OMB propone cambios a las reglas de subvenciones federales, sin relación con inmigración

Encabezados del Documento

Los encabezados de los documentos varían según el tipo de documento, pero pueden contener lo siguiente:

Consulte el Manual de Redacción de Documentos (Document Drafting Handbook) para obtener más detalles.

(página impresa 32198)

Oficina de Administración Financiera Federal, Oficina de Administración y Presupuesto; Departamento de Salud y Servicios Humanos; Departamento de Agricultura; Departamento de Estado; (página impresa 32199) Agencia para el Desarrollo Internacional; Departamento de Asuntos de Veteranos; Departamento de Energía; Departamento del Tesoro; Departamento de Defensa; Departamento de Transporte; Departamento de Comercio; Departamento del Interior; Agencia de Protección Ambiental; Corporación Internacional de Financiamiento del Desarrollo de los Estados Unidos; Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio; Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos; Comisión Reguladora Nuclear; Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario; Administración del Seguro Social; Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; Fundación Nacional de Ciencias; Administración Nacional de Archivos y Registros; Administración de Pequeños Negocios; Departamento de Justicia; Departamento del Trabajo; Departamento de Seguridad Nacional; Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas; Fondo Nacional para las Artes; Fondo Nacional para las Humanidades; Departamento de Educación; Banco de Exportación e Importación; Oficina Ejecutiva del Presidente, Oficina de Política Nacional de Control de Drogas; Cuerpo de Paz; Comisión de Asistencia Electoral; Consejo de Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo; Comisión Federal de Comunicaciones; Comisión de Seguridad de Productos de Consumo; Autoridad Regional del Delta; Subcomité de Tasación del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras; Comisión de Mamíferos Marinos; Corporación del Desafío del Milenio; Administración Nacional de Cooperativas de Crédito.

Regla propuesta.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) propone revisar la Guía para la Asistencia Financiera Federal con el fin de mejorar las políticas y los requisitos a nivel gubernamental relacionados con la administración de subvenciones, acuerdos de cooperación y otras formas de asistencia. La OMB propone revisiones que mejorarían la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de los premios federales en todo el Gobierno Federal. Esto incluye garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se desperdicien ni se utilicen indebidamente, que las actividades realizadas en virtud de los premios federales sean coherentes con la ley y la política, y que los beneficiarios rindan cuentas cuando no cumplan con los estándares pertinentes. Las revisiones también tienen como objetivo garantizar que los principios básicos estadounidenses de igualdad e igualdad de oportunidades se mantengan en todas las etapas del proceso de otorgamiento de premios y que ya no se permita la discriminación ilegal. Los cambios propuestos también incluyen brindar mayor claridad sobre el estatus regulatorio de los requisitos de la OMB y sobre el proceso para futuras actualizaciones de los requisitos a nivel gubernamental. Finalmente, la OMB también propone cambios para reducir la carga de los beneficiarios. Las agencias federales de otorgamiento de subvenciones enumeradas proponen cambios de conformidad en sus respectivas regulaciones de adopción, o, en el caso de algunas agencias y otras entidades, el establecimiento de nuevas regulaciones o políticas de adopción. Los cambios propuestos reflejan el compromiso de la administración con la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión adecuada del proceso federal de otorgamiento de subvenciones. Las regulaciones propuestas buscan garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se utilicen, en última instancia, para atender las necesidades del público estadounidense.

Los comentarios deben presentarse a más tardar el 13 de julio de 2026. Los comentarios tardíos solo se considerarán en la medida en que sea posible.

Los comentarios sobre esta propuesta deben presentarse electrónicamente antes de la fecha de cierre del período de comentarios en www.regulations.gov. Al enviar comentarios, busque las presentaciones recientes de la OMB para encontrar el expediente OMB-2026-0034, que incluye el texto completo de las revisiones propuestas, y envíe sus comentarios allí. Por favor, aclare a qué sección del reglamento se refiere cada comentario comenzando cada comentario con el número de sección correspondiente entre corchetes. Por ejemplo, si el comentario se refiere a 2 CFR 200.414, incluya lo siguiente antes del comentario [200.414].

Los comentarios públicos recibidos por la OMB y las agencias federales se publicarán en www.regulations.gov y constituirán un asunto de registro público. En consecuencia, no incluya ninguna información comercial confidencial ni información de privacidad personal en sus comentarios.

Andrew Reisig o Joel Savary en la Oficina de Gestión Financiera Federal de la OMB, por correo electrónico a [email protected].

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) propone revisar varias partes de la Guía de la OMB para la Asistencia Financiera Federal, ubicada en el título 2 del Código de Regulaciones Federales (CFR), subtítulo A, con el fin de mejorar y aclarar las políticas y los requisitos a nivel de todo el gobierno relacionados con la gestión de la asistencia financiera federal, incluidas las subvenciones y los acuerdos de cooperación. En el 2 CFR subtítulo B, las agencias federales enumeradas también proponen cambios de conformidad en sus respectivas regulaciones de implementación de los requisitos de política de la OMB en el subtítulo A. Como se explica con mayor detalle a continuación, la OMB propone revisar el 2 CFR por razones que incluyen: (1) mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión del uso de los dólares de los contribuyentes federales; (2) aclarar el estatus de las políticas y requisitos de la OMB establecidos en el texto reglamentario del 2 CFR como un reglamento de la OMB; y (3) reducir la carga de los beneficiarios.

Transparencia, rendición de cuentas y supervisión. El objetivo primordial de las revisiones propuestas por la OMB es mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de cómo se utilizan los dólares de los contribuyentes federales en el contexto del otorgamiento de subvenciones federales.[1] Es esencial que el Gobierno Federal brinde mayor supervisión sobre el diseño y la implementación de los programas federales a fin de prevenir el gasto derrochador y el uso indebido o la mala gestión de los fondos federales.

Aunque el gasto federal a través de subvenciones y otros tipos de asistencia financiera federal ha crecido exponencialmente desde el establecimiento inicial de las políticas de la OMB en las Circulares anteriores y el 2 CFR, las políticas correspondientes capaces de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de este mayor nivel de gasto siguen siendo deficientes en el texto reglamentario actual. Como resultado, los programas de asistencia financiera federal, y las actividades realizadas bajo las adjudicaciones federales, no siempre han permanecido debidamente alineados con los propósitos esenciales autorizados por ley, ni han servido a las necesidades del público estadounidense según lo previsto.

Esta falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión adecuada se hizo cada vez más evidente entre 2021 y 2024. Las adjudicaciones federales se utilizaron con frecuencia durante esos años para promover una agenda política "woke" que no reflejaba los valores de la gran mayoría del público estadounidense.[2] Por ejemplo, los programas federales y las oportunidades de financiamiento se diseñaron para promover políticas y preferencias ilegales basadas en la identidad de "Diversidad, Equidad e Inclusión" (DEI) en todo el país.[3] Estas políticas eran incompatibles con los valores fundamentales estadounidenses y las leyes de derechos civiles, incluidos los principios de igual protección de la Constitución de los Estados Unidos.[4] ( página impresa 32200) También estaban desalineadas, en muchos casos, con los propósitos públicos subyacentes autorizados por ley.[5] En conjunto, estas políticas desperdiciaron una gran cantidad de recursos de los contribuyentes y causaron un gran daño a la confianza pública en el gobierno.

La Hoja Informativa de la Casa Blanca del 7 de agosto de 2025 describe ejemplos de los tipos de gasto derrochador que ocurrieron como resultado de dichas políticas. Por ejemplo, las subvenciones federales financiaron prácticas ilegales de DEI,[6] diversas ideologías antiestadounidenses en la educación estadounidense,[7] estudios no replicables y altamente engañosos,[8] laboratorios dedicados a la investigación de ganancia de función,[9] y herramientas de censura en redes sociales impulsadas por inteligencia artificial.[10] Más recientemente, otra Hoja Informativa de la Casa Blanca del 8 de enero de 2026 proporcionó ejemplos del problema desenfrenado y generalizado del fraude en los Estados Unidos, incluso bajo programas de asistencia en Minnesota.[11]

Otro ejemplo de gasto derrochador lo proporciona un informe de 2023 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ese informe determinó que los beneficiarios de adjudicaciones federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) posiblemente utilizaron indebidamente los fondos para proporcionar servicios a inmigrantes ilegales.[12] Dicho posible abuso de los fondos de los contribuyentes resalta la necesidad de una supervisión adecuada de los dólares de los contribuyentes.

En otro ejemplo prominente, antes de esta administración, activistas de extrema izquierda se apropiaron de la labor fundamental realizada por el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que fue establecido para responder a la crisis del SIDA en África. Debido al gasto derrochador, PEPFAR se convirtió en un derecho de ayuda exterior de izquierda que intentó promover el aborto y la ideología de género. Además, un informe de agosto de 2025 de la Fundación Heritage señaló que, según el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, miles de millones de dólares en gastos generales y cargos de programas fluyen hacia organizaciones no gubernamentales (ONG) y contratistas en Washington, DC, en lugar de proporcionar ayuda humanitaria directa; y la supervisión insuficiente ha resultado en un desperdicio significativo de recursos de los contribuyentes.[13]

Otro ejemplo adicional lo proporciona un informe de 2024 del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos sobre el creciente fracaso de la objetividad en la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) durante la administración anterior.[14] Ese informe encontró que, de una muestra de más de tres mil subvenciones, más del diez por ciento, que totalizaba más de dos mil millones de dólares en financiamiento federal, se destinó a "proyectos cuestionables que promovían los principios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) o que imponían a la ciencia perspectivas neomarxistas sobre la lucha de clases perdurable". El informe también encontró que, para 2024, más de una cuarta parte de las nuevas subvenciones otorgadas por la NSF (27 por ciento) dirigían financiamiento a iniciativas DEI y otras perspectivas de extrema izquierda. Esto marcó un enorme aumento proporcional en el transcurso de solo tres años desde el 0.29 por ciento de las nuevas subvenciones otorgadas por la NSF con un enfoque similar en 2021.[15] Esta es solo una pequeña muestra de muchos ejemplos en todo el Gobierno Federal de gasto derrochador y otro uso indebido y mala gestión de fondos federales.

Los escasos dólares de los contribuyentes federales deben destinarse exclusivamente a lograr resultados para el pueblo estadounidense. Las actividades derrochadoras y divisivas no relacionadas con los propósitos centrales de los programas de subvenciones federales no deben subsidiarse con dólares de los contribuyentes. Las prácticas de otorgamiento de subvenciones que resultan en gasto derrochador y que se generalizaron durante la administración anterior solo pueden detenerse mediante la adherencia a controles internos sólidos en las agencias federales y una supervisión mejorada respecto a cómo se gastan los dólares federales.

El Gobierno Federal debe proporcionar más supervisión y transparencia respecto a cómo se utilizan los fondos federales en el otorgamiento de subvenciones para evitar la recurrencia de problemas similares en el futuro. Bajo la propuesta descrita en este documento, las agencias federales deben volver a diseñar los programas de asistencia y las actividades de adjudicación para que se alineen con los propósitos públicos esenciales autorizados por ley. La supervisión efectiva también incluye seguir las políticas del Poder Ejecutivo que eliminan varios tipos de gasto derrochador que ocurrieron en años anteriores, tales como mandatos DEI ilegales y otras actividades adicionales innecesarias que aumentan el costo y la complejidad del proyecto sin servir al propósito público subyacente de la adjudicación.[16] Las reformas propuestas son necesarias para garantizar una mayor rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos, y que cada dólar de los contribuyentes que gasta el Gobierno Federal mejore las vidas de los estadounidenses o promueva los intereses estadounidenses.[17]

Aclaración del estatus del texto reglamentario. Un segundo objetivo de esta reglamentación es aclarar el estatus del texto reglamentario del 2 CFR como una regulación de la OMB. Las revisiones propuestas se alinean con la autoridad estatutaria de la OMB para proporcionar dirección y liderazgo generales a las agencias federales en asuntos de administración financiera mediante el establecimiento de políticas y requisitos de administración financiera. Véase 31 U.S.C. 503(a)(2). Las autoridades adicionales para las revisiones propuestas de la OMB se establecen a continuación.

Reducción de la carga del beneficiario. Un tercer y último objetivo de esta reglamentación es reducir la carga del beneficiario. Por ejemplo, en lugar de necesitar enfocar esfuerzos y recursos extensos en mandatos DEI u otros requisitos adicionales innecesarios frecuentemente incluidos en las oportunidades de financiamiento en años anteriores, bajo la versión propuesta de la regulación los beneficiarios podrán restaurar el enfoque en la entrega eficiente de proyectos y en lograr realmente los propósitos públicos básicos del apoyo autorizado por ley.

La OMB también propone una serie de revisiones adicionales a lo largo de los capítulos I y II del subtítulo A del título 2 del CFR. (página impresa 32201) La OMB resume los cambios propuestos en este preámbulo. Al proponer los cambios, la OMB buscó mantener la estructura existente de la guía del título 2 del CFR de manera consistente con versiones anteriores, incluyendo, por ejemplo, la estructura de partes, subpartes y numeración de secciones.

Resumen en lenguaje sencillo: Puede encontrarse un resumen en lenguaje sencillo de esta norma en https://www.regulations.gov/.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) ha asistido a todos los presidentes modernos en garantizar que las prioridades del Presidente, de manera consistente con la ley aplicable, se tomen en cuenta de forma apropiada en las políticas de administración de subvenciones a nivel gubernamental y en las decisiones de otorgamiento de subvenciones de las agencias. En servicio de ese objetivo, en 1958, la Oficina del Presupuesto, predecesora de la OMB, emitió por primera vez la Circular A-21, “Principios de Costos para Instituciones Educativas”. En 1968, la Oficina del Presupuesto emitió por primera vez la Circular A-87, “Principios de Costos para Gobiernos Estatales, Locales y Tribales Indígenas”. En 1976, la OMB emitió por primera vez tanto la Circular A-110, “Requisitos Administrativos Uniformes para Subvenciones y Otros Acuerdos con Instituciones de Educación Superior, Hospitales y Otras Organizaciones Sin Fines de Lucro;” [18] como la Circular A-122, “Principios de Costos para Organizaciones Sin Fines de Lucro”. Todas estas Circulares fueron revisadas repetidamente en las décadas posteriores a su emisión inicial. Otras Circulares de la OMB ahora reemplazadas que proporcionaban requisitos relacionados con la administración de subvenciones incluían la Circular A-89, “Información sobre Programas Federales de Asistencia Nacional;” y la Circular A-133, “Auditorías de Estados, Gobiernos Locales y Organizaciones Sin Fines de Lucro”. [19]

Entre 2012 y 2013, la OMB trabajó con agencias federales para revisar y simplificar la guía y las Circulares existentes de la OMB relacionadas con la administración de subvenciones, a fin de desarrollar los “Requisitos Administrativos Uniformes, Principios de Costos y Requisitos de Auditoría para Adjudicaciones Federales” (Guía Uniforme) ubicados en la parte 200 del título 2 del CFR. 79 FR 78589 (26 de diciembre de 2013) (Guía Final de 2013). Véase también 77 FR 11778 (28 de febrero de 2012) (Aviso Anticipado de Guía Propuesta de 2012); 78 FR 7282 (1 de febrero de 2013) (Guía Propuesta de 2013). Este esfuerzo fue diseñado para ayudar a los programas a brindar mejores resultados en nombre del pueblo estadounidense, al mismo tiempo que se reducía la carga administrativa y el riesgo de fraude, desperdicio y abuso. La Guía Uniforme, publicada en 2013, consolidó, simplificó y reemplazó los requisitos de varias Circulares y documentos de guía anteriores de la OMB relacionados con la administración de subvenciones y la implementación de la Ley de Auditoría Única. En ese momento, la OMB explicó que la guía también tenía la intención de mejorar la claridad y accesibilidad de los requisitos en todo el Gobierno Federal.

Las agencias federales otorgantes de adjudicaciones implementaron la Guía Uniforme mediante una norma final provisional, que entró en vigor el 26 de diciembre de 2014. 79 FR 75867 (19 de diciembre de 2014) (Norma Final Provisional de Agencias Federales de 2014). Después de la Norma Final Provisional de Agencias Federales de 2014, la mayoría de las agencias no volvieron a emitir reglamentos de implementación cada vez que las políticas y requisitos a nivel gubernamental contenidos en el subtítulo A del título 2 del CFR eran actualizados por la OMB tras los procedimientos de elaboración de normas con aviso público y comentarios.[20] En cambio, las agencias federales solo ocasionalmente emitían o volvían a emitir reglamentos de implementación. Esto ocurría generalmente cuando se necesitaban cambios específicos en los reglamentos de la agencia. Debido a que la OMB tiene autoridad estatutaria exclusiva bajo el 31 U.S.C. 503(a)(2) para establecer políticas y requisitos de administración financiera a nivel gubernamental, el período de comentarios públicos para las políticas y requisitos a nivel gubernamental ha sido proporcionado por la OMB, no por las agencias.[21]

La OMB revisa periódicamente la Guía Uniforme de conformidad con el 2 CFR 200.109. Tras el establecimiento de la Guía Uniforme en 2013, la OMB realizó revisiones adicionales al texto reglamentario en 2020 (85 FR 49506 (13 de agosto de 2020)) y en 2024 (89 FR 30046 (22 de abril de 2024)). Las revisiones de 2020 abordaron temas que incluyen la planificación y diseño de programas, la medición del desempeño para mejorar las metas y resultados de los programas, el intercambio de lecciones aprendidas y la adopción de prácticas prometedoras. La OMB volvió a revisar el texto reglamentario en 2024. Los objetivos de la actualización de 2024 incluyeron la incorporación de requisitos legales y ciertas prioridades de política de la administración anterior, la reducción de la carga para las agencias y los beneficiarios, la aclaración de secciones que los beneficiarios o las agencias han interpretado de diferentes maneras, la reescritura de ciertas secciones del texto reglamentario en un lenguaje más claro, la mejora de la fluidez y la resolución del uso inconsistente de los términos.

Desde el inicio de las políticas y requisitos de gestión financiera de la OMB bajo las Circulares ahora derogadas,[22] y el establecimiento inicial de la Guía Uniforme en 2013 basada en las políticas contenidas en las Circulares anteriores, el panorama del financiamiento de asistencia financiera federal ha cambiado notablemente, incluyendo un crecimiento masivo en la escala y el volumen de la asistencia brindada por el Gobierno Federal, una diversificación creciente en los propósitos y tipos de asistencia, y responsabilidades crecientes para la administración de programas discrecionales por parte de las agencias ejecutivas. El Congreso ha establecido una amplia variedad de nuevos programas de asistencia financiera federal y responsabilidades legales para las agencias ejecutivas, pero la supervisión y administración de la asistencia financiera federal por parte de las agencias del poder ejecutivo no siempre ha estado a la par de estos cambios ni los ha tenido en cuenta. Ahora se justifican revisiones a las políticas de la OMB en el 2 CFR parte 200 para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de los programas de asistencia financiera federal.

El Subdirector de Gestión de la OMB está autorizado bajo el 31 U.S.C. 503 para, entre otras cosas, proporcionar “dirección y liderazgo general al poder ejecutivo en asuntos de gestión financiera mediante el establecimiento de políticas y requisitos de gestión financiera.” 31 U.S.C. 503(a)(2). El Director de la OMB está autorizado bajo el 31 U.S.C. 6307 para “emitir lineamientos interpretativos complementarios para promover el uso consistente y eficiente de... acuerdos de subvención... y acuerdos de cooperación.”

La OMB también se basa en autoridades que incluyen las Enmiendas de 1996 a la Ley de Auditoría Única (Pub. L. 104-156, en su versión enmendada, codificada en 31 U.S.C. 7501-7507); la Ley de Rendición de Cuentas y Transparencia en el Financiamiento Federal de 2006 (FFATA o la Ley de Transparencia) (Pub. L. 109-282), en su versión enmendada; la Ley de Responsabilidad y Transparencia Digital de 2014 (Ley DATA de 2014) (Pub. L. 113-101), en su versión enmendada; la Ley de Información sobre Programas Federales (Pub. L. 95-220 y Pub. L. 98-169, en su versión enmendada, codificada en 31 U.S.C. 6101-6106); la Ley de Subvenciones Federales y Acuerdos de Cooperación de 1977 (página impresa 32202) (Pub. L. 95-224, en su versión enmendada, codificada en 31 U.S.C. 6301-6309); la Ley de la Oficina de Política Federal de Adquisiciones (codificada en 41 U.S.C. 1101-1131); la Ley de Procedimientos de Presupuesto y Contabilidad de 1950, en su versión enmendada (codificada en 31 U.S.C. 1101-1126); la Ley de Directores Financieros de 1990 (codificada en 31 U.S.C. 503-504); la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2000 (TVPA), en su versión enmendada (codificada en 22 U.S.C. 7101-7115); y la Orden Ejecutiva 11541, “Por la que se Prescriben las Funciones de la Oficina de Administración y Presupuesto y del Consejo de Política Doméstica en la Oficina Ejecutiva del Presidente.”

Los objetivos de la OMB para las revisiones propuestas actuales a varias partes del subtítulo A del 2 CFR incluyen: (1) mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en el uso de fondos federales; (2) aclarar el estatus del texto reglamentario del 2 CFR como una regulación de la OMB; y (3) reducir la carga para los beneficiarios. Las revisiones propuestas generalmente respaldan uno o más de estos tres objetivos. A continuación se presenta una descripción general de los tres objetivos principales de la norma propuesta, seguida de un análisis sección por sección de los cambios propuestos.

El primer objetivo de la OMB para las revisiones propuestas es mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión respecto de cómo se utilizan los fondos federales, incluido el dinero de los contribuyentes, en el contexto del otorgamiento de subvenciones federales.[23]

Durante demasiado tiempo, el Gobierno Federal ha prestado una atención insuficiente a proporcionar una supervisión adecuada de los programas de asistencia financiera federal. Actualmente existen deficiencias a lo largo de todo el ciclo de vida de las subvenciones, desde el diseño del programa, pasando por la selección de los adjudicatarios, hasta la ejecución y supervisión del proyecto, que afectan la capacidad del Gobierno Federal para prevenir el gasto derrochador e implementar de manera eficiente los programas de asistencia de forma congruente con la ley y las necesidades del público estadounidense. De finalizarse, las revisiones propuestas por la OMB en el título 2 del CFR mejorarán la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en el sistema de administración de subvenciones a nivel de todo el gobierno, incluso asegurando que los programas de adjudicación federal estén debidamente alineados con la ley y la política, y que las agencias federales actúen como administradoras responsables del dinero de los contribuyentes.

Los últimos años han aportado evidencia de la necesidad de una reforma significativa en la administración de subvenciones federales. En lugar de aspirar a servir ampliamente las necesidades de todos los estadounidenses, en 2021 las agencias federales se concentraron cada vez más en utilizar sus programas de adjudicación para servir a una agenda de políticas "woke" que favorecía deliberadamente a ciertos grupos identitarios por encima de otros. Al buscar promover esta agenda, los programas a menudo se diseñaron para incluir una larga lista de términos y condiciones ideológicos con poca relación con el propósito central del apoyo público.[24] Estas condiciones onerosas se impusieron sistemáticamente a través de las oportunidades de financiamiento y los acuerdos de adjudicación, independientemente del objetivo del programa de asistencia. Este enfoque contribuyó a largos retrasos en la implementación de los programas, ya que las agencias federales y los beneficiarios concentraron sus esfuerzos y los recursos de los contribuyentes en requisitos de políticas divisivas que a menudo no guardaban relación con los propósitos centrales de los programas federales de subvenciones, o que estaban desalineados con ellos. Diversos comentaristas han señalado cómo este enfoque dio lugar a desperdicio, ineficiencia, largos retrasos en la entrega de proyectos y una menor efectividad de los programas en una variedad de actividades que reciben apoyo federal.[25] En un ejemplo notorio, en el marco de un programa de acceso a internet de banda ancha de 42,500 millones de dólares, la administración anterior no logró conectar a una sola persona a internet en el transcurso de tres años, enfocando en cambio sus esfuerzos y atención en imponer una larga lista de requisitos de políticas onerosos.[26]

Entre otros diversos requisitos de políticas, entre 2021 y 2024 los programas federales se diseñaron con frecuencia para incluir preferencias y criterios de selección orientados a promover políticas de DEI basadas en la identidad.[27] Esto incluyó el uso de una variedad de etiquetas, como la promoción de la DEI, o el uso de otros sustitutos intencionales de la raza, el sexo o la identidad sexual, para dar prioridad a ciertas características y grupos identitarios favorecidos en detrimento de otros en la distribución de las adjudicaciones federales y los beneficios asociados.[28] El esfuerzo concertado para imponer políticas de DEI ilegales en los programas de adjudicación federal comenzó desde el primerísimo día de la administración anterior, mediante la emisión de la Orden Ejecutiva 13985.[29] Dicha orden instruyó a las agencias federales a dejar de lado los procesos de toma de decisiones utilizados en años anteriores, los cuales generalmente procuraban asegurar que todos los estadounidenses fueran tratados de manera igualitaria, y a enfocarse en cambio en rediseñar el sistema de administración de subvenciones con políticas divisivas de DEI basadas en la identidad impuestas en todos sus aspectos.[30] Tras la emisión de la Orden Ejecutiva 13985 en enero de 2021, las agencias federales comenzaron a incorporar estas políticas en todos los aspectos de sus programas de adjudicación, incluyendo el diseño del programa, la selección de adjudicatarios y las condiciones de adjudicación impuestas a los beneficiarios. Esto continuó durante toda la duración de la administración anterior.

Sobre la base de estos esfuerzos, entre 2021 y 2024 se utilizó financiamiento federal para promover políticas y preferencias de DEI (diversidad, equidad e inclusión) ilegales en todo el país.[31] Estas y otras políticas y requisitos onerosos impuestos a través de los programas de subvenciones federales desviaron cantidades sustanciales de fondos de los contribuyentes de los fines públicos tradicionales reconocidos por la ley, tales como el transporte, la infraestructura, la investigación científica, la salud pública y otros bienes públicos esenciales que sirven a todos los estadounidenses, para en su lugar apoyar a grupos identitarios favorecidos y a activistas de izquierda.[32] (página impresa 32203) Como resultado, los programas de subvenciones federales que antes contaban con un amplio respaldo público quedaron vinculados a una agenda política divisiva que discriminaba ilegalmente contra muchos de los estadounidenses a quienes esos programas estaban destinados a servir. Estas políticas eran incompatibles con los valores fundamentales estadounidenses y con las leyes de derechos civiles, incluidos los principios de igual protección de la Constitución de los Estados Unidos.[33] Tampoco estaban alineadas con los propósitos esenciales de los programas de asistencia pertinentes.[34] En conjunto, estas políticas desperdiciaron una gran cantidad de recursos de los contribuyentes estadounidenses y socavaron significativamente la confianza pública en el gobierno en todo el país.

En enero de 2025, el presidente Trump anunció el fin de las políticas y requisitos discriminatorios de DEI que se habían extendido prácticamente a todos los aspectos del Gobierno Federal durante la administración anterior.[35] En el contexto del otorgamiento de subvenciones, las órdenes ejecutivas del Presidente liberaron a los programas federales de los mandatos divisivos de DEI y de otros requisitos de políticas onerosos impuestos en años anteriores. Libres de estas restricciones, los programas federales pudieron restablecer su enfoque en apoyar de manera eficiente los propósitos esenciales de los programas y los bienes públicos que benefician a todos los estadounidenses, incluido garantizar que los escasos recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible en apoyo de los bienes públicos esenciales a los que están destinados.

Entre otras cosas, las órdenes ejecutivas del Presidente anunciaron que el Gobierno Federal renovaría su compromiso de servir a todos los estadounidenses con igual dignidad y respeto; [36] restablecería su política de prohibir, en lugar de exigir, la discriminación ilegal; [37] y realizaría los cambios necesarios para garantizar que el proceso de revisión de subvenciones ya no se utilice para socavar los intereses de los contribuyentes estadounidenses.[38] Una orden ejecutiva posterior, emitida en agosto de 2025, subrayó que las agencias federales deben garantizar que todos los estadounidenses sean tratados por igual y tomar decisiones basadas en el mérito relacionadas con la capacidad de un solicitante o beneficiario de producir resultados reales para el contribuyente estadounidense.[39] El 29 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) también emitió nuevas directrices a nivel de todo el gobierno destinadas a garantizar que los beneficiarios de financiamiento federal no incurran en discriminación ilegal.[40] El 2 de diciembre de 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, por sus siglas en inglés) del DOJ también publicó una opinión en la que concluyó que ciertos programas de subvenciones basados en criterios raciales administrados por el Departamento de Educación violan el componente de igual protección de la Quinta Enmienda.[41] Dicha opinión explicó que cualquier “asignación de beneficios y cargas basada en la raza de una persona es un anatema para la Constitución de los Estados Unidos.” [42]

Esta reglamentación propone institucionalizar las reformas necesarias en el proceso federal de otorgamiento de subvenciones para abordar la discriminación ilegal y otros problemas graves que ocurrieron durante la administración anterior. Los valores fundamentales incorporados en los procesos de toma de decisiones del Gobierno Federal para la gestión de subvenciones deben ser consistentes con la ley y estar diseñados para servir al bien público de todos los estadounidenses. Las regulaciones del 2 CFR de la OMB (Oficina de Administración y Presupuesto) son un instrumento clave para mejorar las normas, los procesos y los requisitos que se aplican a todos los programas federales de subvenciones. También constituyen una herramienta importante para realizar las reformas necesarias en la cultura organizacional dentro de las agencias federales encargadas del otorgamiento de subvenciones. Estas agencias tienen a su cargo la toma de decisiones discrecionales sobre el uso de muchos miles de millones de dólares de preciados recursos de los contribuyentes, y deben seguir siendo responsables ante el pueblo estadounidense al hacerlo.[43] De conformidad con las políticas establecidas en las órdenes ejecutivas recientes, los dólares de los contribuyentes deben utilizarse para apoyar los fines públicos esenciales autorizados por la ley, y no desperdiciarse para promover doctrinas divisivas de la extrema izquierda.[44]

La OMB y las agencias federales ahora proponen abordar los problemas resumidos anteriormente en la medida en que afectan el otorgamiento de subvenciones federales. Esto incluye la eliminación de cualquier vestigio restante de las antiguas políticas discriminatorias que las agencias puedan seguir aplicando a los procesos de toma de decisiones en el área de la gestión de subvenciones. También incluye poner fin al patrocinio gubernamental de la ideología de género y otras doctrinas radicales que la administración anterior buscó imponer en todo el país mediante programas de financiamiento federal. Al renovar el compromiso del Gobierno Federal con los valores estadounidenses básicos, y al proponer otras reformas necesarias para administrar y salvaguardar de manera responsable los fondos de los contribuyentes utilizados en el otorgamiento de subvenciones, la OMB busca evitar que los tipos de discriminación ilegal, gasto derrochador y otros problemas significativos que surgieron en los últimos años vuelvan a ocurrir en el futuro. Como se explica en la Orden Ejecutiva 14332, el Gobierno Federal mantiene los ingresos fiscales en fideicomiso para el pueblo estadounidense, y las agencias federales deben tratarlos en consecuencia.

Se necesitan cambios para garantizar una mayor transparencia en cuanto a cómo se utilizan los fondos federales. Los contribuyentes estadounidenses tienen derecho a saber qué proyectos están respaldando sus dólares de impuestos y a qué entidades se dirigen esos fondos. También deben sentirse seguros de que los beneficiarios y subbeneficiarios de las adjudicaciones federales participan en actividades coherentes con los propósitos públicos básicos del apoyo autorizado por la ley, que no discriminan ilegalmente contra los ciudadanos estadounidenses, que no perjudican los intereses o la reputación del (página impresa 32204) Gobierno Federal, y que no amenazan la seguridad nacional o económica de los Estados Unidos. Por ejemplo, los fondos de subvenciones federales no deben utilizarse para respaldar a beneficiarios y subbeneficiarios que trabajen en asociación con nuestros adversarios extranjeros. Una mayor transparencia pondrá en evidencia el alcance completo de las actividades de las agencias federales y la red de beneficiarios y subbeneficiarios de las adjudicaciones federales en quienes el pueblo estadounidense confía para lograr propósitos públicos de apoyo en su nombre.

Un informe de 2023 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (Government Accountability Office, GAO) también destacó los beneficios de una mayor transparencia en la gestión de subvenciones federales.[45] El informe explicó que “una mayor transparencia respecto de cómo el Gobierno Federal gasta sus fondos ofrece muchos beneficios potenciales”, que pueden incluir “permitir decisiones basadas en datos sobre cómo utilizar los recursos gubernamentales, oportunidades para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto federal, y mejorar la rendición de cuentas del gobierno ante el público”. La OMB coincide en que se necesitan ciertas reformas para proporcionar mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos, y mayor supervisión para garantizar que cada dólar de los contribuyentes que gasta el Gobierno Federal mejore la vida de los estadounidenses o promueva los intereses estadounidenses.[46]

Las revisiones propuestas relacionadas con la rendición de cuentas mejorada tienen como objetivo garantizar que los beneficiarios sean debidamente responsables de cómo se utilizan los fondos de las adjudicaciones federales. Esto incluye garantizar que los beneficiarios solo utilicen los fondos de las adjudicaciones federales para propósitos públicos autorizados, y que cumplan con los requisitos relacionados con la presentación de informes, la no discriminación y otros temas.

Las revisiones propuestas relacionadas con la supervisión mejorada tienen como objetivo garantizar que cada programa de adjudicación discrecional sea diseñado por las agencias federales para lograr de manera efectiva su propósito estatutario subyacente, y para alinearse, cuando corresponda, con las políticas y prioridades de la administración establecidas por el Presidente.[47] Esto incluye tratar a cada estadounidense con igual dignidad y respeto, aplicar el principio de oportunidad basada en el mérito a lo largo de todo el ciclo de vida de la subvención, y evitar la discriminación ilegal al seleccionar a los beneficiarios que recibirán las adjudicaciones.[48] La supervisión mejorada se refiere tanto a la supervisión de los procesos de toma de decisiones dentro de las agencias federales como a la supervisión de los beneficiarios que utilizan los fondos de las adjudicaciones federales.

La OMB propone muchos cambios a lo largo de este documento relacionados con la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las subvenciones federales. Por ejemplo, la OMB propone un lenguaje actualizado relacionado con los conflictos de interés (§ 200.112) y las divulgaciones obligatorias (§ 200.113). En el § 200.202 relacionado con la planificación y el diseño de programas, la OMB propone una variedad de cambios que buscan garantizar que los programas se alineen con la ley y la política del Poder Ejecutivo.

En los §§ 200.201 y 200.333, y a lo largo de la parte 200, la OMB propone eliminar el uso de premios y subpremios de monto fijo, los cuales pueden limitar la transparencia y dificultar una supervisión eficaz. Por ejemplo, en el caso de los premios de monto fijo no se espera un seguimiento rutinario de los costos reales incurridos por el beneficiario o subbeneficiario, y no se requiere presentar informes financieros.[49] Este cambio propuesto garantiza aún más que las agencias federales ejerzan un nivel adecuado de supervisión sobre la forma en que se gastan los dólares de los contribuyentes en todos los tipos de premios. Esto ayudará a garantizar que los fondos federales no se desperdicien en actividades que puedan no respaldar plenamente el logro de los resultados del programa. El pueblo estadounidense merece saber hacia dónde se dirigen todos los dólares federales provenientes de los impuestos.

En los §§ 200.204 a 200.206, relacionados con las oportunidades de financiamiento, la selección de beneficiarios y la revisión del riesgo de los solicitantes, la OMB propone una variedad de cambios diseñados para garantizar y enfatizar la necesidad de una selección basada en el mérito de los beneficiarios de premios discrecionales.[50] Otros cambios propuestos buscan alinear el texto reglamentario con los requisitos de la Orden Ejecutiva 14332 relativa a la supervisión en el otorgamiento de subvenciones. En el § 200.206, algunos de los cambios propuestos buscan garantizar que los beneficiarios con antecedentes de prácticas cuestionables o de mala gestión financiera no sean recompensados con escasos recursos de los contribuyentes.

En el § 200.208, la OMB propone actualizar las normas para incluir condiciones específicas en los premios federales. En el § 200.211, la OMB propone aclarar la información que debe incluirse en los premios federales. En los §§ 200.218, 200.219, 200.220 y 200.300, la OMB propone diversos cambios para garantizar que los fondos de los premios no se utilicen para fines de discriminación ilegal u otros propósitos incompatibles con la ley y la política del Poder Ejecutivo.

En el § 200.305, los cambios propuestos buscan garantizar que tanto las agencias federales como las entidades intermediarias ejerzan la debida diligencia apropiada antes de emitir pagos de fondos federales, incluyendo el requisito de una justificación para las solicitudes de pago. Las revisiones propuestas también abordan el uso del sistema “Do Not Pay” (No Pagar) del Departamento del Tesoro antes de emitir pagos.

En los §§ 200.329 a 200.332, la OMB propone cambios relacionados con garantizar aún más que las entidades intermediarias cumplan con su responsabilidad establecida por ley de reportar los subpremios en SAM.gov. Además de garantizar que se realicen los informes requeridos, los cambios propuestos buscan asegurar que los dólares federales se rastreen como subpremios en los casos en que los beneficiarios transfieran fondos a afiliados, subsidiarias u otras organizaciones relacionadas. Los cambios propuestos también enfatizan la necesidad de que las agencias federales garanticen que sus beneficiarios cumplan con los requisitos de informes de subbeneficiarios en SAM.gov. El informe de la GAO de 2023 mencionado anteriormente también identificó “dificultades con la integridad y exactitud de los datos de subpremios que se muestran en USAspending.gov”. La OMB propone varias revisiones en el título 2 del CFR para garantizar que las entidades intermediarias cumplan con esta obligación de informar y que las agencias federales ejerzan un seguimiento y supervisión adecuados sobre las responsabilidades de los beneficiarios con los que decidan asociarse en el marco de sus programas.

En el § 200.340, la OMB propone aclarar aún más el texto reglamentario existente relacionado con la terminación de premios y garantizar aún más que las agencias federales proporcionen un aviso claro a todos los beneficiarios sobre la capacidad del Gobierno Federal de terminar premios discrecionales por razones discrecionales, de una manera compatible con la ley.[51] Esta aclaración propuesta es similar a la autoridad existente en el § 200.340(a)(4) para terminar premios que se determine son incompatibles con los objetivos del programa o las prioridades de la agencia. También sería similar a la autoridad de larga data para terminar contratos federales por conveniencia establecida en 48 CFR 49.502 y 52.249-2. De finalizarse, esta revisión garantizará aún más que las agencias federales conserven una discrecionalidad programática continua ( página impresa 32205) después de otorgado un premio, de manera compatible con la ley, para terminar un premio discrecional que no sea eficaz en el logro de los objetivos del programa o las prioridades de la agencia federal, o que la agencia determine, por cualquier otro motivo, que ya no conviene a los intereses del Gobierno Federal. En la misma sección, la OMB también propone cambios similares relacionados con la suspensión de premios.

Además, la OMB propone cambios adicionales en la subparte E (principios de costos en los §§ 200.400 a 200.476) relacionados con la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión. Por ejemplo, la OMB propone varios cambios para distinguir aún más entre los costos permitidos y los no permitidos.

El segundo objetivo de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) para las revisiones propuestas actuales es aclarar el estatus de las políticas y requisitos de administración financiera a nivel gubernamental de la OMB contenidos en el subtítulo A del título 2 del CFR, como un reglamento de la OMB. En apoyo de este objetivo, la OMB y las agencias otorgantes de subvenciones que se suman a este proceso de reglamentación proponen conjuntamente revisiones en el título 2 del CFR para aclarar el estatus reglamentario de las políticas y requisitos de la OMB a nivel gubernamental. Este cambio tiene como propósito establecer un marco estandarizado en todas las agencias federales otorgantes de subvenciones, incluyendo ahora aquellas que no se sumaron a la Regla Final Interina de Agencias Federales de 2014, y promover la previsibilidad, la transparencia y la coherencia en todo el Gobierno Federal. Esta propuesta modernizaría y simplificaría la administración de subvenciones federales de manera congruente con la autoridad legal de la OMB para fortalecer la administración financiera en todo el Poder Ejecutivo.

El marco actual, en el cual cada agencia emite un breve reglamento para adoptar los requisitos de la OMB, se preservará en general mediante este proceso de reglamentación interinstitucional, pero la OMB propone realizar ajustes menores en el texto reglamentario para aclarar que los requisitos de la OMB en el subtítulo A tienen efecto reglamentario por sí mismos. Las agencias participarán en este proceso único y conjunto de reglamentación interinstitucional para implementar la estructura reglamentaria aclarada y enmendar en consecuencia sus reglamentos de adopción. En adelante, en los procesos de reglamentación posteriores al actual, cuando la OMB enmiende el texto reglamentario del título 2 del CFR mediante un proceso de reglamentación de notificación y comentario (N&C) a nivel gubernamental, dichos cambios se aplicarán en todo el gobierno a partir de la fecha de entrada en vigor de la regla final de la OMB. Esta distinción es menos relevante para el presente proceso de reglamentación debido a que las agencias otorgantes de subvenciones pertinentes se están sumando a la OMB para proponer estos cambios.[52] En el futuro, el público seguirá teniendo una oportunidad plena y significativa de comentar durante los procesos de reglamentación de N&C de la OMB, y las agencias continuarán proporcionando aportes a la OMB durante los períodos de revisión interinstitucional e implementando los requisitos. Como se explica a continuación, esta propuesta es, en general, congruente con la manera en que la mayoría de las agencias han implementado las enmiendas de la OMB al texto reglamentario del título 2 del CFR desde 2013.

Esta propuesta mantiene la estructura habitual del título 2 del CFR, pero aumentará la previsibilidad, la transparencia y la uniformidad respecto de la manera en que se implementan las enmiendas de la OMB después de futuros procesos de reglamentación de N&C. De conformidad con las facultades de la OMB a nivel gubernamental, la propuesta permitirá realizar enmiendas oportunas de los requisitos administrativos, los principios de costos y los requisitos de auditoría para subvenciones y otras adjudicaciones federales en todo el Gobierno Federal.

En 2013, la OMB combinó circulares y documentos de orientación de la OMB que anteriormente estaban separados en un único documento de orientación centralizado publicado en el subtítulo A del título 2 del CFR. La parte 200 del título 2 del CFR se conoce comúnmente como la “Guía Uniforme” o “Guía Uniforme de Subvenciones” de la OMB. Tras el establecimiento de la guía por parte de la OMB en 2013, la mayoría de las agencias federales otorgantes de subvenciones adoptaron inicialmente la guía en 2014 mediante reglamentos de implementación en el subtítulo B del título 2 del CFR.[53] La guía actualmente dispone que “[l]a publicación de la guía de la OMB en el CFR no cambia su naturaleza, sigue siendo orientación, no reglamento”.[54]

La estructura existente del título 2 del CFR, incluida su clasificación como orientación, ha tendido a generar preguntas e incertidumbre en la comunidad federal de subvenciones respecto del proceso de implementación por parte de las agencias de las enmiendas de la OMB a los requisitos a nivel gubernamental contenidos en el texto reglamentario del subtítulo A.[55] La versión actual de 2 CFR 200.110(a) ya dispone que los requisitos de la parte 200 entran en vigor para la “administración de las adjudicaciones federales por parte de las agencias federales” ya sea “una vez que sean implementados por las agencias federales [conforme al proceso descrito en el 200.106 (versión actual)] o cuando cualquier enmienda futura [de la OMB] a . . . la parte [200] se vuelva definitiva”. 2 CFR 200.110(a) (versión actual) (énfasis añadido). Como se explica a continuación, la OMB propone conservar sin cambios el texto reglamentario citado, pero aclarar aún más su significado para atender las preguntas recurrentes respecto del efecto de las enmiendas de la OMB.

Después de la adopción inicial de la parte 200 por parte de la agencia en 2014, las reglamentaciones secundarias o de seguimiento por parte de las agencias federales para implementar las enmiendas de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) a la parte 200 u otras partes generalmente no se han llevado a cabo en absoluto [56] o no han sido iniciadas por las agencias de manera oportuna. Las reglamentaciones secundarias esporádicas que han ocurrido después de 2014 generalmente solo se han iniciado en circunstancias en las que una agencia tenía algo específico que agregar o modificar en sus propias regulaciones de adopción. En la mayoría de los casos, de conformidad con 2 CFR 200.110(a) (versión existente), las agencias simplemente han implementado las enmiendas de la OMB al texto reglamentario de 2 CFR basándose en el texto de sus regulaciones de adopción existentes, y a través de los términos y condiciones de las adjudicaciones federales emitidas después de la fecha de vigencia a nivel gubernamental de las enmiendas de la OMB.[57]

Existen muchas razones prácticas por las cuales las agencias generalmente no han completado reglamentaciones secundarias para readoptar las enmiendas de la OMB después de 2014. Iniciar decenas de reglamentaciones secundarias de aviso y comentario (N&C) de las agencias solo después de que la OMB ya haya completado un proceso de reglamentación de aviso y comentario a nivel gubernamental que dura un año, incluyendo una extensa coordinación interinstitucional antes de que el proceso formal de reglamentación siquiera comience, generalmente sería (página impresa 32206) redundante, crearía largas demoras administrativas, constituiría un importante drenaje de los recursos de las agencias y frustraría el objetivo de uniformidad a nivel gubernamental para los cambios de política de la OMB. Por ejemplo, como ocurre con el Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) que se aplica a los contratos federales de adquisiciones, en ocasiones es necesario que la OMB enmiende el texto reglamentario para alinearlo con cambios legislativos en fechas de vigencia específicas a nivel gubernamental. Las reglamentaciones secundarias de las agencias podrían dar lugar a fechas de vigencia escalonadas y, en ocasiones, enormemente inconsistentes para las enmiendas de la OMB y las políticas asociadas en todo el Gobierno Federal, con las normas de las agencias siendo propuestas y finalizadas únicamente según lo permitan los recursos de cada agencia. Esto retrasaría efectivamente la implementación de los requisitos de la OMB a nivel gubernamental por un período prolongado de tiempo. Dichas demoras generarían confusión para los beneficiarios, los auditores y toda la comunidad de subvenciones federales, y serían incompatibles con la autoridad estatutaria de la OMB para establecer requisitos a nivel gubernamental para la administración de subvenciones que las agencias deben seguir. Además, las agencias generalmente tendrían poco de sustancia que decir en respuesta a los comentarios públicos sobre requisitos de política a nivel gubernamental ya establecidos por la OMB conforme a sus propias autoridades estatutarias y firmemente consolidados en el texto reglamentario del subtítulo A.

a. En general. Mediante esta reglamentación, la OMB y las agencias federales otorgantes de subvenciones buscan aclarar colectivamente cómo las "políticas y requisitos de administración financiera" a nivel gubernamental codificados en el texto reglamentario de 2 CFR de la OMB en el subtítulo A serán implementados por las agencias federales en el futuro.[58] La clasificación actual del texto reglamentario de la OMB como "orientación, no reglamentación" resulta confusa para los beneficiarios de adjudicaciones, es generalmente incompatible con el historial de implementación por parte de las agencias de las enmiendas de la OMB desde 2014, y no logra proporcionar una previsibilidad y transparencia adecuadas para la comunidad de subvenciones federales respecto de cómo las futuras enmiendas de la OMB al texto reglamentario del subtítulo A serán implementadas por las agencias. Para promover la previsibilidad, la transparencia, la uniformidad, la eficiencia y otros objetivos descritos en este documento, la OMB busca proporcionar mayor claridad respecto de la estructura reglamentaria y el estatus de 2 CFR mediante esta reglamentación.

b. Similar a los marcos existentes. La aclaración propuesta en este documento es similar al proceso ya existente para la implementación por parte de las agencias de las enmiendas de la OMB al texto reglamentario de la parte 200. La información sobre el proceso existente se encuentra en 2 CFR 200.110(a) y se analiza anteriormente en este documento. Por lo tanto, al menos para las agencias que ya han implementado los requisitos de la OMB, las enmiendas propuestas por la OMB relacionadas con este objetivo tienen como propósito principal aclarar el estatus del texto reglamentario del subtítulo A, en lugar de constituir un enfoque fundamentalmente nuevo o un cambio de dirección. Como se analizó anteriormente, el enfoque descrito en este documento es compatible con la forma en que la mayoría de las agencias han implementado las enmiendas de la OMB al texto reglamentario del subtítulo A de 2 CFR desde que la Guía Uniforme fue adoptada por primera vez por las agencias en 2014.

La aclaración propuesta también es procesalmente similar al modelo de “orientación adoptable” de larga data para los requisitos de suspensión e inhabilitación establecidos en 2 CFR parte 180.[59] En el preámbulo de 2005 que estableció la parte 180, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) observó la necesidad de “[a]gilizar el proceso para actualizar los requisitos a nivel gubernamental” mediante la centralización del proceso de actualizaciones sustantivas de la norma en la OMB, de modo que las agencias solo tuvieran que completar una adopción inicial. El enfoque de “orientación adoptable” permitió a la OMB “publicar los cambios propuestos a los [requisitos a nivel gubernamental] en el Registro Federal, con una oportunidad para que el público presente comentarios”. Una vez que las agencias hubieran completado el paso inicial de adoptar la orientación de la parte 180 en sus reglamentos, “el proceso para futuras actualizaciones [se completaría] [cada vez que] la OMB emita... orientación final” que modifique el texto reglamentario. En otras palabras, las agencias “no necesitarían enmendar sus reglamentos que adoptan la orientación” mediante docenas de procesos de reglamentación separados de cada agencia después de futuras enmiendas de la OMB. Esa estructura reglamentaria se ha mantenido como el estado actual de la parte 180 del título 2 del CFR durante los últimos 20 años.

Al igual que con la parte 180, la OMB también emitió la parte 200 para su adopción por las agencias en 2013, lo cual representó una mejora importante respecto del antiguo mosaico de circulares de la OMB y reglamentos específicos de cada agencia. Sin embargo, a pesar de la información proporcionada en 2 CFR 200.110(a), han persistido interrogantes respecto del proceso para la implementación por parte de las agencias de las enmiendas de la OMB a la parte 200, lo cual ha afectado la previsibilidad, la transparencia y la coherencia de la implementación a nivel gubernamental de los requisitos de la OMB.

De manera congruente con el enfoque descrito en el preámbulo de la parte 180 y el texto reglamentario vigente en el § 200.110(a), este documento propone aclarar aún más la forma en que los reglamentos de adopción de las agencias contenidos en el subtítulo B se aplican a futuras enmiendas del subtítulo A. La propuesta también aclarará la condición del texto reglamentario de la OMB en todo el subtítulo A como un reglamento de la OMB. Las agencias seguirán siendo socias de la OMB en el proceso de futuras enmiendas, al participar en la elaboración por parte de la OMB de los cambios de política propuestos y al continuar implementando los requisitos vigentes. Sin embargo, la OMB propone aclarar que el mecanismo legal para las actualizaciones futuras se simplificará a un único documento del Registro Federal emitido por la OMB tras el proceso de aviso y comentario público (N&C), en lugar de docenas de procesos de reglamentación en todo el Gobierno Federal con requisitos generalmente idénticos pero fechas de vigencia inconsistentes. Por las razones expuestas anteriormente, iniciar docenas de procesos de reglamentación de aviso y comentario de las agencias después de que la OMB haya completado su propio proceso de aviso y comentario resultaría poco práctico, ineficiente y obstaculizaría la capacidad de la OMB para ejercer oportunamente sus propias facultades legales de establecer requisitos a nivel gubernamental para la administración de subvenciones.

c. Facultades de la OMB a nivel gubernamental relacionadas con la administración de subvenciones. El Congreso autorizó a la OMB, en el 31 U.S.C. 503, a establecer requisitos a nivel gubernamental para la administración de subvenciones, y las agencias deben cumplir con los requisitos de la OMB en sus programas de adjudicación. El Congreso también autorizó a la OMB, conforme a la Ley Federal de Subvenciones y Acuerdos de Cooperación de 1977 (Federal Grant and Cooperative Agreement Act of 1977), codificada en la parte pertinente en el 31 U.S.C. 6307, a emitir directrices interpretativas a las agencias federales para promover el uso coherente y eficiente de las adjudicaciones de asistencia financiera federal. El Congreso también autorizó a la OMB, en el 31 U.S.C. 7505, a establecer requisitos a nivel gubernamental para las Auditorías Únicas (Single Audits) de los beneficiarios, y las agencias también deben cumplir con esos requisitos. El Congreso también autorizó a la OMB, conforme a la Ley de Transparencia (Transparency Act, Pub. L. 109-282), según enmendada, a proporcionar instrucciones a las agencias relacionadas con garantizar la transparencia pública de sus programas de asistencia, incluso en lo relativo a los beneficiarios de las adjudicaciones, los montos de las adjudicaciones, los identificadores únicos de entidad, las subadjudicaciones y diversa otra información, las cuales las agencias también están obligadas a cumplir. En el 31 U.S.C. 6105, el Congreso también asignó a la OMB la responsabilidad de supervisión respecto del ejercicio de todas las facultades y responsabilidades relacionadas con la información de los programas federales. En el 41 U.S.C. 1125, el Congreso autorizó (página impresa 32207) a la OMB a prescribir requisitos a nivel gubernamental que las agencias deben cumplir al disponer lo necesario para la adquisición de bienes o servicios por parte de los beneficiarios de subvenciones federales u otras formas de asistencia financiera. En virtud de todas estas facultades, y otras descritas en este documento, la norma propuesta aclara que el subtítulo A del título 2 del CFR constituye la emisión por parte de la OMB de requisitos a nivel gubernamental conforme a la ley federal, los cuales las agencias deben cumplir.

d. Resumen de la propuesta de Reglamento Uniforme de Subvenciones (UGR, por sus siglas en inglés). Conforme a la regla propuesta, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) emitirá el “Reglamento Uniforme de Subvenciones” como un reglamento de la OMB con una sola fecha de vigencia a nivel gubernamental, en virtud de la autoridad estatutaria de la OMB descrita anteriormente, con el fin de proporcionar requisitos de administración de subvenciones aplicables a todo el gobierno. El texto del subtítulo A del título 2 del CFR se revisará para reflejar su condición de reglamento de la OMB, especialmente en disposiciones clave de las partes 1 y 200. La OMB propone eliminar la declaración contenida en 2 CFR 1.05 que establece que el texto reglamentario constituye únicamente orientación y “no un reglamento”. Por lo demás, la estructura del título 2 del CFR se mantendrá en general igual, con los requisitos de la OMB en el subtítulo A y los capítulos de “adopción” de las agencias en el subtítulo B. Las agencias federales se suman a esta propuesta y tienen previsto emitir la regla final como una reglamentación conjunta con un preámbulo común para implementar esta estructura.

Los cambios propuestos brindarán claridad regulatoria a toda la comunidad federal de subvenciones respecto de la fecha de vigencia y el efecto vinculante de las políticas y requisitos de la OMB, así como su aplicación a las agencias y a los beneficiarios en el caso de nuevos otorgamientos emitidos después de la fecha de vigencia de las enmiendas de la OMB. El marco del “Reglamento Uniforme de Subvenciones” evitará la necesidad de docenas de reglamentaciones secundarias de las agencias cuyo único propósito sería reafirmar requisitos idénticos que se aplican a nivel de todo el gobierno, lo cual la OMB está autorizada por ley a determinar. Después de 2014, dichas reglamentaciones secundarias de las agencias en general no se han producido bajo la estructura existente. Entre las ventajas de las aclaraciones proporcionadas por la propuesta del “Reglamento Uniforme de Subvenciones” se incluyen: (1) requisitos uniformes y transparentes; (2) reducción de la redundancia y del volumen regulatorio; y (3) un enfoque simplificado que permite actualizaciones eficientes y cambios de política receptivos a nivel de todo el gobierno. El enfoque propuesto también mantendrá la participación pública.

(i) Uniformidad, transparencia y claridad regulatoria. El marco del “Reglamento Uniforme de Subvenciones” facilitará que los beneficiarios y los auditores encuentren y comprendan las normas aplicables a los otorgamientos federales, así como la fecha en que dichas normas entran en vigencia. El texto reglamentario modificado resolvería preguntas recurrentes sobre estos temas y reforzaría que los requisitos de la OMB aplicables a todo el gobierno son jurídicamente vinculantes en virtud de las autoridades estatutarias de la OMB para futuras actualizaciones, a partir de la fecha de vigencia de las enmiendas de la OMB al texto reglamentario. Las autoridades de la OMB contemplan que la OMB establezca políticas vinculantes relacionadas con la asistencia financiera para todas las agencias, lo cual es, en efecto, lo que la Guía Uniforme ya hace en la actualidad. Esta propuesta simplemente aclarará la condición regulatoria del subtítulo A y asegurará que las políticas de la OMB se apliquen de manera uniforme a todas las agencias en la fecha de vigencia prevista por la OMB, sin necesidad de procesos de reglamentación de las agencias que sean redundantes y de duración indefinida para su implementación. Desde la perspectiva de un beneficiario, los requisitos de la OMB en el título 2 del CFR seguirán teniendo, en general, el mismo peso que antes, pero el hecho de denominarlos reglamentos de la OMB enfatizará y aclarará aún más su efecto vinculante en todo el Gobierno Federal.

(ii) Reducción de la redundancia. La aclaración propuesta promoverá la eficiencia y ahorrará recursos gubernamentales al evitar la necesidad de docenas de reglamentaciones secundarias de las agencias. Las agencias aún podrán emprender dichas reglamentaciones cuando resulte apropiado para realizar ajustes en sus propios capítulos, pero no estarán obligadas a hacerlo en el caso de cada enmienda de la OMB. Las disposiciones existentes en el texto reglamentario, que la OMB propone mantener, también proporcionan mecanismos para excepciones y para mantener, de otro modo, la alineación con los estatutos de los programas de las agencias en caso de conflicto.[60]

Además, las agencias no quedarán totalmente excluidas del proceso de actualización del título 2 del CFR, sino que permanecerán involucradas como socias en el proceso regulatorio de la OMB, y a través de su participación en grupos de trabajo interinstitucionales tales como el Consejo sobre Asistencia Financiera Federal. Aunque, en general, las agencias no necesitarán unirse directamente a futuras reglamentaciones de la OMB, permanecerán comprometidas en los procesos de revisión interinstitucional, garantizando que los expertos en subvenciones de las agencias puedan aportar los insumos apropiados sobre consideraciones legales y prácticas para sus agencias antes de que las normas sean propuestas o finalizadas por la OMB.[61]

(iii) Eficiencia y capacidad de respuesta. El marco del “Reglamento Uniforme de Subvenciones” reconoce la realidad práctica de la necesidad de garantizar que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) pueda ejercer de manera eficiente su autoridad estatutaria para establecer requisitos de administración de subvenciones a nivel gubernamental de manera oportuna y receptiva. Dado que las actualizaciones de los requisitos de la OMB en el subtítulo A ya pueden tardar más de un año en completarse antes de cualquier reglamentación secundaria de las agencias (desde el desarrollo inicial de la política en la OMB hasta la coordinación interinstitucional, la redacción y obtención de autorización para los documentos de reglamentación propuesta, la finalización de los procedimientos de aviso y comentario (N&C), la respuesta a los comentarios, la redacción y obtención de autorización para los documentos de reglamentación final, la coordinación interinstitucional adicional y, por lo general, aunque no necesariamente, la provisión de cierto margen entre la emisión de la norma final y su fecha de vigencia), la propuesta garantizará que la OMB pueda efectivamente establecer requisitos a nivel gubernamental dentro de un plazo razonable. La propuesta aclarará que las agencias no necesitan iniciar otro extenso proceso de reglamentación de aviso y comentario (N&C) solo para implementar las enmiendas de la OMB para las cuales la OMB ya siguió procedimientos sólidos de aviso y comentario público (N&C). El marco garantizará que la OMB siga siendo capaz de responder de manera eficiente a los problemas de cumplimiento emergentes o de implementar nuevos requisitos estatutarios de manera oportuna en todas las agencias.

Tanto el Gobierno Federal como el público estadounidense se beneficiarán de dichos ajustes oportunos. Esto puede incluir, por ejemplo, una incorporación más rápida de los cambios legislativos provenientes del Congreso. Esto es mucho más viable y eficiente que un modelo alternativo en el que decenas de reglamentaciones de agencias para implementar nuevos requisitos solo comenzarían después de que la OMB ya haya completado un proceso de un año para proponer y realizar enmiendas. Dicho modelo alternativo impediría de manera efectiva la implementación oportuna de las reformas de política necesarias a nivel gubernamental relacionadas con la administración de subvenciones, y frustraría la capacidad de la OMB para desempeñar de manera eficiente sus propias funciones estatutarias.

(iv) Nota sobre los nombres propuestos para el título 2 y la parte 200. Este documento propone utilizar “Reglamento Uniforme de Subvenciones” (UGR, por sus siglas en inglés) como un nombre o denominación en lenguaje sencillo para la parte 200 del título 2 del CFR tras la emisión de una norma final. Véase el § 1.100 (versión propuesta). La OMB no propone un cambio en el encabezado existente para el Título 2, que seguiría siendo “Asistencia Financiera Federal”. Así, las diversas partes del Título 2 constituirían colectivamente el “Reglamento para la Asistencia Financiera Federal” (RFFA, por sus siglas en inglés) del Gobierno Federal, mientras que la parte 200 constituiría el UGR. La OMB tampoco propone un cambio en el encabezado (formal) de la parte 200, que (página impresa 32208) seguiría siendo “Requisitos Administrativos Uniformes, Principios de Costos y Requisitos de Auditoría para Adjudicaciones Federales” (UAR, por sus siglas en inglés). Así, el nombre UGR, tal como se menciona en el § 1.100 (versión propuesta), se utilizaría de manera similar a como se usa actualmente “Guía Uniforme” como una forma en lenguaje sencillo de referirse a la parte 200, a pesar de su encabezado formal. La sigla UAR también seguiría siendo aceptable y precisa, al igual que simplemente referirse a la “parte 200”.

El nombre propuesto de UGR para la parte 200 no tendría ningún impacto en la aplicabilidad más amplia de la parte a los acuerdos de cooperación y otras formas de asistencia financiera, que seguirían estando sujetos a la parte 200 conforme al texto reglamentario propuesto. Véanse las secciones 2 CFR 200.1 y 200.101 (versiones propuestas). Las subvenciones son una forma común y ampliamente utilizada de asistencia financiera federal. Véase 2 CFR 200.1. Fuera de su significado técnico, el término “subvención” también es generalmente comprendido y utilizado en el lenguaje cotidiano por el público en general, de una manera en que términos más técnicos podrían no serlo. La OMB propone referirse a la parte 200 como el UGR para conservar un nombre que sea ampliamente comprendido, fácil de pronunciar y aun así similar al nombre existente para la parte 200, la “Guía Uniforme”, que es ampliamente conocido y utilizado en toda la comunidad de asistencia financiera federal. Bajo la estructura existente, “Guía Uniforme sobre Subvenciones” y “Guía Uniforme de Subvenciones” (UGG, por sus siglas en inglés) también se usan con frecuencia para referirse a la parte 200, los cuales también son similares al nombre propuesto en este documento.

Al seleccionar un nombre y un acrónimo propuestos en lenguaje sencillo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) también consideró “Reglamento de Asistencia Financiera”, pero determinó que el acrónimo para este nombre entraría en conflicto con el acrónimo que ya se utiliza, y que es ampliamente conocido por aplicarse al Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés). Crear un segundo FAR que se aplique a la asistencia financiera federal en lugar de a los contratos federales de adquisiciones causaría confusión y resultaría inviable. La OMB considera que UGR será una forma simple y clara de referirse a la parte 200 tras la emisión de la norma final, y fácilmente distinguible del FAR. Como ocurre actualmente, el texto reglamentario de la parte 200 del título 2 del CFR también puede denominarse UAR (con base en el encabezado formal) o simplemente “parte 200”.

e. Continuidad de la participación pública y de las agencias. Finalmente, el marco propuesto de “Reglamento Uniforme de Subvenciones” también mantendrá la participación pública y de las agencias en el desarrollo de las políticas. La OMB continuará siguiendo los procedimientos de reglamentación mediante notificación y comentario público (N&C) para las actualizaciones sustantivas, y todas las partes interesadas tendrán la posibilidad de comentar sobre cualquier cambio propuesto por la OMB. De este modo, las partes interesadas podrán concentrarse en una sola propuesta unificada en lugar de dar seguimiento y comentar sobre docenas de propuestas separadas de distintas agencias. Las agencias seguirán participando durante la etapa de desarrollo de las enmiendas a las políticas de la OMB y en diversos períodos de revisión interinstitucional, y conservarán la capacidad de plantear a la OMB asuntos específicos de cada agencia antes de que las enmiendas sean propuestas o finalizadas. Después de la determinación final de la OMB, los períodos secundarios de notificación y comentario público en cada agencia tendrían poca utilidad práctica, ya que las decisiones clave de política ya habrían sido adoptadas por la OMB con la participación tanto de comentaristas públicos como de agencias federales.[62]

Mediante esta propuesta de reglamentación, ciertas agencias federales otorgantes de subvenciones que actualmente carecen de un capítulo existente en el subtítulo B del título 2 del CFR proponen agregar capítulos, lo cual tiene por objeto simplificar la implementación y reducir la variabilidad en todo el Gobierno Federal. Las agencias federales que ya cuentan con capítulos existentes en el subtítulo B del título 2 del CFR proponen ciertos cambios específicos y de conformidad para apoyar el esfuerzo de reglamentación más amplio de la OMB. Tras esta reglamentación, el subtítulo B proporcionará una lista completa de todas las agencias federales otorgantes de subvenciones,[63] incluidas ciertas políticas y procedimientos específicos de cada agencia. Este cambio propuesto hará que las políticas y requisitos de la OMB en el título 2 del CFR sean verdaderamente “uniformes” en todo el Gobierno Federal por primera vez desde que se estableció la “Guía Uniforme” de la OMB en 2013.

El tercer y último objetivo de esta reglamentación es reducir la carga que recae sobre los beneficiarios. Las revisiones propuestas en apoyo de este objetivo están dirigidas a garantizar que los requisitos contenidos en el título 2 del CFR sean únicamente aquellos que la OMB considera necesarios para la implementación y supervisión eficientes de los programas de asistencia autorizados por ley.

Algunos de los cambios relacionados con este objetivo tienen por finalidad garantizar que los beneficiarios puedan concentrarse en la entrega oportuna y eficiente de los propósitos centrales del programa. Como se señaló en relación con el primer objetivo en este documento, en años anteriores las agencias federales a menudo exigían a los beneficiarios de las adjudicaciones invertir grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y recursos financieros para implementar mandatos ilegales de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y otros requisitos adicionales innecesarios que aumentaban los costos, la complejidad y los plazos de finalización de los proyectos, pero que no servían al propósito público subyacente de apoyo al programa de asistencia correspondiente. Por el contrario, conforme a la versión propuesta del reglamento, la OMB busca garantizar que las agencias federales reduzcan adecuadamente el alcance de las actividades de la adjudicación únicamente a lo necesario para lograr los objetivos establecidos por ley, de manera congruente con la política del Poder Ejecutivo. De finalizarse, los beneficiarios deberían poder reorientar su atención hacia el logro de los propósitos públicos centrales de manera eficiente en costos y oportuna.

En su esfuerzo por reducir la carga de los beneficiarios, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) también revisó la guía para buscar otras oportunidades de seguir estandarizando y optimizando el proceso de otorgamiento de subvenciones donde fuera posible. Por ejemplo, en el § 200.202, la regulación propuesta fomenta el uso de adjudicaciones plurianuales, reduciendo así la frecuencia de solicitudes y adjudicaciones individuales que se generan cada año. En el § 200.204, la OMB alienta a las agencias federales a adoptar prácticas más eficientes de Avisos de Oportunidad de Financiamiento y de solicitud, incluido el uso de declaraciones de interés, lo cual simplificará el proceso para miles de posibles solicitantes. Además, la propuesta exigiría que todas las oportunidades de financiamiento federal se publiquen en Grants.gov, garantizando que las agencias utilicen una plataforma única y uniforme que reduzca los procesos duplicados y aumente la transparencia para los solicitantes de adjudicaciones. Conforme a la regulación propuesta, no se prohíbe a las agencias anunciar oportunidades en sus sitios web o en otros lugares además de Grants.gov. Los jefes de las agencias federales (o sus designados) podrán aprobar excepciones a este requisito cuando la agencia determine que anunciar públicamente una oportunidad representaría un riesgo para la seguridad nacional o que ello responde al interés nacional de los Estados Unidos. La eliminación de requisitos normativos superfluos reduce los costos y la complejidad sin menoscabar (página impresa 32209) la rendición de cuentas respecto de las adjudicaciones de asistencia financiera federal.

La OMB también está comprometida a seguir apoyando este objetivo después del actual proceso de elaboración de normas. Por ejemplo, los esfuerzos para abordar este objetivo también podrían incluir iniciativas a más largo plazo para: (i) revisar y optimizar los formularios existentes de aplicación en todo el gobierno a fin de garantizar que solo se recopilen los datos necesarios una sola vez; y (ii) trabajar con las agencias federales otorgantes de subvenciones para eliminar o reducir los reglamentos y requisitos de los programas que resulten onerosos.

El Análisis del Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) adjunto evalúa los beneficios, costos y transferencias asociados con la regla propuesta. Por ejemplo, el RIA evalúa la eliminación propuesta de las adjudicaciones de monto fijo y las subadjudicaciones de monto fijo; las reformas propuestas en materia de rendición de cuentas de pagos, incluidos los requisitos para las solicitudes de pago federal; las reformas propuestas relacionadas con la supervisión de los subbeneficiarios; las aclaraciones propuestas sobre la autoridad para la terminación y suspensión de las adjudicaciones federales; los cambios propuestos a las disposiciones de política nacional; y los cambios propuestos relacionados con las restricciones de elegibilidad para las adjudicaciones de investigación y desarrollo. El borrador del RIA concluye que se espera que la regla propuesta genere beneficios cualitativos, costos administrativos modestos y efectos de transferencia mínimos. La OMB invita a presentar comentarios sobre el análisis proporcionado en el RIA adjunto.

La OMB invita a presentar comentarios sobre las revisiones propuestas en todo el subtítulo A del título 2 del CFR.

La OMB propone revisar varias secciones de la parte 1 del título 2 del CFR para reemplazar las referencias a “guía” por “regulación”, a fin de reflejar que las políticas de la OMB contenidas en el subtítulo A del título 2 del CFR constituyen una regulación de la OMB. En este documento se proporciona, más arriba, un análisis adicional relacionado con este cambio.

La OMB propone agregar un nuevo § 1.221 para explicar que ciertas agencias federales enumeradas recibieron la aprobación de la OMB para implementar las regulaciones de la OMB contenidas en el subtítulo A como política aplicable a sus adjudicaciones federales sin establecer regulaciones de agencia en el subtítulo B. La aprobación de este método alternativo de implementación se basa, en general, en las facultades limitadas de reglamentación de dichas agencias.

La OMB propone revisiones limitadas en las partes 25, 170, 175, 180, 182 y 183. Al igual que en todo el texto reglamentario, la OMB propone reemplazar el término “guía” por “regulación” o “política”, según corresponda, por las razones expuestas anteriormente. En algunos casos, dependiendo del contexto, se mantiene el uso de la palabra “guía”, como en los casos en que el término no se refiere al texto reglamentario del título 2 del CFR. La OMB también propone diversos cambios gramaticales en estas partes.

En la parte 170, la OMB propone ciertas revisiones para reflejar que, a partir del 8 de marzo de 2025, el sitio FSRS.gov fue retirado, y que todos los datos y funcionalidades de presentación de informes de subadjudicaciones se encuentran ahora en SAM.gov. Por lo tanto, ciertas referencias a FSRS se reemplazan por referencias a SAM.gov.

En la parte 180, en consonancia con otros cambios en todo el texto reglamentario, la OMB propone eliminar la declaración contenida en el § 180.15 que establece que la política contenida en el texto reglamentario "es orientación y no reglamento". La OMB también propone revisar el § 180.25 para aclarar que las agencias no deben apartarse de los requisitos de esta parte en asuntos para los cuales no se otorga discrecionalidad.

La OMB propone revisar los §§ 180.745 y 180.840 para exigir que las agencias proporcionen a las entidades o personas un registro transcrito de los procedimientos de determinación de hechos para suspensiones e inhabilitaciones dentro de los cinco días hábiles. Conforme a esta propuesta, la entidad o persona que solicite la transcripción seguiría siendo responsable de adquirirla y de pagar los costos correspondientes. Aunque no se aborda directamente ni en el texto reglamentario vigente ni en el propuesto, en algunos casos es posible que otras leyes restrinjan la información que puede proporcionarse en este contexto, como la información clasificada.

En el § 180.915, la OMB propone actualizar la referencia a la Ley de Recursos Civiles contra el Fraude en Programas (Program Fraud Civil Remedies Act, PFCRA) de 1986 para reflejar que, el 23 de diciembre de 2024, el Congreso modificó la PFCRA, incluido el cambio de su nombre a la Ley Administrativa contra Reclamaciones Falsas (Administrative False Claims Act, AFCA).[64]

De manera similar, en la parte 182, la OMB propone eliminar la declaración contenida en el § 182.15 que establece que la política contenida en el texto reglamentario "es orientación y no reglamento". En el § 182.25, la OMB también propone aclarar que las agencias federales no deben apartarse de los requisitos de esta parte en asuntos para los cuales no se otorga discrecionalidad.

La OMB también propone revisar la parte 183 para reemplazar el término "orientación" por "reglamento". Finalmente, la OMB propone actualizar la definición de "comando combatiente cubierto" en el § 183.35 para simplemente hacer referencia a la definición existente en la ley.

La OMB propone eliminar la orientación contenida en la parte 176 relacionada con la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense de 2009 (American Recovery and Reinvestment Act, ARRA). La parte 176 se emitió inicialmente para regir el uso de los fondos asignados bajo la ARRA como parte de los esfuerzos de recuperación económica de la Nación tras la crisis financiera de 2008. Los reglamentos de la parte 176 ya no son necesarios debido a que ya no se otorgan premios bajo la ARRA. La eliminación de la parte 176 se alinea con el objetivo más amplio de la OMB de simplificar los reglamentos federales de asistencia financiera, eliminando disposiciones obsoletas o innecesarias que ya no cumplen una función práctica.

En toda la parte 200, en consonancia con los cambios analizados anteriormente, la OMB propone reemplazar el término "orientación" por "reglamento" cuando se haga referencia al texto reglamentario del 2 CFR. En algunos casos, la OMB también propone reemplazar el término "orientación" por "política" u otros términos que se ajusten al contexto del texto reglamentario.

La OMB propone revisar el § 200.1 para alinearlo con los cambios de política propuestos y para que sea coherente con la ley federal. Estos cambios incluyen revisiones a las definiciones de "fecha del premio federal", "pago indebido", "información de identificación personal (PII)" y "saldo no comprometido". Otros cambios propuestos incluyen la eliminación de las definiciones de "premios de monto fijo" y de "información de identificación personal protegida (PII protegida)". La definición existente de PII protegida no necesariamente es coherente con otras orientaciones de la OMB, las cuales no distinguen entre PII y PII protegida. Se propusieron otros cambios de concordancia en otras secciones del texto reglamentario que utilizan el término PII protegida.

La OMB también propone revisar la definición de "suplemento de cumplimiento" para eliminar las palabras "actualizado anualmente". La OMB se encuentra en proceso de reevaluar la frecuencia apropiada para la emisión del suplemento de cumplimiento. De conformidad con la Ley de Reducción del Riesgo en la Gestión Financiera (Financial Management Risk ( página impresa 32210) Reduction Act, Ley Pública 118-207), la OMB y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se encuentran actualmente analizando el proceso de auditoría única. La OMB planea consultar a las partes interesadas antes de realizar cualquier cambio sustancial.

La OMB propone revisar el § 200.101(b)(4) para eliminar las referencias a las adjudicaciones de monto fijo. La OMB propone eliminar la referencia a las adjudicaciones de monto fijo por razones de coherencia con otros cambios propuestos en este documento, los cuales eliminan el uso tanto de las adjudicaciones de monto fijo como de las subadjudicaciones, que pueden limitar la transparencia y obstaculizar una supervisión eficaz. La OMB también propone incluir una referencia al FAR en el § 200.101(c)(2).

La OMB también propone realizar ciertas ediciones aclaratorias respecto de qué disposiciones rigen en caso de conflicto en el párrafo (d) del § 200.101. La OMB ahora propone abordar los conflictos estatutarios y reglamentarios en párrafos separados. El párrafo (d)(1), relativo a los conflictos estatutarios, permanece sustancialmente sin cambios, salvo por la eliminación propuesta de la referencia a los reglamentos. La OMB propone un nuevo párrafo (d)(2) bajo el § 200.101 que aborda los conflictos no estatutarios con reglamentos de las agencias. La OMB propone especificar que las siguientes disposiciones de la parte 200 regirán en cualquier circunstancia en que entren en conflicto con una disposición reglamentaria no exigida por una ley federal: todas las secciones de la subparte F y el § 200.340 de la subparte D. Para otros conflictos no estatutarios con una disposición reglamentaria de una agencia, el texto reglamentario propuesto alentaría a las agencias federales a aplicar las políticas de alcance gubernamental de la parte 200 en la mayor medida permitida por la ley. La OMB también propone recomendar que las agencias federales aclaren qué disposiciones rigen en las oportunidades de financiamiento y en los documentos de adjudicación federal. El texto propuesto explica que la presunción predeterminada sería, por lo general, que la agencia federal aplique las políticas de alcance gubernamental de esta parte si puede hacerlo de manera compatible con la ley. Finalmente, la revisión propuesta recomienda que las agencias federales también trabajen para resolver dichos conflictos no estatutarios de manera compatible con sus facultades normativas; con las disposiciones aplicables de la parte 200, tales como los §§ 200.102, 200.106 y 200.110; o con ambas. Por ejemplo, esto puede implicar modificar un reglamento de una agencia fuera del 2 CFR para eliminar el conflicto, o codificar una excepción a la política de alcance gubernamental en los reglamentos de implementación de la agencia dentro del subtítulo B.

Cabe reconocer que el § 200.101(d), tanto en su versión vigente como en la propuesta, solo se aplica a los programas federales a los que se aplica la parte 200. La política propuesta respecto de la aplicabilidad de los programas en esta sección permanece, en general, sin cambios. Las ediciones propuestas respecto de los conflictos reglamentarios buscan aumentar la uniformidad y la transparencia en cuanto a la gestión y administración de la asistencia financiera federal en todo el Gobierno Federal. Los receptores, subreceptores y auditores no deberían tener que especular ni adivinar qué disposiciones reglamentarias rigen un programa federal o una adjudicación federal específica.

La OMB propone revisar el § 200.102(b), relativo a las “excepciones estatutarias y reglamentarias”, para incluir una referencia al cambio propuesto en el § 200.101(d)(2) analizado anteriormente. La OMB también propone revisar el § 200.102(c), relativo a las “excepciones de las agencias federales”, para eliminar la referencia a las adjudicaciones de monto fijo por las razones analizadas en otras partes de este documento. Adicionalmente, la OMB propone revisar la autoridad para las excepciones caso por caso otorgadas por una agencia federal a fin de destacar ejemplos de secciones en las que esta parte exige expresamente otra aprobación por parte de la OMB, como en el § 200.340.

La OMB propone revisar el § 200.106 para añadir un nuevo párrafo (b) relativo a las responsabilidades de las agencias. El párrafo propuesto hace referencia a las responsabilidades de las agencias federales bajo otras partes de las políticas de administración de subvenciones de la OMB en el texto reglamentario del 2 CFR. Este cambio propuesto aclarará aún más que las agencias federales son responsables de cumplir no solo con la parte 200, sino también con las demás partes existentes contenidas en el subtítulo A, incluidas las partes 25, 170, 175, 180, 182, 183 y 184.

La OMB propone revisar el § 200.110 para aclarar y complementar la política vigente en el párrafo (a). Los cambios propuestos al párrafo (a) se analizan con mayor detalle en la sección IV.C de este preámbulo, relativa a la aclaración propuesta de la estructura reglamentaria del 2 CFR. Como se mencionó anteriormente, los cambios propuestos al párrafo (a) son, en general, coherentes con el texto reglamentario vigente, pero proporcionan mayor claridad y contexto respecto de su significado.

La OMB propone revisar el § 200.111 para enfocarse únicamente en el requisito básico de que todos los anuncios federales, solicitudes e información sobre premios federales deben estar en idioma inglés y expresados en términos de dólares estadounidenses. Esta revisión tiene como objetivo resaltar la importancia de que los beneficiarios puedan comprender los requisitos del premio federal y la información del programa en inglés para cumplir eficazmente con los objetivos del programa y comunicarse con los funcionarios federales sobre asuntos del programa y de la asistencia financiera federal.

La OMB propone revisar el § 200.112 para exigir, en interés de la transparencia, que un beneficiario o subbeneficiario deba divulgar si algún empleado que trabajó en la propuesta o que brindará apoyo al premio federal resultante estuvo empleado por la agencia federal otorgante dentro de los dos años anteriores a la presentación de la solicitud. La OMB aclara además que esta información tiene fines informativos y no representa por sí misma un conflicto de intereses. Esta revisión tiene como objetivo mejorar la transparencia y permitir que las agencias federales identifiquen posibles conflictos de intereses derivados de relaciones laborales recientes entre el personal de la agencia y el personal del beneficiario. Si bien la divulgación no crea una prohibición ni un impedimento automático para la participación, proporciona a las agencias federales otorgantes visibilidad sobre situaciones en las que un empleo anterior podría generar dudas sobre imparcialidad, trato preferencial o conocimiento interno. Este cambio fortalece los estándares de integridad en el proceso de otorgamiento de premios, al tiempo que limita las cargas al exigir únicamente la divulgación, y no una aprobación o revisión adicional.

La OMB propone revisar el § 200.113 para exigir que una Oficina del Inspector General transmita cualquier divulgación que reciba en virtud de esta sección a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dentro de los diez días posteriores a su recepción. El propósito de esta revisión es fortalecer la aplicación de la ley y la rendición de cuentas, garantizando que las denuncias creíbles de fraude o mala conducta se transmitan con prontitud a las autoridades fiscales. Este estándar de transmisión de 10 días reduciría los retrasos y aceleraría el conocimiento por parte de los fiscales, reduciendo así el riesgo de que la mala conducta penal (o civil) continúe sin el inicio de los remedios apropiados, si así se justifica. (página impresa 32211)

La OMB propone revisar el § 200.201(b) para eliminar el uso de premios de monto fijo, salvo que una ley federal autorice lo contrario. Los premios de monto fijo se introdujeron en 2014 con la publicación inicial de la Guía Uniforme. Nunca se establecieron estándares ni salvaguardas exhaustivas respecto del uso de los premios de monto fijo en el texto reglamentario de la parte 200, lo que en ocasiones generó un uso o aplicación inconsistente de este tipo de premio entre las agencias federales. En respuesta a los comentarios públicos sobre la reglamentación de 2024, la OMB intentó establecer estándares y disposiciones adicionales relacionados con los premios de monto fijo en las revisiones de 2024. La OMB ahora propone cambiar de rumbo y eliminar este tipo de premio de la parte 200. La OMB está preocupada porque el uso de este tipo de premio puede limitar la transparencia y dificultar una supervisión eficaz, y considera que los estándares limitados para los premios de monto fijo en la parte 200 siguen siendo inadecuados para abordar estas preocupaciones. El texto reglamentario vigente también permanece ambiguo respecto de la aplicación de los principios de costos y de ciertos otros requisitos a los premios de monto fijo, y en algunos casos el contexto importante solo se proporcionaba en el preámbulo de 2024. Este cambio propuesto garantizará una mayor coherencia entre las agencias federales en la ejecución e implementación de la asistencia financiera federal y promoverá una mayor transparencia y supervisión. La OMB propone reubicar la definición de “premios de monto fijo” en esta sección. Este cambio propuesto no tiene como objetivo afectar los premios o subpremios de monto fijo existentes que hayan sido emitidos antes de la fecha de entrada en vigor de la norma propuesta.

La OMB también propone una revisión menor al § 200.201(a) para que las agencias federales sean el enfoque exclusivo. La OMB propone agregar una referencia cruzada al § 200.331, que aborda de manera más directa cómo las entidades intermediarias determinan el tipo de acuerdo apropiado para un subpremio o contrato.

La OMB propone revisar el § 200.202(a) para aclarar aún más los elementos del diseño del programa. Dado que las "metas y objetivos" no "proporcionan" directamente resultados significativos, la OMB propone aclarar que las metas y objetivos deben "orientarse a lograr resultados significativos". La OMB también propone aclarar que las metas y objetivos deben ser congruentes con el propósito público de la legislación federal habilitante y estar alineados con las políticas y prioridades de la administración.

La OMB también propone agregar cinco párrafos nuevos. En el § 200.202(c), la OMB propone aclarar que las agencias federales deben desarrollar programas federales e implementar actividades bajo esos programas de manera que se garantice el cumplimiento de todas las restricciones aplicables sobre el uso de fondos federales, incluyendo garantizar que los fondos de los programas federales se utilicen únicamente para fines públicos de apoyo autorizados por ley. Esta adición propuesta reitera lo que ha sido durante mucho tiempo un principio fundamental de la asistencia financiera federal: el financiamiento debe utilizarse únicamente para "llevar a cabo un propósito público de apoyo o estímulo autorizado por ley", [65] y no para otras actividades o iniciativas ajenas de las organizaciones beneficiarias. Esta revisión propuesta aumenta la transparencia y la previsibilidad para los solicitantes y beneficiarios al garantizar que los anuncios de programas estén alineados con la autoridad estatutaria desde el inicio. La OMB propone incluir un ejemplo relacionado con garantizar que los fondos del programa no se utilicen para subsidiar actividades políticas o iniciativas no relacionadas con los fines públicos autorizados.

En el § 200.202(d), la OMB propone agregar un párrafo que explica que las agencias federales pueden, en la medida permitida por la ley, restringir la elegibilidad entre diferentes tipos de organizaciones sin fines de lucro. Esta revisión propuesta promueve la transparencia al garantizar que los solicitantes puedan determinar su elegibilidad sin necesidad de adivinar o interpretar la intención de la agencia. Además, la revisión propuesta garantiza que dichas restricciones no se apliquen de manera incompatible con la ley. Como resultado, los solicitantes tendrán mayor claridad y confianza respecto de los requisitos de elegibilidad antes de invertir tiempo y recursos en la preparación de solicitudes.

En el § 200.202(e), la OMB propone agregar un párrafo para establecer una política a nivel de todo el gobierno que rija la elegibilidad y el uso de elementos internacionales en las adjudicaciones federales de investigación y desarrollo. Mediante este cambio propuesto, la OMB busca fortalecer la alineación entre el financiamiento federal de investigación y desarrollo y las prioridades nacionales, mejorar la coherencia entre las agencias otorgantes de subvenciones y aclarar las expectativas para los solicitantes, al tiempo que se preserva la flexibilidad adecuada para apoyar la colaboración internacional que demuestre fomentar los intereses de los Estados Unidos. En congruencia con las facultades de la OMB mencionadas anteriormente, que autorizan el establecimiento de políticas uniformes que rigen la administración de la asistencia financiera federal, este cambio propuesto tiene como fin garantizar la aplicación coherente de las limitaciones de elegibilidad aplicables a las adjudicaciones de investigación y desarrollo. La OMB y las agencias participantes buscan garantizar que dichas adjudicaciones permanezcan alineadas con el interés nacional de los Estados Unidos. Al igual que en otras secciones del texto reglamentario, la política debe implementarse de manera congruente con las leyes de asignaciones presupuestarias y las leyes habilitantes pertinentes.

En el § 200.202(f), la OMB propone agregar un párrafo que aliente a las agencias a diseñar adjudicaciones como adjudicaciones plurianuales cuando ello sea congruente con los objetivos del programa y esté sujeto a las restricciones establecidas por ley. Bajo este enfoque, las adjudicaciones utilizarían períodos presupuestarios de más de un año en lugar de requerir una nueva competencia anual. Dichas adjudicaciones deben estructurarse de manera que se eviten infracciones a la Ley Antideficiencia (Antideficiency Act). Esta revisión propuesta promueve la eficiencia y reduce la carga administrativa innecesaria tanto para las agencias como para los beneficiarios. Además, la revisión propuesta brinda mayor estabilidad de financiamiento para los beneficiarios, lo que permite la planificación y ejecución a largo plazo de proyectos complejos.

Por último, en el § 200.202(g), la OMB propone agregar un párrafo que exigiría a las agencias que otorgan asistencia financiera federal para investigación científica que clasifiquen esas adjudicaciones como investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental, en congruencia con las definiciones contenidas en la Circular A-11 de la OMB. Esta clasificación deberá comunicarse al beneficiario e incluirse en los términos y condiciones de la adjudicación.

La OMB propone revisar la sección § 200.204 para aclarar, complementar y revisar la política vigente a nivel gubernamental relativa a los avisos de oportunidad de financiamiento, comúnmente denominados NOFO. La OMB propone exigir que las agencias federales anuncien públicamente las oportunidades de financiamiento para todas las adjudicaciones discrecionales, no solo aquellas que se sometan a competencia abierta. En consonancia con la definición de adjudicación discrecional y la práctica de larga data, la OMB también propone aclarar que, según corresponda y de conformidad con la ley que otorga la autoridad correspondiente, las oportunidades de financiamiento pueden permitir competencia abierta, competencia limitada o selección sobre una base no competitiva. Además, la OMB también propone exigir que los solicitantes presenten sus solicitudes de adjudicaciones a través de Grants.gov, a menos que una excepción específica del programa esté ( página impresa 32212) expresamente autorizada por una ley federal o aprobada por el jefe de la agencia federal (o su delegado). La OMB también resalta la importancia de redactar los NOFO en lenguaje sencillo, de manera que completar la solicitud generalmente no requiera que el solicitante contrate expertos técnicos o legales. Estas revisiones propuestas simplifican y estandarizan las políticas relativas a las oportunidades de financiamiento federal, al tiempo que promueven la transparencia en el uso de los fondos públicos federales. Además, las revisiones propuestas reducen las barreras de participación al promover una mayor accesibilidad para los solicitantes elegibles.

La OMB también propone revisar esta sección agregando un nuevo párrafo (c) relativo al uso de las Declaraciones de Interés (SOI, por sus siglas en inglés). El párrafo propuesto alienta a las agencias a utilizar las SOI como parte de sus NOFO cuando se espere un alto volumen de solicitudes o propuestas extensas. Estas revisiones tienen por objeto reducir la carga para los solicitantes que, de otro modo, prepararían propuestas extensas y que requieren muchos recursos, con pocas posibilidades de ser seleccionadas para financiamiento en algunos casos. La revisión propuesta también mejoraría la eficiencia al enfocar la revisión de la agencia en los solicitantes más competitivos.

La OMB también propone revisar la práctica recomendada existente según la cual los resúmenes ejecutivos no deben exceder las 500 palabras. La OMB propone convertir esto en un requisito, pero permitir que los jefes de las agencias federales (o sus delegados) autoricen excepciones. Esta revisión propuesta proporcionaría a los solicitantes, de manera más consistente, una descripción clara y concisa de los NOFO, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad de la agencia cuando sea necesario para comunicar oportunidades complejas. Como resultado, los solicitantes podrán, con mayor frecuencia, evaluar rápidamente si un programa es pertinente antes de leer la totalidad de la oportunidad de financiamiento.

La OMB también propone revisar el requisito de que las oportunidades se publiquen durante no menos de 30 días, a menos que la agencia determine que existen circunstancias apremiantes. Conforme a la revisión propuesta, las agencias estarían obligadas a incluir dicha determinación en el NOFO. Esta revisión propuesta tiene por objeto evitar plazos de solicitud irrazonablemente cortos que perjudiquen a ciertos solicitantes. La revisión propuesta también promueve la equidad, la rendición de cuentas por parte de las agencias federales y un tiempo de preparación adecuado para los solicitantes. Como resultado, los solicitantes contarán con un plazo más previsible para preparar solicitudes sólidas.

Por último, la OMB propone varias revisiones relacionadas con el texto completo de las oportunidades de financiamiento. Específicamente, la OMB propone que las agencias federales, cuando sea viable, se esfuercen por garantizar que los NOFO sean accesibles para una amplia gama de solicitantes, incluidos aquellos que no hayan recibido previamente adjudicaciones federales. Además, la OMB propone un nuevo requisito según el cual se podría exigir a las agencias federales que presenten a la OMB un informe que detalle los beneficiarios específicos o los tipos de beneficiarios que recibieron adjudicaciones federales de la agencia federal durante un período específico. Estas revisiones propuestas refuerzan las obligaciones de claridad y accesibilidad para las agencias y proporcionan a la OMB herramientas de supervisión para garantizar que el financiamiento no se concentre indebidamente en un conjunto reducido de beneficiarios.

La OMB propone revisar el § 200.205 para fortalecer los requisitos de revisión de méritos de las agencias y establecer un nuevo proceso de revisión previa a la emisión, en consonancia con la Orden Ejecutiva 14332. Conforme a los requisitos propuestos para la revisión previa a la emisión, como parte del proceso más amplio de revisión de méritos, las agencias deben asegurarse de que las propuestas seleccionadas para financiamiento sean compatibles con la legislación aplicable, las prioridades de la agencia federal y el interés nacional. De conformidad con la Orden Ejecutiva, los altos funcionarios designados deben llevar a cabo estas revisiones y aplicar principios específicos al evaluar las propuestas. Estos principios incluyen garantizar que las adjudicaciones discrecionales promuevan las prioridades de política del Presidente, prohibir el uso de fondos para fines discriminatorios u otros fines no permitidos, y enfatizar el cumplimiento de la legislación aplicable. Además, las revisiones propuestas alientan a las agencias a ampliar el rango de beneficiarios, priorizar a las instituciones que demuestren una erudición rigurosa y reproducible, incorporar parámetros de referencia para medir el desempeño de la "Ciencia de Estándar de Oro" (Gold Standard Science), y ordenan a las agencias que consideren el compromiso institucional con la integridad de la investigación al tomar decisiones sobre las adjudicaciones. Las revisiones propuestas en esta sección también aclaran que la revisión por pares sigue siendo de carácter consultivo y no reemplaza la discreción de la agencia. Finalmente, las revisiones propuestas aclaran que las agencias no están obligadas a emitir adjudicaciones únicamente como resultado de haber emitido un Aviso de Oportunidad de Financiamiento (NOFO). Estas actualizaciones propuestas tienen como objetivo mejorar la coherencia entre las agencias, la rendición de cuentas y la alineación de las adjudicaciones federales con las prioridades de la administración, al tiempo que se reduce el riesgo de que se realicen adjudicaciones contrarias a los requisitos legales o de política.

La OMB propone revisar el § 200.206(b)(2) para ampliar la lista de factores que las agencias pueden considerar al evaluar el riesgo del solicitante. Los cambios aclaran que las agencias pueden evaluar la capacidad financiera del solicitante para administrar adjudicaciones de alto monto, además de la estabilidad financiera general. Las revisiones también aclaran que el desempeño previo debe evaluarse en función de los objetivos de la oportunidad de financiamiento, y que tanto los resultados positivos como los negativos deben recibir igual ponderación. La OMB también propone agregar una disposición que permita a las agencias considerar el historial de prácticas cuestionables de un solicitante, basándose en información pública y verificable. Además, la OMB propone agregar una disposición que permita a las agencias considerar el cumplimiento, por parte del solicitante, de los requisitos de divulgación de donaciones y contratos extranjeros, según corresponda. Asimismo, la OMB propone una nueva disposición que permita a las agencias considerar las afiliaciones del solicitante con organizaciones que participen en actividades que violen la legislación federal, socaven la seguridad pública o la seguridad nacional, o que promuevan el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos. Por último, la OMB propone una nueva disposición según la cual las agencias deberían considerar, según corresponda, el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos de divulgación de donaciones y contratos extranjeros conforme a la sección 117 de la Ley de Educación Superior de 1965 (Higher Education Act of 1965) (Pub. L. 89-329, con sus modificaciones, codificada en 20 U.S.C. 1011f). Las revisiones propuestas tienen como objetivo proporcionar a las agencias una autoridad más clara para evaluar la capacidad financiera y organizativa, la integridad y las afiliaciones institucionales, con el fin de mitigar riesgos y proteger la integridad de los programas federales.

La OMB propone revisar el § 200.207 para aclarar que las agencias federales deben revisar periódicamente los requisitos programáticos y administrativos específicos de la agencia, el programa o la(s) adjudicación(es), a fin de determinar si dichos requisitos son innecesarios y no son exigidos por esta parte. Las agencias federales también deberían informar anualmente a la OMB sobre cualquier requisito de este tipo que haya sido eliminado.

La OMB propone revisar el § 200.208 para aclarar cómo las agencias pueden aplicar, ajustar y eliminar condiciones específicas bajo las adjudicaciones federales. La OMB propone autorizar a las agencias, sujeto a la legislación aplicable, a agregar o eliminar condiciones específicas durante todo el período de desempeño, con base en los factores de riesgo (página impresa 32213) identificados en el párrafo (c) u otros factores asociados con un beneficiario o programa.

Se propone un nuevo requisito para exigir que cualquier ajuste de ese tipo basado en alguno de los factores enumerados en el párrafo (c) deba ocurrir dentro de los 15 días calendario posteriores a la determinación del organismo. El texto reglamentario existente ya preserva el derecho de los organismos a imponer condiciones específicas basadas en estos factores enumerados, las cuales los beneficiarios aceptan a sabiendas cuando acuerdan recibir las adjudicaciones. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) también propone aclarar que las condiciones específicas que no se basen en los factores del párrafo (c) solo podrán agregarse o eliminarse durante el período de ejecución con el acuerdo del beneficiario.

En el § 200.208(d), la OMB también propone ampliar la lista de ejemplos de condiciones específicas para incluir la exigencia de información sobre los pagos a contratistas o proveedores, o las visitas de sitio relacionadas con la integridad financiera. Estos ejemplos tienen como propósito proporcionar a los organismos herramientas más prácticas para abordar el riesgo identificado durante la administración de las adjudicaciones federales.

En el § 200.208(f), la OMB también propone un nuevo párrafo que reconoce que los organismos pueden imponer condiciones específicas a nivel de programa cuando se identifiquen riesgos programáticos elevados en todo un programa federal. El texto propuesto explica que los organismos pueden eliminar dichas condiciones una vez que se hayan resuelto los riesgos subyacentes, lo que permite que el uso de condiciones a nivel de programa permanezca vinculado a la gestión continua de riesgos en lugar de continuar indefinidamente. En conjunto, estos cambios propuestos otorgan a los organismos una mayor flexibilidad para gestionar el riesgo durante la administración de las adjudicaciones, a la vez que establecen salvaguardas relacionadas con la transparencia y la equidad.

La OMB propone revisar el § 200.211 para aclarar que los organismos federales deben incluir siempre las disposiciones de terminación conforme al § 200.340 en cada adjudicación federal, o incorporarlas expresamente por referencia, y deben informar a los beneficiarios de cualquier disposición de terminación adicional que se aplique a la adjudicación. Esta revisión tiene como propósito garantizar que los beneficiarios estén siempre informados de manera clara e inequívoca sobre la posibilidad de terminación conforme al § 200.340, incluida la terminación a discreción del organismo federal. La OMB también propone eliminar la referencia a proporcionar “una copia de los términos y condiciones” al beneficiario cuando este lo solicite. Este requisito está desactualizado dado el acceso que los solicitantes y beneficiarios tienen actualmente a los términos y condiciones generales a través de internet. En la medida en que los términos y condiciones generales aplicables no estén disponibles en internet, los organismos serían responsables de proporcionarlos al beneficiario, generalmente en formato electrónico, junto con el instrumento de la adjudicación federal. Los organismos federales seguirían estando autorizados a enviar por correo una copia impresa de los términos y condiciones a los beneficiarios que lo soliciten, incluso con la eliminación de esta disposición, pero no estarían obligados a hacerlo siempre que el beneficiario tenga acceso electrónico.

La OMB propone revisar el § 200.216 para incorporar un nuevo requisito legal relacionado con el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas adquiridos con asistencia financiera federal. En primer lugar, la OMB propone modificar el encabezado de la sección para reflejar un alcance más amplio que continúe incluyendo, pero que ya no se limite, a las telecomunicaciones y la videovigilancia. Se propone un nuevo párrafo (a) para enmarcar adecuadamente la prohibición existente sobre determinados equipos o servicios de telecomunicaciones y videovigilancia. La OMB también propone eliminar el párrafo (d) existente. Aunque técnicamente sigue siendo un requisito legal, considerando que la ley ha estado vigente desde 2020 y que es poco probable que los organismos federales todavía estén financiando una transición hacia sistemas diferentes, la OMB considera que este texto está desactualizado y ya no es necesario incluirlo expresamente en el Título 2 del CFR.

OMB propone agregar un nuevo párrafo (b) en el § 200.216 bajo el encabezado: "Prohibición de adquisición y operación de sistemas de aeronaves no tripuladas prohibidos". Este párrafo implementará los requisitos de la sección 1825 de la Ley de Seguridad de Drones Estadounidenses de 2023 (American Security Drone Act of 2023) (Ley Pública 118-31). Este estatuto prohíbe a las agencias federales emitir asistencia financiera federal que resulte en la adquisición de sistemas de aeronaves no tripuladas prohibidos por el Consejo de Seguridad de Adquisiciones Federales (Federal Acquisition Security Council, FASC), y exige a los beneficiarios y subbeneficiarios implementar salvaguardas y medidas de cumplimiento específicas para estos sistemas. Los requisitos estatutarios entraron en vigencia el 22 de diciembre de 2025. Por lo tanto, las agencias, los beneficiarios y los subbeneficiarios deben tener en cuenta que el estatuto ya se aplica incluso antes de que la revisión propuesta de esta sección se finalice. Véase el Memorando M-26-02 de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), de fecha 21 de noviembre de 2025, "Garantizar el uso gubernamental de sistemas de aeronaves no tripuladas seguros y apoyar a los productores de los Estados Unidos".

La OMB propone una nueva sección § 200.218 relacionada con la Orden Ejecutiva 14281, "Restauración de la igualdad de oportunidades y la meritocracia". De conformidad con la Orden Ejecutiva, esta sección propone establecer una política a nivel gubernamental en el Título 2 del CFR respecto al uso de asistencia financiera federal para promover o respaldar teorías que impongan responsabilidad por impacto dispar basada en características protegidas a nivel federal, tales como raza, sexo o edad. La OMB propone instruir a las agencias y entidades de transferencia (pass-through entities), en la máxima medida permitida por la ley, a garantizar que las subvenciones se administren de manera que no promuevan ni respalden teorías de responsabilidad por impacto dispar, incluyendo no emitir términos, condiciones o directrices que promuevan teorías de responsabilidad por impacto dispar. También se instruye a los beneficiarios y subbeneficiarios a evitar usar los fondos de las subvenciones federales con este propósito, a menos que la ley lo exija expresamente. La OMB propone reconocer una excepción relacionada con el análisis para uso interno si las actividades no son financiadas por la subvención federal y no se usan en relación con actividades bajo la subvención. La OMB propone una definición de responsabilidad por impacto dispar para garantizar claridad y coherencia. La definición propuesta es generalmente coherente con la Orden Ejecutiva. Estas revisiones propuestas tienen como objetivo alinear la administración a nivel gubernamental de la asistencia financiera federal con la política de la administración y reforzar el principio de que la oportunidad basada en el mérito, en lugar de las teorías de responsabilidad por impacto dispar u otras formas de discriminación ilegal basadas en la raza u otras características protegidas, regirá la administración de las subvenciones federales.

La autoridad legal para esta sección (en adelante denominada la "Disposición sobre Impacto Dispar") es similar a la autoridad para incluir la disposición ilegal de DEI en el § 200.300, ya que ambas están generalmente destinadas a prevenir la discriminación basada en características protegidas a nivel federal. Para limitar la repetición en este preámbulo, la OMB incluye un análisis adicional de la Disposición sobre Impacto Dispar en el § 200.300 en relación con la disposición ilegal de DEI, incluyendo el análisis de la autoridad legal y consideraciones relacionadas.[66]

(página impresa 32214)

Para garantizar que los fondos federales no se utilicen, directa o indirectamente, para subsidiar violaciones de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos relacionadas con la supresión de la libertad de expresión de grupos desfavorecidos, la OMB propone una nueva sección § 200.219. La disposición propuesta establecería en el texto reglamentario que las entidades públicas que sean beneficiarias o subbeneficiarias de asistencia financiera federal no deben discriminar sobre la base del punto de vista, el contenido o el tema del discurso, incluso sobre la base de la afiliación o perspectiva política, ideológica o religiosa, al proporcionar servicios para eventos, reuniones u otras actividades expresivas. Este requisito garantizaría que las entidades públicas no utilicen indebidamente el control sobre instalaciones o servicios para perjudicar o suprimir el discurso de grupos desfavorecidos. El texto propuesto establece además que este se aplica independientemente de si un evento es financiado directamente por la subvención federal, siempre que ocurra en propiedad o instalaciones bajo el control de la entidad pública. Dado que las entidades públicas están sujetas a la Primera Enmienda por derecho propio, esta aplicación amplia es constitucionalmente permisible.[67]

Las adiciones propuestas tienen por objeto impedir que las entidades públicas utilicen fondos federales, incluidos los costos indirectos destinados a edificios e instalaciones, de manera discriminatoria. Este requisito garantizaría además que las entidades públicas que reciben adjudicaciones federales no utilicen su control sobre las instalaciones o los servicios para perjudicar a grupos desfavorecidos, como ocurre cuando colegios y universidades cobran tarifas adicionales, a veces denominadas "tarifas de abucheadores" (heckler's fees), para proporcionar seguridad a oradores conservadores.[68] De conformidad con la Primera Enmienda, el lenguaje propuesto no debe interpretarse en el sentido de prohibir que las entidades públicas apliquen restricciones de tiempo, lugar y modo que sean neutrales en cuanto al contenido y al punto de vista, ni que apliquen restricciones razonables y neutrales en cuanto al punto de vista en foros no públicos. De finalizarse, las entidades públicas no deberán tratar de eludir estos requisitos mediante clasificaciones de foro pretextuales o posteriores al hecho.

El lenguaje propuesto en el § 200.219 no tiene por objeto alterar la permisibilidad de los costos conforme a la subparte E, incluidos los costos asociados con oradores o eventos. Más bien, exigiría que cualquier tarifa, costo de seguridad u otro cargo impuesto en relación con eventos se aplique de manera neutral en cuanto al punto de vista y de forma consistente.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) también propone aclarar la aplicación a entidades no públicas. Para garantizar que los fondos federales no se utilicen de manera incompatible con la Primera Enmienda, la OMB propone aplicar los requisitos del párrafo (a) a las entidades no públicas en la medida en que las actividades pertinentes estén comprendidas dentro del alcance de un programa federal en virtud del cual la entidad no pública acepte una adjudicación federal. Aplicar la prohibición a las actividades comprendidas dentro del alcance de un programa federal no plantea problemas constitucionales en virtud de la Primera Enmienda, siempre que la agencia federal no trate de aprovechar el financiamiento para regular la expresión fuera de los contornos del programa federal.[69] Al aceptar conscientemente dicha adjudicación federal, el beneficiario o subbeneficiario reconoce su capacidad de realizar las actividades financiadas con fondos federales de manera compatible con la ley y con sus propios derechos constitucionales. Por ejemplo, si un beneficiario o subbeneficiario no público acepta una adjudicación federal que incluye la organización de un foro público, deberá cumplir con los términos y condiciones de la adjudicación federal de manera neutral en cuanto al punto de vista.

El párrafo (b) propuesto deberá implementarse en plena conformidad con la Constitución de los Estados Unidos. Fuera de la realización de las actividades de la adjudicación, la revisión propuesta no deberá interpretarse en el sentido de exigir a una entidad no pública que ponga a disposición su propiedad, instalaciones o servicios para la expresión, el discurso o eventos de una manera que viole directamente sus derechos conforme a la Primera Enmienda o que de otro modo exija un acceso o asociación que constituya expresión o asociación forzada en virtud de la Constitución de los Estados Unidos. De conformidad con la ley, una agencia federal podrá considerar ajustar los términos y condiciones de una adjudicación federal a una entidad no pública para aclarar la aplicación de esta disposición y garantizar que la realización de las actividades requeridas por la adjudicación pueda llevarse a cabo de manera compatible con la ley.

Para proteger los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y garantizar la implementación coherente de las restricciones estatutarias de larga data, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone un nuevo § 200.220 para prohibir la obligación o el desembolso de fondos federales con el fin de respaldar ciertas colaboraciones extranjeras que involucren a países extranjeros cubiertos o entidades extranjeras cubiertas.

Algunas leyes federales instruyen a las agencias federales a restringir el uso de fondos asignados para actividades bilaterales o multilaterales con adversarios extranjeros y entidades afiliadas a servicios militares o de inteligencia extranjeros. En particular, la sección 1340(a) de la "Ley de Asignaciones del Departamento de Defensa y de Continuidad para Todo el Año Fiscal" para el año fiscal 2011 (Pub. L. 112-10) (comúnmente conocida como la "Enmienda Wolf") prohibió a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y a la Oficina de Política Científica y Tecnológica utilizar fondos asignados para desarrollar, diseñar, planificar, promulgar, implementar o ejecutar cualquier política, programa, orden o contrato bilateral de cualquier tipo para participar, colaborar o coordinar bilateralmente con China o con cualquier empresa de propiedad china, sin una autorización estatutaria específica. La Enmienda Wolf ha seguido aplicándose como disposición adicional (rider) en las leyes de asignaciones anuales subsiguientes.[70]

La asistencia financiera federal se otorga con frecuencia a través de subvenciones, acuerdos de cooperación y subadjudicaciones que pueden respaldar investigación colaborativa, asistencia técnica o actividades programáticas que involucren a entidades extranjeras. Si bien la Enmienda Wolf solo se aplica directamente a agencias y asignaciones presupuestarias específicas, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone determinar que una norma regulatoria uniforme, que proporcione una aplicación coherente de estas restricciones en todos los programas de asistencia federal, reduciría el riesgo relacionado con la seguridad nacional y la integridad de los programas para todas las agencias y para el Gobierno Federal en su conjunto.

El propuesto § 200.220 establece una regla básica de aplicación general en todo el gobierno que prohíbe a los receptores y subreceptores utilizar fondos federales para respaldar colaboraciones, acuerdos, programas o actividades bilaterales o multilaterales con países extranjeros cubiertos o entidades extranjeras cubiertas, a menos que esté expresamente autorizado por una ley federal o (página impresa 32215) aprobado por la agencia federal de conformidad con la autoridad de excepción propuesta y la ley aplicable. Esta disposición tiene como fin garantizar que la asistencia financiera federal no se utilice, directa o indirectamente, para respaldar actividades que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional, la defensa o los intereses de inteligencia de los Estados Unidos. El Congreso ha determinado expresamente que dicho riesgo existe en el caso de algunas agencias.

La prohibición se aplicaría independientemente de si los fondos federales se utilizan para actividades programáticas directas, investigación, asistencia técnica, viajes o costos indirectos asignables a dichas colaboraciones. Este enfoque garantizaría que las restricciones sobre la colaboración extranjera, incluidas aquellas expresamente exigidas por ley, no se eludan mediante la estructura de los mecanismos de financiamiento o las prácticas de asignación de costos.

La norma propuesta también contempla excepciones limitadas cuando estén expresamente autorizadas por una ley federal o cuando el titular de la agencia federal (o su delegado) determine que la actividad no representa un riesgo para la seguridad nacional y que es de interés nacional para los Estados Unidos. Estas excepciones tienen como fin preservar la discreción necesaria de las agencias, al tiempo que aseguran que cualquier apartamiento de la prohibición general esté sujeto a la revisión y rendición de cuentas adecuadas por parte de altos funcionarios de las agencias otorgantes de subvenciones. Esta disposición no prohíbe a los receptores participar en colaboraciones extranjeras utilizando fondos no federales.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone revisar el § 200.300 para simplificar las referencias existentes a las obligaciones legales y de política. La OMB también propone complementar el § 200.300 para reflejar las políticas y prioridades clave de la administración.

1. Órdenes ejecutivas y orientación del Poder Ejecutivo. En enero de 2025, el presidente Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas (EO, por sus siglas en inglés) que establecen políticas de aplicación en todo el gobierno para, de conformidad con la ley aplicable, poner fin al financiamiento federal de programas ilegales de diversidad, equidad e inclusión (DEI), a la promoción de la “ideología de género” y a la denominada “transición” de un menor de 19 años de un sexo a otro. Estas incluyen la Orden Ejecutiva 14151 del 20 de enero de 2025, “Fin de los Programas Gubernamentales de DEI Radicales y Derrochadores y de las Preferencias” (Orden Ejecutiva sobre DEI); [71] la Orden Ejecutiva 14173 del 21 de enero de 2025, “Fin de la Discriminación Ilegal y Restauración de las Oportunidades Basadas en el Mérito” (Orden Ejecutiva sobre el Fin de la Discriminación); [72] la Orden Ejecutiva 14168 del 20 de enero de 2025, “Defensa de las Mujeres contra el Extremismo de la Ideología de Género y Restauración de la Verdad Biológica en el Gobierno Federal” (Orden Ejecutiva sobre Ideología de Género); [73] y la Orden Ejecutiva 14187 del 28 de enero de 2025, “Protección de los Niños contra la Mutilación Química y Quirúrgica” (Orden Ejecutiva sobre la Protección de los Niños). Posteriormente, el presidente emitió la Orden Ejecutiva 14281 del 23 de abril de 2025, “Restauración de la Igualdad de Oportunidades y la Meritocracia” (Orden Ejecutiva sobre la Restauración de la Igualdad).

El 21 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una guía dirigida a todas las agencias federales sobre la implementación de las Órdenes Ejecutivas (EO) 14151 y 14173 (Guía del DOJ de marzo de 2025).[74] Posteriormente, el 29 de julio de 2025, el DOJ emitió una guía adicional sobre discriminación ilícita (Guía del DOJ de julio de 2025).[75] La Guía del DOJ de julio de 2025 tuvo como propósito asegurar que los beneficiarios de fondos federales no incurran en discriminación ilícita.[76] En particular, aclaró que las leyes federales antidiscriminación se aplican a los programas o iniciativas que involucran prácticas discriminatorias, incluidas aquellas calificadas como programas de DEI. Las entidades que reciben fondos federales, al igual que todas las demás entidades sujetas a las leyes federales antidiscriminación, deben asegurar que sus programas y actividades cumplan con la ley federal y no discriminen por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión u otras características protegidas, sin importar las etiquetas, objetivos o intenciones del programa. La guía del DOJ destacó los importantes riesgos legales de las iniciativas que implican discriminación basada en características protegidas y ofreció mejores prácticas de carácter no vinculante para ayudar a las entidades que reciben fondos federales a evitar el riesgo de infracciones y la revocación del financiamiento federal mediante subvenciones.[77] El 12 de septiembre de 2025, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) emitió el Memorando M-25-33, en el cual instruyó a las agencias a seguir la Guía del DOJ de julio de 2025 al administrar los programas federales y supervisar a los beneficiarios de fondos federales. Más recientemente, el 2 de diciembre de 2025, la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del DOJ publicó una opinión en la que determinó que ciertos programas de subvenciones basados en raza administrados por el Departamento de Educación violan el componente de igual protección de la Quinta Enmienda.[78]

2. Revisiones propuestas. La OMB, en consulta con el DOJ y otras agencias, propone enmendar el párrafo (b) del § 200.300, para establecer que, al administrar las adjudicaciones federales, en la medida máxima permitida por la ley, la agencia federal o la entidad intermediaria debe asegurar que la adjudicación federal no se utilice para financiar, promover, fomentar, subsidiar o facilitar:

El calificativo “en la medida máxima permitida por la ley” tiene por objeto asegurar que las agencias federales tomen debidamente en consideración la legislación habilitante aplicable a sus programas al aplicar esta disposición. Como se señaló anteriormente, la OMB también propone una disposición relacionada (página impresa 32216) en el § 200.218 (la “Disposición sobre Impacto Dispar”).

El texto vigente del párrafo (a) del § 200.300 ya establece que la agencia federal o la entidad intermediaria “debe gestionar y administrar la adjudicación federal de manera que asegure que el financiamiento federal se gaste y que los programas asociados se implementen en plena conformidad con la Constitución de los Estados Unidos” y con “las leyes y los reglamentos federales aplicables”, incluidos “aquellos que prohíben la discriminación”. Las enmiendas propuestas aclararían y enfatizarían aplicaciones específicas de ese principio, en concordancia con las directrices de las Órdenes Ejecutivas del Presidente y la reciente guía del DOJ. Además, las revisiones propuestas también reforzarían que el uso de los fondos federales debe mantenerse debidamente alineado con los fines públicos esenciales autorizados por la ley, y no debe desviarse para subsidiar ideologías políticas radicales, experimentación perjudicial en niños estadounidenses,[79] o discriminación ilícita.

La OMB también propone agregar un lenguaje revisado en el § 200.300(a) que aclara que, en la gestión y administración de las adjudicaciones federales, ninguna persona que sea elegible de otro modo será excluida de la participación en, se le negará ilegalmente los beneficios de, o será objeto de discriminación ilegal en la administración de programas, actividades, proyectos, asistencia y servicios federales. Dicho lenguaje de no discriminación abarcaría requisitos, según corresponda, de no discriminar por diversos motivos, incluyendo raza, color, origen nacional, discapacidad, sexo, religión o conciencia.

La OMB también propone enmendar los párrafos (b) y (c) de la versión de 2024 del § 200.300 para eliminar los comentarios sobre la decisión de la Corte Suprema en Bostock v. Clayton County, 140 S. Ct. 1731 (2020). La OMB propone determinar que dichos comentarios son innecesarios dentro del texto regulatorio aplicable a todo el gobierno, y que ya no son coherentes con la política de la Administración. La Orden Ejecutiva sobre Ideología de Género explicó en la sección (3)(f) que la posición de la Administración anterior respecto de Bostock v. Clayton County es legalmente insostenible y ha perjudicado a las mujeres. La orden también instruyó al Procurador General a emitir orientación a las agencias para corregir la aplicación incorrecta de la decisión de la Corte Suprema, y para ayudar a las agencias a proteger las distinciones basadas en el sexo. El Procurador General Asociado Interino emitió orientación a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) el 12 de febrero de 2025, aclarando la posición del DOJ respecto de Bostock v. Clayton County (el "Memorando Bostock de febrero de 2025"). De conformidad con el Memorando Bostock de febrero de 2025 y la Orientación del DOJ de julio de 2025, las agencias federales pueden decidir qué orientación adicional, de haberla, proporcionar a los beneficiarios de asistencia financiera federal respecto de la decisión de la Corte Suprema en Bostock v. Clayton County. En la medida en que se proporcione orientación adicional a nivel de todo el gobierno respecto de la decisión en el futuro, es más probable que provenga del Procurador General o de la División de Derechos Civiles del DOJ.

Finalmente, la OMB propone agregar un nuevo párrafo (c) relativo a la no discriminación contra organizaciones de base religiosa. El párrafo (c) propuesto establece que las agencias federales y las entidades intermediarias no pueden discriminar en contra ni a favor de un solicitante en función del carácter religioso, la afiliación, el ejercicio religioso o la ausencia de este, de la organización, ni en función de una conducta que no se consideraría motivo para favorecer o desfavorecer a una organización secular en situación similar. También establece que las organizaciones de base religiosa son elegibles para solicitar asistencia financiera federal en las mismas condiciones que cualquier otra organización. Asimismo, explica que los solicitantes que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad pueden ser considerados para una adjudicación federal conforme a un aviso de oportunidad de financiamiento.

Tanto en la versión vigente como en la propuesta del § 200.300(a), los ejemplos de leyes aplicables a las adjudicaciones federales incluyen "[leyes de] libertad religiosa . . . y las [leyes] que prohíben la discriminación". Todas las agencias federales deben cumplir con la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) (42 U.S.C. 2000bb, et seq.) y cualquier estatuto aplicable que prohíba la discriminación por motivos de religión o que proteja el ejercicio de la conciencia. La Primera Enmienda, la RFRA y los estatutos aplicables que prohíben la discriminación por motivos de religión o que protegen el ejercicio de la conciencia requieren que las agencias federales, las entidades intermediarias, los beneficiarios y los subbeneficiarios respeten el ejercicio de la religión. Esto incluye considerar y proporcionar adaptaciones razonables o exenciones para objeciones religiosas o de conciencia según lo exija la ley.[80] Cuando tales protecciones legales sean aplicables, las agencias federales, las entidades intermediarias, los beneficiarios y los subbeneficiarios no deben estructurar los procedimientos internos de manera que requieran una aprobación discrecional caso por caso de las solicitudes de adaptación o exención.[81] Las agencias federales, las entidades intermediarias, los beneficiarios y los subbeneficiarios deben ser conscientes de sus obligaciones legales continuas en materia de libertad religiosa y de conciencia. La revisión propuesta del § 200.300 tiene como objetivo aclarar que la conciencia y la libertad religiosa están protegidas bajo múltiples estatutos y que el Gobierno Federal hará cumplir dichos estatutos según corresponda.

La litigación reciente y en curso relacionada con algunos de los temas abordados en el § 200.300 indica la necesidad de un marco regulatorio claro que refleje la política de la administración y que pueda ser aplicado de manera uniforme por las agencias federales a los beneficiarios de asistencia financiera federal. Al llevar a cabo un proceso de reglamentación de aviso y comentario (N&C, por sus siglas en inglés), la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) busca proporcionar claridad respecto de las políticas aplicables a todo el gobierno, considerar los aportes del público y llegar a una política final que sea congruente con la ley, incluidos los principios jurídicos consolidados aplicables a la asistencia financiera federal.

3. Facultades de la OMB y de las agencias. Las facultades legales de la OMB para esta reglamentación se analizan en diversas secciones de este preámbulo, por lo que no es necesario repetirlas aquí extensamente. En general, la OMB se basa en facultades que incluyen 31 U.S.C. 503 y 31 U.S.C. 6307 para establecer políticas y requisitos aplicables a todo el gobierno relacionados con la gestión de la asistencia financiera federal en todas las agencias federales. Estas disposiciones autorizan a la OMB a establecer condiciones uniformes para las adjudicaciones federales a fin de garantizar que los fondos federales se gasten de conformidad con la ley y la política de los Estados Unidos.

Además, el Congreso ha autorizado ampliamente a las agencias federales, incluidas las que participan en esta reglamentación, para hacer cumplir las leyes federales contra la discriminación en sus programas de asistencia. Los beneficiarios de asistencia financiera federal deben cumplir con las leyes de derechos civiles aplicables, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, y la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda.[82] La facultad legal de la OMB incluye coordinar dichos requisitos transversales según se apliquen a (página impresa 32217) la administración de la asistencia financiera federal.

Al diseñar programas de asistencia y otorgar nuevas adjudicaciones federales, resulta tanto permisible como obligatorio que las agencias federales revisen los usos propuestos de los fondos a fin de asegurar que estos sigan alineados con la intención del Congreso, y que no se desvíen indebidamente para subsidiar actividades que queden fuera de los propósitos públicos autorizados por la ley, especialmente si dichas actividades entran en conflicto con las políticas clave de la administración expresadas en las órdenes ejecutivas (EO, por sus siglas en inglés). El uso de los fondos federales debe mantenerse siempre congruente con el propósito de las asignaciones presupuestarias y con los estatutos del programa que autorizan a la agencia federal correspondiente. Véase, por ejemplo, 31 U.S.C. 1301(a) (comúnmente conocido como la “Ley de Propósito”). La Ley de Subvenciones Federales y Acuerdos de Cooperación de 1977, que autoriza a la OMB a proporcionar lineamientos aplicables a todo el gobierno “para promover el uso coherente y eficiente” de las subvenciones y los acuerdos de cooperación, también reconoce que las adjudicaciones federales deben utilizarse para “llevar a cabo un propósito público de apoyo o estímulo autorizado por la ley”. 31 U.S.C. 6304, 6305 y 6307. Las agencias federales no están obligadas a subsidiar actividades que queden fuera de los propósitos públicos centrales de los programas que administran. La OMB no tiene conocimiento de leyes federales que exijan expresamente financiar las actividades pertinentes mencionadas en el texto regulatorio propuesto del § 200.300. No obstante, múltiples estatutos federales respaldan el no financiarlas, incluidas las leyes federales contra la discriminación y otras leyes mencionadas en las órdenes ejecutivas pertinentes y en la Guía del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de julio de 2025.

Las órdenes ejecutivas analizadas anteriormente también proporcionan una indicación adicional de la política del Poder Ejecutivo pertinente a estas propuestas, las cuales deben implementarse de conformidad con la ley. Si bien las órdenes ejecutivas en sí mismas no reemplazan a los estatutos, orientan las políticas y acciones del Poder Ejecutivo en los ámbitos en que existe discrecionalidad conforme a la ley. En este caso, la OMB y las agencias participantes están utilizando su discrecionalidad para dar forma a la política de asistencia financiera de manera congruente con la ley aplicable y con la directriz clara del Presidente proporcionada en las recientes órdenes ejecutivas. De manera similar a las órdenes ejecutivas, la norma propuesta incluye expresamente el calificativo “en la máxima medida permitida por la ley” para reconocer que determinados programas de asistencia podrían tener propósitos, requisitos o limitaciones que afecten la aplicación de esta disposición, aunque, como se analiza a continuación, en general esto no debería ocurrir dada la forma en que la OMB ha diseñado el texto regulatorio propuesto.

Las revisiones propuestas en el § 200.300 son congruentes con las leyes habilitantes pertinentes. Al definir los fines públicos de programas de asistencia específicos, el Congreso ciertamente otorgó a las agencias del Poder Ejecutivo la facultad de condicionar las adjudicaciones federales para que se utilicen únicamente para esos fines autorizados por el Congreso, y no para actividades ideológicas ajenas que sean incompatibles con las leyes contra la discriminación o con la política del Poder Ejecutivo. La facultad discrecional para imponer condiciones a las adjudicaciones puede analizarse tanto en referencia a la legislación habilitante de programas de asistencia específicos como a otra legislación de aplicación general a nivel gubernamental que se aplica a todos los programas de asistencia, tales como las leyes federales contra la discriminación y las facultades de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) relacionadas con el establecimiento de requisitos coordinados para la gestión y administración de la asistencia financiera federal en todo el Gobierno Federal.

Con base en las facultades de la OMB y de las agencias resumidas anteriormente, el Congreso ha otorgado al Poder Ejecutivo la facultad discrecional de establecer las disposiciones propuestas, las cuales garantizan que los fondos de las adjudicaciones se utilicen únicamente para fines públicos autorizados y no para otras actividades ajenas que entren en conflicto con las leyes contra la discriminación o con la política del Poder Ejecutivo. A diferencia de una condición hipotética de adjudicación diseñada para inducir a los beneficiarios a emprender actividades no relacionadas con los fines subyacentes de un programa particular de adjudicación federal, estas disposiciones están diseñadas para garantizar que los fondos federales se utilicen únicamente para fines públicos autorizados, y no para misiones ideológicas paralelas que no estén alineadas con la ley y la política federal, incluidas las metas y los objetivos del programa según hayan sido diseñados por las agencias federales de conformidad con la ley. Las actividades realizadas en el marco de adjudicaciones federales deben estar alineadas tanto con la legislación pertinente para los programas de asistencia como con el diseño discrecional de dichos programas por parte de las agencias federales dentro de los límites legislativos. Conforme al texto propuesto, la OMB aclarará que los fondos de las adjudicaciones no deben utilizarse en apoyo de actividades que infrinjan las leyes federales contra la discriminación, que promuevan ideologías divisivas no relacionadas con las metas y los objetivos del programa, o que de otro modo no guarden relación con el diseño discrecional que la agencia federal haya dado a los programas para satisfacer los fines públicos fundamentales autorizados por la ley.

4. Incorporación clara e inequívoca en los acuerdos de adjudicación. Al codificar las disposiciones en el título 2 del CFR, e incorporarlas en los nuevos acuerdos de adjudicación, se brindará a los solicitantes y beneficiarios un aviso claro e inequívoco de su aplicabilidad. La Corte Suprema ha explicado que si “el Congreso pretende imponer una condición a la concesión de [fondos] federales, debe hacerlo de manera inequívoca”. Pennhurst State Sch. & Hosp. v. Halderman, 451 U.S. 1, 17 (1981). La Corte ha explicado además que “el Congreso debe expresar claramente su intención de imponer condiciones a la concesión de fondos federales, de modo que los estados puedan decidir con pleno conocimiento si aceptan o no dichos fondos”. Id. en 24. El principio de notificación establecido en Pennhurst también se aplica, en términos generales, a la decisión discrecional de una agencia del Poder Ejecutivo de imponer condiciones a las adjudicaciones con base en la facultad discrecional de que dispone conforme a la ley. Al definir estos parámetros en el texto reglamentario del título 2 del CFR, con base en las autoridades legales descritas anteriormente, la OMB y las agencias participantes garantizarán aún más que dichas condiciones sean incorporadas de manera inequívoca por las agencias federales en los acuerdos de adjudicación.

La codificación formal de los principios en el reglamento eliminará cualquier ambigüedad para la comunidad de subvenciones federales respecto de qué condiciones se aplican a los premios federales sobre estos temas. Tras la emisión de una norma final, un beneficiario no tendrá ninguna base para alegar que desconocía que, por ejemplo, las prácticas de DEI (diversidad, equidad e inclusión) que violen las leyes federales contra la discriminación, como el trato dispar por motivos de raza o sexo, pondrían en riesgo su financiamiento federal. Incluso bajo la versión existente de la guía de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), ya existe poca o ninguna base para tales alegaciones, considerando que los principios pertinentes surgen de estatutos de larga data contra la discriminación ya referenciados en el texto reglamentario, de principios constitucionales rectores y de precedentes vinculantes de la Corte Suprema. Véase, por ejemplo, Students for Fair Admissions, Inc. v. President & Fellows of Harvard Coll., 600 U.S. 181 (2023) ("Students for Fair Admissions"). Estos principios también fueron destacados y reforzados recientemente por una serie de órdenes ejecutivas presidenciales de alto perfil y documentos de orientación del Departamento de Justicia (DOJ). Tras la codificación formal de estos principios en el 2 CFR mediante la emisión de una norma final, la OMB hará que estas condiciones sean aún más claras e inequívocas para todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia financiera. Esto promueve la equidad, ya que todos los solicitantes conocerán las reglas de antemano al solicitar y aceptar nuevos premios. También evitará las preocupaciones de "sorpresa injusta" discutidas en Pennhurst y casos similares.

5. Marco de la Cláusula de Gastos. Las revisiones propuestas también son coherentes con la jurisprudencia establecida relacionada con la Cláusula de Gastos. En South Dakota v. Dole, la Corte Suprema delineó el marco que rige la autoridad del Congreso bajo la Cláusula de Gastos para vincular condiciones de financiamiento a los programas de premios federales. 483 U.S. 203 (1987). Bajo este marco, una condición de financiamiento (página impresa 32218) debe: (1) promover "el bienestar general"; (2) ser clara e inequívoca para que los beneficiarios puedan aceptar el término "con conocimiento de causa"; (3) estar razonablemente relacionada "con el interés federal en proyectos o programas nacionales particulares" de que se trate (o estar "razonablemente calculada" para apoyar "un propósito para el cual se gastan los fondos"); (4) no inducir a los beneficiarios a participar en actividades "que serían en sí mismas inconstitucionales"; y (5) no ser indebidamente coercitiva de modo que "la presión se convierta en compulsión". Id., en 207 211 (comillas omitidas). Dado que la autoridad ejecutiva para vincular condiciones de financiamiento a los premios de asistencia deriva de la promulgación de legislación por el Congreso, la evaluación de la autoridad ejecutiva para imponer dichas condiciones generalmente también implica la consideración de este marco. La enmienda propuesta al § 200.300 se encuentra plenamente dentro de los límites del marco establecido en Dole.

Primero, la revisión propuesta promueve el bienestar general al garantizar que los fondos federales no se utilicen para socavar la Constitución de los Estados Unidos o las leyes federales contra la discriminación, para apoyar ideologías divisivas que no se alinean con los propósitos centrales de los programas de asistencia discrecional y la política del Poder Ejecutivo, o para causar daño a menores. Garantizar que los dólares de los contribuyentes federales se utilicen únicamente para los fines autorizados por el Gobierno Federal, y no para misiones ideológicas ajenas sin relación con los premios federales, promueve ciertamente el bienestar general.

Segundo, la norma propuesta está diseñada para definir claramente las actividades prohibidas en el texto reglamentario del 2 CFR y en los premios federales otorgados después de su fecha de entrada en vigor. Esto satisface el requisito de permitir que los beneficiarios acepten las disposiciones "con conocimiento de causa". Véase también Pennhurst, 451 U.S., en 17. En la sección inmediatamente anterior de este análisis se proporciona un análisis adicional del principio de notificación de Pennhurst según se aplica al § 200.300.

En tercer lugar, la disposición enmendada está diseñada para garantizar que las actividades realizadas en el marco de un premio federal se mantengan alineadas con el "interés federal" en asignaciones presupuestarias y estatutos de programas específicos. Véase también New York v. United States, 505 U.S. 144, 167 (1992) (las "condiciones" de la subvención "deben (entre otros requisitos) guardar alguna relación con el propósito del gasto federal"). En otras palabras, la disposición busca garantizar que los fondos federales se utilicen únicamente para los propósitos públicos esenciales para los cuales se erogan los fondos, y no para la discriminación ilegal o la promoción de ideologías divisivas o prácticas dañinas. La disposición además garantizaría que las actividades realizadas bajo premios federales estén razonablemente relacionadas con el interés federal en el proyecto o programa en cuestión, y no se desvíen indebidamente hacia otras actividades o iniciativas ideológicas ajenas a los propósitos autorizados por el Congreso e implementados a discreción del Poder Ejecutivo. Existe un fuerte interés federal en garantizar que las actividades del premio no se alejen de los propósitos públicos autorizados hacia actividades que entren en conflicto con las políticas clave del Poder Ejecutivo expresadas en las órdenes ejecutivas presidenciales y reflejadas en el diseño de los programas por parte de las agencias. Por lo tanto, prevenir violaciones de las leyes antidiscriminación, evitar circunstancias en las que los fondos de premios federales se utilicen indebidamente para apoyar ideologías divisivas no alineadas con los propósitos públicos esenciales autorizados por la ley, y proteger la salud y la seguridad de los niños son todos intereses federales aplicables a todos los programas de asistencia discrecional.

En la medida en que algún programa de asistencia aún no identificado requiera expresamente el desempeño de dichas actividades sin violar la Constitución de los Estados Unidos, el calificador propuesto "en la máxima medida permitida por la ley" podría aplicarse en esas circunstancias. Sin embargo, la presunción a nivel de todo el gobierno sería que los programas de asistencia financiera federal no serán diseñados ni administrados por las agencias federales para apoyar tales actividades, las cuales no están expresamente autorizadas por el Congreso y entran en conflicto con la política del Poder Ejecutivo. Todos los estatutos deben administrarse de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales contra la discriminación, y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) no tiene conocimiento de legislación que establezca un derecho a fondos para fines de discriminación ilegal, promoción de la "ideología de género" según se define en la Orden Ejecutiva 14168, o asistencia en la denominada "transición" de un niño de un sexo a otro, según se trata en la Orden Ejecutiva 14187.

En cuarto lugar, las revisiones propuestas no inducen una conducta inconstitucional. Por el contrario, la Disposición sobre DEI Ilegal y la Disposición relacionada sobre Impacto Dispar en el § 200.218 se alinean con los principios de igual protección de la Constitución al aclarar que los premios federales no pueden utilizarse para apoyar actividades que impliquen discriminación ilegal basada en características protegidas, como se analiza con más detalle en la sección 8.a a continuación. En cuanto a la Disposición de Protección de los Niños, ningún tribunal ha reconocido un derecho constitucional a tales procedimientos, y ciertamente no a expensas públicas. Además, con respecto a todas las disposiciones, el texto reglamentario propuesto para esta reglamentación simplemente establece que los fondos de los premios federales no pueden utilizarse para ciertas actividades definidas, las cuales generalmente quedarán fuera de los propósitos públicos autorizados que un programa de premios en particular está destinado a apoyar, sin intentar regular más ampliamente otras actividades fuera del alcance del premio federal.

En quinto y último lugar, la revisión propuesta no es indebidamente coercitiva. Un solicitante o posible beneficiario puede simplemente optar por no participar en un premio o programa federal en particular si no puede diseñar su proyecto o programa de una manera que no viole las leyes federales contra la discriminación o que no utilice fondos federales para promover la ideología de género o ayudar en procedimientos de transición de sexo para menores.

6. Permisibilidad conforme a la Primera Enmienda. Las revisiones propuestas tampoco plantean inquietudes relacionadas con la libertad de expresión conforme a la Primera Enmienda. Todas las revisiones propuestas por la OMB relacionadas con la política nacional simplemente proporcionan un aviso claro a los solicitantes y beneficiarios de subvenciones federales de que, a menos que la ley lo exija expresamente, las agencias ejecutivas no tienen la intención de usar su autoridad discrecional para financiar estas categorías de actividades. Como tal, las disposiciones propuestas no infringen el discurso protegido, simplemente establecen parámetros para el financiamiento o subsidio federal del discurso, aclarando que el Gobierno Federal no subsidiará ciertas categorías de actividades ideológicas. Todas las agencias ejecutivas han recibido una dirección de política clara a través de las órdenes ejecutivas del Presidente y otras acciones ejecutivas, las cuales seguirán en su administración de los programas discrecionales de subvenciones. Las disposiciones propuestas solo se aplican a las actividades realizadas conforme a los programas de subvenciones financiados con fondos federales, y no penalizan ni escrutan el discurso de los beneficiarios fuera de la subvención federal.

La Corte Suprema ha sido clara desde hace mucho tiempo en que la Primera Enmienda proporciona al gobierno una flexibilidad significativa cuando actúa como patrocinador para subsidiar el discurso conforme a los programas federales de gasto, en contraposición a cuando actúa como soberano para regular el discurso más allá del alcance de dichos programas. La distinción que ha surgido de la Corte Suprema con respecto a si una condición de financiamiento puede resultar en una carga inconstitucional sobre los derechos de la Primera Enmienda es entre: (i) condiciones que definen los límites del programa de gasto gubernamental especificando las actividades que el Gobierno Federal desea subsidiar; y (ii) condiciones que buscan aprovechar el financiamiento para regular el discurso fuera de los contornos (página impresa 32219) del propio programa federal. Agency for Int'l Dev. v. All. for Open Soc'y Int'l, Inc., 570 U.S. 205, 206, 215-15 (2013). La "decisión de no subsidiar el ejercicio de un derecho fundamental no infringe el derecho". Regan v. Taxation with Representation of Washington, 461 U.S. 540, 549 (1983). Al gobierno se le permite hacer un juicio de valor con respecto al interés público e "implementar ese juicio [de valor] mediante la asignación de fondos públicos". Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173, 192-93 (1991) (citando a Maher v. Roe, 432 U.S. 464, 474 (1977)). Por lo tanto, cuando actúa como patrocinador para subsidiar el discurso, utilizando la discreción para financiar ciertas actividades conforme a un programa federal y no otras, el gobierno puede elegir qué actividades financiar sin implicar inquietudes conforme a la Primera Enmienda. "[E]legir financiar una actividad con exclusión de la otra" es permisible. National Endowment for the Arts v. Finley, 524 U.S. 569, 588 (1988) (cita omitida). El "Gobierno puede, sin violar la Constitución, financiar selectivamente un programa para fomentar ciertas actividades que considera que son de interés público". Rust en 193. Por el contrario, el gobierno no está obligado a subsidiar actividades que no desea promover. Íd. Las inquietudes constitucionales surgen únicamente cuando el Gobierno Federal utiliza el financiamiento para afectar el discurso más allá del alcance del programa de gasto financiado con fondos federales. Véase también California ex rel. Becerra v. Azar, 950 F.3d 1067, 1093 n.24 (9th Cir. 2020) ("La Corte Suprema ha reafirmado reiteradamente . . . que el gobierno puede, de manera constitucional, impedir que los beneficiarios de fondos federales aborden temas específicos siempre que la limitación no interfiera con la conducta del beneficiario fuera del alcance del programa financiado con fondos federales").

Las revisiones propuestas al § 200.300 se centran en actividades dentro del alcance de los programas financiados con fondos federales. En la administración anterior, los organismos ejecutivos frecuentemente optaron por subsidiar y priorizar expresamente proyectos con base en su alineación ideológica con las categorías de actividades analizadas en la versión propuesta del § 200.300. Véase, por ejemplo, la Orden Ejecutiva 13985, secc. 1, 86 FR 7009, 7009 (25 de enero de 2021) ("Por lo tanto, es política de esta Administración [la de Biden] que el Gobierno Federal debe adoptar un enfoque integral para promover la equidad . . . ."). En esta administración, los organismos ejecutivos continuarán utilizando sus facultades discrecionales de manera congruente con la política actual del Poder Ejecutivo. Si los organismos ejecutivos tenían derecho a subsidiar ese tipo de actividades durante la administración anterior, no existe fundamento constitucional alguno para impedir que el gobierno adopte una determinación de política distinta respecto de qué actividades financiar durante esta administración. Para efectos del texto reglamentario propuesto en esta reglamentación, que es lo único relevante para este análisis, el gobierno no propone negar a los beneficiarios el derecho a llevar a cabo dichas actividades fuera de las actividades realizadas en virtud de sus adjudicaciones federales. En el contexto de la administración de subvenciones federales, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y los organismos federales proponen adoptar una decisión constitucionalmente permisible de no subsidiar esas actividades con fondos federales, salvo que la ley lo exija expresamente. La Primera Enmienda no exige proporcionar recursos de los contribuyentes para apoyar, promover o abogar por políticas que el gobierno considera que no benefician el interés público. El financiamiento gubernamental selectivo que deja a las entidades privadas en libertad de expresarse como deseen fuera de las actividades de la adjudicación federal, y utilizando sus propios recursos, no plantea problemas conforme a la Primera Enmienda.

7. Permisibilidad conforme a los principios de igual protección. Las revisiones propuestas son permisibles conforme al componente de igual protección de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. Las revisiones ofrecen un aviso claro de que el gobierno no financiará estas categorías de actividades, pero no ordenan a los organismos tomar medidas que discriminen con base en características protegidas tales como la raza o el sexo.

En primer lugar, las disposiciones sobre DEI ilegal e impacto dispar buscan garantizar que la discriminación ilegal no continúe en el futuro. Por ejemplo, la doctrina de igual protección rechaza la idea de que la Constitución permita, y mucho menos exija, que el Gobierno "asigne intencionalmente preferencias a quienes pueden tener poco en común entre sí salvo el color de su piel". Véase Students for Fair Admissions, 600 U.S. 181, 200 (2023) (cita y comillas omitidas). La intención de la OMB al proponer estas disposiciones es evitar que ocurra discriminación ilegal en el marco de los programas financiados con fondos federales. En la sección 8.a a continuación se ofrece un análisis más detallado de la disposición sobre DEI ilegal.

En segundo lugar, las disposiciones sobre Ideología de Género y Protección de los Niños distinguen entre el concepto de "sexo" biológico y otros conceptos imprecisos asociados con la ideología de género. Estas disposiciones notifican que los organismos del poder ejecutivo ya no utilizarán sus facultades discrecionales para subsidiar proyectos o actividades que promuevan la ideología de género, incluidos aquellos que buscan reemplazar el concepto de "sexo" biológico por un concepto divisivo, inestable y subjetivo de "identidad de género". La administración anterior intentó imponer este concepto controvertido a todos los miembros del público estadounidense a través de diversas vías de financiamiento, incluso reinterpretando las leyes federales contra la discriminación por sexo para este fin.[83] Al hacerlo, promovió y subsidió actividades que menoscababan los derechos, la dignidad, la seguridad y el bienestar de las mujeres; infringían libertades religiosas fundamentales; y causaban daños perdurables a niños vulnerables. Véase la Orden Ejecutiva sobre Ideología de Género, seccs. 1 y 2; la Orden Ejecutiva sobre Protección de los Niños, secc. 1. Conforme a las Órdenes Ejecutivas del Presidente, el Poder Ejecutivo ya no desea respaldar la doctrina ideológica según la cual el "sexo" y la "identidad de género" autoevaluada son intercambiables. Las revisiones propuestas ordenan a los organismos garantizar que, en la medida permitida por la ley, el dinero federal ya no se utilice para financiar programas o proyectos que infrinjan las leyes federales contra la discriminación o que promuevan la ideología de género.

La reciente decisión de la Corte Suprema en United States v. Skrmetti, 605 U.S. 495 (2025) es instructiva en relación con las disposiciones sobre Ideología de Género y Protección de los Niños. La Corte Suprema evaluó una ley de Tennessee que prohíbe las intervenciones médicas para la "disforia de género, trastorno de identidad de género, o incongruencia de género" en menores. Id. en 495-7. Los demandantes en Skrmetti argumentaron que la ley "discrimina por razón de sexo y condición transgénero" y no podía resistir un escrutinio intermedio. Id. en 520. La Corte Suprema rechazó estos argumentos y confirmó la ley de Tennessee mediante una revisión de base racional. Primero sostuvo que la ley de Tennessee no clasifica por sexo porque "no prohíbe una conducta para un sexo que permite para el otro". Id. en 497. Más bien, la prohibición depende del tratamiento de la "disforia de género" y "se aplica independientemente del sexo del menor". Id. en 511.

El mismo principio se aplica a las revisiones propuestas al 2 CFR. El texto reglamentario propuesto notifica que los fondos federales ya no se utilizarán para subsidiar o promover la doctrina de que el sexo y la "identidad de género" son conceptos intercambiables, ni otras actividades basadas en esa doctrina, tales como procedimientos médicos dañinos realizados (página impresa 32220) en niños. El aviso relativo a las prioridades de financiamiento del Poder Ejecutivo no discrimina por razón del sexo de ningún grupo o individuo. Más bien, se aplica por igual a todos.

8. Análisis de disposiciones específicas de política nacional.

a. Disposición de DEI Ilegal (y la Disposición de Impacto Dispar relacionada). La restricción propuesta sobre el financiamiento de actividades ilegales de DEI se basa en la obligación de todo beneficiario de subvenciones federales de cumplir con las leyes federales antidiscriminación como condición para recibir fondos federales. Véase el Memorando del DOJ de julio de 2025. Establecer expresamente esta condición en el § 200.300, y la disposición relacionada en el § 200.218, es consistente con la ley federal y está plenamente dentro de la autoridad de la OMB para aclarar y coordinar las condiciones de adjudicación utilizadas por el Gobierno Federal.

Se necesita una coordinación a nivel de todo el Gobierno para garantizar que los beneficiarios de adjudicaciones federales no continúen incurriendo en discriminación ilegal. En años recientes, el Gobierno Federal "ha hecho la vista gorda ante, o incluso ha fomentado, diversas prácticas discriminatorias".[84] Por ejemplo, algunos beneficiarios han adoptado iniciativas o prácticas de DEI ilegales que incluyen otorgar beneficios u oportunidades con base en la raza o el sexo; imponer cuotas u objetivos basados en consideraciones raciales bajo diversos nombres, etiquetas o apoderados; o realizar sesiones de capacitación que avalan y fomentan los estereotipos raciales y la culpabilización, promueven la discriminación ilegal, o crean un entorno hostil.[85]

La decisión de la Corte Suprema en Students for Fair Admissions reafirmó que las prácticas discriminatorias por motivos raciales son ilegales aun cuando se presenten como promotoras de la "diversidad" o la "equidad". 600 U.S. 181 (2023).[86] La Orden Ejecutiva 14173 explica que "el Gobierno Federal tiene encomendado hacer cumplir nuestras leyes de derechos civiles" y declara claramente que el propósito de la orden es asegurar que el Gobierno Federal cumpla ahora con esa responsabilidad "poniendo fin a las preferencias y la discriminación ilegales". De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema que interpreta las leyes de derechos civiles, proteger y hacer cumplir los derechos civiles incluye garantizar que los fondos federales no se utilicen para respaldar la discriminación ilegal basada en características protegidas.[87] Esta regla refleja ese principio y tiene por objeto promover un trato igualitario conforme a los propósitos de la ley federal de derechos civiles. Principios similares se reafirman en la Guía del DOJ de julio de 2025 y en el dictamen de la OLC de fecha 2 de diciembre de 2025.[88]

Las disposiciones propuestas en las secciones §§ 200.300 y 200.218 son congruentes con el compromiso del Gobierno Federal de tratar a cada estadounidense con igual dignidad y respeto, tal como se analiza en la Orden Ejecutiva 14151, el principio de oportunidad basada en el mérito analizado en la Orden Ejecutiva 14173, y los principios relativos a la discriminación ilegal analizados en la Orientación del DOJ (Departamento de Justicia) de julio de 2025. Las disposiciones propuestas brindarán aviso claro a todos los beneficiarios sobre la necesidad de garantizar que sus programas y actividades cumplan con la legislación federal y no discriminen por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión u otras características protegidas, sin importar las etiquetas, los objetivos o las intenciones del programa. Las disposiciones propuestas benefician tanto a los beneficiarios como al Gobierno Federal al promover la coherencia, la transparencia y la equidad mediante una condición uniforme de la adjudicación. Las disposiciones pondrán a los beneficiarios en aviso claro de que tales prácticas constituyen un incumplimiento material de la adjudicación federal, y además fortalecen los derechos del gobierno para recuperar fondos mal utilizados o rescindir las adjudicaciones por incumplimiento.[89]

Con base en otros comentarios públicos, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) anticipa que algunos comentaristas de este proceso de reglamentación podrían argumentar que la Disposición sobre DEI Ilegal es excesivamente vaga o susceptible de interpretación errónea, inclusive al sugerir que podría interpretarse como una prohibición de actividades lícitas conforme a las adjudicaciones federales que no discriminan por características protegidas como la raza o el sexo. Los comentaristas deben centrar su atención en el texto reglamentario propuesto en este documento, el cual prohibiría a las agencias federales utilizar las adjudicaciones federales para “financiar, promover, fomentar, subsidiar o facilitar... políticas, principios o prácticas que infrinjan cualquier ley federal antidiscriminatoria aplicable”. Este texto propuesto no amplía el alcance de los estatutos aplicables. Más bien, de manera congruente con las facultades de la OMB para establecer políticas a nivel de todo el gobierno para la administración de la asistencia financiera federal, el texto propuesto aclara cómo se aplican esos requisitos en el contexto de las adjudicaciones federales y las responsabilidades de las agencias y los beneficiarios conforme a la parte 200. Asimismo, refleja la función establecida de los reglamentos de aplicación y de los términos y condiciones de las adjudicaciones federales para garantizar que la asistencia financiera federal se administre y utilice de manera congruente con los requisitos estatutarios y los principios constitucionales vigentes.

La Orientación del DOJ de julio de 2025 ofrece ejemplos ilustrativos de prácticas que podrían infringir los estatutos antidiscriminatorios subyacentes, según los hechos y circunstancias de casos particulares. La orientación refleja la práctica de larga data del Poder Ejecutivo de emitir orientación interpretativa respecto de la aplicación de los estatutos federales antidiscriminatorios en contextos específicos. La determinación de si existe una infracción en un caso particular seguiría basándose en los estándares jurídicos vigentes conforme a las leyes antidiscriminatorias aplicables, interpretadas a la luz de los precedentes vinculantes de la Corte Suprema.

De conformidad con la práctica de larga data del Poder Ejecutivo, la interpretación que hace la OMB de las leyes federales antidiscriminatorias en el contexto de este proceso de reglamentación propuesto se basa en parte en la orientación emitida por el DOJ respecto de la aplicación de dichas leyes. Los principios y ejemplos ilustrativos analizados en la Orientación del DOJ de julio de 2025 brindan contexto adicional respecto de la aplicación de esas leyes en determinadas circunstancias. La interpretación de la OMB también se basa en la decisión de la Corte Suprema en Students for Fair Admissions, que aborda la aplicación de los estatutos federales antidiscriminatorios a la luz de los principios constitucionales de igual protección, y en la opinión de la OLC (Oficina de Asesoría Jurídica) del 2 de diciembre de 2025, que aborda la administración de los programas federales de manera congruente con los requisitos estatutarios y las limitaciones vigentes conforme a la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, los comentaristas también pueden revisar esas fuentes al examinar y responder a este documento.

La OMB considera que el texto reglamentario proporciona suficiente claridad respecto de las formas prohibidas de discriminación, pero solicita comentarios sobre si la norma final debería incluir un análisis o elaboración adicional en el texto reglamentario o en el preámbulo. El texto reglamentario propuesto explica que (página impresa 32221) la DEI ilegal incluiría, por ejemplo, las preferencias raciales u otras formas de discriminación racial utilizadas por el beneficiario o subbeneficiario que infrinjan cualquier ley federal antidiscriminatoria aplicable, incluidas las circunstancias en las que la raza o los sustitutos intencionales de la raza se utilizan como criterio de selección para el empleo o la participación en programas. Este ejemplo no es exhaustivo, pero refleja una categoría importante de conducta abordada por la Corte Suprema en Students for Fair Admissions. Por lo tanto, el texto reglamentario propuesto aclara que los premios federales no pueden utilizarse para apoyar actividades que impliquen un trato dispar basado en características protegidas conforme a la ley aplicable, incluida la raza o los sustitutos intencionales de la raza. Los comentaristas también pueden considerar las definiciones y la cláusula contractual modelo establecidas en la Orden Ejecutiva 14398 del 26 de marzo de 2026, “Addressing DEI Discrimination by Federal Contractors” (Cómo abordar la discriminación por DEI por parte de los contratistas federales), y proporcionar su opinión sobre si un lenguaje similar sería apropiado o informativo en el contexto de esta reglamentación, como un lenguaje que aclare aún más la aplicación de las normas de trato dispar en relación con las actividades realizadas bajo premios federales.[90] La OMB también solicita comentarios sobre si dicho análisis o elaboración adicional sería útil para los beneficiarios y subbeneficiarios a fin de cumplir con sus obligaciones conforme a la parte 200 respecto de las actividades realizadas bajo premios federales, incluidas sus responsabilidades de control interno conforme al § 200.303. Además, la OMB solicita comentarios sobre si sería útil una mayor aclaración respecto de la relación entre el § 200.300 y otras disposiciones de la parte 200, incluidos el § 200.204, el § 200.211, el § 200.303 y el § 200.403, así como la relación entre esas disposiciones y los términos y condiciones de los premios federales emitidos por las agencias federales conforme a esta reglamentación propuesta.

Las agencias del Poder Ejecutivo han emitido desde hace mucho tiempo regulaciones y orientaciones de alcance general y específicas de cada programa que interpretan los requisitos federales de derechos civiles aplicables a los beneficiarios de asistencia financiera federal. Esta reglamentación propuesta continúa esa práctica establecida al aclarar cómo se aplican los requisitos de no discriminación existentes dentro del alcance de las actividades financiadas con fondos federales. De conformidad con la práctica de larga data del Poder Ejecutivo, la OMB busca garantizar que la asistencia financiera federal no sea utilizada por los beneficiarios o subbeneficiarios para políticas o prácticas discriminatorias, incluidas aquellas que discriminan en función de las características protegidas de una persona.

Aunque la orientación del DOJ se describe como no vinculante, la OMB y las agencias federales tienen la intención de aclarar, mediante este proceso de reglamentación por aviso y comentario (N&C), cómo se aplican las leyes antidiscriminatorias correspondientes a los programas de asistencia financiera federal. Los beneficiarios y subbeneficiarios deben tener presente que las prácticas discriminatorias ya presentan riesgos de incumplimiento conforme a las leyes antidiscriminatorias vigentes aplicadas por el Poder Ejecutivo.[91] A la luz de la aclaración proporcionada mediante la orientación reciente del Poder Ejecutivo, a la cual se le daría efecto reglamentario mediante este proceso de reglamentación por aviso y comentario, los beneficiarios y subbeneficiarios no deben suponer que las prácticas previamente consideradas conformes con la orientación anterior del Poder Ejecutivo necesariamente satisfarán los requisitos federales antidiscriminatorios aplicables a los premios federales. Los beneficiarios y subbeneficiarios deben evaluar las políticas y prácticas existentes en referencia a las normas jurídicas reflejadas en esta reglamentación y a las leyes antidiscriminatorias aplicables analizadas anteriormente. Tras la emisión de una norma final, la política propuesta en este documento tendrá efecto reglamentario como parte de las regulaciones de alcance general para la asistencia financiera federal establecidas en el título 2 del CFR.

b. Disposición sobre ideología de género. La restricción propuesta para financiar la promoción de la ideología de género se basa en garantizar que los premios federales se utilicen únicamente para fines públicos autorizados por la ley. Dentro de los límites legislativos, las agencias federales también deben diseñar sus programas de asistencia y oportunidades de financiamiento de manera que sean coherentes con la política del Poder Ejecutivo.

El Gobierno Federal no tiene la obligación de proporcionar fondos de los contribuyentes para promover ideologías divisivas y dañinas. Por el contrario, tiene razones convincentes para no hacerlo. Como se explica en la Orden Ejecutiva 14168, los esfuerzos patrocinados por el gobierno “para erradicar la realidad biológica del sexo” perjudican a las mujeres al “privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”. Varios comentaristas han explicado cómo dichos esfuerzos también causan un daño significativo a la confianza pública en el gobierno.[92] En lugar de continuar desperdiciando fondos federales en apoyo de ideologías de género divisivas, que perjudican a las mujeres, tienen un efecto corrosivo en la confianza pública en las agencias federales de otorgamiento de subvenciones, infringen las libertades religiosas y quedan fuera de los propósitos específicamente enumerados en la legislación que las autoriza, el Gobierno Federal debería, en cambio, reenfocar sus esfuerzos más directamente en el uso de las adjudicaciones federales para los fines centrales autorizados por la ley. Las adjudicaciones discrecionales también deben canalizarse mediante el diseño cuidadoso por parte de una agencia de sus programas y oportunidades de financiamiento para garantizar la coherencia tanto con la ley como, cuando corresponda, con las prioridades de política de la administración.[93] Poner fin a la promoción patrocinada por el gobierno de la ideología de género divisiva es fundamental para la investigación científica, la seguridad pública y la confianza en el gobierno.[94]

De conformidad con los principios establecidos en la Orden Ejecutiva 14168, la disposición propuesta proporcionará un aviso claro a los beneficiarios de que promover la ideología de género no es algo que el Gobierno Federal desee financiar como parte de ningún programa federal. La norma propuesta garantiza que los fondos de las adjudicaciones con asignaciones federales, que están destinados a fines como la educación, la investigación y la salud, no se desvíen indebidamente a fines fuera del alcance aprobado del programa, tal como lo diseñan las agencias federales de conformidad con la legislación que las autoriza. Una vez más, la propuesta beneficia tanto a los beneficiarios como al Gobierno Federal al establecer una coherencia a nivel de todo el gobierno mediante una disposición uniforme y transparente. Los beneficiarios recibirán un aviso claro de que el uso de los fondos de las adjudicaciones federales para fines no autorizados relacionados con la promoción de la ideología de género constituirá un incumplimiento sustancial de la adjudicación federal, y se fortalecerán aún más los derechos del gobierno a recuperar los fondos mal utilizados o a dar por terminadas las adjudicaciones por incumplimiento.[95]

c. Disposición de Protección de los Niños. La restricción propuesta sobre el financiamiento de la denominada “transición” de un menor de 19 años de un sexo a otro también se basa en garantizar que las adjudicaciones federales se utilicen únicamente para fines públicos autorizados. Dentro de los límites legislativos, las agencias federales también deben diseñar sus programas de asistencia y oportunidades de financiamiento de manera que se ajusten a las prioridades de política de la administración. (página impresa 32222)

Esta disposición también se basa en una justificación convincente de bienestar público. Como se analiza en la Orden Ejecutiva 14187, “mutilar y esterilizar a un número cada vez mayor de niños impresionables bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo de un niño mediante una serie de intervenciones médicas irreversibles” es una práctica con consecuencias “destructivas y que cambian la vida” que “será una mancha en la historia de nuestra Nación”. El Gobierno Federal tiene la obligación de evitar subsidiar lo que considera prácticas poco éticas e inseguras con consecuencias profundas para la vida y el bienestar de los niños estadounidenses. Los procedimientos de rechazo del sexo realizados en niños, con consecuencias profundas y que cambian la vida, se encuentran en esta categoría. La Orden Ejecutiva 14187 explicó que un número cada vez mayor de menores pronto se arrepienten de haberse sometido a tales procedimientos y comienzan a reconocer las consecuencias físicas, financieras y psicológicas que los seguirán por el resto de sus vidas. La Orden Ejecutiva calificó estas intervenciones como “mutilación química y quirúrgica” de niños, lo cual refleja la conclusión de la administración de que dichas actividades no constituyen atención médica legítima que merezca apoyo financiero gubernamental, sino más bien experimentación dañina en menores, la cual debe terminar.

El fundamento jurídico de la prohibición es sencillo: no existe un derecho o una prerrogativa a recibir estos procedimientos a costa del erario público conforme a la ley Federal, y el Gobierno Federal no proporcionará, ni tiene obligación legal de proporcionar, financiamiento para ellos. La norma propuesta no niega a ninguna persona un derecho constitucional o legal porque no existe tal derecho conforme a la ley Federal. Por todas las razones expuestas en la Orden Ejecutiva 14187, el Gobierno Federal ha determinado que proporcionar asistencia para dichos procedimientos de rechazo del sexo en niños no es de interés público, y no lo hará.[96]

De conformidad con los principios señalados en la Orden Ejecutiva 14187, la disposición propuesta brindará un aviso claro a los beneficiarios de que el Gobierno Federal no proporcionará financiamiento para estas prácticas. Una vez más, la propuesta beneficia tanto a los beneficiarios como al Gobierno Federal al establecer coherencia a nivel gubernamental mediante una disposición uniforme y transparente. Los beneficiarios recibirán un aviso claro de que el uso de fondos de adjudicaciones Federales para estos fines constituirá un incumplimiento sustancial de la adjudicación Federal, y se fortalecerán aún más los derechos del gobierno de recuperar fondos mal utilizados o rescindir adjudicaciones por incumplimiento.[97]

9. Conclusión. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) reconoce que está modificando la política existente en las secciones §§ 200.300 y 200.218, pero propone determinar que estos cambios están justificados por todas las razones descritas en este documento. El lenguaje existente en el párrafo (a) de la sección § 200.300 ya establece que la agencia otorgante Federal debe gestionar y administrar las adjudicaciones Federales en pleno cumplimiento con la ley de los Estados Unidos. Las revisiones propuestas por la OMB relacionadas con la discriminación ilegal aclaran y enfatizan aplicaciones específicas de ese principio de conformidad con las autoridades legales subyacentes y la orientación de política reciente del Poder Ejecutivo respecto a la implementación y aplicación de dichas leyes. Los cambios propuestos por la OMB en esta sección también están diseñados para garantizar que los fondos Federales se utilicen únicamente para los fines públicos fundamentales autorizados por la ley y los términos y condiciones de las adjudicaciones Federales, y no para otras actividades ajenas que entren en conflicto con las políticas y prioridades clave del Poder Ejecutivo.

La OMB reconoce que las conclusiones de hecho expuestas en este documento son incongruentes con ciertas conclusiones de hecho y posiciones de política que presentó para fundamentar las revisiones de la sección § 200.300 en 2024. La OMB ha proporcionado anteriormente una explicación razonada respecto a su fundamento para las nuevas políticas. La OMB invita a presentar comentarios sobre el fundamento proporcionado en este documento en relación con las razones que respaldaron las políticas de la OMB en 2024 o años anteriores. La OMB responderá a dichos comentarios en la norma final.

La OMB propone una aclaración en la sección § 200.303(e) respecto a la información comercial confidencial. Específicamente, la OMB propone incluir la información comercial confidencial como un tipo de información que un beneficiario o subbeneficiario debe tomar medidas razonables de ciberseguridad y de otra índole para resguardar.

En el § 200.303(a), la OMB también propone eliminar la declaración de que los controles internos deben alinearse con la orientación contenida en las “Normas de Control Interno del Gobierno Federal” (Standards for Internal Control in the Federal Government) emitidas por el Contralor General de los Estados Unidos o el “Marco Integrado de Control Interno” (Internal Control-Integrated Framework) emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO). La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos (GAO), bajo la dirección del Contralor General, es una agencia del poder legislativo; sus opiniones respecto de los controles internos no son vinculantes para las regulaciones del Poder Ejecutivo aplicables a los receptores y subreceptores de adjudicaciones federales. COSO es una organización del sector privado. Instruir a los receptores y subreceptores a seguir normas dinámicas emitidas por organizaciones ajenas al Poder Ejecutivo es incompatible con la política de la Administración y con los procedimientos de notificación y comentario de larga data utilizados por la OMB para las actualizaciones del Título 2 del CFR. Véase 2 CFR 1.230. La OMB no puede, ni desea, delegar la facultad reglamentaria a la GAO o a COSO respecto de las normas de control interno utilizadas por los receptores y subreceptores de asistencia financiera federal. Esta revisión aclarará que los marcos de la GAO y de COSO no se aplican a los receptores ni a los subreceptores como normas vinculantes o expresamente recomendadas. Las agencias federales, los auditores, los receptores y los subreceptores pueden seguir considerando estos u otros marcos ampliamente reconocidos como puntos de referencia generales al evaluar la adecuación de los controles internos.[98] La OMB únicamente propone aclarar que los receptores y subreceptores cuentan con cierto grado de discreción razonable respecto de la manera de establecer, documentar y mantener un control interno eficaz, en formas que pueden no ser plenamente coherentes con los marcos de la GAO o de COSO. No se exigiría a los receptores ni a los subreceptores que adopten o sigan ningún marco específico emitido por estas organizaciones externas.

La OMB propone añadir el § 200.303(f) para exigir que todos los receptores y subreceptores de asistencia financiera federal participen en el programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a fin de confirmar la elegibilidad de empleo de los empleados y contratistas contratados en, o que realicen trabajo en, los Estados Unidos en virtud de una adjudicación federal. Esta salvaguarda adicional se implementaría como parte de las responsabilidades de control interno del receptor o subreceptor. El Gobierno Federal ha aplicado el programa E-Verify ( página impresa 32223) a los contratistas federales durante más de 15 años.[99] La OMB propone ahora ampliar la aplicación del programa E-Verify a los programas de asistencia financiera federal con base en sus facultades de gestión financiera a nivel gubernamental que se analizan anteriormente. Aunque la OMB propone ampliar la aplicación del programa, los requisitos del programa se aplicarían, por lo demás, de conformidad con la legislación federal aplicable y los requisitos del programa del DHS. Respecto de las entidades y actividades a las que se aplique el programa de participación E-Verify, la OMB no propone modificar las excepciones o limitaciones existentes reconocidas en los requisitos del programa del DHS con base en las facultades del DHS. La OMB tampoco propone aplicar el programa a actividades no relacionadas con las adjudicaciones federales. En consonancia con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1324a), que prohíbe a los empleadores contratar o continuar empleando a sabiendas a extranjeros no autorizados y les exige verificar la elegibilidad de empleo, esta disposición tiene por objeto fortalecer el cumplimiento de los requisitos federales de elegibilidad de empleo para las personas que realicen trabajo en virtud de adjudicaciones federales.

Por último, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone añadir el § 200.303(g) para aclarar que los Estados deben realizar verificaciones previas al pago antes de desembolsar fondos federales. Específicamente, los Estados que sean beneficiarios de asistencia financiera federal deben revisar las fuentes de datos disponibles con información pertinente para verificar la elegibilidad de los beneficiarios de pago y prevenir pagos indebidos. Dichas revisiones pueden realizarse a través del sistema Do Not Pay (DNP) del Departamento del Tesoro, o mediante un proceso alternativo de verificación de pagos que brinde protección contra pagos indebidos. Esta revisión propuesta no exigiría que los Estados adopten sistemas o tecnologías de pago específicos. El requisito de realizar revisiones de elegibilidad de los beneficiarios de pago no pretende sustituir ni reemplazar ningún requisito específico del programa. En consonancia con la Ley de Integridad de Pagos e Información de 2019 (Payment Integrity Information Act of 2019) (31 U.S.C. 3351-3356), que establece requisitos a nivel gubernamental para prevenir y reducir los pagos indebidos, y con la Iniciativa Do Not Pay conforme al 31 U.S.C. 3354, esta disposición tiene como objetivo fortalecer los controles internos sobre los fondos federales al exigir que los Estados, como beneficiarios de asistencia financiera federal, revisen las fuentes de datos disponibles antes de desembolsar pagos realizados con fondos federales.

La OMB propone revisar el § 200.305 para exigir que las agencias federales verifiquen la elegibilidad de los beneficiarios a través del sistema Do Not Pay (DNP) del Tesoro antes de realizar cualquier desembolso de cualquier pago federal. En consonancia con la Ley de Integridad de Pagos e Información de 2019 (PIIA),[100] esta adición tiene como objetivo fortalecer la supervisión y prevenir pagos indebidos.

En consonancia con la sección 3 de la Orden Ejecutiva 14222, "Implementación de la Iniciativa de Eficiencia de Costos del 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' del Presidente", la OMB también propone un lenguaje que exige que las solicitudes de pago de beneficiarios y subbeneficiarios distintos de los Estados incluyan justificaciones que describan el propósito del pago y el trabajo específico relacionado con la adjudicación que respalda. Conforme al texto propuesto, las agencias deberán recopilar esta información una vez que los sistemas apropiados estén implementados. Estos cambios propuestos aumentarían la rendición de cuentas de los desembolsos federales, al tiempo que garantizarían que los fondos estén vinculados a actividades y resultados mensurables de la adjudicación.

La OMB propone revisar el § 200.306 para reubicar el párrafo (a), relativo a los costos compartidos comprometidos de forma voluntaria, en el párrafo (j). Esta política encaja mejor junto al párrafo (k), que aborda los costos compartidos no comprometidos de forma voluntaria para las instituciones de educación superior (IHE, por sus siglas en inglés).

La OMB propone revisar el § 200.318 para fortalecer la rendición de cuentas en los contratos de tipo tiempo y materiales, y para simplificar otros requisitos de adquisiciones. Las revisiones propuestas añaden requisitos según los cuales los costos de materiales bajo contratos de tiempo y materiales deben estar respaldados por documentación y fijarse de manera coherente con las tarifas de mercado. Estas adiciones tienen como fin garantizar que los beneficiarios apliquen controles de costos eficaces y mantengan transparencia en la fijación de precios de los contratos. La OMB también propone revisar esta sección eliminando una lista previa de ejemplos de prácticas laborales y de empleo que no reflejan los enfoques comunes de adquisiciones o que, de otro modo, no se ajustan a la política de la administración ni a las prioridades de las agencias federales. El texto propuesto continúa reconociendo que los beneficiarios y subbeneficiarios pueden utilizar acuerdos laborales de proyecto u otros tipos de convenios colectivos previos a la contratación, pero únicamente si el uso de dichos acuerdos favorece el interés del Gobierno Federal asociado con el programa de asistencia financiera federal aplicable, incluyendo la consideración de la viabilidad práctica y la rentabilidad. La OMB también propone un lenguaje para aclarar que la parte 200 no prohíbe a los beneficiarios o subbeneficiarios comunicar un requisito de que las personas estén autorizadas para trabajar en los Estados Unidos conforme a la ley aplicable. La OMB también propone aclarar que los beneficiarios y subbeneficiarios también son responsables de garantizar la coherencia con la ley aplicable, y que las prácticas de empleo deben ser coherentes con los principios fundamentales de reconocimiento del mérito y de la capacidad de los empleados para cumplir con los requisitos del contrato. En conjunto, estas revisiones propuestas simplifican los requisitos al eliminar ejemplos superfluos, innecesarios o inapropiados, al mismo tiempo que refuerzan la flexibilidad lícita y la rendición de cuentas de costos en las prácticas de adquisiciones.

La OMB propone revisar el § 200.320 para incluir disposiciones sobre la forma en que pueden utilizarse los contratos de reembolso de costos. El texto propuesto desalienta enfáticamente a los beneficiarios de utilizar contratos de reembolso de costos. Según el texto propuesto, cuando se utilicen contratos de reembolso de costos, el beneficiario deberá notificar a la agencia federal otorgante sobre el uso de este mecanismo y mantener una justificación por escrito en sus registros. La OMB también propone otorgar flexibilidad a las agencias federales para que, a su discreción, exijan la aprobación previa de dichos contratos en los términos y condiciones de la adjudicación. Estos cambios tienen por objeto reflejar que los contratos de reembolso de costos son inherentemente de mayor riesgo, ya que reducen los incentivos de los contratistas para controlar los costos, requieren una supervisión más intensiva y presentan un mayor riesgo de pagos indebidos o excesivos de fondos federales. Al desalentar su uso y, al mismo tiempo, preservar la autoridad de las agencias para exigir una aprobación previa, la revisión logra un equilibrio entre limitar el riesgo y permitir flexibilidad en circunstancias en las que no es viable ningún otro tipo de contrato.

La OMB propone simplificar el § 200.321 para facilitar que los beneficiarios directos y los subbeneficiarios garanticen que las pequeñas empresas, incluidas las subcategorías enumeradas en la ley federal, sean consideradas para oportunidades de contratación. Estos cambios propuestos tienen por objeto simplificar la política, ( página impresa 32224) reducir la carga administrativa y asegurar que las preferencias de contratación sigan siendo coherentes con la ley y con otros principios analizados en este documento, incluida la oportunidad basada en el mérito.

La OMB propone revisar el § 200.322 para aclarar la política relacionada con las preferencias nacionales para las adquisiciones bajo las adjudicaciones federales. El texto del § 200.322(c) (versión vigente) se refiere a los requisitos obligatorios establecidos en el 2 CFR parte 184 para las adjudicaciones de infraestructura. El texto del § 200.322(a) y (b) (versión vigente) establece una norma aspiracional que se aplica de manera más amplia a todas las adjudicaciones. La OMB propone eliminar la norma aspiracional vigente de los párrafos (a) y (b) y reemplazarla con un nuevo párrafo (a) (versión propuesta) que instruye a las agencias a incluir, en la mayor medida posible y de conformidad con la ley, términos y condiciones en las adjudicaciones de asistencia financiera federal para maximizar el uso de bienes, productos y materiales producidos en los Estados Unidos. En el párrafo (b) (versión propuesta), en el caso de los proyectos de infraestructura, la OMB propone conservar el requisito vigente del párrafo (c) para que las agencias implementen las preferencias obligatorias de Buy America establecidas en el 2 CFR parte 184.

Con base en la Ley de Construcción en Estados Unidos y Compra en Estados Unidos (Build America, Buy America Act, BABA), que fue incluida en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA), la OMB cuenta con amplia autoridad legal para exigir la inclusión de requisitos obligatorios de Buy America en todos los programas federales de asistencia en materia de infraestructura. La OMB implementó estas normas obligatorias para infraestructura en el 2 CFR parte 184 y en el § 200.322(c) (versión vigente). La BABA constituye la fuente de autoridad a nivel de todo el gobierno más relevante para imponer condiciones obligatorias de subvención a las entidades no federales específicamente relacionadas con los requisitos de Buy America en el marco de las adjudicaciones de asistencia financiera. Existen además diversas leyes específicas de cada agencia que cumplen la misma función.

La autoridad de las agencias federales para imponer requisitos de compra nacional en las adjudicaciones que no sean de infraestructura dependerá, en general, de las leyes de asignaciones presupuestarias y de las leyes de autorización de los programas de adjudicación individuales. La OMB, a través del Administrador de la Oficina de Política Federal de Adquisiciones (Office of Federal Procurement Policy, OFPP), también tiene autoridad conforme al 41 U.S.C. 1125 para “prescribir políticas, reglamentos, procedimientos y formularios de alcance gubernamental que el Administrador considere apropiados y que las agencias ejecutivas deberán seguir al proveer, en la medida en que dichos programas lo requieran, los bienes o servicios mencionados en . . . [41 U.S.C.] 1121(c)(1) . . . por parte de los beneficiarios de subvenciones o asistencia federal conforme a dichos programas”. Dicha autoridad debe ejercerse con “la debida consideración a las leyes aplicables y a las actividades de los programas de las agencias ejecutivas que administran los programas federales de subvenciones o asistencia”. Id.

De conformidad con las autoridades antes mencionadas, el párrafo (a) propuesto solo sería exigible «en la mayor medida posible y de manera compatible con la ley». Por lo tanto, las agencias serían responsables de evaluar tanto la viabilidad práctica como la disponibilidad legal de imponer dichas condiciones. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) no está imponiendo directamente este requisito a los beneficiarios de las subvenciones, sino que exige a las agencias evaluar su viabilidad práctica y las autoridades legales que se aplican a los programas de asistencia financiera que no son de infraestructura. La discrecionalidad de la agencia para evaluar la «viabilidad práctica» deja una flexibilidad considerable para la implementación. Además de evaluar la viabilidad práctica, las agencias deberían identificar la autoridad estatutaria antes de imponer dichas condiciones. Por ejemplo, algunos estatutos de autorización pueden otorgar a una agencia una amplia facultad para imponer cualquier condición que el jefe de la agencia considere justificada, mientras que otros pueden definir de manera restringida los tipos de condiciones que se pueden imponer. Por lo general, para imponer condiciones sustantivas a las subvenciones federales, una agencia debe identificar una autoridad estatutaria que le otorgue la discrecionalidad para imponer dichas condiciones. Por consiguiente, antes de imponer condiciones de adjudicación de Compre América (Buy America) a las adjudicaciones que no son de infraestructura, las agencias deben evaluar sus leyes de asignaciones presupuestarias y estatutos de autorización caso por caso para determinar si tienen la discrecionalidad legal para imponer tales condiciones. El texto propuesto establecería que, si las agencias identifican la autoridad legal necesaria y determinan que la imposición de condiciones sería viable en el programa correspondiente, deben incluir términos y condiciones de subvención para maximizar el contenido nacional. A diferencia del § 200.322(a)-(b) (versión vigente), si un requisito se incluye en los términos y condiciones de una adjudicación, podría convertirse en un requisito legal sujeto a auditoría, en lugar de ser meramente una norma aspiracional. Si dicho requisito se incluye en una adjudicación que no sea de infraestructura, la agencia tendría que definir la norma de Compre América aplicable que está imponiendo, la cual podría basarse en normas existentes exigidas por ley en otros contextos, como la norma de la Ley Build America, Buy America (BABA) en la parte 184 u otras.

La OMB reconoce que la política propuesta en el párrafo (a) (versión propuesta) no existe en la versión vigente del Título 2 del CFR. La OMB propone determinar que el establecimiento de esta política está legalmente disponible con base en la discrecionalidad que se deja a las agencias para su implementación. Conforme al texto reglamentario vigente del Título 2 del CFR, las agencias solo imponen requisitos obligatorios de Compre América para las subvenciones de infraestructura. Si se determina que existe autoridad estatutaria disponible, y la agencia determina que la imposición de condiciones sería viable para el programa correspondiente, esta disposición recién propuesta podría exigir a las agencias que apliquen requisitos de fabricación nacional a una gama más amplia de actividades de subvención.

La OMB propone eliminar en su totalidad el § 200.323(b). La orden ejecutiva que sirvió de fundamento para esta política fue revocada. Además, dicha política era solo una práctica recomendada y no un requisito.

La OMB propone simplificar el § 200.324, incluyendo la eliminación de un ejemplo relacionado con la consideración de posibles impactos en la fuerza laboral en caso de que una transacción de adquisición desplace a empleados del sector público. Los cambios propuestos no tienen por objeto prohibir la consideración de dichos impactos, sino únicamente eliminar el ejemplo. Este texto simplificado elimina una posible carga para los beneficiarios que no es exigida por ley.

La OMB propone revisar el § 200.329 para exigir a los beneficiarios que confirmen en sus informes de desempeño que todas las subadjudicaciones emitidas durante un período de presentación de informes han sido reportadas a SAM.gov. Esta adición propuesta tiene por objeto fortalecer la transparencia y garantizar que los datos de las subadjudicaciones estén actualizados y sean precisos. La OMB también propone un nuevo párrafo (h) para destacar la importancia de la presentación de informes por parte de los subbeneficiarios. Específicamente, la OMB subraya que las agencias federales son responsables de proporcionar supervisión respecto de la presentación de informes de los subbeneficiarios, tal como revisar y supervisar dicha presentación en SAM.gov, y adoptar medidas correctivas cuando los beneficiarios no cumplan.

Además, en el párrafo (g) existente (párrafo (i) propuesto), la OMB propone exigir a las agencias federales que justifiquen y mantengan documentación de cualquier decisión de renunciar a algún informe de desempeño. Esta revisión propuesta equilibra la rendición de cuentas con la flexibilidad, (página impresa 32225) reforzando la supervisión del desempeño, incluida la presentación de informes por parte de los subbeneficiarios, al tiempo que permite a las agencias reducir las cargas de presentación de informes innecesarias cuando corresponda.

Por último, la OMB propone un nuevo párrafo (e) relativo a los informes de desempeño para la investigación científica. Para las adjudicaciones categorizadas por una agencia federal de conformidad con el § 200.202(f), el beneficiario debe identificar e incluir la categorización proporcionada en los términos y condiciones de la adjudicación en el informe de desempeño.

La OMB propone revisar el § 200.331 añadiendo un nuevo párrafo (c). Este párrafo aborda las transferencias de fondos federales a entidades relacionadas. Esta adición propuesta aclara que las entidades intermediarias no pueden tratar dichas transferencias como asignaciones internas exentas de una determinación requerida por esta sección. Por el contrario, de conformidad con los requisitos de esta sección, las transacciones con entidades relacionadas deben revisarse y clasificarse como subadjudicación o contrato. Esto garantizaría la rendición de cuentas y la transparencia en circunstancias que involucren a partes relacionadas y evitaría la elusión de los requisitos federales de presentación de informes.

La OMB propone revisar el § 200.332 para añadir tres nuevos párrafos a esta sección. En el párrafo (g) propuesto, la OMB vuelve a destacar el requisito de que las entidades intermediarias deben reportar las subadjudicaciones a SAM.gov de conformidad con los requisitos del 2 CFR parte 170. En el párrafo (h) propuesto, la OMB reitera el requisito del § 200.331 de que las entidades intermediarias deben realizar determinaciones de subbeneficiarios y contratistas para todas las entidades subsiguientes, incluidas afiliadas, subsidiarias y organizaciones relacionadas. Este cambio propuesto aclararía que las afiliaciones organizativas internas no eximen a las entidades intermediarias de clasificar las subadjudicaciones y los contratos. Por último, en el párrafo (i) propuesto, la OMB especifica que las entidades intermediarias deben asegurarse de que los subbeneficiarios no tomen medidas que puedan dañar significativamente la reputación de la entidad intermediaria, de la agencia federal otorgante o del Gobierno Federal. Cuando ocurran tales acciones, el texto propuesto indica que la entidad intermediaria debe consultar con la agencia federal para determinar si se justifica la terminación de la adjudicación. Esta adición propuesta garantizaría la rendición de cuentas por el riesgo reputacional que pueda socavar la confianza pública en los programas de adjudicaciones federales.

La OMB propone revisar el § 200.333 para eliminar la política que permite a los beneficiarios emitir subadjudicaciones de monto fijo. Las subadjudicaciones de monto fijo se han implementado de manera inconsistente entre programas, agencias y beneficiarios, y las normas existentes para este tipo de adjudicación no ofrecen transparencia, rendición de cuentas y supervisión en comparación con otros tipos de adjudicaciones. La OMB propone eliminar las subadjudicaciones de monto fijo de manera consistente con los cambios realizados al § 200.201.

La OMB propone revisar el § 200.336 añadiendo una declaración que alienta a los beneficiarios y subbeneficiarios a utilizar capacidades de almacenamiento nacional para los registros electrónicos. Esta adición tiene como objetivo fortalecer la seguridad de los datos, reducir la exposición a posibles vulnerabilidades de datos extranjeras y brindar mayor garantía de que los registros de las adjudicaciones federales permanezcan accesibles y protegidos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Aunque se plantea como una recomendación firme y no como un mandato, este cambio promueve las mejores prácticas para salvaguardar la información sensible de las adjudicaciones federales.

La OMB propone una aclaración al § 200.338. Específicamente, la información comercial confidencial se incluye como un tipo de información respecto de la cual las agencias federales no pueden imponer restricciones al beneficiario o subbeneficiario para limitar el acceso público a dicha información.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone agregar un nuevo párrafo al § 200.339 para aclarar que, cuando corresponda y de manera consistente con la ley, una agencia federal puede, a su discreción, cooperar con individuos u organizaciones en la búsqueda de sus propias causas de acción o remedios privados. Esta adición no impondría un deber afirmativo a las agencias de asistir en litigios privados. La revisión propuesta tiene como único propósito confirmar que las agencias pueden, a su discreción, cooperar con personas en la búsqueda de remedios privados en circunstancias que sean consistentes con la ley.

Para evitar cualquier duda, la decisión sobre si una agencia cooperará con individuos u organizaciones en la búsqueda de causas de acción privadas y remedios civiles, así como las decisiones sobre el alcance de dicha cooperación, se tomarán únicamente a discreción de esa agencia. La subsección (b) propuesta no tiene la intención de, ni crearía, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad por ninguna parte en contra de los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona. Nada en la subsección (b) propuesta debe interpretarse como un menoscabo o una afectación de la autoridad otorgada por ley a un departamento o agencia ejecutiva, o a su titular. Una agencia federal solo debería cooperar con una causa de acción privada si determina que dicha cooperación es de interés para los Estados Unidos

1.a. Resumen de las revisiones propuestas relativas a la terminación. La OMB propone revisar el § 200.340(a) para proporcionar mayor claridad respecto de las razones disponibles para que las agencias federales realicen terminaciones discrecionales de adjudicaciones federales, y también para agregar nuevas disposiciones relativas a la suspensión temporal de adjudicaciones federales. Estas propuestas son similares a los procedimientos paralelos para contratos de adquisición conforme al FAR. Las revisiones propuestas relativas a la terminación discrecional también son consistentes con la sección 5(a) de la Orden Ejecutiva 14332, del 7 de agosto de 2025, “Mejorando la Supervisión de las Subvenciones Federales”, la cual instruye a la OMB a revisar el 2 CFR para aclarar aún más y exigir que todas las subvenciones discrecionales permitan la terminación por razones discrecionales, “incluyendo cuando la adjudicación ya no promueva las prioridades [de la] agencia federal o el interés nacional, pero sujeto a las excepciones correspondientes”, incluyendo ciertas excepciones establecidas en la Orden Ejecutiva.

Al desarrollar la norma propuesta, la OMB consideró alternativas a la disposición de terminación discrecional, tales como un escrutinio inicial más estricto durante el proceso de selección de adjudicaciones o un monitoreo reforzado. Si bien estas también son herramientas importantes para asegurar la supervisión del proceso federal de otorgamiento de subvenciones, la OMB determinó que no eliminan la necesidad de un mecanismo de terminación durante la vigencia de la adjudicación. La disposición de terminación discrecional es similar a la autoridad ya existente en el § 200.340(a)(4) del texto reglamentario de 2024 y en el § 200.340(a)(2) del texto reglamentario de 2020.[101]

(página impresa 32226)

Al preservar la flexibilidad de políticas otorgada por el Congreso a las agencias para los programas de adjudicación discrecional mediante un aviso previo claro a los beneficiarios, las agencias pueden garantizar de la mejor manera la gestión responsable y la protección de los recursos de los contribuyentes a lo largo de todo el ciclo de vida de la adjudicación. Las agencias federales, y en última instancia, el contribuyente estadounidense, no deberían permanecer obligadas a seguir financiando adjudicaciones discrecionales que no sirvan de la mejor manera o más eficazmente a los propósitos públicos autorizados del programa en particular.

Los beneficios de esta propuesta incluyen una mayor flexibilidad para que las agencias respondan a circunstancias, prioridades o conocimientos cambiantes. Al alinear la gestión de las subvenciones con las prácticas ya consolidadas de gestión de contratos, el Gobierno Federal puede garantizar una supervisión mayor y más responsable respecto de cómo se utilizan y gestionan los recursos de los contribuyentes.

Al igual que la versión de 2020, y como se mantuvo permitido conforme a la versión de 2024, la versión propuesta de la sección 200.340 contempla expresamente que, en ocasiones, las metas o prioridades del programa de una agencia federal pueden cambiar después de que se otorga inicialmente un premio, o que la agencia federal puede reevaluar si un receptor en particular continúa siendo la mejor opción disponible para lograr los fines públicos autorizados por la ley en nombre del contribuyente estadounidense. Al igual que las versiones anteriores, el texto propuesto también reconoce que, en ocasiones, las metas del programa o las prioridades de la agencia federal pueden cambiar en respuesta a una nueva orientación proveniente de un liderazgo políticamente responsable. Como ya es el caso, la versión propuesta de la sección 200.340 contempla que una agencia puede ejercer ese tipo de discrecionalidad como administradora responsable de los recursos públicos.

Por consiguiente, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone agregar la disposición actualizada de terminación discrecional, la cual aclara aún más la autoridad de aplicación general en todo el gobierno que ya está disponible para las agencias conforme a la sección 200.340(a)(4) (versión vigente de 2024). La OMB propone la nueva disposición de terminación discrecional para establecer que la agencia federal o la entidad transmisora, en la medida en que lo permita la ley, puede terminar un premio federal en parte o en su totalidad si la agencia federal o la entidad transmisora determina que una terminación es de interés para la agencia federal o la entidad transmisora. La regulación propuesta especifica que esto incluye los casos en que un premio federal ya no concreta las metas del programa, las prioridades de la agencia federal o el interés nacional, tal como existen al momento de la terminación.

La OMB propone aclarar que las “prioridades de la agencia” pertinentes serían las de la agencia federal que es políticamente responsable a nivel nacional de implementar el programa federal bajo el cual se otorgó el premio. En algunas situaciones, las entidades transmisoras pueden interpretar el término “prioridades de la agencia” conforme a la disposición vigente de manera que incluya las prioridades del gobierno estatal o local, las cuales pueden ser incompatibles o incluso entrar en conflicto con las prioridades federales o el interés nacional. Para aclarar la intención, la OMB propone agregar la palabra “federal” antes de “prioridades de la agencia”. En la regla final, la OMB también está considerando otras revisiones para aclarar este punto. El interés de una entidad transmisora en implementar un premio federal debe permanecer congruente con el interés de la agencia federal responsable de implementar el programa federal a nivel nacional. Si esto no queda suficientemente claro o implícito conforme al texto propuesto, la OMB podría considerar revisar la norma propuesta en la regla final de “en interés de la agencia federal o la entidad transmisora” para incluir únicamente “en interés de la agencia federal”. En cualquier caso, las terminaciones realizadas por entidades transmisoras deben permanecer congruentes con el interés de la agencia federal, la cual es responsable de establecer las metas y prioridades del programa federal. Una terminación por parte de una entidad transmisora no debe entrar en conflicto con el interés federal. En algunos casos, puede ser apropiado que una entidad transmisora coordine con una agencia federal antes de realizar dicha terminación discrecional conforme a esta disposición.

Al igual que la disposición de 2020, la propuesta reconoce que las prioridades de la agencia federal pueden cambiar después de que se otorga inicialmente un premio. Esta propuesta crea una mayor alineación entre la asistencia financiera federal y la disposición de terminación por conveniencia de larga data aplicable a los contratos de adquisiciones federales. Los objetivos de esta propuesta incluyen garantizar que los fondos federales no se desperdicien, que los proyectos permanezcan alineados con las prioridades de la agencia federal, y que los receptores continúen siendo responsables de la entrega de proyectos congruentes con los fines públicos autorizados por la ley.

La OMB no pretende que la lista propuesta de razones para las terminaciones discrecionales sea necesariamente exhaustiva. Si la regla se finaliza, las agencias federales deben incluir todas las razones enumeradas, pero también pueden incluir razones adicionales, según corresponda, con base en la autoridad conforme a la sección 200.340(a)(5). Por ejemplo, las agencias también pueden especificar que las terminaciones discrecionales pueden ocurrir en circunstancias en las que un premio federal ya no esté en el “interés público”. El “interés público” y el “interés nacional” generalmente deben tener significados similares y ampliamente coincidentes, pero las agencias pueden incluir esta u otras razones adicionales para las terminaciones discrecionales si resulta útil para mayor claridad o para evitar dudas.

Se proponen otras modificaciones aclaratorias en el párrafo (a) con respecto a los demás motivos de terminación, incluidos los relacionados con el incumplimiento, por mutuo acuerdo, mediante notificación por parte del beneficiario o subbeneficiario, y de conformidad con los términos y condiciones adicionales incluidos en el premio federal. Para facilitar la lectura, se agregan subtítulos para todos los motivos autorizados de terminación. En el párrafo sobre incumplimiento, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone mencionar que el hecho de que el beneficiario no reporte subpremios en SAM.gov conforme al término del premio exigido por la parte 170 puede constituir motivo de terminación por incumplimiento. En el párrafo final referente a los “términos y condiciones adicionales”, la OMB también propone reconocer que las agencias federales únicamente pueden incluir términos y condiciones que estén permitidos por la ley. Por ejemplo, al igual que con la terminación por motivos discrecionales, ciertos programas no discrecionales pueden no permitir disposiciones de terminación ampliadas basadas en la discreción de la agencia.

El párrafo (b)(1) del texto propuesto establece que, en la medida en que lo autorice la ley, y salvo lo dispuesto en el párrafo (b)(2), la agencia federal y la entidad intermediaria deben asegurarse de que todos los premios federales permitan la terminación por los motivos descritos en los párrafos (a)(1) a (4) de la sección. El párrafo (b)(2) propuesto explica las excepciones a este requisito. Específicamente, el requisito de incluir la disposición de terminación discrecional no se aplica a ningún premio federal en el que la inclusión de dicha disposición discrecional entraría en conflicto con un estatuto federal. En consonancia con la distinción reconocida en la Orden Ejecutiva 14332 entre premios discrecionales y derechos estatutarios, el texto propuesto explica que la disposición de terminación discrecional “es generalmente aplicable a los premios discrecionales, pero no a los premios federales otorgados bajo programas en los que la legislación establece un derecho a los fondos por parte del beneficiario, como las subvenciones en bloque, las otorgadas con base en una fórmula estatutaria, o las subvenciones de recuperación por desastres”. Los derechos estatutarios son la única excepción categórica reconocida en la norma propuesta, pero ciertos otros requisitos estatutarios impuestos a las agencias federales relacionados con la obligación o el uso de fondos federales también pueden imponer límites a la aplicación de esta disposición en algunas circunstancias. En consonancia con la Orden Ejecutiva 14332, (página impresa 32227) la disposición de terminación discrecional tampoco “se aplica a los acuerdos celebrados en cumplimiento de acuerdos comerciales internacionales o a los otorgados por el Departamento de Comercio conforme al título XCIX de la Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry para el Año Fiscal 2021 (Ley Pública 116-283), la Ley CHIPS de 2022 (Ley Pública 117-167), o la división F de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (Ley Pública 117-58)”.

El párrafo (b)(2) propuesto también explica que, si surgen dudas sobre la aplicabilidad de la disposición de terminación discrecional a programas o premios específicos, se alienta encarecidamente a las agencias federales a consultar con la OMB. Las agencias federales deben solicitar la aprobación de la OMB antes de permitir cualquier excepción de clase que no esté exigida por el estatuto o reconocida en el párrafo (b)(2).

Por lo tanto, con excepciones limitadas, el texto propuesto exige la inclusión de cuatro motivos estándar de terminación, incluida la disposición de terminación discrecional, en todos los premios federales, en lugar de un enfoque de “elegir entre las opciones disponibles”. La disposición existente a veces ha dado lugar a disposiciones de terminación incoherentes en todo el Gobierno Federal y a confusión respecto de cuáles disposiciones de terminación efectivamente se incluyen o deberían incluirse en premios federales específicos. Las revisiones propuestas enfatizan, en el párrafo (b)(1), que la agencia federal siempre está obligada a incluir las cuatro disposiciones de terminación estándar, a menos que se aplique una excepción.

Además de las cuatro disposiciones de terminación estándar, la OMB también propone agregar un quinto motivo potencial de terminación, que permite a una agencia federal o entidad intermediaria definir motivos adicionales de terminación en los términos y condiciones del premio federal, siempre que hacerlo sea compatible con la ley que lo autoriza. La OMB propone ciertas modificaciones aclaratorias y agregar encabezados de subsección para mayor claridad.

1.b. Resumen de las revisiones propuestas relativas a la suspensión temporal. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone agregar un nuevo párrafo (d) relativo a la suspensión temporal de adjudicaciones. De manera similar a una disposición paralela en el FAR aplicable a los contratos de adquisición, este párrafo otorgaría a las agencias federales y a las entidades intermediarias la autoridad para emitir una orden por escrito de detener el trabajo. Las revisiones propuestas abordan el contenido de dichas órdenes y la forma en que deben ser manejadas por la agencia federal o la entidad intermediaria. Estas revisiones tienen como propósito garantizar que las agencias federales y las entidades intermediarias cuenten con todos los recursos necesarios disponibles para proporcionar un monitoreo y una supervisión eficaces de las adjudicaciones federales. Las suspensiones temporales de actividades son a veces necesarias para proteger el interés federal, pero también pueden generar potencialmente dificultades administrativas o financieras para los beneficiarios. La política propuesta exige que las agencias tomen en cuenta los posibles impactos presupuestarios y de cronograma, y busca mantener la equidad y la transparencia en la gestión de dichas interrupciones. Como resultado, las revisiones propuestas promoverían la comunicación y la rendición de cuentas entre las agencias y los beneficiarios en caso de suspensiones temporales. También apoyarían una supervisión más eficaz del programa y minimizarían el riesgo de interrupciones prolongadas o expectativas desalineadas después de una detención del trabajo.

El párrafo propuesto (b)(4) aborda las circunstancias en las que las disposiciones sobre suspensión temporal deben incluirse en los términos y condiciones de una adjudicación federal. De manera similar a la disposición sobre terminación discrecional, la agencia federal o la entidad intermediaria debe incluir de manera clara e inequívoca la disposición de suspensión en los términos y condiciones de la adjudicación federal, a menos que hacerlo entre en conflicto con una ley federal. El texto propuesto explica que la disposición de suspensión generalmente es aplicable a las adjudicaciones discrecionales, pero no a las adjudicaciones federales otorgadas bajo programas en los que la legislación establece un derecho a los fondos por parte del beneficiario, tales como las subvenciones en bloque, aquellas otorgadas con base en una fórmula establecida por ley, o las subvenciones de recuperación ante desastres. Si surgen dudas con respecto a la aplicabilidad de la disposición de suspensión a programas federales específicos o a tipos de adjudicaciones federales, también se recomienda encarecidamente a las agencias federales que consulten con la OMB.

2. Necesidad de flexibilidad de política y administración continua de los fondos federales. De conformidad con el primer objetivo de esta reglamentación, las disposiciones propuestas sobre terminación discrecional y suspensión proporcionan herramientas esenciales para garantizar la administración continua y la gestión y supervisión responsables, por parte de las agencias federales, de los recursos de los contribuyentes a lo largo de todo el ciclo de vida de la adjudicación. La disposición de terminación discrecional preserva la flexibilidad de política, de conformidad con la ley, para que una agencia reconsidere si una adjudicación federal en particular sirve de manera efectiva al interés del Gobierno Federal en llevar a cabo los propósitos u objetivos públicos autorizados por la ley. Los objetivos y prioridades del programa de la agencia relacionados con dichos propósitos públicos pueden evolucionar con el tiempo, el mejor criterio de la agencia respecto del interés nacional también puede cambiar y evolucionar, y los hechos y circunstancias pueden cambiar de maneras que no fueron anticipadas por la agencia federal en el momento en que se otorgó inicialmente la adjudicación. Siempre que la agencia federal proporcione una notificación clara de la disposición de terminación discrecional a los beneficiarios en el momento en que se otorga la adjudicación, lo cual permitirá a los beneficiarios calibrar y gestionar adecuadamente sus intereses de confianza, es apropiado que las agencias federales, y el Poder Ejecutivo en términos más generales, conserven la flexibilidad de política para terminar adjudicaciones que ya no respondan al interés del Gobierno Federal. Las agencias federales no deberían verse obligadas a continuar financiando proyectos que no sirvan de la mejor manera a los objetivos del programa, a las prioridades de la agencia federal o al interés público en un sentido más amplio. La suspensión proporciona una flexibilidad similar para las interrupciones temporales.

3. Autoridad similar existente aplicable a los contratos federales. En el contexto de adquisiciones federales, las agencias ejecutivas han incluido durante mucho tiempo cláusulas de terminación por conveniencia en los contratos. El Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) permite que una agencia termine un contrato "por conveniencia" siempre que determine que la terminación redunda en el interés del gobierno. Véase, por ejemplo, 48 CFR 49.502 y 52.249-2. Esta herramienta de larga data permite que las agencias federales terminen obligaciones contractuales que se han vuelto innecesarias o contrarias a una nueva orientación de política, al mismo tiempo que permite la recuperación adecuada de costos por el trabajo ya realizado. Los tribunales federales han confirmado estas terminaciones como un medio legítimo para preservar la flexibilidad necesaria para proteger los recursos de los contribuyentes y responder a circunstancias cambiantes.

Al aplicar un principio paralelo a los programas de asistencia discrecional, tales como las subvenciones discrecionales y los acuerdos de cooperación, la regla propuesta armoniza aún más la gestión de subvenciones federales con las prácticas de adquisiciones de larga data, al tiempo que adapta la disposición para su uso conforme a los requisitos de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) en el 2 CFR. Una revisión de 2020 de la Guía Uniforme ya introdujo una base comparable para la terminación "si una adjudicación ya no cumple con los objetivos del programa o las prioridades de la agencia". Esta revisión propuesta garantizará que las agencias federales tengan una amplia autoridad para la terminación por razones discrecionales que sea similar, en propósito y efecto general, a la autoridad conforme al FAR, al tiempo que se tiene en cuenta el contexto particular de las subvenciones.

La disposición propuesta es necesaria para salvaguardar la capacidad de las agencias ejecutivas de supervisar el gasto del poder ejecutivo. La responsabilidad del Gobierno Federal ( página impresa 32228) de la administración de los fondos de los contribuyentes no disminuye simplemente porque la adjudicación sea una subvención y no un contrato. Si un proyecto financiado mediante una subvención no está cumpliendo con los propósitos públicos subyacentes, los objetivos del programa, las prioridades de la agencia federal o el interés nacional, el gobierno debería tener una capacidad comparable para discontinuar el financiamiento como la tendría para un contrato igualmente desalineado. La regla propuesta generaliza esta mejor práctica en todo el Gobierno Federal, garantizando la coherencia y la transparencia.

De manera similar, las agencias ejecutivas también han incluido durante mucho tiempo cláusulas en los contratos que permiten paralizaciones o suspensiones temporales del trabajo. El FAR permite que una agencia, en cualquier momento, mediante orden escrita al contratista, exija al contratista que detenga la totalidad o cualquier parte del trabajo requerido por el contrato durante un período de 90 días después de que la orden sea entregada al contratista, y por cualquier período adicional que las partes acuerden. Véase, por ejemplo, 48 CFR 42.1303 y 52.242-15. Esta herramienta de larga data permite que las agencias federales suspendan temporalmente las obligaciones contractuales para garantizar una supervisión y rendición de cuentas efectivas, y para otros fines.

4. Autoridad ejecutiva aplicable a los programas de adjudicación discrecional. En el caso de los programas de adjudicación discrecional, las disposiciones propuestas de terminación y suspensión discrecional operan dentro del marco de la autorización y asignación de fondos del Congreso. El Congreso otorga a las agencias autoridad discrecional para realizar adjudicaciones para ciertos fines del programa, dejando a las agencias un amplio margen de discreción respecto de qué proyectos financiar. Las disposiciones de terminación y suspensión discrecional son simplemente un ejercicio de dicha autoridad discrecional, que permite a las agencias, de conformidad con la ley, conservar la discreción respecto de cómo se gastan los fondos federales al servicio de los objetivos del programa. Las disposiciones propuestas no contravienen los requisitos estatutarios ni afirman ninguna autoridad para los programas discrecionales que no haya sido ya otorgada a las agencias en los estatutos que autorizan dichos programas.

Para reconocer estos límites, el texto de la disposición de terminación discrecional reconoce que esta solo puede ejercerse "en la mayor medida autorizada por la ley". Si un estatuto de programa en particular otorga expresamente a un beneficiario el derecho a cierto financiamiento o prohíbe expresamente la terminación en determinadas circunstancias, esos límites estatutarios prevalecerían. Estos límites estatutarios también se reconocen en el párrafo de excepción propuesto, que corresponde con el lenguaje de la sección 5(a) de la Orden Ejecutiva 14332. Se proporcionan limitaciones similares para la disposición de suspensión propuesta.

De manera consistente con las disposiciones de terminación de 2020 y 2024, la disposición propuesta de terminación discrecional continúa reconociendo que las agencias federales no pueden terminar subvenciones cuando hacerlo sería incompatible con un estatuto federal. La legalidad de cualquier terminación de subvención en particular dependerá necesariamente de los estatutos federales específicos que rigen el programa de la agencia en cuestión, y de diversas otras consideraciones específicas de la adjudicación, específicas de la agencia y de otro tipo que solo pueden ser decididas por un tribunal a un nivel más detallado. La disposición de terminación discrecional de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) simplemente crea el marco legal para las terminaciones cuando ello sea compatible con la ley. Un marco que solo permite terminaciones en la medida en que sean compatibles con la ley no entra en conflicto con ningún estatuto. En la medida en que un beneficiario de una subvención considere que una terminación en particular es ilegal, podría plantear esa inquietud ante el Tribunal Federal de Reclamos de los Estados Unidos (U.S. Court of Federal Claims).

Para los programas de adjudicación discrecional, a los cuales se aplicarán las disposiciones propuestas de terminación y suspensión discrecional, el Congreso generalmente ha otorgado a las agencias federales amplia discreción para determinar cómo seleccionar a los beneficiarios y administrar las adjudicaciones a fin de servir los propósitos públicos reconocidos por la ley. Ciertos límites legislativos se aplican con frecuencia a la autoridad de la agencia en virtud de esos programas, tales como los requisitos estatutarios relacionados con los beneficiarios, proyectos o actividades elegibles. Sin embargo, la autoridad para realizar adjudicaciones discrecionales dentro de esos límites necesariamente incluye la capacidad de revisar decisiones anteriores y ejercer nuevamente el criterio de la agencia a la luz de circunstancias cambiantes, al menos siempre que: (i) el estatuto específico del programa no limite ni controle expresamente la discreción de la agencia para reconsiderar sus determinaciones anteriores sobre adjudicaciones; y (ii) el beneficiario reciba un aviso claro e inequívoco de la disposición de terminación discrecional en el instrumento de adjudicación.

La autoridad estatutaria otorgada por el Congreso que permite a las agencias ejecutivas administrar programas de adjudicación discrecional, incluida la decisión de qué entidades reciben las adjudicaciones y el monto de dichas adjudicaciones, necesariamente incluye la autoridad implícita o inherente de las agencias para reconsiderar decisiones anteriores tomadas sobre las adjudicaciones. Siempre que la agencia federal incluya un aviso claro y oportuno de las disposiciones de terminación y suspensión discrecional en el instrumento de adjudicación, ya sea al momento de la adjudicación o mediante una enmienda realizada de conformidad con la ley, y que un estatuto del programa no limite ni controle el proceso de terminación o reconsideración de las decisiones de adjudicación, estas disposiciones pueden ser aplicadas por las agencias de una manera compatible con su autoridad conforme a la ley. Para los programas en los que una agencia tiene discreción legal para realizar una adjudicación, las disposiciones de terminación y suspensión discrecional brindan a los beneficiarios un aviso claro de que la agencia conserva la discreción de retirar, terminar o suspender temporalmente esa adjudicación de conformidad con la ley.

Las disposiciones propuestas de terminación y suspensión discrecional simplemente aseguran que el gobierno conserve la autoridad adecuada para corregir el rumbo, de conformidad con la discreción otorgada por la ley, si las circunstancias lo justifican. Estas disposiciones constituyen una salvaguarda importante, ya que proporcionan flexibilidad de política en caso de que una agencia determine que un proyecto es contrario al interés federal, o que una suspensión de trabajo es necesaria por razones que incluyen evaluar si un proyecto está alineado con el interés federal.

Un análisis similar respecto de la autoridad ejecutiva para los programas de adjudicación discrecional se aplica tanto a las disposiciones de terminación discrecional como a las de suspensión temporal. Para limitar la repetición en el preámbulo de esta norma propuesta, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) no expone la base de esa autoridad por separado, sino que propone determinar que los mismos principios generales son aplicables.

La OMB y las agencias participantes se basan en esta autoridad discrecional, cuando resulta aplicable, para las disposiciones propuestas de terminación y suspensión discrecional, además de las autoridades de la OMB para la administración de subvenciones a nivel de todo el gobierno. Las disposiciones propuestas de terminación y suspensión discrecional constituyen un ejercicio legítimo y razonable de la autoridad para los programas de subvenciones discrecionales otorgada a las agencias ejecutivas.

5. Marco de la Cláusula de Gastos. El marco de la Cláusula de Gastos analizado anteriormente respecto de la revisión propuesta al § 200.300 no se aplica directamente a las revisiones propuestas al § 200.340 relativas a la terminación y suspensión. Las disposiciones discrecionales de terminación y suspensión son meramente características administrativas de los requisitos de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) para la administración de subvenciones que, cuando resulten aplicables, preservan la autoridad discrecional otorgada a las agencias por el Congreso a lo largo del ciclo de vida de la adjudicación. Las disposiciones discrecionales de terminación y suspensión no constituyen condiciones sustantivas impuestas sobre adjudicaciones particulares a cambio de fondos federales. Pero incluso si se determinara que el marco de la Cláusula de Gastos se aplica (página impresa 32229) a las revisiones propuestas al § 200.340, ello no presenta un obstáculo para incluir este término. Véase Dole, 483 U.S., en 207 a 211.

En primer lugar, como se analizó anteriormente, la determinación del Congreso de otorgar a las agencias autoridad discrecional para administrar programas de adjudicación promueve el bienestar general. Por ejemplo, esta autoridad discrecional garantiza que los programas se administren de manera que se protejan los recursos de los contribuyentes, se responda a las necesidades de los estadounidenses dentro de los límites legislativos, y se brinde supervisión y vigilancia continua de los fondos federales a lo largo del ciclo de vida de la adjudicación. El bienestar general se sirve al permitir que el Gobierno Federal discontinúe el financiamiento de proyectos que resulten ineficaces o perjudiciales, y asigne adecuadamente los recursos a proyectos que sirvan mejor al bien público. El bienestar general también se sirve al permitir suspensiones temporales según corresponda a discreción de la agencia otorgante.

En segundo lugar, las disposiciones discrecionales propuestas de terminación y suspensión están diseñadas para proporcionar un aviso claro, inequívoco y oportuno de la condición de la adjudicación a los solicitantes y beneficiarios antes de que se realice la adjudicación federal. Esto proporcionará transparencia previa respecto del proceso para terminar o suspender adjudicaciones por razones discrecionales. Los solicitantes y beneficiarios celebrarán las adjudicaciones con pleno conocimiento de los riesgos y condiciones asociados con la aceptación de la adjudicación federal. Este aviso claro les permitirá tomar decisiones informadas respecto de la aceptación de adjudicaciones federales y mitigar adecuadamente las inquietudes relacionadas con la confianza depositada. Al aceptar las condiciones de la adjudicación, los beneficiarios asumen el riesgo de una terminación anticipada o una suspensión temporal, lo cual satisface el estándar de aviso claro conforme a la jurisprudencia pertinente. Si un beneficiario desconoce las disposiciones discrecionales de terminación o suspensión incluidas en su adjudicación, la única explicación será su falta de lectura de los reglamentos aplicables a todo el gobierno, del instrumento de adjudicación, o de ambos.

En tercer lugar, el ejercicio de la discreción de la agencia en general respecto de las adjudicaciones discrecionales, y la disposición discrecional de terminación en particular, están inherentemente relacionados con el "interés federal" en programas de asistencia particulares para adjudicaciones discrecionales. La disposición busca garantizar que las agencias federales tengan y conserven la capacidad de ejercer su criterio al determinar la mejor manera de utilizar los fondos discrecionales para servir al interés del Gobierno Federal en los fines públicos autorizados por la ley para programas particulares. Se trata de un término procesal que otorga a la agencia el derecho de terminar una adjudicación que la agencia determine que ya no responde al interés federal en relación con los objetivos subyacentes del programa. Este derecho se fundamenta en la autoridad legal establecida de la OMB y de las agencias para establecer condiciones relacionadas con la administración de subvenciones y el uso eficiente de los fondos federales para fines autorizados. Como tal, también está inherentemente relacionado con la administración efectiva del interés federal en programas particulares de adjudicación discrecional. Sobre la base de la disposición discrecional de terminación existente, la versión revisada constituiría una herramienta importante para garantizar que las adjudicaciones federales continúen utilizándose en beneficio de los objetivos del programa, las prioridades de la agencia federal, y el interés nacional en relación con el programa particular. La condición ayuda a reforzar la relación entre el gasto gubernamental y los fines públicos autorizados a lo largo del ciclo de vida de la adjudicación. Si un proyecto adjudicado, a juicio de la agencia, deja de ser un uso eficaz de los recursos gubernamentales para el logro de dichos fines, la agencia podrá discontinuar el financiamiento. Un análisis similar se aplica a la disposición de suspensión, la cual asegura además que la agencia federal conserve herramientas de supervisión efectivas a lo largo del ciclo de vida de la adjudicación.

Cuarto, las disposiciones discrecionales de terminación y suspensión son simplemente extensiones de la autoridad general de una agencia federal para ejercer discreción sobre los programas de adjudicaciones federales de conformidad con la ley. Las disposiciones discrecionales de terminación y suspensión preservan el derecho de las agencias a mantener y ejercer discreción continua sobre la manera en que se utilizan los fondos federales para cumplir con los fines establecidos por ley. Esto se alinea con la discreción que las agencias federales han ejercido durante mucho tiempo en el contexto de la contratación federal. Al igual que las disposiciones paralelas del FAR, las disposiciones discrecionales de terminación y suspensión son simplemente características procesales o mecánicas del reglamento que no indican directamente que vaya a ocurrir una terminación o suspensión específica, ni que de otro modo induzcan una conducta inconstitucional.

Por último, las disposiciones propuestas de terminación y suspensión discrecionales no son indebidamente coercitivas. Nuevamente, se trata simplemente de características procesales o mecánicas del reglamento que corresponden a disposiciones similares del FAR. La propuesta extiende la autoridad discrecional otorgada a las agencias por el Congreso aún más hacia el ciclo de vida de la adjudicación. Un solicitante o posible beneficiario sigue teniendo la libertad de optar por no participar en una adjudicación o programa federal en particular si considera que las disposiciones son inaceptables. Dicha decisión no afectaría otras adjudicaciones a las que no se apliquen las disposiciones discrecionales de terminación o suspensión, y para las cuales la agencia no tenga una autoridad discrecional comparable, como los programas de derechos (entitlement programs).

6. Costos de terminación. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ha considerado cuidadosamente los intereses de confianza que podrían verse implicados por la disposición propuesta de terminación discrecional. Tres características de la norma propuesta están diseñadas para abordar estas inquietudes: (1) el aviso claro e inequívoco de la disposición de terminación discrecional que se discutió anteriormente; (2) la compensación por el trabajo realizado de conformidad con los procedimientos de terminación y los principios de costos vigentes; y (3) los procedimientos relacionados con los avisos de una terminación discrecional, una oportunidad para que los beneficiarios expliquen los costos de terminación, y la discreción caso por caso para que las agencias consideren costos de terminación adicionales y los sopesen frente a consideraciones de política en competencia.

La propuesta, en general, conserva los procedimientos y principios de costos posteriores a la terminación existentes, pero incluye texto aclaratorio adicional aplicable a las terminaciones discrecionales. Por lo general, cuando se termina una subvención, los beneficiarios de la subvención tienen derecho al reembolso de todos los costos permisibles incurridos hasta la fecha de vigencia de la terminación. Esto garantiza que un beneficiario no quede sin compensación por gastos legítimos realizados en función de la adjudicación antes de la fecha de vigencia de la terminación.

La norma propuesta también aclara los requisitos de notificación para las terminaciones y proporciona a las agencias discreción caso por caso para considerar los costos asociados con una adjudicación terminada y sopesarlos adecuadamente frente a consideraciones de política en competencia. Aunque no es idéntica, esta estructura presenta ciertas similitudes con el tratamiento de los costos de terminación en los contratos federales, en los que los contratistas cuyos contratos se terminan por conveniencia pueden recuperar los costos del trabajo completado y los gastos razonables de terminación. Compárese con 48 CFR 52.249-2. Al garantizar que los beneficiarios puedan presentar información relacionada con los costos de terminación, la norma otorga a las agencias la discreción apropiada para considerar y responder a estas inquietudes al momento de la terminación de la adjudicación. Las disposiciones propuestas equilibran la necesidad de flexibilidad federal con la equidad hacia los beneficiarios. En este documento se proporciona un análisis adicional sobre los costos de terminación en las secciones §§ 200.341 y 200.343.

En el § 200.341(b), la OMB propone proporcionar información adicional respecto de las notificaciones de terminación por incumplimiento. (página impresa 32230)

En el § 200.341(c), la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone agregar un párrafo relativo a las notificaciones de terminaciones discrecionales. Si bien la disposición propuesta sobre terminación discrecional reserva una amplia autoridad para las terminaciones que sean en interés del Gobierno Federal (o de la entidad intermediaria, según corresponda), dicha autoridad no es ilimitada. Como ocurre con todo ejercicio de discrecionalidad de una agencia, las agencias federales (o la entidad intermediaria, según corresponda) deben proporcionar una razón para las decisiones individuales de terminación, la cual puede formar parte del expediente administrativo en caso de revisión judicial, si corresponde. Para asegurar que dichas razones se proporcionen, en el § 200.341(c), la OMB propone exigir expresamente que los avisos de terminación emitidos conforme a la disposición de terminación discrecional incluyan un breve resumen de la razón o razones por las cuales una agencia decidió terminar un premio o una clase de premios. Ese resumen no requeriría proporcionar un análisis detallado o exhaustivo, sino únicamente asegurar que el beneficiario o subbeneficiario reciba información sobre la razón de la terminación. El resumen debe ir más allá de simplemente citar la disposición de terminación discrecional; debe proporcionar una razón por la cual se determinó que la terminación era de interés de la agencia federal o de la entidad intermediaria. Asegurar la suficiencia de la notificación ayudará a garantizar que los beneficiarios comprendan por qué se han tomado las decisiones de terminación y a reducir el riesgo para el Gobierno Federal.

Por lo tanto, la decisión de terminar un premio federal por razones discrecionales conforme al § 200.340(a)(2) (versión propuesta) seguiría requiriendo una justificación básica sobre por qué el premio federal no logra los objetivos del programa, las prioridades de la agencia federal o el interés nacional, tal como existan en el momento de la terminación. Al igual que en el contexto de las terminaciones paralelas por conveniencia en el ámbito de la contratación federal, siempre que el beneficiario haya recibido notificación previa de la disposición de terminación discrecional, el requisito de proporcionar una razón para la terminación del premio no constituye un estándar excesivamente alto. Al proporcionar una explicación razonada para el ejercicio de la autoridad conforme a la disposición de terminación discrecional, basada en razones programáticas o de política, tal como existan en el momento de la terminación, las agencias seguirán siendo responsables ante la revisión del Tribunal de Reclamos Federales de los Estados Unidos (U.S. Court of Federal Claims), según corresponda y esté autorizado por la ley, respecto de sus decisiones de terminación.

Las revisiones propuestas también especifican que la notificación debe incluir instrucciones al beneficiario o subbeneficiario para que detenga el trabajo, no contraiga obligaciones financieras adicionales y, en la medida en que lo autorice la ley, termine todos los subpremios y contratos relacionados con la parte terminada del premio federal. La notificación también debe brindar al beneficiario o subbeneficiario la oportunidad de presentar una breve declaración por escrito sobre cualquier costo de terminación que considere pertinente.

La disposición propuesta en el § 200.341(d)(1), que se menciona de forma cruzada en la disposición de terminación discrecional del § 200.340(a)(2), tiene por objeto asegurar que las agencias proporcionen una explicación razonada, conforme a la ley, para decisiones de terminación específicas. Por ejemplo, la agencia federal puede explicar por qué determinó que un premio en particular o una clase de premios ya no lograría los objetivos del programa, las prioridades de la agencia federal o el interés nacional. O la agencia federal puede proporcionar una explicación de por qué un premio o una clase de premios ya no sirve de la mejor manera a los fines públicos autorizados del programa correspondiente. O una agencia puede explicar, de manera más general, por qué determinó que un premio o una clase de premios ya no es de interés público, o ya no servirá de la mejor manera al interés público, en relación con los objetivos pertinentes del programa establecidos en la ley. O una agencia puede explicar por qué reasignar fondos de un premio o una clase de premios a otros premios existentes o nuevos serviría mejor al propósito público del programa establecido en la ley. O cualquier explicación de una agencia puede incluir alguna combinación de las razones anteriores u otras razones alternativas, conforme a la ley, respecto de por qué decidió que la terminación del premio era de interés del gobierno.

Las disposiciones propuestas en el § 200.341(c), y las revisiones adicionales propuestas en el § 200.343(b), permitirán a las agencias considerar qué terminaciones están justificadas según las circunstancias. Esto incluirá ponderar las circunstancias que puedan justificar permitir al beneficiario incurrir en costos adicionales de terminación después de la notificación, frente a intereses de política en competencia, como la administración responsable de los fondos federales y la entrega efectiva de los objetivos estatutarios.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) solo propone revisiones aclaratorias menores al § 200.342. Al igual que la versión existente del § 200.342, la versión propuesta seguiría exigiendo que las agencias federales proporcionen derechos de audiencia administrativa al iniciar un recurso por incumplimiento. Al igual que en la versión existente, dichos procedimientos de audiencia administrativa no se exigirían para otros tipos de terminaciones, a menos que lo exija expresamente otra ley. Dichos procedimientos administrativos, que generalmente tienen por objeto permitir que una agencia federal formule conclusiones de hecho y de derecho relacionadas con la presunta conducta indebida o el incumplimiento de un beneficiario conforme a una adjudicación federal, tendrían menos propósito o necesidad en el caso de terminaciones basadas en razones discrecionales de la agencia federal. Por ejemplo, los beneficiarios generalmente no estarían en la mejor posición para presentar hechos o información relacionados con las prioridades de la agencia tal como existen en el momento en que se toma la decisión de terminación. Además, a diferencia de las terminaciones basadas en el cumplimiento, las terminaciones discrecionales no requerirían presentar informes en SAM.gov (§ 200.340(c) (versión propuesta)), lo cual es una razón importante para los derechos de audiencia administrativa que se otorgan a los beneficiarios en las terminaciones basadas en el cumplimiento.

En el caso de terminaciones o suspensiones discrecionales, las agencias federales estarían obligadas a seguir otros procedimientos descritos en el texto reglamentario, incluidos los procedimientos relacionados con la notificación y los costos permitidos. Una agencia, a su discreción, puede optar por interactuar con los beneficiarios a través de algún tipo de proceso de revisión administrativa antes o después de una terminación o suspensión discrecional, pero no estaría obligada a hacerlo salvo en la medida necesaria para proporcionar la notificación, determinar los costos permitidos e implementar otras secciones del texto reglamentario. En algunos casos, interactuar con los beneficiarios respecto de terminaciones o suspensiones discrecionales puede servir para reducir el riesgo para el Gobierno Federal o minimizar los impactos en los programas federales o las adjudicaciones federales, mientras que en otros casos la agencia puede decidir limitar la interacción únicamente a los procedimientos requeridos, como proporcionar la notificación correspondiente y determinar los costos permitidos.

En el § 200.343(a), la OMB propone brindar mayor claridad respecto de la permisibilidad de los costos durante la suspensión o después de la terminación. Para los costos resultantes de obligaciones financieras debidamente incurridas por el beneficiario o subbeneficiario antes de la fecha de entrada en vigor de la suspensión o terminación, y no en anticipación de esta, la normativa vigente establece que la permisibilidad debe evaluarse en función de si los costos serían permisibles en caso de que la adjudicación federal no hubiera sido suspendida o hubiera expirado normalmente al final del período de desempeño en el que la terminación entra en vigor. La OMB propone aclarar que el beneficiario o (página impresa 32231) subbeneficiario debe realizar todos los esfuerzos razonables para suspender, cancelar, mitigar o reducir de otro modo dichas obligaciones financieras, y proporcionar documentación de esos esfuerzos a la agencia federal cuando esta lo solicite. En algunos casos puede no ser posible suspender o cancelar obligaciones financieras debidamente incurridas, pero el texto reglamentario debería reflejar mejor la política real sobre dichos costos establecida en los principios de costos conforme a la subparte E. La OMB también propone incluir una referencia cruzada expresa a la política sobre terminación y costos estándar de cierre establecida en los principios de costos en el § 200.472(a). La versión existente de la política de la OMB en esa sección ya establece que los beneficiarios y subbeneficiarios deben realizar todos los esfuerzos razonables para suspender los costos inmediatamente después de la fecha de entrada en vigor de la terminación.

En el § 200.343(c), para garantizar que las agencias federales estén debidamente facultadas para considerar los costos resultantes de terminaciones discrecionales, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) también propone agregar una disposición que aborde expresamente dichos costos. El párrafo propuesto ampliaría el estándar existente respecto de qué costos pueden permitir las agencias, a su discreción y de conformidad con la ley, luego de una notificación de terminación. La disposición de notificación propuesta en el § 200.341(c) también instruye a las agencias a brindar al beneficiario del premio terminado la oportunidad de proporcionar información relacionada con los costos de terminación.

La OMB propone revisar el § 200.400 para aclarar en el párrafo (e) que las restricciones propuestas en los §§ 200.413 a 200.414 deben considerarse cuando existan variaciones amplias en el tratamiento de los costos. Además, la OMB propone eliminar la referencia a los premios de monto fijo por razones que se analizan en otra parte de este documento.

La OMB propone revisar el § 200.401 para eliminar las referencias a los premios de monto fijo y a los premios federales otorgados a hospitales.

La OMB también propone revisar la exención establecida en el § 200.401(c), la cual permite operar conforme a los principios de costos federales que se aplican a las organizaciones con fines de lucro en el 48 CFR 31.2. La OMB propone aplicar esta exención únicamente a las organizaciones sin fines de lucro que reciban el 90 por ciento o más de su financiamiento federal en forma de contratos, u operen un Centro de Investigación y Desarrollo Financiado Federalmente (FFRDC). Esta revisión propuesta se analiza con mayor detalle en la discusión sección por sección referente al apéndice VIII.

La OMB propone revisar el § 200.421 para especificar que todos los costos de publicidad y relaciones públicas no son permitidos, con excepciones limitadas. La única excepción para los costos de relaciones públicas son aquellos exigidos por estatuto. Los costos de publicidad son permitidos si son exigidos por estatuto, o si corresponden a la adquisición de bienes y servicios para el premio federal, la disposición de ciertos materiales de desecho o excedentes, o la divulgación del programa y otros fines específicos necesarios para cumplir con los requisitos del premio federal. Estas revisiones propuestas aclararían que los costos de publicidad y relaciones públicas que no beneficien al premio federal no son permitidos.

La OMB propone revisar el § 200.429 para eliminar la referencia a las Instituciones de Educación Superior (IHE). La OMB propone que la restricción se aplique a todas las entidades y no solo a las IHE. Este cambio propuesto tiene como fin garantizar que los principios de costos se simplifiquen y se apliquen de manera equitativa a todos los tipos de entidades.

La OMB propone ampliar el § 200.432 para agregar un requisito según el cual los costos de asistencia a conferencias son permitidos únicamente si la participación en la conferencia es expresamente aprobada por la agencia e incluida en los términos y condiciones del premio. La revisión aclararía que los beneficiarios no están autorizados a asistir a conferencias utilizando fondos federales que no sirvan para avanzar los resultados del programa.

La OMB propone revisar el § 200.438 para eliminar la referencia a un memorando desactualizado de la OMB.

La OMB propone revisar el § 200.442 para proponer que los costos de las actividades de recaudación de fondos e inversión sean permitidos únicamente con la aprobación previa por escrito de la agencia federal.

La OMB propone revisar el § 200.444 para agregar un nuevo párrafo (b) que aclare que los costos generales del gobierno son aquellos relacionados con las actividades generales de las ramas ejecutiva, legislativa o judicial del gobierno, incluidas las actividades generales relacionadas con la seguridad pública, la información pública, la ciudadanía, la inscripción o la tributación, que no estén relacionadas con un premio federal específico. La OMB también propone eliminar las referencias a los Consejos de Gobierno (COG, por sus siglas en inglés) del párrafo (b) existente (párrafo (c) propuesto) para alinear esta sección con otras políticas propuestas.

La OMB propone revisar el § 200.450 para consolidar las referencias a los memorandos de la OMB. La OMB también propone agregar tres nuevos párrafos en esta sección. El párrafo (c)(1)(iii) prohibiría expresamente el financiamiento de cualquier campaña, actividad de registro de votantes o actividades relacionadas en el marco de los premios federales.

El párrafo (c)(1)(iv) prohibiría el uso de fondos federales para participar en actividades de promoción de causas (issue advocacy) o comunicación pública que promuevan u opongan una posición social, política o de política pública particular no relacionada con los objetivos estatutarios o los requisitos de desempeño de la adjudicación federal, incluyendo mensajes diseñados para influir en las actitudes del público sobre asuntos que no son necesarios para lograr el propósito de la adjudicación federal. La autoridad para este cambio es similar a otras disposiciones analizadas anteriormente, las cuales se enfocan en alinear el uso de los fondos de adjudicaciones federales únicamente con los propósitos autorizados fundamentales, y no con actividades ajenas relacionadas con asuntos de política divisivos o la promoción de causas.

El párrafo (c)(1)(v) prohibiría el uso de fondos federales para influir en el poder ejecutivo de cualquier gobierno estatal en asuntos no relacionados con los objetivos o los requisitos de desempeño de la adjudicación federal, incluyendo intentos de afectar la formulación de políticas, la elaboración de reglamentos o las acciones administrativas de una agencia estatal para fines distintos de llevar a cabo los objetivos de la adjudicación federal.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone revisar la sección 200.454 para aclarar que los únicos costos permitidos bajo esta sección son aquellos necesarios para cumplir con los requisitos de la adjudicación. La OMB también propone agregar un requisito de aprobación previa de la agencia federal. Conforme a la propuesta, todos los demás costos, incluyendo los costos de suscripciones o membresías en clubes campestres u organizaciones cuyo propósito principal sea el cabildeo o la promoción de causas, no serían permitidos.

La OMB propone revisar la sección 200.455 para aclarar que los costos de datos relacionados con sistemas de datos integrados deben alinearse con las normas finalizadas de datos de subvenciones federales publicadas en Grants.gov. Este esfuerzo respalda la Ley GREAT (GREAT Act), Ley Pública 116-103. Puede encontrarse información adicional (página impresa 32232) sobre estas normas en https://www.grants.gov/​data-standards.

La OMB propone revisar la sección 200.461 relacionada con los costos de publicación e impresión para realizar revisiones de lenguaje sencillo, incluyendo la eliminación de la palabra “promoción”, la cual no es el tema específico de esta sección. Dado que la sección 200.421 establece la política para los costos de “publicidad y relaciones públicas”, la OMB desea asegurar que el término “promoción” no cree una base independiente para permitir dichos costos bajo esta sección. En la medida en que los costos de publicidad y relaciones públicas no estén permitidos conforme a la sección 200.421, dicha sección regirá. Además, la OMB está revisando la sección para que los costos de publicación no sean permitidos a menos que dichos costos sean expresamente requeridos por ley o aprobados previamente por la agencia federal caso por caso. Este cambio refleja el objetivo de la OMB de fortalecer la administración responsable de los fondos federales y garantizar que la asistencia financiera federal se destine a lograr los objetivos programáticos de la adjudicación. Los costos de publicación no son inherentemente necesarios para llevar a cabo los objetivos programáticos fundamentales de la mayoría de las adjudicaciones federales. En muchos casos, dichas actividades son discrecionales, varían ampliamente en alcance y costos, y pueden servir a intereses institucionales, profesionales o de reputación en lugar de los objetivos específicos del programa federal. En ausencia de autoridad estatutaria o de un requisito específico de la adjudicación, permitir los costos de publicación como un cargo a las adjudicaciones federales crea prácticas inconsistentes de cobro y aumenta el riesgo de que los fondos federales se utilicen para actividades que son accesorias al desempeño del programa. Al limitar la permisibilidad a las circunstancias en que la publicación sea requerida por ley o esté explícitamente incorporada en la adjudicación, este cambio garantizaría que dichos costos se incurran únicamente cuando estén directamente vinculados a un requisito estatutario o programático.

La OMB propone revisar la sección 200.467 para aclarar que los costos de venta y mercadeo de productos o servicios del beneficiario o subbeneficiario no son permitidos a menos que estén expresamente incluidos en la adjudicación federal y sean necesarios para cumplir con los requisitos de la adjudicación federal.

La OMB propone agregar el § 200.477 para establecer que los costos asociados con abortos electivos no son permitidos bajo los premios federales, excepto cuando esté expresamente autorizado por la ley federal. Esta adición es consistente con la Orden Ejecutiva 14182, Aplicación de la Enmienda Hyde (24 de enero de 2025), y refleja las restricciones presupuestarias de larga data que prohíben el uso de fondos federales para el aborto electivo, excepto en circunstancias limitadas. Al incorporar esta limitación como un elemento de costo seleccionado, esta norma promueve la aplicación uniforme de las restricciones de financiamiento legales existentes en todos los programas de asistencia financiera federal, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con la ley federal vigente.

La OMB propone revisar el § 200.503 para aclarar que una agencia federal, el Inspector General, o la GAO solo pueden imponer auditorías adicionales cuando estén autorizadas por ley. Esta revisión propuesta tiene como objetivo reducir la carga de auditoría al exigir un fundamento legal y evitar que las agencias agreguen requisitos de auditoría adicionales mediante reglamento si no son exigidos por la ley. Esta revisión equilibra la supervisión adecuada con la limitación de la carga administrativa, garantizando que se preserve la autoridad de auditoría esencial, al tiempo que se restringe la autoridad discrecional para ampliar los requisitos de auditoría más allá de los requisitos de la Ley de Auditoría Única abordados en esta parte.

Para evitar dudas, esta disposición no impediría que las agencias federales realicen revisiones de cumplimiento según sea necesario para implementar otras secciones de esta parte y proporcionar una supervisión efectiva de los premios federales, incluso para determinar si un beneficiario o subbeneficiario cumple con los requisitos programáticos sustantivos u otros requisitos legales. Por ejemplo, tales revisiones de cumplimiento pueden ser necesarias para determinar si un beneficiario de asistencia financiera federal cumple con las leyes federales de derechos civiles o las leyes de protección de conciencia.

La OMB propone revisar el § 200.513(c)(4) para eliminar la palabra "anual" antes de "suplemento de cumplimiento". La OMB se encuentra en proceso de reevaluar la frecuencia apropiada para emitir el suplemento de cumplimiento. Como se discutió anteriormente en este documento, la OMB y la Oficina del Inspector General del HHS están actualmente analizando el proceso de auditoría única. La OMB planea involucrar a las partes interesadas antes de realizar cualquier cambio sustancial.

La OMB propone eliminar parte del lenguaje del § 200.514(c)(1). Específicamente, la OMB propone eliminar la referencia a la guía en "Normas para el Control Interno en el Gobierno Federal" emitida por el Contralor General de los Estados Unidos o el "Marco Integrado de Control Interno" emitido por COSO. Las razones de este cambio propuesto se discuten en el § 200.303 de este documento, mencionado anteriormente.

La OMB propone cambios limitados al apéndice I. Los cambios propuestos incluyen cambiar "descripción del programa" por "descripción de la oportunidad de financiamiento", y otros cambios de conformidad para alinearse con las políticas propuestas en este documento. Por ejemplo, se han eliminado las referencias a la presentación de solicitudes en papel. Se exigiría a las agencias que informen a los solicitantes que presenten sus propuestas a través de Grants.gov y que proporcionen instrucciones para hacerlo, a menos que una excepción específica del programa esté expresamente autorizada por una ley federal o aprobada por el jefe de la agencia federal (o su designado). La OMB también propone agregar referencias a las Declaraciones de Interés (SOI, por sus siglas en inglés) como se discutió anteriormente en este preámbulo.

La OMB propone cambios limitados al apéndice II. Los cambios propuestos incluyen eliminar la referencia a las Órdenes Ejecutivas revocadas en el párrafo (C).

La OMB propone eliminar el apéndice VIII en su totalidad. De conformidad con las revisiones al § 200.401, solo aquellas organizaciones sin fines de lucro que reciban el 90 por ciento o más de su financiamiento federal en forma de contratos, u operen un Centro de Investigación y Desarrollo Financiado por el Gobierno Federal (FFRDC, por sus siglas en inglés), seguirán operando bajo los principios de costos federales que se aplican a las organizaciones con fines de lucro.

La orientación anterior generó incertidumbre al sugerir que las agencias podían ampliar la lista de exenciones, lo cual socavaba la aplicación uniforme de los principios de costos en todo el Gobierno Federal. Las revisiones propuestas resuelven estos problemas (página impresa 32233) al aclarar que la exención se aplica únicamente a la categoría estrecha de organizaciones sin fines de lucro que reciben el 90 por ciento o más de su financiamiento federal mediante contratos. Este umbral refleja que dichas organizaciones operan de manera más similar a las entidades con fines de lucro en cuanto a sus flujos de financiamiento y estructuras de costos. Para todas las demás organizaciones sin fines de lucro, se aplicarán los principios de costos de la subparte E.

Esta revisión propuesta promueve la coherencia entre las agencias al garantizar un trato más uniforme de las organizaciones sin fines de lucro. Además, la revisión mejora la supervisión y aumenta la transparencia al aplicar una norma clara y objetiva, impidiendo que las agencias otorguen unilateralmente exenciones amplias.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone un cambio técnico al apéndice IX para reflejar la nueva ubicación de los Principios de Costos Hospitalarios en el apéndice IX de la parte 300.

Mediante esta propuesta de reglamentación, ciertas agencias federales otorgantes de subvenciones que actualmente carecen de un capítulo existente en el subtítulo B del título 2 del CFR proponen agregar capítulos, con el fin de simplificar la implementación y reducir la variabilidad en todo el Gobierno Federal. Las agencias federales que ya cuentan con capítulos existentes en el subtítulo B del título 2 del CFR proponen ciertos cambios específicos y de conformidad para respaldar el esfuerzo de reglamentación más amplio de la OMB. Todas las agencias participantes adoptan el preámbulo común anterior. Algunas agencias han proporcionado texto de preámbulo suplementario que se presenta a continuación.

La OMB ha incluido requisitos estatutarios y de política nacional en la sección 200.300(a), incluidos los requisitos relacionados con la "libertad religiosa, y aquellos que prohíben la discriminación". Todas las agencias federales deben cumplir con la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) (42 U.S.C. 2000bb, y siguientes) y cualquier estatuto aplicable que prohíba la discriminación por motivos religiosos o que proteja el ejercicio de la objeción de conciencia. Las agencias federales, las entidades intermediarias, los beneficiarios y los subbeneficiarios están obligados, en virtud de la Primera Enmienda, la RFRA y los estatutos aplicables que prohíben la discriminación por motivos religiosos o que protegen el ejercicio de la objeción de conciencia, a considerar y otorgar exenciones religiosas o de conciencia según lo exija la ley, y no pueden exigir la aplicación de disposiciones o requisitos específicos a contextos, procedimientos o servicios particulares en los que se apliquen dichas protecciones.

Las agencias federales, las entidades intermediarias, los beneficiarios y los subbeneficiarios deben ser conscientes de sus obligaciones estatutarias permanentes en materia de libertad religiosa y de conciencia, independientemente de la eliminación del lenguaje en el 2 CFR 300.300(d) que establecía un proceso de aseguramiento para garantizar la aplicabilidad de las exenciones basadas en las protecciones federales para la libertad religiosa y de conciencia. La eliminación propuesta de dicho lenguaje no debe interpretarse como una reducción del apoyo del Gobierno Federal a las protecciones basadas en la religión o la conciencia. La revisión propuesta al 2 CFR 200.300 tiene como objetivo aclarar que la libertad de conciencia y la libertad religiosa están protegidas por múltiples estatutos y que el Gobierno Federal hará cumplir dichos estatutos según corresponda. Asimismo, el § 200.300(a), tal como se propone, contiene un lenguaje revisado similar al del § 300.300(d), que aclara que, en la gestión y administración de las adjudicaciones federales, ninguna persona que de otro modo sea elegible será excluida de la participación, se le negarán ilegalmente los beneficios, ni será objeto de discriminación ilegal en la administración de los programas, actividades, proyectos, asistencia y servicios federales. Dicho lenguaje de no discriminación abarcaría los requisitos, según corresponda, de no discriminar por diversos motivos, incluidos la raza, el color, el origen nacional, la discapacidad, el sexo, la religión o la conciencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha incluido en esta propuesta de reglamentación un posible cambio en la delegación de autoridad en el 2 CFR 3000.137. Dicha sección describe quién dentro del DHS puede otorgar una excepción para permitir que una persona excluida participe en una transacción cubierta. Actualmente, dicha sección establece que el Secretario de Seguridad Nacional ha delegado la autoridad para otorgar dicha excepción al Jefe de la Actividad de Contratación de cada componente del DHS.

Debido a que 2 CFR 3000.137 se relaciona con la inhabilitación y suspensión no relacionadas con adquisiciones, el Director Financiero, en lugar del Jefe de la Actividad de Contratación, es el delegado más apropiado. El DHS tiene la intención de revisar la normativa en consecuencia. Esta propuesta es coherente con la Instrucción 146-01-001 del DHS, Rev. 02, conforme a la cual el Director Financiero del DHS otorga exenciones o excepciones limitadas para permitir que una parte excluida participe en transacciones no relacionadas con adquisiciones cubiertas, incluyendo contratos principales y subcontratos, subvenciones y préstamos directos.

Esta acción reglamentaria propone revisar el texto de 2 CFR 1500.1(a)(2) para eliminar el término «regulation» (reglamento).

Esta acción reglamentaria también propone revisar el texto de 2 CFR 1500.4, Excepciones, para corregir la cita de 2 CFR 200.102(b) a 2 CFR 200.102(c) y reemplazar «entidades no federales» por «receptores».

Finalmente, esta acción reglamentaria propone revisar el texto de 2 CFR 1532.1125, 1532.1130(a), 1532.1200 y 1532.1500 para reemplazar las referencias a un sistema obsoleto (Sistema de Lista de Partes Excluidas), su sigla (EPLS) y su sitio web (http://www.EPLS.gov) por el sistema actual (Sistema para la Administración de Adjudicaciones), su sigla (SAM.gov Exclusions) y su sitio web (SAM.gov); estos cambios propuestos también se alinean con cambios recientes a 2 CFR parte 180, que también hace referencia al Sistema para la Administración de Adjudicaciones. Además, las revisiones propuestas a 2 CFR 1532.1200 incluyen citas específicas a los estatutos referenciados para brindar mayor claridad.

La Autoridad Regional del Delta (DRA), establecida por el Congreso mediante la Ley de la Autoridad Regional del Delta de 2000 (7 U.S.C. 2009aa-1 y siguientes), funciona como una asociación federal-estatal para abordar las necesidades de desarrollo económico en las regiones del Delta del Río Mississippi y el Cinturón Negro de Alabama. Este texto reglamentario propone adoptar formalmente los requisitos administrativos uniformes de la OMB para proporcionar coherencia y transparencia en la administración de la asistencia financiera federal otorgada por la DRA.

Esta acción propuesta no impondría una nueva autoridad de otorgamiento de subvenciones, sino que codificaría la participación de la DRA en el marco regulatorio a nivel gubernamental para la asistencia financiera. La DRA actualmente opera en alineación sustancial con 2 CFR parte 200, y esta reglamentación garantizaría el cumplimiento continuo al tiempo que permitiría a la agencia aclarar o complementar la guía de la OMB en el futuro si así lo requiere la ley o las condiciones regionales.

El Consejo Directivo Federal para la Mejora de los Permisos no tiene autoridad independiente para emitir reglamentos específicos para programas de asistencia financiera federal. Por lo tanto, ha recibido la aprobación de la OMB para implementar 2 CFR parte 200 como una política del Consejo Directivo Federal para la Mejora de los Permisos aplicable a las adjudicaciones federales (página impresa 32234) otorgadas por el Consejo Directivo Federal para la Mejora de los Permisos, en lugar de como un reglamento.

Mediante esta reglamentación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) propone eliminar el capítulo VII del Subtítulo B de 2 CFR. Este cambio refleja acciones recientes del Poder Ejecutivo para realinear las funciones y responsabilidades de la asistencia exterior.[102] Por lo tanto, este documento propone eliminar el capítulo VII para reflejar la administración actual de los programas federales de asistencia exterior.

En 2024, la OMB agregó el § 1.231 al texto de 2 CFR relativo a la divisibilidad.[103] Esa sección, que la OMB no propone modificar sustancialmente mediante esta reglamentación, explica que las disposiciones del texto reglamentario de la OMB son independientes y divisibles entre sí. Explica además que si alguna disposición del texto reglamentario se considera inválida o inaplicable según se aplique a una persona o circunstancia en particular, la disposición debe interpretarse de manera que continúe teniendo el máximo efecto permitido por la ley según se aplique a otras personas que no se encuentren en una situación similar o a circunstancias distintas. Si se determina que alguna disposición es totalmente inválida e inaplicable, debe separarse de las demás disposiciones del texto reglamentario de 2 CFR, las cuales deberán permanecer vigentes.

En las regulaciones revisadas propuestas mediante este documento, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) propone un esquema regulatorio unificado que aborda cómo las agencias federales administrarán la asistencia financiera federal para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de los premios federales en todo el Gobierno Federal. Si bien las regulaciones revisadas servirían mejor a los objetivos de la OMB para esta reglamentación si se mantuvieran intactas tal como las propuso la OMB, los beneficios de la orientación relacionada con la coordinación en todo el Gobierno Federal y la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión no dependen de ninguna disposición en particular. En consecuencia, la OMB considera que las disposiciones individuales son separadas y divisibles entre sí.

En caso de que se suspenda o invalide alguna disposición, o alguna disposición en cuanto a su aplicación a una persona o circunstancia en particular, la intención de la OMB es preservar el texto regulatorio del Título 2 del CFR en la mayor medida posible. Las disposiciones que permanezcan vigentes continuarán proporcionando políticas de alcance gubernamental aplicables a las agencias federales para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de los premios federales en todo el Gobierno Federal. La OMB considera que redunda en el interés de las agencias federales, los beneficiarios y subbeneficiarios de premios federales, los contratistas y otras partes interesadas de la comunidad de asistencia financiera federal, mantener vigente el texto regulatorio final en la mayor medida posible y permitida por la ley.

El 7 de agosto de 2025, la Orden Ejecutiva 14332, Mejora de la Supervisión de la Concesión de Subvenciones Federales, ordenó a la OMB que revisara los requisitos de alcance gubernamental relacionados con la recuperación de costos indirectos a fin de limitar adecuadamente el uso de fondos de subvenciones discrecionales para costos relacionados con instalaciones y administración. A lo largo de décadas, informes del Congreso, de la comunidad de supervisión y de diversas otras organizaciones y comentaristas han expresado inquietudes respecto del gasto del Gobierno Federal en gastos generales asociados con subvenciones y otras formas de asistencia financiera.[104] Los informes han identificado numerosas deficiencias del sistema existente, incluyendo su complejidad, ineficiencia, carga administrativa, falta de transparencia pública, injusticia para los beneficiarios más pequeños, falta de supervisión y rendición de cuentas pública, y falta de un mecanismo de política para controlar los costos generales excesivos.[105]

En enero de 2026, se incluyó lenguaje legislativo relacionado con los costos indirectos dentro de las asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2026. Por ejemplo, algunas de estas disposiciones: (i) exigieron a determinadas agencias que continuaran aplicando las tasas de costos indirectos negociadas conforme a la sección 200.414 en la misma medida y de la misma manera en que dichas tasas de costos indirectos negociadas se aplicaron en el año fiscal 2024; y (ii) prohibieron a determinadas agencias utilizar fondos asignados para el año fiscal 2026 con el fin de desarrollar, modificar o implementar cambios a las tasas de costos indirectos negociadas del año fiscal 2024. El lenguaje del informe que acompañaba estas disposiciones reconoció que “hay margen de mejora en el sistema utilizado para identificar y recuperar las tasas de costos indirectos conforme a la Guía Uniforme, particularmente en lo que respecta a la necesidad de una mayor transparencia sobre estos costos”. El lenguaje del informe también reconoció varios modelos sugeridos para lograr mejoras al sistema existente, incluyendo un modelo propuesto por funcionarios del Grupo Conjunto de Asociaciones sobre Costos Indirectos (JAG, por sus siglas en inglés). Algunos han criticado el modelo JAG propuesto por razones que incluyen que podría aumentar los pagos de gastos generales a las organizaciones grandes y no resolver los problemas significativos del sistema existente, incluyendo la complejidad, la ineficiencia y el gasto excesivo en gastos generales por parte del Gobierno Federal.[106] El modelo JAG parece enfocarse únicamente en los premios de investigación, que son un subconjunto de (página impresa 32235) aquellos premios sujetos a los requisitos de costos indirectos conforme al Título 2 del CFR, parte 200.

En consideración de este lenguaje legislativo y de informe, la OMB no propone actualizaciones al sistema de negociación de tasas de costos indirectos mediante este documento. La OMB podría considerar emitir una solicitud de información sobre este tema en el futuro, pero los comentaristas no deben presentar comentarios sobre el sistema de negociación de tasas de costos indirectos en respuesta a este documento. Dado que no se proponen cambios sobre ese tema, la OMB no tiene la intención de considerar ni responder a dichos comentarios en la norma final.

La OMB y las agencias participantes solicitan comentarios sobre todos los aspectos del reglamento propuesto en este documento, incluyendo cualquier interés de confianza que los comentaristas puedan tener basado en el texto existente del título 2 del CFR que las revisiones propuestas puedan afectar, y que la OMB y las agencias deberían considerar al decidir si finalizar este reglamento o cómo hacerlo. La OMB también solicita información de los beneficiarios sobre los requisitos del título 2 del CFR que aumentan la carga administrativa, y en particular aquellos que aumentan los costos administrativos. La OMB también acoge con beneplácito los comentarios relacionados con políticas contenidas en el título 2 del CFR que no son exigidas por ley y que la OMB podría considerar eliminar.

Las agencias federales que participan en este proceso de reglamentación también solicitan comentarios sobre todos los aspectos de sus reglamentos propuestos en este documento, incluyendo cualquier interés de confianza que los comentaristas puedan tener basado en el texto existente del subtítulo B del título 2 del CFR que las respectivas propuestas de las agencias federales puedan afectar, y que las agencias federales deberían considerar al decidir si finalizar este reglamento o cómo hacerlo.

La OMB propone emitir un reglamento final que entre en vigor a más tardar el 1 de octubre de 2026. La fecha de vigencia propuesta es importante para garantizar que solo un único conjunto de requisitos a nivel gubernamental se aplique a las adjudicaciones federales otorgadas durante el año fiscal 2027. Una fecha de vigencia del 1 de octubre es útil para el proceso de auditoría y por otras razones, incluyendo garantizar la uniformidad y transparencia a nivel gubernamental respecto a qué requisitos se aplican a las adjudicaciones federales otorgadas y enmendadas durante el año fiscal 2027.

La OMB está proporcionando un período de comentarios de 45 días sobre el reglamento propuesto. Antes de emitir este documento, la OMB también consideró un período de comentarios más corto de 30 días o un período más largo de 60 días. El período de comentarios de 45 días tiene como objetivo equilibrar el ofrecer una vía para emitir un reglamento final que entre en vigor para el 1 de octubre con el proporcionar tiempo suficiente para que el público comente sobre las revisiones propuestas en este documento. Los comentarios tardíos se considerarán solo en la medida en que sea factible.

Las Órdenes Ejecutivas (E.O., por sus siglas en inglés) 12866 y 13563 ordenan a las agencias evaluar todos los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si la regulación es necesaria, seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos (incluyendo los posibles efectos económicos, ambientales, de salud pública y seguridad, los impactos distributivos y la equidad). El Reglamento de la OMB para Subvenciones y Acuerdos publicado en el subtítulo A del título 2 del CFR es un reglamento aplicable a las agencias federales. 2 CFR 1.100(b) (versión propuesta). La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios dentro de la OMB ha determinado que las enmiendas propuestas al título 2 del CFR constituyen una acción regulatoria significativa conforme a la sección 3(f) de la E.O. 12866. No se espera que este reglamento sea considerado una acción regulatoria conforme a la Orden Ejecutiva 14192, debido a que la OMB ha determinado que está exento conforme a dicha Orden Ejecutiva.

La Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) se incluye como un documento separado.

El Análisis Inicial de Flexibilidad Regulatoria (IRFA, por sus siglas en inglés) se incluye como un documento separado. La OMB también proporciona la siguiente información relacionada con el IRFA adjunto. Para un reglamento sujeto a las disposiciones de notificación y comentario de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley de Flexibilidad Regulatoria, 5 U.S.C. 601 y siguientes, exige que una agencia proporcione un análisis final de flexibilidad regulatoria o certifique que el reglamento no tendrá un impacto económico significativo sobre un número sustancial de entidades pequeñas. Con base en la naturaleza de las revisiones propuestas en este aviso, la OMB no espera que esta guía tenga un impacto económico significativo sobre un número sustancial de entidades pequeñas en el sentido de la Ley de Flexibilidad Regulatoria.

Los tribunales han explicado que el requisito, conforme a la RFA, de analizar los efectos sobre las entidades pequeñas solo se aplica a los efectos directos. Las entidades pequeñas que puedan verse impactadas indirectamente, pero no directamente, no están sujetas al análisis conforme a la RFA. Véase Nat'l Women, Infants, & Child. Grocers Ass'n v. Food & Nutrition Serv., 416 F. Supp. 2d 92, 109-10 (D.D.C. 2006). Ciertas entidades pequeñas que podrían verse impactadas por las políticas revisadas de la OMB solo se verán afectadas indirectamente por la implementación específica de cada agencia de los requisitos, o a través de sus interacciones con los beneficiarios de adjudicaciones federales.

Las revisiones propuestas no impondrían mandatos no financiados según se define en la Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995 (Unfunded Mandates Reform Act of 1995) (Pub. L. 104-4, 109 Stat. 48). La guía propuesta no resultaría en el gasto por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, en conjunto, o por parte del sector privado, de $168 millones o más en un año cualquiera (2 U.S.C. 1532). Además, la definición de "Mandato Federal" en la Ley de Reforma de Mandatos No Financiados excluye la asistencia financiera del tipo en el que los gobiernos estatales, locales o tribales tienen autoridad para ajustar su participación en el programa de acuerdo con los cambios realizados en el programa por el Gobierno Federal. Los programas de asistencia financiera federal sujetos al 2 CFR generalmente permiten este tipo de flexibilidad.

Este reglamento propuesto ha sido analizado de conformidad con los principios y criterios contenidos en la E.O. 13132, "Federalismo", 64 FR 43255 (10 de agosto de 1999). La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ha determinado que este reglamento propuesto no tendría implicaciones de federalismo suficientes para justificar la preparación de una evaluación de federalismo. El reglamento en el 2 CFR es, por su naturaleza, de alcance e importancia nacionales.

Este reglamento no contiene un nuevo requisito de recopilación de información. Más bien, simplifica los requisitos en secciones específicas. Por lo tanto, la Ley de Reducción de Trámites no es aplicable.

La OMB ha analizado este reglamento revisado de conformidad con los principios y criterios contenidos en la E.O. 13175, "Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas", 65 FR 67249 (9 de noviembre de 2000). Durante 2025, ciertas Naciones Tribales compartieron inquietudes con la OMB respecto de los posibles impactos de las revisiones al 2 CFR sobre las obligaciones fiduciarias y de tratados del Gobierno Federal hacia las Naciones Tribales, y relacionadas con la implementación de ciertos estatutos aplicables a las Tribus, como la (página impresa 32236) Ley de Autodeterminación y Asistencia Educativa Indígena (Indian Self-Determination and Education Assistance Act) (codificada en 25 U.S.C. 5301-5423). La OMB consideró estas inquietudes al elaborar este reglamento propuesto. La OMB iniciará una consulta tribal formal antes de que se promulgue un reglamento final. La interacción con las Tribus ayudará a la OMB a considerar cuidadosamente las inquietudes tribales antes de que se finalicen los cambios propuestos.

El Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, HHS), Robert F. Kennedy, Jr., aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Robert F. Kennedy, Jr.,

Secretario, Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La Directora Financiera Principal Adjunta del Departamento de Agricultura, Candice M. Kinn, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Candice M. Kinn,

Directora Financiera Principal Adjunta.

El Asesor Superior y Director Adjunto de Adquisiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kyle Ilgenfritz, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para (página impresa 32239) fines de publicación en el Registro Federal.

Kyle Ilgenfritz,

Asesor Superior y Director Adjunto de Adquisiciones.

El Director de Adquisiciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Matthew Dickinson, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Matthew Dickinson,

Director de Adquisiciones.

El Secretario Adjunto de Administración y Director Financiero del Departamento de Asuntos de los Veteranos, Richard Topping, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Richard Topping,

Secretario Adjunto de Administración y Director Financiero.

El Director de la Oficina de Administración del Departamento de Energía, Derek Passarelli, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Derek Passarelli,

Director de la Oficina de Administración.

El Secretario Adjunto de Administración del Departamento del Tesoro, el Dr. John W. York, Ph.D., aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

John W. York,

Secretario Adjunto de Administración.

El Director de Política de Investigación del Departamento de Defensa, Jason Day, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Jason Day,

Director de Política de Investigación.

La Secretaria Adjunta de Administración del Departamento de Transporte, Anne Byrd, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Anne Sanford Byrd,

Secretaria Adjunta de Administración.

La Directora de Administración de Adquisiciones del Departamento de Comercio, Olivia Bradley, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Olivia Bradley,

Directora de Administración de Adquisiciones.

Con efecto inmediato, Troy Finnegan, Secretario Adjunto Auxiliar, en Ejercicio de la Autoridad Delegada del Secretario Auxiliar, Política, Administración y Presupuesto, aprueba el Reglamento para la Asistencia Financiera Federal. El Director de la OMB, Russell Vought, está autorizado a firmar digitalmente el documento antes mencionado para su publicación en el Registro Federal.

Troy Finnegan,

Secretario Adjunto Auxiliar, en Ejercicio de la Autoridad Delegada del Secretario Auxiliar, Política, Administración y Presupuesto.

La Directora Financiera y Directora Administrativa Principal de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, C. Paige Hanson, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

C. Paige Hanson,

Directora Financiera y Directora Administrativa Principal.

La Consejera Administrativa de la Corporación de Financiamiento del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Lisa Wischkaemper, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Lisa Wischkaemper,

Consejera Administrativa.

El Ejecutivo de Adquisiciones Superior Interino, Administrador Adjunto de Adquisiciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Marvin L. Horne, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Marvin L. Horne,

Administrador Adjunto de Adquisiciones.

El Subdirector de Servicios de Administración de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, Christopher Luer, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Christopher Luer,

Subdirector de Servicios de Administración.

El Director Interino de la Oficina de Administración de la Comisión Reguladora Nuclear, Eleni Jernell, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Eleni Jernell,

Director Interino, Oficina de Administración.

La Jefa Interina de la Agencia de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario, Jennifer Bastress, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Jennifer Bastress,

Jefa Interina de la Agencia.

El Asesor Jurídico General de la Administración del Seguro Social, Mark Steffensen, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Mark Steffensen,

Asesor Jurídico General.

El Secretario Adjunto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Andrew Hughes, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Andrew Hughes,

Secretario Adjunto.

El Alto Funcionario que Desempeña las Funciones de Director de la Fundación Nacional de Ciencias, Brian Stone, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Brian Stone,

Alto Funcionario que Desempeña las Funciones de Director.

El Archivista Interino de los Estados Unidos de la Administración Nacional de Archivos y Registros, Edward C. Forst, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Edward C. Forst,

Archivista Interino de los Estados Unidos.

La Administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Kelly Loeffler,

Administradora.

De conformidad con la autoridad delegada por el Fiscal General Interino, el Fiscal General Adjunto de la Oficina de Política Jurídica, Departamento de Justicia, Daniel E. (página impresa 32240) Burrows, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para efectos de su publicación en el Registro Federal.

Daniel E. Burrows,

Fiscal General Adjunto, Oficina de Política Jurídica.

El Secretario Auxiliar de Administración y Gestión del Departamento de Trabajo, Dean Heyl, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Dean Heyl,

Secretario Auxiliar de Administración y Gestión.

El Subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Troy Edgar, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Troy Edgar,

Subsecretario.

La Subasesora Jurídica General y Asesora Jurídica General Interina del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, Victoria H. Kauffman, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Victoria H. Kauffman,

Subasesora Jurídica General y Asesora Jurídica General Interina.

La Presidenta del Fondo Nacional para las Artes, Mary Anne Carter, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Mary Anne Carter,

Presidenta.

La Asesora Jurídica General Interina del Fondo Nacional para las Humanidades, Lisette Voyatzis, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Lisette Voyatzis,

Asesora Jurídica General Interina.

El Secretario Auxiliar del Departamento de Educación, Murray Bessette, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Murray Bessette,

Secretario Auxiliar de la Oficina de Planificación, Evaluación y Desarrollo de Políticas.

El Asesor Jurídico General del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, Tony Onorato, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Tony Onorato,

Asesor Jurídico General.

El Asesor Jurídico General de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Dario Camacho, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Dario Camacho,

Asesor Jurídico General.

El Asesor Jurídico General del Cuerpo de Paz, Alexis Fowler, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Alexis Fowler,

Asesor Jurídico General.

La Directora Ejecutiva de la Comisión de Asistencia Electoral, Brianna Schletz, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Brianna Schletz,

Directora Ejecutiva.

La Directora Ejecutiva del Consejo de Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo, Mary Walker, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Mary Walker,

Directora Ejecutiva.

El Director Administrativo de la Comisión Federal de Comunicaciones, Daniel Daly, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Daniel Daly,

Director Administrativo.

La Secretaria de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, Alberta E. Mills, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Alberta E. Mills,

Secretaria.

El Copresidente Federal de la Autoridad Regional del Delta, Corey Wiggins, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Corey Wiggins,

Copresidente Federal.

El Director Ejecutivo Interino del Subcomité de Tasación del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras, Frederick Griefer, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Frederick Griefer,

Director Ejecutivo Interino.

El Director Ejecutivo de la Comisión de Mamíferos Marinos, Peter O. Thomas, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Peter O. Thomas,

Director Ejecutivo.

El Vicepresidente Interino y Director Financiero de la Corporación del Desafío del Milenio, Abdel Maliky, aprueba este documento, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Abdel Maliky,

Vicepresidente Interino y Director Financiero.

Por la Junta de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, en este día 13 de mayo de 2026, la Secretaria de la Junta de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, Melane Conyers-Ausbrooks, aprueba este Aviso de Norma Propuesta, Reglamento para la Asistencia Financiera Federal, (RIN 3133-AG07) y autoriza a Russell T. Vought, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a firmar digitalmente este documento para fines de publicación en el Registro Federal.

Melane Conyers-Ausbrooks,

Secretaria de la Junta.

Russell T. Vought,

Director, Oficina de Administración y Presupuesto.

Por las razones expuestas en el preámbulo, se propone enmendar los subtítulos A y B del título 2 del CFR de la siguiente manera: (página impresa 32241)

Subparte A. Introducción al Título 2 del CFR

1.100

Contenido de este título.

1.105

Organización y contenido del subtítulo.

1.110

Autoridades emisoras.

Subparte B. Introducción al Subtítulo A

1.200

Propósito de los capítulos I y II.

1.205

Aplicabilidad a la asistencia financiera federal.

1.210

Aplicabilidad a las agencias federales y a otros.

1.215

Relación con publicaciones anteriores de la OMB.

1.220

Implementación de este subtítulo por las agencias federales.

1.221

Implementación alternativa de este subtítulo por ciertas agencias federales.

1.230

Mantenimiento de este subtítulo.

1.231

Divisibilidad.

Subparte C. Responsabilidades de la OMB y de las Agencias Federales

1.300

Responsabilidades de la OMB.

1.305

Responsabilidades de las agencias federales.

Autoridad: 31 U.S.C. 503; 31 U.S.C. 1111; 31 U.S.C. 6307; 41 U.S.C. 1121; E.O. 11541, 35 FR 10737, 3 CFR, 1966-1970 Comp., p. 939; Plan de Reorganización No. 2 de 1970.

§ 1.100

Contenido de este título.

Este título contiene:

(a) Reglamentos de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) aplicables a las agencias federales sobre políticas de alcance gubernamental para el otorgamiento y la administración de la asistencia financiera federal, incluido el Reglamento Uniforme de Subvenciones (UGR, por sus siglas en inglés) en la parte 200; y

(b) Reglamentos de las agencias federales que implementan o complementan los reglamentos de la OMB.

§ 1.105

Organización y contenido de los subtítulos.

(a) Este título está organizado en dos subtítulos.

(b) Los reglamentos de la OMB descritos en el § 1.100(a) se publican en este subtítulo.

(c) Cada agencia federal que otorga asistencia financiera federal tiene un capítulo en el subtítulo B de este título en el cual emite los reglamentos descritos en el § 1.100(b). Los reglamentos de las agencias federales en el subtítulo B adoptan e implementan los reglamentos de la OMB contenidos en este subtítulo.

§ 1.110

Autoridades emisoras.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) emite este subtítulo. Cada agencia federal que tiene un capítulo en el subtítulo B de este título emite dicho capítulo.

§ 1.200

Propósito de los capítulos I y II.

Los capítulos I y II de este subtítulo proporcionan los reglamentos de la OMB aplicables a las agencias federales que ayudan a garantizar políticas, requisitos y procedimientos coherentes y uniformes en todo el Gobierno para la administración de la asistencia financiera federal de las agencias.

§ 1.205

Aplicabilidad a la asistencia financiera federal.

Los tipos de instrumentos sujetos a los reglamentos de este subtítulo varían de una parte de los reglamentos a otra. Todas las partes de los reglamentos se aplican a las subvenciones y los acuerdos de cooperación, y algunas partes también se aplican a otros tipos de asistencia financiera federal.

§ 1.210

Aplicabilidad a las agencias federales y a otros.

(a) Este subtítulo contiene reglamentos que se aplican directamente únicamente a las agencias federales.

(b) Los reglamentos de este subtítulo pueden afectar a otras entidades a través de la implementación que cada agencia federal haga de los reglamentos, partes de los cuales pueden aplicarse a:

(1) Los funcionarios de otorgamiento o administración de la agencia;

(2) Los beneficiarios y subbeneficiarios que reciben o solicitan la asistencia financiera federal de la agencia o reciben subvenciones derivadas bajo subvenciones o acuerdos de cooperación; o

(3) Cualquier otra entidad involucrada en transacciones de la agencia sujetas a los reglamentos de este capítulo.

§ 1.215

Relación con emisiones anteriores de la OMB.

Este subtítulo reemplazó la orientación previa de la OMB emitida conforme a ciertas circulares de la OMB y otros documentos de orientación relacionados con el mismo tema.

§ 1.220

Implementación de este subtítulo por las agencias federales.

Una agencia federal que otorga asistencia financiera federal sujeta a los reglamentos de la OMB en este subtítulo implementa o complementa los reglamentos de la OMB en los reglamentos de la agencia en el subtítulo B de este título y en documentos de orientación, documentos de política e instrucciones de procedimiento, tales como instrucciones internas para los funcionarios de otorgamiento y administración de la agencia. Un solicitante, beneficiario o subbeneficiario vería el efecto de dicha implementación en la organización y el contenido de los anuncios de oportunidades de financiamiento de la agencia y en los términos y condiciones de sus adjudicaciones.

§ 1.221

Implementación alternativa de este subtítulo por ciertas agencias federales.

Las agencias federales enumeradas en esta sección recibieron la aprobación de la OMB para implementar los reglamentos de la OMB en este subtítulo, incluida la parte 200, como política aplicable a sus adjudicaciones federales sin establecer reglamentos de agencia en el subtítulo B de este título como se describe en el § 1.220. Al igual que todas las demás agencias federales, las agencias federales enumeradas deben implementar los requisitos de este subtítulo en sus anuncios de oportunidades de financiamiento y en los términos y condiciones de sus adjudicaciones federales. Las agencias federales enumeradas son:

(a) Comisión Denali;

(b) Comisión Regional de la Frontera Suroeste (SBRC, por sus siglas en inglés);

(c) Comisión Regional del Creciente Sureste (SCRC, por sus siglas en inglés);

(d) Comisión Regional de los Apalaches (ARC, por sus siglas en inglés);

(e) Comisión Regional de la Frontera Norte (NBRC, por sus siglas en inglés);

(f) Consejo Directivo Federal para la Mejora de Permisos; y

(g) Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos.

§ 1.230

Mantenimiento de este subtítulo.

La OMB emite reglamentos en este subtítulo después de su publicación en el Registro Federal. Cualquier parte de los reglamentos que tenga un impacto potencial en el público se publica con una oportunidad de comentario público.

§ 1.231

Divisibilidad.

Las disposiciones de este subtítulo son separadas y divisibles entre sí. Si alguna disposición de este subtítulo se considera inválida o inaplicable según se aplique a una persona o circunstancia particular, la disposición debe interpretarse de manera que continúe dando el máximo efecto permitido por la ley según se aplique a otras personas que no se encuentren en una situación similar o a circunstancias distintas. Si se determina que alguna disposición es totalmente inválida e inaplicable, debe separarse de las disposiciones restantes de este subtítulo, las cuales deben permanecer en vigor.

§ 1.300

Responsabilidades de la OMB.

La OMB es responsable de:

(a) Emitir y mantener los reglamentos contenidos en este subtítulo, como se describe en el § 1.230;

(b) Interpretar los requisitos de este subtítulo;

(c) Revisar los reglamentos de las agencias federales que implementan o complementan los requisitos de este subtítulo, según lo exige la Orden Ejecutiva 12866; (página impresa 32242)

(d) Realizar una supervisión amplia del cumplimiento a nivel gubernamental de los reglamentos contenidos en este subtítulo; y

(e) Desempeñar otras funciones de la OMB especificadas en este subtítulo.

§ 1.305

Responsabilidades de las agencias federales.

El jefe de cada agencia federal que otorga y administra asistencia financiera federal sujeta a los reglamentos de la OMB contenidos en este subtítulo es responsable de:

(a) Implementar los reglamentos de este subtítulo;

(b) Asegurar que la agencia federal cumpla con su implementación de los reglamentos de la OMB;

(c) Coordinar con el Consejo de Asistencia Financiera Federal (Council on Federal Financial Assistance), la Oficina de Gestión de Calidad de Servicios de Subvenciones (Grants Quality Service Management Office) y otros comités de gobernanza según corresponda; y

(d) Desempeñar otras funciones especificadas en este subtítulo.

2. Se revisa el encabezado del capítulo I para que diga lo siguiente:

3. La cita de autoridad de la parte 25 continúa diciendo lo siguiente:

Autoridad: 31 U.S.C. 503; 31 U.S.C. 6101 nota; 31 U.S.C. 6102; 31 U.S.C. 6307; 41 U.S.C. 2313; Ley Pública 109-282; Ley Pública 110-252; Ley Pública 113-101; Ley Pública 117-40.

4. Se revisa el § 25.100 para que diga lo siguiente:

§ 25.100

Propósito de esta parte.

Esta parte establece las políticas aplicables a las agencias federales respecto a:

(a) El identificador único de entidad (UEI, por sus siglas en inglés), que es el identificador universal para los solicitantes de asistencia financiera federal, así como para los receptores y sus subreceptores directos (subreceptores de primer nivel); y

(b) El Sistema para la Administración de Premios (System for Award Management, SAM.gov), que es el repositorio de información estándar sobre solicitantes y receptores.

5. En el § 25.200, se revisa el párrafo (a) para que diga lo siguiente:

§ 25.200

Requisitos para los avisos de oportunidades de financiamiento, reglamentos e instrucciones de solicitud.

(a) Una agencia federal que otorga asistencia financiera federal (véase el § 25.400) debe incluir los requisitos del párrafo (b) de esta sección en cada aviso de oportunidad de financiamiento, reglamento u otra publicación que contenga instrucciones para los solicitantes y que se emita en la fecha de vigencia de este reglamento o posteriormente. Un aviso de oportunidad de financiamiento es cualquier publicación electrónica que una agencia federal utilice para anunciar una oportunidad de financiamiento, ya sea que se denomine “anuncio de programa”, “aviso de disponibilidad de financiamiento”, “anuncio amplio de la agencia”, “anuncio de investigación”, “solicitud de propuestas” o cualquier otro término.

* * * * *

6. En el apéndice A, en el párrafo I.(c), se revisa la definición de “Sistema para la Administración de Premios (SAM.gov)” para que diga lo siguiente:

I. * * *

(c) * * *

Sistema para la Administración de Premios (SAM.gov) significa el repositorio federal en el que un receptor debe proporcionar la información requerida para la realización de actividades como receptor. Puede encontrarse información adicional sobre los procedimientos de registro en SAM.gov.

* * * * *

7. La cita de autoridad de la parte 170 continúa diciendo lo siguiente:

Autoridad: 31 U.S.C. 503; 31 U.S.C. 6102; 31 U.S.C. 6307; Ley Pública 109-282; Ley Pública 110-252, Ley Pública 113-101, Ley Pública 117-40.

8. Se revisa el § 170.100 para que diga lo siguiente:

§ 170.100

Propósito de esta parte.

Esta parte establece las políticas aplicables a las agencias federales sobre el establecimiento de requisitos para que los receptores de premios federales informen sobre los subpremios y la compensación total ejecutiva, según lo exige la Ley de Responsabilidad y Transparencia en el Financiamiento Federal de 2006 (Federal Funding Accountability and Transparency Act of 2006, Ley Pública 109-282), enmendada por la Ley de Responsabilidad y Transparencia Digital de 2014 (Digital Accountability and Transparency Act of 2014, Ley Pública 113-101) y otras leyes públicas, en lo sucesivo denominada la “Ley de Transparencia”.

9. En el § 170.200, se revisa el párrafo (a) para que diga lo siguiente:

§ 170.200

Requisitos de presentación de informes de las agencias federales.

(a) Las agencias federales deben informar públicamente los premios federales que sean iguales o superiores al umbral de microcompra (véase 2 CFR 200.1). Las agencias federales deben publicar la información requerida sobre premios federales en USAspending.gov de conformidad con las políticas establecidas por la OMB y el Modelo de Datos de Gastos a Nivel Gubernamental (Government-wide Spending Data Model, GSDM) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

* * * * *

10. En el § 170.210, se revisa el párrafo (a) para que diga lo siguiente:

§ 170.210

Requisitos para los avisos de oportunidad de financiamiento, las regulaciones y las instrucciones de solicitud.

(a) Una agencia federal que otorgue adjudicaciones federales sujetas a la Ley de Transparencia debe incluir los requisitos del párrafo (b) de esta sección en cada aviso de oportunidad de financiamiento, regulación u otra publicación que contenga instrucciones para los solicitantes conforme a la cual se puedan otorgar adjudicaciones federales sujetas a los requisitos de presentación de informes de la Ley de Transparencia. Un aviso de oportunidad de financiamiento es cualquier publicación electrónica que una agencia federal utilice para anunciar una oportunidad de financiamiento, ya sea que se denomine "anuncio de programa", "aviso de disponibilidad de financiamiento", "anuncio amplio de agencia", "anuncio de investigación", "solicitud" o cualquier otro término.

* * * * *

11. En el apéndice A de la parte 170, se revisan los párrafos I.(a)(2)(i), I.(b)(2)(i), I.(c)(1)(iii) y I.(c)(2) para que digan lo siguiente:

I. * * *

(a) * * *

(2) * * *

(i) El beneficiario debe reportar cada subadjudicación descrita en el párrafo (a)(1) de este término de adjudicación al Sistema de Reporte de Subadjudicaciones de la Ley de Transparencia en SAM.gov.

* * * * *

(b) * * *

(2) * * *

(i) Como parte del perfil de registro del beneficiario en SAM.gov.

* * * * *

(c) * * *

(1) * * *

(iii) El público no tiene acceso a la información sobre la compensación de los ejecutivos mediante los informes periódicos presentados conforme a la sección 13(a) o 15(d) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934) (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) o la sección 6104 del Código de Rentas Internas de 1986 (Internal Revenue Code of 1986) después de recibir esta subadjudicación. (Para determinar si el público tiene acceso a la información de compensación, consulte las presentaciones de compensación total de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Security and Exchange Commission) en https://www.sec.gov/​answers/​execomp.htm.)

(2) Requisitos de presentación de informes. Los subbeneficiarios deben reportar al beneficiario su compensación total ejecutiva descrita en el párrafo (c)(1) de este apéndice. El beneficiario debe presentar esta información al Sistema de Reporte de Subadjudicaciones de la Ley de Transparencia en SAM.gov a más tardar al final del mes siguiente al mes en que se otorgó la subadjudicación. (Por ejemplo, si la subadjudicación se otorgó el 7 de noviembre de 2025, la subadjudicación debe ser reportada a más tardar el 31 de diciembre de 2025).

* * * * *

(página impresa 32243)

12. La cita de autoridad para la parte 175 continúa vigente de la siguiente manera:

Autoridad: 22 U.S.C. 7104(g); 22 U.S.C. 7104a; 22 U.S.C. 7104b; 22 U.S.C. 7104c; 31 U.S.C. 503; 31 U.S.C. 6307; 31 U.S.C. 1111; 41 U.S.C. 1121; Plan de Reorganización No. 2 de 1970; E.O. 11541, 35 FR 10737.

13. En el § 175.105, se revisa el texto introductorio del párrafo (a) para que diga lo siguiente:

§ 175.105

Requisito legal.

(a) Se requiere que las agencias federales incluyan en cada subvención federal o acuerdo de cooperación una condición que autorice a la agencia federal a terminar la adjudicación o tomar cualquier acción correctiva autorizada por 22 U.S.C. 7104b(c), sin penalización, si una entidad privada que recibe fondos conforme a la adjudicación como beneficiario o subbeneficiario participa en alguna de las actividades descritas en 22 U.S.C. 7104(g) relacionadas con la trata de personas, incluyendo:

* * * * *

14. Se elimina la parte 176.

15. La cita de autoridad para la parte 180 continúa vigente de la siguiente manera:

Autoridad: 31 U.S.C. 503; 31 U.S.C. 6102; 31 U.S.C. 6307; Ley Pública 103-355; Ley Pública 109-282; Ley Pública 110-252; Ley Pública 111-84; Ley Pública 113-101; Ley Pública 115-232; Ley Pública 117-40; E.O. 12549; E.O. 12689.

16. Se revisa el § 180.5 para que diga lo siguiente:

§ 180.5

¿Qué establece esta parte?

Esta parte proporciona directrices regulatorias aplicables a las agencias federales sobre cómo implementar el sistema de inhabilitación y suspensión a nivel gubernamental para programas y actividades no relacionadas con adquisiciones.

17. Se revisa el § 180.15 para que diga lo siguiente:

§ 180.15

¿A quién se aplica esta parte?

Esta parte proporciona directrices regulatorias aplicables a las agencias federales. La implementación de esta parte por parte de las agencias federales rige los derechos y responsabilidades de otras personas afectadas por el sistema de inhabilitación y suspensión no relacionado con adquisiciones.

18. Se revisa el § 180.20 para que diga lo siguiente:

§ 180.20

¿Qué debe hacer una agencia federal para implementar estas directrices?

Conforme lo exige la sección 3 de la Orden Ejecutiva 12549, cada agencia federal con programas y actividades no relacionados con adquisiciones cubiertos por las subpartes A a I de esta parte debe emitir regulaciones conformes a dichas subpartes.

19. En el § 180.25, se revisan el párrafo (a) y el texto introductorio del párrafo (b) para que digan lo siguiente:

§ 180.25

¿Qué debe abordar una agencia federal en su implementación de esta parte?

* * * * *