporcionar aportes o supervisión sobre el uso de cualquier capital de inversionista del centro regional obtenido bajo el Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Persona involucrada.

Bajo esta regla propuesta, una persona puede estar indirectamente involucrada si posee, administra o de otro modo supervisa una organización que alcanza el nivel de persona involucrada. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Persona involucrada. Por ejemplo, si una organización tiene una participación de propiedad en la nueva empresa comercial, entonces los propietarios de esa organización cumplirían con la definición de “persona involucrada” con base en su participación de propiedad en la organización que posee la nueva empresa comercial.

Dado que la ley no define el término “principalmente haciendo negocios”, esta norma propone una definición acorde con la política actual de USCIS, para enfatizar que una nueva empresa comercial está “principalmente haciendo negocios” en el lugar donde ocurre la actividad de creación de empleo, el cual puede ser diferente de la ubicación física real de la nueva empresa comercial. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Principalmente haciendo negocios. El DHS propone considerar, de manera consistente con la política actual, factores que incluyen, entre otros, la ubicación de los empleos creados directamente por la nueva empresa comercial, el gasto de capital relacionado con la creación de empleos, las operaciones diarias de la nueva empresa comercial y los activos de la nueva empresa comercial utilizados para crear empleos. Véase el Manual de Políticas de USCIS, Volumen 6, Parte G, Capítulo 2.A(5), “Área de Empleo Objetivo”.

Esta definición es importante porque se relaciona directamente con la forma en que un centro regional o un inversionista extranjero establecerá si la inversión EB-5 se está realizando en una TEA o en un área de alto empleo, según corresponda.

La INA exige que un centro regional designado presente una solicitud de aprobación de una oferta de inversión en particular antes de que cualquier inversionista de ese centro regional en dicha oferta de inversión presente su petición de visa de inmigrante EB-5. INA secs. 203(b)(5)(F), 204(a)(1)(H)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F), 1154(a)(1)(H)(i).

El DHS propone que una “solicitud de proyecto” es una solicitud de aprobación de una inversión en una empresa comercial presentada por un centro regional designado conforme a las instrucciones del formulario. El DHS continúa utilizando este término a lo largo de la normativa propuesta cuando hace referencia al Formulario I-956F, Solicitud de Aprobación de una Inversión en una Empresa Comercial, ya que este término es más claro y es el uso terminológico más coloquial para las inversiones EB-5. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Solicitud de proyecto; https://www.uscis.gov/​I-956F.

La INA exige que todos los promotores directos y de terceros (incluidos los agentes de migración) de un centro regional, de cualquier nueva empresa comercial, de una entidad afiliada creadora de empleo, o de un emisor de valores que se pretendan ofrecer a inversionistas extranjeros en relación con un proyecto de inversión en particular, cumplan con las normas promulgadas por el DHS, incluido el requisito de registrarse como promotor. Dado que la sección 203(b)(5)(K) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K), no define específicamente el término “promotor”, el DHS propone definir el término de manera consistente tanto con la ley como con la práctica actual del DHS. Específicamente, el DHS propone definir a un “promotor” como cualquier persona que actúe en representación de un centro regional, una nueva empresa comercial o una entidad afiliada creadora de empleo para anunciar, publicitar, comercializar, respaldar o proporcionar testimonios, o solicitar manifestaciones de interés en relación con una oferta de inversión en particular dentro del Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Promotor. Cuando USCIS publicó el Formulario I-956K, Registro para Promotores Directos y de Terceros, para comentarios públicos, las partes interesadas presentaron comentarios preguntando si las disposiciones relativas al registro de promotores se aplicaban a los promotores que trabajan en nombre de nuevas empresas comerciales independientes que no buscan inversionistas para el Programa de Centros Regionales. 87 FR 54233 (2 de septiembre de 2022); 87 FR 79343 (27 de diciembre de 2022). Esta definición propuesta aclararía que solo los promotores que trabajen en nombre de una entidad que participa en el Programa de Centros Regionales estarían obligados a registrar su participación ante USCIS, en concordancia con el lenguaje claro de la ley, dado que la sección 203(b)(5)(K) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K), se aplica a los promotores directos y de terceros de entidades de centros regionales para “supervisar la promoción de cualquier oferta de valores relacionada con el Programa EB-5”.

La INA exige que todo promotor represente con exactitud el proceso de visado ante los inversionistas extranjeros y describa los arreglos de honorarios permisibles conforme a las leyes de valores e inmigración aplicables. Véase la sección 203(b)(5)(K)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K)(i). La INA además dispone que los promotores deben "cumplir con las normas y estándares prescritos por el Secretario" para supervisar estos requisitos. Ibid. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) espera que los centros regionales, las nuevas empresas comerciales, las entidades generadoras de empleo y los promotores que trabajan en su nombre continúen utilizando materiales promocionales para buscar inversionistas para sus proyectos. En relación con los nuevos requisitos agregados a la INA por la RIA respecto al registro y la regulación de los promotores y sus actividades promocionales relacionadas, el DHS propone definir "materiales promocionales" para incluir cualquier anuncio, memorando de oferta, aval, testimonio, solicitud, comunicación directa e indirecta entre inversionistas y promotores, y todos los demás materiales similares conforme a las leyes federales y estatales de valores aplicables relacionadas con las ofertas bajo el Programa de Centros Regionales, sin importar la forma que adopten. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Material promocional.

El DHS propone actualizar esta definición del 8 CFR 204.6(e) para reflejar la adición por parte de la RIA de "nacionales de los Estados Unidos" a la sección 203(b)(5)(A)(ii) de la INA. Véase la sección 203(b)(5)(A)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(ii). Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Empleado calificado.

Antes de la promulgación de la RIA, se exigía que un inversionista extranjero mantuviera su inversión en riesgo hasta que finalizara su período de sostenimiento. El período de sostenimiento continuaba durante ( página impresa 40698) los 2 años de estatus de residente permanente condicional del inversionista. Sección 216A(d)(1)(B)(ii) de la INA anterior a la RIA, 8 U.S.C. 1186b(d)(1)(B)(ii). Debido al tiempo que algunos inversionistas tuvieron que esperar por una visa de inmigrante, en ocasiones se hizo necesario que una nueva empresa comercial desplegara adicionalmente (redesplegara) el capital de un inversionista para mantener la elegibilidad. USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) desarrolló orientación dentro del marco de las autoridades estatutarias y reglamentarias vigentes en ese momento para el despliegue adicional del capital de un inversionista una vez satisfecho el requisito de creación de empleo. Véase el Manual de Políticas de USCIS, Volumen 6, Parte G, Capítulo 2.A(2), "Despliegue Adicional Después de que se Satisface el Requisito de Creación de Empleo".

La RIA exigió que el DHS prescribiera reglamentos para permitir que las NCE (nuevas empresas comerciales) redesplegaran los fondos de inversión cuando fuera necesario para que un inversionista mantuviera el capital en riesgo, para una petición presentada en o después de la promulgación de la RIA. Sección 203(b)(5)(F)(v) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v). Es importante señalar que, dado que los parámetros para el redespliegue se discuten dentro de la sección "Planes de Negocios para Inversiones de Centros Regionales" de la INA, sección 203(b)(5)(F) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F), el DHS propone limitar el redespliegue a los inversionistas de centros regionales. Históricamente, los inversionistas de centros regionales han tenido la espera más larga por una visa de inmigrante y han sido los más afectados por la necesidad de desplegar adicionalmente el capital para conservar la elegibilidad, por lo que el DHS no considera que esta restricción propuesta genere consecuencias para los inversionistas independientes. En consecuencia, conforme a esta norma propuesta, "redesplegar" significaría reinvertir el capital de centro regional del inversionista con el propósito de mantener el capital del inversionista en riesgo. Además, debido a los cambios introducidos por la RIA, que pasaron de exigir que el capital permaneciera invertido durante todo el período de residencia condicional para poder eliminar las condiciones, a exigir que se espere que la inversión permanezca invertida durante al menos dos años, el DHS considera que es muy poco probable que el redespliegue se convierta en un hecho habitual para las peticiones de visa de inmigrante EB-5 presentadas en o después del 15 de marzo de 2022.

La normativa vigente define un “centro regional” como cualquier unidad económica, pública o privada, que esté involucrada en la promoción del crecimiento económico, incluyendo el aumento de las ventas de exportación, la mejora de la productividad regional, la creación de empleo y el aumento de la inversión de capital nacional. 8 CFR 204.6(e), Centro regional. Esta definición estaba alineada con el requisito legal anterior de que una entidad que buscara la designación de centro regional presentara una propuesta general para la promoción del crecimiento económico (Pub. L. 102-395, sec. 610(a) (8 U.S.C. 1153 nota), pero ya no concuerda con los cambios más específicos realizados al Programa de Centros Regionales por la RIA. Una entidad que busque la designación de centro regional ahora debe presentar al DHS una propuesta coherente con la concentración de inversión conjunta en un área geográfica definida, contigua y limitada que establezca un impacto económico sustancial en dicha área geográfica.[39] INA sec. 203(b)(5)(E), 8 U.S.C. 1153 203(b)(5)(E). En consecuencia, el DHS propone actualizar la definición normativa de “centro regional” para alinearla con los nuevos requisitos de la RIA. Véase la propuesta de 8 CFR 204.401, Centro regional. Dentro de esta definición propuesta, el DHS reemplazaría el término “unidad económica” por “entidad” para usar una terminología más adecuada en su definición de “centro regional”. Id. Esta definición propuesta también aclararía que un “centro regional” debe estar constituido en los Estados Unidos (según se define en la INA sec. 101(a)(38), 8 U.S.C. 1101(a)(38)), para la realización continua de negocios lícitos, a fin de asegurar la integridad continua del programa EB-5 y que las inversiones se estén realizando en los Estados Unidos en beneficio de los empleados calificados. Id.

La RIA reautorizó y reformó significativamente el Programa de Centros Regionales.[40] Ley Pública 117-103, División BB, sec. 103, 136 Stat. 1070, 1075 (2022). En la Norma de Modernización de EB-5, el DHS definió el “Programa de Centros Regionales” como el programa establecido por la Ley Pública 102-395, sec. 610, con sus modificaciones. Sin embargo, debido a la anulación de la Norma de Modernización de EB-5 [41] y a la codificación de la nueva autoridad para el Programa de Centros Regionales reformado en la INA por la RIA, el DHS propone definir el “Programa de Centros Regionales” como el programa establecido conforme a la sección 203(b)(5)(E) de la INA. Véase la propuesta de 8 CFR 204.401, Programa de Centros Regionales.

La INA exige que cada nueva empresa comercial y cada entidad afiliada generadora de empleo mantengan los fondos recibidos de los inversionistas extranjeros en una cuenta separada que solo pueda utilizarse para recibir y destinar capital para su uso en el proyecto de inversión de capital, o para devolver el capital al inversionista extranjero que lo aportó. Véase la INA sec. 203(b)(5)(Q), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q). El DHS propone codificar la definición de la INA de “cuenta separada” como una cuenta asegurada mantenida por una nueva empresa comercial o entidad afiliada generadora de empleo, según corresponda, en los Estados Unidos, en un banco regulado federalmente u otra institución financiera según se define en 18 U.S.C. 20. Véase la INA sec. 203(b)(5)(Q)(vi), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q)(vi); véase también la propuesta de 8 CFR 204.401, Cuenta separada. El DHS propone además que la cuenta solo pueda contener los fondos de inversión conjunta de los inversionistas de centros regionales en una nueva empresa comercial con respecto a un único proyecto de inversión de capital que, a su vez, pueda financiar a una o más entidades individuales generadoras de empleo, y que una cuenta separada no pueda contener fondos de ninguna otra fuente, excepto los intereses que puedan acumularse sobre los montos mantenidos en la cuenta. Id. Esta definición aclararía que no se espera que una nueva empresa comercial o entidad afiliada generadora de empleo mantenga una cuenta separada para cada inversionista individual de centro regional en la nueva empresa comercial, sino que puede agrupar esos fondos de inversión en una sola cuenta separada. Sin embargo, esto no impediría que una nueva empresa comercial o entidad afiliada generadora de empleo establezca una cuenta separada para cada inversionista de centro regional, en caso de que la nueva empresa comercial o entidad afiliada generadora de empleo prefiera hacerlo.

El DHS propone codificar las definiciones de la INA de un “área de empleo específico”, “área rural” y “área de alto desempleo”. Un “área de empleo específico” (“TEA”, por sus siglas en inglés) es, al momento de la inversión, un área rural o un área designada por el Secretario como un ( página impresa 40699) área de alto desempleo. INA sec. 203(b)(5)(D)(viii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(viii). El DHS propone definir un “TEA” como un área rural o un área de alto desempleo, definiendo cada uno de esos términos por separado en la norma propuesta. Véase 8 CFR 204.401 propuesto, Área de empleo específico.

La INA define por separado un “área rural” como cualquier área que no esté dentro de un área estadística metropolitana (según lo designado por el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto) ni dentro del límite exterior de cualquier ciudad o pueblo que tenga una población de 20,000 o más (con base en el censo decenal más reciente de los Estados Unidos). INA sec. 203(b)(5)(D)(vii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(vii). El DHS propone incluir esta definición de “área rural” en la norma propuesta, reformulándola ligeramente para aclarar que un “área rural” es cualquier área que: (1) no esté dentro de un MSA estándar; y (2) no esté dentro del límite exterior de cualquier ciudad o pueblo que tenga una población de 20,000 o más. Véase 8 CFR 204.401 propuesto, Área rural. El DHS considera que esto dejaría aún más claro que cualquier área puede calificar como área rural siempre que el área no cumpla con ninguna de estas dos restricciones. Además, esto aclararía que solo la restricción de población de la segunda parte de la definición está vinculada al estado del censo decenal más reciente al momento de la inversión, mientras que la primera parte de la definición se determinaría según si el área estaba dentro de un MSA estándar en la fecha de la inversión. La determinación de la “fecha de inversión” se analiza en la Sección IV.D de este preámbulo.

Según se hace referencia en la definición de TEA, la INA también contiene disposiciones detalladas sobre la designación de áreas de alto desempleo y limita la designación de estas áreas al DHS. INA sec. 203(b)(5)(B)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii). En consonancia con estas disposiciones legales, el DHS propone definir un “área de alto desempleo” como un área designada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) conforme a los requisitos de designación que se encuentran en el 8 CFR 204.402 propuesto. Véase 8 CFR 204.401 propuesto, Área de alto desempleo.

La RIA “codifica una serie de [. . .] reformas largamente buscadas, diseñadas para mejorar la integridad del Programa de Centros Regionales y prevenir el fraude y el abuso que lo han afectado durante demasiado tiempo”. [42] Proporciona reformas vitales de integridad y seguridad nacional al programa EB-5 para proteger mejor contra el abuso y promover la integridad del programa.[43] La RIA estableció en la INA nuevos requisitos para los centros regionales, los nuevos propietarios de empresas comerciales, los propietarios de entidades generadoras de empleo y los peticionarios, y otorgó al USCIS facultades adicionales que le permitirán mitigar los riesgos que presenta el programa EB-5.[44]

La RIA agregó nuevas facultades discrecionales a la INA para denegar peticiones o solicitudes y revocar aprobaciones previas si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determina, a su discreción, que existe una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional, o que una solicitud de beneficio bajo el programa EB-5 se basa en fraude, engaño, tergiversación intencional de un hecho material o uso indebido con fines delictivos. Secciones 203(b)(5)(N) y (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N) y (O). Anteriormente, sin estas disposiciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) no podía actuar directamente sobre peticiones o solicitudes que involucraran amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional sin una base estatutaria relacionada de inelegibilidad o terminación que pudiera darle a USCIS motivo para terminar la designación de un centro regional o prohibir la participación de personas o peticionarios con vínculos con gobiernos extranjeros hostiles a los Estados Unidos. Si bien la autorización estatutaria previa le otorgaba a USCIS la facultad de designar centros regionales, lo que a su vez proporcionaba la facultad implícita de terminar dichas designaciones, el lenguaje general relativo a la "promoción del crecimiento económico" era el único requisito de elegibilidad estatutario explícito para la designación como centro regional. Véase la sección 610(a) de la Ley Pública 102-395, 106 Stat. 1828, 1874. Debido a la falta de autoridad estatutaria explícita, USCIS no siempre podía terminar oportunamente la designación de un centro regional que estuviera activamente involucrado en fraude para prevenir mayores pérdidas a los inversionistas extranjeros y reforzar la integridad continua del programa EB-5. La INA ahora proporciona una autoridad estatutaria explícita e integral para que USCIS actúe si el DHS determina, a su discreción, que cualquier participante en el programa EB-5 presenta alguna amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional de los Estados Unidos, o que está, o ha estado, involucrado en fraude, engaño, tergiversación intencional de un hecho material o uso indebido con fines delictivos. Secciones 203(b)(5)(N) y (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N) y (O).

Bajo esta regla, USCIS aplicaría las disposiciones estatutarias de las secciones 203(b)(5)(N) y (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N) y (O), utilizando generalmente la guía de práctica aplicable respecto de las secciones 212(a)(3) o (6)(C) de la INA, 8 U.S.C. 1182(a)(3) o (6)(C), como referencia, reconociendo al mismo tiempo que el alcance de las determinaciones conforme a las secciones 212(a)(3) y (6)(C) de la INA, 8 U.S.C. 1182(a)(3) y (6)(C), es más limitado que el de las determinaciones conforme a las secciones 203(b)(5)(N) y (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N) y (O). USCIS también conservaría la discreción, conforme a las secciones 203(b)(5)(N) y (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N) y (O), para determinar que otras acciones no especificadas por las secciones 212(a)(3) o (6)(C) de la INA, 8 U.S.C. 1182(a)(3) o (6)(C), aun así requieren que USCIS actúe para garantizar la integridad del programa EB-5. Por ejemplo, si USCIS determina que una persona está actuando en nombre de un gobierno autoritario o es, o ha sido, miembro de, o está afiliada a, un partido comunista o cualquier otro partido totalitario (o subdivisión o afiliado de este), extranjero o nacional, USCIS actuaría conforme a la sección 203(b)(5)(N) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N). De igual manera, si USCIS determina, por ejemplo, que un inversionista extranjero o cualquier otra persona involucrada con un centro regional que, mediante fraude o tergiversación deliberada de un hecho material, busca procurar, ha buscado procurar, o ha procurado, una visa de inmigrante u otra documentación, como en relación con una solicitud de designación como centro regional, USCIS actuaría conforme a la sección 203(b)(5)(O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O).

Como señaló un representante de USCIS en un foro de la industria: "El fraude y otras preocupaciones de seguridad pública o seguridad nacional en el programa EB-5, independientemente de cuándo salgan a la luz dichas preocupaciones, afectan negativamente al programa EB-5 y a la comunidad de partes interesadas". [45] Las secciones 203(b)(5)(N) y (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O), otorgan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autoridad de aplicación "si el Secretario determina, a su discreción" que existen preocupaciones de seguridad nacional, fraude, declaración falsa o uso indebido criminal. Para aclarar su ( página impresa 40700) autoridad discrecional en este contexto, el DHS propone que USCIS pueda determinar que cualquier petición, solicitud o solicitud de beneficio descrita en la sección 203(b)(5) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5), representa una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional de los Estados Unidos, incluida la participación en el propio programa EB-5, o que se basó en, o involucró, fraude, engaño, declaración falsa material intencional o uso indebido criminal, incluso si la petición, solicitud o solicitud de beneficio se presentó antes de la promulgación de la RIA. Véanse las secciones propuestas 8 CFR 204.432 y 204.433. Igualmente importante para la integridad del programa EB-5, USCIS podría revocar una aprobación previa o terminar el estatus de residente permanente condicional de un inversionista si USCIS determina, a su discreción, que existe una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional de los Estados Unidos, o que la petición, solicitud o beneficio se basó en, o involucró, fraude, engaño, declaración falsa material intencional o uso indebido criminal. El DHS no considera que esta propuesta afecte los intereses de confianza, ya que el DHS tomaría en cuenta acciones o eventos ocurridos antes de la promulgación de la RIA únicamente con el fin limitado de determinar si existe o existió una amenaza continua al interés nacional o fraude conforme a las secciones 203(b)(5)(N) u (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(N) y (O), después de la promulgación de la RIA.

Como resultado de dicha determinación, USCIS denegaría o revocaría la aprobación de cualquier petición, solicitud o solicitud de beneficio, terminaría el estatus de residente permanente de un inversionista extranjero, ya sea condicional o no, terminaría o inhabilitaría la designación de un centro regional, e inhabilitaría permanentemente de la participación en el Programa de Centros Regionales a cualquier nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo conforme al artículo 8 CFR 204.431 propuesto. Véanse también los artículos propuestos 8 CFR 204.432(a) y 8 CFR 204.433(a). Además, USCIS prohibiría a cualquier persona asociada con un centro regional terminado o una nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo inhabilitada, participar en el Programa de Centros Regionales si la persona fue un participante consciente en las actividades que llevaron a USCIS a tomar la determinación conforme al artículo 8 CFR 204.431 propuesto. Véanse los artículos propuestos 8 CFR 204.432(b) y 8 CFR 204.433(b). USCIS basaría la determinación de que una persona fue un participante consciente en el conocimiento real o constructivo. Ídem. Conforme a esta norma propuesta, USCIS consideraría que cualquier persona que supiera, o debiera haber sabido, de alguna violación de la INA o de estas regulaciones y que no tomó medidas para abordar la violación, tuvo conocimiento real o constructivo, y estaría sujeta a inhabilitación del programa EB-5. Adicionalmente, se consideraría que una persona tiene conocimiento real o constructivo si dicha persona está directa o indirectamente involucrada en cualquier actividad prohibida por la RIA o por estas regulaciones.

Es importante destacar que, como se señaló anteriormente, estas determinaciones se aplicarían a cualquier solicitud o petición presentada antes o después de la promulgación de la RIA. Véanse los artículos propuestos 8 CFR 204.400(a) y (b). El DHS propone ejercer su autoridad discrecional conforme a la INA para prevenir o poner fin a la participación de personas u organizaciones que actualmente estén, o anteriormente hayan estado, involucradas en el programa EB-5, a fin de impedir su participación continua, cuando sea necesario. Véanse las secciones 203(b)(5)(N) y (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5) y (O).

En cualquiera de los casos, USCIS proporcionaría notificación a la persona o entidad afectada con una explicación de la determinación, a menos que la información pertinente esté clasificada, o que su divulgación esté prohibida de otro modo por la ley. Véase 8 CFR 204.432(c) y 204.433(c) propuestos. Con excepción de las terminaciones del estatus de residente permanente condicional obtenido conforme a la sección 216A de la INA, 8 U.S.C. 1186b, y de las denegaciones o revocaciones de peticiones del Formulario I-829, las cuales no están incluidas en la lista de solicitudes, peticiones o beneficios sujetos a la sección 203(b)(5)(P) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(P), y que tampoco han sido históricamente apelables, ya que de otro modo son revisables en los procedimientos de expulsión conforme a las disposiciones aplicables de la sección 216A de la INA, 8 U.S.C. 1186b, una persona u organización a la que se le niegue un beneficio o se le imponga una sanción conforme a las secciones 203(b)(5)(N) o (O) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N)-(O), podría apelar la determinación ante la Oficina de Apelaciones Administrativas (Administrative Appeals Office). Véase la sección 203(b)(5)(P) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(P); véase también 8 CFR 204.432(d) y 204.433(d) propuestos.

La sección 203(b)(5)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A), pone a disposición visas de inmigrante para los inmigrantes calificados que buscan ingresar a los Estados Unidos con el propósito de participar en una nueva empresa comercial en la cual el extranjero ha invertido, o se encuentra activamente en proceso de invertir, la cantidad de capital requerida, que se espera permanezca invertida durante no menos de dos años y que beneficiará a la economía de los Estados Unidos mediante la creación de empleo de tiempo completo para no menos de 10 ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales u otros inmigrantes legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos, sin incluir al cónyuge o los hijos del inversionista. Sección 203(b)(5)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A).

Cualquier extranjero puede presentar una petición de visa de inmigrante EB-5 en su propio nombre.[46] Esta regla continuaría exigiendo que todo extranjero que busque la clasificación de inversionista de centro regional o de inversionista independiente presente debidamente el Formulario I-526E, Petición de Inversionista de Centro Regional, o el Formulario I-526, Petición de Inversionista Independiente, según corresponda, de conformidad con las instrucciones del formulario y con el pago de las tarifas correspondientes. Véase 8 CFR 204.404 propuesto. Al igual que con cualquier petición presentada ante USCIS, una petición continuaría considerándose debidamente presentada si está completa, firmada por el peticionario (en este caso, el inversionista extranjero) y acompañada de la evidencia inicial requerida. Ídem; véase también 8 CFR 103.2(a)(7). La petición debe incluir la evidencia requerida, junto con cualquier evidencia adicional necesaria para establecer la elegibilidad del peticionario mediante la preponderancia de la evidencia. 8 CFR 103.2(b)(1). A medida que USCIS ha continuado incrementando el uso de la presentación electrónica, USCIS modificó el Formulario I-526E para permitir que los inversionistas elijan cargar su evidencia inicial en MyUSCIS.[47] Conforme a esta regla propuesta, todo inversionista que elija cargar su evidencia inicial tendría que hacerlo dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la petición. Véase 8 CFR 204.404(a) propuesto. Si un inversionista no carga su evidencia en el sistema electrónico dentro de los 30 días, USCIS denegaría la petición. Ídem. Dado que la Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA) establece una meta general de procesamiento de 240 días para los inversionistas de centros regionales en general, y de 120 días para los centros regionales que invierten en una Área Específica (TEA, por sus siglas en inglés),[48] el DHS considera que 30 días es un plazo razonable para permitir que el inversionista cargue toda la evidencia inicial requerida, a la vez que se proporciona a USCIS tiempo suficiente para completar la adjudicación dentro de la meta de procesamiento. Es importante destacar que el inversionista debe establecer su elegibilidad al momento de la presentación y permanecer elegible a lo largo de la adjudicación de la petición de visa de inmigrante EB-5 ( página impresa 40701). Véase 8 CFR 204.407(a) propuesto; véase también 8 CFR 103.2(b)(1).

El 1 de junio de 2022, USCIS revisó el Formulario I-526, Petición de Inmigrante por Inversionista Extranjero,[49] para crear dos formularios separados: el Formulario I-526, Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente, y el Formulario I-526E, Petición de Inmigrante por Inversionista de Centro Regional.[50] Como parte de esta norma propuesta, el DHS propone realizar modificaciones adicionales a cada petición y a las instrucciones correspondientes, en consonancia con las propuestas contenidas en esta reglamentación, para asegurar que USCIS cuente con toda la información necesaria para determinar la elegibilidad del inversionista y para asegurar que el inversionista no represente una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional de los Estados Unidos y que no esté buscando obtener una visa de inmigrante EB-5 de manera fraudulenta.

La INA exige que un centro regional presente una solicitud de proyecto antes de que cualquier inversionista extranjero que invierta en ese proyecto pueda presentar su petición de clasificación como inversionista de centro regional. Véase la sección 203(b)(5)(F) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F); sección 204(a)(1)(H)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1154(a)(1)(H)(i). Conforme a esta norma propuesta, un extranjero que busque la clasificación como inversionista de centro regional debe presentar debidamente el Formulario I-526E, Petición por Inversionista de Centro Regional, e incluir evidencia de asociación con el Formulario I-956F pendiente o aprobado del centro regional (o solicitud de proyecto). Véase la propuesta 8 CFR 204.404(b). En consecuencia, el DHS propone codificar su práctica posterior a la RIA de que USCIS rechace cualquier Formulario I-526E presentado sin evidencia de asociación con una solicitud de proyecto presentada. Ídem. La evidencia de asociación idealmente incluiría una copia del aviso de recibo de la solicitud de proyecto del centro regional junto con evidencia de los acuerdos firmados del inversionista para invertir en esa oferta de inversión en particular, a fin de establecer que su inversión está asociada con un centro regional, pero también podría incluir otros tipos de evidencia para establecer que el centro regional presentó su solicitud de proyecto, particularmente en los casos en que el aviso de recibo se retrase o el inversionista busque presentar su petición lo antes posible después de que el centro regional haya presentado su solicitud de proyecto. A medida que mejore el procesamiento de admisión, USCIS esperaría que un centro regional reciba un aviso de recibo poco después de la presentación, lo cual aumentaría la probabilidad de que el aviso de recibo del Formulario I-956F pueda estar disponible para el inversionista antes de presentar su Formulario I-526E. Sin embargo, de conformidad con el acuerdo de conciliación en Behring Regional Center, LLC and IIUSA v. Mayorkas, et al., 3:22-cv-2487 (N.D. Cal. 2022) y EB5 Capital, et al. v. DHS, et al., 3:22-cv-3948-VC (N.D. Cal. 2022), el DHS propone continuar aceptando otra evidencia de que el centro regional haya presentado el Formulario I-956F en determinadas circunstancias. Véase la propuesta 8 CFR 204.408(a).

El DHS señala que una solicitud de proyecto aprobada establecería ciertos requisitos de elegibilidad para un inversionista de centro regional, incluyendo la inversión en una nueva empresa comercial y la expectativa de una creación suficiente de empleos, por ejemplo. En consecuencia, el DHS continuaría con su práctica posterior a la RIA de que un inversionista de centro regional no necesite presentar evidencia que ya esté disponible para la revisión de USCIS en la solicitud de proyecto. Esta evidencia proveniente de la solicitud de proyecto, que establece ciertos requisitos de elegibilidad para un inversionista de centro regional, se incorporaría por referencia en la petición del inversionista de centro regional, conforme a la sección 203(b)(5)(E)(ii)(III) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(ii)(III). En otras palabras, el inversionista certificaría que invirtió en el proyecto identificado en su Formulario I-526E y no necesitaría volver a presentar la documentación previamente proporcionada a USCIS con esa solicitud de proyecto. Esta norma propuesta dejaría en claro que un inversionista de centro regional solo tendría que presentar evidencia para establecer su elegibilidad para una visa de inmigrante EB-5 mediante la presentación de la evidencia requerida por los párrafos 8 CFR 204.408(b) a (d). Véase la propuesta 8 CFR 204.408(a).

Como un inversionista de centro regional puede presentar su petición de visa de inmigrante EB-5 una vez que el centro regional haya presentado su solicitud de proyecto, y la solicitud de proyecto establece ciertos fundamentos de elegibilidad para el inversionista de centro regional, USCIS no adjudicaría la petición de visa de inmigrante EB-5 del inversionista de centro regional hasta que haya adjudicado la solicitud de proyecto del centro regional, ya que varios aspectos de la elegibilidad de un inversionista de centro regional dependen de la aprobación de la solicitud de proyecto del centro regional. Véase INA sec. 203(b)(5)(F)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(ii).

Un extranjero que busque la clasificación como inversionista independiente debe presentar debidamente el Formulario I-526, Petición por Inversionista Independiente. Un inversionista independiente no puede combinar su inversión con la de ningún otro extranjero que busque la clasificación de inversionista extranjero. Véase INA sec. 203(b)(5)(E)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(i); INA sec. 204(a)(1)(H)(i), 8 U.S.C. 1154(a)(1)(H)(i). De conformidad con esta restricción estatutaria, el DHS propone aclarar su interpretación posterior a la RIA de que múltiples inversionistas independientes no podrían invertir en la misma nueva empresa comercial, incluso si lo hicieran de manera independiente. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(a)(2). El DHS propone este lenguaje adicional porque la presencia de múltiples inversionistas independientes en una sola nueva empresa comercial es contraria al requisito de la INA de que cualquier extranjero que busque combinar su inversión con la de otros inversionistas extranjeros debe hacerlo bajo el Programa de Centro Regional. Véase INA sec. 204(a)(1)(H)(i), 8 U.S.C. 1154(a)(1)(H)(i).

El DHS propone mantener la definición actual de que la fecha de prioridad es la fecha en que el inversionista presenta debidamente una petición de visa de inmigrante EB-5 completa y firmada ante USCIS, véase 8 CFR 204.6(d), incluyendo toda la evidencia inicial requerida por las instrucciones del formulario y la tarifa correcta. [51] Véase la propuesta 8 CFR 204.406(a). Esta propuesta también es consistente con la asignación de la fecha de prioridad para las peticiones basadas en relaciones familiares y las peticiones basadas en empleo de primera a tercera preferencia que no requieren una certificación laboral aprobada por el Departamento del Trabajo. Véase 8 CFR 204.1(b); 8 CFR 204.5(d). Una fecha de prioridad es importante para cualquier extranjero que busque inmigrar a los Estados Unidos, ya que establece su lugar en la cola de visas. Como se analiza en la sección III.C. de esta regla propuesta, la fecha de prioridad es el factor determinante en cuanto a cuándo un peticionario puede solicitar una visa de inmigrante en el extranjero o ajustar su estatus en los Estados Unidos, con base en las fechas publicadas en el Boletín de Visas mensual del Departamento de Estado ( página impresa 40702).[52] El Departamento de Estado no puede emitir una visa, y USCIS no puede otorgar el ajuste de estatus, a menos que la fecha de prioridad del extranjero sea anterior a la fecha límite correspondiente en la tabla de "fecha de acción final" que figura en el Boletín de Visas.

Las regulaciones vigentes antes de la fecha de entrada en vigor de la Regla Final de Modernización EB-5 no permitían a los inversionistas utilizar la fecha de prioridad de una petición de visa de inmigrante EB-5 aprobada para una petición de visa de inmigrante EB-5 presentada posteriormente. Véase 8 CFR 204.6(d) (20 de noviembre de 2019). El DHS introdujo la retención de la fecha de prioridad en el programa EB-5 en ciertas circunstancias en su Regla Final de "Modernización del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5", con el fin de armonizar la política de retención de la fecha de prioridad del EB-5 con otras categorías de preferencia basadas en empleo. Véase 84 FR 35750, 35751 (24 de julio de 2019). Sin embargo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anuló la Regla de Modernización EB-5 por motivos procesales,[53] eliminando así las disposiciones de retención de la fecha de prioridad para los inversionistas extranjeros de las regulaciones.

El DHS ha permitido generalmente que los beneficiarios en las categorías de preferencia basadas en empleo de primera, segunda y tercera preferencia retengan la fecha de prioridad de sus peticiones de visa de inmigrante previamente aprobadas, a menos que el DHS revoque la aprobación de la petición. Véase 8 CFR 204.5(e). El DHS amplió la capacidad de los beneficiarios en estas categorías de preferencia para retener sus fechas de prioridad incluso cuando sus peticiones hayan sido revocadas, siempre que la aprobación no haya sido revocada por fraude, tergiversación voluntaria de un hecho material, error material, o la revocación o invalidación de la certificación laboral asociada con la petición. Véase 81 FR 82398, 82485 (18 de noviembre de 2016).

La RIA agregó nuevas protecciones [54] para que ciertos inmigrantes conserven su elegibilidad en relación con una petición que de otro modo sea calificada. Véase la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M). El DHS propone aplicar estas disposiciones sobre la retención de la fecha de prioridad derivadas de la RIA a los inversionistas cuyo centro regional sea terminado o cuya nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo quede inhabilitada para participar en el programa EB-5, así como a los inversionistas independientes que enfrenten situaciones que requieran un "cambio material" en las peticiones que presentaron inicialmente. Véanse los artículos 204.406 y 204.410 del 8 CFR propuestos. La sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), establece que, tras la terminación o inhabilitación, según corresponda, del centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo del inversionista, este podrá conservar su elegibilidad respecto de dicha petición mediante la adopción de medidas específicas para preservar su elegibilidad y la presentación de una enmienda ante USCIS dentro de los 180 días posteriores a la recepción de la notificación de USCIS sobre la terminación o inhabilitación, según corresponda. Véase la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M). Si el inversionista presenta debidamente una enmienda y acredita su elegibilidad continua, entonces conservará la fecha de prioridad de su petición presentada anteriormente, ya sea que dicha petición anterior esté aprobada o aún se encuentre pendiente en el momento en que se presente la enmienda. Véase el artículo 204.406(c) del 8 CFR propuesto.

El DHS acoge con beneplácito los comentarios del público sobre las disposiciones de retención de la fecha de prioridad. El DHS también acoge con beneplácito los comentarios sobre los criterios que podrían considerarse al determinar si se permite la retención de la fecha de prioridad, incluidas sugerencias alternativas a dichos criterios.

De conformidad con su interpretación y práctica posteriores a la RIA, [55] el DHS propone que las nuevas visas reservadas por la RIA en la INA solo se apliquen a aquellos inversionistas que hayan presentado una petición de visa de inmigrante EB-5 en o después de la fecha de promulgación, 15 de marzo de 2022, y que acrediten su elegibilidad como "inmigrante calificado" con base en los requisitos de elegibilidad posteriores a la RIA (por ejemplo, montos de inversión ajustados). Véase el artículo 204.407(g) del 8 CFR propuesto.

Después de que un inversionista presente una petición de visa de inmigrante EB-5, USCIS podrá programar al inversionista para que comparezca a fin de tomar sus datos biométricos, con el objeto de confirmar su identidad, realizar verificaciones de antecedentes y examinar la elegibilidad de un inversionista de centro regional para ser una persona involucrada en el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo. 56 Véase el artículo 204.417(a) del 8 CFR propuesto; véanse también los artículos 103.2(b)(9) y 103.16 del 8 CFR. Si bien USCIS conserva la discrecionalidad para programar a un inversionista para la toma de datos biométricos, en la mayoría de los casos estos se recabarán cuando el inversionista solicite obtener una visa de inmigrante o ajustar su estatus. Al igual que con cualquier otra solicitud de beneficio, si se solicita a un inversionista que comparezca para la toma de datos biométricos y este no comparece, USCIS considerará que la petición ha sido abandonada y la denegará. Véase el artículo 103.2(b)(13) del 8 CFR.

Un extranjero que busque la clasificación de inversionista extranjero debe invertir, o estar activamente en proceso de invertir, el monto de capital requerido. Véase la sección 203(b)(5)(A) de la INA. La RIA incrementó el monto de inversión requerido de $1,000,000 a $1,050,000. Véase la sección 203(b)(5)(C)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(i). Para las inversiones en una TEA o en un proyecto de infraestructura, el monto de inversión requerido es de $800,000. Sección 203(b)(5)(C)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(ii).

Conforme a esta norma propuesta, el DHS actualizaría los montos de inversión a los montos establecidos por la RIA. [57] Véase el artículo 204.407(b) del 8 CFR propuesto. El DHS había incrementado previamente los montos de inversión en la Norma Final de Modernización del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, fijando el monto mínimo de inversión en $1,800,000 dólares estadounidenses y el monto de inversión en una TEA en $900,000 dólares estadounidenses, o el 50 por ciento del monto mínimo de inversión estándar. 84 FR 35750 (24 de julio de 2019). Sin embargo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anuló la Norma Final por motivos procesales, revirtiendo los montos a $1,000,000 y $500,000, respectivamente. [58] Esta norma propuesta eliminaría y dejaría reservado el artículo 204.6 del 8 CFR, que contenía los montos de inversión, y establecería los nuevos montos legales, además de aclarar que el monto de inversión debe permanecer invertido en la fecha en que se presente la petición de visa de inmigrante EB-5, lo cual se explica con mayor detalle en la Sección IV.D.6 de este preámbulo. Véase el artículo 204.407(b) del 8 CFR propuesto.

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Para una petición de visa de inmigrante EB-5 presentada el 15 de marzo de 2022 o después, la INA establece un monto mínimo de inversión de $1,050,000 dólares estadounidenses. INA sec. 203(b)(5)(C)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(i). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone codificar este monto mínimo de inversión en esta norma. Véase el 8 CFR 204.407(b)(1) propuesto. Este monto se ajustará automáticamente el 1 de enero de 2027, y cada 5 años a partir de entonces, con base en el cambio porcentual anual acumulado en el Índice de Precios al Consumidor no ajustado para Todos los Artículos para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés) para el Promedio de Ciudades de los Estados Unidos entre el 1 de enero de 2022 y la fecha del ajuste, según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales. INA sec. 203(b)(5)(C)(iii)(I), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(iii)(I); véase el 8 CFR 204.407(b)(2) propuesto. El DHS redondeará hacia abajo al múltiplo más cercano de $50,000 y actualizará estos montos mediante publicación en el Federal Register . Id. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) también actualizará los montos en su sitio web público para proporcionar los montos de inversión correspondientes según la fecha en que se presente una petición.

La RIA estableció un monto mínimo de inversión reducido de $800,000 dólares estadounidenses para inversiones realizadas en un TEA o en un proyecto de infraestructura.[59] INA sec. 203(b)(5)(C)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(ii). El DHS propone codificar este monto mínimo de inversión reducido para inversiones realizadas en un TEA o en un proyecto de infraestructura en esta norma. Véase el 8 CFR 204.407(b)(2) propuesto. Este monto se ajustará automáticamente el 1 de enero de 2027, y cada 5 años a partir de entonces, para ser igual al 75 por ciento del monto mínimo de inversión estándar previsto en el 8 CFR 204.407(b)(1) propuesto. Véase INA sec. 203(b)(5)(C)(iii)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(iii)(II); véase el 8 CFR 204.407(b)(2) propuesto. El DHS redondeará hacia abajo al múltiplo más cercano de $50,000 y actualizará estos montos mediante publicación en el Federal Register . Véase INA sec. 203(b)(5)(C)(iii)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(iii)(II); véase el 8 CFR 204.407(b)(2) propuesto. El USCIS también actualizará los montos en su sitio web público para proporcionar los montos de inversión correspondientes según la fecha en que se presente una petición.

La sección 203(b)(5)(C)(iv) de la INA permite al DHS establecer un monto de inversión más alto de no más de tres veces el monto mínimo de inversión estándar en un área de alto empleo, que es un área dentro de un MSA que no es un TEA y tiene una tasa de desempleo significativamente inferior a la tasa de desempleo promedio nacional. Véase INA sec. 203(b)(5)(C)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(iv). El DHS no había definido previamente las áreas de alto empleo más allá de la definición estatutaria y nunca había aumentado el monto de inversión para dicha área. Con esta norma propuesta, el DHS propone definir un área de alto empleo como se analizó anteriormente en la Parte IV.B. de este preámbulo. Véase el 8 CFR 204.401 propuesto, Área de alto empleo.

El DHS propone establecer el monto de inversión para un área de alto empleo en $1,400,000. Véase el 8 CFR 204.407(b)(3) propuesto. La sección 203(b)(5)(C)(iv)(II) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(iv)(II), otorga al DHS la facultad discrecional de “especificar un monto de capital requerido [. . .] que sea mayor (pero no mayor a 3 veces)” el monto mínimo de inversión estándar. Para calcular este monto, el DHS multiplicó el monto mínimo de inversión estándar ($1,050,000) por 133 por ciento y redondeó hacia arriba al múltiplo más cercano de $50,000, lo que significa que el monto mínimo de inversión estándar sería el 75 por ciento del monto de inversión para un área de alto empleo. Este es el mismo diferencial que el de un área de alto desempleo en comparación con el monto mínimo de inversión. El DHS propone ajustar automáticamente este monto el 1 de enero de 2027, y cada 5 años a partir de entonces, para que sea igual al 133 por ciento del monto mínimo de inversión estándar, redondeado hacia arriba al múltiplo más cercano de $50,000, y publicar el nuevo monto en el Federal Register . Véase el 8 CFR 204.407(b)(3) propuesto. Establecer el ajuste automático en 133 por ciento mantendría el monto mínimo de inversión estándar en aproximadamente el 75 por ciento del monto mínimo de inversión en un área de alto empleo, en concordancia con el ajuste entre el monto estándar y el monto mínimo de inversión para los TEA y los proyectos de infraestructura. El DHS también considera que esto es razonable debido a que la INA permite elevar este monto hasta no más de tres veces el monto mínimo de inversión estándar, lo cual, en su máximo, sería $3,150,000. El DHS señala que esta propuesta es mucho menor que el monto permitido por la INA.

El DHS da la bienvenida a los comentarios públicos sobre el cálculo del monto de inversión para áreas de alto empleo y el porcentaje de empleo en relación con la tasa de desempleo promedio nacional para determinar si un área es un área de alto empleo, así como cualquier alternativa con el razonamiento que respalde un enfoque diferente.

Un extranjero que busque la clasificación como inversionista extranjero, ya sea como inversionista de un centro regional o como inversionista independiente, debe demostrar que invirtió el monto de capital requerido descrito anteriormente. Independientemente del tipo de capital invertido, el capital debe ser lícito, lo que significa que el capital invertido se derivó, ya sea directa o indirectamente, de fuentes lícitas y por medios lícitos, incluido cualquier capital utilizado para cubrir los costos administrativos y las tarifas asociadas con la inversión. INA sec. 203(b)(5)(L)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(L)(i). El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha identificado históricamente riesgos de fraude particulares relacionados con el capital de los inversionistas, incluidas las incertidumbres al verificar que los fondos invertidos se obtuvieron de manera lícita.[60] En consecuencia, el DHS propone codificar sus políticas implementadas desde la puesta en marcha de la RIA, a fin de exigir que el inversionista establezca, mediante la preponderancia de la evidencia, que el capital que invirtió, así como cualquier capital que utilizó para pagar los costos administrativos y las tarifas, se derivó de fuentes lícitas y por medios lícitos, y que documente la trayectoria de esos fondos desde el inversionista hasta la nueva empresa comercial. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(c). Esto probablemente implicaría que distintos inversionistas presenten documentos diferentes según el lugar y la forma en que el inversionista obtuvo el capital invertido, incluido cualquier capital utilizado para cubrir los costos administrativos y las tarifas asociadas con la inversión. Por ejemplo, el inversionista puede establecer que acumuló su capital mediante el empleo, al proporcionar registros bancarios, certificados de ingresos o declaraciones de impuestos sobre la renta personal. Véase la propuesta 8 CFR 204.408(d)(1). Con respecto a la documentación de la trayectoria de los fondos acumulados, algunos inversionistas podrían presentar estados de cuenta bancarios, recibos de transferencias electrónicas o cheques cancelados, mientras que otros inversionistas que utilizan a terceros para ( página impresa 40704) facilitar la transferencia de capital a la nueva empresa comercial en su nombre, deberían identificar a cualquier tercero utilizado para cumplir con el requisito de inversión y presentar evidencia de que el capital proporcionado por el tercero fue lícito. Véase la propuesta 8 CFR 204.408(c). El USCIS ha exigido este nivel de información a los peticionarios que buscan establecer la licitud de su capital para garantizar que el programa EB-5 no se utilice para lavar dinero ni para respaldar actividades fraudulentas o delictivas. Exigir esta información sigue siendo necesario para demostrar la trayectoria completa de los fondos lícitos desde el inversionista hasta la nueva empresa comercial, y permite al USCIS seguir garantizando la integridad del programa EB-5, así como que los fondos invertidos sean fondos propios del inversionista. Además, el inversionista tendría que establecer que cualquier entidad o individuo utilizado para proporcionar su capital a la nueva empresa comercial cumple con todos los requisitos y regulaciones financieras de los Estados Unidos, incluidos los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés). Véase la propuesta 8 CFR 204.408(c)(4). El USCIS consideraría el uso de una casa de cambio, un negocio de servicios monetarios u otro mecanismo que esté autorizado, regulado y licenciado por una autoridad gubernamental extranjera o estadounidense competente, como evidencia para establecer que el capital obtenido a través del intermediario fue derivado lícitamente, a menos que el USCIS tenga razones para creer que dicho capital no fue derivado lícitamente. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(c)(3). Si el USCIS tiene razones para creer que dicho capital no fue derivado lícitamente, entonces el inversionista tendría que presentar evidencia independiente y creíble de que el capital fue derivado lícitamente.

La INA también excluye ciertos tipos de capital, tales como los activos adquiridos de manera ilegal, el capital invertido a cambio de un pagaré, bono, deuda convertible, obligación, o cualquier otro acuerdo de deuda entre el extranjero inversionista y la nueva empresa comercial, el capital invertido con una tasa de rendimiento garantizada, o el capital sujeto a una disposición de redención obligatoria, con ciertas excepciones. Véase INA sec. 203(b)(5)(D)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(ii). Estas excepciones permiten que un inversionista incluya una opción de recompra que pueda ejercerse únicamente en caso de retiro o denegación de la petición de visa de inmigrante EB-5, o a discreción de la nueva empresa comercial una vez que el capital haya estado invertido durante al menos dos años, siempre que el capital haya permanecido invertido al momento de presentar la petición de visa de inmigrante EB-5 y se haya utilizado para crear el número requerido de empleos para empleados calificados. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(d)(3). En otras palabras, el inversionista podría incluir disposiciones en sus acuerdos de inversión que le permitan recibir de vuelta su capital si:

1. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) deniega su petición de visa de inmigrante EB-5;

2. El inversionista retira su petición de visa de inmigrante EB-5; o

3. La nueva empresa comercial, a su entera discreción, decide recomprar la inversión después de que el capital haya permanecido invertido durante al menos 2 años, el capital haya permanecido invertido cuando el inversionista presentó su petición de visa de inmigrante EB-5, y el capital se haya utilizado para crear el número requerido de empleos.

Las inversiones en el programa EB-5 frecuentemente involucran a múltiples inversionistas en la nueva empresa comercial, algunos de los cuales pueden no estar solicitando la clasificación como inversionista extranjero. Es igualmente importante que todo capital recibido de otros inversionistas en la nueva empresa comercial también se derive lícitamente para asegurar la integridad continua del programa EB-5. En consecuencia, bajo esta norma propuesta, si un inversionista independiente está invirtiendo en una nueva empresa comercial que recibe inversiones de otras personas que no están solicitando la clasificación como inversionista extranjero (capital no EB-5), entonces el inversionista independiente tendría que identificar todas las fuentes de capital no EB-5 invertido en la nueva empresa comercial en su petición de visa de inmigrante EB-5. Véase el 8 CFR 204.407(c)(4) propuesto. De manera similar, un centro regional tendría que identificar todas las fuentes de capital no EB-5 proporcionado, o que se espera que sea proporcionado, a una nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo identificada en una solicitud de proyecto. Véase el 8 CFR 204.407(c)(4) propuesto. Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tiene motivos para creer que algún capital invertido en la nueva empresa comercial o proporcionado a la entidad creadora de empleo, incluido el capital proporcionado por un inversionista extranjero, ha sido derivado por medios ilícitos, entonces USCIS podría solicitar evidencia adicional al centro regional o al inversionista independiente, según corresponda, para establecer que el capital proporcionado a la nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo es lícito. Véase el 8 CFR 204.407(c)(4) propuesto. Estas propuestas extienden las disposiciones de las regulaciones actuales que requieren que los inversionistas en una nueva empresa comercial identifiquen cualquier capital adicional invertido en la nueva empresa comercial y establezcan que todo el capital adicional es lícito. 8 CFR 204.6(g)(1) (20 de noviembre de 2019). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone aclaraciones adicionales sobre esta disposición en la norma propuesta, particularmente que, si bien el inversionista independiente o el centro regional, según corresponda, deben continuar identificando cualquier capital invertido en la nueva empresa comercial, USCIS solicitaría evidencia adicional cuando haya motivos para creer que el capital identificado no ha sido derivado por medios lícitos. USCIS solicitaría dicha evidencia a un inversionista independiente respecto de su propio capital o inversiones realizadas fuera del Programa de Centros Regionales; al centro regional directamente cuando existan dudas sobre el capital no EB-5 invertido en una nueva empresa comercial dentro del Programa de Centros Regionales; o a un inversionista de centro regional respecto de la licitud de su propio capital. La evidencia solicitada y obtenida de un centro regional se incorporaría entonces por referencia en la petición de visa de inmigrante EB-5 del inversionista del centro regional, de manera consistente con cómo se manejaría otra documentación a nivel de proyecto para los inversionistas de centros regionales. Véanse los 8 CFR 204.404(b), 204.408(a), y 204.410(b)(1) propuestos. En cualquiera de los casos, el inversionista del centro regional o el inversionista independiente tendrían la oportunidad de retirar (y reemplazar, si fuera necesario) cualquier capital que no pueda establecerse como lícito y de responder a USCIS indicando que dichas acciones se han realizado. Véase el 8 CFR 204.407(c)(4) propuesto. Sin embargo, si una nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo continúa operando con capital que no ha sido establecido como lícito o de algún otro modo intenta utilizar capital ilícito dentro del programa EB-5 de cualquier manera, USCIS podría sancionar al centro regional, a la nueva empresa comercial, o a la entidad creadora de empleo conforme al 8 CFR 204.431 propuesto. Véase el 8 CFR 204.407(c)(4) propuesto.

El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ha considerado si el DHS debería incluir específicamente disposiciones reglamentarias relacionadas con las consideraciones probatorias al evaluar los activos digitales [61] como parte del origen o la trayectoria de (página impresa 40705) los fondos para la inversión de capital en el programa EB-5. Para los fines del EB-5, los activos digitales que no son activos tangibles conforme a la definición de "capital" según la sección 203(b)(5)(D)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(ii), no pueden invertirse directamente como "capital" en una nueva empresa comercial; sin embargo, el uso de activos digitales intangibles como fuente de capital tangible (por ejemplo, efectivo) o en la trayectoria de los fondos utilizados para invertir capital tangible en una nueva empresa comercial puede ser permisible. El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) no considera que los activos digitales se distingan como una fuente de financiamiento significativamente diferente de otras fuentes de financiamiento descritas en este preámbulo, aunque pueden conllevar consideraciones distintas al evaluar la legalidad del origen. El DHS tiene la práctica de permitir los activos digitales como una fuente válida de financiamiento y aplica las mismas consideraciones probatorias que aplica a otras fuentes de financiamiento. Al igual que en el caso de otras fuentes de financiamiento, un inversionista debe demostrar que los activos digitales utilizados como fuente o en la trayectoria de los fondos para la inversión de capital deben haberse obtenido lícitamente para garantizar la integridad continua del programa EB-5. Es decir, al evaluar los activos digitales, el USCIS generalmente considera si se demostró que los activos digitales se obtuvieron de una fuente lícita y por medios lícitos, si se demostró que los activos digitales se mantuvieron y no fueron intercambiados por otros activos digitales que no se demostró que derivaran de una fuente lícita y por medios lícitos, si se demostró la titularidad de la cuenta o del activo digital en todos los momentos pertinentes, si se demostró suficientemente el historial de transacciones, si las declaraciones de impuestos son coherentes con las afirmaciones, si la compra, el mantenimiento y el movimiento fueron lícitos y si las entidades o personas involucradas operaban lícitamente, y si cualquier conversión posterior de los activos digitales muestra una trayectoria clara desde la fuente lícita a través de la conversión del activo digital. Además, el ámbito de los activos digitales está evolucionando rápidamente y, si bien el USCIS reconoce los activos digitales como parte de una estrategia de financiamiento válida de un inversionista EB-5, el DHS no considera que incluir, en este momento, un marco reglamentario específico para los activos digitales y las consideraciones probatorias sería beneficioso. Por estas razones, el DHS no considera necesario incorporar consideraciones probatorias específicas relacionadas con los activos digitales en este reglamento. El DHS considera que es más apropiado proporcionar los detalles necesarios, que complementen las consideraciones probatorias actualmente establecidas en el marco reglamentario propuesto, que se relacionen específicamente con la evaluación de los activos digitales mediante orientación subreglamentaria. Este enfoque brinda a los inversionistas y a la agencia la flexibilidad necesaria para adaptarse al mundo cambiante de los activos digitales, y proporciona orientación significativa sobre los tipos específicos de pruebas que pueden demostrar la legalidad de los activos digitales utilizados en el origen y la trayectoria de los fondos para la inversión de capital.

Además de solicitar comentarios sobre todos los aspectos descritos en este preámbulo, el DHS invita al público a comentar sobre (1) si el reglamento debería abordar específicamente las consideraciones probatorias relacionadas con los activos digitales; (2) si, en caso de que el USCIS incorporara disposiciones específicas en el reglamento, las consideraciones descritas anteriormente abordan suficientemente los activos digitales o si deberían considerarse aspectos adicionales; y (3) si deberían considerarse o abordarse en orientación subreglamentaria otros aspectos relacionados con los activos digitales como fuente de fondos.

Antes de la promulgación de la RIA, conforme a la sección 216A(d)(1)(A)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1186b(d)(1)(A)(ii), se exigía que un inversionista extranjero mantuviera su inversión durante todo el período de su residencia en los Estados Unidos para ser elegible para la eliminación de las condiciones de su estatus de residente permanente. Históricamente, el USCIS interpretó que este período de mantenimiento significaba los dos años del estatus de residente permanente condicional del inversionista en los Estados Unidos. Véase el Manual de Políticas del USCIS, Volumen 6, Parte G, Capítulo 7.A(2), "Mantenimiento de la Inversión", nota 4.

La RIA eliminó de la sección 216A(d)(1)(A)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1186b(d)(1)(A)(ii), la cláusula relativa al tiempo que debe mantenerse la inversión para eliminar las condiciones de residencia. La RIA asimismo revisó la sección 203(b)(5)(A)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(ii), para exigir que el inversionista debe esperar que su capital permanezca invertido durante no menos de dos años. Véase la sección 203(b)(5)(A)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(ii). En consonancia con el lenguaje claro de estos cambios legales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpreta que estos cambios modifican el tiempo durante el cual un inversionista debe mantener su inversión para ser elegible para una visa de inmigrante EB-5 y la subsiguiente eliminación de las condiciones de su estatus de residente permanente.

Los cambios legales a las secciones 203(b)(5)(A) y 216A(d)(1)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1186b(d)(1)(A), establecen que un inversionista puede invertir, o estar en proceso de invertir, en cualquier momento antes de presentar su petición de visa de inmigrante EB-5, siempre que se espere que la inversión permanezca invertida de conformidad con los requisitos aplicables durante al menos dos años. Véase la sección 203(b)(5)(A)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(ii). Aunque la ley no especificó explícitamente qué acciones particulares relacionadas con una inversión deben ocurrir (por ejemplo, el aporte, la colocación en riesgo, etc.) para que comience el período de 2 años conforme a la sección 203(b)(5)(A)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(i), desde la fecha de entrada en vigor de la RIA, el DHS ha interpretado que la fecha de inicio es la fecha en la que el monto total de la inversión calificada se aporta a la nueva empresa comercial y se coloca en riesgo conforme a los requisitos aplicables, incluyendo que esté disponible para la entidad generadora de empleo, según corresponda.[62] Sin embargo, al DHS le preocupa un escenario en el que un inversionista haya realizado y concluido su inversión antes de siquiera presentar una petición de visa de inmigrante EB-5, ya que sería difícil para el inversionista demostrar, y para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) verificar, la duración de la inversión, particularmente si el USCIS está revisando evidencia potencialmente desactualizada durante la adjudicación de la petición de visa de inmigrante EB-5 y la posterior petición para eliminar las condiciones de residencia, o si el inversionista no puede obtener la evidencia necesaria para demostrar su elegibilidad ante el USCIS. En consecuencia, el DHS propone que un inversionista pueda invertir de conformidad con todos los requisitos aplicables en cualquier momento antes de presentar su petición de visa de inmigrante EB-5, y que el requisito de permanecer invertido durante al menos dos años comience en esa fecha de inversión. Sin embargo, para ser elegible para una visa de inmigrante EB-5 y para abordar estas (página impresa 40706) inquietudes relativas a la validez y verificabilidad de la evidencia asociada en la adjudicación correspondiente, el DHS propone modificar su política posterior a la RIA para exigir (en lugar de sugerir) que la inversión también deba permanecer en riesgo y disponible para la entidad generadora de empleo en la fecha en que el inversionista presente su petición de visa de inmigrante EB-5. Véase la propuesta de 8 CFR 204.407(b)(1)-(3).

El DHS considera que estos cambios propuestos se ajustan mejor al lenguaje claro de la INA, según su modificación por la RIA, y reducirían la carga para el inversionista de mantener su inversión vigente durante un período prolongado debido a circunstancias fuera del control del inversionista o de la nueva empresa comercial, como atrasos en las visas u otras circunstancias, a la vez que mitigarían los desafíos que enfrentaría USCIS al revisar una inversión que ya ha concluido, posiblemente mucho antes de que el inversionista presente una petición de visa de inmigrante EB-5. Además, el DHS considera que estos cambios propuestos brindarían el mayor nivel de flexibilidad a las partes interesadas para crear estrategias de inversión que les resulten adecuadas, en lugar de tener que hacer ajustes continuos con base en cronogramas desconocidos (y a menudo cambiantes) de emisión de visas de inmigrante, y limitarían aún más la necesidad de que las nuevas empresas comerciales redistribuyan el capital del inversionista después de haberse creado suficientes empleos, únicamente para mantener el capital del inversionista en riesgo durante un período potencialmente prolongado. Esto también minimizaría el riesgo de que una nueva empresa comercial no cumpla con los requisitos de redistribución de la INA, la cual exige que USCIS termine la designación de cualquier centro regional asociado con una nueva empresa comercial que redistribuya indebidamente el capital de un inversionista. Véase la sección 203(b)(5)(F)(v)(II) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v)(II). Es importante señalar que la INA establece un plazo mínimo de inversión, pero no impide que un inversionista y una empresa comercial establezcan un acuerdo para un período de inversión más prolongado. Además, el DHS considera que, por lo general, los inversionistas presentarán su petición de visa de inmigrante EB-5 poco después de invertir el monto de capital requerido, tanto para asegurar una fecha de prioridad como para obtener las protecciones conforme a la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), en caso de sanciones futuras, por lo que tener que mantener la inversión a partir de la fecha de presentación de la petición de visa de inmigrante EB-5 no debería representar, en general, una carga para el inversionista. Por último, el DHS considera que esta interpretación otorgaría al inversionista y a la empresa comercial un grado significativo de control sobre la duración requerida de la inversión, ya que cualquier necesidad de mantener la inversión más allá de dos años dependería de la decisión del inversionista de presentar una petición de visa de inmigrante EB-5 y de sus objetivos de inversión personales, así como de los requisitos financieros de la empresa comercial.

El DHS señala que muchos inversionistas colocan su capital en custodia (escrow) en espera de la aprobación de su petición de visa de inmigrante EB-5. Como se analiza en la sección IV.B de este preámbulo, un inversionista podría seguir demostrando que se encuentra activamente en el proceso de inversión colocando su capital en custodia en espera de la aprobación de su petición de visa de inmigrante EB-5. Para efectos de determinar la duración de la inversión, una vez aprobada la petición de visa de inmigrante EB-5 y liberado el capital del inversionista de la custodia hacia la actividad comercial generadora de empleo, si existe un acuerdo de custodia vigente, el inversionista deberá prever mantener esa inversión dentro de dicha actividad comercial generadora de empleo por no menos de 2 años. Véase la sección 203(b)(5)(A)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(i). Si la nueva empresa comercial proporciona el capital del inversionista a una entidad generadora de empleo distinta, el capital de inversión deberá permanecer con dicha entidad generadora de empleo o en uso por esta para la actividad generadora de empleo durante no menos de 2 años, salvo que la nueva empresa comercial deba redistribuir el capital, después de haberse creado suficientes empleos, hacia otra actividad comercial dentro de ese mismo plazo de 2 años para mantener el capital del inversionista en riesgo. Véase el 8 CFR 216.6(d)(2)(ii) propuesto. Si bien este plazo de 2 años podría no coincidir exactamente con el período de residencia permanente condicional del inversionista, USCIS revisará la inversión cuando el inversionista solicite la eliminación de las condiciones de su residencia y determinará si la inversión se mantuvo en riesgo durante al menos 2 años a partir de la fecha en que se puso en riesgo y se entregó a la entidad generadora de empleo. Íd.

Un extranjero que busca la clasificación de inversionista extranjero debe establecer que su inversión en una nueva empresa comercial beneficia a la economía de los Estados Unidos mediante la creación de empleo a tiempo completo para no menos de 10 empleados calificados. Véase INA secc. 203(b)(5)(A), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone aclarar que la creación de empleo debe estar vinculada al capital de inversión del inversionista extranjero, lo que significa que los empleos no se habrían creado de no ser por el capital de inversión. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(e)(1). El DHS también propone aclarar que el capital de inversión del inversionista extranjero debe proporcionarse a la entidad o entidades que sean las más directamente responsables de crear el empleo en el que se basa la inversión, y usarse en relación con la actividad de creación de empleo emprendida por dicha(s) entidad(es). Véase la propuesta 8 CFR 204.407(e)(1). Estas aclaraciones se alinean con la política actual establecida en el Manual de Políticas de USCIS y en las decisiones precedentes de USCIS, y vincularían aún más el capital del inversionista extranjero con la creación de empleo.[63]

Los inversionistas de centros regionales pueden cumplir con el requisito de creación de empleo apoyándose en metodologías económica y estadísticamente válidas para determinar el número de empleos creados. Véase INA secc. 203(b)(5)(E)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iv). Sin embargo, en el caso de los inversionistas de centros regionales, el centro regional tendría que establecer en su nombre que la oferta de inversión identificada en la solicitud del proyecto cumplirá con los requisitos de creación de empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(e)(3). El inversionista del centro regional no tendría que presentar ninguna evidencia adicional con su petición de visa de inmigrante EB-5 para cumplir con el requisito de creación de empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.408(a).

Únicamente hasta el 90 por ciento del requisito de creación de empleo puede basarse en empleos que se estima se crearán de manera indirecta. Véase INA secc. 203(b)(5)(E)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iv). El 10 por ciento restante del requisito de creación de empleo debe establecerse mediante empleos directos, los cuales también pueden establecerse a través de estimaciones de creación de empleo, siempre que dichas estimaciones se establezcan utilizando metodologías económica y estadísticamente válidas y transparentes. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(e)(3)(i). USCIS generalmente aceptaría los resultados de empleos directos de cualquier metodología aceptable, independientemente de si los parámetros de la estimación potencialmente incluyen empleados fuera de la nueva empresa comercial o de la entidad generadora de empleo. Además, si los empleos que se estima se crearán son generados por actividad de construcción que dura menos de 2 años, (página impresa 40707) el inversionista puede satisfacer hasta el 75 por ciento del requisito de creación de empleo con empleos que se estima se crearán de manera indirecta, y cualquier empleo que se estime crear directamente se prorrateará con base en la duración de la actividad de creación de empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.407(e)(3)(ii). Conforme a esta regla propuesta, el centro regional tendría que establecer que su oferta de inversión particular creará una cantidad suficiente de empleos calificados para el número total de inversionistas buscados para esa oferta de inversión en particular, mediante la presentación de un análisis de impacto económico (EIA) que estime la creación de empleo vinculada a la actividad de creación de empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.421(b). El EIA tendría que ser económica y estadísticamente válido y transparente, de modo que USCIS pudiera validar la información proporcionada. Ídem.

Adicionalmente, los inversionistas de centros regionales pueden basarse en una metodología económica y estadísticamente válida y transparente para establecer los requisitos de creación de empleo utilizando los empleos que se estima serán creados por los posibles inquilinos que ocuparán bienes raíces comerciales creados o mejorados mediante inversiones de capital, si dichos empleos no son empleos existentes que hayan sido o vayan a ser reubicados. INA sec. 203(b)(5)(E)(v)(II)(aa), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(v)(II)(aa). USCIS anteriormente permitía que este tipo de empleos sirvieran para establecer una creación de empleo suficiente cuando el inversionista invertía en una nueva empresa comercial asociada con un centro regional.[64] USCIS posteriormente revocó esta política en 2018 y actualizó su Manual de Políticas para reflejar el cambio, debido a que USCIS determinó que las metodologías de ocupación por inquilinos daban lugar a una conexión o nexo entre la inversión y los empleos que resultaba demasiado tenue.[65] La INA ahora permite explícitamente, y el DHS propone incluir en esta regla, que un centro regional pueda basarse en estas metodologías como suficientes para establecer la creación de empleo, siempre que los empleos no sean empleos existentes que hayan sido o vayan a ser reubicados. Véase el propuesto 8 CFR 204.407(e). Un centro regional incluiría dicha metodología en su solicitud de proyecto para que USCIS la revise antes de que cualquier inversionista del centro regional pueda basarse en las estimaciones de creación de empleo para obtener la aprobación de su petición de visa de inmigrante EB-5. Véase el propuesto 8 CFR 204.421(b).

Si bien la INA permite que un centro regional establezca una creación de empleo suficiente en su proyecto mediante el uso de metodologías económica y estadísticamente válidas, el DHS propone que un centro regional no pueda basarse en un modelo económico que utilice el gasto de los visitantes como insumo para demostrar los empleos calificados. Véase el propuesto 8 CFR 204.407(e)(3)(iv). El gasto de los visitantes pretende calcular empleos con base en el aumento del gasto adicional de visitantes y turistas a causa del proyecto EB-5 subyacente. Un ejemplo es el aumento del gasto fuera del sitio en restaurantes, entretenimiento y medios de transporte que supuestamente surge de la construcción de un nuevo hotel. El DHS considera que el vínculo causal entre el gasto de los visitantes y un proyecto EB-5 no puede demostrarse mediante modelos económicos. Las técnicas de modelado, tales como los modelos tradicionales de insumo-producto y la regresión, no pueden delimitar la parte del aumento del gasto de los visitantes atribuible a un proyecto EB-5, en contraposición a otras fuentes o causas.

Además, el DHS propone en esta regla eliminar el uso del financiamiento puente reembolsado con capital de inversión EB-5 como base para demostrar la creación de empleo en el programa EB-5. Véase el propuesto 8 CFR 204.407(e)(1) ("Los empleos atribuibles a cualquier financiamiento reembolsado con capital de inversión EB-5 no podrán reclamarse como empleos creados por dicho capital de inversión EB-5.").

Como se explicó anteriormente, conforme a la sección 203(b)(5) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5), un inversionista inmigrante debe invertir capital en una nueva empresa comercial que beneficiará a la economía de los Estados Unidos mediante la creación de empleos calificados. El DHS históricamente ha permitido que los inversionistas y sus empresas comerciales nuevas asociadas reciban crédito por los empleos creados mediante financiamiento provisional, temporal o puente [66] que posteriormente es reemplazado por capital EB-5. Véase el Manual de Políticas de USCIS, Parte G, Vol. 6, Cap. 2; véase también el Memorando de Política de Adjudicaciones EB-5 de USCIS, de fecha 30 de mayo de 2013, PM-602-0082 (reemplazado por la publicación de la política consolidada de EB-5 en el Manual de Políticas de USCIS el 30 de noviembre de 2016).[67]

La RIA no abordó explícitamente el uso del financiamiento puente en el programa EB-5. Sin embargo, la RIA modificó el requisito de creación de empleo de la INA para disponer ahora que un inversionista debe demostrar que la nueva empresa comercial en la que invirtió no solamente beneficie a la economía de los Estados Unidos "y" cree empleo calificado, sino que debe beneficiar a la economía de los Estados Unidos "mediante" la creación de dicho empleo. Véase INA sec. 203(b)(5)(A)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(A)(ii). Aunque no se aborda directamente en ningún historial legislativo relacionado, el DHS interpreta esta enmienda estatutaria en el sentido de que el Congreso quiso asegurar un nexo más estrecho entre la inversión del extranjero en la nueva empresa comercial y los empleos resultantes. Por lo tanto, el DHS considera que su administración histórica del financiamiento puente ya no implementa de la mejor manera la disposición estatutaria, tal como fue enmendada por la RIA.

Además, el DHS ha encontrado dificultades en el pasado para adjudicar de manera consistente las peticiones y solicitudes que buscan utilizar financiamiento puente debido a su variabilidad en el uso y la falta de normas definidas. Por ejemplo, los solicitantes han intentado caracterizar préstamos con vencimiento de hasta 10 años o más como financiamiento puente debido a que posteriormente fue reemplazado por capital EB-5.

Si bien el DHS propone en esta regla eliminar el uso del financiamiento puente reembolsado con capital de inversión EB-5 como base para demostrar la creación de empleo en el programa EB-5, el DHS también está solicitando comentarios sobre opciones alternativas a la eliminación del uso del financiamiento puente, en reconocimiento de que puede haber usos creíbles del financiamiento puente en el programa EB-5. Más recientemente, el DHS ha determinado que las solicitudes de proyecto del Formulario I-956F presentadas después de la promulgación de la RIA generalmente presentan usos más creíbles y realistas del financiamiento puente, lo que a su vez presenta proyectos más creíbles que tienen una mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, los proyectos que ya han iniciado la construcción y han obtenido los permisos para continuar la construcción con base en financiamiento puente generalmente son más creíbles en cuanto a su capacidad de atraer inversión adicional a fin de completar el proyecto y crear empleo calificado. Por lo tanto, el DHS consideró alternativas para abordar estas dificultades de adjudicación que ha enfrentado en el pasado con respecto al financiamiento puente (página impresa 40708), considerando también el uso del financiamiento puente a la luz de esta enmienda legal. Específicamente, el DHS está solicitando comentarios públicos para abordar el uso del financiamiento puente en el programa EB-5 a través de una de estas opciones: (1) eliminar el uso del financiamiento puente en el programa EB-5 al ya no permitir que ningún empleo creado por financiamiento puente sea acreditado a los inversionistas EB-5 cuyas inversiones de capital se utilizan para reembolsar y reemplazar dicho financiamiento puente, o (2) restringir el uso del financiamiento puente en el programa EB-5 para demostrar suficientemente un nexo entre los empleos creados por cualquier financiamiento puente y el capital EB-5 utilizado para reembolsar el financiamiento puente, como por ejemplo al exigir que cualquier financiamiento puente tenga una fecha de vencimiento limitada [68] y al limitar el monto permitido para el financiamiento puente hasta un cierto porcentaje de los costos totales del proyecto.[69] En particular, el DHS está interesado en recibir comentarios del público respecto de estas propuestas específicas para respaldar limitaciones en el período de vencimiento y limitaciones en el monto del financiamiento puente.

El DHS propone aclarar y actualizar las disposiciones reglamentarias relativas a la evidencia inicial requerida que debe acompañar a una petición de visa de inmigrante EB-5. Las disposiciones actuales en 8 CFR 204.6(j) (20 de noviembre de 2019) contienen, además de los requisitos probatorios, ciertas disposiciones sustantivas de elegibilidad que son más adecuadas como disposiciones independientes, separadas de los requisitos probatorios. En esta regla, el DHS trasladaría estas disposiciones de elegibilidad a 8 CFR 204.407 y las ha analizado en las secciones anteriores.

Esta norma propuesta establecería entonces los requisitos probatorios en 8 CFR 204.408. Los inversionistas independientes estarían obligados a presentar la totalidad de las pruebas iniciales señaladas en el 8 CFR 204.408(b) a (g) propuesto, mientras que los inversionistas de centros regionales estarían obligados a presentar las pruebas iniciales señaladas en el 8 CFR 204.408(b) a (d) propuesto y cumplirían con los requisitos probatorios restantes mediante su asociación con la solicitud de proyecto del centro regional correspondiente al proyecto en el que hayan invertido. Véase el 8 CFR 204.408 propuesto. Es importante señalar que un inversionista de centro regional no tendría que presentar ninguna de las pruebas iniciales que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ya hubiera revisado con la solicitud de proyecto del centro regional. Antes del establecimiento, por parte de la RIA, de un proceso de solicitud de proyecto, cada inversionista de centro regional en una nueva empresa comercial debía presentar documentación a nivel de proyecto para establecer su elegibilidad, lo que resultaba en que USCIS tuviera que revisar las mismas pruebas en múltiples ocasiones. Si USCIS determinaba que las pruebas eran insuficientes, USCIS solicitaba pruebas adicionales a cada inversionista de centro regional. Dado que las pruebas correspondían al nivel de proyecto, es probable que el inversionista tuviera que coordinar con el centro regional para proporcionar una respuesta. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone codificar su práctica posterior a la RIA, según la cual, con el establecimiento de una solicitud de proyecto, USCIS revisará las pruebas a nivel de proyecto durante la adjudicación de la solicitud de proyecto y se comunicará directamente con el centro regional si se determina que alguna prueba es insuficiente. Una vez que se resuelvan los problemas a nivel de proyecto y USCIS adjudique la solicitud de proyecto, USCIS se basaría entonces en esa adjudicación para determinar la elegibilidad de un inversionista de centro regional en relación con los requisitos a nivel de proyecto, tales como la creación de empleo y si la inversión se encuentra en un área de alto desempleo.

El DHS propone eliminar los requisitos actuales establecidos en el 8 CFR 204.6(h) (20 de noviembre de 2019) y en el 8 CFR 204.6(j)(1) (20 de noviembre de 2019), los cuales exigen pruebas para demostrar que el inversionista inmigrante ha establecido la nueva empresa comercial en los Estados Unidos, y en el 8 CFR 204.6(j)(5) (20 de noviembre de 2019), que exige pruebas para demostrar que el inversionista inmigrante está o estará involucrado en la nueva empresa comercial mediante el ejercicio de control gerencial cotidiano o mediante la formulación de políticas. El fundamento original de estas disposiciones fue el requisito legal de que el inversionista inmigrante estableciera y participara en una nueva empresa comercial. Véase la Sección 121(b)(5)(A) a (B)(i) de la IMMACT90, Ley Pública 101-649, 104 Stat. 4978, 4989-90 (29 de noviembre de 1990). En 2002, el Congreso eliminó el requisito de que un inversionista inmigrante estableciera la nueva empresa comercial. Véase la Sección 11036 de la Ley de Autorización de Asignaciones del Departamento de Justicia del Siglo XXI, Ley Pública 107-273, 116 Stat. 1758, 1846 (2 de noviembre de 2002). El DHS considera que la RIA, en su estructura y composición generales, prevé y permite una inversión en gran medida pasiva en la nueva empresa comercial por parte del inversionista inmigrante. Teniendo en cuenta estos cambios legales, el DHS propone eliminar las disposiciones citadas anteriormente relativas a los requisitos probatorios para el establecimiento de, y la participación en, una nueva empresa comercial por parte del inversionista inmigrante, y aclarar que el inversionista inmigrante debe presentar pruebas iniciales de que ha invertido capital en una nueva empresa comercial ya establecida. Véase el 8 CFR 204.408(c) y (e) propuesto; véase también el 8 CFR 204.421(a).

El DHS señala que esta norma eliminaría el Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo, de la lista de pruebas proporcionada en los reglamentos y lo sustituiría por “formularios de verificación de elegibilidad de empleo”. Véase el 8 CFR 204.408(f)(2)(i) propuesto. Sin embargo, el DHS continuaría esperando que el Formulario I-9 sea el formulario principal utilizado para la verificación de elegibilidad de empleo, pero está modificando la terminología utilizada en el texto reglamentario para continuar actualizando los reglamentos de USCIS a fin de dejar de depender de números de formularios que están sujetos a cambios.

El DHS da la bienvenida a los comentarios públicos sobre los tipos de pruebas que pueden proporcionarse para establecer la elegibilidad respecto de cualquiera de los motivos de elegibilidad particulares.

La INA, en su versión modificada por la RIA, permite a los inversionistas inmigrantes modificar su petición de visa de inmigrante EB-5 pendiente o aprobada en determinadas circunstancias. Sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M). Esta norma propuesta permitiría a los inversionistas inmigrantes modificar su petición de visa de inmigrante EB-5 cuando:

1. Existe un cambio material que afecta la elegibilidad del inversionista inmigrante;

2. USCIS termina el centro regional asociado del inversionista inmigrante; o

3. USCIS inhabilita la nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo asociada del inversionista inmigrante (página impresa 40709). Véase el 8 CFR 204.410(a) propuesto.

Es importante señalar que, de conformidad con la INA, un inversionista inmigrante no podría enmendar su petición de visa de inmigrante EB-5 si la enmienda constituye un intento de corregir una deficiencia que existía al momento de la presentación (por ejemplo, si USCIS deniega la solicitud del proyecto del centro regional en la que se basa la petición de visa de inmigrante EB-5 del inversionista, y el inversionista busca otra inversión). Véase la sección 204(a)(1)(H)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1154(a)(1)(H)(ii); véase también el 8 CFR 204.410(a) propuesto. Asimismo, una enmienda no podría utilizarse para enmendar una petición denegada ni para enmendar una petición en la que USCIS haya revocado la aprobación. Id.

USCIS generalmente considera que un cambio es material "si las circunstancias modificadas tendrían una tendencia natural a influir o son capaces de afectar de manera previsible la decisión". [70] De conformidad con la INA, es probable que los cambios materiales a un proyecto ahora queden cubiertos por una enmienda a la solicitud del proyecto del centro regional y posteriormente se incorporen a la petición de visa de inmigrante EB-5 de un inversionista. Véase la sección 203(b)(5)(F)(iii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(iii); la sección 204(a)(1)(H)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1154(a)(1)(H)(ii); el 8 CFR 204.410(b)(1) propuesto. Un inversionista independiente también podría enmendar su petición de visa de inmigrante EB-5 para modificar aspectos del plan de negocios, siempre que el plan de negocios fuera creíble al momento de su presentación. Véase el 8 CFR 204.410(b)(2) propuesto. En caso de que el inversionista deba invertir capital adicional para conservar su elegibilidad, el inversionista tendría que presentar una enmienda para establecer que cualquier capital de inversión adicional es lícito conforme al 8 CFR 204.407(c) propuesto. Véase el 8 CFR 204.410(b)(1) y (2) propuesto. Cualquier cambio en la fuente de capital del inversionista seguiría considerándose un cambio material y daría lugar a que USCIS deniegue la solicitud de enmienda. Id. En tal situación, al inversionista no se le impediría presentar una nueva petición de visa de inmigrante EB-5, a menos que el inversionista tenga prohibida la participación en el programa EB-5. Id. Además, si un inversionista independiente aún no ha invertido la totalidad del monto de capital cuando expire la designación de un área de alto desempleo, el inversionista independiente tendría que presentar una enmienda para solicitar una prórroga o modificación de la designación de alto desempleo, ya sea porque la designación expira o porque la nueva empresa comercial realiza principalmente negocios en una nueva ubicación. Véase el 8 CFR 204.410(b)(2) propuesto. Dado que no sería necesaria una prórroga siempre que el inversionista independiente invierta la totalidad del monto de capital requerido durante el período de designación, el DHS no espera que esta situación se presente con mucha frecuencia para los inversionistas independientes, pero contempla esta posibilidad en la presente norma propuesta para garantizar claridad respecto de la responsabilidad del inversionista independiente en caso de que dicha situación llegara a surgir.

La RIA (Ley de Integridad y Responsabilidad para Inversionistas EB-5, por sus siglas en inglés) modificó la INA para otorgar al Secretario autoridad específica para suspender a centros regionales y partes asociadas en determinadas circunstancias. Véase la secc. 203(b)(5)(G)(iii)(II)(bb) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii)(II)(bb); secc. 203(b)(5)(H)(iv) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iv); secc. 203(b)(5)(I)(iv) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(I)(iv); secc. 203(b)(5)(K)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K)(ii). El DHS está codificando cuándo USCIS puede suspender a un centro regional, una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo. Véase el propuesto 8 CFR 204.431. Conforme a esta norma propuesta, USCIS podría suspender a una entidad de su participación en el programa EB-5 ya sea en su totalidad o limitándola a ciertas actividades relacionadas con el EB-5, y especificaría los detalles de cualquier suspensión conforme al propuesto 8 CFR 204.431(d)(3). Dado que una suspensión no equivaldría a la terminación de la designación de un centro regional ni a la inhabilitación de la participación de una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo, un inversionista no necesariamente tendría que modificar su petición de visa de inmigrante EB-5 si la suspensión no afecta su elegibilidad para una visa de inmigrante EB-5. En consecuencia, una suspensión no activaría por sí sola las protecciones que otorga la sección 203(b)(5)(M) de la INA, las cuales están condicionadas a la terminación de la designación de un centro regional o a la inhabilitación de la participación de una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo en el programa EB-5.

La RIA estableció nuevas protecciones para los inversionistas inmigrantes que invirtieron de buena fe en un centro regional o una nueva empresa comercial y cuyo centro regional, nueva empresa comercial o entidad generadora de empleo es terminado o inhabilitado, según corresponda, de su participación en el Programa de Centros Regionales. Secc. 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M). Esta nueva disposición brinda a los inversionistas inmigrantes la oportunidad de conservar su elegibilidad tanto para su petición de visa de inmigrante EB-5 como para su petición de remoción de las condiciones de su residencia, incluso si su centro regional, nueva empresa comercial o entidad generadora de empleo es terminado o inhabilitado en cualquier momento desde la presentación de la petición de visa de inmigrante EB-5 y durante todo el período de su estatus de residente permanente condicional. Secc. 203(b)(5)(M)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(i).

Para seguir siendo elegible, en caso de terminación del centro regional del inversionista, la nueva empresa comercial del inversionista tendría que asociarse con un centro regional aprobado, o el inversionista tendría que realizar una inversión calificada en otra nueva empresa comercial que se encuentre en buen estado dentro de los 180 días posteriores a la terminación del centro regional. INA sec. 203(b)(5)(M)(ii)(I), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(ii)(I). En caso de inhabilitación de la nueva empresa comercial del inversionista o de la entidad generadora de empleo, según corresponda, el inversionista tendría que asociarse con una nueva empresa comercial que se encuentre en buen estado e invertir cualquier capital adicional necesario para satisfacer los requisitos de creación de empleo pendientes. INA sec. 203(b)(5)(M)(ii)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(ii)(II). En cualquiera de los dos casos, USCIS notificaría a los inversionistas afectados sobre la terminación de la designación de su centro regional o la inhabilitación de su nueva empresa comercial o entidad generadora de empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.410(c) y (d). Dentro de los 180 días posteriores a recibir la notificación de la terminación del centro regional o de la inhabilitación de la nueva empresa comercial o entidad generadora de empleo, el inversionista afectado tendría que presentar una enmienda a su petición de visa de inmigrante EB-5, ya sea que esté pendiente o aprobada. Véase la propuesta 8 CFR 204.410(e)(2). De conformidad con los requisitos legales relacionados en las secciones 203(b)(5)(E) y 204(a)(1)(H)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E) y 1154(a)(1)(H)(i), el DHS propone que un inversionista de centro regional que busque trasladar o reasociar su inversión con una nueva empresa comercial diferente tendría que buscar una nueva empresa comercial que participe en el Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta 8 CFR 204.410(c) y (d). El DHS consideró permitir que un inversionista de centro regional buscara cualquier nueva empresa comercial independientemente de su asociación con un centro regional designado, pero el inversionista de centro regional se convertiría entonces en un inversionista independiente y no habría una base legal para reclamar ningún empleo indirecto previamente creado según lo dispuesto (página impresa 40710) en la sección 203(b)(5)(E) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E), ni tal permiso se alinearía con el requisito relacionado bajo la sección 204(a)(1)(H)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1154(a)(1)(H)(i), que especifica que las peticiones de clasificación basadas en inversión conjunta presentadas en o después de la promulgación de la RIA deben presentarse de conformidad con la sección 203(b)(5)(E) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E). Como resultado, tal permiso no solo estaría desalineado con otras autoridades legales aplicables, sino que también haría que establecer la elegibilidad fuera mucho más difícil y costoso para un inversionista de centro regional, incluso si fuera legalmente permisible. Además, permanecer dentro del Programa de Centros Regionales ayuda a garantizar la integridad continua del programa EB-5 e implementar los objetivos de la RIA.

Para los inversionistas cuyo centro regional, nueva empresa comercial o entidad generadora de empleo sea terminado o inhabilitado, el DHS propone que, en el momento de la notificación al inversionista sobre la terminación o inhabilitación, si el monto de capital requerido del inversionista ha permanecido invertido durante al menos dos años y la nueva empresa comercial ha creado el número requerido de empleos, no sea necesario que el inversionista se reasocie o realice una nueva inversión calificada bajo la sección 203(b)(5)(M)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(ii), para mantener la elegibilidad para la clasificación bajo la sección 203(b)(5) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5), o para la eliminación de condiciones. Véase la propuesta 8 CFR 204.410(e)(3). Sin embargo, si en el momento de la notificación al inversionista sobre la terminación o inhabilitación, el monto de capital requerido del inversionista aún no había permanecido invertido durante al menos dos años o la nueva empresa comercial aún no había creado el número requerido de empleos, el inversionista de todas formas podría intentar conservar su elegibilidad mediante las protecciones de la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), y podría reasociarse o realizar una nueva inversión calificada de conformidad con los procedimientos establecidos por esta regla para hacerlo, a fin de demostrar elegibilidad continua.

La INA reduce el monto de inversión requerido para la inversión en una TEA (área con necesidad de impulso económico, por sus siglas en inglés), que incluye un área rural y un área de alto desempleo. INA sec. 203(b)(5)(C)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(ii). Además del monto de inversión reducido, la RIA agregó nuevas disposiciones a la INA que reservan el 20 por ciento de las visas EB-5 disponibles anualmente (o aproximadamente 1,988 en un año típico) para inversiones en áreas rurales y el 10 por ciento de las visas EB-5 disponibles anualmente (o aproximadamente 994 en un año típico) para inversiones en áreas de alto desempleo. Cualquier visa reservada para cada área que no se utilice al final del año fiscal se reserva para la misma área durante un año fiscal adicional. INA sec. 203(b)(5)(B)(i)(II)(aa), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(i)(II)(aa). Cualquier visa reservada que no se utilice durante un segundo año se libera en el tercer año fiscal al monto total de visas EB-5 no reservadas disponibles para inversionistas que no invierten en un área rural o un área de alto desempleo o un proyecto de infraestructura (que se analiza más adelante). INA sec. 203(b)(5)(B)(i)(II)(bb), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(i)(II)(bb).

Para establecer la inversión en un área rural, un centro regional o un inversionista independiente, según corresponda, tendría que presentar un mapa del área propuesta junto con los recuentos de población de esa área para asegurar que el área identificada cumple con la definición de área rural. Véase el propuesto 8 CFR 204.408(g). Como se analiza en la Sección IV.B. de este preámbulo, un área rural es cualquier área que esté fuera de un MSA estándar (área estadística metropolitana, por sus siglas en inglés) según lo designado por la Oficina de Administración y Presupuesto y que también esté fuera del límite de cualquier ciudad o pueblo con una población de 20,000 o más habitantes según el censo decenal más reciente de los Estados Unidos. Véase el propuesto 8 CFR 204.401, Área rural. Los inversionistas de centros regionales no tendrían que presentar evidencia de que su inversión se encuentra dentro de un área rural, más allá de verificar su inversión en una nueva empresa comercial para la cual un centro regional haya presentado una solicitud de proyecto. Véase el propuesto 8 CFR 204.408(a).

Anteriormente, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) permitía que entidades gubernamentales estatales designaran ciertas áreas de alto desempleo y proporcionaran la evidencia aplicable a un inversionista inmigrante para su presentación ante USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) de que el área calificaba como un área de alto desempleo conforme a la sección 203(b)(5) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5). En 2019, el DHS revisó el 8 CFR 204.6 en la Regla de Modernización de EB-5 para realizar cambios a la definición de un área de alto desempleo, eliminando las determinaciones de las entidades gubernamentales estatales del proceso de designación y, en su lugar, limitando la autoridad para realizar una determinación de un área de alto desempleo a USCIS con base en la definición proporcionada en el reglamento. Véase 84 FR 35750, 35808 (24 de julio de 2019). El 26 de marzo de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anuló la Regla Final de Modernización de EB-5 por motivos procesales, eliminando el efecto de los cambios realizados al 8 CFR 204.6.[71] La INA, según fue enmendada por la RIA, ahora otorga exclusivamente al DHS la determinación de TEA. INA sec. 203(b)(5)(B)(ii)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii)(II). El DHS propone que USCIS designaría un área como un área de alto desempleo durante la adjudicación de la solicitud de proyecto del centro regional, o durante la adjudicación de la petición de visa de inmigrante EB-5 de un inversionista independiente, según corresponda. Véase el propuesto 8 CFR 204.402(c). Los inversionistas de centros regionales no tendrían que presentar evidencia de que su inversión se encuentra dentro de un área de alto desempleo, más allá de verificar su inversión en una nueva empresa comercial para la cual un centro regional haya presentado una solicitud de proyecto. Véase el propuesto 8 CFR 204.408(a).

La INA dispone que un área de alto desempleo puede consistir en un sector censal o sectores censales contiguos en los que la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades (el o los “sectores del proyecto”) si el promedio ponderado de la tasa de desempleo [72] para el sector o los sectores es al menos 150 por ciento superior al promedio nacional. INA secc. 203(b)(5)(B)(ii)(I)(bb), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii)(I)(bb). Véase la propuesta 8 CFR 204.402(a). Si el o los sectores del proyecto no califican de manera independiente conforme a este análisis, una TEA de alto desempleo también puede consistir en el o los sectores del proyecto, junto con cualquiera o todos los sectores adicionales que sean directamente adyacentes al o a los sectores del proyecto, siempre que el promedio ponderado de la tasa de desempleo de todos los sectores en el área identificada sea al menos 150 por ciento del promedio nacional, comparado utilizando la misma medida de empleo de la fuerza laboral para el o los sectores censales y la tasa promedio nacional. Véase la propuesta 8 CFR 204.402(a) y (b).

La Figura 1 ilustra cómo aplicar las limitaciones. El sector con la estrella (6) y rodeado por la línea discontinua representa el sector del proyecto donde la nueva empresa comercial realiza principalmente sus actividades. El área delimitada por la línea negra continua contiene todos los sectores que son directamente adyacentes al sector del proyecto. Conforme a la nueva definición estatutaria, el sector con la estrella (6) puede calificar de manera independiente para la designación como área de alto desempleo ( página impresa 40711). Si no califica, ese sector combinado con cualquiera o todos los sectores adicionales dentro de la línea negra continua (4, 5, 7, 10, 11 y 30) puede calificar para la designación como área de alto desempleo si el promedio ponderado de la tasa de desempleo de toda el área propuesta no es inferior al 150 por ciento de la tasa promedio nacional, comparado utilizando la misma medida de empleo de la fuerza laboral para el o los sectores censales y la tasa promedio nacional.

Como se ilustra en la Figura 1, los sectores pueden considerarse directamente adyacentes al sector del proyecto si sus límites se tocan en una esquina, como es el caso del número 4 en relación con el número 6. Adicionalmente, los límites de los sectores censales pueden encontrarse en una vía navegable, como el número 30 en relación con el número 6. Si los límites de los sectores censales se encuentran en esa vía navegable, los sectores se consideran directamente adyacentes. Sin embargo, si la vía navegable es en sí misma un sector censal, entonces el sector ubicado al otro lado de dicha vía navegable no es directamente adyacente al sector del proyecto. Por ejemplo, en la Figura 2, que muestra dos de las islas hawaianas en el condado de Kauai, el sector 412 (a la izquierda y rodeado por el sector 9902) no es directamente adyacente al sector 409 (a la derecha y rodeado por el sector 9901). Reconociendo que cada uno de estos sectores censales en particular calificaría de manera independiente como área rural con base en los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) de 5 años de 2021, la Figura 2 se utiliza con fines ilustrativos para los casos en que un sector censal separado por un cuerpo de agua que tiene su propio número de sector censal no sería directamente adyacente a otro sector.

( página impresa 40712)

El DHS propone que los inversionistas independientes y los centros regionales que soliciten la designación de su inversión o proyecto como una entidad que realiza principalmente sus negocios en un área de alto desempleo deben presentar, junto con su petición de visa de inmigrante EB-5 o su solicitud de proyecto, según corresponda, una lista de los sectores censales (census tracts) que conforman el área propuesta y las estadísticas de desempleo del área para la cual se solicita la designación, junto con el método o métodos mediante los cuales se obtuvieron dichas estadísticas de desempleo. Véase el propuesto 8 CFR 204.408(g)(2) y el propuesto 8 CFR 204.421(c)(2). El DHS propone además que las estadísticas de desempleo utilizadas para realizar el cálculo deben ser estadísticamente válidas para los sectores censales, utilizar estimaciones imparciales calculadas a nivel de sector censal, actualizarse periódicamente, ser proporcionadas por una agencia federal, y que la metodología de la encuesta, si la hubiera, debe utilizar datos disponibles públicamente junto con una descripción de las ponderaciones aplicables y la estimación del error y el sesgo en las estimaciones. Véase el propuesto 8 CFR 204.402(b). El DHS espera que, bajo este estándar, la mayoría de los inversionistas y centros regionales puedan basarse en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo [75] para realizar los cálculos necesarios y determinar, antes de la adjudicación por parte de USCIS, si un área calificaría como área de alto desempleo. Si bien el DHS no restringe a los inversionistas y centros regionales a utilizar únicamente los datos de la ACS, el DHS considera que establecer estos estándares para los datos aumentará la transparencia y permitirá a los inversionistas y centros regionales calcular de manera independiente, incluso antes de la presentación de la petición de visa de inmigrante EB-5 o de la solicitud de proyecto, que el área que han identificado para la inversión probablemente calificaría como un área de alto desempleo.

Al comparar el área identificada con la tasa promedio nacional, el peticionario o el centro regional, según corresponda, debe utilizar fuentes de datos coherentes entre las dos áreas. Por lo tanto, si la tasa de desempleo del área identificada se calcula utilizando, por ejemplo, datos de la ACS del año anterior, entonces la tasa de desempleo nacional también debe calcularse utilizando datos de la ACS del año anterior. Anteriormente, USCIS permitía una combinación de las Estadísticas Locales de Desempleo (LAUS) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y los datos de la ACS, comúnmente conocida como la “Metodología de Participación Censal” (Census Share Methodology). Esta metodología, por lo general, no produce estimaciones imparciales y estadísticamente válidas a nivel de sector censal. En consecuencia, la combinación de datos de LAUS y ACS no sería aceptada conforme a los requisitos propuestos del programa en lo relativo a la coherencia entre la tasa de desempleo y los datos a nivel de sector censal. Véase el propuesto 8 CFR 204.402(b). Por lo tanto, esta metodología no sería aceptada conforme a los requisitos propuestos.

Para calcular la tasa de desempleo promedio ponderada de un área utilizando los datos requeridos para la petición de visa de inmigrante EB-5 o la solicitud de proyecto (es decir, una lista de los sectores censales que conforman el área propuesta, las estadísticas de desempleo del área y el método mediante el cual se obtuvieron dichas estadísticas de desempleo), primero se debe dividir la fuerza laboral de cada sector censal entre la fuerza laboral de toda el área cuya designación se solicita. Luego, se debe multiplicar esta cifra por la tasa de desempleo de ese sector censal específico. La cifra resultante es la tasa de desempleo ponderada para cada sector censal individual. La tasa de desempleo ponderada total es la suma de las tasas de desempleo ponderadas de cada sector censal dentro del área cuya designación se solicita. Si la tasa de desempleo ponderada total (página impresa 40713) es al menos el 150 por ciento de la tasa de desempleo nacional, al compararse utilizando la misma medida de empleo de la fuerza laboral para el o los sectores censales y la tasa promedio nacional, entonces el área del proyecto calificaría como un Área Objetivo de Empleo (TEA) de alto desempleo.

Conforme a esta norma propuesta, USCIS no designaría ni identificaría de manera proactiva las áreas que puedan calificar como un área de alto desempleo. USCIS se basaría en el inversionista independiente o en el centro regional, según corresponda, para que proporcione los datos que respalden la alegación de una inversión en un área de alto desempleo. Los datos proporcionados para establecer un área de alto desempleo variarían según el tipo de inversionista que solicite la designación. En el caso de un inversionista independiente que busque invertir en un área de alto desempleo, USCIS revisaría todos los datos proporcionados cuando el inversionista presente su petición de visa de inmigrante EB-5 para determinar si el área identificada cumple con los requisitos de un área de alto desempleo. En el caso de un inversionista de centro regional que busque invertir en un área de alto desempleo, USCIS revisaría todos los datos proporcionados por el centro regional cuando este presente su solicitud de proyecto. En cualquiera de los casos, la designación de un área de alto desempleo no podría solicitarse a USCIS sino a través de la adjudicación de una solicitud de proyecto o de una petición de visa de inmigrante EB-5. Véase el 8 CFR 204.402(c) propuesto. Aunque USCIS actualmente no está en condiciones de designar de manera proactiva áreas como áreas de alto desempleo ni de proporcionar orientación al público sobre las áreas que calificarían como áreas de alto desempleo, USCIS puede, a su discreción, publicar orientación adicional o mapas para ayudar a un centro regional o a un inversionista independiente que busque una inversión en un área de alto desempleo. Es importante destacar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que las normas establecidas en la INA y en esta norma propuesta proporcionan a un centro regional o a un inversionista independiente pautas claras que permiten a cualquier persona que busque una inversión en un área de alto desempleo determinar de manera confiable si su inversión estaría dentro de un área de alto desempleo.

Si USCIS aprueba la petición de visa de inmigrante EB-5 de un inversionista independiente para una inversión en un área de alto desempleo, el área identificada se considera un área de alto desempleo durante 2 años a partir de la fecha en que el inversionista independiente realizó su inversión. Véase el 8 CFR 204.402(d) propuesto. Una vez aprobada, USCIS prorrogaría entonces la designación inicial por 2 años a partir de la fecha del aviso de aprobación. Véase el 8 CFR 204.402(e)(1) propuesto.

Si USCIS aprueba una solicitud de proyecto, entonces el área identificada se considera un área de alto desempleo para los inversionistas de centros regionales asociados durante 2 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de proyecto. Véase el 8 CFR 204.402(d) propuesto. Una vez aprobada, si USCIS determina que el área continúa calificando como un área de alto desempleo, USCIS prorrogaría entonces la designación inicial por 2 años a partir de la fecha del aviso de aprobación. Véase el 8 CFR 204.402(e)(1) propuesto.

El DHS considera que otorgar prórrogas iniciales de 2 años a partir de la fecha de la adjudicación es importante para garantizar que se haga efectivo el período de validez de 2 años y para permitir que las inversiones continúen sin necesidad de una solicitud de renovación inmediata. Si bien el DHS prevé que USCIS adjudicará estas presentaciones lo más rápido posible, esta prórroga brindaría un nivel de certeza de que el área identificada se considerará un área de alto desempleo durante al menos dos años, en lugar de dos años menos el tiempo que la adjudicación permaneció pendiente.

Un inversionista de centro regional que haya invertido el monto total de su capital lícito en la nueva empresa comercial identificada en la solicitud de proyecto y presente su petición de visa de inmigrante EB-5 dentro de los 2 años a partir de la fecha en que el centro regional recibió el aviso de aprobación se consideraría que ha invertido en un área de alto desempleo designada como TEA y no necesitaría aumentar su inversión en caso de que la designación expire o de que el área ya no califique como un área de alto desempleo después de esos dos años. Asimismo, un inversionista independiente que haya invertido el monto total de su capital lícito en la nueva empresa comercial dentro de los dos años a partir de la aprobación de la petición de visa de inmigrante EB-5 y la renovación automática no necesitaría aumentar su inversión en caso de que la designación expire o de que el área ya no califique como un área de alto desempleo después de esos dos años.

Dentro de los 90 días previos a la finalización del período de designación de 2 años, un centro regional designado o un inversionista independiente, según corresponda, podrá solicitar la extensión de la designación si el centro regional continuará buscando nuevos inversionistas más allá de esos dos años o si el inversionista del centro regional o el inversionista independiente aún no ha invertido el monto total de capital antes del vencimiento de la designación. Véase la propuesta 8 CFR 204.402(e)(2). Si un inversionista del centro regional o un inversionista independiente no ha invertido el monto total del capital requerido dentro del período de designación de 2 años y la designación de un área de alto desempleo vence y no puede renovarse porque, por ejemplo, el área donde la nueva empresa comercial realiza principalmente sus negocios ya no califica como un área de alto desempleo, entonces el inversionista del centro regional o el inversionista independiente tendría que aumentar su inversión para cumplir con el monto mínimo de inversión conforme a la sección 203(b)(5)(C)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(i), y presentar una enmienda a su petición de visa de inmigrante EB-5 para establecer que cualquier capital adicional invertido es lícito. Si se solicita correctamente una extensión, la designación del área se extenderá durante la tramitación de la solicitud. Esto permitiría que un centro regional continúe solicitando inversionistas mientras USCIS revisa la solicitud de extensión. Si USCIS denegara la solicitud de extensión, los inversionistas captados durante la tramitación tendrían que aumentar su inversión para cumplir con los requisitos mínimos de capital. Por lo tanto, un centro regional debería procurar asegurar que cualquier proyecto en particular permanezca en un área de alto desempleo cuando continúe buscando inversiones al monto de inversión reducido más allá del período de designación, y si es así, procurar presentar una solicitud de extensión lo antes posible dentro del período de 90 días.

Es importante destacar que un inversionista del centro regional o un inversionista independiente que haya invertido el monto total del capital requerido en una nueva empresa comercial con una designación válida de área de alto desempleo en el momento de la inversión no necesitaría aumentar su inversión de capital únicamente porque la designación venza.

Si una nueva empresa comercial traslada la ubicación en la que realiza principalmente sus negocios, entonces el centro regional designado o el inversionista independiente no podrían presentar una solicitud de renovación y, en su lugar, tendrían que presentar una enmienda a la solicitud del proyecto o a la petición de visa de inmigrante EB-5, según corresponda. Véase la propuesta 8 CFR 204.402(e)(3) y la Sección IV.D.9 de este preámbulo.

La INA establece un monto de inversión requerido reducido si un inversionista invierte su capital en un proyecto de infraestructura. Véase la sección 203(b)(5)(C)(ii) de la INA (página impresa 40714), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(C)(ii). Además del monto de inversión reducido, la INA reserva el dos por ciento de las visas EB-5 disponibles anualmente (aproximadamente 198) para inversiones en proyectos de infraestructura que califiquen. Véase la sección 203(b)(5)(B)(i)(I)(cc) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(i)(I)(cc). Cualquier visa reservada para proyectos de infraestructura que permanezca sin utilizar al final del año fiscal se reserva para proyectos de infraestructura durante un año fiscal adicional. Véase la sección 203(b)(5)(B)(i)(II)(aa) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(i)(II)(aa). Cualquier visa reservada para proyectos de infraestructura que permanezca sin utilizar durante un segundo año se libera en el tercer año fiscal al monto total de visas EB-5 generalmente disponibles para todos los inversionistas EB-5. Véase la sección 203(b)(5)(B)(i)(II)(bb) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(i)(II)(bb).

Solo el DHS puede determinar si un proyecto califica como proyecto de infraestructura. Véase la sección 203(b)(5)(B)(iii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(iii). De conformidad con la práctica posterior a la RIA, el DHS propone que USCIS realice esta determinación al adjudicar la solicitud de proyecto del centro regional. Véase la propuesta 8 CFR 204.403(a). Es importante destacar que un inversionista independiente no es elegible para recibir una visa reservada para inversión en un proyecto de infraestructura. La definición de proyecto de infraestructura en la INA requiere que el proyecto de inversión sea administrado por una entidad gubernamental que sea la entidad generadora de empleo que contrata con un centro regional o una nueva empresa comercial para recibir inversión de capital bajo el Programa de Centros Regionales. Véase la sección 203(b)(5)(D)(iv) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(iv).

Si bien cualquier sector cuya utilidad para el público pueda establecerse puede calificar como un proyecto de infraestructura, el DHS generalmente espera que los proyectos de infraestructura que califiquen involucren el mantenimiento, mejora o construcción de cualquier activo físico diseñado para proporcionar o respaldar servicios al público en general a través de proyectos en sectores tales como los generalmente identificados por los estatutos, reglamentos y órdenes ejecutivas pertinentes, incluyendo aviación, banda ancha de internet, infraestructura de agua potable, transmisión de electricidad, producción y generación de energía, tuberías, puertos (incluyendo canales de navegación), infraestructura de aguas pluviales y alcantarillado, transporte de superficie (incluyendo carreteras, puentes, ferrocarriles y tránsito) y proyectos de recursos hídricos.[76]

Además de que el Congreso ahora proporciona un beneficio migratorio para la inversión extranjera en ciertos proyectos de infraestructura en los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe continuar asegurando que cualquier inversión extranjera a través del programa EB-5 se alinee con la obligación del DHS de garantizar la seguridad continua de la infraestructura más crítica de la nación.[77] En consecuencia, el DHS propone impedir que un centro regional, nueva empresa comercial o entidad generadora de empleo divulgue detalles críticos del proyecto a un inversionista de centro regional, a menos que dicha divulgación esté explícitamente autorizada por la agencia gubernamental que administra el proyecto de infraestructura. Véase la propuesta 8 CFR 204.434.[78] El DHS ha identificado 16 sectores de infraestructura crítica cuyos activos, sistemas y redes, ya sean físicos o virtuales, se consideran tan vitales para los Estados Unidos que su incapacitación o destrucción tendría un efecto debilitante en la seguridad, la seguridad económica nacional, la salud o seguridad pública nacional, o cualquier combinación de estas.[79] Dado que muchos de los proyectos que calificarían como un proyecto de infraestructura caen dentro de estos 16 sectores críticos, el DHS considera que esta prohibición es fundamental para la seguridad continua de los Estados Unidos, ya que la divulgación de cualquier información crítica a un inversionista extranjero podría tener consecuencias adversas para la seguridad continua de dicha infraestructura. Un centro regional, nueva empresa comercial o entidad generadora de empleo que divulgue dicha información puede estar sujeto a terminación o inhabilitación, según corresponda, del Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta 8 CFR 204.431, 8 CFR 204.432 y 8 CFR 204.434 y la sección IV.H de este preámbulo.

El DHS agradece los comentarios públicos sobre la definición de un proyecto de infraestructura, así como sobre los tipos de documentos que las entidades probablemente podrían proporcionar para establecer que su proyecto cumple con la definición de un proyecto de infraestructura.

Las regulaciones actuales permiten a un inversionista invertir en un negocio en dificultades y mantener el empleo actual en el negocio a un nivel no menor que el nivel previo a la inversión durante un período de al menos dos años para cumplir con el requisito estatutario de creación de empleo. Véase 8 CFR 204.6(j)(4)(ii) (20 de noviembre de 2019). Si bien el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) ni específicamente incluyó ni excluyó esta disposición, el DHS propone eliminar las disposiciones sobre negocios en dificultades de sus regulaciones. Históricamente, menos del uno por ciento de las peticiones recibidas por USCIS buscaban calificar mediante la inversión en un negocio en dificultades, y estas disposiciones típicamente no eran utilizadas por los inversionistas de centros regionales. Además, las disposiciones sobre negocios en dificultades no promueven la creación de empleo en el sentido de que la infusión de capital de un inversionista inmigrante no se utiliza realmente para crear nuevos empleos en los Estados Unidos. Finalmente, la definición actual considera la pérdida neta como un porcentaje del patrimonio neto, lo cual resulta impracticable para un negocio con un patrimonio neto negativo.

El DHS consideró mantener esta disposición en estas regulaciones propuestas. Específicamente, el DHS consideró incorporar índices contables que la industria financiera utiliza para evaluar la salud de un negocio, definiendo negocio en dificultades como un negocio que ha estado en existencia durante al menos dos años y cuyas declaraciones de impuestos más recientes o estados financieros auditados muestren: (1) un índice de liquidez inmediata (quick ratio) inferior a uno, calculado como el activo circulante menos el inventario dividido entre el pasivo circulante; (2) un índice de liquidez corriente (current ratio) inferior a dos, calculado como el activo circulante dividido entre el pasivo circulante; o (3) un índice de pasivo circulante sobre patrimonio neto, calculado como el pasivo circulante multiplicado por 100 y dividido entre el patrimonio neto, superior al 60 por ciento. Para efectos de determinar si el negocio en dificultades había estado en existencia durante dos años, se consideraría que los sucesores en interés del negocio en dificultades habían estado en existencia durante el mismo período que el negocio al cual sucedieron.

En última instancia, el DHS decidió que el uso limitado de esta disposición y la dificultad que enfrenta un inversionista para establecer que su nueva empresa comercial califica superaban la utilidad de mantener esta disposición. Es importante señalar que la eliminación de esta disposición (página impresa 40715) no afectaría a ningún inversionista que haya presentado su petición de visa de inmigrante EB-5 antes de la fecha de vigencia de esta regla, en caso de finalizarse, buscando calificar mediante una inversión en un negocio en dificultades; USCIS continuaría adjudicando dicha petición de visa de inmigrante EB-5 con base en el estatuto y las regulaciones vigentes al momento en que el inversionista presentó su petición de visa de inmigrante EB-5. Véase el 8 CFR 204.400 propuesto. Asimismo, cualquier inversionista que busque eliminar sus condiciones con base en las disposiciones relativas a negocios en dificultades continuaría pudiendo hacerlo, siempre que el inversionista pueda establecer su elegibilidad para eliminar las condiciones mediante la preservación de empleos. Véase el 8 CFR 216.6(d) propuesto.

La Ley de Integridad y Reforma del EB-5 (RIA, por sus siglas en inglés) derogó el estatuto autorizante anterior, codificó un Programa de Centros Regionales significativamente reformado dentro de la INA, y autorizó la emisión de visas de inmigrante a los inversionistas que participan en el programa hasta el 30 de septiembre de 2027. Véase la Ley Pública 117-103, División BB, sección 103 (2022); INA, sección 203(b)(5)(E)(i), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(i).

Creado originalmente como un programa piloto en 1992, con el tiempo el Programa de Centros Regionales se ha convertido en la principal vía por la cual los inversionistas extranjeros buscan obtener una visa de inmigrante EB-5. Más del 90 por ciento de las peticiones de visa de inmigrante EB-5 buscan establecer elegibilidad con base en una inversión a través de un centro regional designado. De hecho, desde su creación, el Programa de Centros Regionales representa más del 90 por ciento del capital de inversión recibido de inversionistas extranjeros que buscan una visa de inmigrante EB-5 y casi el 95 por ciento de los empleos creados por dichas inversiones.[80] Sin embargo, ni el DHS, ni el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) antes de él, revisaron de manera integral las regulaciones que implementan el Programa de Centros Regionales desde la publicación de las primeras regulaciones en 1993. Después de años de administrar el programa y de varias auditorías de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) [81] que identificaron inquietudes sobre fraude dentro del programa EB-5, el DHS reconoció la necesidad de reformar y modernizar el Programa de Centros Regionales para abordar las inquietudes persistentes sobre actividades fraudulentas y nefastas que ocurren dentro del Programa de Centros Regionales. En consecuencia, el DHS publicó un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación (ANPRM, por sus siglas en inglés) el 11 de enero de 2017, solicitando comentarios públicos sobre una variedad de cuestiones relacionadas con el Programa de Centros Regionales administrado bajo la autorización otorgada por la sección 610 de la Ley Pública 102-395. Si bien la RIA aborda directamente muchas de las preguntas sobre las cuales el DHS había solicitado previamente comentarios públicos, el DHS revisó los comentarios recibidos en dicho aviso para fundamentar varias de las propuestas incluidas en esta regla propuesta para el Programa de Centros Regionales bajo las nuevas disposiciones de la INA añadidas por la RIA.

Conforme a esta regla propuesta, cualquier entidad que solicite la designación como centro regional tendría que presentar el Formulario I-956, Solicitud de Designación de Centro Regional, de acuerdo con las instrucciones del formulario y con el pago de las tarifas correspondientes. Véase el 8 CFR 204.411 propuesto. La solicitud tendría que incluir una propuesta coherente con el propósito de concentrar la inversión conjunta dentro de un área geográfica definida, contigua y limitada. Véase el 8 CFR 204.412(a) propuesto. Si la propuesta no establece un área contigua y limitada, como se analiza con mayor detalle más adelante en esta sección, o no es probable que concentre con éxito las inversiones conjuntas, USCIS denegaría la solicitud. Ídem. Si la entidad establece su elegibilidad para la designación, USCIS aprobaría la solicitud, y la designación permanecería vigente hasta que el centro regional se retire del programa conforme al 8 CFR 204.416 o hasta que USCIS ponga fin a la designación conforme al 8 CFR 204.431(d)(4). Ídem. Las infracciones que pueden dar lugar a la terminación de la designación de un centro regional se analizan en la Sección IV.G.8 de este preámbulo.

Aunque la Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) no define el término “contigua”, el Black's Law Dictionary define el término como “en estrecha proximidad; en contacto cercano real; que toca; limitado o atravesado por”. [82] El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone añadir mayor especificidad a la definición para efectos del programa EB-5, a fin de aclarar que el área geográfica de un centro regional sería contigua si las áreas identificadas comparten un límite común o al menos un punto común, utilizando los límites legales reconocidos o establecidos por la Oficina del Censo de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau). Véase el 8 CFR 204.412(a)(1) propuesto. Esto incluiría los límites de un estado, territorio, condado y sector censal. Sin embargo, no incluiría las áreas de reporte censal que existen fuera de los confines de un límite geográfico físico, lo cual el DHS considera que es coherente con el lenguaje literal de “área geográfica contigua y limitada” que figura en la sección 203(b)(5)(E)(iii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iii). El DHS considera que esta aclaración es necesaria, ya que las partes interesadas han preguntado si un centro regional puede conectar áreas que no comparten un límite común pero que pueden estar económicamente vinculadas; por ejemplo, los estados de California y Hawái. Esta aclaración impediría esta situación, ya que la conexión económica requerida dentro del área designada de un centro regional es demasiado tenue cuando las dos áreas están separadas por más de 2,000 millas de océano. [83] El DHS consideró impedir la contigüidad cuando las áreas identificadas solo están conectadas por aguas internacionales. Sin embargo, esta definición habría impedido que una entidad estableciera un centro regional que abarcara, por ejemplo, el estado de Hawái, en el que claramente la conexión económica entre las islas del estado no está limitada por la distancia entre cada isla, aunque estén separadas por aguas internacionales. En consecuencia, el DHS propone utilizar los límites legales reconocidos o establecidos por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, lo cual incluye a los estados y territorios. [84] El DHS reconoce que esta definición impide que un centro regional conecte, por ejemplo, Puerto Rico con Florida o Puerto Rico con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, pero considera que esta definición proporciona la mayor claridad, en consonancia con el texto literal de la ley, a las entidades que buscan la designación como centro regional en cuanto a lo que USCIS consideraría como contiguo.

La contigüidad no es el único requisito previo para determinar un área de designación para un centro regional. La INA exige que una entidad que solicite la designación como centro regional ( printed page 40716) debe operar “dentro de un área geográfica definida, contigua y limitada” (énfasis añadido). INA sec. 203(b)(5)(E)(iii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iii). Por lo tanto, la entidad que solicite la designación también tendría que demostrar que el área geográfica del centro regional es limitada. Véase la propuesta 8 CFR 204.412(a). Un área se consideraría limitada si el centro regional demuestra que la actividad económica propuesta tendrá un impacto económico sustantivo en la totalidad del área propuesta. Véase la propuesta 8 CFR 204.412(a)(2). El centro regional tendría que incluir predicciones razonables, respaldadas por herramientas de pronóstico económica y estadísticamente válidas y transparentes, sobre el monto de la inversión que se agrupará, los tipos de empresas comerciales que recibirán dichas inversiones, los detalles de los empleos que se crearán directa o indirectamente como resultado de dichas inversiones, y otros efectos económicos positivos que tendrán las inversiones. Véase la propuesta 8 CFR 204.412(a).

Para cumplir con el requisito de que un área sea limitada, el DHS propone que la entidad debe demostrar que su actividad económica propuesta tendrá un impacto sustantivo en el área para la cual se solicita la designación. Véase la propuesta 8 CFR 204.412(a)(2). Un centro regional puede establecer impactos sustantivos demostrando que la actividad económica propuesta impactaría el área para la cual se solicita la designación a través de, por ejemplo, un(a):

La INA también exige que una entidad que solicite la designación como centro regional incluya en su propuesta una descripción de las políticas y procedimientos que están en vigor y razonablemente diseñados para monitorear sus nuevas empresas comerciales y cualquier entidad creadora de empleo asociada, afiliada o no, para garantizar el cumplimiento continuo de todas las leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas aplicables de los Estados Unidos, incluyendo todas las leyes de inmigración, penales, laborales y de valores, así como todas las leyes de valores del Estado donde se realizarán ofertas de valores, se brindará asesoría de inversión, o donde residan los oferentes o destinatarios de la oferta. INA secs. 203(b)(5)(E)(iii)(II) y (IV), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iii)(II) y (IV); INA sec. 203(b)(5)(G)(i)(VII), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(i)(VII). El DHS propone que una entidad que solicite la designación debe presentar evidencia de estas políticas y procedimientos. Véase la propuesta 8 CFR 204.413(g).

En su Aviso Anticipado de Reglamentación Propuesta (ANPRM, por sus siglas en inglés) de 2017, el DHS solicitó comentarios públicos sobre los requisitos de monitoreo y supervisión que deberían considerarse para la reglamentación. Específicamente, el DHS solicitó datos e información sobre métodos potenciales para garantizar un nivel apropiado de monitoreo y supervisión, incluyendo a través de certificaciones de los centros regionales, la presentación de información detallada sobre los esfuerzos de supervisión del centro regional respecto de sus nuevas empresas comerciales y entidades creadoras de empleo, y otros mecanismos de cumplimiento y aplicación. 82 FR 3211, 3215 (11 de enero de 2017). Un comentarista de ese ANPRM sugirió que los centros regionales deberían proporcionar una descripción de sus mecanismos de monitoreo y supervisión al solicitar una designación inicial y certificar que han cumplido con sus compromisos de monitoreo como parte de una presentación anual.[85] Otro comentarista de ese ANPRM sugirió que el centro regional proporcionara sus procedimientos de supervisión por escrito al solicitar la designación inicial, que abordarían cómo el centro regional proporcionaría debida diligencia, administración de fondos e informes financieros sobre cada proyecto, y luego certificara anualmente que el centro regional ha seguido sus políticas y procedimientos escritos con respecto a cada proyecto que ha patrocinado para el cual los fondos de los inversionistas aún están invertidos durante cada año calendario.[86]

El DHS agradece las sugerencias de los comentaristas y propone que la evidencia para establecer una supervisión suficiente de las nuevas empresas comerciales y cualquier entidad creadora de empleo asociada incluya documentación de programas de controles internos por parte del centro regional que proporcionen revisiones periódicas de los proyectos individuales y el examen de los registros financieros, así como cualquier uso planificado de revisiones independientes por parte de contadores o auditores externos locales. Véase el 8 CFR 204.412(b) y 204.413(h) propuestos. Esta evidencia podría incluir procedimientos operativos estándar desarrollados por el centro regional, auditorías continuas de las nuevas empresas comerciales y cualquier entidad creadora de empleo asociada, o la exigencia de informes y actualizaciones periódicas por parte de las nuevas empresas comerciales y cualquier entidad creadora de empleo asociada con las cuales el centro regional esté ofreciendo inversiones EB-5. El DHS no desea limitar la forma en que un centro regional pueda determinar de la mejor manera cómo supervisar y monitorear sus proyectos. Con los mayores requisitos de cumplimiento especificados por el INA, el DHS considera que existe suficiente incentivo para que los centros regionales establezcan sus propias mejores prácticas a fin de garantizar el monitoreo y la supervisión necesarios para asegurar el éxito del proyecto y la continuidad de la designación como centro regional. El DHS acepta comentarios sobre cualquier requisito adicional que deba incorporarse para que un centro regional establezca una supervisión y un monitoreo suficientes de sus proyectos.

No solo un centro regional necesitaría proporcionar un plan de monitoreo y supervisión como parte de la solicitud de designación, como se explicó anteriormente, sino que, tras la designación, el centro regional debe continuar participando y certificando el cumplimiento de sus obligaciones de monitoreo y supervisión respecto de las ofertas de inversión, las actividades comerciales y la creación de empleo de las nuevas empresas comerciales y entidades creadoras de empleo asociadas. Véase el 8 CFR 204.418(a) propuesto. Este requisito de monitoreo y supervisión continuos aseguraría que el centro regional continúe ejerciendo la debida diligencia respecto de las inversiones de capital bajo su auspicio y que las inversiones de capital combinadas en sus nuevas empresas comerciales y entidades creadoras de empleo tengan un impacto económico sustantivo.

El INA exige que un centro regional presente una modificación a su designación al menos 120 días antes de implementar cambios propuestos significativos en su estructura organizativa, propiedad o administración, incluida la venta del centro regional, o cualquier otro arreglo que resulte en que personas no sujetas previamente a los requisitos del INA sec. 203(b)(5)(H), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H), pasen a estar involucradas con el centro regional. INA sec. 203(b)(5)(E)(vi), 8 U.S.C. 1153 203(b)(5)(E)(vi). El DHS propone incorporar estos requisitos en el reglamento, así como aclarar que los cambios significativos incluyen no solo la venta del centro regional, sino también cualquier cambio en las políticas y procedimientos de monitoreo y supervisión del centro regional. Véase el 8 CFR 204.416(a)(2) propuesto. El DHS propone además ( página impresa 40717) exigir que un centro regional presente una modificación si una persona que ocupaba un rol significativo en la gestión y supervisión del centro regional se retira del centro regional, así como proporcionar información sobre la persona que ocupará el puesto vacante tras dicho retiro. Véase el 8 CFR 204.416(a)(3) propuesto. Esto generalmente incluiría cambios a nivel ejecutivo o de alta gerencia del centro regional, y no necesariamente cualquier cambio en los empleados de menor jerarquía del centro regional. Para presentar una modificación, el centro regional estaría obligado a presentar el Formulario I-956, indicando que la presentación es una modificación a su designación y proporcionando toda la información pertinente para modificar la designación. Véase el 8 CFR 204.416(b) propuesto.

Antes de la RIA, a un centro regional se le permitía, pero no se le exigía, enmendar su designación cuando: (1) hubiera un cambio en las industrias de enfoque del centro regional; (2) el centro regional buscara agregar una nueva empresa comercial asociada con el centro regional o solicitar una determinación preliminar de cumplimiento de EB-5 para un Formulario I-526 ejemplar, Petición de Inmigrante de Extranjero Inversionista, para una inversión en esa nueva empresa comercial, antes de que los inversionistas individuales presentaran sus peticiones; o (3) notificar a USCIS sobre cambios en el nombre, la estructura organizativa o administrativa, los instrumentos de inversión de capital, o los memorandos de oferta (incluidos cambios en el análisis económico y el plan de negocios subyacente utilizado para estimar la creación de empleo) para una nueva empresa comercial previamente agregada y asociada con el centro regional.[87] El DHS propone capturar estos tipos de enmiendas en el Formulario I-956F, Solicitud de Aprobación de una Inversión en una Empresa Comercial, o solicitud de proyecto. Véase el 8 CFR 204.423 propuesto.

Para más información sobre estas propuestas, véase la sección IV.H.4 de este preámbulo.

Cuando un centro regional no pueda presentar una enmienda dentro de los 120 días posteriores a un cambio propuesto debido a que existen circunstancias apremiantes, la INA exige que el centro regional presente una enmienda requerida dentro de los 5 días hábiles posteriores al cambio. INA sec. 203(b)(5)(E)(vi)(bb), 8 U.S.C. 1153 203(b)(5)(E)(vi)(bb). Para efectos de establecer que existen circunstancias apremiantes, el DHS propone que las circunstancias apremiantes que califiquen incluirían interrupciones significativas e imprevistas en las operaciones del centro regional que estén fuera del control del centro regional y que hagan improbable o impráctico el aviso previo. Véase el 8 CFR 204.416(b) propuesto. El DHS generalmente consideraría que tales circunstancias incluyen situaciones en las que, por ejemplo, fallece un propietario del centro regional, o se produce un evento inesperado, como un desastre natural u otra disrupción masiva, que afecta las operaciones del centro regional. El DHS reconoce que ciertos cambios que sigan a una circunstancia apremiante pueden ser solo de naturaleza temporal y que es probable que le sigan cambios más permanentes. Para evitar numerosas presentaciones de notificaciones y enmiendas por cambios temporales cuando existan circunstancias apremiantes, el centro regional solo tendría que notificar a USCIS dentro de los 5 días de la circunstancia apremiante, junto con información de identificación de cualquier persona involucrada temporalmente durante ese período, y luego presentar una enmienda dentro de los 30 días posteriores al cambio para identificar cualquier aspecto continuo del cambio. Véase el 8 CFR 204.416(b) propuesto. En lugar de presentar una enmienda completa con un cambio temporal (es decir, que dure menos de 30 días), el DHS espera que un centro regional notifique a USCIS a través de su dirección de correo electrónico del Programa de Inversionistas Inmigrantes para describir las circunstancias apremiantes y los cambios relevantes, incluyendo información de identificación como el nombre y la fecha de nacimiento de cualquier persona involucrada temporalmente con el centro regional como resultado de tales circunstancias. El DHS considera que 30 días en estas circunstancias serían tiempo suficiente para que un centro regional tome medidas comercialmente razonables para superar dicha situación, particularmente porque este cambio ya ha ocurrido y USCIS debería poder asegurar que el centro regional esté manteniendo su cumplimiento con los requisitos aplicables conforme a la INA.

Dentro de los 30 días posteriores a la circunstancia apremiante, el centro regional debe presentar una enmienda que refleje todos los aspectos relevantes del cambio e incluir la certificación necesaria (Formulario I-956H, Buena Fe de las Personas Involucradas con el Programa de Centros Regionales) para cualquier persona que permanezca involucrada con el centro regional en ese momento, junto con la presentación de la enmienda. Véase el 8 CFR 204.416(b) propuesto.

Conforme a la regla propuesta, los centros regionales que no presenten las enmiendas correspondientes incurrirían en una violación de los requisitos aplicables y podrían quedar sujetos a sanciones apropiadas. Véase el 8 CFR 204.431(b)(7)(iii) propuesto. Al exigir que dichas enmiendas se presenten de manera oportuna, el DHS podría asegurar de mejor manera el cumplimiento por parte de los centros regionales, las nuevas empresas comerciales y entidades generadoras de empleo asociadas, y los inversionistas que dependen de la designación del centro regional. Cada uno de estos requisitos es importante para garantizar que el centro regional continúe cumpliendo con el programa y para mitigar la posibilidad de que ocurran actividades fraudulentas.

En virtud de esta norma propuesta, la presentación de una enmienda puede afectar la adjudicación de las solicitudes de proyecto pendientes y de las peticiones de visa de inmigrante EB-5 pendientes, dependiendo de la naturaleza de la enmienda. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone aclarar que USCIS retendrá la adjudicación de cualquier solicitud de proyecto y de cualquier petición de visa de inmigrante EB-5 cuando la enmienda se presente para informar cualquier cambio en la propiedad del centro regional que resulte en un cambio de control del centro regional (incluidos los cambios de propiedad entre propietarios existentes) o cambios de propiedad que resulten en que alguien pase a estar involucrado con el centro regional que previamente no estaba sujeto a la sección 203(b)(5)(H) de la INA. Véase el 8 CFR 204.416(c)(1) propuesto. El centro regional no podrá presentar nuevas solicitudes de proyecto hasta que USCIS haya adjudicado la enmienda. Id. USCIS continuará adjudicando las solicitudes de proyecto y las peticiones de visa de inmigrante EB-5 correspondientes a otras solicitudes de enmienda, como una solicitud para ampliar el área geográfica del centro regional, excepto en los casos en que la información contenida en la enmienda afecte negativamente la elegibilidad para el programa, en cuyo caso USCIS retendrá la adjudicación de las solicitudes de proyecto y de las peticiones de visa de inmigrante EB-5 hasta que se adjudique la enmienda. Véase el 8 CFR 204.416(c)(2) propuesto.

Cada persona involucrada con un centro regional, una nueva empresa comercial y una entidad afiliada generadora de empleo debe proporcionar información y declarar bajo juramento que cumple con los requisitos aplicables para estar involucrada en el Programa de Centros Regionales. Sección 203(b)(5)(H)(iii)(I) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iii)(I). Una persona es un individuo o una organización. Sección 101(b)(3) de la INA, 8 U.S.C. 1101(b)(3). El DHS debe realizar verificaciones de antecedentes y de bases de datos respecto de un centro regional, una nueva empresa comercial, cualquier entidad afiliada generadora de empleo y las personas involucradas con dichas entidades, según sea necesario, para determinar el cumplimiento de la RIA. Sección 203(b)(5)(H)(iii)(II) de la INA, 8 (página impresa 40718) U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iii)(II). Además, el DHS puede exigir información y declaraciones, y realizar estas verificaciones respecto de personas involucradas con una entidad generadora de empleo que no sea una entidad afiliada generadora de empleo, a su discreción, si existe una base razonable para creer que dicha entidad o persona no cumple con los requisitos aplicables. Sección 203(b)(5)(H)(iii)(III) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iii)(III).

Para garantizar que se disponga de suficiente información para realizar las verificaciones de antecedentes necesarias, USCIS creó el Formulario I-956H, Buena Fe de las Personas Involucradas con el Programa de Centros Regionales, para recopilar toda la información necesaria a fin de determinar si a una persona involucrada le está prohibido participar según la INA. Además, la INA autoriza a USCIS a evaluar las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, y USCIS interpreta que esto le permite agregar recopilaciones de información o modificar las recopilaciones de información actuales, según sea necesario, para hacer efectiva la RIA.

Esta norma propuesta codificaría el requisito legal y la práctica posterior a la RIA de que una entidad que solicite la designación como centro regional deba incluir un Formulario I-956H junto con la solicitud de designación para cada persona (ya sea un individuo o una organización) que esté involucrada con el centro regional. Véase la sección 203(b)(5)(E)(iii)(III) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(iii)(III); 8 CFR 204.413(i) y 8 CFR 204.417(a) propuestos. La falta de inclusión de un Formulario I-956H para cada persona involucrada con el centro regional junto con la solicitud de designación resultará en la denegación de la solicitud de designación. Además, USCIS denegará una solicitud de designación si alguna de las personas involucradas con el centro regional no cumple con los requisitos de la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H). Véase el 8 CFR 204.412(c) propuesto.

Si un centro regional designado experimenta algún cambio que requiera una enmienda y hay nuevas personas involucradas con el centro regional, entonces esas nuevas personas deberán incluir el Formulario I-956H junto con la presentación de la enmienda del I-956. Véase la propuesta 8 CFR 204.416(a)(2) y (3). Si un centro regional no incluye el Formulario I-956H para todas las personas para quienes se requiere la presentación, o si el centro regional involucra a sabiendas a una persona con el centro regional que no cumple con los requisitos de la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H), entonces USCIS puede denegar la enmienda del Formulario I-956 y suspender o terminar la designación del centro regional. INA secc. 203(b)(5)(H)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iv); véase también la propuesta 8 CFR 204.431(b)(2).

Una vez presentado el Formulario I-956H y pagada la tarifa correspondiente por una persona, USCIS programa a la persona para la toma de datos biométricos, ya sea en un Centro de Apoyo a Solicitudes (Application Support Center) de USCIS dentro de los Estados Unidos o en una instalación designada para recolectar datos biométricos fuera de los Estados Unidos. La presentación del Formulario I-956H y la obtención de datos biométricos brindan a USCIS la capacidad de realizar verificaciones de antecedentes y garantizar que todas las personas involucradas con el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad afiliada generadora de empleo cumplan con la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H). Sin embargo, USCIS no puede recolectar datos biométricos de una organización que presenta el Formulario I-956H. En tal caso, USCIS realiza todas las verificaciones necesarias y utiliza información de fuentes abiertas para determinar si a la organización se le prohíbe participar en el Programa de Centros Regionales conforme a la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H). Además, cualquier persona dentro de una organización involucrada con un centro regional también podría necesitar presentar el Formulario I-956H si dicha persona cumple con la definición de persona involucrada debido a su puesto dentro de la organización que presenta el Formulario I-956H.

Una persona está involucrada con un centro regional si dicha persona ocupa, directa o indirectamente, un puesto de autoridad sustantiva para tomar decisiones operativas o gerenciales sobre la agrupación, titulización, inversión, liberación, aceptación, control o uso de cualquier financiamiento obtenido conforme al Programa de Centros Regionales. INA secc. 203(b)(5)(H)(v), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(v); véase también la propuesta 8 CFR 204.401, Persona Involucrada. El DHS propone aclarar que una persona ocupa un puesto de autoridad sustantiva si se desempeña como administrador, miembro de la junta directiva, socio general, gerente, funcionario, propietario, o en un puesto similar en el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad generadora de empleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Persona Involucrada. Esta definición incluiría a cualquier persona que busque obtener la condición de inversionista inmigrante conforme al Programa de Centros Regionales en su calidad de propietario, incluyendo, como suele ser el caso, en calidad de socio comanditario, de la nueva empresa comercial. Además, un agente, fiduciario o representante puede ocupar un puesto de autoridad sustantiva si su posición en el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad generadora de empleo lo autoriza a proporcionar aportes o supervisión sobre el uso de cualquier capital de inversionistas del centro regional obtenido conforme al Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Persona Involucrada. Para agilizar la presentación de la información requerida por parte de los inversionistas de centros regionales, USCIS incorporó las preguntas formuladas en el Formulario I-956H en el Formulario I-526E, Petición por Inversionista de Centro Regional, de manera que cada inversionista individual de centro regional pueda proporcionar respuestas a las preguntas necesarias sin que el centro regional deba presentar una enmienda cada vez que un nuevo inversionista de centro regional se involucre. El DHS no esperaría que el centro regional incluyera un Formulario I-956H para ningún inversionista de centro regional actual o futuro junto con su solicitud de proyecto únicamente con base en la inversión y titularidad del inversionista de centro regional en una nueva empresa comercial asociada, sino que, en cambio, esperaría que cada inversionista de centro regional proporcione la certificación de su capacidad para convertirse en una persona involucrada.

Cuando el DHS publicó el Formulario I-956H,[88] muchos comentaristas sugirieron que esta definición de persona involucrada, al incluir a los inversionistas de centros regionales, es demasiado amplia, ya que la INA establece que una persona involucrada ocupa un puesto de autoridad sustantiva, y los inversionistas de centros regionales, que típicamente desempeñan el rol de socio comanditario, a menudo no cumplen con este umbral, según su opinión. Sin embargo, el DHS considera que cualquier propietario, incluido un socio comanditario, tiene suficiente autoridad sobre la dirección de la nueva empresa comercial a través de su capacidad de votar o de influir de otro modo en la nueva empresa comercial, de tal manera que un inversionista de un centro regional sería una persona involucrada, y por lo tanto necesitaría presentar la declaración jurada requerida sobre su elegibilidad para convertirse en una persona involucrada.

Además, cualquier persona involucrada indirectamente también necesitaría presentar la declaración jurada necesaria. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Persona involucrada, 8 CFR 204.417(a). Una persona (ya sea un individuo o una organización) puede estar involucrada indirectamente si posee o administra una organización que alcanza el nivel de persona involucrada. Por ejemplo, si una organización tiene una participación de propiedad en la nueva empresa comercial, entonces los propietarios de dicha organización cumplirían con la definición de persona involucrada con base en su participación de propiedad en la organización que posee la nueva empresa comercial. En consecuencia, cada propietario de una organización con una participación de propiedad (página impresa 40719) en la nueva empresa comercial también necesitaría presentar un Formulario I-956H.

Si el USCIS determina, como resultado de sus verificaciones de antecedentes o en cualquier momento después de revisar un Formulario I-956H presentado, que alguna persona involucrada con el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo no es elegible para hacerlo, el USCIS notificaría a la(s) entidad(es) afectada(s). Véase la propuesta 8 CFR 204.417(d). Al recibir la notificación, la(s) entidad(es) afectada(s) tendrían 14 días a partir de la fecha del aviso para realizar esfuerzos comercialmente razonables con el fin de eliminar a la persona de su participación con la(s) entidad(es) afectada(s) y proporcionar al USCIS información sobre la eliminación de esa persona. Véase la propuesta 8 CFR 204.417(d). De manera similar, correspondería al centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo notificar al USCIS si determinan que alguna persona involucrada no es elegible conforme a la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H). Si la(s) entidad(es) afectada(s) se enteran de cualquier inelegibilidad antes de recibir la notificación del USCIS, la(s) entidad(es) deben notificar al USCIS dentro de los 14 días posteriores a haber adquirido dicho conocimiento y proporcionar información sobre las medidas que se están tomando para eliminar a la persona de su participación en la(s) entidad(es) afectada(s). Véase la propuesta 8 CFR 204.417(c) y (d).

Si surgen problemas con alguna de las personas involucradas durante la revisión de una solicitud de designación de centro regional, el USCIS generalmente emitiría un Aviso de Intención de Denegar, brindando a la entidad solicitante la oportunidad de eliminar a cualquier persona inelegible de conformidad con estas disposiciones. Véase la propuesta 8 CFR 204.412(c) y 204.417(d). Si el centro regional no realizó esfuerzos comercialmente razonables para eliminar a la persona de su participación, entonces el USCIS generalmente denegaría la solicitud de designación.

Para continuar su participación en el Programa de Centros Regionales, los centros regionales deben proporcionar información actualizada anualmente para demostrar el cumplimiento continuo de los requisitos legales aplicables. INA sec. 203(b)(5)(G), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G). La declaración anual debe incluir, entre otras cosas, certificaciones (completadas por una persona que cumpla con la definición de certificador según se explica en la Sección IV.B. de este preámbulo) de que el centro regional sigue cumpliendo con las diversas disposiciones del Programa de Centros Regionales, incluidas aquellas disposiciones relativas a la buena fe de las personas involucradas y el uso de promotores. Id. Conforme a esta norma propuesta, un centro regional designado estaría obligado a presentar el Formulario I-956G, Declaración Anual del Centro Regional, ante USCIS de acuerdo con las instrucciones del formulario. Véase el 8 CFR 204.418(a) propuesto. Antes de la RIA, un centro regional designado debía presentar el Formulario I-924A, Certificación Anual del Centro Regional, en o antes del 29 de diciembre del año calendario en que finalizara el año fiscal federal. Cuando USCIS creó el Formulario I-956G, mantuvo este plazo de presentación. Véase las Instrucciones del Formulario I-956G. Por lo tanto, cualquier centro regional designado en o antes del 30 de septiembre de un año determinado, fecha en que finaliza el año fiscal federal, debe presentar el Formulario I-956G en o antes del 29 de diciembre del mismo año calendario. Por el contrario, cualquier centro regional designado en o después del 1 de octubre, fecha de inicio del año fiscal federal, no tiene que presentar una declaración anual hasta en o antes del 29 de diciembre del año calendario siguiente.

USCIS incorporó las certificaciones requeridas en el Formulario I-956G. Véase la Parte 4 del Formulario I-956G. Esta norma propuesta codificaría los requisitos relativos a la declaración anual posterior a la RIA y también incluiría la certificación de que el centro regional cumple con su obligación continua de supervisar y vigilar sus empresas comerciales nuevas asociadas y entidades generadoras de empleo. Véase el 8 CFR 204.418(a) propuesto. Específicamente, además de proporcionar dichas certificaciones, el centro regional tendría que presentar, junto con su declaración anual, documentación que proporcione una contabilidad de todo el capital invertido por los inversionistas individuales del centro regional en el centro regional, en las empresas comerciales nuevas y en las entidades generadoras de empleo. [89] Véase el 8 CFR 204.418(b)(1) propuesto. Además, para cada empresa comercial nueva con inversionistas que tengan una petición de visa de inmigrante EB-5 pendiente o aprobada, o que hayan obtenido el estatus de residente permanente condicional pero que aún no hayan presentado una petición para eliminar las condiciones, el centro regional estaría obligado a presentar una contabilidad de todo el capital invertido por los inversionistas individuales del centro regional en esas empresas comerciales nuevas, una contabilidad del total agregado de empleos creados o preservados, [90] evidencia detallada del progreso realizado hacia la finalización de cada proyecto de inversión de capital, y el informe de cualquier cambio en los documentos presentados para cualquier proyecto de inversión de capital en curso que no requiera de otro modo una enmienda a la solicitud del proyecto conforme al 8 CFR 204.423 propuesto. Véase el 8 CFR 204.418(b)(3) propuesto. Una vez que un proyecto concluye y la empresa comercial nueva ya no tiene inversionistas inmigrantes activos, es decir, que los inversionistas inmigrantes del proyecto hayan presentado todos su petición para eliminar las condiciones, el centro regional ya no tendría que presentar información sobre esa empresa comercial nueva, a menos que en el futuro reclute nuevos inversionistas inmigrantes que presenten una petición de visa de inmigrante EB-5 que active los requisitos de presentación de informes conforme al 8 CFR 204.418(b)(3) propuesto. Sin embargo, la conclusión de un proyecto no eximiría al centro regional de la obligación de presentar el resto de la documentación correspondiente a cualquier empresa comercial nueva en curso, o la relativa al propio centro regional, mientras este busque mantener su designación. Un centro regional que no presente el Formulario I-956G estaría sujeto a la terminación de su designación. Véase el 8 CFR 204.431(b)(7)(iv) propuesto.

Asimismo, en virtud de esta norma propuesta, el USCIS podría exigir que un centro regional presente cualquier información adicional para respaldar su declaración anual si el USCIS determina que la declaración anual del centro regional es insuficiente. Véase el 8 CFR 204.418(c) propuesto. La declaración anual de un centro regional puede considerarse insuficiente si la documentación proporcionada omite información relevante sobre el progreso continuo de cualquier proyecto de inversión de capital bajo la jurisdicción del centro regional, o si el USCIS determina que se necesita información adicional para respaldar las certificaciones realizadas por el centro regional. Si un centro regional designado no presenta una declaración anual en algún año o de otro modo no cumple con los requisitos para mantener su designación, el USCIS podría sancionar al centro regional conforme al 8 CFR 204.431 propuesto, lo que podría incluir la terminación de la designación del centro regional.

Conforme al Programa de Centros Regionales autorizado anteriormente, un centro regional (página impresa 40720) podía presentar un Formulario I-526 de muestra junto con su solicitud de designación o enmienda del Formulario I-924 para obtener la aprobación de ciertos aspectos de un proyecto de inversión, con el propósito limitado de proporcionar deferencia en las adjudicaciones relacionadas. Si se aprobaba, los documentos presentados para cumplir con los requisitos de elegibilidad de creación de empleo e inversión recibían deferencia en las presentaciones posteriores y relacionadas de los Formularios I-526 e I-829, salvo que existiera un cambio material, fraude, tergiversación deliberada o una determinación de deficiencia legal.

Conforme a la INA, según enmendada por la RIA, un centro regional designado debe presentar una solicitud de proyecto para cada oferta de inversión particular a través de una nueva empresa comercial asociada antes de que cualquier inversionista del centro regional pueda presentar su petición individual. INA secc. 203(b)(5)(F), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F). Si se aprueba, la evidencia presentada con la solicitud de proyecto se incorpora entonces por referencia a la petición de visa de inmigrante EB-5 de los inversionistas del centro regional en esa oferta particular, eliminando la necesidad de que cada inversionista individual del centro regional en esa oferta particular presente la misma documentación al USCIS que ya fue presentada con la solicitud de proyecto. INA secc. 203(b)(5)(F)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(ii).

Como parte de la implementación de la RIA, el USCIS creó el Formulario I-956F, Solicitud de Aprobación de Inversión en una Empresa Comercial (solicitud de proyecto), el 1 de junio de 2022. En virtud de esta norma propuesta, un centro regional designado, incluidos aquellos designados antes de la RIA que continúen buscando inversionistas de centro regional a partir del 14 de mayo de 2022, tendría que presentar una solicitud de proyecto para cada oferta de inversión particular bajo la jurisdicción del centro regional. Véase el 8 CFR 204.419 propuesto. Cada solicitud de proyecto solo puede contener una nueva empresa comercial, la cual puede entonces involucrar a múltiples entidades generadoras de empleo a las que la nueva empresa comercial proporcionará el capital de los inversionistas del centro regional. Conforme al 8 CFR 204.420 propuesto, el centro regional tendría que establecer que:

1. El proyecto es realista y creíble;

2. La oferta de inversión y el proyecto cumplen con los requisitos de elegibilidad aplicables para la clasificación de los inversionistas del centro regional (incluyendo la inversión del monto de capital requerido y la creación suficiente de empleo para todos los inversionistas del centro regional en el proyecto);

3. El proyecto será monitoreado y supervisado por el centro regional para verificar el cumplimiento con las leyes de inmigración y las leyes federales y estatales de valores aplicables;

4. Todas las personas involucradas con la nueva empresa comercial y las entidades generadoras de empleo no están impedidas de participar conforme a la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H); y

5. La nueva empresa comercial, la entidad generadora de empleo afiliada, o ambas, han establecido una cuenta separada y contratado a un administrador de fondos según lo exigido por el 8 CFR 204.425 propuesto.

Independientemente del tipo de proyecto presentado por el centro regional, el centro regional tendría que presentar evidencia de que la nueva empresa comercial está establecida en los Estados Unidos, lo cual debe incluir, según corresponda, documentos de constitución completos, como artículos de incorporación, organización, asociación, certificado de fusión o consolidación u otros documentos de constitución similares, junto con todas las enmiendas a dichos documentos; copias completas de todos los demás documentos de organización, como un acuerdo de sociedad, acuerdo operativo, estatutos u otros documentos de organización similares para la nueva empresa comercial, junto con todas las enmiendas a dichos documentos; y certificados que acrediten la autorización de la nueva empresa comercial para hacer negocios en el estado, municipio u otra jurisdicción aplicable de los Estados Unidos en la cual la nueva empresa comercial ha creado o busca crear empleos. Véase el propuesto 8 CFR 204.421(a). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esperaría que el centro regional presente documentación de la autorización de la nueva empresa comercial para hacer negocios en cualquier lugar donde la nueva empresa comercial esté realizando negocios principalmente conforme al propuesto 8 CFR 204.401, Realizando negocios principalmente.

Conforme a la norma propuesta, el centro regional también tendría que presentar evidencia de la creación suficiente de empleos para cada inversionista del centro regional que invertirá en la nueva empresa comercial. Esto normalmente se proporcionaría en un Análisis de Impacto Económico (EIA, por sus siglas en inglés) que demuestre que el proyecto creará empleo a tiempo completo para al menos 10 empleados calificados por cada inversionista del centro regional dentro del plazo identificado en el plan de negocios integral. Véase el propuesto 8 CFR 204.421(b). Dado que los inversionistas del centro regional pueden basarse en la creación indirecta de empleos para establecer hasta el 90 por ciento del requisito y pueden basarse en modelos económicos para establecer el 10 por ciento restante de creación directa de empleos, el DHS propone exigir que un centro regional se base en una metodología económica y estadísticamente válida y transparente, en la cual los resultados del modelo sean reproducibles y todos los insumos y cualquier ajuste al modelo estén completamente explicados en la solicitud del proyecto. Ídem. Si bien el DHS actualmente espera que los centros regionales presenten el Sistema de Modelado de Insumo-Producto Regional de la Oficina de Análisis Económico, el DHS propone este lenguaje para permitir que un centro regional presente otras metodologías económicas que puedan funcionar mejor para el centro regional, debido, por ejemplo, a que las estimaciones de empleo se basan en una metodología de ocupación de inquilinos. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) debe poder verificar de manera independiente los insumos y resultados del modelo, al mismo tiempo que se tienen en cuenta los modelos económicos nuevos o modificados que puedan desarrollarse en el futuro y que también puedan cumplir con los requisitos de ser "económica y estadísticamente válidos y transparentes".

La ubicación donde la nueva empresa comercial realiza negocios principalmente determinaría el nivel de inversión requerido por los inversionistas del centro regional en la nueva empresa comercial. Si la nueva empresa comercial identificada en la solicitud del proyecto está realizando negocios principalmente en un área de alto desempleo, el centro regional tendría que presentar una lista de los sectores censales que componen el área del proyecto propuesto y las estadísticas de desempleo para esa área, junto con los métodos mediante los cuales se obtuvieron las estadísticas de desempleo, así como la tasa nacional de desempleo utilizada para calcular si el área cumple con la definición de área de alto desempleo. Véase el propuesto 8 CFR 204.421(c)(2); véase también el propuesto 8 CFR 204.402. De manera similar, si la nueva empresa comercial identificada en la solicitud del proyecto está realizando negocios principalmente en un área rural, el centro regional tendría que presentar un mapa del área donde la nueva empresa comercial realizará negocios principalmente, incluyendo los recuentos de población de esa área para establecer que el área cumple con la definición de área rural. Véase el propuesto 8 CFR 204.421(c)(1); véase también el propuesto 8 CFR 204.401, Área rural. Para los proyectos en los que el centro regional ofrece una oportunidad de inversión en un proyecto de infraestructura, el centro regional tendría que presentar evidencia de un contrato con una agencia o autoridad federal, estatal, local o tribal para proporcionar capital de inversión a un proyecto de obras públicas. Véase el propuesto 8 CFR 204.421(c)(3).

El centro regional también tendría que conservar una copia de cualquier acuerdo entre cualquier inversionista en la nueva empresa comercial y el centro regional o sus entidades relacionadas, o acuerdos entre el centro regional (página impresa 40721) y sus entidades relacionadas que se refieran a la transferencia de cualquier capital descrito en la solicitud del proyecto, incluyendo, entre otros, memorandos de oferta, acuerdos de suscripción, acuerdos de depósito en garantía, documentos de organización, hojas de términos, cartas complementarias, documentación de acuerdos orales, y cualquier otro material de mercadeo utilizado o que se utilizará en relación con la oferta, incluyendo la identificación de cualquier plataforma de redes sociales que se esté utilizando o se vaya a utilizar para comercializar o promover el programa de visa de inmigrante EB-5. Véase la propuesta de 8 CFR 204.421(d). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone esta disposición para que el centro regional conserve dicha información para su presentación en relación con una auditoría de USCIS y para proporcionar evidencia de cualquier posible conflicto de interés que pueda existir entre el centro regional y sus entidades asociadas, particularmente en lo relacionado con la transferencia y el uso del capital de los inversionistas del centro regional.

La INA prohíbe el uso del capital del inversionista inmigrante para comprar bonos municipales, o cualquier otro bono, si están disponibles para el público en general, ya sea como parte de una oferta primaria o de un mercado secundario. INA sec. 203(b)(5)(E)(v)(II)(bb), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(v)(II)(bb). El DHS propone aclarar que esta prohibición se aplica a una inversión inicial, al capital mantenido en depósito en garantía, al uso del capital, a la redistribución del capital, y a cualquier uso continuo del capital para mantener el capital en riesgo. Véase la propuesta de 8 CFR 204.427.

El centro regional también tendría que presentar declaraciones e información de las personas involucradas con la nueva empresa comercial y las entidades afiliadas generadoras de empleo, según lo requerido por la propuesta de 8 CFR 204.417(a). Véase la propuesta de 8 CFR 204.421(e).

La solicitud también tendría que incluir evidencia que demuestre que la cuenta separada requerida conforme a la propuesta de 8 CFR 204.425 ha sido establecida por la nueva empresa comercial o la entidad afiliada generadora de empleo, y que se ha contratado a un administrador de fondos apropiado, incluyendo los estados de cuenta bancarios de dichas cuentas. Véase la propuesta de 8 CFR 204.421(f).

Por último, el centro regional tendría que proporcionar información adicional, ya sea como documentación adicional o incluida dentro de los documentos presentados para establecer los requisitos anteriores. Véase la propuesta de 8 CFR 204.421(g). El DHS propone que esta lista de información y documentación adicional requerida incluya biografías de la gerencia, funcionarios, directores y cualquier persona con responsabilidades similares en la nueva empresa comercial y en la(s) entidad(es) generadora(s) de empleo; los riesgos asociados con la inversión; cualquier documento de inversión y de oferta proporcionado a posibles inversionistas; cualquier documento relacionado con la inversión presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o el regulador de valores de cualquier estado; los conflictos de interés que existan actualmente o que puedan surgir; y cualquier investigación, litigio, quiebra o sentencia adversa u orden de quiebra pendiente, emitida durante el período más reciente de 10 años, en los Estados Unidos o en el extranjero, que involucre al centro regional, a la nueva empresa comercial o a la(s) entidad(es) generadora(s) de empleo, o a sus propietarios, funcionarios, gerentes, directores u otras personas que actúen en una capacidad similar, o cualquier otra empresa en la que dichas personas hayan tenido una participación mayoritaria. Id. El DHS considera que esta información y documentación abarca todos los requisitos identificados por el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) para que la solicitud de proyecto de un centro regional se utilice como una oferta de inversión para los inversionistas del centro regional. Véase, por ejemplo, INA sec. 203(b)(5)(F)(i)(III) y (IV), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(i)(III) y (IV).

Una vez que un centro regional establece que su oferta de inversión cumple con los requisitos y proporciona toda la documentación requerida a USCIS, USCIS aprobaría la solicitud. Si se aprueba, los elementos de la solicitud del proyecto relacionados con la oferta de inversión del centro regional, incluida la creación suficiente de empleo y el monto mínimo a invertir (cuando la oferta de inversión se encuentre en una TEA o proyecto de infraestructura), se incorporarán por referencia a la adjudicación de la petición de visa de inmigrante EB-5 de un inversionista de centro regional que haya proporcionado evidencia de asociación con la solicitud del proyecto del centro regional, lo que significa que el inversionista del centro regional no tendrá que presentar por separado la misma documentación a nivel de proyecto que ya fue proporcionada y revisada con la solicitud del proyecto. INA secc. 203(b)(5)(F)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(ii). Véase la propuesta 8 CFR 204.408(a). Si USCIS deniega la solicitud del proyecto, entonces USCIS proporcionará un aviso explicando las razones de la decisión y brindando al centro regional información sobre su derecho de apelación. Véase la propuesta 8 CFR 204.422.

Si se aprueba, existen ciertas circunstancias en las que un centro regional debe presentar una modificación a su solicitud de proyecto. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(b) y (c). El DHS propone exigir que un centro regional presente una modificación a su solicitud de proyecto al menos 90 días antes de que el primer inversionista de centro regional en esa oferta de inversión en particular sea elegible para presentar una petición para eliminar las condiciones. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(b)(1). Como parte de esa presentación de modificación, el centro regional tendría que presentar los siguientes documentos actualizados: plan de negocios, EIA (análisis de impacto económico) y metodologías razonables y transparentes para establecer la creación suficiente de empleo para los inversionistas del centro regional en esa oferta de inversión. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(b)(2). Un inversionista de centro regional podría entonces confiar en la aprobación de la modificación de la solicitud del proyecto para establecer que su inversión creó suficientes empleos para establecer elegibilidad para eliminar las condiciones de su residencia conforme a la propuesta 8 CFR 216.6(e)(2)(ii). Véase la propuesta 8 CFR 204.423(e)(4). Si el centro regional no presenta una modificación de la solicitud del proyecto según lo requerido, USCIS podría sancionar al centro regional por no presentar una modificación requerida. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(b)(7)(iii).

Además, el DHS propone que un centro regional debe modificar su solicitud de proyecto dentro de los 30 días posteriores al cambio en los casos en que pueda haber un impacto en la elegibilidad de cualquier inversionista de centro regional que ya haya presentado su petición de visa de inmigrante EB-5, así como de cualquier inversionista de centro regional que pueda buscar presentar una petición de visa de inmigrante EB-5 basada en la oferta de inversión en particular identificada en la solicitud del proyecto. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(c). Cuando el centro regional tenga que presentar una modificación debido a un cambio en la propiedad o ubicación de la nueva empresa comercial o entidad(es) creadora(s) de empleo, USCIS retendría la adjudicación de todas las peticiones de visa de inmigrante EB-5 asociadas hasta que USCIS adjudique la modificación, debido a que la naturaleza del cambio debe ser revisada para determinar la elegibilidad continua de los inversionistas del centro regional en el proyecto. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(e)(2). Otros cambios que requieran una modificación no necesariamente obligarían a USCIS a retener la adjudicación de las peticiones de visa de inmigrante EB-5 asociadas, a menos que la revisión de la modificación lleve a USCIS a determinar que existe un impacto negativo en las peticiones de visa de inmigrante EB-5 asociadas. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(e)(3).

El DHS también propone que un centro regional deberá presentar una enmienda si se producen cambios en el desembolso de capital o en la estructura de capital reflejados en cualquier plan de negocios presentado en relación con la solicitud de proyecto previamente aprobada, en respuesta a, o que de otro modo afecten materialmente la credibilidad o viabilidad de dichos planes o la ejecución exitosa de los proyectos, lo cual a su vez podría afectar negativamente (página impresa 40722) la elegibilidad de los inversionistas asociados, incluyendo, entre otros, los pagos a partes relacionadas con el plan de negocios y la pérdida de financiamiento o la adición de financiamiento externo proveniente de fuentes no identificadas previamente en la solicitud de proyecto aprobada u obtenido de otro modo de cualquier fuente que no sea un banco regulado federalmente u otra institución financiera (según se define en 18 U.S.C. 20). Véase la propuesta 8 CFR 204.423(c)(5). El DHS tiene la intención de que esto afecte principalmente a los centros regionales que realicen un cambio que impacte el número de empleos reflejados en la solicitud de proyecto aprobada. Por ejemplo, se requeriría una enmienda cuando haya una reducción en los desembolsos que disminuya el número de empleos creados, pero no se requeriría para un aumento de un préstamo comercial existente que pueda crear empleos adicionales que no sean necesarios para la elegibilidad del inversionista. También se requeriría una enmienda para identificar nuevas fuentes de financiamiento que puedan ser no tradicionales o menos reguladas, tales como una nueva inversión de capital proveniente de un individuo o empresa previamente no afiliado.

Una vez aprobada, la designación de área de alto desempleo es inicialmente válida por dos años a partir de la fecha en que se presenta la solicitud de proyecto. INA secc. 203(b)(5)(B)(ii)(IV)(aa)(AA), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(B)(ii)(IV)(aa)(AA). Como se analiza en la sección IV.E de este preámbulo, una vez que el USCIS aprueba la designación de área de alto desempleo, el USCIS extendería la designación inicial por 2 años a partir de la fecha del aviso de aprobación. Véase la propuesta 8 CFR 204.402(e)(1). Además de ciertos cambios que ocurren en el curso normal de los negocios, el DHS propone que un centro regional deberá enmendar su solicitud de proyecto para solicitar una extensión de una designación de área de alto desempleo si el centro regional continúa buscando inversionistas para el proyecto después de que la designación inicial de área de alto desempleo esté por vencer. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(c)(6). El DHS prevé que ciertos proyectos se extenderán considerablemente más allá de los 2 años a partir de la fecha en que el centro regional presenta su solicitud de proyecto, y más allá de la aprobación del proyecto que extiende la designación de área de alto desempleo por dos años a partir de esa fecha, lo que haría necesaria una extensión de la designación de área de alto desempleo. Para los proyectos que buscan nuevos inversionistas después del período inicial de designación de área de alto desempleo (según lo extendido por la aprobación del proyecto), el DHS también esperaría que pueda haber cambios adicionales en la solicitud de proyecto que un centro regional debería presentar para la revisión del USCIS. En consecuencia, el DHS propone que un centro regional pueda solicitar la extensión de una designación de alto desempleo mediante la presentación de una enmienda a su solicitud de proyecto para establecer que el área continúa cumpliendo con los requisitos de un área de alto desempleo. Es importante destacar que los inversionistas de centros regionales que hayan proporcionado el monto total de capital a la nueva empresa comercial que posteriormente se proporcionó a la entidad generadora de empleo antes de que expire la designación de área de alto desempleo no tendrán que realizar inversiones adicionales si el área ya no califica como área de alto desempleo. Véase la propuesta 8 CFR 204.402(g). Sin embargo, si el inversionista del centro regional no proporcionó el monto total de capital a la nueva empresa comercial que posteriormente se proporcionó a la entidad generadora de empleo antes de que expire de otro modo la designación inicial de alto desempleo, podría requerírsele aumentar su inversión si el área ya no califica como área de alto desempleo. Id.

Con el fin de desalentar las solicitudes esqueléticas, hipotéticas o de otro modo inelegibles que no se presenten de buena fe (por ejemplo, enmiendas presentadas únicamente para cumplir con los plazos aplicables o solicitudes iniciales que sean puramente hipotéticas sin intención de llevar a cabo el proyecto real, presentadas únicamente para permitir la presentación de las peticiones de inversionistas asociadas), toda enmienda a una solicitud de proyecto (incluida la presentación inicial) debe presentarse de buena fe. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(d). Al determinar si una solicitud de proyecto o una enmienda se presentó de buena fe, USCIS examinaría tanto la intención subjetiva del solicitante de llevar a cabo el proyecto como si, objetivamente, el solicitante tenía una perspectiva realista de llevar a cabo el proyecto. Véase 59 FR 1318 (10 de enero de 1994). Un centro regional que presente una enmienda también debe notificar a cualquier inversionista que haya presentado una petición de visa de inmigrante asociada con la oferta de inversión en particular sobre el cambio. Véase la propuesta 8 CFR 204.423(a).

Conforme a la regla propuesta, una vez que un centro regional designado haya presentado una solicitud de proyecto, un inversionista de centro regional que invierta en esa oferta en particular podría presentar su Formulario I-526E. Para que se considere debidamente presentado, un inversionista de centro regional tendría que presentar evidencia de asociación con la solicitud de proyecto pendiente o aprobada de un centro regional junto con su Formulario I-526E. Véase la propuesta 8 CFR 204.404(b). Dicha evidencia podría incluir una copia del aviso de recibo del Formulario I-956F emitido al centro regional o evidencia de que el centro regional presentó el Formulario I-956F ante USCIS. Para establecer de otro modo su elegibilidad, un inversionista de centro regional también tendría que presentar documentación suficiente para demostrar que ha invertido la cantidad requerida de capital y que el capital utilizado para la inversión es lícito. Véase la propuesta 8 CFR 204.408(b) y (c). Mientras que anteriormente cada inversionista individual de centro regional tenía que presentar documentación del proyecto, incluso cuando el centro regional presentaba un Formulario I-526 de ejemplo junto con una solicitud de Formulario I-924 para la designación inicial o enmienda, ahora USCIS revisaría esos documentos como parte de la adjudicación de la solicitud de proyecto del Formulario I-956F. El inversionista de centro regional tendría que declarar que está sujeto a los acuerdos incluidos en la solicitud de proyecto, mediante la firma de una declaración en el Formulario I-526E que incorpora por referencia toda la documentación del proyecto proporcionada por el centro regional en el Formulario I-526E del peticionario, pero de otro modo no se esperaría que proporcionara la documentación presentada en apoyo de la solicitud de proyecto que establece esos elementos de la elegibilidad del inversionista de centro regional. Véase la propuesta 8 CFR 204.404(b).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone que USCIS tendría ciertos motivos para revocar la aprobación de una solicitud de proyecto, incluida la denegación de una enmienda a una solicitud de proyecto aprobada, el incumplimiento del centro regional en presentar una enmienda requerida a una solicitud de proyecto aprobada, el descubrimiento de cualquier evidencia que afecte la elegibilidad para el programa no revelada por el centro regional, o un error material de derecho o de hecho en la adjudicación de la solicitud de proyecto. Véase la propuesta 8 CFR 204.424(a). USCIS proporcionaría un aviso de su intención de revocar la aprobación por cualquiera de estos motivos indicados. Véase la propuesta 8 CFR 204.424(b). Dentro de los 30 días posteriores a la emisión de un aviso de revocación de la aprobación de una solicitud de proyecto, un centro regional puede presentar una apelación ante la Oficina de Apelaciones Administrativas conforme a la parte 103 de este capítulo. USCIS mantendría en espera la adjudicación de cualquier petición de visa de inmigrante EB-5 asociada hasta que se finalice la decisión de revocación y, si se revoca la aprobación de la solicitud de proyecto, USCIS notificará a los inversionistas asociados de la manera y en la forma que USCIS determine apropiada. Id. El DHS considera que estas disposiciones son necesarias para proporcionar a USCIS la capacidad de corregir (página impresa 40723) un error o de hacer responsable al centro regional por no continuar manteniendo informado a USCIS sobre la elegibilidad continua de su proyecto.

Adicionalmente, conforme a esta regla propuesta, la terminación de la participación del centro regional en el Programa de Centros Regionales resulta en la revocación automática de una solicitud de proyecto al momento de la adjudicación de cualquier apelación de la terminación o, si no se presenta ninguna apelación, al expirar el período de apelación. Véase el 8 CFR 204.424(c) propuesto. Las revocaciones automáticas no serían apelables conforme a la sección 203(b)(5)(P) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(P), porque el DHS considera que no se trata de una determinación distinta y separada de la determinación que resulta en la revocación automática (terminación del centro regional), la cual sería apelable por separado. Cualquier nueva empresa comercial previamente cubierta por una solicitud de proyecto presentada por un centro regional que haya sido terminado posteriormente podría asociarse con otro centro regional designado. Id. Para asociarse con otro centro regional, el nuevo centro regional tendría que presentar una solicitud de proyecto en nombre de la nueva empresa comercial, indicando su patrocinio de esa oferta de inversión en particular y su plan para realizar el monitoreo y supervisión de la nueva empresa comercial. Los inversionistas de centros regionales afectados conservarían su elegibilidad si la nueva empresa comercial se asocia con otro centro regional designado y presentan una enmienda a su petición de visa de inmigrante EB-5 dentro de los 180 días posteriores a la notificación de la terminación. Véase el 8 CFR 204.424(c) y el 8 CFR 204.410(c) propuestos. Alternativamente, el inversionista del centro regional también podría realizar una nueva inversión en otra nueva empresa comercial que participe en el Programa de Centros Regionales dentro de los 180 días posteriores a la notificación de la revocación. Véase el 8 CFR 204.410(c) propuesto. Cualquier inversionista de centro regional cuya nueva empresa comercial no se asocie con otro centro regional designado o que de otro modo no tome ninguna medida para realizar otra inversión tendría su petición de visa de inmigrante EB-5 denegada, o revocada si la petición había sido previamente aprobada, salvo que el inversionista pueda continuar siendo elegible a pesar de la revocación de la aprobación de la solicitud de proyecto cuando ya se hayan creado suficientes empleos y el capital del inversionista haya sido invertido durante al menos 2 años conforme a los requisitos aplicables antes de la revocación. Véase el 8 CFR 204.424(d) propuesto. Ninguna petición de visa de inmigrante EB-5 puede basarse en una solicitud de proyecto revocada para establecer elegibilidad. Id.

El DHS propone que el USCIS pueda denegar cualquier solicitud de proyecto que no establezca elegibilidad conforme al 8 CFR 204.420 propuesto o que no incluya la evidencia requerida conforme al 8 CFR 204.421 propuesto. El USCIS notificaría por escrito al centro regional de la decisión de denegación y especificaría las razones de la denegación de conformidad con el 8 CFR 103.3(a)(1)(i). El centro regional podría apelar la denegación ante la Oficina de Apelaciones Administrativas conforme al 8 CFR 103.3. Véase el 8 CFR 204.422(a) propuesto. El USCIS mantendría en suspenso la adjudicación de cualquier petición de visa de inmigrante EB-5 asociada hasta que la decisión de denegación sea definitiva. Véase el 8 CFR 204.422(b) propuesto. Según lo propuesto, una vez que la decisión de denegación sea definitiva, un inversionista de centro regional no podrá basarse en la solicitud de proyecto denegada para demostrar elegibilidad y cualquier petición de visa pendiente asociada con la solicitud de proyecto denegada será denegada. Id.

Las regulaciones actuales no abordan la situación en que una nueva empresa comercial completa su proyecto y devuelve el capital del inversionista antes de que finalice el período durante el cual se exige al inversionista mantener la inversión en riesgo. El USCIS abordó previamente los requisitos para que el inversionista mantenga su elegibilidad en estas circunstancias a través del Manual de Políticas del USCIS. Véase el Manual de Políticas del USCIS, Volumen 6, Parte G, Capítulo 2.A(2), “Inversión”, (versión histórica del 22 de julio de 2021).[91]

La RIA ordena específicamente al USCIS que establezca regulaciones para implementar ciertos parámetros estatutarios para el redespliegue del capital del inversionista por parte de la nueva empresa comercial. INA sec. 203(b)(5)(F)(v), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v). Dichos parámetros establecen que se permitirá a la nueva empresa comercial redesplegar los fondos de inversión en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos o sus territorios con el propósito de mantener el capital de los inversionistas en riesgo si:

1. La nueva empresa comercial ha ejecutado de buena fe el plan de negocios para un proyecto de inversión de capital sin un cambio material;

2. La nueva empresa comercial ha creado un número suficiente de nuevos puestos de tiempo completo para satisfacer los requisitos de creación de empleo del programa para todos los inversionistas en la nueva empresa comercial;

3. La entidad creadora de empleo ha reembolsado el capital inicialmente invertido de conformidad con la inversión inicial contemplada en el plan de negocios; y

4. El capital, después de ser reembolsado por la entidad creadora de empleo, permanece en riesgo y no se redestina a inversiones pasivas, tales como acciones o bonos. INA secc. 203(b)(5)(F)(v), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v). Véase también el 8 CFR 204.426(a) propuesto.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) debe terminar un centro regional si una de sus empresas comerciales nuevas asociadas infringe alguno de los requisitos estatutarios relativos a la redistribución de los fondos de los inversionistas. INA secc. 203(b)(5)(F)(v), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v). Véase también el 8 CFR 204.426(c) propuesto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone implementar estos parámetros estatutarios para la redistribución del capital de los inversionistas por parte de la nueva empresa comercial en esta norma. Véase el 8 CFR 204.426 propuesto. El DHS propone aclarar que la ejecución de buena fe del plan de negocios de un proyecto de inversión de capital incluye presentar debidamente y recibir la aprobación de enmiendas, y que el reembolso de la inversión inicial por parte de la entidad creadora de empleo puede asimismo modificarse respecto de lo contemplado en el plan de negocios mediante una enmienda debidamente presentada y aprobada. Véase el 8 CFR 204.426(a) propuesto. El DHS propone además que toda redistribución del capital de los inversionistas debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes a la devolución del capital a la nueva empresa comercial, salvo que el USCIS considerará las pruebas que demuestren que un período más largo fue razonable para un tipo específico de empresa comercial o para una actividad comercial específica, considerando la totalidad de las circunstancias. Véase el 8 CFR 204.426(b) propuesto. El DHS considera que este período de tiempo proporciona suficiente flexibilidad para que una nueva empresa comercial identifique y ejecute una inversión para la redistribución del capital de los inversionistas, manteniendo al mismo tiempo la intención de la ley de que la inversión permanezca en riesgo durante al menos dos años. Para efectos de la restricción estatutaria sobre inversiones pasivas, tales como acciones y bonos, el DHS propone codificar la prohibición estatutaria y alinearla con la práctica existente para aclarar que esta se aplica a todos los valores del mercado secundario y a los valores del mercado primario que no estén relacionados con el uso en ninguna actividad comercial (es decir, cuando la compra de (página impresa 40724) valores sea principalmente financiera y no de naturaleza comercial).

El USCIS terminará la designación de un centro regional y podrá inhabilitar o sancionar de otro modo a la nueva empresa comercial respecto de su participación en el Programa de Centros Regionales conforme al 8 CFR 204.431 propuesto, si la nueva empresa comercial no cumple con los parámetros de redistribución establecidos en el 8 CFR 204.426. Véase el 8 CFR 204.426(c) propuesto.

La INA exige que todo promotor directo o de terceros de un centro regional, una nueva empresa comercial, una entidad creadora de empleo afiliada, o un emisor de valores que se pretenda ofrecer a inversionistas inmigrantes en relación con un proyecto de inversión de capital en particular, registre su participación como promotor ante el USCIS. INA secc. 203(b)(5)(K), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K). Esta norma propuesta codificaría los requisitos y el proceso de registro. Véase el 8 CFR 204.428 propuesto.

Todo promotor debe registrar su participación en el Programa de Centros Regionales ante el USCIS. INA secc. 203(b)(5)(K), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K); véase también el 8 CFR 204.428(a) propuesto. Si el promotor es una entidad, entonces todos los promotores que trabajen para esa entidad en una función que cumpla con la definición de promotor descrita en el 8 CFR 204.401 propuesto también tendrían que presentar el Formulario I-956K ante el USCIS. Por el contrario, los empleados de una organización que debe registrarse ante el USCIS que no participen en la promoción real de una oferta de inversión en particular no estarían obligados a presentar el Formulario I-956K. Esto incluiría, por ejemplo, al personal administrativo de la organización.

USCIS publicó el Formulario I-956K, Registro para Promotores Directos y de Terceros, para permitir que los promotores que participan en el Programa de Centro Regional proporcionen toda la información necesaria a USCIS. De manera similar a la práctica actual, bajo la regla propuesta, con su formulario, un promotor tendría que incluir información de identificación, incluyendo la presentación de datos biométricos, si corresponde, para que USCIS pueda confirmar adecuadamente la identidad del registrante, proporcionar certificaciones de que es elegible para participar en el Programa de Centro Regional conforme a la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H); certificar su familiaridad con las reglas y estándares de registro; y confirmar la existencia de un acuerdo escrito para cada entidad con la que el promotor haya celebrado un acuerdo, e incluir una copia del acuerdo o acuerdos escritos con su registro. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(b). Si el promotor es una organización y todos los empleados de esa organización están cubiertos por los acuerdos escritos proporcionados con el Formulario I-956K, esos empleados no tendrían que presentar una copia de los mismos acuerdos escritos, siempre que la organización ya haya proporcionado a USCIS una copia de dichos acuerdos escritos con su Formulario I-956K. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(f). Además, cada promotor debe proporcionar una copia del acuerdo escrito correspondiente a cualquier inversionista de centro regional que busque para la inversión en la oferta de inversión en particular. El acuerdo escrito tendría que proporcionar una divulgación completa de cualquier tarifa, interés continuo y otra compensación que haya sido o será recibida por un promotor en relación con una inversión en una oferta bajo el Programa de Centro Regional. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(d)(1). Los inversionistas de centro regional deben certificar en su Formulario I-526E que recibieron una copia del acuerdo escrito.

Cada promotor también tendría que certificar en su Formulario I-956K que está familiarizado con el Programa de Centro Regional y el proceso de visa de inmigrante de los Estados Unidos, y que los representará con exactitud ante los posibles inversionistas. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(c). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consideró exigir a los promotores que completaran un requisito de evaluación para establecer que comprenden suficientemente el Programa de Centro Regional y el proceso de visa de inmigrante de los Estados Unidos. Sin embargo, el DHS considera que la administración de dicho requisito no sería práctica para la adecuada administración del proceso de registro de promotores. Más bien, el DHS propone exigir que el promotor certifique su propio conocimiento y utilizar su autoridad conforme a la INA para suspender o prohibir que un promotor participe en el Programa de Centro Regional si no proporciona información precisa a los inversionistas inmigrantes. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(c) y (g). El requisito de certificación incluiría proporcionar a los inversionistas información precisa sobre los pasos involucrados en la obtención de una visa de inmigrante o el estatus de residente permanente, incluyendo la duración que el proceso pueda tomar, según el mejor conocimiento del promotor basado en la información puesta a disposición del público por USCIS y el Departamento de Estado. 92 Véase la propuesta 8 CFR 204.428(c).

Adicionalmente, el promotor no podría utilizar declaraciones manipuladoras, engañosas o fraudulentas en ningún material promocional, lo cual podría incluir declaraciones falsas o materialmente engañosas, no abordar los factores materiales que hacen que la oferta sea especulativa o riesgosa, proporcionar predicciones de éxito financiero o de inmigración, o declarar que USCIS o cualquier agencia del Gobierno de los Estados Unidos ha revisado o aprobado los cálculos o resultados de desempeño de una oferta. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(e)(1). Un promotor, o su material promocional, podría declarar de manera general que una solicitud de proyecto presentada por el centro regional ha sido aprobada, cuando el centro regional haya recibido un aviso de aprobación de USCIS. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(e)(1)(v). Bajo esta regla propuesta, sería responsabilidad del promotor asegurar que cualquier material promocional utilizado no contenga declaraciones manipuladoras, engañosas o fraudulentas, y que cumpla con todas las leyes de inmigración y de valores aplicables. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(e)(3). Además, el promotor tendría que conservar todo el material promocional y proporcionarlo a USCIS cuando se le solicite, incluyendo una traducción cuando sea necesario. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(e)(4). Y el promotor debe cumplir con todas las leyes federales y estatales de valores aplicables. Véase la propuesta 8 CFR 204.428(e)(5).

Cuando un promotor presenta el Formulario I-956K, USCIS emitiría un aviso de recibo al promotor indicando que el promotor presentó correctamente el Formulario I-956K. Después de realizar ciertas verificaciones de antecedentes para verificar el cumplimiento de los requisitos del programa, USCIS emitiría entonces al promotor un aviso de registro. Alternativamente, si USCIS determina que el Formulario I-956K no cumple con los requisitos del programa (por ejemplo, al no reconocer un acuerdo por escrito), USCIS generalmente emitiría primero un aviso de no registro y le daría al promotor la oportunidad de responder antes de emitir un aviso final de no registro. Véase la propuesta de 8 CFR 204.428(a).

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Conforme a esta norma propuesta, USCIS generalmente aceptaría el Formulario I-956K, salvo cuando el promotor esté suspendido o inhabilitado permanentemente [93] para participar en el Programa de Centros Regionales, o cuando el formulario no cumpla de otro modo con los requisitos de presentación, como la falta del nombre y/o la información de contacto del promotor, o certificaciones faltantes o sin firmar. Por lo tanto, un promotor puede comenzar a promover bajo el Programa de Centros Regionales una vez que presenta el Formulario I-956K. Id. Sin embargo, si un promotor recibe un aviso final de no registro, dicho promotor debe cesar toda actividad de promoción del programa EB-5. Una vez que un promotor completa el proceso de registro, el registro permanecería vigente hasta que el promotor busque retirar su registro o hasta que USCIS lo suspenda o lo inhabilite para participar en el Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta de 8 CFR 204.428(g); véase también 8 CFR 204.431(b)(10). El DHS propone motivos por los cuales USCIS podría buscar suspender o inhabilitar a un promotor, incluyendo cualquier incumplimiento de las normas y estándares para promotores y violaciones de cualquier ley federal o estatal de valores aplicable. Id. Si USCIS determina que un promotor debe ser suspendido o inhabilitado para participar en el Programa de Centros Regionales, USCIS enviaría un aviso al promotor explicando los motivos de la suspensión o inhabilitación. Véase la propuesta de 8 CFR 204.428(g), 8 CFR 204.431(b)(10), (e) y (h). El promotor generalmente tendría la oportunidad de refutar los motivos proporcionados. Id. Una suspensión no necesariamente impediría la participación futura de un promotor en el Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta de 8 CFR 204.431(d)(3)(iv). Sin embargo, si USCIS inhabilita permanentemente la participación de un promotor, dicho promotor no podría participar nuevamente en el Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta de 8 CFR 204.431(d)(5)(i).

La suspensión o inhabilitación de un promotor también podría afectar al centro regional, a la nueva empresa comercial o a la entidad afiliada creadora de empleo que haya utilizado al promotor, si cualquiera de esas entidades se asoció a sabiendas con un promotor que no cumple con los requisitos para ser promotor, o si no toma ninguna medida para dejar de utilizar a un promotor suspendido o inhabilitado dentro de los 14 días posteriores a tener conocimiento de la suspensión o inhabilitación. Véase la propuesta de 8 CFR 204.428(g)(3). Si USCIS suspende o inhabilita a un promotor para participar en el Programa de Centros Regionales y USCIS puede determinar, a partir de sus registros, cuáles entidades utilizaron a ese promotor, USCIS podría notificar a las entidades afectadas sobre la suspensión o inhabilitación del promotor. Id.

El DHS acepta comentarios públicos sobre el proceso de registro para promotores directos y de terceros. El DHS también acepta comentarios sobre los estándares que podrían considerarse para el registro, la suspensión de un promotor y la inhabilitación de un promotor, incluyendo sugerencias alternativas a dichos estándares.

La INA requiere que cada nueva empresa comercial y entidad afiliada creadora de empleo mantenga los fondos recibidos de los inversionistas inmigrantes en una cuenta separada que solo puede utilizarse para recibir y destinar capital para su uso en el proyecto de inversión de capital, o para devolver el capital a un inversionista inmigrante que lo haya proporcionado. INA sec. 203(b)(5)(Q), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q). La nueva empresa comercial o entidad afiliada creadora de empleo también debe utilizar un administrador de fondos que cumpla con ciertos requisitos para supervisar y rastrear cualquier transferencia de capital de inversionistas EB-5 hacia y desde la cuenta separada. INA sec. 203(b)(5)(Q)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q)(iv). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede eximir este requisito si la nueva empresa comercial o entidad afiliada creadora de empleo está controlada por, o bajo el control común de, un asesor de inversiones o un corredor de bolsa que esté registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), si, a discreción del DHS, la SEC proporciona protecciones y transparencia comparables para los inversionistas inmigrantes a las requeridas por la sección 203(b)(5)(Q)(iv) de la INA. INA sec. 203(b)(5)(Q)(v)(I), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q)(v)(I). Además, el DHS debe eximir el requisito para cualquier nueva empresa comercial o entidad afiliada creadora de empleo que encargue una auditoría financiera independiente anual de dicha nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo, y proporcione la auditoría a USCIS, así como a todos los inversionistas de la nueva empresa comercial. INA sec. 203(b)(5)(Q)(v)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q)(v)(II). El DHS propone incorporar estas disposiciones en el reglamento. Véase la propuesta de 8 CFR 204.425.

Para la exención obligatoria del requisito de administrador de fondos conforme a la sección 203(b)(5)(Q)(v)(II) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q)(v)(II), el DHS propone aclarar que la auditoría independiente anual tendría que abarcar la nueva empresa comercial y cualquier entidad creadora de empleo a la cual la nueva empresa comercial haya desembolsado fondos de inversión recibidos de inversionistas de centros regionales. Véase la propuesta de 8 CFR 204.425(b). Para la exención discrecional disponible conforme a la sección 203(b)(5)(Q)(v)(I) de la INA, el DHS propone que un centro regional pueda solicitar dicha exención al presentar la solicitud de proyecto para la nueva empresa comercial que busque dicha exención, o mediante la presentación de una enmienda a una solicitud de proyecto anterior en la que se solicite una exención del requisito de administrador de fondos. Véase la propuesta de 8 CFR 204.425(c). En cualquier caso, el requisito de administrador de fondos solo afectaría a las nuevas empresas comerciales que participen en el Programa de Centros Regionales. Véase la propuesta de 8 CFR 204.425(a).

Ya sea que una nueva empresa comercial emplee a un administrador de fondos u obtenga una exención de dicho requisito, la nueva empresa comercial solo puede utilizar el capital de los inversionistas del centro regional de ciertas maneras. INA sec. 203(b)(5)(Q)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q)(ii). El DHS propone incluir estos requisitos de desembolso en esta norma. Véase la propuesta de 8 CFR 204.425(d).

Varias disposiciones de la INA otorgan al DHS la facultad de sancionar o tomar otras medidas contra un centro regional designado, sus nuevas empresas comerciales, sus entidades creadoras de empleo, afiliadas o de otro tipo, y los emisores de valores ofrecidos o que se pretenda ofrecer a los inversionistas de centros regionales. Véase INA sec. 203(b)(5)(E)(vii)(III), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(vii)(III), INA sec. 203(b)(5)(F)(v)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v)(II), INA sec. 203(b)(5)(G)(iii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii), INA sec. 203(b)(5)(H)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iv), INA sec. 203(b)(5)(I)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(I)(iv) e INA sec. 203(b)(5)(J)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(J)(iv). Otras disposiciones otorgan al DHS la facultad de suspender o prohibir la participación de dichas entidades u otras personas que participen en el Programa de Centros Regionales, tales como los promotores de dichas entidades. Véase INA sec. 203(b)(5)(K)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(K)(ii), INA sec. 203(b)(5)(N), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N), e INA sec. 203(b)(5)(O), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(O). Para facilitar la referencia y la aplicación, el DHS propone consolidar estas disposiciones legales de sanción en el 8 CFR 204.431 propuesto. Específicamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone disposiciones reglamentarias que prevén la imposición de diversas ( printed page 40726) sanciones, incluyendo suspensiones, terminaciones e inhabilitaciones, contra un centro regional, una nueva empresa comercial, una entidad creadora de empleo, un emisor de valores ofrecidos o que se pretenda ofrecer a inversionistas que buscan la clasificación conforme a la sección 203(b)(5) de la INA, y las partes asociadas, incluyendo propietarios, promotores y otras personas involucradas con dichas entidades, por violaciones. Véase el 8 CFR 204.431 propuesto. El DHS propone una lista de violaciones que ameritarían sanciones u otras medidas autorizadas. Véase el 8 CFR 204.431(b) propuesto.

La INA ordena al DHS establecer un conjunto escalonado de sanciones basado en la gravedad de la violación para los centros regionales y ciertas partes asociadas, que incluye multas, suspensión, inhabilitación y terminación. INA sec. 203(b)(5)(G)(iii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii). Por lo tanto, el DHS propone que las sanciones se impondrían con base en la gravedad de las violaciones de la INA y podrían incluir:

1. Un Aviso de Determinación de Violación que notificará una violación de la ley o del reglamento, tal como una carta de cese y desistimiento, y que será incluido en el expediente de actuaciones pertinente de USCIS;

2. Sanciones pecuniarias equivalentes a no más del 10 por ciento del capital total invertido por los inversionistas inmigrantes en las nuevas empresas comerciales o entidades creadoras de empleo del centro regional directamente involucradas en dichas violaciones;

3. Suspensión de la participación en el programa EB-5, que podrá ser total o parcial;

4. Terminación de la designación de un centro regional;

5. Inhabilitación de la participación en el programa EB-5 para el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo; y

6. Inhabilitación de la participación en el programa EB-5 para una o más personas asociadas con el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo.

Véase el 8 CFR 204.431(d) propuesto.

Conforme a la regla propuesta, USCIS podrá tomar medidas razonables para recabar información sobre una posible o presunta violación, para llevar a cabo una acción correctiva, para disuadir futuras violaciones y para asegurar el cumplimiento continuo del programa EB-5 antes de emitir una sanción. Véase el 8 CFR 204.431(e) propuesto. Por ejemplo, USCIS podrá emitir cartas de advertencia cuando tenga conocimiento de pruebas de declaraciones falsas, la participación de personas no elegibles, medidas inminentes adoptadas por reguladores de valores, o la falta de pago de las tarifas requeridas, a fin de evitar o corregir inquietudes relacionadas con el cumplimiento. La carta también incluiría cualquier sanción propuesta en caso de que la persona o entidad no subsane la violación.

USCIS también podrá emitir avisos de infracción o avisos previos a la sanción, tales como cartas de cese y desistimiento, cuando determine o tenga motivos para creer que un centro regional, una nueva empresa comercial, una entidad generadora de empleo o un promotor está incurriendo o ha incurrido en la violación de una ley, norma o reglamento conforme a la sección propuesta 8 CFR 204.431(b), u otra actividad prohibida. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.431(d)-(e). Por ejemplo, estos avisos o cartas podrían utilizarse para informar a los centros regionales o promotores que deben cesar las actividades de comercialización prohibidas por las normas y criterios establecidos en la sección propuesta 8 CFR 204.428 y en la sección propuesta 8 CFR 204.431(b)(10), o para cesar el uso indebido del sello del DHS o de USCIS. Estos avisos previos a la sanción, incluidas las cartas de cese y desistimiento, generalmente también incluirían cualquier sanción adicional propuesta en caso de que la persona o entidad no subsane la infracción. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.231(e).

Independientemente de que USCIS envíe una carta de advertencia u otro tipo de aviso, USCIS generalmente emitiría primero un aviso que identifique las acciones que dieron inicio al proceso de sanción, así como la sanción que USCIS está imponiendo. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.431(f)(2). Cada sanción se emitiría con base en la consideración de ciertos factores, tales como la forma, la naturaleza, la magnitud, la culpabilidad y el daño, al determinar la gravedad de la sanción a imponer. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.431(c). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que, conforme a la norma propuesta, USCIS podría emitir más de una sanción por cualquier infracción. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.431(d). Por ejemplo, si USCIS determina que un centro regional está incurriendo en una conducta incompatible con su designación al no cumplir con sus políticas y procedimientos adoptados para supervisar y vigilar a las nuevas empresas comerciales asociadas, tales como no examinar adecuadamente o permitir a sabiendas que una persona esté involucrada con una de sus nuevas empresas comerciales cuando dicha persona no es elegible para participar en el Programa de Centros Regionales conforme a la sección 203(b)(5)(H) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H), USCIS podría imponer una sanción monetaria al centro regional. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.431(d)(2). Si el centro regional no garantiza que su nueva empresa comercial tome medidas comercialmente razonables para apartar a dicha persona de la participación en el Programa de Centros Regionales, entonces USCIS podría imponer sanciones adicionales por la infracción continua, tanto al centro regional como a su nueva empresa comercial asociada, o a ambos. Además, si el centro regional no paga la sanción monetaria, el incumplimiento de pago constituiría una infracción adicional sancionable. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.431(b)(9).

Al recibir un aviso de sanción, la parte afectada podría tomar medidas para cumplir con el aviso de sanción o presentar una moción para reabrir o reconsiderar, o apelar cualquier determinación final ante la Oficina de Apelaciones Administrativas. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.431(g) y (h). Si una parte afectada es objeto de múltiples sanciones, deberá presentarse oportunamente una moción o apelación separada para cada sanción que la parte afectada desee que sea revisada. Véase la sección propuesta 8 CFR 204.231(f)(1). Por ejemplo, si una parte afectada recibió tanto una multa como una suspensión y deseara que ambas sanciones fueran revisadas por la Oficina de Apelaciones Administrativas, entonces estaría obligada a presentar dos apelaciones separadas. Este requisito sirve para identificar claramente las sanciones respecto de las cuales una parte afectada ha solicitado revisión administrativa de apelación para efectos de agotamiento de recursos conforme a la sección 203(b)(5)(P)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(P)(ii). Además, este requisito proporciona a USCIS la flexibilidad necesaria para supervisar de manera eficiente la integridad del programa EB-5.

Según la norma propuesta, USCIS podría imponer sanciones monetarias (es decir, multas) a los centros regionales en función de infracciones particulares de los requisitos aplicables. Véase, por ejemplo, INA secc. 203(b)(5)(G)(iii)(II)(aa), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii)(II)(aa) ("multas iguales a no más del 10 por ciento del capital total invertido por los inversionistas extranjeros en las nuevas empresas comerciales del centro regional..."); véase la propuesta 8 CFR 204.431(d)(2). Para agilizar el proceso de imposición de sanciones monetarias por ciertas infracciones comunes en virtud de la sección 203(b)(5)(G)(iii) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii) (como la falta de presentación de una declaración anual), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consideró establecer montos fijos para las sanciones monetarias en lugar de realizar determinaciones individualizadas del monto de la sanción monetaria basadas en la gravedad de cada infracción, hasta el límite legal del 10 por ciento del capital total invertido por los inversionistas EB-5 en las nuevas empresas comerciales del centro regional o en las entidades creadoras de empleo directamente involucradas en dichas infracciones. Por ejemplo, bajo ese enfoque, el DHS impondría una sanción monetaria fija de $10,000 a un centro regional con uno o más inversionistas en sus nuevas empresas comerciales o entidades creadoras de empleo que no presente su declaración anual (con la información requerida para cada una de sus nuevas empresas comerciales y entidades creadoras de empleo (página impresa 40727)) antes de la fecha límite requerida. El DHS está solicitando aportes y comentarios del público sobre si deben establecerse sanciones monetarias fijas para ciertas infracciones comunes, en particular el monto de dichas sanciones y los tipos de infracciones que podrían estar cubiertos.

Según la norma propuesta, USCIS podría suspender a cualquier persona de participar en el programa EB-5. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(d)(3). El DHS propone que la suspensión signifique la prohibición temporal de algunas o todas las formas de participación en el programa EB-5 por parte de la persona suspendida. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Suspender. Las suspensiones pueden ser sanciones limitadas en el tiempo o por infracción para abordar y contener comportamientos problemáticos de manera generalmente constructiva. Durante un período de suspensión y dependiendo del alcance de la suspensión impuesta, es posible que la persona no pueda continuar solicitando inversionistas, generar o promover inversiones adicionales, o de otro modo participar en el programa EB-5, ya sea en parte o con restricciones. Por ejemplo, un centro regional podría quedar suspendido de presentar solicitudes de proyectos o de aceptar nuevos inversionistas del centro regional. Cualquier suspensión entraría en vigor a partir de la fecha de la determinación y duraría el período especificado por USCIS. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(d)(3). La norma propuesta, en general, codificaría la política existente sobre la suspensión de la adjudicación de ciertas solicitudes y peticiones durante el período de suspensión, pero proporcionaría parámetros más uniformes para suspender, rechazar o denegar solicitudes asociadas con centros regionales, NCE o JCE suspendidos. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(d)(3)(ii-iii).

El DHS propone que las inhabilitaciones impidan la participación de una persona en el programa EB-5 sin la posibilidad de volver a solicitar, ya sea de manera permanente o temporal, según lo determine USCIS. Véase la propuesta 8 CFR 204.401, Inhabilitar. Las inhabilitaciones podrían ser temporales o permanentes, pero en cualquier caso resultarían en el fin de la participación de la persona en el programa EB-5. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(d)(5). Todas las inhabilitaciones incluirían o serían precedidas por el fin de la participación de la persona en el programa EB-5 y ocurrirían en circunstancias que requieran soluciones de más largo plazo para salvaguardar la integridad del programa, incluida la remoción temporal o permanente del programa EB-5.

Una inhabilitación temporal pondría fin a la participación de la persona mientras le permitiría volver a presentar una solicitud después de un plazo especificado por USCIS. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(d)(5)(iii). USCIS eliminaría a las personas inhabilitadas temporalmente de cualquier lista de centros regionales aprobados o promotores registrados durante el plazo especificado. Si la inhabilitación es temporal, USCIS indicaría la duración de la prohibición en su aviso de sanciones a la parte afectada. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(f)(1). Por ejemplo, el DHS podría imponer una inhabilitación temporal basada en una medida cautelar relacionada y de duración limitada debido al incumplimiento de las leyes federales y estatales sobre valores. El rango de partes asociadas que podrían ser sancionadas por incumplimiento en materia de valores es bastante amplio, e incluye a cualquier persona involucrada en las actividades del centro regional o de la nueva empresa comercial, según lo determine el Secretario. INA secs. 203(b)(5)(G) y (I), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G) y (I). Además, las posibles infracciones sujetas a sanción por incumplimiento de las leyes federales y estatales sobre valores incluyen órdenes, sentencias o decretos temporales o permanentes de cualquier tribunal, así como órdenes definitivas emitidas por la SEC o por el regulador estatal de valores. INA secs. 203(b)(5)(I)(iv), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(I)(iv). Debido a la cantidad de posibles partes afectadas y a los diversos plazos de las órdenes y sentencias emitidas por otros reguladores estatales y federales, y debido al requisito del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de establecer sanciones graduales, el DHS considera que las inhabilitaciones temporales pueden ser una herramienta de sanción apropiada, menos severa que la imposición de una prohibición permanente, en estas y otras circunstancias similares. Véase la propuesta 8 CFR 204.431(b).

La INA exige la inhabilitación permanente de cualquier persona u organización para participar en el programa EB-5 cuando USCIS determine, a su discreción, que la persona u organización participó a sabiendas en cualquier conducta que condujo a la terminación de un centro regional, una nueva empresa comercial o una entidad generadora de empleo por razones relacionadas con la seguridad pública, la seguridad nacional, el fraude, el engaño, la tergiversación material intencional o el uso indebido delictivo. INA secs. 203(b)(5)(N) y (O), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(N) y (O). USCIS eliminaría indefinidamente a las entidades inhabilitadas permanentemente de cualquier lista de centros regionales aprobados o promotores registrados.

USCIS basaría la determinación de que una persona fue un participante consciente en el conocimiento real o presunto y en la participación directa o indirecta. Véase la propuesta 8 CFR 204.432(b) y 204.433(b). En consecuencia, USCIS consideraría que una persona es un participante consciente si esa persona sabía que su participación en la conducta prohibida era ilegal, o si esa persona debería haber sabido que su participación en la conducta prohibida era ilegal (por ejemplo, con base en su puesto o relación con la entidad pertinente). Asimismo, USCIS consideraría que una persona es un participante consciente si esa persona participó directamente en la conducta prohibida o indirectamente en la conducta prohibida, por ejemplo, a través de un intermediario o representante, o por tener conocimiento real o presunto de la conducta prohibida y no ejercer su autoridad para impedir que dicha conducta ocurriera. Por ejemplo, USCIS inhabilitaría a un ejecutivo de una entidad EB-5 que, con conocimiento real o presunto, no destituya a un empleado u otro agente que esté cometiendo fraude en nombre de la entidad EB-5 en relación con el programa EB-5.

Como se discutió anteriormente en relación con las definiciones pertinentes, el DHS interpreta su autoridad de terminación de manera diferente según la entidad cuya participación se esté terminando. Dado que el DHS solo designa centros regionales (y no a las NCE o JCE), el DHS interpreta su autoridad de terminación para los centros regionales como aplicable únicamente para poner fin a la designación de un centro regional, en línea con la práctica histórica y el uso de este término, y en consecuencia el DHS propone imponer terminaciones como sanción únicamente a los centros regionales. Véase la propuesta de 8 CFR 204.431(d)(4). El DHS propone que un centro regional terminado no pueda solicitar capital de un inversionista que busque la clasificación de inversionista inmigrante. Véase la propuesta de 8 CFR 204.401, Terminate (Terminar). Por otro lado, la INA también otorga autoridad para terminar la participación de las NCE o JCE en el programa EB-5. Véase INA secs. 203(b)(5)(H)(iv), (N)(iii) y (O)(ii), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(iv), (N)(iii), (O)(ii). Como cuestión inicial, el DHS no designa a las NCE o JCE para participar en el programa de la misma manera en que se contempla para los centros regionales conforme a la INA o en línea con las prácticas históricas. Además, estas disposiciones de la INA no distinguen entre el uso más específico de la terminación tal como se aplica a la designación de un centro regional frente a otros tipos de sanciones que podrían aplicarse a las NCE o JCE que de manera similar pondrían fin a su participación en el programa EB-5, tales como la inhabilitación. Cf. INA sec. 203(b)(5)(G)(iii)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(G)(iii)(II) (que autoriza la inhabilitación para poner fin a la participación de (página impresa 40728) personas que no son centros regionales en el programa EB-5, al tiempo que limita el uso del término terminación específicamente solo a la designación de un centro regional). El DHS también observa que las protecciones al inversionista conforme a la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), se activan únicamente con la terminación de un centro regional o la inhabilitación de una NCE o JCE. Véase INA sec. 203(b)(5)(M)(ii)(I), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(ii)(I) (“en el caso de la terminación de un centro regional”), e INA sec. 203(b)(5)(M)(ii)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M)(ii)(I) (“en el caso de la inhabilitación de una nueva empresa comercial o entidad creadora de empleo”). En consecuencia, la terminación de una NCE o JCE que fuera distinta de la inhabilitación no activaría estas protecciones al inversionista conforme a la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), lo cual el DHS considera que sería contrario a las demás disposiciones de la sección 203(b)(5)(M) de la INA, 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M), que brindan protecciones a los “inversionistas de buena fe”. Por lo tanto, el DHS interpreta su autoridad para terminar la participación de las NCE o JCE en el programa como equivalente a la inhabilitación, lo cual se refleja en las definiciones propuestas y las normas correspondientes discutidas anteriormente. En consecuencia, conforme a esta norma propuesta, el USCIS tendría la facultad de terminar a un centro regional de su participación en el Programa de Centros Regionales por cualquiera de las infracciones establecidas en la propuesta de 8 CFR 204.431(b). La RIA exige la terminación de la designación del centro regional cuando la nueva empresa comercial infrinja cualquiera de los requisitos de redistribución del capital EB-5 (INA sec. 203(b)(5)(F)(v)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(F)(v)(II)), si el centro regional no consiente o intenta deliberadamente obstaculizar una auditoría del DHS (INA sec. 203(b)(5)(E)(vii)(III), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(vii)(III), véase también la propuesta de 8 CFR 204.431(b)(3)), o si el centro regional no realiza el pago requerido de la Cuota del Fondo de Integridad dentro de los 90 días posteriores a su fecha de vencimiento (INA sec. 203(b)(5)(J)(iv)(II), 8 U.S.C. 1153(b)(5)(J)(iv)(II); véase también la propuesta de 8 CFR 204.431(b)(9)).