DHS finaliza la norma sobre el formulario de registro de extranjeros y su evidencia

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Consulte el Manual de Redacción de Documentos (Document Drafting Handbook) para obtener más detalles.

(página impresa 39248)

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Norma final con solicitud de comentarios.

El 12 de marzo de 2025, el DHS emitió una norma final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) con solicitud de comentarios, que modifica las regulaciones del DHS para designar un nuevo formulario de registro para que los extranjeros cumplan con las disposiciones legales de registro y toma de huellas dactilares de extranjeros. Los extranjeros no registrados pueden utilizar este formulario de registro general para cumplir con sus obligaciones legales. Esta norma final responde a los comentarios públicos, modifica las regulaciones del DHS para ajustar las listas de formularios y procesos que pueden servir como formularios de registro y evidencia de registro de extranjeros, y solicita comentarios sobre otros posibles cambios a las regulaciones relacionadas con el registro y la toma de huellas dactilares de extranjeros.

Esta norma final entra en vigor el 29 de junio de 2026.

Período de comentarios para los comentarios solicitados: Los comentarios sobre los otros posibles cambios relacionados con el registro y la toma de huellas dactilares de extranjeros descritos en la sección V, Solicitud de Comentarios, de este preámbulo deben presentarse a más tardar el 28 de agosto de 2026.

Período de comentarios para los comentarios adicionales solicitados: Usted puede presentar comentarios sobre los asuntos específicos identificados en la sección V, Solicitud de Comentarios, de este preámbulo a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica (Federal eRulemaking Portal) en https://www.regulations.gov, al Número de Expediente del DHS USCIS-2025-0004. Siga las instrucciones del sitio web para presentar comentarios.

Los comentarios presentados de una manera distinta a través de https://www.regulations.gov, incluidos los correos electrónicos o cartas enviados a los funcionarios del Departamento, no serán considerados y es posible que no reciban respuesta del Departamento. Tenga en cuenta que el Departamento no puede aceptar comentarios entregados en mano o enviados por mensajería. Además, el Departamento no puede aceptar comentarios contenidos en ningún tipo de medio de almacenamiento digital, como CD, DVD o unidades USB. El Departamento no está aceptando comentarios por correo postal en este momento. Si no puede presentar su comentario utilizando https://www.regulations.gov, comuníquese con John R. Pfirrmann-Powell, Jefe Interino, División de Coordinación Regulatoria, Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, por teléfono al (240) 721-3000 para obtener instrucciones alternativas.

Jefe de Rama, Rama de Residencia y Admisibilidad, División de Residencia y Naturalización, Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, 5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20746; teléfono (240) 721-3000 (no es una llamada gratuita).

I. Resumen Ejecutivo

A. Fundamento y Propósito

B. Autoridad Legal

C. Resumen de los Cambios de la Norma Final Provisional a la Norma Final

D. Solicitud de Comentarios sobre Posibles Cambios Futuros

E. Divisibilidad

F. Costos y Beneficios

II. Antecedentes

A. Requisitos de Registro de Extranjeros de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

B. Regulaciones Previas a la Norma Final Provisional de 2025

C. La Norma Final Provisional de Marzo de 2025

III. Respuesta a los Comentarios Públicos sobre la Norma Final Provisional

A. Panorama General de los Comentarios sobre la Norma Final Provisional

B. Apoyo a la Norma Final Provisional

C. Oposición a la Norma y Objeciones de Política

1. Impactos Negativos Generales

2. Impacto en Poblaciones Específicas

3. Impacto en los Servicios Legales para Extranjeros

4. Impacto en el Sistema de Inmigración y las Operaciones Gubernamentales

5. Impacto en las Comunidades y la Seguridad Pública

D. Asuntos Legales y Disposiciones Legales

1. Autoridad Legal General y Legalidad de la Norma Final Provisional

2. Fundamento Legal de la Norma Final Provisional

3. Preocupaciones Constitucionales Relacionadas con la Norma Final Provisional

4. El Cumplimiento de la Norma Final Provisional con el Derecho Internacional

E. Aplicabilidad

1. Aplicabilidad General

2. Aplicabilidad a Menores de Edad

3. Aplicabilidad a Ciudadanos Canadienses

4. Aplicabilidad a Extranjeros que Solicitan Alivio Humanitario

5. Aplicabilidad a Otras Poblaciones de Inmigrantes

F. Disposiciones Específicas de la Norma

1. Estructura Reglamentaria del 8 CFR 264.1(a) y (b)

2. Proceso de Presentación

3. Prueba de Registro

4. Proceso de Datos Biométricos

5. Cuota de Presentación

6. Vigencia del Registro

G. Otros Asuntos Relacionados con la Regla

1. Confidencialidad/Privacidad del Registro y la Toma de Huellas Dactilares

2. Cronograma de Implementación

3. Otros Asuntos Relacionados con la Regla

H. Requisitos Estatutarios y Reglamentarios

1. Ley de Procedimiento Administrativo

2. Análisis de Impacto Regulatorio, Costos y Beneficios (Orden Ejecutiva 12866 y Orden Ejecutiva 13563)

3. Otros Requisitos Estatutarios y Reglamentarios

I. Fuera del Alcance

1. Requisitos de Registro Conforme a Estatutos y Reglamentos Preexistentes

2. Aplicación de Disposiciones Penales

3. Otros Asuntos Fuera del Alcance (No Relacionados con los Requisitos de Registro)

IV. Cambios Adicionales en la Regla Final

A. Cambios a los Formularios de Registro Prescritos en el 8 CFR 264.1(a)

1. Eliminación de Formularios de Registro Prescritos

2. Actualización de los Nombres, Números y Clases Relacionadas de los Formularios de Registro Prescritos

B. Cambios a los Formularios que Constituyen Prueba de Registro en el 8 CFR 264.1(b)

1. Actualización del Formulario I-94 como Prueba de Registro

2. Actualización de los Nombres y Números de los Formularios Relacionados con las Tarjetas de Cruce Fronterizo

3. Adición de Formularios que Constituyen Prueba de Registro

4. Eliminación de la Palabra “Formulario” en el 8 CFR 264.1(b)

C. Cambios a la Exención de Huellas Dactilares en el 8 CFR 264.1(e)(1)

D. Actualizaciones al 8 CFR 264.1(g)

E. Cambios a la Prueba Temporal de Estatus de Residente Permanente en el 8 CFR 264.5(h)

F. Cambios Relacionados con la Solicitud del Registro de Llegada y Salida para No Inmigrantes en el 8 CFR 264.6

V. Solicitud de Comentarios

A. Prescribir Formularios de Registro Adicionales para Alinearse con las Recopilaciones de Información del DHS y Asegurar la Evaluación y Verificación conforme a un Estándar Uniforme

B. Asegurar que se Proporcione Prueba de Registro a los Extranjeros que se Hayan Registrado y Hayan Sido Evaluados y Verificados conforme a un Estándar Uniforme

1. Eliminación de Ciertos Formularios Prescritos de Prueba de Registro de Extranjeros del 8 CFR 264.1(b)

2. Actualizaciones a las Clases de Extranjeros para Quienes el Formulario I-94 Constituye Prueba de Registro Conforme al 8 CFR 264.1(b)

C. Emisión de Prueba de Registro Antes de la Adjudicación de la Solicitud de Beneficio Relacionada

D. Actualización de Exenciones Obsoletas del Requisito de Datos Biométricos para Ciertos No Inmigrantes

1. Eliminar o Reemplazar la Exención de Datos Biométricos para Ciertos Extranjeros No Inmigrantes

2. Aclarar “No Haber Sido Previamente Sometido a la Toma de Huellas Dactilares” en el 8 CFR 264.1(e)(2) y (3)

E. Requisito de Solicitar el Reemplazo de la Tarjeta de Residente Permanente cuando el Extranjero Cumple 14 Años de Edad

VI. Requisitos Estatutarios y Reglamentarios

A. Ley de Procedimiento Administrativo

1. Excepción de Regla Procesal

2. Fecha de Entrada en Vigor Diferida

B. Órdenes Ejecutivas 12866 y 13563

1. Resumen

2. Población Afectada (página impresa 39249)

3. Costos

4. Beneficios

C. Ley de Flexibilidad Regulatoria

D. Ley de Mandatos No Financiados de 1995

E. Ley de Equidad en la Aplicación de Reglamentos para la Pequeña Empresa de 1996 (Ley de Revisión del Congreso)

F. Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo)

G. Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de la Justicia Civil)

H. Orden Ejecutiva 13175 (Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas)

I. Evaluación Familiar

J. Ley de Política Ambiental Nacional

K. Ley de Reducción de Trámites

APA, Ley de Procedimiento Administrativo

ADIT, Identificación y Telecomunicación de Documentación de Extranjeros

ARR, Requisito de Registro de Extranjeros

ASC, Centro de Apoyo para Solicitudes de USCIS

BCC, Tarjeta de Cruce Fronterizo

BIA, Junta de Apelaciones de Inmigración

CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos

CFR, Código de Reglamentos Federales

CPI-U, Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos

CRCL, Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS

DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia

DHS, Departamento de Seguridad Nacional

DOJ, Departamento de Justicia de los Estados Unidos

DOL, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos

EAD, Documento de Autorización de Empleo

ELIS, Sistema Electrónico de Inmigración

E.O., Orden Ejecutiva

EOIR, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración

EWI, Ingreso Sin Inspección

FAM, Manual de Asuntos Exteriores

FBI, Oficina Federal de Investigaciones

FISMA, Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información

FOIA, Ley de Libertad de Información

FR, Registro Federal

HHS, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

HSA, Ley de Seguridad Nacional

ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos

ID, Tarjeta de Identificación

IFR, Regla Final Provisional

IIRIRA, Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante

INA, Ley de Inmigración y Nacionalidad

INS, Servicio de Inmigración y Naturalización

IRCA, Ley de Reforma y Control de Inmigración

IT, Tecnología de la Información

LPR, Residente Permanente Legal

NATO, Organización del Tratado del Atlántico Norte

NEPA, Ley de Política Ambiental Nacional

NPRM, Aviso de Reglamentación Propuesta

NSEERS, Sistema Nacional de Registro de Entrada y Salida de Seguridad

NTA, Notificación de Comparecencia

OHSS, Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional

OIRA, Oficina de Información y Asuntos Regulatorios

OMB, Oficina de Administración y Presupuesto

ORR, Oficina de Reasentamiento de Refugiados

PIA, Evaluación de Impacto en la Privacidad

PRA, Ley de Reducción de Trámites

Pub. L., Ley Pública

RFA, Ley de Flexibilidad Regulatoria

SAW, Trabajador Agrícola Especial

SBREFA, Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para la Pequeña Empresa

Secretary, Secretario de Seguridad Nacional

SIJ, Inmigrante Especial Juvenil

SORN, Aviso de Sistema de Registros

SSN, Número de Seguro Social

State, Departamento de Estado de los Estados Unidos

TPS, Estatus de Protección Temporal

TVPA, Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas

TVPRA, Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de Personas William Wilberforce de 2008

TTP, Programas de Viajero Confiable

UAC, Menor Extranjero No Acompañado

UMRA: Ley de Reforma sobre Mandatos no Financiados (Unfunded Mandates Reform Act)

U.S.C.: Código de los Estados Unidos (United States Code)

USCIS: Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services)

VAWA: Ley de Violencia Contra la Mujer (Violence Against Women Act)

VTVPA: Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas y la Violencia (Victims of Trafficking and Violence Protection Act)

Las instrucciones para presentar comentarios se encuentran en el apartado DIRECCIONES (ADDRESSES).

Se invita a las personas interesadas a presentar comentarios sobre los asuntos específicos identificados en la sección V, Solicitud de Comentarios, de este preámbulo, mediante el envío de datos, opiniones, comentarios y argumentos pertinentes por escrito, antes de la fecha límite indicada en el apartado FECHAS (DATES). Para brindar la mayor asistencia posible al DHS, los comentarios deben explicar el motivo de cualquier recomendación e incluir datos, información o autoridad que respalden el curso de acción recomendado. Los comentarios deben presentarse en inglés, o bien debe proporcionarse una traducción al inglés. Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada en las instrucciones, incluidos los correos electrónicos o cartas enviados a los funcionarios del Departamento, no serán considerados comentarios sobre la norma y es posible que el Departamento no les dé respuesta.

Privacidad: Es posible que desee considerar limitar la cantidad de información personal que proporciona en cualquier comentario público que envíe al Departamento. El Departamento puede retener de la visualización pública la información proporcionada en los comentarios que determine que puede afectar la privacidad de una persona o que resulte ofensiva. Para obtener información adicional, lea el Aviso de Privacidad y Seguridad en https://www.regulations.gov.

Expediente: Para acceder al expediente y leer los documentos de referencia o los comentarios recibidos, visite https://www.regulations.gov, haciendo referencia al expediente DHS No. USCIS-2025-0004. También puede suscribirse a las alertas por correo electrónico en el expediente en línea para que se le notifique cuando se agreguen documentos adicionales al expediente.

El 12 de marzo de 2025, el DHS emitió una norma final interina (IFR) con solicitud de comentarios. Véase 90 FR 11793 (12 de marzo de 2025). La IFR entró en vigor el 11 de abril de 2025. La IFR modificó las regulaciones del DHS para designar un nuevo formulario de registro para que los extranjeros cumplan con la disposición legal de registro y toma de huellas dactilares de extranjeros. La IFR implementó parcialmente la sección 7 de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión (20 de enero de 2025), 90 FR 8443 (29 de enero de 2025), la cual ordenó al Secretario de Seguridad Nacional (Secretario), entre otras cosas, tomar las medidas apropiadas para garantizar que todos los extranjeros previamente no registrados en los Estados Unidos cumplan con los requisitos legales de registro.

Tras una cuidadosa consideración de los comentarios públicos presentados en relación con la IFR, el DHS está finalizando la IFR y realizando modificaciones procedimentales y técnicas adicionales al texto reglamentario en 8 CFR 264.1 en respuesta a los comentarios públicos. El fundamento de los cambios realizados en 8 CFR 264.1 en la IFR y el razonamiento proporcionado en el preámbulo de la IFR siguen siendo válidos, salvo en lo que se distinga en esta norma final.

El propósito de esta norma final sigue siendo el mismo que se expresó a lo largo de la IFR: mejorar los resultados de registro para ciertos grupos de extranjeros, a fin de garantizar de mejor manera que todos los extranjeros previamente no registrados en los Estados Unidos cumplan con los requisitos legales establecidos en las secciones 261 a 266 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), 8 U.S.C. 1301 a 1306. La IFR llenó un vacío en el régimen reglamentario del DHS al establecer un formulario de registro disponible para todos los extranjeros, independientemente de su estatus, y la evidencia correspondiente como comprobante de dicho registro. Esta norma final adopta la IFR como definitiva. La norma mejora la eficacia del cumplimiento de la ley por parte del DHS, facilitando y haciendo más seguro para el DHS hacer cumplir la ley al proporcionar información más completa sobre la ubicación de los extranjeros en los Estados Unidos. Además, un mayor cumplimiento de los requisitos de toma de huellas dactilares proporcionará al DHS información adicional sobre los antecedentes penales de un extranjero, incluido si el extranjero es un terrorista conocido o sospechoso.

La regla final también realiza correcciones técnicas adicionales en las regulaciones existentes para reemplazar el nombre, la descripción y el número de ciertos formularios en el 8 CFR 264.1(a) y (b) que han evolucionado o cambiado con el tiempo, elimina referencias a ciertos formularios vencidos desde hace mucho tiempo (printed page 39250) que los extranjeros no pueden utilizar para registrarse, y prescribe algunos formularios adicionales como prueba de registro. La regla final también realiza enmiendas y correcciones técnicas a las disposiciones de exención de toma de huellas dactilares del 8 CFR 264.1(e) y 8 CFR 264.1(g) relacionadas con el requisito de registro de los extranjeros que cumplen 14 años, así como a las disposiciones del 8 CFR 264.5(h) relativas a la prueba temporal de registro y de estatus de residente permanente legal (LPR). Finalmente, la regla realiza correcciones técnicas al 8 CFR 264.6. Estos cambios reducen la confusión y mejoran la facilidad de uso de las disposiciones revisadas. Estas enmiendas y correcciones técnicas no afectan de manera sustantiva al público regulado.

La autoridad del Secretario para emitir esta regla final se encuentra en varias disposiciones de la INA, 8 U.S.C. 1101 y siguientes, incluida la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a), que autoriza al Secretario a administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración y a establecer las regulaciones que el Secretario considere necesarias para llevar a cabo dicha autoridad. La autoridad también se encuentra en las secciones 262 a 266 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1306, que rigen el registro de los extranjeros y autorizan al Secretario a preparar formularios para el registro y la toma de huellas dactilares de los extranjeros. La sección 102(a)(3) de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA), 6 U.S.C. 112(a)(3), confiere todas las funciones de todos los funcionarios, empleados y unidades organizativas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al Secretario. Véase también 6 U.S.C. 202, 271; INA sec. 214(a)(1), 8 U.S.C. 1184(a)(1).

Tras una cuidadosa consideración de los comentarios públicos recibidos en respuesta a la IFR, esta regla final realiza cambios adicionales a las regulaciones de registro y toma de huellas dactilares del DHS. El DHS no está solicitando comentarios públicos sobre estos cambios. El DHS está tomando las siguientes medidas en esta regla final:

Si bien el DHS no impuso una tarifa como parte de la IFR, el DHS solicitó comentarios sobre la posible adición de una tarifa de servicios biométricos de $30 por registrante. Después de una cuidadosa consideración de los comentarios recibidos, el DHS ha determinado que, por el momento, no impondrá una tarifa de servicios biométricos, pero podría imponer una tarifa de solicitud o de servicios biométricos en el futuro.

Adicionalmente, dentro de la IFR, el DHS solicitó comentarios sobre el Formulario G-325R, Información Biográfica (Registro), aprobado por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), para efectos del Aviso del Registro Federal de 60 días conforme a la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (PRA, por sus siglas en inglés), 44 U.S.C. 3501 y siguientes. Véase 90 FR 11793, 11799 (12 de marzo de 2025). El período de comentarios para efectos de la PRA finalizó el 12 de mayo de 2025. Cualquier comentario público recibido sobre el Formulario G-325R como resultado de la IFR ha sido respondido en el Aviso del Registro Federal de 30 días publicado para efectos de obtener la aprobación de la OMB del Formulario G-325R [1] el 11 de agosto de 2025, en 90 FR 38655. El instrumento de recopilación de información con instrucciones y documentos de apoyo adicionales, incluyendo las respuestas a los comentarios presentados como parte del Aviso del Registro Federal de 60 días, se puede consultar visitando el sitio del Portal Federal de Reglamentación Electrónica (Federal eRulemaking Portal) en: https://www.regulations.gov bajo el número de expediente USCIS-2025-0005.

En la sección V de este preámbulo, el DHS solicita comentarios sobre ciertas posibles modificaciones en toda la regulación existente en el 8 CFR parte 264 para mejorar la usabilidad y reducir la necesidad de cambios de conformidad en normas futuras. Las posibles modificaciones futuras sobre las cuales el DHS está solicitando comentarios incluyen:

Al emitir esta regla final, es la intención del DHS que las diversas disposiciones de la regla se consideren separables entre sí en la mayor medida posible. Si un tribunal de jurisdicción competente determinara que alguna de las disposiciones modificadas no debe aplicarse a una categoría particular de personas o circunstancias, el DHS tendría la intención de que el tribunal deje el resto de la regla vigente con respecto a todas las personas y circunstancias cubiertas. El objetivo general del DHS es mejorar los resultados de registro de los extranjeros que no se hayan registrado previamente, de conformidad con las disposiciones de la INA.

Esta norma pone a disposición otro método para que los extranjeros cumplan con los requisitos de registro de extranjeros de la INA. La norma no impone nuevas obligaciones de registro o de toma de huellas dactilares separadas de las obligaciones ya contenidas en la INA. La norma proporciona beneficios al ofrecer una opción general de registro para permitir que los extranjeros no registrados cumplan con sus requisitos de registro y mejorar la aplicación de la ley por parte del DHS. El DHS reconoce que existen costos para los extranjeros al cumplir con los requisitos de registro de la INA. Debido a que esta norma no impone nuevas obligaciones de registro de extranjeros o biométricas separadas de aquellas ya contenidas en la INA, los costos son inherentes al cumplimiento de la ley y no son resultado de esta norma. Esta norma puede resultar en mayores costos de cumplimiento para los extranjeros que utilicen esta opción. Los costos para los extranjeros pueden incluir el tiempo para completar y presentar un formulario de registro, así como el tiempo dedicado a viajar a un Centro de Apoyo a Solicitantes (ASC), presentar las huellas dactilares y la retención de registros. Actualmente no existe una tarifa para que los solicitantes presenten el formulario o para someter sus datos biométricos. Esta norma puede aumentar los costos para el DHS debido a los registros adicionales de extranjeros que resulten de esta norma. El DHS estima que las presentaciones actuales de registro y datos biométricos conforme a esta norma han costado a los extranjeros aproximadamente $21.3 millones, a partir del 7 de mayo de 2026. La carga estimada para la Agencia es de $0.6 millones por la recopilación y el procesamiento de datos biométricos. El DHS ha considerado la posibilidad de que esta norma, quizás en combinación con otras políticas, pudiera tener algunos efectos indirectos, tales como mayores costos legales para quienes decidan buscar asistencia jurídica y posibles impactos en la fuerza laboral. No contamos con información suficiente para cuantificar estos efectos. La Tabla 1 proporciona un resumen de los cambios regulatorios y los costos y beneficios estimados asociados con los impactos previstos. (página impresa 39252)

Tabla 1: Resumen de los impactos estimados de la norma, año fiscal 2025

La Ley de Registro de Extranjeros de 1940, también conocida como la Ley Smith, se promulgó el 28 de junio de 1940.[2] La Ley Smith generalmente exigía que todos los extranjeros que permanecieran en el país por más de 30 días solicitaran su registro y se tomaran sus huellas dactilares. El Congreso posteriormente incorporó estos requisitos, con sus modificaciones, en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, Ley Pública 82-414, 66 Stat. 163. Los requisitos de registro y toma de huellas dactilares aparecen actualmente, con sus modificaciones, en la parte VII del subcapítulo II del capítulo 12 del título 8 del Código de los Estados Unidos (8 U.S.C. 1301 a 1306). A lo largo de este preámbulo, nos referimos a dichos requisitos como los requisitos de registro de extranjeros o los requisitos de registro de extranjeros de la INA.

De conformidad con los requisitos de registro de extranjeros de la INA, con excepciones limitadas (por ejemplo, para titulares de visas que ya han sido registrados y a quienes se les han tomado las huellas dactilares (mediante su solicitud de visa) y titulares de visas A y G),[3] todos los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más deben solicitar el registro y que se les tomen las huellas dactilares antes de que expiren los 30 días. Véase la sección 262(a) de la INA, 8 U.S.C. 1302(a). De manera similar, los padres y tutores legales deben asegurarse de que sus hijos menores de 14 años estén registrados. Véase la sección 262(b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(b). Dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años, el menor extranjero debe "solicitar en persona el registro y que se le tomen las huellas dactilares". Id. El Secretario puede, a su discreción y sobre la base de reciprocidad, conforme a los reglamentos que él prescriba, dispensar el requisito de toma de huellas dactilares especificado en las secciones 262(a) y (b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(a) y (b), en el caso de cualquier no inmigrante. Véase la sección 262(c) de la INA, 8 U.S.C. 1302(c). Como se analiza en la siguiente sección, el Secretario ha ejercido esta facultad discrecional con respecto a ciertos no inmigrantes.

El incumplimiento voluntario o la negativa de un extranjero a solicitar el registro o a que se le tomen las huellas dactilares es sancionable con una multa de hasta $5,000 o con prisión de hasta 6 meses, o ambas.[4] Lo mismo se aplica al incumplimiento voluntario o la negativa de los padres o tutores legales de un extranjero a registrarlo. Véase la sección 266(a) de la INA, 8 U.S.C. 1306(a). Cualquier extranjero, o cualquier padre o tutor legal de un extranjero, que presente una solicitud de registro "que contenga declaraciones que él sepa que son falsas, o que procure u obtenga, o intente procurar u obtener, su propio registro o el de otra persona mediante fraude", está sujeto a enjuiciamiento penal. Véase la sección 266(c) de la INA, 8 U.S.C. 1306(c). Véase, por ejemplo, 18 U.S.C. 1001, 1546. Una condena por registro fraudulento constituye un motivo de expulsión conforme a la sección 237(a)(3)(B)(i) de la INA, 8 U.S.C. 1227(a)(3)(B)(i).

El Secretario tiene la facultad de "preparar formularios para el registro y la toma de huellas dactilares de los extranjeros", los cuales "deberán contener preguntas relativas a (1) la fecha y el lugar de entrada del extranjero a los Estados Unidos; (2) las actividades en las que ha estado y pretende estar involucrado; (3) el tiempo que espera permanecer en los Estados Unidos; (4) los antecedentes policiales y penales, si los hubiera, de dicho extranjero; y (5) cualquier otro asunto adicional que se prescriba". Véase la sección 264(a) de la INA, 8 U.S.C. 1304(a). El Secretario también tiene la facultad de prescribir "reglamentos y formularios especiales para el registro y la toma de huellas dactilares de" ciertas clases de extranjeros, incluidos "los extranjeros de cualquier otra clase que no hayan sido admitidos legalmente en los Estados Unidos para residencia permanente", "[n]o obstante las disposiciones de" las secciones 261 y 262 de la INA, 8 U.S.C. 1301 y 1302. Véase la sección 263(a) de la INA, 8 U.S.C. 1303(a). Aunque esta norma es plenamente coherente con las secciones 261 y 262 de la INA, 8 U.S.C. 1301 y 1302, y la autoridad relacionada, el Secretario también invoca la sección 263(a) de la INA, 8 U.S.C. 1303(a) en la medida necesaria para respaldar esta reglamentación.

A todo extranjero en los Estados Unidos que haya sido registrado y al que se le hayan tomado las huellas dactilares conforme a los requisitos de registro de extranjeros de la INA, se le debe "expedir un certificado de registro de extranjero o una tarjeta de recibo de registro de extranjero, en la forma y manera, y en el momento que se prescriba mediante los reglamentos emitidos por el [Secretario]".[5] Todo extranjero registrado de 18 años de edad o más debe llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal el certificado de registro de extranjero o la tarjeta de recibo de registro de extranjero. El incumplimiento constituye un delito menor sancionable con una multa de hasta $5,000 o con prisión de no más de 30 días, o ambas. Véase la sección 266(b) de la INA, 8 (página impresa 39253) U.S.C. 1306(b); 18 U.S.C. 3559(a)(8), 3571(b)(6).

Por último, todo extranjero que deba registrarse conforme a los requisitos de registro de extranjeros de la INA y que se encuentre dentro de los Estados Unidos debe notificar por escrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cada cambio de domicilio y su nueva dirección dentro de los 10 días siguientes a la fecha de dicho cambio, y proporcionar la información adicional que el Secretario pueda exigir mediante reglamento. Véase la sección 265(a) de la INA, 8 U.S.C. 1305(a). El incumplimiento constituye un delito menor (misdemeanor) sancionable con una multa de hasta $5,000 o pena de prisión de hasta 30 días, o ambas. Además, todo extranjero que no haya cumplido con los requisitos de notificación de cambio de domicilio establecidos en 8 U.S.C. 1305 es removible, a menos que el extranjero demuestre que dicho incumplimiento fue razonablemente justificable o no fue intencional. Véase la sección 237(a)(3)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1227(a)(3)(A).

Los reglamentos vigentes desde hace tiempo disponen que, dentro de los 30 días posteriores a cumplir los 14 años de edad, todo extranjero que se encuentre en los Estados Unidos y que no esté exento del registro de extranjeros debe solicitar su registro y la toma de huellas dactilares, salvo que la toma de huellas dactilares sea dispensada conforme a 8 CFR 264.1(e),[6] de acuerdo con las instrucciones del formulario correspondiente. Véase 8 CFR 264.1(g).

Si dicho extranjero es un residente permanente legal (LPR) de los Estados Unidos y se encuentra temporalmente ausente de los Estados Unidos cuando cumple 14 años, el extranjero debe solicitar el registro y proporcionar una fotografía dentro de los 30 días posteriores a su regreso a los Estados Unidos, de acuerdo con las instrucciones del formulario correspondiente. Véase 8 CFR 264.1(g)(1). El extranjero, si es un LPR de los Estados Unidos, debe entregar cualquier comprobante previo de registro de extranjero. Ibíd.

Los reglamentos del DHS establecen los formularios que satisfacen los requisitos de registro de extranjeros. Véase 8 CFR 264.1(a). Los reglamentos también designan determinados formularios como constitutivos de prueba de registro. Véase 8 CFR 264.1(b).

Antes de que la IFR agregara el Formulario G-325R, el 8 CFR 264.1(a) identificaba los siguientes formularios como formularios de registro:

Antes de que la IFR agregara el "Comprobante de Registro de Extranjero USCIS G-325R", el 8 CFR 264.1(b) enumeraba los siguientes formularios como constitutivos de prueba de registro:

Además, conforme a una nota al 8 CFR 264.1(b), un sello de admisión o permiso de permanencia temporal (parole) de no inmigrante válido y vigente del DHS en un pasaporte extranjero constituye evidencia de registro.

El 12 de marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un IFR con solicitud de comentarios en el Federal Register, 90 FR 11793 (12 de marzo de 2025). El IFR implementó parcialmente la sección 7 de la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión, emitida el 20 de enero de 2025. Véase 90 FR 8443 (29 de enero de 2025). La sección 7 instruye al DHS, en coordinación con el Departamento de Estado (State) y el Procurador General, a tomar todas las medidas apropiadas para:

Tras la emisión de esta Orden Ejecutiva, el DHS revisó las regulaciones de registro en 8 CFR parte 264 y determinó que sería apropiado designar un formulario de registro general, además de los ya identificados en las regulaciones, para mejorar los resultados de registro de ciertos grupos de extranjeros que actualmente carecen de un formulario de registro designado, tales como los extranjeros que están presentes sin haber sido admitidos o autorizados mediante permiso de permanencia temporal (parole) y que de otro modo no han sido encontrados por el DHS, o los no inmigrantes canadienses por negocios o placer a quienes no se les emite el Formulario I-94. Véase 90 FR 11793, 11795 (12 de marzo de 2025).

De conformidad con la Orden Ejecutiva y los requisitos de registro de extranjeros de la INA, el IFR designó el nuevo Formulario G-325R, Información Biométrica (Registro), como una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus. Véase 90 FR 11793, 11795 (12 de marzo de 2025). Como se explica en el IFR, para utilizar esta opción, los extranjeros deben crear su propia cuenta única, o una cuenta para su hijo, en myUSCIS en https://my.uscis.gov/ y luego completar el Formulario G-325R, Información Biográfica (Registro). Véase 90 FR 11793, 11796 (12 de marzo de 2025). No hay costo.

La presentación del registro en myUSCIS inicia el proceso para la cita de servicios biométricos del extranjero en un Centro de Apoyo para Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés) local de USCIS para la recopilación de datos biométricos, incluidas las huellas dactilares, la fotografía y la firma.

Una vez que un extranjero completa exitosamente su cita biométrica en un ASC, el sistema de gestión de casos del Sistema Electrónico de Inmigración de USCIS (ELIS, por sus siglas en inglés) activa la creación del “Comprobante de Registro G-325R del Extranjero de USCIS” con un identificador único impreso en el documento. Para aquellos extranjeros, como los no inmigrantes canadienses y los extranjeros menores de 14 años, que están obligados a registrarse pero a quienes se les exime del requisito de huellas dactilares, el sistema de gestión de casos ELIS activa la creación del “Comprobante de Registro G-325R del Extranjero de USCIS” al recibir el Formulario G-325R. Este documento de “Comprobante de Registro G-325R del Extranjero de USCIS” se publica entonces en la cuenta myUSCIS del extranjero. En la cuenta myUSCIS, se permite al extranjero descargar una versión en PDF del documento y puede imprimirlo. Este documento sirve como evidencia del registro del extranjero para efectos de la sección 264(d) de la INA, 8 U.S.C. 1304(d).

El IFR llenó los vacíos del régimen regulatorio al establecer un formulario de registro disponible para todos los extranjeros independientemente de su estatus, además de los otros formularios ya enumerados. Específicamente, el IFR enumeró el nuevo formulario en 8 CFR 264.1(a) y enumeró la evidencia correspondiente de registro en 8 CFR 264.1(b). Véase 90 FR 11793, 11796 (12 de marzo de 2025).

De conformidad con la sección 289 de la INA, 8 U.S.C. 1359, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) interpretó que los requisitos de registro y toma de huellas dactilares de la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302 excluyen de "todos los extranjeros" a los indígenas americanos nacidos en Canadá que posean al menos el 50 por ciento de sangre de la raza indígena americana que se encuentren presentes en los Estados Unidos bajo la autoridad de la sección 289 de la INA, 8 U.S.C. 1359, ya que la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302 y otras disposiciones del subcapítulo II del capítulo 12, título 8 del Código de los Estados Unidos se interpretan de manera consistente con su derecho a cruzar las fronteras de los Estados Unidos.[10] Por lo tanto, el formulario de registro agregado en el IFR no es utilizado por estos ingresantes porque dichos ingresantes no tienen que registrarse.[11]

El IFR no impuso ninguna nueva obligación de registro o toma de huellas dactilares separada de las obligaciones ya contenidas en la INA. Un extranjero que se haya registrado previamente de conformidad con 8 CFR 264.1(a), o un extranjero que tenga evidencia de registro de conformidad con 8 CFR 264.1(b), generalmente no necesita registrarse nuevamente, aunque dicho extranjero está sujeto a los requisitos continuos de notificación de cambio de domicilio bajo la sección 265(a) de la INA, 8 U.S.C. 1305(a) y 8 CFR 265.1, los cuales son adicionales y separados de cualquier otra obligación de notificación de domicilio que el extranjero pueda tener.

Si bien el DHS no incorporó una tarifa para presentar el Formulario G-325R, el DHS solicitó comentarios en el IFR sobre la opción de agregar una tarifa de servicios biométricos por registrante de $30, para la recopilación, uso y almacenamiento de información biométrica, de conformidad con 8 CFR 103.16 y 17.

Al emitir el IFR, el DHS invitó al público a participar en el proceso de reglamentación mediante la presentación de comentarios posteriores a la promulgación sobre cada aspecto de la norma. El DHS también invitó al público a comentar sobre una posible tarifa de servicios biométricos, incluyendo el cálculo de dicha tarifa. Además, el IFR contenía un período de comentarios secundario para los fines del aviso del Registro Federal de 60 días conforme a la PRA (Ley de Reducción de Trámites), 44 U.S.C. 3501 y siguientes, y el Formulario G-325R, Información Biográfica (Registro), aprobado por la OMB. Véase 90 FR 11793, 11799 (12 de marzo de 2025). El DHS solicitó que los comentarios sobre la recopilación de información incluyeran el término Número de Control de la OMB 1615-NEW. El período de comentarios para los fines de la PRA finalizó el 12 de mayo de 2025. Cualquier comentario público recibido sobre el Formulario G-325R ha sido respondido como parte del aviso del Registro Federal de 30 días publicado con el fin de obtener la aprobación de la OMB del Formulario G-325R [12] el 11 de agosto de 2025, en 90 FR 38655. El instrumento de recopilación de información con instrucciones y documentos de respaldo adicionales, incluidas las respuestas a los comentarios presentados como parte del Aviso del Registro Federal de 60 días, se puede acceder visitando el sitio del Portal Federal de Reglamentación Electrónica en: http://www.regulations.gov bajo el número de expediente USCIS-2025-0005.

Los comentarios fueron presentados por una variedad de entidades e individuos, incluyendo abogados y proveedores de servicios legales, solicitantes, comentaristas individuales, organizaciones profesionales, sindicatos, grupos de defensa, organizaciones religiosas, organizaciones de investigación y comunitarias ( printed page 39255) y agencias gubernamentales estatales y locales o funcionarios electos.

En respuesta al IFR, el DHS recibió 4,198 presentaciones de comentarios públicos durante el período de comentarios inicial que finalizó el 11 de abril de 2025, para los fines del IFR y la recopilación de información. El período de comentarios secundario para los fines de la recopilación de información cerró el 12 de mayo de 2025, con 71 presentaciones adicionales recibidas en el expediente después del 11 de abril de 2025.

El DHS agradece todos los comentarios y la retroalimentación. Algunos comentaristas expresaron su apoyo al IFR o a partes del mismo, y a los requisitos de registro. La mayoría de los comentaristas se opusieron al requisito de registro establecido por ley y, por lo tanto, a su implementación, incluyendo el IFR, el Formulario G-325R, o el contenido del formulario, basándose en el impacto sobre diversas poblaciones o prácticas pasadas, pero sin proporcionar sugerencias específicas. La mayoría de los comentaristas solicitaron que el DHS revocara la norma.

El DHS está respondiendo a los comentarios recibidos en esta regla final, pero reitera que, durante aproximadamente 85 años, las leyes de los Estados Unidos, incluidas las regulaciones vigentes desde hace mucho tiempo, han exigido que la mayoría de los extranjeros presentes en los Estados Unidos que permanezcan 30 días o más se registren y, con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus de no inmigrante, se tomen sus huellas dactilares. La Norma Provisional Final (IFR) y esta regla final no han modificado estos requisitos legales. De manera similar, la IFR y la regla final no modifican las sanciones penales establecidas por el Congreso hace muchas décadas, que se aplican cuando los extranjeros no cumplen con sus obligaciones de registro y obligaciones relacionadas. Esta regla es coherente con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14159 y los requisitos de registro de extranjeros establecidos en las secciones 262 a 265 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1305, y establece una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. El DHS no tiene autoridad para revocar la Orden Ejecutiva ni los requisitos de registro de extranjeros de la INA.

Comentario: Varios comentaristas expresaron su apoyo a la IFR. Un comentarista señaló que la IFR es un medio para que el DHS y USCIS cumplan con la Orden Ejecutiva 14159. El comentarista razonó que un formulario de registro general para todos los extranjeros no registrados, [13] independientemente de su estatus, mejoraría los resultados del registro y apoyaría la aplicación de las leyes y regulaciones de inmigración. El comentarista agregó que este nuevo formulario de registro cerraría la brecha regulatoria entre “ciertos estatus migratorios” y los procedimientos y requisitos de registro apropiados. Otro comentarista razonó que “los extranjeros deben ser investigados” para proteger la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, incluso al saber “quién ha ingresado a nuestro país”, y alentó al DHS a “aprobar” esta regulación.

Respuesta: El DHS coincide en que el nuevo formulario de registro y la evidencia de registro mejorarán los resultados del registro y apoyarán la aplicación de las leyes y regulaciones de inmigración. El DHS agradece los comentarios y el apoyo de los comentaristas a la obligación del DHS de ejecutar fielmente las leyes de inmigración establecidas por el Congreso.

Comentario: Muchos comentaristas expresaron preocupaciones sobre la extralimitación federal como resultado de la IFR. Los comentaristas escribieron de diversas maneras que la IFR es “invasiva”, “se sale de los límites”, crearía un “estado policial”, “no tiene cabida en nuestro sistema de leyes democráticas”, violaría el estado de derecho, permitiría una vigilancia o control gubernamental excesivos que sienta un precedente preocupante, representa un abuso de poder y es una expansión peligrosa del control estatal que permitirá al gobierno vigilar a millones de personas. Un comentarista declaró que, una vez implementada, la IFR podría proporcionar una herramienta mediante la cual cualquier administración futura podría promulgar medidas represivas y dirigidas contra los residentes extranjeros de los Estados Unidos. El comentarista señaló que la autoridad, una vez delegada a los organismos gubernamentales, rara vez se cede o se revoca, y que el DHS debería tener cuidado de considerar el precedente regulatorio que establecería la IFR. Otro comentarista declaró que la IFR impone un requisito de registro similar al que impuso Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como medio para controlar a grupos impopulares. Un comentarista agregó que, si bien el registro está codificado en las leyes de los Estados Unidos y es legal garantizar su cumplimiento, la ley afecta de manera desproporcionada a las personas y sus familias que han vivido y contribuido pacíficamente a la sociedad durante años, especialmente aquellas con solicitudes de alivio migratorio o protecciones humanitarias pendientes.

Otro comentarista declaró que la normalización de la vigilancia masiva para un grupo sienta un precedente peligroso, que potencialmente podría abrir el camino hacia erosiones más amplias de la privacidad y los derechos civiles para todas las personas. Un comentarista declaró que la IFR otorga al Secretario de Seguridad Nacional un poder discrecional sin control para vigilar, registrar y expulsar a los inmigrantes y, por lo tanto, era “una revisión radical de las facultades previas otorgadas al Secretario”.

Los comentaristas expresaron reservas sobre las implicaciones de la vigilancia por parte de las fuerzas del orden. Por ejemplo, un comentarista escribió que las medidas de vigilancia debilitan el tejido social de comunidades enteras. Otros comentaristas escribieron que la expansión de la vigilancia podría eventualmente incluir a todos los ciudadanos estadounidenses, y otro expresó preocupación por la facilidad con la que la política podría expandir la vigilancia y restringir las libertades individuales.

Un comentarista escribió que la Norma Provisional Final (IFR, por sus siglas en inglés) crearía requisitos de monitoreo “indignos” que constituirían una barrera para la integración, la participación económica y la confianza comunitaria. Otro comentarista dijo que la IFR es una “abominación absoluta”, ya que señala y atrapa a personas que contribuyen a la profundidad cultural y la vitalidad económica de los Estados Unidos. Un comentarista declaró que esta táctica se basa en mentiras para dividir a las personas, mientras que otro comentarista dijo que “este programa” envía un mensaje poco acogedor.

Otro comentarista expresó su preocupación de que los datos recopilados bajo la IFR podrían facilitar abusos de derechos humanos, similares a los observados en programas históricos de registro obligatorio. El comentarista citó ejemplos como el internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, el programa NSEERS (Sistema Nacional de Registro de Entrada y Salida de Seguridad, por sus siglas en inglés) posterior al 11 de septiembre, y el registro de judíos durante el Holocausto. El comentarista señaló que no existen salvaguardas en la IFR para prevenir tales abusos y recomendó revocar la norma para proteger la privacidad y prevenir posibles daños.

Un comentarista escribió que si el Gobierno Federal pretende hacer cumplir una norma de “muéstreme sus papeles” contra los extranjeros, entonces toda persona en los Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, debe portar prueba de su estatus migratorio o enfrentar sanciones. En cuanto a “portar papeles”, un comentarista declaró que los inmigrantes registrados corren el riesgo de ser procesados si no los portan o no actualizan su domicilio, mientras que los extranjeros enfrentan la deportación o cargos penales. Un comentarista diferente dijo que ciertos Estados ya han presenciado la aplicación de las leyes de inmigración ( página impresa 39256) y señaló que con una ley nacional de “muéstreme sus papeles”, los ciudadanos estadounidenses sin prueba consigo, o los LPR (residentes permanentes legales), también corren el riesgo de ser detenidos ilegalmente e incluso deportados. El comentarista declaró que la norma y los procesos de registro constituyen una afrenta tanto a la seguridad pública como a la seguridad nacional, que este proceso pretende sostener.

Otro comentarista criticó la IFR como una “extralimitación profunda” de la autoridad federal, a pesar de las promesas de la administración de devolver más poder a los Estados. Otro comentarista consideró que la IFR contradice el objetivo declarado de la administración de reducir las regulaciones. Los comentaristas también escribieron que la norma y el registro forzado refuerzan la idea de un “Estado Profundo” y un estado de vigilancia, en el que los funcionarios gubernamentales usan los datos de registro para rastrear, señalar y castigar a las personas en violación directa de los derechos humanos y los derechos de los Estados Unidos.

Un comentarista declaró que exigir a los extranjeros registrados que actualicen al gobierno sobre su residencia actual constituye una vigilancia “a la par de una sentencia de libertad condicional que ningún otro ciudadano estadounidense tiene que atravesar”. Los comentaristas declararon que la IFR y el requisito de registro son un paso hacia la vigilancia masiva y la criminalización de las comunidades “indocumentadas”; que estos requisitos son “orwellianos”; y que tienen el potencial de extralimitación gubernamental y uso indebido de datos para vigilar a los inmigrantes.

Numerosos comentaristas sugirieron que la norma es antiestadounidense o contraria a los valores de los Estados Unidos, autoritaria, antidemocrática, que reforzaría estereotipos dañinos; o que era un “intento de completar [una] toma de poder autoritaria”, o de establecer una dictadura. Otros comentaristas declararon que la IFR contradice el valor estadounidense de la libertad de movimiento; que es peligrosa; fascista; punitiva; inhumana; inmoral; o explotadora. Algunos comentaristas escribieron que solo los nativos americanos no son inmigrantes en los Estados Unidos, y que las políticas de la IFR son, por lo tanto, hipócritas.

Algunos comentaristas escribieron que el IFR (reglamento final provisional, por sus siglas en inglés) es “cruel” y contradice los valores de dar la bienvenida a los extranjeros y brindarles seguridad y libertad, como lo representa la Estatua de la Libertad. De manera similar, algunos comentaristas señalaron que Estados Unidos es una nación de inmigrantes que debería acoger la diversidad y ser más respetuosa con esos inmigrantes; que el sistema de inmigración de los Estados Unidos debería ser justo y proporcionar vías viables hacia el estatus legal, y que la regla no contribuye a esos objetivos. Otros comentaristas dijeron que Estados Unidos no debería intimidar ni menospreciar a los extranjeros y que Estados Unidos debería honrar su reputación de aceptar a extranjeros que necesitan protección contra la persecución, amenazas, tortura y muerte en su propio país. Al señalar que la regla impone una carga indebida y crea temor en las comunidades, un comentarista dijo que convertir en delincuentes a personas que contribuyen a la sociedad no tenía sentido. Al hablar de los esfuerzos en su estado, el comentarista indicó que puede haber “llamados a la seguridad fronteriza” y, al mismo tiempo, tratar a todas las personas con respeto y reconocer el valor de los inmigrantes en la sociedad.

Varios comentaristas calificaron el requisito de registro como una violación de los derechos humanos. Un comentarista también dijo que el IFR abriría la puerta a abusos de los derechos humanos. Los comentaristas afirmaron que el IFR corre el riesgo de dañar la reputación internacional de Estados Unidos como defensor de la equidad, los derechos humanos y el debido proceso. Otro comentarista escribió que el IFR busca “reducir al inmigrante a una persona indeseable”, lo cual contradice los principios religiosos, va en contra de los valores cristianos e impide que las personas practiquen sus creencias religiosas. Los comentaristas también afirmaron que el IFR plantea cuestiones morales y legales y recuerda a los días oscuros de la historia judía.

Un comentarista afirmó que el Gobierno Federal, bajo la administración presidencial anterior, se comprometió reiteradamente con una política de inmigración humana e informada sobre el trauma, particularmente para niños y familias. Los comentaristas dijeron que el IFR contradice esos valores y codifica mecanismos de cumplimiento basados en el miedo sin proporcionar vías hacia la seguridad, el alivio legal o la estabilidad, lo cual era particularmente preocupante en ciudades como Chicago, donde miles de solicitantes de asilo todavía esperan permisos de trabajo, colocación escolar y vivienda básica.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no está de acuerdo con la caracterización del IFR como una extralimitación, discriminatorio, o contrario a los principios y valores de la sociedad estadounidense, como lo plantearon los comentaristas. El DHS tampoco está de acuerdo con las preocupaciones planteadas por los comentaristas que equiparan el programa de registro con la extralimitación gubernamental, la vigilancia masiva, la erosión de las libertades civiles, el castigo, la falta de salvaguardas, y el establecimiento de precedentes para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. El Congreso ordenó y proporcionó la autoridad necesaria para el registro de extranjeros, incluido el contenido del registro, en las secciones 262 a 266 del INA, 8 U.S.C. 1302 a 1306. Es el Congreso quien establece la política y las consecuencias; el DHS actúa bajo la dirección del Congreso y está comprometido a cumplir con el mandato legislativo.

El presidente Trump instruyó al DHS a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que los extranjeros previamente no registrados en los Estados Unidos cumplan con su deber de registrarse ante el gobierno. El DHS identificó una laguna en el régimen regulatorio y estableció una nueva opción de registro general para que los extranjeros previamente no registrados pudieran cumplir con el requisito legal de larga data. Como se explica a lo largo de este proceso de reglamentación, el registro ha existido por más de 80 años; las administraciones habían implementado el requisito de registro en el reglamento de larga data en 8 CFR 264.1, que enumera formularios y evidencia de registro, como el Formulario I-485. El IFR y esta regla final tienen un alcance limitado, ya que prescriben un formulario de registro adicional y evidencia de registro para extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. El formulario de registro general recopila información biográfica básica e información requerida por la sección 264(a) del INA, 8 U.S.C. 1304(a), que USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) tiene la responsabilidad legal de proteger, de manera similar a los otros tipos de formularios que recopila la agencia. Véase INA sec. 264(b), 8 U.S.C. 1304(b).

Comentario: Muchos comentaristas criticaron la norma por considerarla un intento de entrampar a los extranjeros, obligándolos a elegir entre registrarse (lo cual los expondría a una posible deportación) o enfrentar sanciones penales por incumplimiento. Otro comentarista describió la norma como “innecesariamente complicada y claramente diseñada para entrampar y atrapar a las personas”, mientras que otro la describió como una “'política' de mala fe” destinada a confundir a los inmigrantes para que proporcionaran información que se utilizaría para perseguirlos por medios ilegales o inconstitucionales.

Un comentarista señaló que, en entrevistas con medios de comunicación, quien entonces era la Secretaria Noem indicó que el propósito del registro es facilitar la expulsión de personas de los Estados Unidos, y que quienes se registraran probablemente enfrentarían detención, procedimientos de expulsión y eventual deportación. Un comentarista manifestó su oposición a la Norma Final Provisional (IFR) y a la posible detención de extranjeros que resultaría de ella, describiendo las condiciones en los centros de detención de inmigración como potencialmente mortales y señalando informes de abuso médico.

Numerosos otros comentaristas manifestaron que la IFR conduciría a detenciones injustas, a la criminalización de la presencia de los extranjeros en los Estados Unidos, a registros e incautaciones arbitrarios, a deportaciones injustas (incluso de extranjeros que se encuentran legalmente en el país y que esperan audiencias judiciales), a convertir en chivos expiatorios a inmigrantes trabajadores (página impresa 39257) y a castigar a personas sin fundamento. Un comentarista expresó su preocupación de que el propósito principal de la norma es facilitar que el DHS identifique y deporte a los extranjeros, y señaló que, siguiendo la lógica de la IFR, deberían aplicarse medidas similares a los ciudadanos estadounidenses, ya que sería más fácil identificarlos para su arresto en caso de considerarse necesario. Otro comentarista señaló que vincular el nuevo requisito de registro con una orden ejecutiva que exige al DHS priorizar el enjuiciamiento de infracciones y delitos menores, en lugar de delitos graves, pone de manifiesto que el propósito de este registro es la “deportación masiva”. Un comentarista expresó preocupación de que la actual administración utilizaría el proceso como arma contra personas que no tienen antecedentes penales ni una vía inmediata hacia un estatus legal conforme a la ley vigente, pero que, por lo demás, son miembros valiosos de la sociedad.

Un comentarista escribió que la Orden Ejecutiva 14159, el registro de extranjeros y el énfasis en la deportación indican que el objetivo primordial del Gobierno Federal al hacer cumplir estas disposiciones es utilizar el registro como una herramienta para identificar, detener y deportar a los “inmigrantes indocumentados”, o para incentivarlos a que se autodeporten. Otros comentaristas señalaron que la IFR no distingue de manera significativa entre los extranjeros que se encuentran legalmente presentes y aquellos sin estatus, lo cual, según indicaron, podría llevar a que todos los extranjeros sean tratados como posibles objetivos de las medidas de control migratorio, independientemente de su estatus legal o antecedentes.

Otros comentarios señalaron que, a diferencia de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), este proceso de registro no ofrece beneficios, ni protecciones legales, ni ninguna forma de alivio migratorio, ni amparo frente a la deportación, y agregaron que la IFR no garantiza que los datos recopilados a través de este proceso no se utilizarán con fines de control migratorio. Otro comentarista señaló que los intentos anteriores de hacer cumplir requisitos de registro en interés de la seguridad nacional incluían garantías explícitas de que quienes cumplieran recibirían la debida consideración para obtener alivio migratorio, y afirmó que exigir este requisito sin ofrecer a los registrantes oportunidades de buscar vías legales hacia el ajuste de estatus socava nuestro compromiso colectivo de establecer un sistema migratorio justo y eficiente que priorice el bienestar de los residentes de largo plazo. El comentarista indicó que, en lugar de incentivar el cumplimiento, esta política castiga a quienes se identifican voluntariamente.

Un comentarista indicó que la norma no lograría cumplir con los objetivos de política de la administración de mejorar los resultados del registro, debido a que la administración no incentiva a los “inmigrantes indocumentados” a registrarse. Al analizar el contexto histórico de la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 (Alien Registration Act of 1940), el comentarista escribió que el Congreso había otorgado al entonces Procurador General Robert H. Jackson la facultad de eximir a los registrantes de sanciones por ingreso ilegal. Como resultado, y debido a la exitosa comunicación pública del Procurador General alentando a los extranjeros a registrarse, aproximadamente 5 millones de extranjeros se registraron ante el Gobierno Federal para enero de 1941. En contraste, según el comentarista, esta Administración dejó en claro que planea utilizar el proceso de registro para impulsar sus actividades de cumplimiento de las leyes de inmigración, incluida la remoción, lo cual no incentiva a los “inmigrantes indocumentados” a registrarse. De manera similar, otro comentarista también indicó que es la primera vez que el gobierno exige el registro como parte de una campaña destinada a priorizar el enjuiciamiento de infracciones migratorias y fomentar la autoremoción, en lugar de ofrecer garantías, a diferencia del pasado, de que el registro podría conducir a un estatus legal o de que el extranjero no debe temer consecuencias adversas por registrarse.

Varios comentaristas expresaron su preocupación de que el DHS utilizaría la norma para facilitar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (Alien Enemies Act of 1798).

Respuesta: El objetivo de la Norma Final Provisional (IFR) y de esta norma final es llenar un vacío en el régimen regulatorio mediante el establecimiento de un formulario general de registro disponible para todos los extranjeros. La IFR no estableció los requisitos legales para registrarse o portar evidencia de registro, ni estableció las sanciones penales establecidas por el Congreso hace muchas décadas que se aplican cuando los extranjeros no cumplen con sus obligaciones de registro y afines.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) coincide en que el registro no constituye un estatus migratorio, y la documentación de registro no evidencia un estatus migratorio, no establece autorización de empleo, ni otorga ningún otro derecho o beneficio conforme a la INA o cualquier otra ley de los Estados Unidos.

Sin embargo, el estatuto dispone que la mayoría de los extranjeros de 14 años de edad o más que no fueron registrados ni tomados sus huellas dactilares (si así se requería) al solicitar una visa estadounidense, y que permanecen en los Estados Unidos durante 30 días o más, deben solicitar el registro y someterse a la toma de huellas dactilares. El estatuto impone sanciones civiles y penales por incumplimiento. El propósito de esta norma es proporcionar una manera clara para que los extranjeros cumplan con sus obligaciones legales de registro, en lugar de proporcionar incentivos más allá de los ya contenidos en la INA.

Como declaró el entonces Procurador General Robert H. Jackson en su discurso ante el Common Council for American Unity, “[e]stos registros individuales detallados permiten al gobierno abordar cualquier problema relacionado con extranjeros sobre la base de méritos individuales, y eliminan cualquier excusa para procedimientos indiscriminados de redada o acciones masivas.” [14] Muchos extranjeros que se encuentran presentes en los Estados Unidos ya han cumplido con su deber de registrarse a través de diversas vías identificadas en el 8 CFR 264.1. Cada formulario de registro G-325R será sometido a una revisión individual para determinar si el extranjero ya cumplió con los requisitos de registro de alguna otra manera y no necesita presentar el Formulario G-325R, o si el extranjero debe comparecer a una cita de servicios biométricos.

El DHS considera que la mejora en los resultados del registro aumentará la eficacia del cumplimiento de la ley por parte del DHS, al proporcionar información más completa sobre la ubicación de los extranjeros en los Estados Unidos, lo cual facilita y hace más segura la aplicación de la ley por parte del DHS. El mayor cumplimiento de los requisitos de toma de huellas dactilares proporcionaría al DHS información adicional sobre los antecedentes penales del extranjero, incluso si se trata de un terrorista conocido o sospechoso. El DHS no considera que exista un problema en la relación entre el registro y la eficacia del cumplimiento de la ley; el Congreso específicamente dispuso el intercambio de información de registro de extranjeros con las autoridades policiales federales, estatales y locales, y el DHS cumple con las leyes debidamente promulgadas por el Congreso.[15]

Comentario: Los comentaristas se opusieron a la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) debido a las cargas financieras y administrativas impuestas a las poblaciones inmigrantes. Un comentarista señaló que los requisitos de registro representarían un desafío para los inmigrantes que experimentan cambios en su situación de vivienda, en particular aquellos que necesitan reubicarse rápidamente. El comentarista observó que los requisitos de actualización de cambio de domicilio podrían obstaculizar la capacidad de los inmigrantes para desenvolverse en el sistema judicial, mientras que los retrasos burocráticos podrían etiquetar incorrectamente a los inmigrantes con movilidad como incumplidores de los requisitos de registro.

Un comentarista expresó preocupación por las posibles cargas financieras si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementara tarifas de procesamiento para el Formulario G-325R, especialmente para las personas que presentan múltiples registros debido a (página impresa 39258) circunstancias cambiantes. Estos requisitos administrativos agravarían los desafíos existentes que enfrentan los inmigrantes mientras manejan procesos legales, educación, responsabilidades familiares y barreras digitales. Muchos comentaristas sugirieron que exigir el Formulario G-325R añadiría cargas burocráticas y financieras innecesarias, ya que los inmigrantes ya presentan una amplia documentación.

Respuesta: La IFR y esta norma tienen un alcance limitado y designan un nuevo formulario de registro para que los extranjeros cumplan con las disposiciones legales de registro y toma de huellas dactilares de extranjeros. Se instruyó al DHS, mediante la Orden Ejecutiva 14159, a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que los extranjeros comprendan su obligación conforme a la ley y cuenten con una vía para cumplir dicha obligación a través del nuevo proceso y formulario de registro general. Esta reglamentación no ha modificado la obligación establecida por el Congreso para que los extranjeros se registren y se les tomen las huellas dactilares. De igual manera, esta IFR no creó ni modificó las sanciones penales establecidas por el Congreso hace muchas décadas, que se aplican cuando los extranjeros no cumplen con sus obligaciones de registro y las obligaciones relacionadas, incluido el requisito de notificar al DHS sobre el cambio de domicilio. La ley creada por el Congreso exige que los extranjeros que están obligados a registrarse actualicen su domicilio ante el gobierno dentro de los 10 días posteriores a la mudanza. Véase la sección 265 del INA, 8 U.S.C. 1305.

El formulario de registro general recopila información biográfica básica e información requerida por la sección 264(a) del INA, 8 U.S.C. 1304(a). El formulario es un formulario digital al que se puede acceder fácilmente a través de un navegador de internet o del teléfono celular de una persona. Además, las bibliotecas públicas y otras instituciones privadas y públicas proporcionan acceso a internet. La carga estimada por hora promedio de respuesta para completar el Formulario G-325R es de 2.5 horas. Asimismo, muchos extranjeros en los Estados Unidos ya se han registrado, conforme lo exige la ley, y no necesitarían completar el Formulario G-325R. Por lo tanto, el DHS no está de acuerdo con la caracterización de que la norma impone una carga indebida al público o agrava los desafíos existentes que enfrentan los inmigrantes. Si una persona encuentra dificultades para registrarse, el DHS recomienda comunicarse con el Centro de Contacto de USCIS para obtener asistencia en vivo.[16]

El DHS ha determinado que no impondrá una tarifa de servicios biométricos para los solicitantes de registro como parte de esta norma final. La sección III.F.5 de este preámbulo proporciona más detalles sobre la determinación de la tarifa de presentación.

Comentario: Los comentaristas señalaron que el requisito adicional de registro del Formulario G-325R impondría cargas financieras a los extranjeros de bajos ingresos debido a los costos legales y de solicitud, u otros costos asociados con la IFR, tales como faltar al trabajo o a la escuela, organizar el cuidado de los hijos, e incluso viajar para las citas biométricas, u obtener documentación específica, lo cual genera una tensión indebida en sus recursos limitados, todo lo cual puede hacer que el cumplimiento sea inalcanzable. Un comentarista señaló que los formularios de inmigración frecuentemente requieren asistencia externa para garantizar su cumplimiento, y es probable que los posibles registrantes busquen apoyo externo dado las sanciones por incumplimiento.

Respuesta: El DHS reconoce que existen cargas para los registrantes asociadas con esta norma. Estos costos incluyen, entre otros, la carga de tiempo para presentar los datos biométricos y los costos de viaje para acudir a un Centro de Apoyo a Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). Un desglose más detallado de los costos asociados con esta norma se encuentra en la sección VI, la sección de Requisitos Estatutarios y Reglamentarios de este preámbulo.

Comentario: Un comentarista declaró que el IFR pondría en peligro el bienestar mental y físico de las comunidades. Otro comentarista citó un estudio que encontró que las políticas migratorias restrictivas y las medidas de vigilancia se correlacionan con peores resultados de salud mental y física entre los extranjeros, incluyendo mayor ansiedad y depresión, así como un acceso reducido a los servicios de atención médica. Otro comentarista más expresó preocupación de que el IFR limitaría su capacidad de proporcionar atención médica a los pacientes debido al temor de los pacientes de encontrarse con el ICE, y además planteó inquietudes sobre las condiciones de salud en los centros de detención de extranjeros, afirmando que “múltiples personas” han muerto en ellos debido a condiciones inhumanas, inseguras e insalubres. Un comentarista escribió que el aumento del estrés provocado por el IFR en poblaciones vulnerables llevaría a un mayor contacto con las salas de emergencia, agencias de salud mental y proveedores de atención médica primaria. Un comentarista escribió que la carga adicional que el IFR impondría sobre los centros de procesamiento de USCIS podría aumentar el estrés de los extranjeros que esperan decisiones, lo que conduciría a desafíos de salud mental y física.

Respuesta: Durante más de 80 años, las leyes de los Estados Unidos han exigido que la mayoría de los extranjeros presentes en los Estados Unidos que permanezcan 30 días o más se registren y, con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus de no inmigrante, se tomen las huellas dactilares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó una brecha en el régimen regulatorio y estableció una nueva opción de registro general que los extranjeros que están obligados a registrarse pero que aún no lo han hecho pueden utilizar para cumplir con sus obligaciones legales. El IFR y esta norma tienen un alcance limitado, ya que modifican las regulaciones del DHS para designar un nuevo formulario de registro y evidencia de registro para extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio.

Comentario: Un comentarista dijo que la población de refugiados, solicitantes de asilo, titulares de visas y residentes permanentes a quienes atienden está compuesta casi exclusivamente por extranjeros que han sido perseguidos en sus países de origen, y añadió que un nuevo requisito de registro les da más motivos para temer al lugar al que han venido en busca de refugio y protección. Otro comentarista declaró que la norma podría causar que los extranjeros que ya están legalmente registrados mediante otros formularios de registro se sientan cada vez más temerosos e inseguros. Varios comentaristas agregaron que el IFR afectaría gravemente la inmigración legal.

Algunos comentaristas declararon que el registro se utilizaría para señalar a las personas “indocumentadas” con fines de aplicación de la ley. Un comentarista declaró que la comunidad “indocumentada” incluye a personas trabajadoras que contribuyen a los Estados Unidos pero que no ven los beneficios de su trabajo. El comentarista concluyó que el registro perjudicaría a las comunidades y generaría temor.

Otros indicaron que el IFR afectaría negativamente a personas que contribuyen enormemente a nuestro país y que no representan ninguna amenaza para los ciudadanos estadounidenses, incluidos los beneficiarios de DACA y otras personas que llegaron a los Estados Unidos a una edad temprana.

Un comentarista declaró que los miembros de la organización, incluidos los “no ciudadanos” que ingresaron sin inspección, se ven directamente afectados por los requisitos de registro y las posibles sanciones penales por incumplimiento. El comentarista expresó preocupación por los miembros con solicitudes de alivio migratorio pendientes o solicitudes de acción diferida (como visas U o DACA) que han completado citas biométricas pero carecen de EAD que calificarían como registro válido. El comentarista dijo que había ayudado a presentar numerosas solicitudes de DACA entre 2020 y 2021 que nunca fueron adjudicadas debido a una orden judicial.

Un comentarista escribió que el IFR apuntaría y afectaría de manera desproporcionada a los residentes de largo plazo en los Estados Unidos que esperan (página impresa 39259) alivio migratorio o protecciones humanitarias. Un comentarista cuestionó el razonamiento detrás de la decisión del DHS, sugiriendo que crea un obstáculo procesal adicional para poblaciones vulnerables que probablemente ya han presentado sus datos biométricos al gobierno. Otro comentarista expresó preocupación de que el registro a menudo conduce a resultados negativos, como la vigilancia, la segregación y la incriminación. El comentarista señaló que identificar a un grupo como separado del resto puede tener consecuencias graves, independientemente de las intenciones originales.

Respuesta: La Norma Final Provisional (IFR) y la presente norma tienen un alcance limitado a establecer una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio, con el fin de mejorar los resultados de registro para determinados grupos de extranjeros. Un extranjero al que se le haya expedido uno de los documentos designados como prueba de registro conforme al 8 CFR 264.1(b) ya se ha registrado, y un extranjero que haya presentado uno de los formularios designados en el 8 CFR 264.1(a) y haya proporcionado sus huellas dactilares (salvo que se haya dispensado este requisito), pero al que no se le haya expedido uno de los documentos de prueba de registro designados en el 8 CFR 264.1(b), ha cumplido con el requisito de registro de la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Si un extranjero no cuenta con ninguna otra vía para registrarse y proporcionar sus huellas dactilares, el extranjero puede presentar el Formulario G-325R para cumplir con su obligación conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Los extranjeros que estén registrados y hayan cumplido 14 años de edad pueden utilizar el nuevo formulario para registrarse si no cuentan con ninguna otra vía para satisfacer este requisito.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene conocimiento de que existen áreas de la normativa vigente que podrían mejorarse, incluyendo la modificación de la lista de formularios prescritos como formularios de registro en el 8 CFR 264.1(a) y la lista de formularios que constituyen prueba de registro en el 8 CFR 264.1(b). Como parte de esta norma final, el DHS solicita comentarios sobre diversas maneras de modificar la normativa del DHS a fin de mejorar la implementación del requisito de registro conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Véase la sección V de este preámbulo.

Comentario: Muchos comentaristas afirman que la IFR perjudicaría a los niños y a las familias. Varios comentaristas indicaron que la IFR podría disuadir a las familias de inscribir a sus hijos en la escuela, de buscar atención médica o de denunciar delitos. En cuanto al impacto en la educación de los niños, un comentarista señaló que el sistema de registro podría generar un riesgo de sanción y que los padres podrían dudar en registrarse a sí mismos o a sus hijos por temor a que la información pudiera utilizarse para iniciar procedimientos de expulsión. Concluyeron que esto socava la confianza necesaria no solo para cooperar con las fuerzas del orden locales a fin de reducir la delincuencia, sino también para que los educadores, trabajadores sociales y socios del sector de la salud puedan atender eficazmente a estas familias.

Varios otros comentaristas señalaron que la IFR no contiene salvaguardas para las familias y afirmaron que la IFR podría conducir a la deportación de padres o cuidadores, y provocar la separación familiar, incluso en el caso de familias de estatus migratorio mixto. Un comentarista criticó la suposición de USCIS de que los posibles registrantes entenderían que deben registrarse, y describió a los inmigrantes como “blancos de separación familiar, detención o deportación”.

Un comentarista expresó preocupación por el hecho de que la IFR generaría cargas para las familias con hijos menores de edad que carecen de acceso a una vivienda estable, asesoría legal, alfabetización digital o una conexión a internet confiable, y que podrían enfrentar sanciones penales en caso de no lograr registrarse.

Otro comentarista señaló que la IFR no toma en cuenta el impacto significativo que tendría la aplicación de la remoción acelerada a los parolados sobre las familias y las comunidades, y añadió que someterlos a la remoción sin las protecciones procesales adecuadas podría ocasionar graves consecuencias sociales y económicas para estas personas y sus familias. En cuanto a la economía, los comentaristas escribieron que muchas familias de “estatus mixto” se verían perjudicadas, a pesar de haber contribuido de manera significativa a la economía.

Un comentarista escribió que algunas familias de inmigrantes ya se encuentran en proceso de obtener un alivio migratorio legal y que la IFR podría introducir confusión y el riesgo de un incumplimiento involuntario en ese proceso. Otro comentarista señaló que la norma haría que las familias de inmigrantes se retrajeran de la vida cotidiana por temor a ser criminalizadas, lo cual generaría impactos negativos en las comunidades locales, las economías y la seguridad pública.

Numerosos comentaristas manifestaron que el trauma del miedo a la deportación y la separación familiar resultante de la Norma Provisional Final (IFR, por sus siglas en inglés) y del registro provoca daños emocionales, de desarrollo, de salud (incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes, abuso de sustancias y depresión) y educativos a largo plazo en los niños. Otro comentarista escribió que la IFR afectaría a familias trabajadoras, contribuyentes e individuos que hablan y escriben en inglés, y perjudicaría la salud mental de los niños extranjeros, llevando a algunos a considerar quitarse la vida. Otro comentarista escribió que la administración está utilizando a los inmigrantes, sin importar su estatus, y a los niños cuyos padres llegaron a los Estados Unidos "indocumentados", como "peones" en una "lucha de poder". Otro comentarista manifestó que la IFR haría que los niños víctimas de trata de personas y abuso tuvieran menos probabilidades de presentarse y denunciar sus experiencias ante las autoridades policiales.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene la obligación de ejecutar fielmente las leyes establecidas por el Congreso, incluidas las disposiciones relacionadas con los requisitos de registro de extranjeros. Véase la secc. 103(a) del INA, 8 U.S.C. 1103(a).

El presidente Trump ordenó al DHS tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que los extranjeros previamente no registrados en los Estados Unidos cumplan con el deber legal de registrarse ante el gobierno. El DHS identificó una brecha en el régimen reglamentario y estableció una nueva opción de registro general para mejorar los resultados de registro de ciertos grupos de extranjeros. La IFR y esta norma se limitan, en cuanto a su alcance, a establecer el nuevo formulario de registro y la evidencia de registro para extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. Esta normativa no ha creado estos requisitos ni ha modificado los deberes establecidos por el Congreso para los extranjeros.

El DHS observa que el estatuto exige, con excepciones limitadas, que todos los extranjeros de 14 años o más que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más deben solicitar el registro y tomarse las huellas dactilares antes de que venzan los 30 días. De manera similar, los padres y tutores legales de extranjeros menores de 14 años deben asegurarse de que dichos extranjeros estén registrados. Dentro de los 30 días posteriores a que un extranjero cumpla 14 años, todo extranjero previamente registrado debe solicitar el reregistro y tomarse las huellas dactilares.

Antes de la IFR, las regulaciones vigentes desde hace tiempo ya establecían que, dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años, todo extranjero en los Estados Unidos que no esté exento del requisito de registro de extranjeros debe solicitar el reregistro y tomarse las huellas dactilares, a menos que se exima la toma de huellas dactilares. La IFR y esta norma no modifican esos procedimientos, sino que subsanan una brecha en el reglamento al agregar una opción general disponible para los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus, a fin de mejorar los resultados de registro para ciertos grupos de extranjeros. Además, muchos extranjeros en los Estados Unidos ya se han registrado, según lo exige la ley. Un extranjero al que se le haya expedido una visa de inmigrante o no inmigrante y que, en su llegada más reciente, haya sido admitido a los Estados Unidos utilizando esa visa, está registrado. Véase la secc. 221(b) del INA, 8 U.S.C. 1201(b). Esto incluye a los extranjeros admitidos (página impresa 39260) como estudiantes no inmigrantes y visitantes de intercambio. Ibídem.

Por estas razones y las razones expuestas en respuestas anteriores, el DHS no considera que la IFR o esta norma, particularmente cuando se analizan por separado de los requisitos de registro de extranjeros del INA, genere una carga para las familias y los niños ni que de otro modo conlleve un impacto negativo en las familias, las comunidades locales y la seguridad pública.

Comentario: Numerosos comentaristas expresaron su oposición a la aplicación de la IFR a menores y niños. Varios comentaristas instaron al DHS a revocar o abandonar la IFR debido a los posibles impactos en los menores sujetos a los requisitos de registro.

Un comentarista manifestó que muchos niños afectados por la IFR han experimentado trauma, como amenazas de daño o muerte, abuso o negligencia, y que los desafíos relacionados con el trauma pueden perjudicar aún más su capacidad para cumplir con los numerosos y complejos requisitos de la IFR.

Un comentarista escribió que los jóvenes a menudo sienten especial temor ante procedimientos como la toma de huellas dactilares debido a traumas que experimentaron en sus países de origen. El comentarista dijo que si están navegando el sistema legal de inmigración con asesoría legal y apoyo especialmente capacitados, pueden superar tales temores como parte del proceso de ser examinados para determinar su estatus legal en los Estados Unidos, pero agregó que muchos de estos niños están a punto de perder representación legal debido a recortes de financiamiento y, por lo tanto, no pueden navegar exitosamente el proceso legal ya que carecerán de la ayuda para comprender el propósito y la seguridad relativa de dichos procedimientos. Un comentarista escribió que la información requerida para el registro puede no estar disponible o ser incomprensible para los niños, incluidos los menores no acompañados y especialmente aquellos bajo custodia del Gobierno Federal. El comentarista dijo que especialmente para los niños que han enfrentado traumas significativos, las mejores prácticas indican que se les debe brindar consideración especial y atención informada sobre el trauma, no la expectativa de cumplir con los mismos requisitos que los adultos para procesos que potencialmente implican responsabilidad penal.

Al expresar inquietudes sobre el requisito de la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) de que los niños entre 14 y 18 años se sometan a registro, toma de huellas dactilares y verificaciones de antecedentes, un comentarista declaró que los requisitos invasivos de este registro no tomaban en cuenta la evolución en la comprensión de las vulnerabilidades de la niñez desde que se redactó la ley subyacente. El comentarista señaló el aumento de la explotación de migrantes vulnerables, particularmente menores, bajo un requisito de registro universal, debido a defraudadores y estafadores, incluidos aquellos que se hacen pasar por agentes federales. El comentarista instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a reconsiderar los requisitos de registro para preservar las protecciones de derechos civiles y seguridad pública para los menores. De manera similar, un comentarista expresó preocupación por los niños entre 12 y 18 años que podrían no tener una licencia y ser señalados por su color de piel o falta de dominio del idioma inglés, y por ello el comentarista se opuso al requisito de portar una identificación o tarjeta de registro.

De manera similar, los comentaristas expresaron preocupación sobre el impacto de los requisitos de registro en los niños y jóvenes. Un comentarista declaró que las sanciones penales contempladas también se extienden a los niños entre 14 y 18 años, lo que los coloca en un riesgo particular de discriminación por perfiles y criminalización, señalando que un estatuto de la era de 1940 no toma en cuenta las décadas de mejoras que se han hecho con respecto al enjuiciamiento penal de menores.

Otros comentaristas declararon que la Norma Final Provisional (IFR) no hace excepciones para las consecuencias severas de no registrarse, tratando a los jóvenes de la misma manera que a los adultos. Un comentarista declaró que con el regreso de la detención familiar, los jóvenes podrían potencialmente ser retenidos con sus padres o solos, enfrentando una posible deportación a países donde su seguridad y bienestar podrían verse comprometidos. El comentarista citó la postura de la Academia Americana de Pediatría de que "ninguna cantidad de tiempo en detención es segura para un niño" y hizo referencia a un informe de un comité asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que concluyó que "la detención generalmente no es apropiada ni necesaria para las familias" y que "nunca es lo mejor para los niños".

Otro comentarista declaró que si los patrocinadores y familiares de los niños son enjuiciados penalmente por no registrarse o por no tener consigo prueba de registro, los niños permanecerían detenidos aún más tiempo esperando la reunificación y liberación, y muchos quedarían sin nadie que los albergue y cuide.

Otro comentarista expresó preocupación de que el requisito de la norma de portar documentación de registro podría utilizarse como pretexto para acciones de cumplimiento de la ley contra niños y familias. El comentarista afirmó que esto podría dar lugar a la elaboración de perfiles raciales de personas que puedan parecer “extranjeras” a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, una práctica que el comentarista describió como perjudicial de manera desproporcionada para los jóvenes “negros y morenos” y sus familias, independientemente de su ciudadanía o condición migratoria. El comentarista dijo que el incumplimiento del registro o de portar documentación esencialmente criminaliza a los jóvenes por defecto y genera desconfianza adicional hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, lo que hace menos probable que los jóvenes y las familias denuncien delitos o busquen asistencia de dichas autoridades. El comentarista sugirió que esto podría afectar particularmente a los jóvenes no acompañados, quienes enfrentan un mayor riesgo de explotación laboral infantil y otros tipos de abuso, ya que podrían mostrarse más reacios a buscar ayuda. Otro comentarista afirmó que la norma provisional final (IFR) perjudicaría a los niños sometidos a la elaboración de perfiles con base en el color de piel o el origen nacional percibido, así como a los niños que son víctimas de trata de personas u otros delitos.

Respuesta: El estatuto exige, con excepciones limitadas, que todos los extranjeros de 14 años o más que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más deben solicitar el registro y ser tomados sus huellas dactilares antes de que venzan los 30 días. De igual manera, los padres y tutores legales de extranjeros menores de 14 años deben asegurarse de que dichos extranjeros sean registrados. Dentro de los 30 días posteriores a que un extranjero cumpla 14 años, todos los extranjeros previamente registrados deben solicitar su nuevo registro y ser tomados sus huellas dactilares. El estatuto además exige que los extranjeros de 18 años o más que se encuentren en los Estados Unidos y que estén obligados a registrarse deben en todo momento portar consigo y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que les haya sido emitida. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante la norma provisional final (IFR) y la norma final, no ha creado estos requisitos ni modificado las obligaciones establecidas por el Congreso para los extranjeros.

Las normas vigentes desde hace mucho tiempo, antes de esta norma provisional final (IFR), ya establecían que, dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años, todo extranjero en los Estados Unidos que no esté exento del requisito de registro de extranjeros debe solicitar su nuevo registro y ser tomado sus huellas dactilares, a menos que se exima de la toma de huellas. La norma provisional final (IFR) y la norma final no modifican dichos procedimientos, sino que llenan un vacío en el régimen reglamentario al establecer una opción general de registro disponible para todos los extranjeros, independientemente de su condición, junto con la evidencia correspondiente como prueba de dicho registro.

Los comentarios relativos a la aplicación de las disposiciones penales quedan fuera del alcance de este proceso de elaboración de normas. Este proceso de elaboración de normas no establece políticas o prioridades de cumplimiento civil migratorio o penal. Los niños menores de 14 años no enfrentan sanciones penales por el incumplimiento o la negativa deliberada a registrarse. Véase la sección 266(a) de la INA, 8 U.S.C. 1306(a).

Comentario: Los comentarios indicaron que la norma provisional final (IFR) también perjudicaría de manera desproporcionada a los niños con discapacidades, a los jóvenes con ciertas discapacidades de salud mental, de desarrollo o cognitivas, y a aquellos con (página impresa 39261) dominio limitado del inglés, y agregaron que los jóvenes con ciertas discapacidades de salud mental, de desarrollo o cognitivas podrían enfrentar dificultades para comprender que el requisito de registro se aplica a ellos, para completar los requisitos, o para entender que necesitan portar consigo en todo momento la prueba de registro. Otro comentarista señaló que los jóvenes que no pueden hablar ni leer inglés también podrían enfrentar dificultades considerables, especialmente dado que los jóvenes no acompañados provienen de todo el mundo, muchos de los cuales hablan lenguas indígenas y otros idiomas poco comunes, y con frecuencia carecen de acceso a asistencia de interpretación. Otro comentario afirmó que, al enfrentarse a interacciones con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los jóvenes con ciertas discapacidades de salud mental, de desarrollo o cognitivas corren un mayor riesgo de sufrir resultados adversos, tales como arresto, detención o incluso daño físico.

Los comentaristas también señalaron que los niños con acceso limitado a la tecnología, o que de otro modo necesiten apoyo para cumplir con el requisito, podrían buscar orientación de maestros y otro personal escolar, lo que añadiría cargas adicionales al sistema educativo.

Otro comentarista señaló que el requisito de registro perjudicaría a los menores en situaciones de convivencia en las que podrían no tener acceso a sus documentos de inmigración o no haber tenido la oportunidad de hablar con un abogado. El comentarista agregó que los menores pueden no tener un adulto que entienda inglés, y mucho menos la naturaleza compleja del formulario requerido para el registro.

Respuesta: El estatuto establece que, con excepciones limitadas, todos los extranjeros de 14 años o más que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más deben solicitar el registro y ser tomados sus huellas dactilares antes de que expiren los 30 días. Véase INA sec. 262, 8 U.S.C. 1302. De manera similar, los padres y tutores legales de los extranjeros menores de 14 años deben asegurarse de que esos extranjeros estén registrados. Dentro de los 30 días posteriores a que un extranjero cumpla 14 años, todos los extranjeros previamente registrados deben solicitar el reregistro y ser tomados sus huellas dactilares. Véase INA sec. 262(b), 8 U.S.C. 1302(b). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante la Norma Final Provisional (IFR) y esta norma final, no ha modificado los requisitos establecidos por el Congreso para los extranjeros. La IFR y esta norma tienen un alcance limitado, y designan un nuevo formulario de registro para que los extranjeros cumplan con los requisitos estatutarios de registro y toma de huellas dactilares.

El DHS reconoce los desafíos que pueden enfrentar los menores, en particular los menores con discapacidades, dificultades de salud mental, dominio limitado del inglés, o debido a su situación socioeconómica. Estas dificultades se aplican generalmente a cualquier obligación impuesta por la ley codificada por el Congreso, y el requisito de registro de extranjeros de larga data no se distingue en este sentido. Para abordar las inquietudes sobre discapacidad y problemas de acceso, el DHS proporciona diversas adaptaciones, de conformidad con las leyes vigentes. Los sistemas electrónicos y de tecnología de la información (TI) del DHS y de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cumplen y, en algunos aspectos, pueden superar el requisito de la sección 508 de la Ley de Rehabilitación (29 U.S.C. 794d) y la orientación relacionada. El DHS y USCIS están comprometidos a hacer que la información pública y los datos sean accesibles y utilizables por personas con discapacidades de una manera comparable con las personas que no tienen discapacidades. USCIS proporciona adaptaciones conformes con la sección 504 de la Ley de Rehabilitación.[17]

USCIS también estableció un sitio web dedicado con información sobre el Requisito de Registro de Extranjeros (ARR, por sus siglas en inglés) y una Herramienta ARR que ayuda a los extranjeros a determinar si deben registrarse.[18] La herramienta plantea una serie de preguntas a los extranjeros y, según las respuestas del extranjero, puede ayudarle a determinar si debe registrarse.

Comentario: Un comentarista expresó preocupación de que la IFR crea una carga financiera para los menores no acompañados que, por lo general, carecen de fuentes de ingresos independientes. El comentarista afirmó que los menores podrían sentirse obligados a trabajar para cumplir con la IFR, aunque muchos no pueden hacerlo debido a la falta de autorización de empleo o a la asistencia escolar. El comentarista identificó varios costos que recaerían sobre los menores, incluyendo las tarifas de solicitud, el acceso a la tecnología, el transporte a las citas biométricas, los costos de documentos, las tarifas de toma de huellas dactilares, los servicios de interpretación y los gastos de consulta legal. El comentarista concluyó que estas barreras financieras impedirían que muchos menores cumplieran con los requisitos, lo que potencialmente los expondría a responsabilidad penal.

Respuesta: El estatuto exige, con excepciones limitadas, que todos los extranjeros de 14 años o más que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más deben solicitar el registro y ser tomados sus huellas dactilares antes de que expiren los 30 días. De manera similar, los padres y tutores legales de los extranjeros menores de 14 años deben asegurarse de que esos extranjeros estén registrados. Dentro de los 30 días posteriores a que un extranjero cumpla 14 años, todos los extranjeros previamente registrados deben solicitar el reregistro y ser tomados sus huellas dactilares.

El DHS, mediante la IFR y la norma final, no ha modificado los deberes establecidos por el Congreso para los extranjeros. Antes de la IFR, los reglamentos ya establecían que, dentro de los 30 días posteriores a cumplir los 14 años, todo extranjero en los Estados Unidos que no esté exento del requisito de registro de extranjeros debe solicitar el reregistro y ser tomado sus huellas dactilares, a menos que se exima de la toma de huellas dactilares. La IFR y la norma final no modifican esos procedimientos, sino que llenan un vacío en el reglamento al agregar una opción para que los extranjeros cumplan con los requisitos estatutarios de registro existentes. El DHS señala que algunos menores extranjeros no acompañados ya estarán registrados en virtud de haber sido puestos en procedimientos de expulsión mediante el Formulario I-862, Notificación de Comparecencia.

Comentario: Los comentaristas manifestaron que la Norma Provisional Final (IFR, por sus siglas en inglés) perjudicaría de manera desproporcionada a las personas con discapacidades. Asimismo, los comentaristas manifestaron que las personas con discapacidades mentales, de desarrollo o relacionadas con la salud podrían no estar en condiciones de portar de manera confiable la documentación descrita en la IFR. El comentarista escribió que, sin la asistencia disponible de familiares u otras personas, estas personas enfrentarían un mayor riesgo de acciones de las fuerzas del orden, encarcelamiento y expulsión de los Estados Unidos sin un debido proceso significativo.

De manera similar, los comentaristas manifestaron que la IFR disuadiría a los patrocinadores y familiares de brindar apoyo a los participantes del Programa de Demandados No Calificados que tengan discapacidades mentales. El comentarista señaló que los jueces de inmigración con frecuencia exigen que las personas con discapacidades mentales sean liberadas bajo el cuidado de familiares durante las audiencias de fianza, a fin de asegurar su participación en los procedimientos legales. Según el comentarista, la IFR desalentaría a los familiares de actuar como patrocinadores debido a la preocupación por las posibles consecuencias si el demandado no se registra. El comentarista indicó que esto prolongaría la detención de las personas con discapacidades mentales, quienes podrían perder su sistema de apoyo y no poder participar de manera significativa en los procedimientos de inmigración.

De manera similar, los comentaristas manifestaron que las personas con discapacidades no tendrían acceso significativo al proceso de registro por varias razones. Los comentaristas escribieron que las personas con ciertas discapacidades de salud mental, de desarrollo o cognitivas podrían no estar en condiciones de determinar si el requisito de registro se aplica a ellas. Los comentaristas manifestaron que, además, (página impresa 39262) el registro requiere acceso a internet, una computadora o teléfono inteligente, y una dirección de correo electrónico, lo cual puede resultar difícil o imposible para personas con diversas discapacidades, incluidas aquellas que son ciegas o tienen baja visión, aquellas con problemas de movilidad que afectan la destreza manual o la capacidad de usar tecnología, y aquellas con discapacidades intelectuales o cognitivas. Los comentaristas agregaron que el proceso de registro también requiere capacidad cognitiva para seguir un proceso de varios pasos a fin de crear una cuenta y registrarse en myUSCIS, incluido un proceso de autenticación de dos factores. Por último, un comentarista indicó que los solicitantes de registro deben tener la capacidad cognitiva para responder una larga lista de preguntas con instrucciones mínimas, o bien arriesgarse a sanciones civiles y penales.

Un comentarista indicó que esperar que las personas con discapacidades cumplan con el requisito de registro impondría “una carga poco realista y significativa sobre ellas”, argumentando que los clientes con necesidades de salud que viven en la comunidad frecuentemente carecen de vivienda estable. Específicamente, el comentarista señaló que, a medida que estas personas pasan de una situación de vivienda transitoria a otra, los documentos con frecuencia se pierden y, a menudo, sus pertenencias son robadas.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con la IFR y esta norma final, no ha modificado los requisitos establecidos por el Congreso para los extranjeros. La IFR y esta norma tienen un alcance limitado, y designan un nuevo formulario de registro para que los extranjeros cumplan con los requisitos legales de registro y toma de huellas dactilares.

La mayoría de los extranjeros en los Estados Unidos ya cumplían con el requisito de registro antes de la publicación de la IFR. Durante muchas décadas, estos extranjeros han satisfecho el requisito a través de diversas vías. Sin embargo, la IFR y esta norma final llenan un vacío en el régimen reglamentario al establecer una opción general de registro disponible para todos los extranjeros, independientemente de su estatus, junto con la evidencia correspondiente como prueba de dicho registro. El DHS considera que esta nueva opción puede mejorar los resultados de registro para determinados grupos de extranjeros.

El DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) están comprometidos con hacer que las tecnologías electrónicas y de la información sean accesibles para las personas con discapacidades. El sitio myUSCIS y su tecnología están diseñados para garantizar que las personas con discapacidades puedan acceder y utilizar la información y los datos de una manera comparable a la de las personas sin discapacidades.

El Formulario G-325R cumple con la sección 508 de la Ley de Rehabilitación; además, el USCIS proporciona adaptaciones razonables de conformidad con la sección 504 de la Ley de Rehabilitación.[19] Como parte de dicha adaptación, alentamos a las personas a comunicarse con el Centro de Contacto de USCIS si requieren ayuda con el registro de extranjeros.

DHS señala que esta reglamentación no ha modificado el requisito de que todos los extranjeros de 18 años o más que se encuentren en los Estados Unidos y que estén obligados a registrarse deben llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que se les haya emitido. Estos son requisitos legales conforme a la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e).

Comentario: Los comentaristas afirmaron que la IFR socava y amenaza la seguridad de las víctimas de trata de personas y de violencia doméstica y sexual, y que la aplicación de la ley depende de la cooperación comunitaria para mantener la seguridad pública, lo cual se vuelve difícil cuando las víctimas de delitos tienen miedo de denunciar delitos o hablar con la policía. Un comentarista enfatizó que las mujeres inmigrantes, particularmente aquellas que son "indocumentadas", son extremadamente vulnerables a la violencia doméstica, la agresión sexual, la trata de personas y otros delitos violentos. El comentarista explicó que estas víctimas enfrentan barreras significativas para buscar seguridad porque los perpetradores, a menudo ciudadanos estadounidenses, explotan el estatus migratorio de las víctimas para controlarlas y amenazan con una violencia escalada si buscan ayuda. El comentarista razonó que los requisitos de registro ampliados en la IFR crean un clima innecesario de miedo en las comunidades inmigrantes que socava la seguridad pública, ya que las víctimas de delitos evitarían contactar a la policía por temor a sanciones, detención o deportación. El comentarista afirmó que la IFR efectivamente deja sin sentido las protecciones legales actuales de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) para las víctimas inmigrantes de trata de personas y de violencia doméstica/sexual. El comentarista escribió que la IFR pone a las víctimas inmigrantes con solicitudes pendientes de protección y a aquellas que ya están colaborando con las autoridades gubernamentales en riesgo inmediato de deportación o enjuiciamiento penal, eliminando los incentivos para que las víctimas inmigrantes de delitos violentos busquen ayuda. El comentarista señaló además que el nuevo proceso de registro crea una herramienta adicional para que las parejas abusivas dañen a las víctimas al establecer lo que describieron como una barrera imposible para la seguridad de los sobrevivientes inmigrantes.

Un comentarista afirmó que la IFR haría que las personas sean blanco de ICE antes de que hayan tenido la oportunidad de obtener asesoría legal confiable, incluidas personas que han sobrevivido a la trata de personas, y adolescentes y niños pequeños a quienes se les ha otorgado un estatus especializado debido a su victimización. El comentarista escribió que la IFR volvería a traumatizar a estos grupos al arrestarlos y obligarlos a mostrar documentación. Un comentarista dijo que la IFR introduce nuevos requisitos que disuadirían a los sobrevivientes de presentarse, aumentarían el riesgo de retraumatización, y facilitarían que los abusadores y perpetradores mantengan el control sobre sus víctimas. Un comentarista planteó preocupaciones específicas respecto al impacto en los sobrevivientes de abuso que han recibido o están solicitando protección humanitaria a través de las visas VAWA, T o U.

Un sindicato dijo que la IFR desalentará la denuncia de violaciones laborales graves y perjudicará a los "solicitantes" del estatus de no inmigrante U y T, en violación de la intención del Congreso expresada en la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata y la Violencia (VTVPA, por sus siglas en inglés). El comentarista explicó, discutiendo diversas implicaciones de la IFR para los solicitantes de visas U y T que el comentarista dijo que DHS no consideró. El comentarista comentó sobre cargas de papeleo innecesarias e injustificadas, la falta de claridad respecto a las protecciones de privacidad, y la "mala política" establecida en la IFR que deshace el esquema de protección de víctimas y testigos establecido en la VTVPA, desencadenando consecuencias migratorias adversas, abusos "intolerables" contra trabajadores extranjeros individuales, y daños a todos los trabajadores estadounidenses.

Un comentarista expresó preocupación por la falta de protecciones de privacidad y confidencialidad de la IFR asociadas con el requisito de registro. Según el comentarista, esta deficiencia podría permitir que los abusadores aprovechen los temores de los sobrevivientes para impedir su acceso al sistema migratorio. Varios comentaristas señalaron que los abusadores podrían manipular, controlar, coaccionar e intimidar a los sobrevivientes interfiriendo con el proceso de registro, impidiendo el acceso a la tecnología necesaria, obstruyendo las citas biométricas, o dificultando el acceso a la asistencia legal. El comentarista informó que su organización ha observado que los clientes luchan por determinar si necesitan registrarse y experimentan miedo y vacilación en torno al proceso de registro.

Algunos comentaristas describieron de manera similar las barreras existentes que enfrentan los sobrevivientes ( página impresa 39263) al presentar solicitudes de beneficios migratorios, tales como: el acceso al idioma; la extensión y complejidad de los formularios; la capacidad de reunir los documentos y pruebas necesarios para respaldar sus reclamos; y las barreras geográficas para acceder a las oficinas gubernamentales y a los servicios legales, comunitarios y financieros. Los comentaristas sugirieron que la Norma Final Provisional (IFR) agravaría las barreras, el temor y la confusión que esta población ya enfrenta. Otro comentarista añadió que el amplio alcance y la falta de una delimitación clara sobre quién debe registrarse podría crear inadvertidamente oportunidades para que actores fraudulentos exploten a las poblaciones vulnerables. El comentarista señaló que, a pesar de las iniciativas en curso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para combatir las estafas relacionadas con los servicios migratorios, en ausencia de una orientación explícita, las personas podrían caer víctimas de estafas que prometen asistencia con el proceso de registro, lo que ocasionaría pérdidas financieras y mayor desinformación.

Varios comentaristas señalaron que los perpetradores de violencia doméstica o sexual podrían manipular el proceso de registro al registrar erróneamente a los sobrevivientes o interferir con la capacidad de un sobreviviente para completar el registro, incluida la asistencia a las citas biométricas, exponiéndolos así a la criminalización y a acciones de control migratorio. Otros comentaristas señalaron que los abusadores también podrían impedir que los sobrevivientes porten la prueba de registro, exponiéndolos a medidas de control migratorio conforme a la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e). Un comentarista recomendó que cualquier proceso de registro brinde flexibilidad para que los sobrevivientes corrijan inconsistencias y que se considere cómo la victimización puede afectar el cumplimiento antes de llevar a cabo acciones de control migratorio con base en la sección 264(a) de la INA, 8 U.S.C. 1306(a).

Un comentarista señaló que el abuso relacionado con la condición migratoria es una táctica común utilizada por los abusadores y perpetradores de delitos para mantener poder y control sobre las víctimas, citando la "Rueda de Poder y Control del Inmigrante" del Centro Nacional de Violencia Doméstica y Sexual (National Center for Domestic and Sexual Violence). El comentarista explicó que los sobrevivientes a menudo dependen de parejas o empleadores abusivos para su estatus migratorio, vivienda, transporte, ingresos y acceso a la tecnología, lo que crea dependencias que los abusadores mantienen intencionalmente para aislar y controlar a los sobrevivientes. El comentarista indicó que estas vulnerabilidades se ven agravadas en el entorno digital actual, citando investigaciones que indican que el 80 por ciento de las víctimas de acoso (stalking) reportan haber sido acosadas mediante el uso de tecnología, y más de un tercio fueron blanco de parejas íntimas actuales o anteriores. El comentarista manifestó que los teléfonos, las aplicaciones y las herramientas digitales se han convertido en armas para monitorear, acosar e interferir con los esfuerzos de los sobrevivientes por escapar o buscar ayuda. El comentarista razonó que los requisitos de registro de la IFR podrían ser manipulados por los abusadores, quienes podrían bloquear el acceso a internet, retener documentos necesarios, impedir que los sobrevivientes asistan a las citas biométricas, o engañar deliberadamente a los sobrevivientes respecto de los requisitos de cumplimiento, provocando que incurran en incumplimiento sin saberlo. El comentarista escribió que, sin salvaguardas específicas para los sobrevivientes, el proceso de registro podría convertirse en otra herramienta de coerción, colocando a los sobrevivientes en mayor riesgo de expulsión o daño. El comentarista recomendó que, si el DHS no rescinde la IFR, debería incluir disposiciones claras que permitan a los sobrevivientes corregir las inconsistencias generadas por el abusador, explicar retrasos o vacíos, y evitar sanciones por incumplimiento resultante del abuso. El comentarista enfatizó que ningún sobreviviente debería enfrentar consecuencias migratorias debido a la coerción, el miedo o la manipulación de alguien que ya le ha causado daño.

Un comentarista también manifestó que el requisito de portar la prueba de registro en todo momento perjudicaría de manera desproporcionada a los sobrevivientes de violencia que puedan estar huyendo del abuso o cuyos abusadores controlan su documentación como medio para mantener poder y control. El comentarista instó al DHS a considerar factores tales como emergencias, victimización y condiciones de salud en sus acciones de control migratorio relacionadas con 8 U.S.C. 1304(e).

Respuesta: El DHS señala que la IFR y esta norma no han modificado los requisitos de registro establecidos por el Congreso. Esta reglamentación establece una opción de registro general disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio, con el fin de mejorar los resultados de registro para determinados grupos de extranjeros.

La INA requiere que, con excepciones limitadas, la mayoría de los extranjeros en los Estados Unidos que permanezcan en los Estados Unidos por 30 días o más deben solicitar el registro y la toma de huellas dactilares. Antes de la Norma Provisional Final (IFR), la mayoría de los extranjeros ya cumplían con los requisitos de registro; sin embargo, la IFR y esta norma final llenan un vacío en el régimen regulatorio al prescribir un formulario de registro para los extranjeros no registrados.

La IFR y esta norma final no han modificado ningún procedimiento o proceso actual relacionado con los extranjeros que son elegibles para, y receptores de, alivio migratorio basado en la condición de víctima (específicamente, los autopeticionarios de la VAWA, así como los solicitantes y peticionarios de, y receptores de, el estatus de no inmigrante T y U). Asimismo, la IFR y esta norma final no han modificado los procedimientos o prácticas de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para proteger contra la divulgación no autorizada de información de identificación personal que recopila, utiliza o mantiene.

El DHS señala que, si un extranjero registrado no tiene en su posesión inmediata su evidencia de registro, las agencias del DHS tienen acceso a las bases de datos del DHS para confirmar si un extranjero cumple con el requisito de registro.

El DHS reconoce que los procesos migratorios pueden ser complejos y que los solicitantes, incluidos los registrantes, pueden seguir estando en riesgo de convertirse en víctimas de estafas o fraudes. El DHS alienta a los solicitantes a utilizar la información del sitio web de USCIS para evitar convertirse en víctimas de estafas comunes, fraude y mala conducta.[20]

Comentario: Varios comentaristas señalaron que las personas con dominio limitado del inglés o con acceso limitado a la tecnología o barreras de acceso financiero estarían expuestas a consecuencias punitivas debido a la imposibilidad de presentar el Formulario G-325R de manera electrónica. Otro comentarista también señaló que la IFR no menciona su impacto en los "no ciudadanos" con dominio limitado del inglés u otras barreras lingüísticas, y observó que la IFR no contempla ninguna traducción de los formularios de registro o sus instrucciones.

Uno de los comentaristas expresó preocupación de que las personas con dominio limitado del inglés podrían registrarse inadvertidamente cuando no estuvieran obligadas a hacerlo, lo que potencialmente desencadenaría acciones de cumplimiento migratorio erróneas. Otros comentaristas señalaron que la norma no menciona su impacto en los "no ciudadanos" con dominio limitado del inglés u otras barreras lingüísticas, ni contempla ninguna traducción del Formulario G-325R o de la propia norma.

Respuesta: El DHS señala que esta reglamentación no ha modificado el requisito de que todos los extranjeros de 18 años o más en los Estados Unidos que estén obligados a registrarse deben llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que se les haya expedido. Estos son requisitos legales conforme a la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e). Además, esta reglamentación no impone (página impresa 39264) ninguna obligación nueva de registro o toma de huellas dactilares distinta de las obligaciones ya contenidas en la INA.

El DHS reconoce que existen costos para los registrantes asociados con los requisitos legales de registro. Estos costos incluyen, entre otros, la carga de tiempo para presentar los datos biométricos y los costos de viaje para acudir a un Centro de Apoyo a Solicitudes (ASC). Como resultado de los comentarios recibidos, se incluye un desglose más detallado de los costos asociados con esta norma en la sección VI, la sección de Requisitos Estatutarios y Reglamentarios de este preámbulo.

USCIS también estableció un sitio web dedicado con información sobre el ARR y una Herramienta ARR que puede ayudar a los extranjeros a determinar si deben registrarse.[21] El DHS también señala que el Formulario G-325R es un formulario digital al que se puede acceder fácilmente a través de un navegador de internet o del teléfono celular de una persona. Además, las bibliotecas públicas y otras instituciones privadas y públicas pueden proporcionar acceso a internet.

El DHS señala que los formularios migratorios de USCIS se ofrecen y deben presentarse en inglés.[22] USCIS también proporciona una copia en PDF del Formulario G-325R para que los extranjeros puedan acceder a él antes de completar el formulario.[23] Un extranjero también puede utilizar la asistencia de un intérprete para leer las instrucciones y preguntas del nuevo formulario de registro. Si el extranjero utiliza un intérprete, debe proporcionar la información de contacto de ese intérprete y cargar la certificación y firma del intérprete al solicitar el registro.

Comentario: Los comentaristas señalaron que, como proveedores de servicios legales integrales para refugiados y personas desplazadas, la norma provisional final (IFR, por sus siglas en inglés) afectaría negativamente a las comunidades de sus clientes, además de sobrecargar sus recursos, lo que obstaculizaría su misión de ampliar el acceso a la protección, la seguridad duradera y el debido proceso para los extranjeros y las personas desplazadas. Otro comentarista manifestó que la confusión generada por la IFR les obligaría a destinar más recursos a investigar cuáles de sus clientes necesitarían inscribirse. Un comentarista observó que su organización ha estado recibiendo numerosas consultas de miembros de la comunidad que preguntan si necesitan registrarse o no, lo que genera una presión sobre sus recursos que podría aprovecharse mejor para ayudar a las personas a solicitar alivio migratorio.

Un comentarista manifestó que tendrían que examinar a cada persona que atienden, lo que podría implicar cambios en los procesos de admisión, la evaluación de riesgos, el asesoramiento y la capacitación para determinar la aplicabilidad del registro a los clientes y a los miembros de su familia. El comentarista señaló que brindar un asesoramiento legal competente requeriría evaluar las implicaciones constitucionales de la IFR, lo que haría necesaria una revisión y supervisión especializadas en cada caso. El comentarista indicó que estos cambios exigirían horas adicionales de personal, desviando recursos que podrían destinarse a atender a más clientes. El comentarista anticipó que los clientes enfrentarían multas y sanciones penales que requerirían asesoramiento legal y una revisión de respuesta rápida. Además, el comentarista expresó preocupación por una posible tergiversación y abuso por parte de “notarios”, que podrían defraudar a personas que actuaran siguiendo un asesoramiento erróneo sobre el registro. El comentarista concluyó que esto reduciría significativamente su capacidad para prestar servicios y para procurar un alivio permanente para los inmigrantes y solicitantes de asilo a quienes normalmente atienden. Un comentarista señaló que, dado que los proveedores de servicios se encuentran desbordados en todo el país debido a los recortes de financiamiento y al aumento de la demanda de servicios, es poco probable que ellos y otras organizaciones sin fines de lucro tengan la capacidad de ayudar con el registro conforme a la norma, el cual es necesario para muchos extranjeros con dominio limitado del inglés, lo que plantea una serie de inquietudes relacionadas con la equidad.

Un comentarista escribió de manera similar que la IFR impone una pesada carga administrativa, de tiempo y financiera a las organizaciones que atienden a los inmigrantes, ya que deben educar a los miembros de la comunidad y ayudarlos a sortear requisitos de cumplimiento complejos. El comentarista describió la determinación de la elegibilidad para el registro como “extremadamente demorada” y difícil para las personas que podrían carecer de los documentos necesarios. El comentarista contextualizó la IFR dentro de numerosos otros cambios en la política migratoria, citando la supuesta confusión generada por las medidas que revocan ciertas concesiones de libertad condicional (parole). El comentarista afirmó que resulta imposible brindar un aviso adecuado si la Administración modifica las determinaciones de estatus en tiempo real sin resolver las ambigüedades existentes, y concluyó que los requisitos de la IFR podrían cambiar sin la debida consideración de sus repercusiones sobre las comunidades de inmigrantes y las organizaciones que las apoyan.

Un comentarista expresó preocupación por que la IFR sería onerosa y limitaría su capacidad para cumplir con su misión de servir a las comunidades de extranjeros en Nueva York. El comentarista manifestó que existe una confusión generalizada sobre la norma entre las comunidades de inmigrantes, señalando que personas con diversos estatus migratorios han planteado preguntas sobre la aplicabilidad de la norma a sus situaciones particulares. El comentarista indicó que la complejidad y la rápida implementación de la IFR han generado vulnerabilidad a la desinformación. Según el comentarista, abordar esta confusión requiere una consulta extensa, uno a uno, con sus miembros, lo cual excede la capacidad de su organización. El comentarista declaró que la experiencia de su equipo legal ha demostrado tanto la complejidad para determinar los requisitos de registro como las barreras significativas para comprender y cumplir con la norma. El comentarista explicó, por ejemplo, que determinar si un extranjero se ha registrado previamente requiere saber si el extranjero ha presentado el Formulario I-485 o el Formulario I-765 y conocer el resultado de dicha solicitud. El comentarista señaló además que los clientes podrían razonablemente estar confundidos sobre si se habían registrado si el cliente había presentado previamente documentación extensa ante USCIS que no califica como registro conforme a los reglamentos. El comentarista dijo que, para algunos extranjeros, la única manera de verificar su estatus de registro y obtener los documentos que ahora deben portar por ley sería mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), la cual es un proceso de múltiples etapas que puede tardar meses, consume el tiempo del personal de su organización y requiere mantener contacto continuo. Otros comentaristas también señalaron que la IFR daría lugar a un aumento de las solicitudes FOIA debido a la falta de claridad sobre quién está obligado a completar el nuevo proceso de registro, y que impondría cargas a los abogados de inmigración para presentar solicitudes FOIA.

Un comentarista declaró que la complejidad e inconsistencia de la IFR plantean desafíos importantes para su personal, que no puede asesorar con confianza a los miembros sobre los requisitos de registro en entornos grupales, como reuniones de comités y talleres que a menudo incluyen a decenas de asistentes. Según el comentarista, la naturaleza confusa del requisito de registro, sumada a su impacto casi universal, socava su modelo de brindar educación comunitaria y presentaciones sobre conozca sus derechos. El comentarista declaró (página impresa 39265) que, con decenas de miles de miembros, su equipo legal carece de la capacidad para brindar asesoría individual a todas las personas potencialmente afectadas. Un comentarista declaró que los requisitos poco claros de la norma y la falta de un despliegue coordinado o de educación pública por parte de USCIS imponen cargas tremendas a su organización y a sus miembros. El comentarista dijo que esto también crea un entorno propicio para el fraude.

Un comentarista dijo que se vería obligado a dar prioridad a ayudar a los clientes a obtener rápidamente los documentos de registro para evitar acciones de cumplimiento de la ley, y agregó que su personal tendría que dedicar más tiempo y recursos a cumplir con dicha norma, lo cual desviaría capacidad para ayudar con otros servicios legales vitales y vías de alivio.

Un comentarista escribió que los profesionales de Michigan que atienden a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual quedarían “desamparados” respecto a lo que podría sucederles a los sobrevivientes al registrarse, y agregó que, sin poder brindar orientación de manera segura y evitar el ejercicio no autorizado de la abogacía, dichos defensores tendrían dificultades para ayudar a sus clientes a mantenerse seguros y a proteger a sus hijos. El comentarista también manifestó que los oficiales de policía de Michigan tendrían dificultades para conseguir testigos colaboradores en sus investigaciones, porque los sobrevivientes tendrían tanto temor a la deportación que no se presentarían.

Un comentarista expresó preocupación por el impacto de la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) en organizaciones como la suya, indicando que su organización ya ha experimentado un aumento significativo en las solicitudes de información, asesoría legal y asistencia por parte de clientes existentes en relación con los requisitos de registro y prueba de la IFR. Además, el comentarista informó un aumento en las consultas e inquietudes de la comunidad en general, lo cual ha interferido con su función principal de proporcionar servicios legales de inmigración. El comentarista explicó que la complejidad y las “inconsistencias” de la norma, junto con su impacto casi universal, significan que incluso los clientes existentes que podrían considerarse “registrados” necesitarían asesoría legal para determinar esto con confianza. El comentarista agregó que esto es particularmente cierto para clientes con solicitudes pendientes o aquellos en hogares de estatus mixto, donde existe mayor ambigüedad sobre quién necesita cumplir con el proceso. El comentarista planteó preocupaciones sobre el impacto de la IFR en el financiamiento y las operaciones de su organización. El comentarista explicó que reciben una parte significativa de su financiamiento de subvenciones y contratos que requieren productos específicos de servicios legales de inmigración, y que algunos contratos se pagan por caso individual y otros se pagan en ciclos basados en requisitos de presentación de informes. El comentarista dijo que asesorar y asistir a clientes existentes y miembros de la comunidad en relación con la nueva norma no calificaría bajo estas subvenciones como productos entregables, ya que esas subvenciones financian otros servicios específicos. El comentarista advirtió que el incumplimiento de las métricas y requisitos de presentación de informes de las subvenciones actuales, debido al desvío de recursos para atender la IFR, podría resultar en la pérdida de los fondos restantes bajo esas subvenciones. El comentarista expresó preocupación de que esto podría poner en riesgo la capacidad de la organización para solicitar subvenciones futuras, lo que podría conducir a despidos de personal y otras medidas de reducción de costos, lo que en última instancia reduciría su capacidad de asistir a clientes existentes y futuros.

Un comentarista escribió que el requisito de registro de inmigrantes presentaría un conflicto de interés para su organización y los abogados defensores con quienes trabajan, porque obligaría a los abogados a aconsejar a los “extranjeros” a cumplir con una ley que probablemente viola el derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. El comentarista además dijo que, dado que el incumplimiento del registro puede ser procesado como delito menor, sería más difícil asesorar con precisión sobre los riesgos y beneficios de las resoluciones de casos penales y complicaría las negociaciones de declaración de culpabilidad. Otro comentarista dijo que la IFR crea problemas morales para los abogados, quienes no querrán aconsejar a sus clientes que no se registren debido a las obligaciones legales asociadas.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entiende que las organizaciones pueden experimentar un aumento en las consultas de las comunidades de clientes, o una expansión de los servicios de una organización para incluir asistencia adicional sobre el requisito de registro de extranjeros. Sin embargo, esto suele ocurrir con los procesos nuevos y no es exclusivo de esta IFR. El DHS no está de acuerdo con la caracterización de que la IFR y el registro de extranjeros presenten un conflicto de interés o problemas morales para las organizaciones legales y los abogados defensores. Se presume que los proveedores de servicios legales asesorarían a sus clientes sobre las disposiciones de la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), 8 U.S.C. 1302, como lo harían con cualquier otra obligación legal.

El DHS también señala que la IFR y esta norma final no han modificado los requisitos de registro y las obligaciones relacionadas establecidas por el Congreso hace muchas décadas. El estatuto exige que, con excepciones limitadas, todos los extranjeros de 14 años o más que no hayan sido registrados ni tomado sus huellas dactilares, si así se requiere, y que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más, deben solicitar el registro y la toma de huellas dactilares. Estas normativas llenan un vacío en el régimen regulatorio del DHS al establecer una opción general de registro disponible para todos los extranjeros, independientemente de su estatus. El DHS considera que esta opción puede mejorar los resultados de registro para ciertos grupos de extranjeros.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) también estableció un sitio web dedicado con información sobre el Requisito de Registro de Extranjeros (ARR, por sus siglas en inglés) y una Herramienta ARR que puede ayudar a los extranjeros a determinar si deben registrarse.[24]

Como parte de este proceso de reglamentación, el DHS también solicita comentarios sobre las enmiendas propuestas para prescribir ciertos formularios existentes con recopilación de información y un exhaustivo escrutinio y verificación basados en datos biométricos para su uso por parte de los extranjeros, a fin de mejorar los resultados del registro para determinadas poblaciones de extranjeros, al mismo tiempo que se aumenta la eficiencia y se reduce la carga tanto para el público como para el gobierno. Véase la Sección V.A de este preámbulo.

Comentario: Muchos comentaristas señalaron que la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) no proporciona evidencia suficiente que demuestre que el sistema actual se aplica de manera inadecuada o que la norma propuesta proporcionaría un beneficio para la efectividad o eficiencia de la aplicación de la ley, la seguridad pública o la seguridad nacional. Otros varios comentaristas describieron la norma como innecesaria, sumamente costosa e ineficaz, y algunos comentaristas pidieron su derogación. Un comentarista expresó preocupación de que la IFR no distingue de manera significativa entre los diferentes estatus migratorios, lo cual podría generar confusión y registros duplicados. Un par de comentaristas advirtieron que políticas de registro similares se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial y “sistemáticamente no lograron mejorar la seguridad”. Un comentarista describió la IFR como algo que “aborda un problema que no existe”. Otro comentarista razonó que los perpetradores de delitos graves probablemente no cumplirían con el requisito de registro, y escribió que el requisito de registro similar del NSEERS impuesto después del 11 de septiembre no fue productivo y que no existe evidencia de que se haya identificado a ningún terrorista mediante dicho programa. De manera similar, un comentarista escribió que los registros generalizados “no nos hacen más seguros”. El comentarista señaló que después del 11 de septiembre de 2001, un programa similar ( página impresa 39266) (NSEERS) tuvo como objetivo a inmigrantes musulmanes y no logró producir ni una sola condena por terrorismo, al tiempo que causó un daño duradero. Agregó que la verdadera seguridad proviene de la confianza y de políticas inteligentes y específicas, no de una extralimitación basada en el miedo. Otro comentarista expresó preocupación de que la norma consumiría grandes cantidades de recursos para obtener datos que probablemente serían de mala calidad.

Un comentarista señaló que la norma presionaría a las autoridades de inmigración para detener a más personas con base en la percepción de incumplimiento, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, lo cual socavaría la seguridad pública y desperdiciaría recursos de aplicación de la ley que deberían destinarse a amenazas legítimas a la seguridad. El comentarista manifestó que la norma carece de evidencia que justifique los costos en relación con el beneficio a la seguridad pública, citando estudios que indican que los usos pasados de esta sección de la ley de inmigración no proporcionan dicha evidencia. Algunos comentaristas señalaron que la norma destinaría más recursos a la aplicación de la ley de inmigración al inundar los tribunales con casos administrativos de bajo nivel, lo cual desviaría recursos de la persecución de delitos contra la seguridad pública, tales como delitos graves y otros delitos serios, y limitaría los recursos de la agencia destinados a la aplicación de la ley fronteriza, la prevención del fraude y la adjudicación de casos de asilo. Otro comentarista señaló que los efectos de la norma se verían agravados para los oficiales de aplicación de la ley de inmigración en el campo, quienes se verían obligados a dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a buscar y revisar documentos de registro en lugar de concentrarse en tareas prioritarias de aplicación de la ley, con consecuencias para la seguridad nacional y la seguridad pública en general.

Algunos comentaristas escribieron de manera similar que no está claro cómo la norma mejoraría significativamente la seguridad nacional o la eficacia de la aplicación de la ley más allá de las medidas existentes. Uno de estos comentaristas analizó las medidas existentes tanto a nivel estatal como federal para verificar el empleo, las licencias de conducir y el estatus legal, y citó investigaciones del Migration Policy Institute para demostrar que medidas como E-Verify y REAL ID son suficientes. Un comentarista declaró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya posee datos de registro y biométricos de la mayoría de las personas con las que interactúa, y que las verificaciones de antecedentes asociadas con el formulario G-325R replican verificaciones ya realizadas mediante las solicitudes de visa, asilo, TPS y autorización de empleo. El comentarista declaró que, en lugar de mejorar la capacidad del DHS para identificar amenazas, la norma podría obstaculizar la aplicación de la ley al sobrecargar los sistemas con datos redundantes y desalentar la cooperación de las comunidades de inmigrantes que temen represalias por intentar cumplir. Un comentarista expresó de manera similar que los procesos y sistemas existentes ya hacen seguimiento de las personas que interactúan con las agencias de inmigración, y que no hay indicios de que los mecanismos de seguimiento actuales hayan dejado al DHS incapaz de identificar o aprehender a personas que representan riesgos reales para la seguridad pública o la seguridad nacional, lo que hace que esta “expansión generalizada” sea innecesaria e ineficiente. De manera similar, otro comentarista instó al Departamento a enfocarse en mejorar los sistemas existentes en lugar de crear complejidades administrativas innecesarias, mientras que un comentarista diferente describió el requisito de registro como una “renovación innecesaria” del sistema de inmigración.

Un comentarista expresó preocupación de que la Norma Final Provisional (IFR) sería imposible de aplicar. Otro comentarista recomendó que el DHS garantizara que el registro propuesto no desencadenara automáticamente acciones de aplicación de la ley.

Respuesta: La IFR y la norma final no modifican los procedimientos actuales, sino que llenan un vacío en el régimen regulatorio al establecer una opción general de registro disponible para todos los extranjeros, independientemente de su estatus, y la evidencia correspondiente como prueba de dicho registro. Se espera que la norma mejore la eficacia de la aplicación de la ley del DHS al proporcionar información más completa sobre la ubicación de los extranjeros en los Estados Unidos, facilitando y haciendo más seguro para el DHS hacer cumplir la ley. El mayor cumplimiento de los requisitos de toma de huellas dactilares proporciona al DHS información adicional sobre los antecedentes penales de un extranjero, incluyendo si se trata de un terrorista conocido o sospechoso. El DHS también señala que la mayoría de los extranjeros presentes legalmente en los Estados Unidos probablemente ya están registrados. Finalmente, el DHS señala que incluso si esta reglamentación careciera de un efecto neto positivo claro en la eficacia de la aplicación de la ley, el DHS procedería con esta reglamentación conforme a su obligación de implementar fielmente los requisitos de registro de extranjeros de la INA y la directriz del Presidente en la Orden Ejecutiva 14159.

Comentario: Muchos comentaristas expresaron preocupación respecto al aumento de los costos del DHS derivados de la IFR y la describieron como una mala asignación de recursos gubernamentales. Por ejemplo, algunos comentaristas se opusieron al uso de los dólares de los contribuyentes para financiar la vigilancia y la deportación de personas que huyen de condiciones que atribuyeron a la política exterior de los Estados Unidos. Otro comentarista recomendó no utilizar recursos para financiar prácticas de vigilancia que consideraban invasivas. Un par de comentaristas escribieron que los recursos gubernamentales deberían dirigirse a garantizar las necesidades humanas básicas.

Un comentarista declaró que la norma crearía una burocracia costosa e hinchada en un esfuerzo por criminalizar a los vecinos si se atrasan con su papeleo, y que constituye un desperdicio de recursos dado que el gobierno ya cuenta con toda la información que necesita.

Un comentarista declaró que el DHS necesitaría crear un sistema completamente nuevo para hacer seguimiento de estos registros, lo que crearía una carga indebida. Un comentarista declaró que, tal como está redactada, cualquier residente permanente legal (LPR) que realice incluso un viaje de 1 hora a México podría estar sujeto a tener que entregar su tarjeta de residencia (Green Card) en cada reingreso y volver a tomarse las huellas dactilares, lo que conduciría a un “resultado absurdo” y a un desperdicio de tiempo y recursos.

Un comentarista escribió que no sería un uso eficiente de los recursos instituir este proceso de registro, describiéndolo como “no relacionado con el bienestar general de los estadounidenses ni con la provisión de los beneficios que el USCIS ya administra”.

Otros comentaristas dijeron que las sanciones penales de la regla por no cumplir con los requisitos de registro crearían un alto costo para la aplicación de la ley civil y penal. Al describir la dificultad que enfrentaron las autoridades para llevar a cabo eficazmente el programa NSEERS y sus costos financieros, un comentarista escribió que esta historia y la falta de un método claro y manejable para implementar los diversos aspectos del programa deberían ser informativos para la Norma Final Provisional (IFR) y sus posibles implicaciones financieras, ya que el inminente requisito de registro requeriría que múltiples agencias y autoridades resolvieran los diversos aspectos del programa. Algunos comentaristas escribieron que la IFR conduciría a más litigios y abusos, y un comentarista individual expresó preocupación por los "honorarios legales" en que el DHS podría incurrir y que se convertirían en un "desperdicio de dinero de los contribuyentes".

Respuesta: Con esta IFR y la regla final, como siempre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se esfuerza por ser justo y ejecutar de manera eficiente las leyes establecidas por el Congreso. Esta reglamentación aborda una brecha en el régimen regulatorio existente y garantiza que exista una manera para que todos los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio, cumplan con su deber bajo la ley y mejoren los resultados generales del registro.

Para abordar las preocupaciones de los comentarios sobre recursos y eficiencia, el proceso del Formulario G-325R es completamente electrónico. Cualquier persona a quien se le haya emitido el Formulario I-94 o I-94W al momento de su admisión o libertad condicional (parole) en los Estados Unidos ya está registrada. Los residentes permanentes legales (LPR) ( página impresa 39267) que reingresan a los Estados Unidos después de una ausencia temporal en el extranjero generalmente ya han sido registrados, ya que están en posesión del Formulario I-551 ("una tarjeta verde") y, por lo general, no están solicitando admisión a los Estados Unidos. Véase la sección 101(a)(13)(C) del INA, 8 U.S.C. 1101(a)(13)(C).

La ley exige que un extranjero proporcione sus huellas dactilares, a menos que se exima de este requisito, como parte del proceso de registro, y en general, USCIS no ha observado demoras ni ineficiencias significativas en los servicios de recolección biométrica. La Sección VI.B.3 de este preámbulo ofrece un análisis adicional sobre el costo estimado de esta reglamentación para la agencia.

En la medida en que los comentaristas sugieren que el DHS no debería administrar ni hacer cumplir plenamente los requisitos de registro de extranjeros establecidos en el INA, el DHS respetuosamente discrepa. Además, la regla no impone una obligación adicional de aplicación de la ley respecto del estatuto existente. El DHS administrará, hará cumplir y ejecutará fielmente estas leyes de conformidad con sus deberes estatutarios bajo el INA, y según lo dispuesto por el Presidente, lo cual incluye defenderse de los desafíos planteados por quienes preferirían que el gobierno no haga cumplir estas leyes. El DHS no considera que defender la implementación fiel de las leyes de inmigración, tal como fueron aprobadas por el Congreso, frente a impugnaciones legales, constituya un desperdicio de recursos gubernamentales, sino que forma parte del mandato del gobierno.

Comentario: Algunos comentaristas expresaron preocupaciones generales de que la IFR fomentaría la corrupción gubernamental y el uso inapropiado del sistema de inmigración. Uno de los comentaristas escribió que el requisito podría dar lugar a un aumento de funcionarios dentro del sistema de inmigración que abusen de su posición de autoridad, y que el gobierno está tratando de parecer eficaz sin serlo realmente.

Respuesta: Como parte de la Orden Ejecutiva 14159, el presidente Trump hizo prioritario hacer cumplir el requisito de registro de conformidad con la ley, y difundir información sobre el deber de los extranjeros, descrito en la sección 262 del INA, 8 U.S.C. 1302, de registrarse y tomarse las huellas dactilares (si así se requiere), así como los requisitos relacionados de portar dicha evidencia de registro y notificar al DHS los cambios de domicilio.

El objetivo de la IFR y la regla final es implementar fielmente los requisitos de registro de extranjeros del INA. El DHS busca garantizar de mejor manera que los extranjeros comprendan su deber bajo la ley y tengan una vía para cumplir con ese deber estatutario a través del nuevo proceso y formulario de registro general. La especulación sobre un posible uso indebido futuro de la autoridad u otra conducta indebida por parte de funcionarios gubernamentales está fuera del alcance de esta reglamentación. Esta reglamentación no establece una política de aplicación de la ley y no se puede esperar razonablemente que dé cuenta de manera integral de dichas actividades.

Comentario: Muchos comentaristas escribieron que la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) no aborda adecuadamente cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) manejaría la afluencia masiva de registros y los costos administrativos y de aplicación asociados con la norma, así como los impactos en el retraso existente y otras funciones esenciales del DHS. Muchos comentaristas también expresaron preocupación de que el nuevo sistema de registro sobrecargaría aún más un sistema ya abrumado y agravaría el retraso de USCIS, lo que resultaría en efectos negativos, tales como la pérdida de protección, demoras en el procesamiento de visas y peticiones, e interrupción de la autorización de empleo.

Muchos comentaristas señalaron de manera similar que exigir que millones de personas se registren y hacer cumplir la prueba de registro aumentaría los costos administrativos para el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y USCIS, incluidos los costos de personal, capacitación y materiales; indicaron que esta última agencia ya tiene graves retrasos en el procesamiento de varias categorías de beneficios. Asimismo, un comentarista indicó que crear, mantener y hacer cumplir el cumplimiento de un régimen de registro masivo sería extraordinariamente costoso y requeriría una nueva burocracia, mayor vigilancia y extensas operaciones de aplicación para actuar sobre los datos recopilados, lo que sobrecargaría los recursos del DHS y se sumaría a los retrasos existentes. Un comentarista indicó que los importantes desafíos que ya enfrenta USCIS para procesar las solicitudes del Formulario I-765 solo se agravarían si se desvían recursos para procesar millones de Formularios G-325R, aumentando así los retrasos actuales en el procesamiento de las autorizaciones de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y perjudicando a los trabajadores, las empresas y la economía en general en el proceso. Algunos comentaristas alentaron al DHS a centrarse en otras prioridades, incluida la mejora de la eficiencia dentro del sistema existente, como la reducción del retraso de casos, en lugar de ampliar los requisitos de registro de extranjeros.

Un comentarista indicó que el DHS no cuenta con los recursos necesarios para aumentar la logística, el personal, la capacitación, y el desarrollo y mantenimiento de un sistema, y agregó que si el DHS actualmente cuenta con el financiamiento, el gobierno podría destinarlo a un mejor uso en otros departamentos del gobierno “para mejorar los servicios, el personal, la capacitación, etc.” Un comentarista también señaló que la IFR crearía una carga administrativa innecesaria para los empleados del DHS durante un período de reducciones de empleo federal. Varios comentaristas criticaron la norma por su falta de análisis sobre el retraso actual en USCIS o cómo la norma afectaría este retraso. Los comentaristas expresaron preocupación de que USCIS ya está experimentando retrasos significativos en el procesamiento de diversas solicitudes, incluidas las solicitudes de asilo, las peticiones de estatus de Inmigrante Especial Juvenil (SIJ, por sus siglas en inglés) y otros beneficios migratorios. Los comentaristas también criticaron la IFR por su falta de análisis sobre los posibles costos de agregar una carga de trabajo adicional “significativa” al ya sobrecargado estado de USCIS, describiendo el daño económico continuo del retraso en todas las categorías de beneficios.

Uno de los comentaristas escribió que el gobierno recopila extensos datos biométricos y biográficos a través de múltiples agencias. Algunos comentaristas indicaron que muchos extranjeros ya están registrados, incluidas las personas a quienes se les ha otorgado la residencia permanente legal o que la han solicitado, que recibieron un Formulario I-94 al llegar a los Estados Unidos, a quienes se les expidió una autorización de empleo (EAD), o a quienes se les expidió una visa de no inmigrante o de inmigrante antes de su llegada más reciente a los Estados Unidos. De manera similar, un comentarista indicó que la información pertinente ya se recopila a través de formularios de larga data como el I-94, el I-485, el I-589 y el I-765. El comentarista indicó que esta norma fragmenta aún más el sistema, confundiendo tanto a los solicitantes como a las agencias gubernamentales, creando una superposición con las bases de datos y los mecanismos de identificación existentes, contradiciendo así directamente los llamados a simplificar el sistema migratorio. El comentarista instó al DHS a desarrollar mecanismos de registro que se integren con los formularios y bases de datos existentes, en lugar de crear sistemas paralelos redundantes y confusos.

Múltiples comentaristas expresaron de manera similar preocupación respecto del requisito de que los solicitantes de asilo, los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y otras personas que han solicitado beneficios humanitarios no incluidos actualmente como formulario de registro, presenten el Formulario G-325R. Un comentarista señaló que esta duplicación coloca una carga significativa e innecesaria sobre los empleados del DHS en un momento en que el Gobierno Federal está recortando empleos.

Un comentarista afirmó que numerosos formularios de inmigración que requieren datos biométricos al momento de su recepción como parte del proceso de solicitud del formulario no están incluidos en la lista de formularios de registro aceptables, y escribió que esta omisión demuestra que este tipo de registro obligatorio es anticuado e innecesario. Por ejemplo, (página impresa 39268) el comentarista señaló que el Formulario I-589 no está incluido en la lista de formularios aceptados, pero que, como parte del proceso de asilo, todos los solicitantes deben divulgar información biográfica y demográfica extensa en el Formulario I-589 y también completar el proceso biométrico. Por lo tanto, el comentarista razonó que considerar a los solicitantes de asilo como "no registrados" es irrazonable y arbitrario, y que el mismo argumento sería válido para una variedad de formularios y procesos de solicitud de inmigración diferentes, incluidas las visas U y T, el SIJ y el alivio bajo la VAWA. El comentarista concluyó que obligar a los solicitantes de asilo, de visas U, de visas T, de SIJ y de VAWA a registrarse mediante el G-325R sería un desperdicio de recursos y tiempo gubernamental, ya que el gobierno ya cuenta con la misma información que se solicita en el G-325R.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la obligación de ejecutar fielmente las leyes establecidas por el Congreso, incluido el requisito de registro de extranjeros. La ley exige que la mayoría de los extranjeros que permanecen en los Estados Unidos durante 30 días o más soliciten su registro y, con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus no inmigrante, se les tomen las huellas dactilares. El DHS, mediante la Norma Final Provisional (IFR) y esta norma final, no ha creado ni modificado los requisitos estatutarios del deber de un extranjero de registrarse ante el gobierno conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302.

En general, la IFR no ha causado demoras significativas en el procesamiento ni un aumento de los atrasos en otros beneficios de inmigración procesados por USCIS. El DHS simplificó deliberadamente el proceso mediante el cual los extranjeros no registrados pueden registrarse y cumplir con la ley según lo exige la INA, en beneficio de los extranjeros y de USCIS. El proceso del Formulario G-325R es completamente electrónico. A diferencia de las presentaciones en papel, un extranjero no registrado presenta información a través del proceso electrónico y se le solicita automáticamente que proporcione la información necesaria para completar su registro. Un extranjero obtiene evidencia de registro (Comprobante de Registro de Extranjero G-325R de USCIS) casi de inmediato después de solicitar el registro o después de proporcionar sus datos biométricos, si así se requiere. En su cuenta de myUSCIS, el extranjero podrá descargar e imprimir una versión en PDF de la evidencia de registro (Comprobante de Registro de Extranjero G-325R de USCIS), lo cual es significativo a la luz del requisito de la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e), que establece que todos los extranjeros de 18 años o más en los Estados Unidos que estén obligados a registrarse deben llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que se les haya expedido. El procesamiento electrónico del Formulario G-325R elimina el procesamiento manual de ingreso, que incluye abrir sobres de una presentación enviada por correo, verificar los formularios conforme a los criterios de aceptación y escanear los documentos para convertirlos en formato electrónico o ingresar de otro modo las respuestas del formulario en los sistemas de USCIS. El procesamiento manual de ingreso consume más tiempo y resulta más gravoso para la agencia, y podría generar demoras en el procesamiento y problemas de integridad de datos. El procesamiento electrónico del Formulario G-325R ha mejorado los servicios automatizados tanto para los extranjeros no registrados como para USCIS. Este proceso no ha causado demoras significativas en el procesamiento ni ha requerido la reasignación de recursos de otras cargas de trabajo dentro de USCIS.

En este momento, conforme al 8 CFR 264.1(a) y (b), los extranjeros que han presentado el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Retención de Expulsión, y otros formularios que no están enumerados en las regulaciones existentes, no se consideran registrados. El DHS señala que el Formulario I-766, Documento de Autorización de Empleo, está incluido como evidencia de registro en el 8 CFR 264.1(b). Muchos asilados, solicitantes de asilo, solicitantes de TPS y otros extranjeros han recibido dicha evidencia de registro.

DHS tiene conocimiento de que existen áreas de las regulaciones vigentes que podrían mejorarse, incluyendo la modificación de la lista de formularios prescritos como formularios de registro en 8 CFR 264.1(a) y la lista de formularios que constituyen evidencia de registro en 8 CFR 264.1(b). Como parte de esta regla final, DHS solicita comentarios sobre diversas formas de modificar la regulación de DHS para mejorar la implementación del requisito de registro conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Véase la sección V de este preámbulo.

Comentario: Muchos comentaristas expresaron su preocupación de que la regla socavaría la seguridad pública y la eficacia de las fuerzas del orden. Un comentarista declaró que las comunidades en todo el país dependen de una relación sólida con los agentes del orden; indicó que la IFR amenaza esa relación debido a la mayor amenaza o percepción de arrestos indebidos, lo cual llevaría a una espiral descendente de erosión de la confianza que afectaría tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros. De manera similar, otro comentarista expresó su preocupación de que las agencias de aplicación de la ley no podrían distinguir entre inmigrantes con diferentes estatus de registro y que habría un aumento de los arrestos falsos. En cuanto a la confianza, los comentaristas escribieron que la política dañaría la confianza de la comunidad en las fuerzas del orden, someterían tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros presentes legalmente, incluidos los residentes permanentes legales (LPR), a arrestos y detenciones indebidas, y generarían una tensión adicional sobre el sistema legal de inmigración sin lograr beneficios significativos para la seguridad pública. Un comentarista escribió que la administración actual ya ha incurrido en un "patrón de acciones de aplicación de la ley desordenado y agresivo", y que "esta IFR solo avivará las alarmantes prácticas de aplicación de la ley habituales en esta administración". En relación con sus preocupaciones manifestadas sobre la seguridad pública, algunos comentaristas escribieron que los extranjeros cometen delitos a tasas más bajas que los ciudadanos estadounidenses.

Otros comentaristas distintos escribieron que la política allanaría el camino para abusos generalizados sin mejorar la seguridad comunitaria, y otros agregaron que impediría la cooperación con las fuerzas del orden, haría que las comunidades fueran menos seguras y también socavaría la seguridad de los agentes. Como alternativa a la IFR, un comentarista recomendó concentrarse en una mejor coordinación con las agencias locales de aplicación de la ley sobre cooperación específica y enfocar los recursos en las amenazas más graves a la seguridad nacional y pública, en lugar de registrar y perseguir indiscriminadamente a millones de extranjeros. Un comentarista diferente sugirió que los responsables de las políticas deberían perseguir políticas de inmigración que beneficien la economía y aumenten la seguridad pública, y priorizar la remoción de amenazas legítimas a la seguridad pública por encima de personas sin antecedentes penales.

Un comentarista escribió que se espera que la IFR desvíe a las fuerzas del orden de sus funciones esenciales. El comentarista advirtió que los agentes locales a quienes se les ordene hacer cumplir el requisito de portar evidencia de registro tendrían que participar en "interacciones complejas con considerables complicaciones relacionadas con la cuarta y quinta enmiendas, sin financiamiento adecuado para la capacitación en requisitos de inmigración", lo que reduciría la eficacia general de la seguridad pública. Con respecto a la policía, un comentarista declaró que no está capacitada en derecho migratorio y que podría tener dificultades para distinguir si alguien está debidamente registrado, lo que podría dar lugar a cargos falsos y litigios. El comentarista citó un informe de 2008 del Instituto Goldwater que indicaba que la eficacia del Departamento del Sheriff del Condado de Maricopa, Arizona, "se vio comprometida por prioridades mal enfocadas", incluida la aplicación de las leyes de inmigración. (página impresa 39269)

Un comentarista declaró que los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han expresado su preocupación por el impacto de la aplicación de las leyes de inmigración en la confianza de la comunidad, en particular cuando las personas no están dispuestas o tienen miedo de llamar a la policía, denunciar que han sido víctimas o cooperar como testigos, lo cual aumenta la vulnerabilidad de todos en la ciudad ante la victimización. Un comentarista dijo que, debido a las severas sanciones por no contar con el registro, los inmigrantes serían reacios a tener cualquier contacto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluso si son víctimas o fueron testigos de un delito.

Muchos comentaristas declararon que el registro obligatorio podría disuadir a las personas de buscar servicios esenciales, solicitar ayuda o denunciar delitos. Por ejemplo, uno de esos comentaristas citó una investigación que, según el comentarista, demostraba que los miembros de la comunidad hispana tenían un 30 por ciento menos de probabilidades de denunciar delitos durante la implementación de Comunidades Seguras, un programa de 2008 que enviaba automáticamente las huellas dactilares de todos los arrestados al DHS. El mismo comentarista señaló que una revisión de la cooperación local en los programas federales de cumplimiento de la ley encontró que “ninguno redujo el delito violento [y] por el contrario, dos de los acuerdos aumentaron significativamente el riesgo de una persona de sufrir un delito violento”. Otro comentarista escribió que la norma provisional final (IFR) hace que las comunidades sean menos seguras al crear un entorno hostil para los inmigrantes, afectando tanto a los inmigrantes como a los ciudadanos estadounidenses. Dijeron que esto podría resultar en un exceso de vigilancia policial y señalaron que el registro obligatorio podría disuadir a los “no ciudadanos” de denunciar delitos, socavando así la seguridad pública y permitiendo que los delitos queden sin denunciar, lo cual afecta a la comunidad en general.

Expresando acuerdo con este punto de vista, otro comentarista escribió que habría un aumento “dramático” en la detención y la deportación. También escribieron que USCIS no considera el impacto de registros, allanamientos, detenciones y deportaciones arbitrarios y discriminatorios basados en la norma, ni los impactos sobre los “no ciudadanos” y los ciudadanos estadounidenses por igual. Numerosos comentaristas expresaron preocupación de que la norma provisional final perjudicaría o infundiría temor en las comunidades de inmigrantes. Un comentarista declaró que la norma podría causar que los extranjeros que ya están legalmente registrados mediante otros formularios de registro se sientan cada vez más temerosos e inseguros. Un comentarista escribió que el temor entre las comunidades de extranjeros se está exacerbando por la retórica “amenazante” de la administración y por las tácticas empleadas en la aplicación de las leyes de inmigración. Numerosos comentaristas plantearon preocupaciones de que el temor derivado de la norma provisional final conduciría al deterioro de la confianza en el sistema de inmigración y a posibles efectos disuasorios sobre el acceso o la disposición de los extranjeros a interactuar con los servicios públicos, la atención médica, el sistema legal o los procesos de inmigración legal. Por ejemplo, un comentarista discutió los posibles temores de que el registro pudiera exponer a las personas a futuras acciones de cumplimiento de la ley, procedimientos de deportación o trato discriminatorio, y declaró que la norma exacerba los temores, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas de manera transparente. Otros comentaristas declararon que la norma provisional final, en general, desalentaría la participación cívica o limitaría el acceso a los servicios sociales, porque se trata a los extranjeros con sospecha, en lugar de como miembros valiosos de la sociedad.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no está de acuerdo en que la norma provisional final afecte negativamente la seguridad pública y la participación en la seguridad comunitaria, imponga una carga indebida a las fuerzas del orden, o las desvíe del cumplimiento de sus funciones esenciales. El requisito de registro de extranjeros no es nuevo. Durante los últimos 85 años, las leyes de los Estados Unidos han exigido que la mayoría de los extranjeros presentes en los Estados Unidos que permanezcan 30 días o más se registren y, con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus de no inmigrante, sean registrados mediante huellas dactilares. El requisito de que los extranjeros se registren y actualicen su dirección ante el gobierno dentro de los 10 días posteriores a una mudanza, y el requisito de que los extranjeros a quienes se les emita evidencia de registro la lleven consigo, también fueron establecidos por el Congreso a mediados del siglo XX.[25] El DHS, mediante la norma provisional final y esta norma final, no ha creado estos requisitos ni ha modificado las obligaciones establecidas por el Congreso para los extranjeros. De manera similar, esta norma provisional final no creó ni modificó las sanciones penales establecidas por el Congreso hace muchas décadas, que se aplican cuando los extranjeros no cumplen con sus obligaciones de registro y las relacionadas con este. Esta norma es consistente con la Orden Ejecutiva 14159 y con los requisitos de registro de extranjeros establecidos en las secciones 262 a 265 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1305, y establece una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. Está dentro del control del Congreso y de su decisión de política cambiar el requisito legal de registro.

Además, la norma no obliga a una aplicación adicional de la ley vigente. La norma tampoco obliga a la expulsión de ningún extranjero no autorizado del país. La norma establece que los extranjeros que no se hayan registrado por otros medios ahora pueden registrarse utilizando el Formulario G-325R. Como se explica en la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés), se espera que la norma mejore la eficacia de la aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y proporcione información más completa sobre la ubicación de los extranjeros en los Estados Unidos. Además, facilitará y hará más seguro que el DHS aplique la ley y aumentará el cumplimiento de los extranjeros con los requisitos legales de toma de huellas dactilares. Estos datos biométricos proporcionarían al Departamento información adicional sobre los antecedentes penales de un extranjero, incluso si el extranjero es un terrorista conocido o sospechoso.

Comentario: Los comentaristas declararon que los programas de registro no hacen que las comunidades sean más seguras, sino que socavan el bienestar comunitario, perjudican a la comunidad, obligan a las familias a esconderse y debilitan a la comunidad en lugar de fortalecerla. Al expresar su oposición, un comentarista escribió en términos generales que la norma “atacaría a nuestra comunidad”.

Los comentaristas también escribieron que la norma haría que las personas tuvieran miedo de enviar a sus hijos a la escuela, salir de sus hogares para ir a trabajar y contribuir a sus comunidades. Por ejemplo, un comentarista, que declaró ser maestro, dijo que un registro público de inmigrantes haría imposible que sus estudiantes asistieran a la escuela todos los días, y expresó temor por su propia seguridad si se implementara el registro.

Varios comentaristas condenaron el proceso de registro propuesto como injusto e indignante, mientras que otros dijeron que desestabilizaría a las comunidades, y otro criticó la política como peligrosa, diciendo que los errores en el papeleo están perjudicando las vidas de personas inocentes. Los comentaristas agregaron que los programas de registro no hacen que las comunidades sean más seguras, sino que llevarían al desapego cívico y al desinversión comunitaria. Expresando una opinión similar, un comentarista escribió que la Norma Final Provisional (IFR) impondría una burocracia poco clara y punitiva a los trabajadores inmigrantes y establece una estructura regulatoria uniforme que no distingue entre individuos de alto riesgo y bajo riesgo, ni entre quienes cuentan con protecciones legales y quienes no. Dijeron que este enfoque fomenta el desapego de los procesos legales, lo que socava tanto la seguridad pública como la participación económica.

Los comentaristas escribieron que las personas merecen vivir de manera segura en sus comunidades, y un comentarista dijo que los inmigrantes son parte integral de todos los rincones de (página impresa 39270) la vida, incluido su vecindario. Un comentarista declaró en términos generales que se opone al registro de extranjeros, ya que sería un perjuicio para el pueblo estadounidense “implementar semejante tarea”.

Refiriéndose a su experiencia personal, un comentarista declaró que vive en una ciudad con muchos extranjeros que contribuyen a la economía. Expresó preocupación por la posible separación de familias y seres queridos debido al nuevo proceso, lo cual consideró injusto. Un comentarista escribió que, con sus 45 años de experiencia fomentando el aprendizaje y la comunidad intercultural, reconoce el daño generalizado que resultaría si se implementara la Norma Final Provisional (IFR). Expresando su oposición y sin dar detalles, otro comentarista escribió que la norma es un paso más profundo hacia el fascismo y perjudicaría a las comunidades y al país en general.

Los comentaristas escribieron que valoran a los inmigrantes como miembros importantes de sus comunidades y apoyan su capacidad de permanecer en los Estados Unidos mientras transitan el largo y complejo proceso de ciudadanía.

Respuesta: Esta reglamentación no ha modificado los requisitos de registro estatutarios existentes establecidos por el Congreso. Durante muchas décadas, las leyes de los Estados Unidos han exigido que la mayoría de los extranjeros presentes en los Estados Unidos que permanezcan 30 días o más se registren, y con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus de no inmigrante, se les tomen las huellas dactilares. El estatuto además exige que todos los extranjeros de 18 años o más en los Estados Unidos que estén obligados a registrarse deben llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que les haya sido emitido. La mayoría de los extranjeros en los Estados Unidos ya cumplían con el requisito de registro de extranjeros antes de la publicación de la IFR y la recopilación de información relacionada. La IFR llena un vacío en el régimen regulatorio del DHS al prescribir un formulario de registro disponible para todos los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio, y la evidencia correspondiente como prueba de ese registro. El DHS considera que esta opción general de registro puede mejorar los resultados de registro para ciertos grupos de extranjeros.

Comentario: Con respecto a las comunidades universitarias, algunos comentaristas escribieron que la matrícula estudiantil se vería afectada por la norma, y uno de ellos citó una investigación que destaca el impacto de la inmigración restrictiva en la educación. Otro comentarista dijo que los Estados Unidos es un destino principal para las personas que buscan desarrollar habilidades y participar en el intercambio intelectual, y agregó que los estudiantes, graduados e investigadores “no ciudadanos” mejoran la fuerza laboral estadounidense, la competitividad económica y el liderazgo global. El comentarista escribió que, en los campus universitarios, tanto los visitantes de corto como de largo plazo enriquecen el aprendizaje, hacen avanzar el conocimiento, impulsan la innovación y ofrecen perspectivas nuevas que benefician a las comunidades y a la nación. Además, escribieron que el requisito de registro podría desalentar a las poblaciones inmigrantes, incluidos los estudiantes, académicos y trabajadores inmigrantes, de matricularse o buscar empleo en instituciones de educación superior de los Estados Unidos. Continuaron diciendo que esta reducción en la participación afectaría negativamente a la innovación y la investigación estadounidenses, perjudicando la competitividad global. El comentarista dijo que los países con sistemas migratorios más predecibles y fácilmente comprensibles tendrían una ventaja en el reclutamiento de los mejores talentos, lo que contribuiría a las tendencias recientes en las que los estudiantes internacionales y los graduados eligen países competidores en lugar de los Estados Unidos. Además, señalaron que afectaría a las comunidades circundantes que dependen de las contribuciones económicas y sociales de los estudiantes, el profesorado y el personal. Concluyeron que los Estados Unidos corre el riesgo de perder tanto el gasto inmediato de los consumidores como las contribuciones intelectuales y sociales a largo plazo de las comunidades de “no ciudadanos”.

Respuesta: El DHS, con la IFR y la norma final, no ha modificado los requisitos de registro estatutarios existentes establecidos por el Congreso para los extranjeros. Este estatuto de larga data siempre ha dispuesto que la mayoría de los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en los Estados Unidos por 30 días o más deben solicitar el registro y que se les tomen las huellas dactilares antes de que expiren los 30 días. Véase INA sec. 262, 8 U.S.C. 1302.

El DHS señala que muchos extranjeros en los Estados Unidos ya se han registrado, según lo exige la ley. Todo extranjero al que se le haya emitido una visa de inmigrante o de no inmigrante y que, en su llegada más reciente, haya sido admitido en los Estados Unidos utilizando esa visa, está registrado. Esto incluye a los extranjeros que son estudiantes no inmigrantes o visitantes de intercambio.

Comentario: Muchos comentaristas discutieron y compararon el registro de extranjeros conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, con el NSEERS, un programa implementado después del 11 de septiembre, señalando que los intentos anteriores de hacer cumplir políticas similares llevaron a que se señalara, detuviera y deportara de manera desproporcionada a residentes de los Estados Unidos, y a un aumento de la discriminación.[26] Por ejemplo, un comentarista señaló que, si bien el NSEERS rara vez resultaba en un proceso penal, el enjuiciamiento es un componente importante de esta norma provisional final (IFR). Los comentaristas también manifestaron que el NSEERS generó una discriminación racial, étnica y religiosa generalizada, y muchos resultados legalmente cuestionables, incluidas posibles violaciones de la Primera y Decimocuarta Enmiendas y de los derechos civiles. Un comentarista señaló que el NSEERS resultó en que más de 13,000 personas fueran sometidas a procedimientos de remoción, sin embargo, no produjo ninguna condena por terrorismo, contrariamente al propósito declarado del programa. Comparando el NSEERS con la IFR, un comentarista señaló que un informe de la Oficina del Inspector General de 2012 determinó que el NSEERS era ineficaz y duplicaba métodos existentes y más confiables de recopilación de información. El comentarista señaló que el sistema de registro de la IFR enfrentaría problemas similares, como dificultades para que los registrantes cumplieran con los requisitos debido a interrupciones y retrasos del sistema, y otras fallas técnicas y falta de acceso (por ejemplo, barreras tecnológicas y de idioma) en su modelo exclusivamente en línea.

Respuesta: La IFR y esta norma final cumplen un propósito diferente al del NSEERS, el cual estableció principalmente criterios para el registro de grupos especiales conforme a la sección 263 de la INA, 8 U.S.C. 1303. En contraste, la IFR simplemente identifica un formulario de registro adicional relacionado con los requisitos generales de registro que ya se aplican. El objetivo de la IFR y de esta norma final es garantizar que los extranjeros cuenten con una forma sencilla de cumplir con su obligación de registrarse. El Formulario G-325R está disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio, religión, nacionalidad o raza. Los comentarios relacionados con las dificultades técnicas del formulario G-325R en línea se abordan con mayor detalle en la sección III.F.2.b de este preámbulo.

Comentario: Un comentarista indicó que, si bien la INA incluye disposiciones de registro, la IFR excedería las funciones administrativas previstas por la ley y utilizaría el registro como arma para efectuar remociones masivas. Otro comentarista escribió que la IFR excede las facultades de las secciones 262 a 264 de la INA, señalando que dichas disposiciones regulan la documentación de ingreso, no el registro retroactivo de (página impresa 39271) personas que ya residen en los Estados Unidos. Muchos comentaristas criticaron la IFR como un intento de facilitar la remoción de personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros,[27] la cual, según manifestaron, el Presidente ha invocado de manera ilegal o indebida, y con el propósito de aterrorizar a los extranjeros con la remoción y sanciones penales, y de remover y detener a personas sin el debido proceso basándose únicamente en el origen nacional o en amenazas percibidas. Otro comentarista escribió que el Departamento no debería implementar ningún requisito de registro hasta que la administración "cumpla con las leyes, normas, reglamentos y órdenes judiciales existentes".

Respuesta: El DHS no está de acuerdo con la afirmación de que la intención de la IFR sea "utilizar el registro como arma para efectuar remociones masivas", o de aterrorizar a los extranjeros o removerlos sin el debido proceso. Esta norma tampoco está relacionada con la Ley de Enemigos Extranjeros. La sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, simplemente exige el registro y la toma de huellas dactilares de los extranjeros que se encuentren en los Estados Unidos por 30 días o más, lo cual se encuentra plenamente dentro de la prerrogativa soberana de esta nación de exigirlo. Esta norma aborda un vacío en el régimen regulatorio existente y garantiza que todos los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio, cuenten con una forma de cumplir con su deber conforme a la ley. El Departamento tiene el deber de implementar los requisitos de registro, y de administrar y hacer cumplir todas las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

Comentario: Varios comentaristas expresaron su oposición al registro de extranjeros citando ejemplos del uso histórico del registro como explicación de por qué creen que la IFR (Norma Final Provisional) resultaría en violaciones y daños a las comunidades inmigrantes y estadounidenses, así como al Gobierno Federal, y por qué el registro es un método ineficaz para mantener la seguridad de los Estados Unidos. Por ejemplo, un comentarista escribió que durante la Segunda Guerra Mundial, la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 (Alien Registration Act of 1940) exigía que los extranjeros se registraran ante el Gobierno Federal o enfrentaran prisión o multa. Específicamente en relación con la Segunda Guerra Mundial, los comentaristas señalaron que para principios de 1942, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) había arrestado a 2,192 nacionales japoneses, 1,393 nacionales alemanes y 264 nacionales italianos, y que esta ley también condujo al internamiento de más de 120,000 personas de ascendencia japonesa, incluidos ciudadanos estadounidenses. Varios comentaristas expresaron de manera similar preocupaciones generales sobre que el Departamento invocara el estatuto que condujo al uso del internamiento durante la Segunda Guerra Mundial para cuestiones migratorias modernas. Citando investigaciones, los comentaristas indicaron que los internamientos en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial causaron un trauma con efectos duraderos, y que posteriormente se determinó que no estaban respaldados por necesidad militar. Los comentaristas escribieron que el racismo, la histeria de guerra y el fracaso del liderazgo político condujeron a una grave injusticia contra las comunidades.

Un comentarista declaró que, si bien la Corte Suprema originalmente confirmó la práctica del encarcelamiento de miles de residentes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en el caso Korematsu v. United States (1944),[28] repudió esa decisión en Trump v. Hawaii (2018),[29] cuando la primera administración Trump citó a Korematsu en su defensa en una demanda sobre una prohibición de viaje a ciertos grupos de personas.[30] Los comentaristas también señalaron que la narrativa de la "invasión" ha sido parte de la retórica xenófoba, discriminatoria y antiinmigrante durante más de un siglo, citando ejemplos como la "Invasión China" de 1873 que incitó el odio contra los inmigrantes chinos y allanó el camino para la Ley de Exclusión China de 1882 (Chinese Exclusion Act of 1882) o la Ley de Inmigración de 1924 (Immigration Act of 1924). Otros comentaristas declararon que la IFR reaviva una política de la era de la Segunda Guerra Mundial, originalmente invocada en tiempos de guerra, que según ellos ya no se alinea con los valores y necesidades de una sociedad moderna y diversa.

Respuesta: El 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense Contra la Invasión (Protecting the American People Against Invasion), que ordenó al DHS garantizar que los extranjeros cumplan con su deber legal, según lo dispuesto por el Congreso, de registrarse ante el gobierno conforme a las secciones 262 a 265 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1305. Véase 90 FR 8443, 8444 (29 de enero de 2025). El presidente además ordenó al DHS y al DOJ garantizar que el incumplimiento del requisito de registro se trate como una prioridad de aplicación civil y penal. Véase 90 FR 8443, 8444 (29 de enero de 2025).

Muchos extranjeros en los Estados Unidos ya se han registrado, según lo exige la ley, a través de diversas vías identificadas en 8 CFR 264.1 o mediante el proceso de solicitud de visa ante el Departamento de Estado. Sin embargo, un número significativo de extranjeros presentes en los Estados Unidos, incluidos muchos que no han sido previamente encontrados por el DHS, no tienen una forma sencilla de registrarse y cumplir con sus obligaciones de registro conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. A pesar de la historia citada en los comentarios, el Congreso incluyó específicamente los requisitos de registro de extranjeros en la INA de 1952, mucho después de que hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial. El Congreso tomó la decisión de política de exigir el registro; el DHS simplemente está administrando y haciendo cumplir requisitos legales de larga data, de conformidad con la directiva del presidente. El propósito de establecer el nuevo formulario, G-325R, Información Biométrica (Registro), no es dirigirse a grupos raciales ni con otros fines discriminatorios, sino crear un proceso en línea mediante el cual los extranjeros no registrados puedan registrarse y cumplir con las disposiciones de registro de extranjeros de la INA. Como se explica en la IFR, el DHS considera que uno de los beneficios de la designación de una opción de formulario de registro general es que mejorará los resultados de registro para los extranjeros, lo que a su vez resultará en una mejor eficacia en la aplicación de la ley. Véase 90 FR 11793, 11797 (12 de marzo de 2025).

Comentario: Muchos comentaristas expresaron su preocupación con respecto al fundamento jurídico de la norma, y muchos señalaron que los requisitos de registro de extranjeros de la INA: (1) son obsoletos o no están alineados con el panorama migratorio actual; (2) se originaron en un contexto histórico diferente; (3) no son adecuados para abordar el sistema de inmigración actual de los Estados Unidos; o (4) no se alinean con los valores modernos de inclusión, equidad y derechos humanos. Los comentaristas señalaron que los Estados Unidos ha abandonado efectivamente el registro universal durante los últimos 75 años, y que tras la reforma integral de la legislación federal de inmigración en 1952 y 1965, el Gobierno de los Estados Unidos trasladó el registro hacia solicitudes de inmigración regularizadas y hacia la aplicación de la ley.

Muchos comentaristas consideraron que el registro obligatorio no es proporcional ni refleja la legislación y la práctica migratoria modernas, y que es contrario a la intención de nuestras leyes actuales. Por ejemplo, los comentaristas señalaron que la IFR básicamente revive una política considerada innecesaria (página impresa 39272) e irrelevante para el marco de inmigración de la posguerra del país. Los comentaristas, al expresar sus inquietudes con respecto a la IFR, señalaron que la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 (también conocida como la Ley Smith) había estado inactiva, y no se había puesto en práctica a tal escala como la IFR desde 1940, y que tendría costos económicos y sociales negativos mientras proporcionaría beneficios mínimos para los estadounidenses y para los Estados Unidos. Los comentaristas señalaron de manera similar que la IFR marca una desviación marcada de la aplicación limitada del estatuto de registro durante los últimos 80 años y que el proceso de registro independiente de la era de la Segunda Guerra Mundial reflejado en el estatuto ha sido abandonado desde 1950.

Otros comentaristas escribieron que la administración está “convirtiendo en arma leyes antes inaplicables y obsoletas” arraigadas en la xenofobia de tiempos de guerra, y que, con la IFR, está socavando la democracia, la libertad y los derechos humanos, y está propagando políticas migratorias “inhumanas y racistas”. Los comentaristas sugirieron que el DHS elimine por completo el 8 CFR parte 264 debido a la “obsolescencia del régimen jurídico subyacente”.

Algunos comentaristas señalaron que la IFR es una forma inapropiada de aplicar la Ley Smith en el contexto migratorio actual, debido a que el país no está en guerra y el propósito e intención de la Ley Smith, que se basaba en las políticas de la Segunda Guerra Mundial, era proteger a los Estados Unidos de una posible invasión por parte de una potencia enemiga e impedir que los comunistas que buscaban derrocar al Gobierno de los Estados Unidos inmigraran. Por lo tanto, los comentaristas concluyeron que la Ley Smith fue creada en un contexto sumamente diferente, mientras que las circunstancias actuales involucran a personas y familias que han estado viviendo y contribuyendo a la sociedad durante años, incluidas aquellas que están esperando una resolución con respecto a su estatus de asilado o refugiado. En vista de estas inquietudes, muchos comentaristas señalaron que el requisito de registro debería ser revocado o modificado. Un comentarista sugirió que el Congreso debería tener una “discusión adecuada” sobre esta y otras políticas migratorias.

Un comentarista escribió que, si bien los requisitos de registro se añadieron a la INA en 1952, el gobierno no había aprovechado anteriormente estas disposiciones para respaldar un proceso de registro nacional separado aplicable a todos los extranjeros. En cambio, señaló el comentarista, las normas del DHS han identificado varios formularios de inmigración que constituyen evidencia de registro, tales como el Formulario I-94 (Registro de Entrada/Salida), el Formulario I-862 (NTA), el Formulario I-766 (EAD) y el Formulario I-551 (Tarjeta de Residente Permanente), entre otros. El comentarista expresó su preocupación de que, antes de la IFR, el gobierno no mantenía otro proceso para que las personas no cubiertas por los formularios enumerados se registraran, y sin embargo, esta norma exigiría a millones de personas, incluidos niños, interpretar las complejas disposiciones de la IFR y completar un formulario separado solicitando información relevante para sus casos de alivio migratorio, sin orientación ni asistencia legal.

Respuesta: Desde 1940, las leyes de los Estados Unidos han exigido que la mayoría de los extranjeros presentes en los Estados Unidos que permanezcan 30 días o más se registren, y con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus de no inmigrante, que se les tomen las huellas dactilares. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) coincide en que la ley fue promulgada en un momento diferente de la historia, pero esto es cierto en el caso de muchas leyes y muchas disposiciones de la INA. Desde que el Congreso promulgó por primera vez la Ley Smith, el Congreso ha codificado los requisitos de registro de extranjeros en la INA en 1952 y posteriormente ha enmendado la INA en numerosas ocasiones sin eliminar estos requisitos. Para ofrecer una lista no exhaustiva, el Congreso enmendó la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, en 1994, véase Public Law 103-416, title II, sec. 219(n) (25 de octubre de 1994) (corrección técnica); en 1988, véase Public Law 100-525, sec. 8(h) (24 de octubre de 1988) (añadiendo autoridad para exención de toma de huellas dactilares); y en 1986, véase Public Law 99-653, sec. 9 (14 de noviembre de 1986) (corrección técnica). Y el Congreso enmendó la sección 264 de la INA, 8 U.S.C. 1304, en 1996, véase Public Law 104-208, Div. C, title IV, sec. 415 (30 de septiembre de 1996) (autoridad para exigir a los extranjeros que proporcionen sus números de Seguro Social (SSN)), y en 1990, véase Public Law 101-649, title V, sec. 503(b)(2) (29 de noviembre de 1990) (añadiendo referencia al intercambio de información conforme a la sección 287(f)(2) de la INA, 8 U.S.C. 1357(f)(2)). Y como parte de una ley de 2008 que extendió las leyes de inmigración de los Estados Unidos a la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, el Congreso otorgó al Secretario autoridad adicional en materia de registro de extranjeros y específicamente aclaró que "nada en este párrafo modificará o limitará la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1302) ni ninguna otra disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad relacionada con el registro de extranjeros". 48 U.S.C. 1806(e)(3).

El DHS y el Departamento de Estado (State) han continuado a lo largo de los años ofreciendo formas para que muchos extranjeros se registren, proporcionando varias vías para hacerlo, y han realizado cambios en las disposiciones de registro contenidas en los reglamentos para reflejar los procedimientos y procesos actuales. Sin embargo, tras la emisión de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14159, el DHS tuvo conocimiento de que existía un vacío en el régimen regulatorio vigente que dificultaba que algunos extranjeros cumplieran con el requisito de registro. Al Presidente se le encomienda velar por que las leyes se ejecuten fielmente, y al establecer este formulario y proceso de registro general, el DHS está ejecutando fielmente dichas leyes.

Comentario: Un comentarista enumeró otras leyes o programas estadounidenses que comparó con la IFR y que, según afirmó, eran discriminatorios, incluyendo la Ley Johnson-Reed (1924), la Regla de Parientes (Relatives Rule) (1941) y los programas Bracero (1917-21 y 1942-64). Otros comentaristas, si bien criticaron el fundamento legal y constitucional de la IFR, la compararon con regímenes legales históricamente discriminatorios en el extranjero, como los de la Alemania nazi o la Sudáfrica de la era del apartheid.

Respuesta: Los regímenes históricamente discriminatorios en el extranjero no se corresponden con el requisito de registro de extranjeros. Además, el DHS no está de acuerdo en que las leyes o programas estadounidenses citados por el comentarista sean comparables con el requisito de registro de extranjeros. A diferencia del requisito de registro de extranjeros, las leyes o programas referenciados fueron derogados o no fueron incorporados a la INA. El requisito de registro de extranjeros fue incorporado a la INA y actualizado periódicamente por el Congreso, con las actualizaciones más recientes en la década de 1990.[31]

Comentario: Un comentarista objetó la IFR, afirmando que se basa en una E.O. que contiene "mandatos amplios y lenguaje inflamatorio y xenófobo". Cuestionando el fundamento legal de la norma, un comentarista declaró que la E.O. que la norma implementa es ilegal. El comentarista escribió que la E.O. busca caracterizar la migración "lícita y necesaria" impulsada por la persecución, la guerra, la hambruna y los desastres naturales como una "invasión". El comentarista agregó que si la verdadera intención del gobierno fuera expulsar a delincuentes violentos, podría lograrlo mediante la verificación cruzada con las bases de datos criminales estatales y enfocándose en expulsar a esas personas. En cambio, escribió el comentarista, la IFR criminalizaría a los refugiados y solicitantes de asilo. Otros comentaristas afirmaron que la E.O. "se funda inherentemente en prejuicios raciales".

Respuesta: El DHS no está de acuerdo con los comentaristas y señala que las opciones de lenguaje en la Orden Ejecutiva no tienen impacto en la legalidad de la implementación de la sección 7 de la Orden Ejecutiva, la cual simplemente ordena al DHS y a otras agencias ejecutar fielmente (página impresa 39273) las leyes establecidas por el Congreso relacionadas con el registro de extranjeros.

Comentario: Los comentaristas indicaron que la Norma Final Provisional (IFR) aborda una cuestión de importancia nacional considerable y no cuenta con un respaldo claro de autorización congresional expresa, de modo que los tribunales deberían aplicar la "doctrina de las cuestiones mayores" al evaluar la legalidad de la norma. Un comentarista razonó que la IFR impone una obligación de registro que afecta entre 2.2 y 3.2 millones de personas, con el propósito probable de expulsar a personas y conferir sanciones penales a quienes no se registren. Este comentarista, así como otros, indicó que la IFR criminaliza efectivamente el estatus migratorio irregular, el cual históricamente ha sido una infracción civil. El comentarista escribió que el Congreso había considerado crear sanciones penales por presencia irregular en los Estados Unidos en la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal de 2005, pero rechazó hacerlo.

El comentarista observó que la supuesta omisión del Congreso de penalizar la presencia irregular, combinada con el cambio general y de larga data en el uso del registro, indicaba que la creación por parte de la IFR de dichas sanciones penales es contraria a la intención del Congreso y al propósito del estatuto. Citando West Virginia v. EPA, 597 U.S. 697 (2022), el comentarista opinó que la IFR utiliza una disposición de seguridad nacional obsoleta y en desuso para efectuar un cambio de política importante, lo que vulnera la doctrina de las cuestiones mayores. Por lo tanto, el comentarista concluyó que estos asuntos deberían dejarse a consideración del Congreso para su legislación.

Un comentarista indicó que la IFR creó un "sistema de registro de dos vías" bajo el cual un extranjero admitiría el delito de entrada ilegal al presentar el Formulario G-325R o sería culpable de no registrarse. El comentarista sugirió que este enfoque es incompatible con "el sistema de registro de una sola vía creado por el Congreso", bajo el cual el Congreso contempló que los extranjeros podrían registrarse sin necesidad de admitir ningún delito.

Algunos comentaristas indicaron que la IFR representa una "traición" a la misión que el Congreso encomendó a USCIS como agencia de beneficios y adjudicaciones migratorias, en la medida en que el registro es una herramienta de aplicación de la ley migratoria para el DHS y la administración.

Respuesta: En relación con la doctrina de las cuestiones mayores,[32] el Congreso, en las secciones 262 a 265 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1305, autorizó y ordenó específicamente al DHS [33] registrar a los extranjeros, y en la sección 264 de la INA, 8 U.S.C. 1304, prescribir formularios para el registro de extranjeros conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, y acciones relacionadas.[34] El Congreso también ordenó específicamente al DHS incluir, en los formularios de registro de extranjeros, preguntas sobre "la fecha y el lugar de entrada del extranjero a los Estados Unidos". Sección 264(a)(1) de la INA, 8 U.S.C. 1304(a)(1). La decisión de ofrecer un formulario de registro a quienes deben registrarse, e incluir en dicho formulario las preguntas que el Congreso exigió que el DHS formulara, no involucra la doctrina de las cuestiones mayores, y el DHS no está de acuerdo con la caracterización que hace el comentarista de esta norma como una acción de importancia política o económica considerable según lo descrito en West Virginia. Sin embargo, incluso si el asunto fuera de gran importancia política o económica, contaría con el respaldo de una autorización congresional expresa.

Sin embargo, como se explica en el preámbulo de la IFR, los estatutos federales han exigido, desde 1940 de manera general, que los extranjeros presentes en los Estados Unidos durante 30 días o más se registren y proporcionen sus huellas dactilares.

DHS tampoco está de acuerdo en que esta norma penalice el estatus o la presencia ilegal en los Estados Unidos. La INA ha contenido durante mucho tiempo disposiciones que penalizan diversas formas de conducta relacionada con la inmigración. Véase, por ejemplo, las secciones 264(e), 366, 272-278 de la INA, 8 U.S.C. 1304(e), 1306, 1322-1328. Por lo tanto, aunque el comentarista tiene razón en que las infracciones migratorias a menudo se tratan como asuntos civiles, cualquier responsabilidad penal que tema el comentarista existe, no obstante, en virtud de disposiciones legales de larga data. Nada en la IFR, al designar un formulario de registro y evidencia de registro como un medio general para que las personas cumplan con el requisito legal de registro, se desvía de manera inadmisible de la intención del Congreso o del significado llano del estatuto.

Comentario: Un comentarista declaró que el “nuevo requisito de registro” es “redundante”, porque la sección 262(a) de la INA, 8 U.S.C. 1302(a), ya exige que los extranjeros cubiertos se registren. Un comentarista escribió que el autorregistro no es necesario para hacer cumplir el esquema legal, afirmando que el interés del gobierno, “la penalización de los no ciudadanos sin el registro adecuado”, no es significativo, ya que muchos estados ya proporcionan una tarjeta de identificación (ID) para extranjeros. Los comentaristas también señalaron que el propósito del registro no es detectar y procesar a extranjeros delincuentes, sino más bien penalizar a todos los extranjeros que no tengan el Formulario G-325R.

Respuesta: El requisito de registro no es nuevo ni redundante. El Congreso estableció el requisito en la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, y ordenó al DHS implementar el requisito. El DHS designó el nuevo formulario de registro para abordar una brecha en el régimen regulatorio existente relacionado con el registro y permitir que todos los extranjeros, independientemente de su estatus, cumplan con su deber de registrarse conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. El DHS tiene la obligación de ejecutar fielmente las leyes establecidas por el Congreso, incluido el requisito de registro de extranjeros, independientemente de otras identificaciones proporcionadas por los estados. En respuesta al comentario específico sobre la penalización de “todos los extranjeros que no tengan” la nueva evidencia de registro, esto es inexacto. Muchos extranjeros dentro de los Estados Unidos ya están registrados y cuentan con evidencia de registro sin necesidad de utilizar el nuevo formulario y proceso.

Comentario: Los comentaristas analizaron la historia de la legislación que proporciona protecciones para sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otros delitos graves, tales como la VAWA y la VTVPA. Los comentaristas señalaron que hace más de 30 años, un Congreso bipartidista reconoció los riesgos que enfrentan los extranjeros que son (página impresa 39274) sobrevivientes inmigrantes cuando promulgó la VAWA, que creó protecciones migratorias para los sobrevivientes que sufren maltrato o crueldad extrema, permitiéndoles solicitar alivio migratorio sin el conocimiento o consentimiento de la pareja abusiva, dándoles un camino hacia la seguridad y la independencia. Los comentaristas continuaron, escribiendo que el Congreso fortaleció las protecciones a través de la VTVPA, que creó el estatus de no inmigrante T (“visa T”) para víctimas de trata de personas y el estatus de no inmigrante U (“visa U”) para víctimas de ciertos delitos calificados que estén dispuestas a cooperar con las fuerzas del orden. Los comentaristas criticaron la IFR, afirmando que ignora la intención del Congreso respecto de estas leyes al exponer a los sobrevivientes de violencia a la aplicación de las leyes migratorias antes de que se resuelvan sus casos y los priva de las protecciones que el Congreso creó explícitamente para ellos. Un comentarista enfatizó la importancia histórica de las protecciones de la VAWA y la VTVPA e instó al DHS a respetarlas.

Un comentarista dijo que el contenido de la IFR relacionado con los requisitos de cambio de dirección crea dificultades innecesarias para los extranjeros, ya que los privaría de direcciones privadas y seguras para protegerse de sus abusadores mientras toman medidas hacia la independencia.

Un comentarista señaló que el 8 U.S.C. 1367 prohíbe al DHS tomar determinaciones adversas utilizando información proporcionada por los agresores o divulgar información sobre los extranjeros víctimas. El comentarista expresó su preocupación de que la IFR no aborda cómo se mantendrían estas protecciones de privacidad, particularmente con respecto a la declaración de domicilio en el Formulario G-325R, y que la IFR no toma en cuenta las leyes sobre violencia doméstica que establecen la confidencialidad de domicilio para los extranjeros elegibles por motivos de seguridad. El comentarista concluyó que, a pesar de que la IFR menciona "domicilios seguros", no explica qué significa esto en el contexto del registro, ni tampoco parece que el Formulario G-325R permita la confidencialidad del domicilio.

Otro comentarista escribió que la IFR no abordó las circunstancias especiales de los extranjeros víctimas que se encuentran en refugios y en domicilios inseguros; bajo las protecciones especiales de USCIS, los solicitantes de beneficios bajo la VAWA y de estatus T y U tienen derecho a utilizar domicilios postales seguros y a que sus casos sean procesados conforme a reglas estrictas de privacidad. El comentarista afirmó que la IFR violaría esas protecciones de privacidad al exigir que dichos extranjeros se registren utilizando un formulario de registro general que no es procesado por la "oficina de solicitantes especiales del Centro de Servicio de Vermont", y que, a diferencia de otras recopilaciones de información migratoria, la IFR no incluye disposiciones relacionadas con los procedimientos que se utilizarían para proteger estos datos conforme a las protecciones reforzadas de la VAWA. El comentarista agregó que divulgar los domicilios de los refugios con frecuencia va en contra de las políticas del refugio y que hacerlo puede ocasionar que los extranjeros pierdan la elegibilidad para recibir alojamiento en dicho lugar.

Respuesta: Los extranjeros que presentan un Formulario G-325R no califican como un extranjero protegido conforme al 8 U.S.C. 1367 únicamente por el hecho de presentar dicho formulario; sin embargo, si el extranjero está designado de otro modo como un extranjero protegido sobre otra base, USCIS mantendría las mismas protecciones para la información presentada a través del proceso del Formulario G-325R que las que mantiene para otra información proporcionada por dichos extranjeros protegidos. El Formulario G-325R recopila un domicilio físico y permite a los extranjeros proporcionar un domicilio seguro. Como ocurre con todos los formularios de USCIS en los que un extranjero puede proporcionar un domicilio seguro, si USCIS se comunica con el extranjero por correo, utilizará el domicilio seguro que este proporcione. Sin embargo, el proceso del G-325R es, por el momento, completamente electrónico. Todos los avisos enviados por USCIS a un extranjero se cargan en la cuenta myUSCIS del extranjero. Ninguno de los avisos relacionados con el Formulario G-325R se emite por correo. Por lo tanto, no solo pueden los extranjeros proporcionar un domicilio seguro, de conformidad con la práctica de larga data de USCIS, sino que, por el momento, USCIS no envía ningún documento por correo en relación con el Formulario G-325R. Si bien se exige que el extranjero proporcione un domicilio físico, el DHS continuará asegurando que su personal cumpla con los requisitos y protecciones establecidos por ley.

Comentario: Varios comentaristas expresaron inquietudes generales relacionadas con la constitucionalidad de la IFR o del requisito de registro. Por ejemplo, un comentarista que expresó su oposición a la IFR instó a quienes ostentan el poder a detener la "flagrante violación" de la Constitución de los Estados Unidos e indicó que quienes participan en este proceso y no intentan detenerlo están incurriendo en incumplimiento de su deber hacia la Constitución de los Estados Unidos. Los comentaristas criticaron la IFR, afirmando que esta "no toma en cuenta su impacto generalizado sobre los derechos constitucionales tanto de ciudadanos como de no ciudadanos".

Respuesta: El DHS no está de acuerdo con la caracterización general que hacen los comentaristas de esta norma como inconstitucional. Esta norma pone a disposición un nuevo mecanismo mediante el cual los extranjeros pueden cumplir con los requisitos de registro y toma de huellas dactilares establecidos desde hace mucho tiempo por la ley, conforme a lo ordenado por el Congreso. Es deber constitucional del Poder Ejecutivo ejecutar fielmente la ley creada por el Congreso. El DHS responde a los comentarios que plantean inquietudes específicas sobre constitucionalidad más adelante en esta norma final.

Con respecto a la autoridad general del Gobierno de los Estados Unidos para exigir que los extranjeros dentro de sus fronteras se registren, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que una nación tiene la prerrogativa soberana de controlar sus fronteras. Cf. Ping v. United States, 130 U.S. 581, 603-04 (1889) (“Que el gobierno de los Estados Unidos, mediante la acción del poder legislativo, puede excluir a los extranjeros de su territorio es una proposición que no consideramos sujeta a controversia. La jurisdicción sobre su propio territorio en ese sentido es un atributo de toda nación independiente. Es parte de su independencia. Si no pudiera excluir a los extranjeros, estaría en esa medida sujeta al control de otro poder.”). El Congreso legisló hace mucho tiempo en cumplimiento de esta responsabilidad fundamental, estableciendo, entre otras cosas, requisitos legales de registro y toma de huellas dactilares. Además, la Constitución de los Estados Unidos confiere tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo el control sobre los asuntos migratorios; la Corte Suprema, desde hace más de un siglo, ha reconocido que la amplia facultad del Presidente en materia de relaciones exteriores se extiende a los asuntos migratorios. Const. de los EE. UU., art. II, § 2, cláusula 2; Fong Yue Ting v. United States, 149 U.S. 698, 713 (1893) (donde se determinó que, dado que la regulación de la inmigración es “una facultad que afecta las relaciones internacionales”, corresponde apropiadamente que “esté conferida a los departamentos políticos del gobierno”). Estas amplias facultades constitucionales respaldan además los requisitos legales de registro de extranjeros y la autoridad del Presidente para ordenar al DHS que vele por la fiel ejecución de dichos requisitos. Proporcionan una base jurídica suficiente para la Norma Provisional Final (IFR), que simplemente designa un nuevo formulario mediante el cual los extranjeros pueden cumplir con requisitos legales de larga data.

Comentario: Los comentaristas expresaron una preocupación general de que las divulgaciones requeridas por la IFR, como el requisito de informar sobre actividad delictiva pasada, violarían el derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, colocarían a los extranjeros en la posición de identificarse a sí mismos con fines de fiscalización, o violarían en general los derechos de la Quinta Enmienda. Un comentarista manifestó que la IFR es “inconstitucional en su faz”, porque pediría a los extranjeros confesar delitos e infracciones de las leyes penales relativas al abuso de sustancias, y exige que los extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos sin documentación se registren ( página impresa 39275) “aun cuando la administración actual considera que los inmigrantes indocumentados son ilegales”.

Los comentaristas manifestaron que el requisito de registro y las posibles sanciones por no registrarse implican las protecciones de la Quinta Enmienda de varias maneras, incluyendo:

Ante estas inquietudes, los comentaristas instaron al DHS a retirar la norma o a no implementarla, o bien a reconsiderar el requisito de registro y desarrollar un enfoque alternativo que respete las protecciones constitucionales contra la autoincriminación.

Un comentarista razonó que, debido al privilegio contra la autoincriminación, el requisito sería inaplicable y que sería imposible condenar a un extranjero por incumplimiento voluntario del registro, citando Grosso v. United States, 390 U.S. 67, 70 (1968). El comentarista razonó que la decisión en ese caso exige que el DHS modifique el formulario para incluir una garantía de que la información requerida por el formulario nunca se utilizaría para procesar penalmente a un registrante por delitos. Este comentarista señaló además que la propia Ley de Registro de Extranjeros no presentaba tal problema de autoincriminación, porque el formulario que imponía era universal para todos los extranjeros y no exigía la admisión de un delito.

Citando jurisprudencia, un comentarista afirmó que el privilegio contra la autoincriminación protege no solo contra respuestas que por sí solas respaldarían condenas, sino también contra pruebas necesarias para procesar un delito federal.[35] Un comentarista concluyó que, debido al rechazo por parte de la Corte Suprema de la doctrina del “no exculpatorio”, [36] la única manera en que un extranjero sujeto a la IFR puede invocar su privilegio contra la autoincriminación es no registrarse, o bien registrarse sin completar totalmente el formulario de registro. El comentarista identificó específicamente las preguntas 1.11 (historial de direcciones), 1.12 (última entrada), 1.13 (información del formulario I-94), 3.2 (delitos cometidos sin arresto) y 3.5 (infracciones relacionadas con sustancias controladas) como problemáticas desde la perspectiva de la autoincriminación.

Otro comentarista analizó la excepción “esencialmente regulatoria” al privilegio contra la autoincriminación de la Quinta Enmienda, la cual, según el comentarista, permite la divulgación obligatoria de información testimonial como parte de un esquema regulatorio integral cuando la acción gubernamental está dirigida al público en general y se relaciona con una investigación esencialmente no penal y regulatoria. El comentarista afirmó que la IFR no cumple con los requisitos para esta excepción porque está dirigida a quienes se sospecha que han incurrido en conducta delictiva y no es de naturaleza esencialmente regulatoria.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no está de acuerdo en que esta regla viole el privilegio de los extranjeros contra la autoincriminación conforme a la Quinta Enmienda. La Quinta Enmienda no prohíbe que el gobierno formule preguntas ni prohíbe que el gobierno reciba las respuestas. Véase Nat'l Fed'n of Fed. Emps. v. Greenberg, 983 F.2d 286, 291 (D.C. Cir. 1993). Tampoco impide la aplicación de un régimen regulatorio civil válido. Rajah v. Mukasey, 544 F.3d 427, 442 (2d Cir. 2008). Los tribunales “han reconocido desde hace tiempo la facultad de expulsar o excluir extranjeros como un atributo soberano fundamental ejercido por los departamentos políticos del Gobierno, en gran medida inmune al control judicial”. Fiallo v. Bell, 430 U.S. 787, 792 (1977). La naturaleza del registro es regulatoria y no penal, porque no está “impregnada de estatutos penales y [ ] existe un interés sustancial no relacionado con el enjuiciamiento penal que sirve el régimen de notificación”. Rajah, 544 F.3d en 442. Específicamente, el propósito principal del registro es fortalecer la aplicación de las leyes de inmigración mediante la regulación de los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en los Estados Unidos. Sin duda, existen sanciones penales por el incumplimiento intencional del registro y por no notificar al DHS de un cambio de dirección, pero el propósito del marco legal es ejercer autoridad sobre la regulación de los extranjeros en este país. Además, los tribunales reconocen de manera constante que la Quinta Enmienda no exime a las personas de sus obligaciones legales de realizar ciertas presentaciones ante el Gobierno Federal. Véase United States v. Oliver, 505 F.2d 301, 307 (7th Cir. 1974) (que observa que la Quinta Enmienda no exime a los contribuyentes de la obligación legal de declarar la totalidad de sus ingresos, incluyendo los ingresos provenientes de actividades ilegales) (revocado por otros motivos).

Por lo tanto, la Quinta Enmienda no protege a un extranjero de tener que proporcionar información relevante para el registro que constituye una condición de la presencia del extranjero en los Estados Unidos, incluyendo información de pasaportes, otros documentos, o declaraciones respecto de su estatus migratorio. Véase Rajah, 544 F.3d en 441 (relacionado con la política de registro de NSEERS); véase también, por ejemplo, United States v. Sacco, 428 F.2d 264, 271 (9th Cir. 1970); Matter of Chen, 15 I&N Dec. 480, 482 (BIA 1975); Matter of Yau, 14 I&N Dec. 630, 635 (BIA 1974). Por último, un reclamo de autoincriminación bajo la Quinta Enmienda no es susceptible de revisión judicial hasta que se invoque efectivamente el privilegio. Véase, por ejemplo, Carman v. Yellen, 112 F.4th 386, 404 (6th Cir. 2024).

Comentario: Muchos comentaristas también indicaron que el IFR violaría o daría lugar a violaciones de las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda, como las protecciones contra acciones gubernamentales arbitrarias o indebidas, tales como la aplicación de las leyes de inmigración, arrestos, detenciones o remociones. Los comentaristas también indicaron que esto es particularmente probable dado los desafíos de accesibilidad, como las barreras del idioma y la falta de acceso a un abogado para comprender el IFR. Otros expresaron preocupaciones de debido proceso relacionadas con el señalamiento de ciudades y estados con políticas de acogida para acciones de aplicación de la ley; arrestos colaterales sin orden judicial que violan acuerdos de conciliación vinculantes; y la remoción de familias enteras que incluyen ciudadanos estadounidenses. Un comentarista instó al DHS a revisar el IFR para incluir "salvaguardas de debido proceso, que incluyan pautas claras de elegibilidad, procesos de exención y mecanismos de apelación". El comentarista no sugirió pautas o procesos específicos, ni fundamentos para la apelación.

Citando la prueba de tres partes para evaluar los requisitos de debido proceso establecida en Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976), un comentarista declaró que los extranjeros tienen un interés privado significativo en evitar el procesamiento penal; que debido a las barreras del idioma y la pobreza existe un riesgo significativo de privación errónea; y que el interés del gobierno en este caso no radica en una seguridad genuina, sino en aprovechar el temor en torno a la inmigración con fines políticos. Este comentarista también declaró que, con el requisito de registro, a los individuos no se les ofrece una oportunidad significativa de ser escuchados antes de que la acción gubernamental los prive de un interés significativo, según lo exigido por Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970), porque el DHS no está proporcionando a los registrantes oportunidades razonables para cumplir con sus plazos estrictos o para acceder a un abogado, imponiendo cargas indebidas a los extranjeros para presentar la documentación requerida dentro de un plazo poco realista. (página impresa 39276)

Respuesta: El DHS no está de acuerdo en que esta norma viole el derecho al debido proceso de los extranjeros conforme a la Quinta Enmienda y también se niega a establecer pautas de elegibilidad adicionales, procesos de exención y mecanismos de apelación asociados con el registro.

El IFR simplemente modificó los reglamentos para designar un nuevo formulario de registro para que los extranjeros cumplan con los requisitos de registro establecidos por la ley. El requisito de registro de la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, fue implementado por el Congreso; cualquier objeción de debido proceso a una obligación de registro en general equivale a una objeción a la ley y no a esta norma. El único efecto de esta norma es crear un formulario de registro que garantice que todos los extranjeros tengan una forma de registrarse, en consonancia con la ley. Y en todo caso, no existe un interés de debido proceso reconocible en violar la ley de inmigración de los Estados Unidos y permanecer sin ser detectado indefinidamente, o en no registrarse de conformidad con las obligaciones establecidas por la ley. Desde hace mucho tiempo se ha sostenido que los extranjeros gozan de ciertas protecciones constitucionales independientemente de su estatus, pero dicha protección está limitada por las amplias facultades del Congreso para controlar la inmigración. Véase, por ejemplo, Ahmed v. Gonzales, 447 F.3d 433, 439 (5th Cir. 2006) (reconociendo, como parte del registro NSEERS, la amplia facultad del Congreso para controlar la inmigración) (citando Rodriguez-Silva v. INS, 242 F.3d 243, 246, 247 (5th Cir. 2001)). El DHS también señala que el deber de registrarse y sus consecuencias no están relacionados con las consecuencias de una posible remoción debido a otras acciones que hacen que las personas sean removibles, y que con el requisito de registro, el DHS no está señalando a determinadas clases de extranjeros, ciudades o estados. Más bien, el Congreso estableció de manera universal el requisito de registro para todos los extranjeros, y la opción de registro general que proporciona el DHS está disponible para todos los extranjeros previamente no registrados, independientemente de su estatus.

En cuanto a las declaraciones de los comentaristas sobre el dominio limitado del inglés de ciertos extranjeros o su acceso limitado a recursos legales, el DHS señala que los formularios de inmigración solo se ofrecen en inglés.[37] La incapacidad de hablar inglés porque el extranjero no entiende el inglés, pero puede expresarse en otros idiomas, no constituye una discapacidad que justifique una adaptación razonable conforme a la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act).[38] El DHS también señala que cualquier individuo, ya sea extranjero o ciudadano, potencialmente afectado por una regulación del DHS podría, en teoría, tener acceso limitado a recursos legales que lo ayuden a comprender dicha regulación y la manera en que podría afectarle. El DHS no está obligado a proporcionar a los extranjeros recursos legales, pero esta norma no impide que un extranjero busque asesoría legal. En consecuencia, el DHS no considera que la preocupación de los comentaristas sobre el acceso a recursos legales tenga mayor peso que el interés de la agencia en ejecutar fielmente los requisitos legales de registro y toma de huellas dactilares. Por todas estas razones, esta norma se mantiene claramente alejada de infringir el privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y el derecho al debido proceso y a la igual protección ante la ley.

Comentario: Una organización comentó que someter a los niños extranjeros a los requisitos de la norma evidencia la naturaleza desactualizada del estatuto de registro y señaló que, desde su promulgación, nuestra comprensión de la niñez y la adolescencia ha evolucionado significativamente, con legislación posterior que reconoce las diferencias y vulnerabilidades de los niños y adolescentes. Otro comentarista afirmó que el cambio clave intenta desviar a los menores del sistema de justicia penal.

Otro comentarista señaló que el Congreso creó protecciones procesales específicas para los menores extranjeros no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) en la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico William Wilberforce de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés), véase, por ejemplo, 8 U.S.C. 1232, en reconocimiento de la particular vulnerabilidad de los UAC y para evitar su retorno al tráfico de personas y a otros daños. El comentarista razonó que el cumplimiento de la IFR y la Orden Ejecutiva 14159 con la TVPRA es cuestionable, porque la IFR sometería a sus requisitos a los extranjeros mayores de 14 años, pero no parece considerar las necesidades de desarrollo particulares de los niños extranjeros, su comprensión limitada de la ley de inmigración y su necesidad de apoyo y cuidado de adultos de confianza, con mayores barreras para los UAC. El comentarista desarrolló sus preocupaciones sobre los UAC, escribiendo que el incumplimiento de la IFR podría llevar a su detención, pero que la IFR no explica cómo dichas detenciones se ajustarían a la TVPRA, el Acuerdo de Conciliación Flores (Flores Settlement Agreement) u otras reformas de justicia juvenil. El comentarista concluyó que la IFR permitiría la detención sumaria, remoción u otras sanciones para los niños extranjeros, y que por lo tanto contraviene el objetivo de la TVPRA de garantizar que los niños extranjeros vulnerables puedan acceder equitativamente a protecciones legales para evitar su retorno al tráfico de personas y a otros daños, agregando que no hay razón para pensar que el Congreso haya anticipado que el Poder Ejecutivo revivería un programa integral de registro y lo aplicaría de una manera que amenazara las protecciones del debido proceso de los niños extranjeros.

Citando múltiples preocupaciones sobre los impactos de la IFR en los niños extranjeros, un comentarista instó al DHS a reconsiderar los requisitos de registro para preservar los derechos civiles y las protecciones de seguridad pública de los niños extranjeros. El comentarista afirmó que un requisito universal de registro para los extranjeros, “tal como lo propone la IFR”, “aumentaría los medios por los cuales los migrantes vulnerables, en particular los menores, podrían ser explotados por malos actores”. El comentarista explicó que había trabajado con una extranjera de 19 años que huyó de Guatemala después de haber sido obligada a trabajar como empleada doméstica siendo niña, y que incluso después de llegar a los Estados Unidos, esta extranjera tenía un acceso tan limitado a la información necesaria que habría sido “un blanco ideal para posibles estafadores que buscan aprovecharse de recién llegados que no están familiarizados con los requisitos de la IFR”. Otro comentarista instó al DHS a proteger a los extranjeros que fueron traídos a los Estados Unidos siendo niños.

Respuesta: El DHS no está de acuerdo en que el requisito de registro amenace los intereses de debido proceso de los menores extranjeros. El sitio web de USCIS contiene información para ayudar a todos los extranjeros a comprender el requisito de registro. Todos los extranjeros, incluidos los UAC (menores no acompañados), deben cumplir con la INA, que exige que todos los extranjeros, con excepciones limitadas, soliciten el registro y la toma de huellas dactilares si tienen 14 años de edad o más y permanecerán en los Estados Unidos por 30 días o más.

Comentario: Muchos comentaristas expresaron una preocupación general de que la IFR exigiría a los extranjeros demostrar prueba de registro, lo que también conduciría a la elaboración de perfiles raciales, temores de detención y, en última instancia, inhibiría las libertades de la Primera Enmienda, incluido el derecho de reunión y la libertad de expresión. Citando investigaciones, un comentarista dijo que los estudios han encontrado un vínculo directo entre la vigilancia generalizada o la elaboración de perfiles y la restricción de la actividad amparada por la Primera Enmienda entre los miembros de la comunidad objeto de dicha vigilancia. Otros expresaron preocupaciones particulares por el efecto inhibidor de la IFR en el contexto de las políticas más amplias de aplicación de la ley migratoria de la administración Trump, incluido el derecho a objetar de manera no violenta las políticas gubernamentales que tienen un (página impresa 39277) efecto discriminatorio potencial y a las prácticas de aplicación arbitraria. Un comentarista declaró que la IFR facilitaría la agenda de la administración de atacar a personas con base en su discurso, al proporcionar información de identificación centralizada casi universal para todos los extranjeros.

Otro comentarista se opuso a la IFR porque el registro de extranjeros se utilizaría para perseguir a quienes ejercen su libertad de expresión para disentir de las políticas de una administración o partido político.

Varios comentaristas expresaron su preocupación de que la IFR tendría, y ya ha tenido, un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de los extranjeros, debido al temor a la detención y la deportación. Un comentarista declaró que la IFR vulnera la libertad de religión y de expresión al actuar “de la mano con la revocación de los Memorandos de Lugares Sensibles para intervenir en la libertad religiosa de los residentes de los Estados Unidos, al desalentar a muchos de asistir a servicios religiosos por temor a ser objeto de perfiles, o de ejercer su libertad de expresión por temor a ser blanco de deportación, incluso erróneamente”. En cuanto a los derechos de expresión, un comentarista declaró que la administración actual ha estado revocando el estatus migratorio, incluidas las visas de estudiante, con base en el discurso, y que la IFR facilitaría esta agenda al proporcionar información de identificación centralizada para todos los extranjeros, creando un efecto inhibidor sobre las protecciones de la Primera Enmienda.

Un comentarista expresó preocupación de que los miembros más visibles y activos de la organización podrían convertirse en objetivos de aplicación de la ley, ya sea que se registren o no, lo que afectaría directamente su labor de defensa de las comunidades de bajos ingresos e inmigrantes. El comentarista señaló que la labor de defensa de su organización a menudo depende de eventos presenciales, como manifestaciones, para impulsar propuestas de políticas, y que la IFR genera un efecto inhibidor sobre la disposición de las personas a participar en estas formas de defensa. El comentarista declaró que la IFR requeriría una mayor vigilancia y monitoreo de su comunidad, e informó que ya han sido testigos del impacto negativo de políticas similares al registro sobre el discurso político y las actividades de defensa de la organización, como su capacidad para encontrar y apoyar a miembros dispuestos a compartir sus historias para uso con la prensa, los legisladores y las redes sociales, en apoyo de la construcción de respaldo de base y del avance de los objetivos de política de la organización. Además, el comentarista declaró que durante las manifestaciones, los organizadores dedican un tiempo considerable a abordar estas preocupaciones.

Respuesta: Los ciudadanos y los extranjeros, por supuesto, pueden objetar diversas leyes, reglamentos y políticas y expresar esas objeciones públicamente. Esta regla no restringe la libertad de expresión, de prensa, ni de asociación o reunión pacífica. Una impugnación facial previa a la aplicación de la norma, basada en la Primera Enmienda, no puede prosperar a menos que una persona demuestre que enfrenta una "amenaza creíble de procesamiento" "en virtud de una ley [o regla] que parece hacer ilegal la expresión presuntamente protegida de la [persona]". Am. Library Ass'n v. Barr, 956 F.2d 1178, 1194 (D.C. Cir. 1992). Ese no es, ni puede ser, el caso aquí. Ni la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, ni esta regla hacen ilegal ninguna forma de expresión. La sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, simplemente exige el registro y la toma de huellas dactilares de los extranjeros que se encuentren en los Estados Unidos por 30 días o más, lo cual está claramente dentro de la prerrogativa soberana de esta nación de exigirlo. Esta regla aborda un vacío en el régimen regulatorio existente y proporciona una vía para que todos los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio, cumplan con su obligación conforme a la ley.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que la actividad de registro siempre ha tenido lugar, como lo demuestran los formularios enumerados en 8 CFR 264.1, de conformidad con el requisito legal que data de casi un siglo. Las preguntas del Formulario G-325R son similares a las preguntas de otros formularios de registro designados en 8 CFR 264.1(a), incluido el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Comentario: Muchos comentaristas expresaron una preocupación general de que la Regla Final Provisional (IFR) conduciría al racismo, la xenofobia, el perfil racial o la discriminación.

Algunos comentaristas indicaron que la IFR conduciría al perfil racial, lo cual, a su vez, provocaría arrestos injustificados de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes legales (LPR). Un comentarista señaló que la regla altera fundamentalmente los derechos e intereses de millones de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses a quienes se les podría pedir que muestren "prueba" de su ciudadanía en cualquier redada discriminatoria creada por esta regla de registro, y agregó que este proceso forma parte de un ataque más amplio contra las comunidades de inmigrantes.

Un comentarista declaró que la IFR tendría como objetivo particular a los extranjeros no solo por su origen nacional, sino también por su raza y etnicidad, con el fin de aumentar las estadísticas de arrestos para cumplir con cuotas. El comentarista hizo referencia a un reportaje del Washington Post que indicaba que la administración había ordenado a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentar los arrestos para cumplir con cuotas diarias, en las que cada oficina de campo debía realizar 75 arrestos por día, y los gerentes serían responsables si no cumplían con esas metas. Este comentarista y otros razonaron que el perfil racial es una certeza inevitable en un sistema en el que se incentiva a las fuerzas del orden a exigir prueba de registro sin justificación alguna. Los comentaristas señalaron que las fuerzas del orden podrían solicitar prueba de registro con base en factores como el origen étnico, el color de piel, un nombre poco común, el dominio del idioma o un acento extranjero percibido.

Otro comentarista afirmó que la aplicación de la IFR dependería del origen nacional de las personas sometidas a escrutinio por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo cual "sin duda conduciría al perfil racial, a arrestos injustificados y a la detención de ciudadanos estadounidenses y de otras personas con estatus legal". Este comentarista escribió que los ciudadanos estadounidenses ya están siendo objeto de perfil racial en la aplicación de las leyes migratorias bajo la administración Trump y que la IFR agravaría este problema. Este comentarista y otros citaron ejemplos de leyes estatales del tipo "muéstreme sus papeles", como el Proyecto de Ley del Senado de Arizona 1070, la "Ley de Apoyo a Nuestras Fuerzas del Orden y Vecindarios Seguros" (Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act), que dio lugar a demandas sobre la constitucionalidad del perfil racial contra personas latinas y asiático-estadounidenses. Varios comentaristas señalaron que ha habido informes de personas nativas americanas y otros ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos por las autoridades de inmigración debido al perfil racial.

Otro comentarista declaró que el IFR agravaría los problemas que resultan de que la elaboración de perfiles raciales y étnicos sea una “piedra angular” de la aplicación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, citando específicamente el Modelo de Grupo de Trabajo del Programa 287(g) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que “permite que los oficiales designados pregunten sobre el estatus migratorio de las personas detenidas durante controles de tránsito de rutina y realicen arrestos basados únicamente en motivos migratorios federales”. Un comentarista escribió que la discriminación por motivo de origen nacional no debería ser legal en los Estados Unidos. Otro comentarista expresó preocupación de que el IFR afectaría a inmigrantes legales y a ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, al proporcionar un relato anecdótico, un comentarista escribió que ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por hablar español. Un comentarista declaró que la discriminación por motivo de origen nacional no debería ser legal en los Estados Unidos y que el IFR no contaba con suficientes salvaguardas contra el abuso de poder gubernamental para superar el escrutinio constitucional. El comentarista también declaró que, incluso si la seguridad nacional estuviera en juego, esto no otorgaría al Gobierno Federal una licencia para violar los derechos de los extranjeros. (página impresa 39278)

Otro comentarista escribió que la criminalización del estatus de extranjero por parte del IFR y el motivo subyacente racialmente discriminatorio del IFR, así como el “régimen de muestre-sus-papeles”, perjudicarían de manera desproporcionada a las comunidades “negras y morenas” y latinas, así como a las comunidades de color en general, que ya se encuentran encarceladas y sujetas de manera desproporcionada a detenciones policiales, interrogatorios y registros. El comentarista dijo que estas políticas llevarían a una situación en la que los ciudadanos estadounidenses de color necesitarían tener prueba de ciudadanía para evitar ser arrastrados a la aplicación de la ley y la criminalización bajo la norma.

Un comentarista declaró que, si bien algunos pueden intentar justificar la implementación de la norma debido a la necesidad de un mayor escrutinio con fines de seguridad nacional, la norma necesariamente se basará en el origen nacional, lo que inevitablemente resultará en la elaboración de perfiles raciales y en arrestos y detenciones indebidas de ciudadanos estadounidenses y de extranjeros legalmente presentes, incluidos los residentes permanentes legales. El comentarista declaró que la supuesta intención de discriminar con base en el origen nacional refleja una retórica política contra las comunidades inmigrantes y el prejuicio racial, y no una preocupación legítima por la seguridad nacional o el bienestar público de los Estados Unidos. Según el comentarista, la Orden Ejecutiva 14159 “está inherentemente fundada en el prejuicio basado en la raza y su implementación a través del IFR se basa en la premisa de que los inmigrantes que no son ciudadanos están `invadiendo' los Estados Unidos”. El comentarista escribió que “[e]l uso indebido de un término militar de guerra equipara a los migrantes, inmigrantes y solicitantes de asilo con una incursión grupal que es hostil y armada”. Otro comentarista declaró que tal enfoque también está vinculado a una retórica política contra las comunidades inmigrantes y el prejuicio racial, en lugar de preocupaciones legítimas de seguridad nacional o de interés público, haciendo referencia, como evidencia, a las declaraciones del presidente Trump, incluidas afirmaciones sobre “malos genes” e inmigrantes “envenenando la sangre de nuestro país”, así como una “invasión” de inmigrantes.

Muchos comentaristas expresaron preocupación de que la norma conduciría a la elaboración de perfiles raciales y a violaciones de los derechos civiles que socavarían la seguridad pública. Un comentarista declaró que la sanción penal de la norma por no portar “prueba de registro” en la persona en todo momento fomenta la elaboración de perfiles raciales y los registros, incautaciones, detenciones o arrestos arbitrarios por parte de funcionarios de inmigración y agentes del orden público de personas que perciben como inmigrantes, incluidos niños y familias.

Comentaristas declararon que el IFR crearía un “ambiente hostil” y señalaría como blanco a cualquiera que fuera percibido como extranjero, perjudicando tanto a los extranjeros como a los ciudadanos estadounidenses, lo que llevaría a un exceso de vigilancia policial. Otro par de comentaristas escribieron que la implementación de esta norma probablemente resultaría en registros e incautaciones discriminatorios, así como en arrestos indebidos que afectarían tanto a ciudadanos estadounidenses como a “no ciudadanos” por igual.

Un comentarista escribió que los requisitos de la Norma Provisional Final (IFR) afectarían de manera desproporcionada a grupos vulnerables, tales como los inmigrantes de bajos ingresos y aquellos con acceso limitado a asistencia legal. Un comentarista indicó que la IFR infundiría temor en los miembros de la comunidad asiática, nativa de Hawái e isleña del Pacífico, impidiéndoles acceder a escuelas, atención médica, empleo y otros beneficios. De manera similar, un par de comentaristas escribieron que la IFR infunde temor en, o criminaliza a, miembros integrales de la comunidad asiática e isleña del Pacífico, quienes representan uno de cada siete "inmigrantes indocumentados", y los convierte en chivos expiatorios simplemente por su origen nacional, los expone a perfiles raciales, y dificulta el cumplimiento debido a las altas tasas de dominio limitado del inglés en estas comunidades.

Un comentarista manifestó que la IFR no tomó en cuenta los impactos sociales y económicos que la IFR tendría sobre las comunidades minoritarias, citando ejemplos de presunta aplicación discriminatoria de las leyes de inmigración en Nueva York. Otro comentarista escribió que la política y la aplicación de las leyes de inmigración refuerzan estereotipos dañinos e inequidades sociales que afectan a todos los latinos, independientemente de su estatus legal; agregaron que, aunque los residentes permanentes cuentan con autorización legal de empleo, con frecuencia enfrentan discriminación al buscar recursos. Un comentarista manifestó que las comunidades rurales de California con una proporción desproporcionada de trabajadores agrícolas latinos ya están siendo objeto de la aplicación de las leyes de inmigración, lo cual, según el comentarista, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) caracteriza falsamente como dirigido a extranjeros con antecedentes penales. Otro comentarista escribió que la política y la aplicación de las leyes de inmigración son una herramienta de la supremacía blanca, razonando que limitan el acceso a recursos, servicios y oportunidades entre los latinos y otros inmigrantes en los Estados Unidos.

Un comentarista manifestó que la IFR y el DHS confunden a los "indocumentados" y a los "no ciudadanos" no registrados con pandilleros y delincuentes. El comentarista manifestó que, si bien la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos son preocupaciones importantes, la norma se origina en un enfoque equivocado y exagerado sobre la delincuencia cometida por "no ciudadanos". El comentarista hizo referencia a un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) del 21 de enero de 2025 que vinculaba a las "pandillas transnacionales" y a los "extranjeros ilegales" con "delitos violentos brutales e intolerables" que "están aumentando rápidamente en todo el país". El comentarista indicó que esta caracterización no distingue entre delitos menores y actividades delictivas más graves. El comentarista escribió que los delitos violentos individuales cometidos por "no ciudadanos" a menudo se destacan para justificar medidas como la aprobación de la Ley Laken Riley, pero sugirió que estos incidentes se presentan sin el contexto adecuado respecto del nivel real de delincuencia cometida por extranjeros. El comentarista citó investigaciones académicas que sugieren que la actividad delictiva por parte de "no ciudadanos" no es desproporcionada en relación con la población total de los Estados Unidos.

Expresando una preocupación ligeramente distinta, un comentarista escribió que la IFR no considera ni toma medidas para prevenir las cargas empresariales, los gastos de los contribuyentes y los costos de seguridad pública. Además, otro comentarista escribió que la IFR ampliaría la capacidad del DHS para arrestar y deportar de manera arbitraria a más solicitantes de asilo hacia el peligro, agregando que, aunque el DHS no tiene derecho legal a deportar a ciudadanos estadounidenses, es probable que esto se convierta en un suceso cotidiano con la implementación de esta IFR.

De manera similar, un comentarista se opuso a la política propuesta de registro de "no ciudadanos", argumentando que conduciría a prácticas discriminatorias de aplicación de la ley. El comentarista manifestó que exigir a los "no ciudadanos" portar documentos de registro en todo momento crearía dificultades de aplicación, ya que los oficiales del DHS no tendrían una manera práctica de identificar quiénes estarían sujetos a este requisito sin recurrir a la elaboración de perfiles.

Otro comentarista escribió además que la administración emplearía métodos arbitrarios para identificar a los "no ciudadanos" bajo esta política. Según un comentarista, aunque el propósito declarado de la IFR es fortalecer la aplicación de la ley por parte del DHS para proteger la seguridad pública y reducir los delitos violentos, es importante recordar que la igualdad de protección ante la ley significa que la actividad delictiva es causada por acciones individuales, no por la identidad o el estatus de un grupo, y un comentarista distinto manifestó que las comunidades sufrirían daños irreparables debido a los intentos de identificar y detener a presuntos extranjeros.

Un comentarista expresó preocupación por el hecho de que las prácticas de aplicación de la ley pueden generar temor incluso entre los residentes permanentes legales y los ciudadanos estadounidenses, lo que conduce a (página impresa 39279) una reducción de la participación en la sociedad civil. Como ejemplo, citó un estudio sobre las leyes migratorias estrictas de Arizona y afirmó que este encontró que dichas políticas afectan negativamente, en particular, a los jóvenes latinos. Un comentarista escribió que este proceso niega todo lo que Estados Unidos debería representar y que no debería ser "restablecido" en este país. Los comentaristas también manifestaron que las prácticas de aplicación de la ley de la norma final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) permiten el perfil racial y generan temor y ansiedad incluso entre los residentes permanentes legales y los ciudadanos estadounidenses. Los comentaristas citaron investigaciones sobre leyes migratorias estrictas, específicamente la Ley de Apoyo a Nuestras Fuerzas del Orden y Vecindarios Seguros de Arizona (Support our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act), que encontró que las políticas que promueven el perfil racial afectan negativamente la salud mental y el rendimiento académico de los jóvenes latinos. Los comentaristas señalaron que, si bien la norma final provisional estima que el requisito de registro afectaría directamente a entre 2 y 3 millones de personas, es probable que el perfil racial que ocurriría tenga efectos perjudiciales sobre la población más amplia de más de 63 millones de residentes latinos en Estados Unidos.

Un comentarista expresó preocupación de que, sin protecciones claras, el proceso de registro podría utilizarse indebidamente para dirigirse injustamente a ciertas poblaciones, en particular al dar preferencia a inmigrantes de países específicos sobre otros. Al analizar las presuntas prácticas discriminatorias bajo el antiguo programa NSEERS, otros comentaristas también señalaron que ampliar los requisitos de registro de extranjeros podría, una vez más, dar lugar a prácticas de aplicación de la ley sesgadas, erosionando la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las agencias gubernamentales, deshumanizando a los inmigrantes e infringiendo los derechos fundamentales de los extranjeros.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) discrepa firmemente de la caracterización de la norma final provisional como vinculada a la retórica política en contra de las comunidades de inmigrantes y al prejuicio racial, en lugar de a preocupaciones legítimas relacionadas con la implementación de un mandato legal, así como a preocupaciones de seguridad nacional y pública. Las leyes de Estados Unidos generalmente exigen que los extranjeros se registren, ya sea como parte del proceso de visa o al estar presentes en Estados Unidos durante 30 días o más. La norma final provisional y esta norma final tienen un alcance limitado a establecer una opción general de registro para que los extranjeros cumplan, según corresponda, con su obligación legal de registrarse y ser registrados mediante huellas dactilares. Esta reglamentación no impone ninguna obligación nueva a ninguna población, ni crea un trato diferenciado motivado por prejuicio racial. De igual manera, la norma final provisional y esta norma no crean ni modifican las sanciones penales establecidas por el Congreso hace muchas décadas, que se aplican cuando los extranjeros no cumplen con sus obligaciones de registro y obligaciones relacionadas. La norma tampoco obliga a la expulsión de ningún extranjero del país. Los requisitos de registro se aplican a todos los extranjeros que tengan 14 años o más, que no hayan sido registrados ni se les hayan tomado las huellas dactilares, y que permanezcan en Estados Unidos durante 30 días o más. Si un extranjero no cuenta con ninguna otra vía para registrarse y para que se le tomen las huellas dactilares, puede presentar el Formulario G-325R para cumplir con su obligación conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Se espera que la norma mejore la eficacia de la aplicación de la ley del DHS y proporcione información más completa sobre la ubicación de los extranjeros en Estados Unidos, a fin de facilitar y hacer más segura la labor del DHS de hacer cumplir la ley. El mayor cumplimiento de los requisitos legales de toma de huellas dactilares proporcionaría al DHS información adicional sobre los antecedentes penales de un extranjero, incluyendo si se trata de un terrorista conocido o sospechoso. Finalmente, el DHS reitera que los requisitos de registro de extranjeros de la INA exigen que los extranjeros, no los ciudadanos estadounidenses, se registren.

Comentario: Dos comentaristas objetaron el uso de la palabra "alien" (extranjero) en la norma final provisional por considerarla ofensiva y subjetiva, así como inexacta, y sugirieron, como parte de la incorporación de salvaguardas, cambiar el término.

Respuesta: El término "alien" (extranjero) es un término legal definido en la INA que se utiliza para describir a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional de Estados Unidos.[39] Además, el término extranjero se utiliza en las secciones 261 a 266 de la INA, 8 U.S.C. 1301 a 1306, las secciones que describen los requisitos de registro de extranjeros.

Comentario: Un comentarista señaló que la política integral de registro que se estableció en la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 (Alien Registration Act of 1940) fue abandonada en las décadas posteriores a su adopción debido, en parte, a sus costos sociales y económicos, y manifestó que la aplicación de esta política de registro no lograría los objetivos de la administración, a la vez que conduciría a una selección discriminatoria de ciudadanos estadounidenses y "no ciudadanos" basada en su raza o etnia percibida.

Al referirse a las prácticas discriminatorias bajo el antiguo programa NSEERS, otro comentarista señaló que ampliar los requisitos de registro de extranjeros podría llevar nuevamente a prácticas de aplicación sesgadas, erosionando la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las agencias gubernamentales.

Respuesta: Esta regla es coherente con la Orden Ejecutiva 14159 y los requisitos de registro de extranjeros de la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Esta reglamentación establece una opción de registro general disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio, con el fin de mejorar los resultados de registro de ciertos grupos de extranjeros. Esta reglamentación no modifica ni altera los requisitos legales existentes que la mayoría de los extranjeros deben cumplir conforme a los requisitos de registro establecidos por ley.

Comentario: Varios comentarios expresaron una preocupación general de que la Regla Final Provisional (IFR) violaría los derechos de igual protección garantizados en virtud de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema,[40] los comentaristas señalaron que la regla afectaría de manera desproporcionada a los extranjeros de comunidades de bajos ingresos que no hablan inglés y que, por lo tanto, podría violar la igual protección y debería estar sujeta a escrutinio estricto. Un comentarista advirtió que la IFR plantea preocupaciones en materia de igual protección porque sus complejos requisitos resultarían abrumadores y confusos para los extranjeros con educación formal limitada o dominio limitado del inglés. Los comentaristas expresaron una preocupación particular por las violaciones de la igual protección y la elaboración de perfiles raciales resultantes del requisito implícito de la IFR de "mostrar sus papeles".

Un comentarista indicó que la IFR violaría los principios de igual protección porque el Formulario G-325R solo está disponible en inglés, señalando que, si bien un demandante debe probar un propósito discriminatorio para demostrar una reclamación de igual protección y la IFR es neutral en su apariencia, la administración ha hecho declaraciones y ha tomado otras medidas, como declarar el inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos, que respaldarían el argumento de que el gobierno optó por no traducir el Formulario G-325R como parte de un esquema más amplio para limitar el acceso lingüístico en los servicios gubernamentales.

Un comentarista manifestó que, si bien existen argumentos de buena fe sobre el interés del gobierno en obtener información sobre los residentes, la IFR crearía una carga desproporcionada y perjudicial para los extranjeros sujetos a sus disposiciones y, por lo tanto, excedería ese interés gubernamental, incurriendo en violaciones de la igual protección. (página impresa 39280)

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no está de acuerdo en que esta regla viole la igual protección. La sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, es una ley neutral en su apariencia, que exige que "todo extranjero que se encuentre ahora o en el futuro en los Estados Unidos, que (1) tenga catorce años de edad o más, (2) no haya sido registrado ni tomado sus huellas dactilares conforme a [la sección 211(b) de la INA], y (3) permanezca en los Estados Unidos durante treinta días o más, solicite su registro y se tomen sus huellas dactilares antes del vencimiento de dichos treinta días". 8 U.S.C. 1302(a) (énfasis añadido). Esta regla crea asimismo un mecanismo adicional mediante el cual cualquier extranjero previamente no registrado puede cumplir con su obligación legal, independientemente del país de nacionalidad del extranjero.[41] Por lo tanto, no viola la igual protección.

Comentario: Varios comentaristas expresaron una preocupación general de que la IFR conduciría a violaciones de los derechos de la Cuarta Enmienda, tales como registros y detenciones arbitrarias tanto de ciudadanos estadounidenses como de extranjeros. Un comentarista manifestó que la implementación de la IFR sin directrices de aplicación claras y estrechamente delimitadas aumentaría el riesgo de violaciones de la Cuarta Enmienda, ya que los oficiales podrían detener e interrogar a personas sin sospecha razonable ni causa probable únicamente para verificar el estatus de registro. Este comentarista razonó que esto crearía una presunción inconstitucional de ilegalidad vinculada a la raza, una práctica rechazada desde hace mucho tiempo por los tribunales federales.

Respuesta: El DHS no está de acuerdo en que la Norma Provisional Final (IFR, por sus siglas en inglés) daría lugar a violaciones de los derechos de la Cuarta Enmienda de un extranjero. El Congreso ha exigido durante mucho tiempo que los extranjeros descritos en la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, se registren y se les tomen las huellas dactilares (si así se requiere), así como que porten evidencia de registro y notifiquen al DHS sobre cualquier cambio de dirección, y es deber del DHS hacer cumplir dichas leyes. Véase la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a); véase también la sección 7 de la Orden Ejecutiva Núm. 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión (20 de enero de 2025), 90 FR 8443, 8444 (29 de enero de 2025). El objetivo de la IFR y de la norma final es garantizar que los extranjeros comprendan su deber conforme a la ley y cuenten con una vía para cumplir con dicho deber mediante el nuevo proceso y formulario de registro general. La IFR no ha modificado la autoridad existente otorgada al DHS respecto de su interacción con los extranjeros.

Comentario: Un comentarista planteó inquietudes de que hacer que las “personas indocumentadas” vivan con temor tanto a posibles consecuencias en su país de origen como a un “trato cruel” por parte de ICE podría constituir una violación de sus derechos bajo la Octava Enmienda. Otro comentarista expresó preocupación de que la IFR daría lugar a un encarcelamiento inhumano e ilegal, ya sea extraterritorial o indefinido. Un comentarista manifestó que las sanciones que enfrentarían los extranjeros bajo la IFR por incumplimiento son desproporcionadas con respecto a la supuesta infracción, particularmente cuando la violación es técnica o involuntaria. Citando el caso Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958), el cual determinó que el castigo debe ser proporcional a la infracción, el comentarista concluyó que la IFR viola este principio al imponer sanciones por violaciones de carácter procesal o técnico, lo cual, según dicho comentarista, constituiría un castigo cruel e inusual.

Respuesta: El Congreso ha establecido sanciones civiles y penales para una variedad de infracciones relacionadas con la inmigración. Si bien ciertos extranjeros pueden temer ser sometidos a las sanciones vinculadas con sus decisiones y acciones, esta norma no establece tales consecuencias ni infracciones. Esta norma tampoco tiene impacto alguno sobre las protecciones constitucionales de las que gozan los extranjeros dentro de los Estados Unidos. Las sanciones penales por incumplir con el registro o con los demás requisitos relacionados conforme a las secciones 262 a 265 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1305, fueron establecidas por el Congreso y también quedan fuera del alcance de esta norma.

Comentario: Un comentarista escribió que la información recopilada mediante este registro no puede ser utilizada por ICE, conforme a la ley y la normativa vigentes, para sus acciones de ejecución, dado que, bajo el 8 U.S.C. 1357(f)(2), ICE es un organismo de ejecución civil y no una agencia de aplicación de la ley. El comentarista también señaló que la IFR no contiene ninguna designación por parte del Fiscal General para ampliar las personas con quienes se pueden compartir los registros de inscripción y de huellas dactilares, tal como lo exige el 8 U.S.C. 1304(b).

Respuesta: Durante aproximadamente 85 años, las leyes de los Estados Unidos han exigido que la mayoría de los extranjeros presentes en los Estados Unidos durante 30 días o más se registren y, con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus de no inmigrante, se les tomen las huellas dactilares. El DHS, mediante la IFR y esta norma final, no ha modificado los requisitos de registro existentes establecidos por el Congreso para los extranjeros, sino que simplemente ha prescrito un medio general para que los extranjeros se registren, tal como lo exige la ley. Los requisitos de que los extranjeros deban registrarse, actualizar su dirección ante el gobierno dentro de los 10 días posteriores a una mudanza y portar evidencia de registro consigo, también fueron establecidos por el Congreso a mediados del siglo XX. De manera similar, esta IFR no ha creado ni modificado las sanciones penales establecidas por el Congreso hace varias décadas, las cuales se aplican cuando los extranjeros no cumplen con sus obligaciones de registro y las obligaciones relacionadas. Esta norma es congruente con la Orden Ejecutiva 14159 y con los requisitos de registro de extranjeros contenidos en las secciones 262 a 265 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1305, y establece una opción de registro general disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio.

En cuanto al comentario relativo al intercambio de información conforme a la sección 264(b) de la INA, 8 U.S.C. 1304(b), el DHS no está de acuerdo con la opinión del comentarista de que los registros de inscripción y de huellas dactilares no pueden compartirse dentro del DHS para fines de ejecución de las leyes de inmigración, ni tampoco con la opinión del comentarista de que ICE no es, en general, una agencia de aplicación de la ley.

Además, conforme a la sección 264(b) de la INA, 8 U.S.C. 1304(b), todos los registros de inscripción y de huellas dactilares “deberán ser confidenciales, y solo se pondrán a disposición”: (1) de conformidad con la sección 287(f)(2) de la INA, 8 U.S.C. 1357(f)(2) (es decir, la disposición citada por el comentarista); y (2) de las personas o agencias que el Secretario pueda designar.[42] El estatuto no ordena que únicamente USCIS registre a los extranjeros y prescriba los formularios de inscripción, ni que mantenga confidenciales los registros de inscripción de extranjeros. El estatuto confiere estas facultades al Secretario, en quien están investidas todas las facultades de USCIS, de ICE y de otros componentes del DHS.[43] Tendría poco sentido interpretar la disposición de confidencialidad en el sentido de exigir que el Secretario mantenga la información de inscripción de extranjeros confidencial frente a ICE y CBP, que son subagencias dentro del DHS, en particular a la luz de la facultad plenaria del Secretario para poner a disposición los registros de inscripción y de huellas dactilares de extranjeros “a las personas o agencias” (página impresa 39281) que él pueda designar.

En todo caso, la Norma Provisional Final (IFR) no modificó las prácticas del DHS relacionadas con el mantenimiento, la recopilación y el uso de la información, incluida la información de inscripción de extranjeros; dicha información ya estaba disponible para ICE y CBP incluso antes de la IFR.[44]

Comentario: Varios comentaristas expresaron preocupación general de que la IFR vulneraría los derechos de privacidad de las personas. Un comentarista razonó que la inscripción obligatoria, incluidas las direcciones actuales, representa amenazas a los derechos de privacidad garantizados por la Ley de Privacidad de 1974 (Privacy Act of 1974) y por el caso Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). El comentarista señaló que los temores a una vigilancia excesiva han llevado reiteradamente al aplazamiento o rechazo de mandatos de inscripción universal, incluidas las prolongadas demoras en la implementación de la Ley REAL ID de 2005 (REAL ID Act).[45] El comentarista agregó que las preocupaciones de privacidad se ven agravadas porque la IFR no contempla ninguna excepción a los requisitos de inscripción con base en la edad, salvo algunas facilidades procesales para los extranjeros menores de 14 años. El comentarista manifestó que la protección inadecuada de la privacidad de esta información plantea consideraciones relativas a la seguridad tanto de los menores como de las personas sobrevivientes de abuso doméstico.

Un comentarista manifestó que la IFR guarda silencio sobre las protecciones de privacidad y confidencialidad asociadas con el requisito de inscripción, señalando que cualquier divulgación de información por parte del DHS recopilada conforme a la IFR debe cumplir con 8 U.S.C. 1367 y la orientación conexa.

Un comentarista expresó preocupación de que la IFR no proporciona información clara respecto de su impacto en la privacidad ni de cómo se ajusta a la legislación vigente, incluidos el 8 U.S.C. 1367 y la orientación conexa, tales como la Instrucción 002-02-001 del DHS, Revisión 00.1; la Directiva 215-01 del DHS; la Instrucción 215-01-001 del DHS; y la Instrucción 215-01-002 del DHS. El comentarista señaló que la falta de claridad dificultaría que las personas, incluidas aquellas sujetas a las protecciones del 8 U.S.C. 1367 o los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), comprendan plenamente cómo se utilizaría y compartiría su información en cumplimiento de la legislación vigente.

Respuesta: Los extranjeros que presenten el Formulario G-325R no califican como extranjeros protegidos conforme al 8 U.S.C. 1367 en virtud de dicha presentación; sin embargo, si el extranjero está designado como extranjero protegido por otro motivo, USCIS mantiene la misma protección para el extranjero, incluida la relativa a la dirección segura. El Formulario G-325R contiene campos para la dirección postal o segura del extranjero, y, si es diferente de su dirección postal o segura, para su dirección física. Como ocurre con todos los formularios de USCIS en los que un extranjero puede proporcionar una dirección segura, si USCIS se comunica con el extranjero por correo, USCIS utilizará la dirección segura que este haya proporcionado. No obstante, en la actualidad el proceso del Formulario G-325R es completamente electrónico. Todas las notificaciones enviadas por USCIS a un extranjero se cargan en la cuenta myUSCIS del extranjero. Ninguna de las notificaciones relacionadas con el Formulario G-325R se emite por correo. Por lo tanto, no solo los extranjeros pueden proporcionar una dirección segura, conforme a la práctica de larga data de USCIS, sino que, además, USCIS en este momento no envía ningún documento por correo en relación con el Formulario G-325R.

Esta norma tampoco modifica los procedimientos o prácticas del DHS y de sus subagencias destinados a proteger contra la divulgación no autorizada de información de identificación personal que el DHS recopila, difunde, utiliza o mantiene.

Comentario: Un comentarista afirmó que las sanciones financieras y penales creadas por la Norma Provisional Final (IFR, por sus siglas en inglés), relacionadas con el requisito de registrarse y actualizar direcciones, amenazarían la libertad de movimiento de las personas, un derecho afirmado por la Corte Suprema en Paul v. Virginia, 8 Wall. 168 (1868), y Saenz v. Roe, 526 U.S. 489 (1999). Con respecto a la declaración en el preámbulo de la IFR de que “todo extranjero que no haya cumplido con los requisitos de notificación de cambio de dirección establecidos en 8 U.S.C. 1305 es deportable a menos que el extranjero demuestre que dicho incumplimiento fue razonablemente justificable o no fue intencional” (citando 8 U.S.C. 1227(a)(3)(A)), el comentarista señaló que esta explicación es insuficiente porque “no proporciona ningún marco mediante el cual esta cláusula pueda ser interpretada ni por los registrantes ni por los funcionarios federales, exponiendo a los registrantes a una subjetividad indebida”.

Respuesta: Esta IFR no restringe la libertad de movimiento de un extranjero [46] ni crea ni modifica las sanciones penales, establecidas por el Congreso hace muchas décadas, que se aplican cuando los extranjeros no cumplen con sus obligaciones de registro y obligaciones relacionadas. Los requisitos de que los extranjeros deben registrarse, actualizar su dirección ante el gobierno dentro de los 10 días posteriores a una mudanza, y llevar consigo evidencia de registro, tampoco son nuevos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con la IFR y esta norma final, no ha creado estos requisitos ni modificado los deberes establecidos por el Congreso para los extranjeros. Proporcionar una dirección actual al DHS es responsabilidad de cada extranjero cubierto.

Comentario: Citando el Artículo I, Sección 8 de la Constitución, INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983), y Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954), un comentarista afirmó que la IFR viola la doctrina de separación de poderes, y que las regulaciones que afectan significativamente los derechos de los inmigrantes deberían fundamentarse en legislación del Congreso, no únicamente en la elaboración de normas administrativas.

Respuesta: La IFR está firmemente fundamentada en legislación del Congreso; implementó los requisitos de registro de extranjeros de las secciones 262 a 266 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1306. Además, la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a), así como las disposiciones de registro citadas anteriormente, otorgan una amplia autorización legal para implementar estos requisitos de registro. Estas leyes fueron debidamente promulgadas por el Congreso. El DHS no está de acuerdo con los comentaristas en que la IFR adolezca de algún defecto de separación de poderes.

Comentario: Un comentarista afirmó que la IFR violaría las obligaciones legales internacionales de los Estados Unidos hacia los refugiados y solicitantes de asilo, obligaciones derivadas del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados que han sido implementadas en el derecho interno de los Estados Unidos a través de la Ley de Refugiados (página impresa 39282) de 1980 y que han sido interpretadas por la Corte Suprema en INS v. Cardoza-Fonseca, 480 U.S. 421, 426 (1987). El comentarista señaló que, a nivel internacional, los requisitos de registro tienen la intención de facilitar la protección de los refugiados, pero que la IFR parece tener la intención de usar el registro como un método para señalar a personas con fines de expulsión. El comentarista escribió que el objetivo declarado de la E.O. 14159 es “ejecutar fielmente las leyes de inmigración de los Estados Unidos”, pero que esto no reconoce que dichas leyes incluyen la Ley de Refugiados, y que dicha ejecución fiel incluye otorgar asilo y otras protecciones humanitarias según corresponda. El comentarista criticó la IFR, señalando que no toma en cuenta dichas protecciones.

Más específicamente, el comentarista citó el Artículo 31(1) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece que, en general, no se debe sancionar penalmente a los refugiados por su entrada o presencia ilegal cuando lleguen directamente de territorios donde su vida o libertad estén amenazadas, se presenten sin demora ante las autoridades y expongan causa justificada de su entrada o presencia irregular, salvo bajo ciertas circunstancias especificadas. Al señalar que la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) carece de claridad respecto a si se aplica, y cómo se aplica, a los extranjeros que son asilados, solicitantes de asilo y personas con necesidades de protección que aún no han solicitado asilo, y que no contempla disposición alguna para la consideración de sus circunstancias individuales, el comentarista concluyó que las sanciones civiles y penales de la IFR, si se aplicaran a los refugiados, generalmente constituirían sanciones de ese tipo prohibidas según el derecho internacional. Finalmente, el comentarista expresó preocupación de que el requisito de registro pudiera conducir directamente a la expulsión de refugiados en violación de los requisitos de no devolución, o bien, para los extranjeros que se encuentran en el proceso de solicitud de asilo o que lo han completado, de que las sanciones por incumplimiento del registro pudieran dar lugar a una determinación discrecional negativa de asilo o interferir posteriormente con su ajuste de estatus o naturalización.

Otros comentaristas señalaron que la IFR infringiría los derechos humanos mediante una interferencia arbitraria con la privacidad, la familia y el hogar. Los comentaristas observaron que había información inadecuada sobre la protección de información confidencial. Si bien reconocieron la autoridad del gobierno para regular la inmigración, los comentaristas caracterizaron la IFR como un esfuerzo para intimidar a los extranjeros que corre el riesgo de violar los derechos humanos.

Respuesta: La IFR y esta norma tienen un alcance limitado a establecer una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. Un extranjero al que se le haya expedido uno de los documentos designados como prueba de registro conforme al 8 CFR 264.1(b) ya se ha registrado, y un extranjero que haya presentado uno de los formularios designados en el 8 CFR 264.1(a) y haya proporcionado sus huellas dactilares (salvo que se exima de este requisito), pero al que no se le haya expedido uno de los documentos de prueba de registro designados en el 8 CFR 264.1(b), ha cumplido con el requisito de registro de la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Si un extranjero no cuenta con ninguna otra vía para registrarse y ser registrado mediante huellas dactilares, el extranjero puede presentar el Formulario G-325R para cumplir con su obligación conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302.

Además, ni la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ni su Protocolo de 1967 impiden que los estados parte exijan a los refugiados que se registren ante las autoridades de inmigración. De hecho, el Artículo 2 de la Convención establece: "Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público". Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fomenta el registro oportuno de los extranjeros que buscan protección como refugiados.[47]

Comentario: Varios comentaristas expresaron su preocupación de que la norma y el nuevo proceso de registro generan confusión en torno a quién debe registrarse y quién está exento. Los comentaristas señalaron que la IFR y los requisitos de registro causaron confusión y carecían de claridad y que, por lo tanto, la IFR conduciría a errores y daría lugar a que inmigrantes legales fueran sancionados injustamente por no portar prueba de registro. Los comentaristas expresaron asimismo su preocupación de que la norma resulte confusa respecto a quién se considera registrado y carezca de claridad para las personas que ya han presentado formularios de inmigración y que posiblemente hayan asistido a citas biométricas de USCIS.

Otro comentarista escribió que la naturaleza “confusa” de la Norma Provisional Final (IFR), junto con la ansiedad y el miedo generados por los mayores esfuerzos de la administración en materia de aplicación de las leyes de inmigración, podría dar lugar a la propagación de información errónea, con consecuencias “drásticas” incluso para personas que no están sujetas al requisito. El comentarista escribió que la combinación de la confusión sobre cómo registrarse con la eliminación repentina del estatus legal constituye una trampa. Otros comentaristas señalaron que los mayores obstáculos burocráticos pueden desalentar o complicar el cumplimiento. Un par de comentaristas indicaron que la IFR agrega complejidad innecesaria a un sistema de inmigración que ya es complejo. Un comentarista escribió que la IFR genera confusión y temor, particularmente entre los inmigrantes que posiblemente ya se consideren registrados a través de otros procesos. Otro comentarista reiteró que la IFR genera confusión entre quienes creen que ya han presentado prueba de registro, y que la omisión de ciertos documentos de inmigración comunes dentro de la IFR agrava el potencial de confusión. Un comentarista indicó que, al imponer requisitos de registro con sanciones penales por incumplimiento, se trata a los inmigrantes como objetivos de aplicación de la ley, independientemente de su estatus legal o historial.

Un comentarista expresó su preocupación de que el enfoque de la IFR respecto de los formularios de inmigración para los requisitos de registro era inadecuado y generaría estrés, miedo y confusión entre las personas presentes legalmente que deberían considerarse registradas. El comentarista además señaló que había escuchado de miembros de la comunidad que actores inescrupulosos estaban aprovechando esta confusión prometiendo la residencia permanente a través del proceso de registro y confundiendo deliberadamente “Registry” (registro histórico) con “Registration” (registro) para defraudar a personas vulnerables.

Específicamente, los comentaristas expresaron preocupación de que sería difícil para las personas evaluar con precisión si se han registrado previamente debido a la falta de orientación en el IFR y, por lo tanto, esto llevaría a que las personas no presenten el Formulario G-325R. Los comentaristas expresaron una preocupación particular sobre las listas enumeradas de formularios de registro y formularios que constituyen evidencia de registro; los comentaristas declararon que estas listas de formularios no incluyen todos los formularios que parecerían cumplir con los requisitos mínimos para el registro y las huellas dactilares según lo prescrito en la INA. Un comentarista dijo que aquellos que han presentado formularios de solicitud de inmigración extensos y detallados y se han sometido a la toma de huellas dactilares y datos biométricos razonablemente creerían que ya están registrados. (página impresa 39283)

Un comentarista escribió que es posible que las personas no sepan si su admisión en una frontera de los Estados Unidos fue conforme a un permiso de permanencia temporal (parole) o no, y que es posible que no tengan una manera fácil de saber si se les emitió un Aviso de Comparecencia (NTA), dada la amplia variación en el procesamiento de casos en la frontera sur de los Estados Unidos. El comentarista dijo que sus miembros y clientes generalmente no saben qué documentos se les emitieron en la frontera y muchos han perdido sus documentos para cuando llegan a su lugar de residencia. El comentarista planteó preocupaciones adicionales sobre la confusión, señalando, por ejemplo, que no a todos sus miembros a quienes se les emitió un NTA se les tomaron las huellas dactilares en el proceso. Dijeron que la sugerencia de la norma de que no necesitan hacer nada más para ser considerados “registrados” no deja ninguna orientación y plantea interrogantes sobre si también necesitan cumplir con el requisito de toma de huellas dactilares. El comentarista planteó la misma pregunta para las personas que presentan el Formulario I-485 y para quienes no está claro si se les tomaron las huellas dactilares previamente o si alguna toma de huellas dactilares previa, posiblemente de hace décadas, es suficiente para los fines del registro. Otros comentaristas dijeron que el lenguaje poco claro del IFR hace que los requisitos sean difíciles de entender, particularmente para aquellos con estatus de DACA o TPS que técnicamente están registrados ante el Gobierno de los Estados Unidos, pero que tendrían que volver a registrarse solo si no tuvieran un permiso de trabajo.

Respuesta: En la medida en que exista confusión sobre si un extranjero determinado ha cumplido con sus obligaciones de registro, la Norma Provisional Final (IFR) no es responsable de dicha confusión, y de hecho puede ayudar a disiparla. La IFR ayudó a garantizar que todos los extranjeros tuvieran una forma directa de cumplir con sus obligaciones de registro de extranjeros. La IFR no creó obligaciones de registro de extranjeros ni impuso nuevas consecuencias a los extranjeros por no cumplir con dichas obligaciones; el requisito de registrarse, el requisito de portar prueba de registro, y las consecuencias por no hacerlo son todos creaciones de la ley. Y el Presidente ordenó al DHS y al DOJ que priorizaran la implementación y aplicación total de la ley. Si un extranjero no estaba seguro de su estatus de registro antes de la IFR o había perdido los documentos necesarios para cumplir con los requisitos de registro de extranjeros de la INA, el extranjero podría hoy ver la necesidad de aclarar su estatus de registro o solicitar un documento de reemplazo; pero eso no es una función de la IFR.

Además de la IFR que dio a conocer la obligación legal de los extranjeros no registrados en los Estados Unidos de cumplir con los requisitos de registro, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) estableció un sitio web dedicado con información sobre el ARR y creó una Herramienta ARR que puede ayudar a los extranjeros a determinar si deben registrarse.48

En principio, el DHS está de acuerdo en que si un formulario de solicitud contiene los elementos de datos para el registro de extranjeros descritos en 8 U.S.C. 1304(a) y el extranjero ha cumplido con los requisitos de toma de huellas dactilares pertinentes, el DHS debería considerar designar dicho formulario de solicitud y la evidencia de registro relacionada conforme a 8 CFR 264.1(a) y (b). En la sección V.A de este preámbulo, el DHS solicita comentarios sobre una serie de formularios potenciales que el DHS podría designar en una fecha futura.

Comentario: Un comentarista escribió de manera similar que el Departamento no consideró los efectos de la IFR en el grupo más amplio de extranjeros que se han registrado, dejando una “serie preocupante de cuestiones prácticas sin abordar”. El comentarista cuestionó si se exigiría a los residentes permanentes legales (LPR) portar una copia física de su Tarjeta Verde (Green Card) en todo momento, o si bastaría con una fotocopia. El comentarista también cuestionó qué deberían hacer las personas si una Tarjeta Verde se pierde o es robada, dado que los tiempos de procesamiento para reemplazar una Tarjeta Verde son de más de 2 años. Además, el comentarista preguntó si aquellos considerados registrados por haber presentado una solicitud de beneficios, como el Formulario I-485, estarían obligados a portar siempre consigo una copia de la solicitud de 24 páginas. Asimismo, para aquellos cuyo registro depende de haber sido sometidos a procedimientos de expulsión en un tribunal de inmigración, el comentarista preguntó si deben portar una copia de un Aviso de Comparecencia (NTA), incluso si esos procedimientos concluyeron hace años o décadas.

Respuesta: La IFR no modificó el requisito de que los extranjeros a quienes se les emite evidencia de registro la porten consigo. La IFR llenó un vacío en el reglamento al añadir una opción general para los extranjeros no registrados que anteriormente no contaban con una forma directa de cumplir con los requisitos de registro estatutarios existentes. Dichos extranjeros pueden registrarse utilizando el Formulario G-325R y portar una copia del Comprobante de Registro de Extranjero G-325R del USCIS, o su formulario sucesor.

La IFR no tuvo efectos sobre los LPR, ya que los LPR se consideran registrados y se les emite una tarjeta de residente permanente como evidencia de registro.[49] Dichas personas no se ven afectadas por la designación en la IFR del Formulario G-325R como formulario de registro. El DHS señala que, según lo exige la ley, los LPR de 18 años de edad o más deben portar su evidencia de registro consigo. Véase la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e). Si la tarjeta de residente permanente de un LPR se pierde o es robada y el LPR presenta el Formulario I-90 para reemplazar su tarjeta, el LPR podría obtener evidencia temporal de estatus de LPR, como un sello de Identificación de Documentación y Telecomunicación de Extranjero (ADIT) (también conocido como sello I-551). Véase 8 CFR 264.5(h). Las agencias del DHS tienen acceso a las bases de datos del DHS, las cuales contienen información sobre un Formulario I-90 pendiente. De manera similar, las agencias del DHS tienen acceso a la base de datos del DHS para confirmar una solicitud de ajuste de estatus pendiente y si a un extranjero se le han tomado las huellas dactilares como parte de dicha solicitud.

Si la prueba de registro de un extranjero es el Formulario I-862, Aviso de Comparecencia, el extranjero debe portar esa prueba de registro y tenerla siempre en su posesión personal, según lo exige la ley. Véase 8 U.S.C. 1304(e); 8 CFR 264.1(b). Sin embargo, ese requisito no es una función de esta norma, sino una función de los requisitos de registro de extranjeros de la INA y de reglamentos de larga data.

Comentario: Múltiples comentaristas abordaron las implicaciones legales de aplicar los requisitos de registro a menores de edad. Los comentaristas señalaron que la aplicación de la norma provisional final (IFR) a menores de edad suscitaría numerosas preocupaciones y "pone de manifiesto la naturaleza desactualizada de la ley en la que se basa esta norma". Estos comentaristas observaron que, en las décadas transcurridas desde que se redactó la Ley de Registro de Extranjeros, nuestra comprensión de la niñez y la adolescencia ha evolucionado, incluyendo leyes posteriores que reconocen las vulnerabilidades y diferencias únicas y significativas de los niños. Para respaldar su posición sobre lo que perciben como un alejamiento de la norma provisional final respecto de la ley y la ciencia predominantes sobre la niñez y la adolescencia, los comentaristas citaron ejemplos de jurisprudencia, como Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); In re Gault, 387 U.S. 1 (1967); y Matter of Devison, 22 I&N Dec. 1362 (BIA 2000). Un comentarista, haciéndose eco de estas observaciones, señaló que el derecho migratorio ha reconocido desde hace tiempo una distinción entre el derecho juvenil y el de adultos, y que los niños no han sido sometidos a los mismos estándares que los adultos.

Múltiples comentaristas escribieron que exigir a los niños de entre 14 y 18 años que se registren y proporcionen sus datos biométricos (huellas dactilares) contraviene normas de larga data en el sistema jurídico estadounidense. Los comentaristas escribieron que los expertos en justicia juvenil coinciden en que (página impresa 39284) las políticas de justicia juvenil y las partes interesadas deben evitar exponer a los jóvenes al sistema de justicia penal juvenil. Por lo tanto, razonaron los comentaristas, esperar que un niño en edad de escuela intermedia o secundaria conozca, comprenda y complete el complejo proceso y las implicaciones del registro ante el Gobierno Federal, o de lo contrario enfrentar exposición al sistema penal juvenil de los Estados Unidos por incumplimiento, sería "indebidamente gravoso y severo, además de inapropiado e infundado". Un comentarista, citando la Ley de Delincuencia Juvenil y 18 U.S.C. 5031 y 5032, observó que, si bien los estados determinan su propia edad de mayoría de edad, conforme al derecho federal, las personas menores de 18 años generalmente se consideran demasiado jóvenes para asumir plena responsabilidad penal y, por lo general, son procesadas a través de los tribunales juveniles estatales, y el enjuiciamiento como adultos ocurre solo en circunstancias específicas relacionadas con delitos violentos. El comentarista expresó preocupación por que las infracciones de los requisitos de registro y datos biométricos podrían potencialmente clasificar a los niños como "delincuentes juveniles" por no cumplir con regulaciones administrativas que quizás no comprendan completamente. El comentarista señaló que, para los menores extranjeros de 14 a 18 años, el cumplimiento de los requisitos de registro presupone que estos adolescentes tienen pleno conocimiento de su estatus migratorio y pueden actuar legalmente de manera independiente. El comentarista concluyó que canalizar a los niños extranjeros hacia los sistemas de tribunales juveniles o federales como consecuencia del incumplimiento de los requisitos de registro y datos biométricos podría potencialmente comprometer el bienestar de los niños e imponer cargas legales inapropiadas a los menores de edad.

Un comentarista afirmó que los requisitos de registro conforme a la norma provisional final (IFR) afectarían negativamente la seguridad, la salud y el bienestar de los niños, así como la integridad familiar. El comentarista sugirió que esto desafiaría los estándares universales establecidos en los tribunales estatales, así como en múltiples aspectos del derecho migratorio, que consideran el interés superior del niño. Específicamente, el comentarista escribió que los 50 estados y el Distrito de Columbia exigen a los tribunales considerar el interés superior del niño (por ejemplo, la seguridad y el bienestar del niño; sus intereses expresados; su salud; y sus derechos a la integridad familiar, la libertad, el desarrollo y la identidad) en las decisiones sobre la custodia, la ubicación u otros asuntos críticos de la vida del niño. Al proporcionar observaciones y ejemplos detallados, incluyendo la orientación de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) que exige a los jueces de inmigración "emplear procedimientos apropiados para la edad siempre que un menor demandado o testigo esté presente en la sala del tribunal", el comentarista afirmó que esa misma conciencia sobre lo que es mejor para los niños no se refleja en la norma provisional final.

Respuesta: El Congreso, mediante los términos expresos de la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, tuvo la intención de que el ARR se aplicara a los extranjeros de 14 años de edad o más. Es deber del DHS administrar y hacer cumplir esa ley. Véase la sección 103(a)(1) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a)(1); véase también la Orden Ejecutiva 14159, sección 7, 90 FR 8443 (20 de enero de 2025). Como se explicó en la IFR, la IFR no impuso ninguna nueva obligación de registro o toma de huellas dactilares distinta de las obligaciones ya contenidas en la INA, incluso para los niños que cumplen 14 años de edad. Los padres y tutores legales de los extranjeros menores de 14 años, no los propios niños, deben asegurarse de que esos niños extranjeros estén registrados.

Comentario: Los comentaristas expresaron preocupación de que la IFR sometería a los niños a requisitos de reporte "invasivos". Otro comentarista escribió de manera similar que el requisito de que los no ciudadanos estadounidenses de 14 años o más se registren, proporcionen sus huellas dactilares y proporcionen su dirección actual constituye una "extralimitación". El comentarista razonó que los derechos de los niños deberían estar protegidos por la ley, y que muchos extranjeros ya están registrados (por ejemplo, mediante el Formulario I-94, un EAD, o una visa de no inmigrante o de inmigrante). Por lo tanto, el comentarista concluyó que esta política no proporcionaría ninguna protección adicional, sino que, por el contrario, invadiría los derechos de los niños y generaría temor.

Numerosos comentaristas consideraron que los requisitos de reporte para menores de edad eran inapropiados o innecesarios. Muchos comentaristas dijeron que no es apropiado desde el punto de vista del desarrollo esperar que los niños de 14 a 18 años comprendan y cumplan con el requisito de registrarse y ser sometidos a la toma de huellas dactilares, o que resguarden o lleven siempre consigo la prueba de registro. Los comentaristas afirmaron que la IFR somete a los niños a un estándar poco realista y muy elevado, y que no se puede esperar que niños de apenas 14 años comprendan y cumplan con el requisito de registro o lleven consigo la prueba de registro, ni se puede esperar que estén al tanto de la necesidad de registrarse, además de las implicaciones consecuentes del incumplimiento. Otro comentarista observó en general que los niños no deberían ser tratados como adultos, independientemente de su estatus migratorio.

Un comentarista citó investigaciones sobre el desarrollo de niños y adolescentes y dijo que sería "injusto e imprudente" imponer un requisito tan trascendental a los niños, con base en lo que se sabe sobre su desarrollo. Otros comentaristas citaron numerosos estudios científicos y estándares dentro de la Comisión Federal de Sentencias para demostrar que el cerebro de los niños y adolescentes no se ha desarrollado completamente de una manera que les proporcione las habilidades de razonamiento necesarias para cumplir con los requisitos de registro o calcular de manera significativa los efectos a largo plazo de ciertas acciones.

Otro comentarista escribió de igual manera que el límite de edad del programa de menores no acompañados ilustra el entendimiento del gobierno de que los 18 años son un umbral razonable en el cual se puede esperar que un niño sea capaz de manejar sus asuntos de manera independiente. Por lo tanto, el comentarista concluyó que la aplicación de la IFR a los menores de 14 años ignora el entendimiento moderno de la adolescencia y la capacidad de un adolescente para comprender no solo el proceso, sino también las repercusiones de violar el requisito de registro. Un comentarista, que de manera similar planteó inquietudes relacionadas con el desarrollo de los menores sujetos a la IFR, razonó además que, para los adultos, las decisiones y las consecuencias que presenta la IFR ya son suficientemente difíciles de comprender plenamente; esperar que los niños tomen tal decisión sería "inconcebible".

Múltiples comentaristas expresaron de manera similar su preocupación de que la información requerida para el registro pueda no estar disponible o ser incomprensible para los menores de edad, y específicamente, los comentaristas señalaron que los niños de 14 años o más pueden haber sido muy pequeños cuando ingresaron a los Estados Unidos y pueden no tener fácil acceso a su historial migratorio, como su fecha de llegada. Otro comentarista explicó que las preguntas relacionadas con el historial migratorio, las fechas de entrada y la información de los padres pueden ser difíciles de conocer o recordar para los niños, y que las preguntas sobre antecedentes penales pueden ser malinterpretadas por un niño, incluidos los niños que han sido explotados o víctimas de trata por parte de actores criminales.

Los comentaristas también escribieron que el Formulario G-325R plantea preguntas complejas que los menores probablemente no comprenderían, tales como preguntas sobre actividades pasadas y futuras en los Estados Unidos. Un comentarista razonó que el proceso de registro es sumamente complejo, dejando "ningún margen para errores o vacíos"; sin embargo, el comentarista señaló que, dado que muchas de las personas que completan el formulario serían menores de edad y podrían tener un dominio limitado del inglés, tales errores podrían tener consecuencias graves para esa población. (página impresa 39285)

Un comentarista indicó que las preguntas relativas al historial migratorio, las fechas de ingreso y la información de los padres podrían ser difíciles de conocer o recordar para los niños, y que las preguntas sobre antecedentes penales podrían ser malinterpretadas por un niño, incluidos los niños que han sido explotados o víctimas de trata por parte de actores delictivos, lo que podría menoscabar los derechos legales de los niños. El comentarista señaló que muchas de estas preguntas podrían duplicar información solicitada en solicitudes de alivio legal que un niño ya podría tener registradas ante el gobierno.

Un comentarista, al expresar su preocupación por los efectos de la norma en los menores, escribió que el IFR no contempla disposiciones para brindar información o orientación adecuada al nivel de desarrollo en relación con las numerosas preguntas obligatorias del Formulario G-325R. Un comentarista señaló de manera similar que, en el caso de los niños menores de 14 años y sus tutores, existe una falta de instrucciones o adaptaciones específicas según la edad, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento involuntario.

Un comentarista escribió que exigir a los menores inmigrantes que se registren ante el Gobierno Federal podría generar costos fiscales y de salud innecesarios, al tiempo que expondría a los menores a ser blanco de acciones, arrestos y detenciones.

Respuesta: El DHS señala que muchos extranjeros ya están registrados y, por lo tanto, no se ven directamente afectados por este IFR ni por la nueva opción de registro general. La ley exige, con excepciones limitadas, que todos los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más deben solicitar su registro y ser tomados sus huellas dactilares, si así se requiere, antes de que venzan esos 30 días. De manera similar, los padres y tutores legales de los extranjeros menores de 14 años deben asegurarse de que dichos extranjeros estén registrados. Dentro de los 30 días posteriores a que un extranjero cumpla 14 años, todos los extranjeros previamente registrados deben solicitar su reregistro y ser tomados sus huellas dactilares. El DHS, mediante el IFR y la norma final, no ha modificado los requisitos de registro establecidos por el Congreso para los extranjeros. Corresponde al Congreso, dentro de sus facultades, y a su decisión de política, modificar el requisito legal de registro.

En cuanto a la complejidad de las preguntas del Formulario G-325R, los extranjeros de 14 años o más ya reciben notificación de inicio de procedimientos de expulsión y deben firmar personalmente sus solicitudes de beneficios migratorios. Véase 8 CFR 103.2(a)(2), 103.8(c)(2)(ii). Las preguntas del Formulario G-325R son similares a las que se formulan en otros formularios de registro conforme al 8 CFR 264.1(a), incluido el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. En cuanto a los extranjeros menores de 14 años, el padre o tutor legal tiene el deber de registrar a los extranjeros menores de 14 años, utilizando una cuenta en línea de USCIS que el padre o tutor legal crea para el menor extranjero.

Además, los extranjeros menores de 18 años no están obligados a portar en todo momento la prueba de registro. El requisito legal de portación establecido en la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e), se aplica únicamente a los extranjeros de 18 años de edad o más que se encuentren en los Estados Unidos, incluidos, entre otros, aquellos que se registren mediante este nuevo proceso. La ley no exige que los menores de 18 años porten la prueba del registro.

Comentario: Otro comentarista sugirió que la aplicación del IFR a los menores es desacertada. El comentarista cuestionó de qué manera la toma de huellas dactilares a niños migrantes se enmarca en "Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión", y solicitó estadísticas sobre delitos cometidos por niños migrantes en los Estados Unidos. El comentarista también cuestionó por qué un niño necesitaría que se le tomen las huellas dactilares cuando está siendo colocado en un hogar de acogida, y preguntó si se hace lo mismo con los niños naturalizados.

Respuesta: La ley exige que la mayoría de los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más deban solicitar el registro y, con algunas excepciones basadas en la edad o el estatus de no inmigrante, ser tomados sus huellas dactilares. Esta norma es congruente con los requisitos descritos en la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, y la Orden Ejecutiva 14159, y simplemente establece una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con la norma final provisional (IFR) y esta norma final, no ha creado ni modificado los requisitos estatutarios de la obligación de un extranjero de registrarse ante el gobierno conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. El DHS tiene la obligación de ejecutar fielmente las leyes establecidas por el Congreso, incluido el requisito de registro de extranjeros. Véase la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a). La norma final provisional (IFR) estableció una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio.

Comentario: Los comentaristas también expresaron su preocupación de que los niños que se ven obligados a llevar consigo en todo momento prueba de registro podrían quedar marginados y separados de sus compañeros ciudadanos, lo cual, según un comentarista, tendría efectos perjudiciales en su desarrollo.

Respuesta: El DHS no está de acuerdo con la caracterización ni con el impacto descrito por los comentaristas. Los extranjeros menores de 18 años no están obligados a llevar consigo en todo momento prueba de registro. El requisito estatutario de portar dicha prueba, conforme a la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e), se aplica únicamente a los extranjeros de 18 años de edad o más que se encuentren en los Estados Unidos, incluidos, entre otros, aquellos que se registren mediante este nuevo proceso. La ley no exige que los niños menores de 18 años lleven consigo prueba del registro.

Comentario: Un comentarista preguntó si los niños menores de 14 años que ingresan a los Estados Unidos con una visa deben volver a registrarse conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, incluido el nuevo requisito de registrarse y que se les tomen las huellas dactilares al cumplir 14 años.

Respuesta: La ley, con excepciones limitadas, exige que, dentro de los 30 días posteriores a que un extranjero cumpla 14 años, todos los extranjeros previamente registrados deban solicitar su nuevo registro y que se les tomen las huellas dactilares. Véase la sección 262(b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(b).

Comentario: Un comentarista criticó la norma final provisional (IFR) por considerarla confusa, cuestionó la aplicabilidad del requisito de datos biométricos a los menores de 14 años, y escribió que, según informes, las autoridades fronterizas emitieron una política que prevé la recopilación de datos biométricos de todos los menores, a pesar de la exención prevista en la IFR para los menores de 14 años.

Respuesta: La ley exige que los padres y tutores legales de los extranjeros menores de 14 años registren a dichos extranjeros. Estos extranjeros no están obligados a comparecer a una cita de servicios biométricos para registrarse, y USCIS proporcionará prueba del registro después de que el padre, la madre o el tutor legal cumpla con el requisito de registro. La recopilación de datos biométricos por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está fuera del alcance de esta norma.

Comentario: Un comentarista señaló que la IFR está plagada de ambigüedades que requieren mayor aclaración por parte del DHS, incluido el grado en que los requisitos de registro son retroactivos, y si abarcan a las personas que ingresaron a los Estados Unidos más de 30 días antes de que se publicara o entrara en vigor la IFR, o si abarcan a los niños sujetos a registro al cumplir 14 años que cumplieron dicha edad más de 30 días antes de que se publicara o entrara en vigor la IFR. El comentarista señaló que, si no es retroactiva, entonces no queda claro si el DHS está fijando la fecha de aplicabilidad en la fecha de publicación de la IFR, el 12 de marzo de 2025, o en la fecha de entrada en vigor de la IFR, el 11 de abril de 2025.

Respuesta: El DHS, con la IFR y esta regla final, no ha creado nuevos requisitos ni modificado las obligaciones legales de la mayoría de los extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos durante 30 días o más de cumplir con los requisitos de registro. Esta reglamentación ha (página impresa 39286) establecido una opción general de registro para garantizar que todos los extranjeros tengan una manera de registrarse. La IFR tuvo una fecha de entrada en vigor del 11 de abril de 2025, y por lo tanto proporcionó un aviso suficiente nuevamente de la prioridad de cumplimiento conforme a la directiva del presidente Trump sobre la prioridad de cumplimiento. Véase 90 FR 11793 (12 de marzo de 2025); véase también DHS, Comunicado de Prensa, "La Secretaria Noem Recuerda a los Extranjeros que se Registren bajo la Ley Federal de Larga Data o Enfrenten Sanciones Legales" (11 de abril de 2025), https://www.dhs.gov/​news/​2025/​04/​11/​secretary-noem-reminds-foreign-nationals-register-or-face-legal-penalties. En cualquier caso, han transcurrido muchos meses desde la publicación de la IFR.

Comentario: Los comentaristas señalaron que los niños menores de 14 años a quienes se les expidió una visa de inmigrante o de no inmigrante ya estaban registrados conforme a la sección 221 de la INA, 8 U.S.C. 1201, y no deberían tener que registrarse nuevamente.

Respuesta: El DHS coincide en que un extranjero que no ha cumplido 14 años y a quien se le expidió una visa de inmigrante o de no inmigrante antes de su admisión a los Estados Unidos se considera registrado conforme a la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302. Sin embargo, estos extranjeros deberán volver a registrarse y ser tomados sus huellas dactilares dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años, de conformidad con la sección 262(b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(b).

Comentario: Un comentarista señaló que no está claro si todos los niños que recibieron el Formulario I-551 mientras tenían menos de 14 años están exentos del proceso siempre que cumplan con la regla vigente de presentar un Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años para solicitar una nueva Tarjeta Verde.

El comentarista también preguntó si los niños que no presentan un Formulario I-90 dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años porque su Tarjeta Verde actual vence antes de que cumplan 16 años, necesitarían completar el Formulario G-325R cuando cumplan 14 años. Estos niños están utilizando la excepción reglamentaria que les permite no presentar un Formulario I-90 (ni ser tomados sus huellas dactilares) hasta que presenten su solicitud de extensión rutinaria de la Tarjeta Verde dentro de los 6 meses previos al vencimiento de la tarjeta.

Respuesta: El DHS señala que, de conformidad con 8 CFR 264.1(g), un extranjero que cumple 14 años y que es un LPR debe solicitar el registro y ser tomado sus huellas dactilares, salvo que se exima de ello. Véase la sección 262(a) de la INA, 8 U.S.C. 1302(a); véase también 8 CFR 264.1(g). Como se señala en las instrucciones del Formulario I-90, dicho extranjero presenta el Formulario I-90 para cumplir con su deber de registrarse ante el gobierno conforme al estatuto.[50] Dicho extranjero no presentaría el Formulario G-325R. El DHS también está solicitando comentarios en la sección V de este preámbulo sobre la actualización del texto reglamentario en 8 CFR 264.5(b)(8) para alinearlo con la sección 262(b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(b), que exige que los extranjeros que cumplen 14 años se registren independientemente de si fueron registrados previamente. Las instrucciones del Formulario I-90 son claras en este punto, y precisas.

Comentario: Algunos comentaristas abordaron ambigüedades en el análisis de la IFR sobre las disposiciones relativas a menores. Los comentaristas señalaron que la regla establece en una sección que si los niños tienen uno de los formularios enumerados, "no necesitan registrarse nuevamente", mientras que en otra sección, la regla establece que todos los niños "no ciudadanos" deben registrarse cuando cumplan 14 años, hayan sido registrados previamente o no. Un par de estos comentaristas citaron la regla, señalando que si bien la IFR explica que alguien "que se haya registrado previamente conforme a 8 CFR 264.1(a), o... que tenga evidencia de registro conforme a 8 CFR 264.1(b), no necesita registrarse nuevamente", en otra parte establece que las poblaciones afectadas incluyen a un "no ciudadano" "haya sido registrado previamente o no, que cumpla 14 años en los Estados Unidos y que, por lo tanto, deba registrarse dentro de los 30 días posteriores a su decimocuarto cumpleaños".

Respuesta: El estatuto exige que los extranjeros menores de 14 años que permanezcan en los Estados Unidos durante 30 días o más sean registrados por sus padres o tutores legales antes de que venzan los 30 días. No existe requisito de huellas dactilares para el registro de estos extranjeros menores de 14 años. USCIS y la antigua INS han aplicado de manera constante el lenguaje claro de la sección 262(b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(b) (por ejemplo, en el contexto de los residentes permanentes legales (LPR) que cumplen 14 años) a lo largo de los años. El lenguaje amplio de la segunda oración de la sección 262(b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(b) ("cuando cualquier extranjero cumpla su decimocuarto cumpleaños en los Estados Unidos deberá") obliga a dichos extranjeros a registrarse nuevamente y a tomarse las huellas dactilares (a menos que se exima de ello) dentro de los 30 días posteriores a su decimocuarto cumpleaños. Este requisito ha estado vigente en la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302(b), sin enmienda alguna por parte del Congreso, desde que el requisito de registro de extranjeros (ARR, por sus siglas en inglés) se incorporó inicialmente a la INA en 1952. De hecho, el requisito (utilizando este lenguaje) apareció inicialmente en la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 (Alien Registration Act of 1940), Ley Pública 76-670.

Comentario: Un comentarista señaló que la norma provisional final (IFR) no aborda cómo se aplicarían las sanciones penales enumeradas a los niños que podrían no estar en condiciones de cumplir con los requisitos para registrarse o mantener prueba de su registro.

Los comentaristas señalaron que la norma guarda silencio sobre las implicaciones para un niño que no vive con un padre o tutor legal, o que vive con uno que es abusivo o negligente y no lo registra en su nombre.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que el requisito de registro de extranjeros, incluidas las disposiciones relativas a los niños menores de 14 años, aquellos que recientemente cumplieron 14 años dentro de los Estados Unidos, o aquellos de 14 años de edad o más, así como las sanciones penales relacionadas, ha formado parte de nuestras leyes desde 1940. La IFR y la norma final añaden otro método para el cumplimiento de los requisitos estatutarios de registro existentes. Esta IFR no creó ni modificó las obligaciones y consecuencias relacionadas con el requisito de registro, incluidas las sanciones penales. El requisito de registro fue establecido por el Congreso hace muchas décadas y, por lo tanto, es un requisito legal de larga data. Si bien el DHS se remite a sus socios del Departamento de Justicia (DOJ) en lo relativo a la aplicación de las disposiciones penales, el DHS señala que, en el caso de los niños menores de 14 años, los propios niños no enfrentan sanciones penales por no registrarse o negarse a hacerlo, sino que los padres y/o tutores legales podrían enfrentar sanciones penales. Para aquellos de 14 años de edad o más, el DHS señala que solo se sanciona la omisión o negativa "deliberada" de registrarse, conforme a la sección 266(a) de la INA, 8 U.S.C. 1306(a).

Comentario: Un comentarista señaló que la IFR no considera cómo las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que implementan el requisito de portar documentación distinguirían entre niños menores de 18 años y jóvenes de 18 años o más. El comentarista preguntó si esto impone implícitamente un requisito separado de portar documentación para los adolescentes sujetos a registro, de llevar siempre consigo prueba de su edad, y preguntó qué tipo de prueba de edad sería suficiente.

Respuesta: El DHS señala que la IFR y esta norma no han modificado los procedimientos relacionados con los requisitos de portar documentación conforme a la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e). Los comentarios relativos a la aplicación de la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e) están fuera del alcance de esta reglamentación. Sin embargo, en general, las agencias del DHS encargadas de hacer cumplir el requisito de portar documentación tienen acceso a las bases de datos del DHS (página impresa 39287), que contienen no solo información sobre si el DHS ha emitido prueba de registro a un extranjero específico, sino también la edad del extranjero. Además, a los extranjeros menores de 18 años no se les exige portar prueba de registro en todo momento. El requisito estatutario de portar documentación conforme a la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e) se aplica únicamente a los extranjeros de 18 años de edad o más que se encuentren en los Estados Unidos, incluidos, entre otros, aquellos que se registren mediante este nuevo proceso. El estatuto no exige que los niños menores de 18 años porten prueba del registro.

Comentario: Al citar informes y evidencia anecdótica, un comentarista expresó además preocupación de que la incertidumbre sobre los requisitos de registro podría exponer a los menores a posibles abusos. Específicamente, el comentarista dijo que un "requisito de registro universal" para los extranjeros, tal como se propone en el IFR, aumentaría los vectores mediante los cuales los actores malintencionados que se hacen pasar por agentes federales pueden explotar a los migrantes vulnerables, particularmente a los menores, al mismo tiempo que dificultaría el cumplimiento de los requisitos de registro.

Un comentarista expresó preocupación de que interrogar a menores "indocumentados" de tan solo 14 años de edad proporcionaría una vía para encarcelarlos, y agregó que los centros de detención son perjudiciales para la salud mental y física, e incluso mortales.

Un comentarista expresó preocupaciones de seguridad relacionadas con el requisito de registro para padres y tutores legales, al mismo tiempo que discutía los riesgos para la seguridad y estabilidad familiar. El comentarista expresó preocupación por la separación familiar bajo el IFR, afirmando que al someter a los padres que no se registren o que carezcan de prueba de registro a detención o procesamiento penal, el IFR institucionalizaría la separación familiar y el daño psicológico a los niños. El comentarista agregó que el IFR requiere que los padres proporcionen voluntariamente información sobre sus hijos que podría exponer a sus hijos a la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo la detención y la deportación, afectando la autoridad de los padres para dirigir la educación, crianza y supervisión de sus hijos. El comentarista concluyó que estos impactos en el bienestar, la autonomía y la integridad familiar violarían la sección 654 de la Ley General de Asignaciones del Tesoro de 1999.

Respuesta: Como se indica en el IFR, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha determinado que la implementación de esta reglamentación no afectará negativamente el bienestar familiar de conformidad con la sección 654 de la Ley de Asignaciones Generales del Tesoro y del Gobierno de 1999 [51] y no tendrá ningún impacto en la autonomía e integridad de la familia como institución. Véase 90 FR 11793, 11799 (12 de marzo de 2025). El requisito de registro no afecta ni la estabilidad ni la seguridad de la familia, particularmente en términos del compromiso matrimonial, ni el bienestar general de una familia. Por el contrario, como se describe en la Orden Ejecutiva del Presidente Trump, hacer cumplir las leyes de inmigración de la Nación es de importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos y de las personas presentes dentro de los Estados Unidos. Véase la Orden Ejecutiva 14159, sec. 1.

Comentario: Un comentarista, que ofreció observaciones muy detalladas sobre el IFR, afirmó que los Menores Extranjeros No Acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) se encuentran entre las poblaciones más vulnerables del mundo, con miles que huyen de la violencia, la persecución, el abuso y la trata de personas cada año. El comentarista señaló que el Congreso creó protecciones procesales específicas para los UAC en la TVPRA para prevenir su devolución a la trata de personas y otros daños. El comentarista escribió que la TVPRA proporciona salvaguardas para los UAC, incluyendo la exención de la remoción expedita, la colocación en procedimientos de remoción migratoria completos, el derecho a que las solicitudes de asilo sean consideradas primero por USCIS en un entorno de entrevista, y la exención del plazo de presentación de un año para el asilo y de la prohibición de tercer país seguro. El comentarista expresó preocupación de que el IFR no considere estas protecciones existentes ni las necesidades únicas de los UAC. Además, el comentarista observó que el IFR no menciona específicamente a los UAC, sus protecciones legales, ni proporciona una exención para esta población. El comentarista además advirtió que la falta de consideración por parte del DHS de las formas específicas en que el IFR afectaría a los UAC podría causar un daño significativo como resultado del incumplimiento.

Respuesta: El DHS señala que las diversas protecciones existentes mencionadas en el contexto de los UAC fueron establecidas por el Congreso mediante legislación. Si bien se han promulgado diversas piezas de legislación que brindan protecciones para los UAC, el Congreso no ha realizado ningún cambio a las secciones 262 a 266 de la INA, 8 U.S.C. 1302 a 1306, con respecto a los UAC y el requisito de registro de extranjeros. Sin embargo, el DHS señala que la disposición penal relacionada con el incumplimiento o la negativa a registrarse no se aplica a los extranjeros menores de 14 años de edad, y para los extranjeros de 14 años de edad o más requiere que dicho incumplimiento o negativa a registrarse sea deliberado. Véase la sección 266(a) de la INA, 8 U.S.C. 1306(a). Además, el requisito de portación de la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e), solo se aplica a los extranjeros de 18 años de edad o más a quienes el DHS les haya emitido evidencia de registro.

Comentario: Un comentarista expresó preocupación porque la norma no aborda si y cómo los menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) que no tienen padres o tutores legales en los Estados Unidos cumplirían con el requisito de registro inicial; quién sería responsable de registrar a los niños bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) o entregados a un patrocinador que no sea padre o tutor; y cómo los menores no acompañados que cumplen 18 años se enterarían de si fueron registrados previamente o cómo podrían proporcionar evidencia de dicho registro. Otro comentarista también planteó preocupaciones sobre el cumplimiento para aquellos bajo custodia gubernamental con la ORR. Un comentarista señaló que puede ser particularmente difícil para los menores no acompañados y para quienes estuvieron previamente bajo custodia del Gobierno Federal obtener la información requerida para el registro.

Un comentarista afirmó que la Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés), tal como está redactada, causaría confusión entre los proveedores de albergue y los patrocinadores sobre si y cuándo los niños bajo custodia de la ORR deben registrarse, y quién es responsable del registro. El comentarista advirtió que esta confusión podría exponer a los niños a una detención prolongada y a un arresto posterior debido a la vaguedad de la norma respecto a quién tiene la responsabilidad de registrarlos y cómo cumplir cuando un niño está bajo custodia gubernamental. El comentarista expresó además su preocupación porque la IFR no proporciona a los niños un mecanismo para cumplir mientras están bajo custodia gubernamental. Explicaron que a los niños en los albergues de la ORR rara vez se les permite salir y enfrentarían barreras estructurales para cumplir con los requisitos de registro, incluyendo la falta de acceso básico a las normas o la posibilidad de obtener huellas dactilares y datos biométricos. Finalmente, el comentarista advirtió que la IFR deja a los niños en hogares de acogida que están bajo la custodia de agencias estatales de cuidado temporal vulnerables al riesgo de arresto y deportación.

Varios comentaristas expresaron preocupación porque la IFR carece de claridad respecto a quién estaría obligado a registrar a un menor no acompañado entregado a un patrocinador que no sea ni padre ni tutor legal. Un comentarista manifestó preocupación porque la norma carece de claridad respecto a su aplicación a los menores no acompañados y sus patrocinadores, lo cual, según señaló, podría hacer menos probable que puedan determinar si están obligados a completar el Formulario G-325R para registrarse ante el Gobierno Federal (página impresa 39288). El comentarista escribió que, conforme a la IFR, los padres y tutores legales de menores extranjeros menores de 14 años tienen el deber de registrar a su hijo, pero la IFR no toma en cuenta el hecho de que muchos menores no acompañados menores de 14 años son entregados a un patrocinador que no es su padre ni su tutor legal. Citando datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), el comentarista señaló que, desde el 30 de noviembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el 49.7 por ciento de los menores no acompañados bajo custodia de la ORR fueron entregados a un patrocinador que no era ni padre ni tutor legal. Comentando desde la perspectiva de un proveedor de servicios legales para muchos menores no acompañados, el comentarista expresó profunda preocupación por la falta de claridad respecto a quién está obligado a registrar a dichas personas y las posibles sanciones por no registrarse antes de los 14 años, y solicitó orientación adicional por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre cómo garantizar que los niños inmigrantes jóvenes cumplan con la IFR.

Un comentarista afirmó que la IFR no aborda si y cómo se aplicaría el requisito de registro a los niños menores de 14 años colocados con patrocinadores que no son padres ni tutores. El comentarista expresó preocupación porque los niños podrían ser registrados de manera inconsistente o con información inexacta, o verse obligados a interactuar con padres con quienes de otro modo podrían no estar en contacto, lo que podría poner en riesgo de daño a niños que buscan protección contra el abuso, el abandono, la negligencia o maltrato parental similar. Además, el comentarista señaló que no está claro si se informaría a los menores no acompañados o a los patrocinadores sobre los requisitos de registro a través de orientaciones legales durante el cuidado de la ORR o al momento de su liberación, y cómo los niños que cumplen 14 años mientras están bajo el cuidado de un patrocinador que no es padre ni tutor se enterarían de los requisitos relacionados para registrarse ellos mismos. El comentarista también expresó preocupación porque el estado de registro de un niño podría variar de manera inesperada con el tiempo según la presentación o recepción de formularios de inmigración, su edad u otros factores, lo que generaría confusión y barreras, particularmente para los menores no acompañados que cumplen 18 años, de quienes se espera que lleven consigo en todo momento prueba de registro o de lo contrario enfrenten sanciones significativas.

Un comentarista señaló que la norma tendría un efecto disuasivo sobre los posibles patrocinadores de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés), quienes podrían temer que serían señalados como objetivo si no se han registrado, o que, al aceptar patrocinar a un menor no acompañado de edad inferior a 14 años, asumirían una obligación legal de garantizar que dicho menor esté registrado.

Otro comentarista escribió que la falta de claridad en torno a la aplicabilidad de la norma final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) a los menores no acompañados aumentaría la renuencia entre los niños inmigrantes a confiar en las fuerzas del orden o cooperar con ellas, lo que causaría un perjuicio particular a los niños que son víctimas o testigos de trata de personas u otros delitos, haciendo que los niños y las comunidades estén menos seguros.

Un comentarista, citando múltiples estudios e informes, afirmó que los niños inmigrantes, incluidos muchos menores no acompañados a quienes atiende el comentarista, han sufrido traumas, derivados de la pobreza, la trata de personas o la violencia, que afectan el desarrollo cognitivo, la madurez y la memoria. El comentarista indicó que estas condiciones podrían hacer que el proceso de registro resultara más difícil para estos niños. Un comentarista del sector de la salud señaló que los pediatras que brindan atención a niños inmigrantes están reportando gran confusión sobre cómo cumplir con la norma final provisional, ya que los pacientes que son menores no acompañados y sus familiares o cuidadores no comprenden si están sujetos a dicha norma. El comentarista indicó que sus miembros carecen de claridad por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre cómo asesorar mejor a estos pacientes.

Los comentaristas expresaron preocupación de que los menores no acompañados puedan enfrentar una separación familiar prolongada y un re traumatismo profundo si sus patrocinadores o familiares son procesados penalmente por no registrarse o no portar prueba de registro. De manera similar, un comentarista manifestó preocupación por los efectos disuasivos sobre quienes estén dispuestos a ser patrocinadores como resultado de la norma final provisional, ya que los adultos que viven con niños serían considerados penalmente responsables de cumplir con el requisito de registro. Esto, advirtió el comentarista, llevaría a que los niños permanezcan por períodos más prolongados bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), donde los planes de estudio educativos son limitados y ciertas necesidades de desarrollo, como los abrazos, están prohibidas. Un comentarista adicionalmente comentó que la aplicación prioritaria de medidas de ejecución contra quienes no cumplan con los requisitos de registro y toma de huellas dactilares podría afectar a los posibles patrocinadores de menores no acompañados, incluidos los padres y otros familiares de los niños, lo que dificultaría su capacidad de cuidar a los niños una vez que salgan de la custodia de la ORR. En consecuencia, señaló el comentarista, los niños podrían enfrentar un tiempo prolongado bajo el cuidado de la ORR o ser entregados a patrocinadores más distantes y potencialmente menos idóneos.

Un comentarista señaló que el Departamento no ofrece claridad alguna sobre qué sucedería con los menores que sean arrestados por incumplimiento, incluyendo si podrían ser devueltos a la custodia federal, como la de la ORR. El comentarista y otros, citando múltiples informes, expresaron preocupación adicional por los niños bajo custodia de la ORR debido a la complejidad de la norma y sus requisitos lingüísticos, lo cual, advirtieron los comentaristas, podría dar lugar a registros innecesarios de niños de 14 años o más y a acciones de ejecución contra los niños y sus familias. Los comentaristas señalaron que esto resulta particularmente preocupante, ya que la ORR ha comenzado a desmantelar los servicios legales para menores no acompañados y ha emitido su propia norma final provisional para que los empleados de la ORR compartan información sobre los patrocinadores con el ICE.

Un comentarista, al abordar inquietudes detalladas, escribió que la Regla Final Interina (IFR) guarda silencio respecto de si el DHS tiene la intención de aplicar el requisito de registro a los menores extranjeros no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) que se encuentran bajo custodia gubernamental. El comentarista indicó que tampoco está claro si la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) debe completar los formularios de registro para los niños bajo su custodia, cómo la ORR tomaría tales determinaciones, qué dirección física se utilizaría, cómo evitar la duplicación del registro, y otras consideraciones relativas a los UAC. El comentarista señaló que la duración promedio de la estadía bajo custodia de la ORR supera los 30 días, y que algunos niños pueden permanecer en colocaciones de cuidado de crianza a largo plazo durante meses o más tiempo, lo que significa que muchos UAC podrían seguir bajo el cuidado del gobierno cuando se les exija cumplir con las disposiciones de registro. Citando la Guía de Políticas de la ORR, el comentarista explicó que la ORR actualmente lleva a cabo ciertas acciones para garantizar la asistencia del niño a las audiencias de inmigración programadas mientras se encuentra bajo custodia y facilita el acceso a orientaciones legales y evaluaciones; sin embargo, el comentarista señaló que, por lo general, la ORR no debe hacer declaraciones ni compartir información sobre el caso de inmigración de un niño con otras agencias federales, a menos que así lo solicite el niño o su proveedor de servicios legales. El comentarista afirmó que estas salvaguardas reconocen el efecto perjudicial y dañino que el intercambio no autorizado de información podría tener sobre los derechos del niño, la adjudicación justa de las solicitudes de protección humanitaria, y la seguridad general.

El comentarista expresó preocupación porque el Formulario G-325R incluye numerosas preguntas que podrían tener relevancia para el caso de inmigración de un niño y que también podrían estar contenidas en otras solicitudes legales que el niño está completando o ha presentado. El comentarista manifestó que sería inapropiado y perjudicial que la ORR completara este formulario en nombre de un niño, particularmente sin que el niño tenga la posibilidad de consultar con un abogado.

Un comentarista expresó preocupación por la posibilidad de encarcelamiento de los UAC debido al incumplimiento de los requisitos analizados en la IFR, señalando que esto plantea cuestiones serias que el Departamento debería haber considerado, pero que no se abordan en la IFR. El comentarista afirmó que, por lo tanto, sería (printed page 39289) posible que los UAC enfrenten una nueva detención bajo custodia de la ORR o en instalaciones del ICE u otras instalaciones de aplicación de la ley. El comentarista cuestionó cómo tales arrestos se ajustarían a la TVPRA, el Acuerdo Flores, y las reformas de justicia juvenil relativas a las condiciones y protecciones procesales para niños y jóvenes.

Respuesta: El reglamento provisional (IFR) y la presente regla final tienen un alcance limitado y establecen una opción de registro general disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. Cuando el Congreso estableció el requisito de registro de extranjeros en 1940, no abordó los escenarios en los que un menor extranjero de menos de 14 años que debiera registrarse estuviera presente en los Estados Unidos sin un padre, madre o tutor legal. Sin embargo, el estatuto y los procesos de registro no exigen que el padre, la madre o el tutor legal estén ellos mismos presentes en los Estados Unidos para registrar a un menor extranjero de menos de 14 años, conforme a lo exigido en la sección 262(b) de la INA, 8 U.S.C. 1302(b). Lo mismo aplica para los menores no acompañados (UAC) de menos de 14 años bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) o que hayan sido entregados a un patrocinador que no sea su padre, madre o tutor legal; el estatuto sigue imponiendo la obligación de registrar al UAC al padre, madre o tutor legal. El estatuto no impone la obligación de registrar al UAC a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) ni a ningún patrocinador que no sea padre, madre o tutor legal. Además, en general, a los UAC se les notifica mediante el Formulario I-862, Aviso de Comparecencia, y se les coloca en procedimientos de remoción por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes de que el UAC sea transferido al cuidado, custodia y colocación de la ORR. Véase 8 U.S.C. 1232(a)(5)(D) y 8 CFR 236.3(f)(1). Se considera que los UAC están registrados una vez que el DHS emite el Formulario I-862. Véase 8 CFR 264.1(b). En cuanto a los UAC que tienen 14 años de edad o más, el DHS señala que ya reciben la notificación personal de inicio de procedimientos de remoción mediante el Formulario I-862, Aviso de Comparecencia, lo cual constituye evidencia de registro conforme al 8 CFR 264.1(b), y deben firmar sus propias solicitudes de beneficios migratorios. Véase 8 CFR 103.8(c)(2)(ii); véase 8 CFR 103.2(a)(2). El DHS, conforme a las instrucciones del presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14159, ha difundido información sobre el deber de los extranjeros descrito en la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, de registrarse y ser tomados sus huellas dactilares (si así se requiere). Además de las acciones normativas para difundir información sobre el requisito de registro de extranjeros, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) estableció un sitio web dedicado con información sobre el Requisito de Registro de Extranjeros (ARR) y una Herramienta ARR que puede ayudar a los extranjeros a determinar si deben registrarse.

Asimismo, como se mencionó anteriormente, la disposición penal relativa al incumplimiento o la negativa a registrarse no se aplica a los extranjeros menores de 14 años. Si bien el DHS se remite a sus contrapartes en el Departamento de Justicia (DOJ) en lo relativo a la aplicación de las disposiciones penales, el DHS señala que, para los extranjeros de 14 años de edad o más, solo se sanciona el incumplimiento o la negativa "deliberada" a registrarse o a que se les tomen las huellas dactilares, conforme a la sección 266(a) de la INA, 8 U.S.C. 1306(a).

Si algún extranjero no está seguro de si está registrado, puede utilizar la Herramienta ARR establecida por el USCIS para determinar si debe registrarse.[52] Además, el requisito de portar documentación establecido en la sección 264(e) de la INA, 8 U.S.C. 1304(e), solo se aplica a los extranjeros de 18 años de edad o más a quienes el DHS les haya expedido evidencia de registro.

Comentario: Tras la colocación de un menor no acompañado con un patrocinador, se debe entregar al menor un Aviso de Comparecencia (Formulario I-862), el cual, conforme al 8 CFR 264.1(b), se considera que satisface los requisitos de registro; sin embargo, múltiples comentaristas expresaron confusión y preocupaciones prácticas sobre el cumplimiento de los requisitos de registro por parte de los UAC mediante un Aviso de Comparecencia. Los comentaristas señalaron que, si bien la regla exime a quienes han recibido un Aviso de Comparecencia, esto resultaría confuso para muchos UAC y sus familias. Escribieron que los UAC no solo pueden desconocer la documentación específica que han recibido debido a su edad, vulnerabilidad y falta de competencia legal, sino que también es posible que no hayan recibido un Aviso de Comparecencia. Citando un informe, algunos comentaristas escribieron que, hasta hace poco, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantenía una política de postergar la presentación ante los tribunales de inmigración de los Avisos de Comparecencia de los UAC hasta su colocación con patrocinadores. Además, razonó el comentarista, la recepción de los Avisos de Comparecencia por parte de los jóvenes no acompañados también se ha visto obstaculizada por los cambios de domicilio entre los menores y sus familias, así como por errores de información y notificaciones indebidas por parte del gobierno.

Un comentarista señaló que los abogados han reportado muchos casos en los que el DHS no presenta o se demora en presentar los NTA (Avisos de Comparecencia) que se han emitido a los UAC (menores extranjeros no acompañados) ante la EOIR (Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración) del DOJ (Departamento de Justicia). El comentarista dijo que, en los casos en que el formulario no se presenta ante la EOIR de manera oportuna, no se debería esperar que un menor no acompañado presente el Formulario G-325R; en cambio, una vez que se le ha emitido un NTA, debería considerarse que está registrado. El comentarista expresó preocupación por que el IFR (reglamento provisional final) no contempla este escenario y solicitó claridad respecto de si la emisión del Formulario I-862 sin la presentación de dicho formulario ante la EOIR satisfaría los requisitos de registro.

Respuesta: El IFR y esta regla tienen un alcance limitado y establecen una opción general de registro disponible para todos los extranjeros no registrados, independientemente de su estatus migratorio. Los reglamentos identifican el Formulario I-862 como constitutivo de prueba de registro conforme al 8 CFR 264.1(b), y se considera que un extranjero que cuenta con esta prueba de registro ha cumplido con su deber de registrarse ante el gobierno conforme a la sección 262(a) de la INA, 8 U.S.C. 1302(a). Si un UAC o su patrocinador no está seguro de si el UAC está registrado, el UAC o su patrocinador puede utilizar la Herramienta ARR establecida por USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) para determinar si un extranjero debe registrarse.[53]

Comentario: Un comentarista expresó preocupación por el requisito de admitir adjudicaciones juveniles, incluso aquellas que fueron selladas, lo cual, según el comentarista, podría tener consecuencias migratorias que los menores no entenderían.

Respuesta: Conforme a la sección 262(a) de la INA, 8 U.S.C. 1302(a), los formularios designados para registrar a los extranjeros "deberán contener preguntas con respecto a. . . los antecedentes policiales y penales, si los hubiera, de dicho extranjero". Véase INA sec. 264(a), 8 U.S.C. 1304(a). Muchos formularios utilizados para solicitar beneficios migratorios requieren información sobre los antecedentes penales del solicitante, incluso si la actividad delictiva ocurrió cuando el solicitante era menor de edad. Véase, por ejemplo, el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, Parte 9, Pregunta 23; Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Retención de la Remoción, Parte B, Pregunta 2.

Comentario: Un comentarista expresó sus preocupaciones sobre la confusión y los desafíos de cumplimiento para los UAC, incluidos aquellos bajo custodia de la ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados), y sugirió que debería existir, como mínimo, una exención clara para los menores que se encuentran actualmente o que han estado anteriormente bajo custodia federal de inmigración. El comentarista razonó que estos menores ya han sido procesados por agencias gubernamentales y deberían haber recibido un NTA, aunque es posible que no lo tengan en su posesión debido a prácticas y políticas del gobierno, y que estos menores necesariamente han proporcionado información biográfica y biométrica, lo que hace innecesario un registro adicional. Otro comentarista instó al DHS a rescindir el IFR y, como mínimo, exentar a los UAC de las disposiciones, a fin de evitar el regreso de esta población a la trata de personas y otros daños. El comentarista sugirió que, en lugar de aumentar las barreras para los UAC que enfrentan daños conocidos, el DHS podría haber exentado por completo a los UAC (página impresa 39290) o considerado otras solicitudes legales de los menores como prueba de registro.

Respuesta: El estatuto establece exenciones limitadas [54] a los requisitos de registro de extranjeros. El IFR y esta regla final no han creado ni modificado los requisitos estatutarios establecidos por el Congreso que se aplican a los extranjeros menores de 14 años, aquellos que recientemente han cumplido 14 años de edad dentro de los Estados Unidos, y aquellos de 14 años de edad o más que todavía son considerados "menores" para fines migratorios.

El DHS coincide en que los extranjeros a quienes se les ha emitido un NTA mediante el Formulario I-862 cuentan con prueba de registro conforme al 8 CFR 264.1(b) y no necesitarían completar la opción general de registro prevista en el IFR y esta regla final. En general, un extranjero ya está registrado si el extranjero:

Comentario: Un comentarista expresó preocupación de que los menores que presentan el Formulario I-360, en busca del estatus de SIJ, tendrían dificultades para evaluar si han cumplido con los requisitos de registro. El comentarista señaló que, después de presentar un Formulario I-360 basado en SIJ, generalmente no se requiere que los solicitantes asistan a citas biométricas; sin embargo, quienes presentan el Formulario I-765, después de recibir una determinación de acción diferida basada en SIJ, deben asistir a una cita biométrica, aunque no siempre se les toman las huellas dactilares. El comentarista indicó que muchos de estos menores no sabrían con certeza si están registrados y sería poco probable que completaran el Formulario G-325R por su cuenta. Instaron al Gobierno Federal a tomar en cuenta la edad y las vulnerabilidades particulares de los menores que solicitan el estatus de SIJ, y a eximir a los menores que presentan el Formulario I-360 del requisito de toma de huellas dactilares, tal como se exime a todos los menores de 14 años.

Respuesta: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según lo ordenado por el presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14159, ha dado a conocer información sobre el deber de los extranjeros descritos en la sección 262 de la INA, 8 U.S.C. 1302, de registrarse y tomarse las huellas dactilares (si se requiere). Además de las acciones de reglamentación para difundir información sobre el requisito de registro de extranjeros, USCIS estableció un sitio web dedicado con información sobre el ARR y una Herramienta ARR que puede ayudar a los extranjeros a determinar si deben registrarse. Si algún extranjero no está seguro de si está registrado, puede usar la Herramienta ARR establecida por USCIS para determinar si un extranjero debe registrarse.[55]

Un extranjero al que se le haya expedido uno de los documentos designados como evidencia de registro conforme al 8 CFR 264.1(b), incluido el Formulario I-766, Documento de Autorización de Empleo, ya se ha registrado. Sin embargo, un extranjero al que se le haya expedido evidencia de registro y que cumpla 14 años de edad en los Estados Unidos debe solicitar el reregistro dentro de los 30 días posteriores a su cumpleaños número 14 y tomarse las huellas dactilares, si se requiere. Estos extranjeros pueden presentar un Formulario G-325R para reregistrarse y tomarse las huellas dactilares.

Estas reglamentaciones no han creado ni modificado los requisitos estatutarios establecidos por el Congreso que se aplican a los extranjeros menores de 14 años, a aquellos que recientemente cumplieron 14 años de edad dentro de los Estados Unidos, y a aquellos de 14 años de edad o más que aún son considerados un "menor" para fines de inmigración.