DHS elimina partes de sus regulaciones de derechos civiles bajo el Título VI

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(página impresa 36963)

Oficina del Secretario, Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Regla final.

Mediante esta regla, el DHS enmienda sus reglamentos que implementan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI) en consonancia con una regla reciente emitida por el Departamento de Justicia (DOJ). Al igual que la regla del DOJ, esta regla alinea los reglamentos del DHS más estrechamente con el significado público original del Título VI, evita inquietudes constitucionales, reduce los costos de cumplimiento, y sirve al interés público.

La regla entra en vigor el 22 de junio de 2026.

Ron Sartini, Oficial Interino de Derechos Civiles y Libertades Civiles, Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, [email protected].

La Ley de Seguridad Nacional de 2002, Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135 (25 de noviembre de 2002), codificada según enmienda en 6 U.S.C. 101 y siguientes, creó el DHS y le transfirió muchas funciones relacionadas con la seguridad nacional, incluido el manejo de crisis naturales y provocadas por el hombre y la planificación de emergencias. Véase, por ejemplo, 6 U.S.C. 111, 311-323. De conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se fusionó con el DHS, con efecto a partir del 1 de marzo de 2003.[1] Como parte del establecimiento de procedimientos, el DHS emitió una regla final provisional el 6 de marzo de 2003 para hacer efectivo el Título VI, el cual prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal.[2] Los reglamentos del DHS sobre el Título VI (regla del DHS) se incluyeron en una nueva Parte 21 del Título 6 del Código de Reglamentos Federales (CFR).

La regla del DHS hizo efectivas las disposiciones del Título VI al establecer la realización de investigaciones y procedimientos para lograr el cumplimiento, entre otros requisitos. La regla generalmente reflejaba las reglas vigentes en ese momento en otros departamentos, incluidas las aplicables a los componentes constituyentes que fueron transferidos al DHS. Véase, por ejemplo, 44 CFR parte 7, subparte A. Debido a que la FEMA había emitido previamente una regla sobre el Título VI bajo su propia autoridad preexistente,[3] esa regla, en 44 CFR parte 7, subparte A (regla de la FEMA), permaneció vigente para la FEMA bajo los términos de la regla del DHS.[4]

De conformidad con la Orden Ejecutiva 12250, "el Fiscal General coordinará la implementación y aplicación por parte de las agencias ejecutivas de . . . el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d y siguientes)". En consecuencia, el DOJ actúa como la agencia federal líder responsable de definir la naturaleza y el alcance de la prohibición del Título VI respecto de la discriminación por motivos de raza, color, y origen nacional en programas o actividades que reciben asistencia financiera federal. La Orden Ejecutiva 12250 instruye al DOJ, entre otras cosas, a "desarrollar normas y procedimientos para adoptar medidas de cumplimiento y para realizar investigaciones y revisiones de cumplimiento". Además, como parte de esta responsabilidad, la Orden Ejecutiva 12250 establece que el Fiscal General debe aprobar los reglamentos federales de otras agencias que implementen el Título VI.

El 10 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una norma final (norma del DOJ) que enmienda partes de sus reglamentos del Título VI para alinear más estrechamente sus reglamentos con el alcance de la conducta intencionalmente discriminatoria que el Congreso prohibió en el Título VI. 90 FR 57141 (10 de dic. de 2025). El DOJ explicó que existían serias preocupaciones estatutarias y constitucionales con los reglamentos del Título VI, los cuales iban más allá de la discriminación intencional al prohibir conductas que tienen un impacto dispar no intencional. 90 FR en 57141. El DOJ también explicó que las preocupaciones de política pública respaldaban de manera independiente la enmienda de sus reglamentos del Título VI para que dejaran de abarcar conductas que tienen un impacto dispar no intencional. 90 FR en 57143-57145. En consecuencia, la norma del DOJ revocó aquellas partes de los reglamentos que prohibían conductas que tuvieran un impacto dispar. Id.

El DOJ también explicó que su norma revisada es consistente con la Orden Ejecutiva 14281 "Restauración de la Igualdad de Oportunidades y la Meritocracia" (90 FR 17537 (28 de abr. de 2025)). 90 FR en 57142-43. Esa Orden declaró que "[e]s política de los Estados Unidos eliminar el uso de la responsabilidad por impacto dispar en todos los contextos en la mayor medida posible para evitar violar la Constitución, las leyes federales de derechos civiles y los ideales estadounidenses básicos". 90 FR 17537. La Orden instruyó al Procurador General a, entre otras cosas, revisar los reglamentos del Título VI e "iniciar la acción apropiada para derogar o enmendar" estos reglamentos "en la medida en que contemplen responsabilidad por impacto dispar". Id. en 17538. El DOJ explicó que, aunque el DOJ habría emitido su norma independientemente de la Orden Ejecutiva 14281, la Orden respalda la norma del DOJ. 90 FR 57141. Al igual que el DOJ, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiría su norma independientemente de la Orden Ejecutiva 14281, pero la Orden también respalda la norma del DHS.

El DOJ explicó que las eliminaciones aclaran a los receptores de fondos federales del DOJ que los reglamentos del Título VI del DOJ prohíben la discriminación intencional y no ( página impresa 36964) prohíben conductas o actividades que tengan un impacto dispar no intencional, y que el DOJ, por lo tanto, no perseguirá la responsabilidad por impacto dispar del Título VI contra sus receptores de fondos federales. Id. en 57141.

El DOJ también incluyó un análisis detallado de los antecedentes estatutarios y reglamentarios en torno al Título VI y las teorías de discriminación por impacto dispar, examinó los precedentes pertinentes de la Corte Suprema que ponen en duda la legalidad de los reglamentos existentes, y expresó serias preocupaciones de política pública con los aspectos de impacto dispar y acción afirmativa de los entonces vigentes reglamentos del DOJ. Id. en 57141-45. El DHS concuerda con el fondo de la norma final del DOJ y adopta e incorpora en su totalidad el análisis del preámbulo de la norma final del DOJ, incluidas las secciones que abordan: (1) los antecedentes estatutarios y reglamentarios del Título VI; (2) los precedentes pertinentes de la Corte Suprema; (3) las serias preocupaciones legales y constitucionales; (4) las serias preocupaciones de política pública; (5) las alternativas reglamentarias; y (6) los intereses de confianza.

Los reglamentos del DHS en 6 CFR 21.5, titulado "Discriminación prohibida", y los reglamentos de la FEMA en 44 CFR 7.5, titulado "Acciones discriminatorias específicas prohibidas", contienen varias disposiciones que van más allá del texto estatutario y de los requisitos constitucionales al prohibir políticas neutrales en su formulación que tienen un impacto dispar y, en algunos casos, fomentan o incluso exigen discriminación ilícita calificada como "acción afirmativa". Existen serias preocupaciones estatutarias y constitucionales con respecto a la legalidad de los reglamentos del DHS y de la FEMA sobre impacto dispar en virtud del Título VI. El DHS también tiene serias preocupaciones de política pública con respecto a sus reglamentos actuales sobre impacto dispar, ya que generan confusión, socavan la confianza pública en las leyes de derechos civiles de la nación y en el estado de derecho, y producen costos onerosos de litigio y cumplimiento.

Existen serias preocupaciones de orden legal respecto de si el Título VI autoriza las disposiciones de impacto dispar de las regulaciones vigentes. Como la Corte Suprema ha dejado en claro, el Título VI prohíbe “únicamente la discriminación intencional” y “permite” políticas neutrales en su formulación que generen resultados dispares cuando no existe intención discriminatoria. Alexander v. Sandoval, 532 U.S. 275, 280, 286 n.6 (2001). Ese es el “único y mejor significado” del Título VI. Loper Bright Enterprises v. Raimondo, 603 U.S. 369, 400 (2024). Sandoval pone en serio entredicho la legalidad de las “regulaciones de impacto dispar” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sandoval, 532 U.S. en 281-82, 284-85 (señalando que las regulaciones del Departamento de Justicia (DOJ) se encontraban en “considerable tensión” con los precedentes de la Corte Suprema sobre el Título VI); véase también id. en 286 n.6 (“[El Título VI] permite exactamente la conducta que las regulaciones prohíben.”). Aunque Sandoval resolvió únicamente la cuestión de la exigibilidad privada, casos posteriores como Loper Bright han aclarado que el DHS no puede extender el Título VI más allá de su significado público original. Véase 603 U.S. en 412-13 (sosteniendo que “los tribunales deben... asegurar que [una] agencia actúe dentro” de su autoridad estatutaria). E incluso en ausencia de precedente de la Corte Suprema, el DHS habría concluido que la mejor interpretación del Título VI es que este prohíbe únicamente la discriminación intencional.

El Título VI autoriza a las agencias a promulgar regulaciones “para hacer efectiva” la prohibición de discriminación intencional establecida en el estatuto. 42 U.S.C. 2000d-1. La extensión que hacen las regulaciones vigentes de la conducta prohibida para incluir conductas con un impacto dispar no intencional alcanza un alcance mucho más amplio que el propio estatuto. Este alcance es demasiado amplio para considerarse una simple medida profiláctica orientada a prevenir la discriminación intencional. Véase Sandoval, 532 U.S. en 286 n.6 (“[El Título VI] permite exactamente la conducta que las regulaciones prohíben.”). Por lo tanto, las regulaciones de impacto dispar no “hacen efectivo” el Título VI. 42 U.S.C. 2000d-1.

También existen serias preocupaciones acerca de si las regulaciones del Título VI del DHS resisten un escrutinio constitucional bajo la Cláusula de Igual Protección. Como sostuvo recientemente la Corte Suprema en Students for Fair Admissions, Inc. v. President & Fellows of Harvard College (“SFFA”), “la Cláusula de Igual Protección... se aplica sin distinción de raza, de color o de nacionalidad, es universal en su aplicación” y la “garantía de igual protección no puede significar una cosa cuando se aplica a un individuo y otra cosa distinta cuando se aplica a una persona de otro color”. 600 U.S. 181, 206 (2023) (comillas internas omitidas) (citando primero Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 369 (1886) y luego Regents of Univ. of Cal. v. Bakke, 438 U.S. 265, 289-90 (1978) (voto del juez Powell)). A pesar de las promesas de la Cláusula de Igual Protección, el riesgo de responsabilidad por impacto dispar de un receptor de fondos conforme a las regulaciones del DHS se activa por resultados dispares no intencionales, de los cuales el receptor quizás ni siquiera tenga conocimiento sin realizar una investigación. Para evaluar y evitar este riesgo, el receptor de fondos debe incurrir en costos de investigación, tales como la realización de un análisis de impacto, y se ve forzado a considerar de manera proactiva la raza, el color y el origen nacional, y potencialmente a utilizarlos para modificar los resultados dispares no intencionales. En resumen, la responsabilidad por impacto dispar fomenta y, en algunos casos, exige que las entidades cubiertas incurran en el uso intencional de la raza y en el equilibrio racial para eliminar esos resultados dispares, tratando a ciertos grupos raciales de manera distinta de otros, exactamente la conducta que prohíbe la Cláusula de Igual Protección. Véase id. Las serias preocupaciones constitucionales que plantean estos incentivos perversos confirman aún más que la mejor interpretación del Título VI es que este prohíbe únicamente la discriminación intencional y no autoriza al DHS a imponer responsabilidad por impacto dispar. Véase Edward J. DeBartolo Corp. v. Fla. Gulf Coast Bldg. & Constr. Trades Council, 485 U.S. 568, 575 (1988) (“[C]uando una interpretación por lo demás aceptable de un estatuto plantearía serios problemas constitucionales, la Corte interpretará el estatuto de manera que evite tales problemas, a menos que dicha interpretación sea claramente contraria a la intención del Congreso.” (citando NLRB v. Catholic Bishop of Chi., 440 U.S. 490, 499-501, 504 (1979)))).

Este uso fomentado o coaccionado de la raza, el color o el origen nacional viola la Cláusula de Igual Protección a menos que supere la revisión bajo el estándar de escrutinio estricto, considerado “intimidante”. SFFA, 600 U.S. at 206; véase también Free Speech Coal., Inc. v. Paxton, 145 S. Ct. 2291, 2310 (2025) (“El escrutinio estricto, que requiere que una restricción sea el medio menos restrictivo para lograr un interés gubernamental apremiante, es 'la prueba más exigente que se conoce en el derecho constitucional'”. (citando City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507, 534 (1997))). El uso de la raza, el color o el origen nacional que exigen las disposiciones sobre impacto dispar presenta serios problemas respecto del requisito de adaptación estricta para lograr un interés apremiante. SFFA, 600 U.S. at 206-07.

De manera similar, la disposición sobre “acción afirmativa” autoriza y en ocasiones exige el uso intencional de la raza sin requerir que este uso intencional esté estrictamente adaptado para servir a un interés apremiante reconocido. Por el contrario, fomenta el equilibrio racial intencional para “superar los efectos de” disparidades raciales no intencionales. 6 CFR 21.5(b)(6). Por lo tanto, por razones sustancialmente similares a las expuestas anteriormente, la disposición sobre “acción afirmativa” plantea serias preocupaciones constitucionales.

Como se resumió anteriormente, existen serias preocupaciones estatutarias y constitucionales con las regulaciones del DHS sobre impacto dispar. Sin embargo, incluso si las regulaciones fueran coherentes con el estatuto, el DHS considera que la eliminación de las posibles preocupaciones constitucionales abordadas anteriormente (página impresa 36965) justificaría de manera independiente la modificación de las regulaciones. Cf. U.S. Tel. Ass'n v. FCC, 188 F.3d 521, 528 (D.C. Cir. 1999) (concluyendo que no era “arbitrario y caprichoso” adoptar una determinada política a fin de “evitar plantear una cuestión constitucional no trivial”). Y aun si las regulaciones no plantearan serias preocupaciones constitucionales, el DHS considera que la eliminación de los costos y la confusión generados por la falta de correspondencia entre el estatuto y las regulaciones sobre impacto dispar justificaría de manera independiente la derogación de las regulaciones.

El DHS también tiene serias preocupaciones de política respecto de la imposición de responsabilidad por impacto dispar en las regulaciones del Título VI. Si bien el DHS expresa sus preocupaciones de política sobre la responsabilidad por impacto dispar de manera independiente a la Orden Ejecutiva 14281, dicha Orden expone muchas preocupaciones de política válidas sobre la responsabilidad por impacto dispar. Como se señala en la sección 1 de la Orden, “En un nivel práctico, la responsabilidad por impacto dispar ha dificultado que las empresas tomen decisiones de contratación y de otro tipo en materia laboral con base en el mérito y la capacidad, sus necesidades, o las necesidades de sus clientes, debido al espectro de que dicho proceso pudiera conducir a resultados dispares y, por lo tanto, a demandas por impacto dispar. Esto ha hecho difícil, y en algunos casos imposible, que los empleadores utilicen evaluaciones de buena fe orientadas al empleo al momento de reclutar, lo cual impide que los solicitantes de empleo sean emparejados con los puestos a los que mejor se ajustan sus habilidades, es decir, les priva de oportunidades de éxito”. 90 FR at 17537. Además, las preocupaciones jurídicas identificadas anteriormente han generado incertidumbre y confusión para los receptores de fondos federales en cuanto a si deben cumplir y cuándo deben cumplir con las regulaciones sobre impacto dispar, y cuándo pueden o deben considerar la raza, el color y el origen nacional. Como se explicó anteriormente, Sandoval genera dudas sustanciales sobre la validez de las regulaciones sobre impacto dispar que muchos departamentos y agencias federales han promulgado conforme al Título VI. 532 U.S. at 280-82.

Adicionalmente, en la práctica, y como se explicó anteriormente, la responsabilidad por impacto dispar lleva a las entidades cubiertas a incurrir en el equilibrio racial, aun cuando el Título VI prohíbe la discriminación racial intencional. Esta tensión tiende a generar confusión y a socavar la confianza pública en las leyes de derechos civiles de la nación y en el estado de derecho mismo, dado que la ley parece tanto prohibir como exigir la misma conducta.

Estos problemas se ven amplificados por la naturaleza arbitraria de las categorías raciales y étnicas que típicamente se utilizan para medir los efectos dispares, las cuales, en virtud de su carácter arbitrario, carecen de una conexión significativa con un interés imperioso. Véase, por ejemplo, SFFA, 600 U.S. en 216-17 (donde se explica que las "[categorías raciales]" utilizadas por Harvard y la Universidad de Carolina del Norte eran "en sí mismas imprecisas en muchos sentidos" y que "el uso de estas categorías raciales opacas socavaba, en lugar de promover, [sus] objetivos"). Esta confusión socava la capacidad de la ley para enseñar principios de no discriminación y es evidente, entre otras cosas, en muchas de las propuestas de subvención a las que las agencias otorgaron fondos en años anteriores. Muchas de las solicitudes de subvenciones pasadas se dirigían explícitamente a ciertos grupos raciales. Véase, por ejemplo, DHS-23-CISA-127-CWDT-0001, Cybersecurity Workforce Development and Training for Underserved Communities, https://www.grants.gov/​search-results-detail/​347949 (publicado el 5 de mayo de 2023).

El DHS ha considerado la opinión de que examinar los efectos dispares puede a veces ser útil para descubrir o disuadir una discriminación intencional sutil o una indiferencia intencional hacia barreras innecesarias y arbitrarias. Pero los beneficios alegados de esa opinión son superados por los demás problemas y factores que el DHS ha considerado. Y, en cualquier caso, la preocupación se ve mitigada por el hecho de que eliminar la responsabilidad por impacto dispar no impide el uso de datos sobre resultados dispares para ayudar a probar la discriminación intencional. De hecho, conforme a las regulaciones del Título VI del DHS, que los cambios actuales no alteran, "los beneficiarios deben tener a disposición del Secretario datos raciales y étnicos que muestren en qué medida los miembros de grupos minoritarios son beneficiarios de la asistencia financiera federal". 6 CFR 21.9(b). Tanto el DHS como los litigantes privados se apoyan en dichos datos como un indicador potencial de discriminación intencional. Este uso de la disparidad estadística para ayudar a establecer, como cuestión probatoria, la responsabilidad por discriminación intencional difiere sustancialmente de su uso para imponer responsabilidad por un impacto dispar no intencional.

El DHS también ha considerado la alternativa de intentar adoptar una versión modificada de la responsabilidad por impacto dispar, por ejemplo, exigiendo a las entidades cubiertas que remedien la discriminación no intencional únicamente en ciertos tipos de casos relacionados con educación, asistencia en casos de desastre o vivienda. Pero cualquier versión que imponga responsabilidad por discriminación no intencional es incompatible con el significado público original del Título VI. En cualquier caso, incluso una versión modificada de la responsabilidad por impacto dispar no eliminaría las serias preocupaciones legales y de política del DHS. El DHS determina que cualquier beneficio derivado de la adopción de versiones alternativas de la responsabilidad por impacto dispar es superado por las preocupaciones legales y de política del DHS. Y, aunque fuera posible, el desarrollo de dicha norma no resolvería la confusión ni las preocupaciones sobre el estado de derecho expresadas anteriormente, ni reduciría los costos de cumplimiento y litigio que enfrentan las entidades cubiertas. El DHS considera que el mejor curso de acción es evitar las complejidades, los costos y los litigios asociados con esta alternativa, incluso si la eliminación de la responsabilidad por impacto dispar dejara, en última instancia, algunas partes del problema sin abordar y otras abordadas de manera inadecuada.

El DHS también ha considerado los posibles intereses de confianza de los beneficiarios de fondos y otros en las regulaciones sobre impacto dispar. Sin embargo, el caso Sandoval generó serias dudas sobre la viabilidad continua de dichas regulaciones hace más de 20 años. Y la Orden Ejecutiva 14281 también ordenó a todas las agencias "desdeprorizar la aplicación de todas las leyes y regulaciones en la medida en que incluyan responsabilidad por impacto dispar", incluyendo específicamente las regulaciones del Título VI sobre impacto dispar del DHS. 90 FR en 17538. En consecuencia, el DHS considera que cualquier interés de confianza debería ser mínimo y no supera las preocupaciones legales y de otra índole del DHS. Además, cada una de las preocupaciones del DHS, ya sea que se consideren de forma acumulativa o por separado, supera cualquier interés de confianza.

El DHS señala que el caso Sandoval también ha dado lugar a una divergencia entre la aplicación del Título VI por parte de demandantes privados y la aplicación por parte de los departamentos y agencias federales. Después de Sandoval, los demandantes privados solo pueden hacer cumplir la prohibición estatutaria del Título VI contra la discriminación intencional, mientras que el DHS puede continuar persiguiendo la responsabilidad por impacto dispar. La derogación de las regulaciones sobre impacto dispar eliminaría esta aplicación incongruente.

En general, después de considerar los asuntos y factores pertinentes y sopesar las consideraciones relevantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determina que, independientemente de la legalidad de sus reglamentos sobre impacto dispar, las inquietudes de política resumidas anteriormente, consideradas de manera separada o acumulativa, justifican de manera independiente la derogación de sus reglamentos sobre impacto dispar.

El DHS está revisando sus reglamentos del Título VI en 6 CFR parte 21 y los reglamentos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en 44 CFR parte 7 de manera consistente con la norma del Departamento de Justicia (DOJ), el Título VI, la Orden Ejecutiva 14281 y la jurisprudencia relacionada, según se describe en la norma del DOJ.[5] Los cambios, en conjunto:

El efecto práctico de estos cambios es dejar en claro que los reglamentos del Título VI del DHS no prohíben conductas o actividades que tengan un impacto dispar no intencional, y que únicamente prohíben la discriminación intencional, y que el DHS no perseguirá responsabilidad por impacto dispar bajo el Título VI en contra de los beneficiarios de fondos del DHS.

A continuación se presenta un análisis sección por sección.

El DHS está actualizando la cita de autoridad para 6 CFR parte 21 a fin de corregir un error tipográfico aparente (el texto anterior hacía referencia erróneamente a 5 U.S.C. 310, y esta norma lo corrige a 5 U.S.C. 301) y agregar una referencia a la Ley de Seguridad Nacional (Homeland Security Act).

El DHS está eliminando y reservando el párrafo 21.5(b)(2), que prohibía a los beneficiarios utilizar políticas que simplemente tuvieran el efecto de someter a personas a discriminación por motivos de raza, color u origen nacional, o de menoscabar sustancialmente los objetivos del programa respecto de personas de una raza, color u origen nacional en particular. Este párrafo ampliaba la conducta prohibida más allá de la discriminación intencional, para imponer responsabilidad a los beneficiarios de fondos federales que “utilicen criterios o métodos de administración que tengan el efecto de someter a personas a discriminación”.

La eliminación deja en claro que el DHS ya no perseguirá responsabilidad por impacto dispar bajo el Título VI; solo se prohíbe la conducta intencionalmente discriminatoria. El párrafo se reserva para preservar la continuidad de la numeración. Cabe señalar que nada en esta norma impide que el DHS considere las disparidades estadísticas como evidencia pertinente para determinar si la discriminación fue intencional. De manera consistente con la norma final del DOJ, aunque se elimina la responsabilidad por impacto dispar, los datos sobre resultados dispares aún pueden ser probatorios de un propósito discriminatorio. De hecho, conforme a los reglamentos del Título VI del DHS que los presentes cambios no modifican, “los beneficiarios deben tener disponibles para el Secretario datos raciales y étnicos que muestren el grado en que los miembros de grupos minoritarios son beneficiarios de programas que reciben asistencia financiera federal”. 6 CFR 21.9(b); véase también 44 CFR 7.10(b). Este uso de la disparidad estadística para ayudar a establecer, como cuestión probatoria, la responsabilidad por discriminación intencional difiere sustancialmente de utilizarla para imponer responsabilidad por un impacto dispar no intencional.

En el párrafo (b)(3) (relacionado con la forma en que los beneficiarios o solicitantes determinan el sitio o ubicación de las instalaciones), el DHS está eliminando ambas instancias de las palabras “o efecto”. El párrafo ahora prohíbe las selecciones realizadas con el propósito de discriminar o de frustrar los objetivos del Título VI, limitando así la responsabilidad a la discriminación intencional. Esta norma elimina ambas referencias a “o efecto” para conformar el párrafo (b)(3) de manera más cercana al alcance de la responsabilidad que el Congreso pretendió al promulgar el Título VI, y para abordar las consideraciones y determinaciones legales y de política descritas anteriormente.

El DHS está eliminando el párrafo (b)(6). Esta disposición fomenta, si no exige, que los beneficiarios tomen medidas discriminatorias para superar los efectos de una discriminación previa. Se elimina porque va más allá de la Cláusula de Igual Protección, la cual permite, en circunstancias limitadas, pero no exige, que un gobierno tome medidas estrictamente adaptadas para remediar los efectos de una discriminación pasada identificada. Véase, por ejemplo, Bakke, 438 U.S. en 307 (Juez Powell). Además, incluso dejando de lado el lenguaje imperativo, esta disposición no exige expresamente una adaptación estricta para contrarrestar la discriminación pasada en particular, sino que simplemente establece "acción afirmativa para superar los efectos de una discriminación previa". Por consiguiente, esta disposición promueve una discriminación potencialmente ilegal por motivos de raza, color y origen nacional. Además, en algunos casos, incluso podría coaccionar a los beneficiarios a considerar y utilizar preferencias basadas en raza, color u origen nacional cuando el beneficiario no desee hacerlo. Esto es contrario al objetivo del DHS de promover y defender una cultura de no discriminación, y resulta perjudicial para la comprensión y la confianza del público en las leyes de derechos civiles de la nación. El DHS ya no fomentará ni exigirá este uso de la raza, el color o el origen nacional a través de su reglamento.

El DHS está revisando el párrafo (c) para aclarar el alcance de la cobertura del Título VI en relación con las prácticas de empleo, y está eliminando los párrafos (c)(2) y (c)(3). El párrafo (c) revisado confirma que, siempre que un objetivo principal de la asistencia financiera federal sea proporcionar empleo, los beneficiarios no podrán discriminar intencionalmente por motivos de raza, color u origen nacional en las prácticas de empleo bajo dichos programas. Esa prohibición también se aplica a los programas en los cuales un objetivo principal de la asistencia financiera federal sea (i) ayudar a las personas, a través del empleo, a cubrir los gastos relacionados con el inicio o la continuación de su educación o capacitación, o (ii) proporcionar experiencia laboral que contribuya a la educación o capacitación de las personas involucradas. Los requisitos aplicables para el empleo en construcción siguen siendo los especificados en, o conforme a, la parte III de la Orden Ejecutiva 11246, o cualquier Orden Ejecutiva que la sustituya. Esta revisión se ajusta a 42 U.S.C. 2000d-3, elimina la anterior extensión de "tiende a" más allá de lo dispuesto por la ley, y elimina los mandatos de acción afirmativa actualmente contenidos en los párrafos (c)(1) y (c)(3). Estos cambios modifican el reglamento para que se ajuste más estrechamente al alcance de la conducta que el Congreso prohibió mediante el Título VI, así como a las consideraciones y determinaciones legales y de política descritas en este documento.

El DHS está actualizando la cita de autoridad del 44 CFR parte 7 para alinearla con la cita de autoridad del 6 CFR parte 21. La única modificación al texto reglamentario consiste en eliminar y reservar el párrafo 7.5(b), lo cual es análogo a la eliminación del 6 CFR 21.5(b)(2).

El DHS señala que la Ley Stafford contiene una disposición de no discriminación que exige "los reglamentos que sean necesarios para la orientación del personal que lleve a cabo las funciones de asistencia federal en el sitio de un desastre mayor o emergencia". 42 U.S.C. 5151(a). Los reglamentos deben "incluir disposiciones para garantizar que la distribución de suministros, el procesamiento de solicitudes y otras actividades de socorro y asistencia se realicen de manera equitativa e imparcial, sin discriminación por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o condición económica". Ibídem. La FEMA implementa esta disposición en el 44 CFR 206.11, el cual continuará imponiendo dichos requisitos. Véase 44 CFR 206.11(b).

La disposición de la Ley Stafford y su reglamento de implementación identifican múltiples clases protegidas adicionales (más allá de raza, color y origen nacional) y exigen que la asistencia en caso de desastre se brinde de manera equitativa e imparcial, pero no prohíben expresamente, ni hacen referencia de otro modo, a la discriminación por impacto dispar no intencional. Por consiguiente, la FEMA no ha realizado cambios al 44 CFR 206.11 como parte de esta reglamentación. La FEMA podrá, en el futuro, interpretar con mayor detalle estos requisitos específicos de la Ley Stafford según corresponda.

La FEMA también está sujeta al artículo 42 U.S.C. 5196f, una disposición separada de la Ley Stafford que ordena a la FEMA, entre otras cosas, lo siguiente: (1) identificar, en coordinación con los gobiernos estatales y locales, a los grupos de población con dominio limitado del inglés y tomar en cuenta a dichos grupos en la planificación para una emergencia o desastre mayor; y (2) garantizar que la información puesta a disposición de las personas afectadas por un desastre mayor o una emergencia esté disponible en formatos que puedan ser comprendidos por determinadas poblaciones. Esta regla no modifica la implementación por parte de la FEMA de esos requisitos legales independientes.

La posición del DHS es que cada una de las enmiendas cumple un propósito vital, relacionado, pero distinto. El DHS también confirma que cada una de las enmiendas está destinada a operar de manera independiente entre sí y que la eventual invalidez de una enmienda no debería afectar a las demás enmiendas. El DHS adoptaría cualquiera de las enmiendas independientemente de la invalidez de otra enmienda por separado.

El DHS está emitiendo esta regla final sin notificación pública previa ni período de comentarios, ni fecha de entrada en vigencia diferida, conforme a la excepción de la Ley de Procedimiento Administrativo para las reglas “relacionadas con la gestión o el personal de una agencia, o con bienes públicos, préstamos, subvenciones, beneficios o contratos”. 5 U.S.C. 553(a)(2).

El Título VI se refiere a las condiciones de no discriminación aplicables a la recepción de asistencia financiera federal, y más particularmente a la recepción de “[s]ubvenciones y préstamos”, “bienes”, “personal” federales y “[c]ualquier acuerdo, convenio u otro contrato federal que tenga como uno de sus propósitos la prestación de asistencia”. Véase 6 CFR 21.4(c); 44 CFR 7.2(c); véase también 6 CFR 21.7; 44 CFR 7.7 (que exige que el beneficiario de fondos firme una garantía contractual de cumplimiento del Título VI); Cummings v. Premier Rehab Keller, P.L.L.C., 596 U.S. 212, 217-18 (2022) (observando que el Congreso promulgó el Título VI “[e]n virtud de su autoridad para `fijar los términos en que desembolsará dinero federal'” (cita omitida)). Cf. Education Programs or Activities Receiving or Benefitting from Federal Financial Assistance, 82 FR 46655-01 (6 de octubre de 2017) (invocando la excepción del artículo 553(a)(2) para modificar las reglamentaciones del Título IX a fin de “promover la coherencia en la aplicación del Título IX para los beneficiarios de asistencia financiera [del Departamento de Agricultura]”); Preserving Community and Neighborhood Choice, 85 FR 47899-01 (7 de agosto de 2020) (invocando la excepción para derogar una regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano relativa a los beneficiarios de fondos federales); Participation by Minority Business Enterprise in Department of Transportation Programs, 53 FR 18285-02 (23 de mayo de 1988) (invocando la excepción para ampliar la cobertura de la reglamentación del Departamento de Transporte relativa al programa de asistencia financiera para aeropuertos de la Administración Federal de Aviación); Nondiscrimination on the Basis of Handicap in Federally Assisted Programs: Suspension of Guidelines with Respect to Mass Transportation, 46 FR 40687-01 (11 de agosto de 1981) (invocando la excepción para suspender las directrices del DOJ relativas a la prohibición de la discriminación por discapacidad en los programas y actividades de transporte que reciben asistencia financiera federal).

En efecto, la invocación del artículo 5 U.S.C. 553(a)(2) es congruente con la definición de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de “asistencia financiera federal” conforme al artículo 2 CFR 200.1, que define “asistencia financiera federal” con las mismas categorías que la excepción de la Ley de Procedimiento Administrativo para las reglas “relacionadas con la gestión o el personal de una agencia, o con bienes públicos, préstamos, subvenciones, beneficios o contratos”, 5 U.S.C. 553(a)(2). Con posibles excepciones limitadas que no son aplicables al Departamento, todas las formas de asistencia financiera federal establecidas en el artículo 2 CFR 200.1 que administra el Departamento estarían comprendidas dentro de la excepción de “bienes públicos, préstamos, subvenciones, beneficios o contratos”. Por lo tanto, el Departamento emite esta regla final sin notificación pública previa ni período de comentarios, ni fecha de entrada en vigencia diferida, conforme al artículo 5 U.S.C. 553(a)(2).

La pronta armonización con la regla del Título VI del DOJ es necesaria para garantizar una administración uniforme del Título VI a nivel de todo el gobierno, eliminar la incertidumbre regulatoria para los beneficiarios de fondos del DHS y evitar una aplicación inconsistente. Aunque la política general de la FEMA establecida en el artículo 44 CFR 1.3 fomenta la participación pública, dicha política no crea derechos exigibles y permite que la FEMA se aparte de ella a su discreción. El DHS se aparta de ella en este caso para armonizar con prontitud su regla con la regla del DOJ y mitigar la confusión y los costos de cumplimiento para los beneficiarios.

Las Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria) y 13563 (Mejora de la Regulación y la Revisión Regulatoria) instruyen a las agencias a evaluar los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si la regulación es necesaria, a seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos. La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de cuantificar tanto los costos como los beneficios, de reducir los costos, de armonizar las normas y de promover la flexibilidad. La Orden Ejecutiva 13563 también reconoce que algunos beneficios y costos son difíciles de cuantificar y dispone que, cuando sea apropiado y lo permita la ley, las agencias pueden considerar y discutir cualitativamente valores que son difíciles o imposibles de cuantificar. Id. La Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad mediante la Desregulación) instruye a las agencias a reducir significativamente los gastos privados requeridos para cumplir con las regulaciones federales y dispone que "todo costo incremental nuevo asociado con nuevas regulaciones deberá, en la medida permitida por la ley, ser compensado mediante la eliminación de costos existentes asociados con al menos 10 regulaciones anteriores".

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) ha designado esta norma como una "acción regulatoria significativa" conforme a la sección 3(f) de la Orden Ejecutiva 12866, aunque no es económicamente significativa conforme a la sección 3(f)(1). En consecuencia, la norma ha sido revisada por la Oficina de Administración y Presupuesto.

Esta norma final se considera una acción desreguladora conforme a la Orden Ejecutiva 14192.

Como se explica en el preámbulo, las modificaciones regulatorias que establece esta norma son necesarias para hacer que las regulaciones del DHS se ajusten a las regulaciones correspondientes del Departamento de Justicia (DOJ), al Título VI, a la Orden Ejecutiva 14281 y a la jurisprudencia relacionada. El efecto práctico de estos cambios es dejar claro que las regulaciones del Título VI del DHS no prohíben conductas o actividades que tengan un impacto dispar, sino que prohíben únicamente la discriminación intencional, y que el DHS no perseguirá la responsabilidad por impacto dispar bajo el Título VI en contra de los beneficiarios de fondos del DHS.

Al igual que con la norma del DOJ, las limitaciones de datos dificultan la cuantificación de los costos y beneficios de esta norma. Esta norma afecta a los beneficiarios de fondos del DHS. El DHS emitió aproximadamente 274,000 adjudicaciones separadas por un total de aproximadamente $140,000 millones (página impresa 36968) entre el año fiscal 2022 y el año fiscal 2024.[6] Solo en el año fiscal 2024, el DHS emitió aproximadamente 35,000 adjudicaciones separadas por un total de $43,400 millones. La Tabla 1 muestra el número de subvenciones y adjudicaciones de subvenciones del DHS para el año fiscal 2024.

Tabla 1. Subvenciones del DHS por Componente, Año Fiscal 2024

El DHS no tiene acceso inmediato a información integral sobre cuáles de sus investigaciones y revisiones de cumplimiento relacionadas con el Título VI involucran únicamente alegaciones de discriminación por impacto dispar. En las acciones de aplicación que se relacionan tanto con la discriminación intencional como con el impacto dispar no intencional, el DHS no puede cuantificar de manera confiable los costos atribuibles a las distintas porciones de impacto dispar de las acciones de aplicación. Dificulta aún más la monetización de los costos y beneficios el hecho de que el impacto dispar a veces es un factor que se considera al determinar si la discriminación es intencional. Por lo tanto, el efecto general sobre los costos para el DHS es difícil de cuantificar. Sin embargo, esta acción desreguladora debería disminuir los costos de aplicación del DHS. Además, un beneficio de esta norma es alinear las regulaciones del DHS con las regulaciones del DOJ, el texto estatutario y los precedentes de la Corte Suprema, así como abordar las serias preocupaciones de política del DHS con respecto a las regulaciones existentes.

El DHS tampoco puede cuantificar de manera similar cómo responderán los destinatarios de fondos a los cambios regulatorios. Pero la acción desreguladora debería generar mayor flexibilidad y menores costos de cumplimiento. El DHS reconoce que un destinatario de fondos puede recibir fondos federales adicionales de fuentes distintas al DHS. El DOJ señaló en su norma que esperaba que su norma motivara a otros departamentos y agencias federales a considerar la revisión similar de sus reglamentos del Título VI. Al igual que el DOJ, el DHS no prevé que esta norma incremente de manera apreciable los costos administrativos o de cumplimiento para los destinatarios de fondos que también deben cumplir con los reglamentos de otro departamento o agencia. Esta acción desreguladora no crea ninguna obligación nueva para los destinatarios de fondos. Por el contrario, al eliminar la responsabilidad por impacto dispar del reglamento, esta norma elimina una fuente de confusión regulatoria, como se analiza en la sección I.C.2 de este preámbulo, y reduce el alcance de la conducta prohibida. Por lo tanto, esta norma reduce los costos de cumplimiento y la posible responsabilidad. Además, los destinatarios que reciben fondos para el mismo programa o actividad de más de una entidad federal ya celebran garantías contractuales separadas con cada entidad financiadora, véase, por ejemplo, 6 CFR 21.7. Estas garantías contractuales ya imponen requisitos variables que cada fuente de financiamiento federal considera necesarios. Los destinatarios de fondos seguirán estando sujetos a la garantía contractual y al reglamento más estrictos.

Con base en el análisis de los costos y beneficios cualitativos prácticos señalados anteriormente, el DHS considera que esta norma es compatible con los principios de las Órdenes Ejecutivas 12866 y 13563, incluidos los requisitos de que, en la medida permitida por la ley, el DHS adopte un reglamento únicamente sobre la base de una determinación razonada de que sus beneficios justifican sus costos, y que elija un enfoque regulatorio que maximice los beneficios netos.

De conformidad con la Orden Ejecutiva 12250, el Departamento de Justicia (DOJ) tiene la responsabilidad de “revisar... los reglamentos propuestos... de las agencias ejecutivas” que implementan estatutos de no discriminación como el Título VI, con el fin de identificar aquellos que sean inadecuados, poco claros o innecesariamente inconsistentes”. Además, la Orden Ejecutiva 12250 delegó la responsabilidad del Presidente de aprobar los reglamentos del Título VI al Procurador General. Véase 42 U.S.C. 2000d-1. El Departamento de Justicia ha revisado y aprobado esta norma.

La Ley de Flexibilidad Regulatoria (RFA, por sus siglas en inglés), enmendada por la Ley de Equidad y Aplicación Regulatoria para la Pequeña Empresa de 1996, exige que una agencia prepare y ponga a disposición del público un análisis final de flexibilidad regulatoria que describa el efecto de una norma sobre las entidades pequeñas (es decir, pequeñas empresas, organizaciones pequeñas y jurisdicciones gubernamentales pequeñas) solo si la agencia estaba obligada a “publicar un aviso general de propuesta de reglamentación” antes de emitir la norma final. Véase 5 U.S.C. 604(a). Sin embargo, incluso si estos reglamentos estuvieran sujetos a los requisitos de aviso general, el DHS, de conformidad con 5 U.S.C. 605(b), ha revisado estos reglamentos y certifica que los cambios de la norma no tendrán un impacto económico significativo sobre un número sustancial de entidades pequeñas, en gran parte porque estos cambios regulatorios no imponen ninguna obligación sustantiva nueva a los destinatarios de fondos federales. La norma enmienda y aclara reglamentos existentes que son exigidos por el Título VI. La norma simplemente pone al DHS en cumplimiento con la Cláusula de Igual Protección y armoniza el alcance de sus reglamentos con el alcance del Título VI, el cual no prohíbe la conducta que tiene un impacto dispar no intencional. Todos los destinatarios de fondos federales han estado sujetos a los estándares existentes que (página impresa 36969) permanecerán vigentes después de esta norma desde su promulgación inicial.

Conforme a la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (44 U.S.C. capítulo 35), una agencia no puede realizar ni patrocinar, y una persona no está obligada a responder a, una recopilación de información a menos que esta muestre un número de control válido emitido por la OMB. Esta norma no propone ninguna recopilación de información nueva, ni revisiones a las existentes, según se define dicho término en la Ley de Reducción de Trámites de 1995 y sus reglamentos de implementación, 5 CFR parte 1320.

La Ley de Reforma sobre Mandatos No Financiados de 1995 (“UMRA”, por sus siglas en inglés) tiene por objeto, entre otras cosas, frenar la práctica de imponer mandatos federales no financiados a los gobiernos estatales, locales y tribales. El Título II de la UMRA exige que cada agencia federal prepare una declaración escrita que evalúe los efectos de cualquier mandato federal en una norma propuesta (o norma final para la cual la agencia haya publicado una norma propuesta) que incluya cualquier mandato federal que pueda resultar en un gasto de $100 millones o más (ajustado anualmente por inflación) en cualquier año por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, en conjunto, o por el sector privado. El término “mandato federal” significa un mandato intergubernamental federal o un mandato federal del sector privado. Véase 2 U.S.C. 658(6), 1502(1). Un “mandato intergubernamental federal”, a su vez, es una disposición que impondría un deber exigible a los gobiernos estatales, locales o tribales (salvo como condición de asistencia federal o un deber derivado de la participación en un programa federal voluntario). Véase 2 U.S.C. 658(5). Y el término “mandato federal del sector privado” se refiere a una disposición que impondría un deber exigible al sector privado (salvo como condición de asistencia federal o un deber derivado de la participación en un programa federal voluntario). Véase 2 U.S.C. 658(7).

Esta norma no está sujeta a la UMRA porque el DHS no publicó una norma propuesta antes de esta acción. Además, los requisitos de la UMRA no se aplican a ninguna disposición de una norma federal propuesta o final que establezca o haga cumplir derechos estatutarios que prohíban la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad o discapacidad. 2 U.S.C. 1503(2). Esta norma está exenta de la UMRA por ese motivo. Además, el DHS ha determinado que esta reglamentación no resultará en un gasto por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, en conjunto, ni por parte del sector privado, de $100 millones o más en ningún año como resultado de un mandato federal, y no afectará de manera significativa ni exclusiva a los gobiernos pequeños. Por lo tanto, no se considera necesaria ninguna acción conforme a la UMRA.

La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios ha determinado que esta norma no es una norma mayor según lo define el Subtítulo E de la Ley de Equidad en la Aplicación de la Reglamentación para las Pequeñas Empresas de 1996. 5 U.S.C. 804(2).

El DHS y sus componentes analizan las acciones finales para determinar si la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), 42 U.S.C. 4321 y siguientes, se aplica a ellas y, de ser así, qué grado de análisis se requiere. La Directiva 023-01 Rev. 01 del DHS y el Manual de Instrucciones 023-01-001-01 Rev. 01 (Manual de Instrucciones) establecen las políticas y procedimientos que el DHS y sus componentes utilizan para cumplir con la NEPA, 42 U.S.C. 4321 y siguientes.

La NEPA permite que las agencias federales establezcan categorías de acciones que, según la experiencia, no tienen, individual ni acumulativamente, un efecto significativo en el medio ambiente humano y, por lo tanto, no requieren una evaluación ambiental (EA) ni una declaración de impacto ambiental (EIS). Véase 42 U.S.C. 4336(a)(2), 4336e(1). El Apéndice A del Manual de Instrucciones enumera las Exclusiones Categóricas del DHS.

De conformidad con los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS, para que una acción sea excluida categóricamente, debe cumplir cada una de las siguientes tres condiciones: (1) la acción en su totalidad encaja claramente dentro de una o más de las exclusiones categóricas; (2) la acción no es parte de una acción más amplia; y (3) no existen circunstancias extraordinarias que creen el potencial de un efecto ambiental significativo. Véase el Manual de Instrucciones 023-01 en V.B(2)(a)-(c).

Esta norma alinea la conducta prohibida por las regulaciones del DHS más estrechamente con la conducta que el Congreso prohibió al promulgar el Título VI, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14281. El DHS ha revisado la norma y determina que la norma tiene una naturaleza estrictamente administrativa o procesal; implementa, sin cambios sustantivos, requisitos estatutarios; y modifica una regulación existente sin cambiar su efecto ambiental.

En consecuencia, el DHS determina que la norma encaja claramente dentro de la exclusión categórica A3(a), (b) y (d) establecida en los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS, y no se requiere ningún análisis adicional de la NEPA.

Una norma tiene implicaciones para el federalismo conforme a la Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo) si tiene efectos directos sustanciales sobre los estados, sobre la relación entre el Gobierno Nacional y los estados, o sobre la distribución de poder y responsabilidades entre los diversos niveles de gobierno. El DHS ha analizado esta norma conforme a dicha orden y ha determinado que no tiene implicaciones de federalismo suficientes para justificar la preparación de una declaración resumida de impacto en el federalismo.

Esta norma cumple con los estándares aplicables establecidos en las secciones 3(a) y 3(b)(2) de la Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de Justicia Civil) para minimizar litigios, eliminar ambigüedades y reducir la carga.

Por las razones expuestas en el preámbulo, en virtud de la autoridad conferida por 6 U.S.C. 112, el Secretario de Seguridad Nacional enmienda el 6 CFR parte 21 y el 44 CFR parte 7, de la siguiente manera:

1. Se revisa la cita de autoridad de la parte 21 para que diga lo siguiente:

Autoridad: 5 U.S.C. 301; 6 U.S.C. 112; 42 U.S.C. 2000d-2000d-7.

2. En el § 21.5:

a. Se elimina y se reserva el párrafo (b)(2);

b. En el párrafo (b)(3), se eliminan las palabras “o efecto” dondequiera que aparezcan;

c. Se elimina el párrafo (b)(6); y

d. Se revisa el párrafo (c).

La revisión dice lo siguiente:

§ 21.5

Discriminación prohibida.

* * * * *

(c) Prácticas de empleo. Siempre que un objetivo principal de la asistencia financiera federal a un programa al cual se aplica esta parte sea proporcionar ( página impresa 36970) empleo, un beneficiario de dicha asistencia no podrá (directamente o mediante arreglos contractuales u otros) someter a ningún individuo a discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en sus prácticas de empleo bajo dicho programa (incluyendo reclutamiento o publicidad de reclutamiento, empleo, despido o terminación, ascenso, descenso de categoría o transferencia, tasas de pago u otras formas de compensación, y uso de instalaciones). Esa prohibición también se aplica a los programas en los cuales un objetivo principal de la asistencia financiera federal es ayudar a los individuos, mediante el empleo, a cubrir los gastos relacionados con el inicio o la continuación de su educación o capacitación, o a proporcionar experiencia laboral que contribuya a la educación o capacitación de los individuos involucrados. Los requisitos aplicables al empleo en construcción bajo cualquiera de dichos programas serán los especificados en, o conforme a, la parte III de la Orden Ejecutiva 11246 o cualquier Orden Ejecutiva que la sustituya.

* * * * *

3. Se revisa la cita de autoridad de la parte 7 para que diga lo siguiente:

Autoridad: 5 U.S.C. 301; 6 U.S.C. 112; 42 U.S.C. 2000d-2000d-7.

§ 7.5

[Enmendado]

4. En el § 7.5, se elimina y se reserva el párrafo (b).

Markwayne Mullin,

Secretario, Departamento de Seguridad Nacional.

1. Ley de Seguridad Nacional de 2002, Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135 (25 de noviembre de 2002).

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2. 68 FR 10905 (6 de marzo de 2003) (implementando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964); véase también 42 U.S.C. 2000d.

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3. Véase, por ejemplo, 30 FR 321 (9 de enero de 1965) (Norma de la Oficina de Planificación de Emergencias); 68 FR 51334 (26 de agosto de 2003) (actualización general a las normas del Título VI, incluyendo las normas de FEMA).

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4. Véase 6 CFR 21.1 (“Las disposiciones establecidas en esta parte serán efectivas para todos los componentes del Departamento, incluidos todos los componentes del Departamento que sean transferidos al Departamento, excepto en la medida en que un componente del Departamento ya cuente con normas vigentes del título VI.”).

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5. El DHS señala que el papel del DOJ como agencia líder para la implementación del Título VI conforme a la Orden Ejecutiva 12250 proporciona una razón adicional para ajustarse a la norma del DOJ, a fin de garantizar una aplicación uniforme, a nivel de todo el gobierno, de las obligaciones del Título VI.

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6. El DHS utilizó datos de los años fiscales 2022-2024 para capturar los años fiscales completos más recientes. El DHS no incluyó datos anteriores ya que los años fiscales 2020-21 incluyen financiamiento sustancial de subvenciones en respuesta a la pandemia de Covid-19 que no es representativo del financiamiento de subvenciones esperado en el futuro. Datos de usaspending.gov. Los montos de las subvenciones otorgadas se determinaron a partir de las obligaciones totales del año fiscal, ajustados a dólares de 2024 utilizando el Deflactor del PIB. (Consultado el 3 de septiembre de 2025).

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[FR Doc. 2026-12399 Presentado 6-18-26; 8:45 am]

CÓDIGO DE FACTURACIÓN 9112-FH-P