DHS propone elevar a $18,000 la tarifa para extranjeros con orden de deportación en ausencia

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Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (“ICE”), Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”).

Aviso de propuesta de reglamentación (NPRM).

El DHS propone actualizar la tarifa requerida por la sección 100016 de la Ley de Reconciliación Presupuestaria (conocida como la HR-1). Esta tarifa se aplica a ciertos extranjeros con orden de remoción dictada en ausencia que no logran salir de los Estados Unidos y que posteriormente son arrestados por el ICE. El DHS propone aumentar la tarifa de $5,130 a $18,000. Esta norma también deja en claro que el DHS ajustará esta tarifa por inflación cada año.

Los comentarios deben recibirse a más tardar el 22 de junio de 2026.

Puede presentar comentarios sobre este NPRM, identificado con el número de expediente del DHS ICEB-2026-0034, a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica (Federal eRulemaking Portal) en https://www.regulations.gov. Todos los comentarios deben presentarse en inglés, o bien debe proporcionarse una traducción al inglés. Siga las instrucciones del sitio web para presentar comentarios.

Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada anteriormente, incluidos los correos electrónicos o las cartas enviadas a funcionarios del DHS, no serán considerados como comentarios sobre la norma y es posible que el DHS no les dé respuesta. El DHS no puede aceptar comentarios entregados en mano o enviados por mensajería. Además, el DHS no puede aceptar comentarios contenidos en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento digital, como CD, DVD o unidades USB. El DHS no está aceptando comentarios por correo postal en este momento. Si no puede presentar su comentario utilizando https://www.regulations.gov, consulte la sección PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE CON de este documento.

La Oficina del Asesor Legal Principal, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, 500 12th Street SW, Washington, DC 20536-5901; teléfono (202) 732-6960 (no es una llamada gratuita) (solo para consultas, no se aceptarán comentarios a través de este número telefónico).

El DHS alienta a todas las partes interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos, opiniones, comentarios y argumentos sobre todos los aspectos de este aviso de propuesta de reglamentación. Los comentarios que brinden mayor ayuda al DHS harán referencia a una parte específica de esta norma propuesta, explicarán la razón de cualquier cambio recomendado e incluirán los datos, la información o la autoridad que respalde el cambio recomendado. Consulte la sección DIRECCIONES anterior para obtener información sobre dónde presentar los comentarios.

Todos los comentarios deben presentarse en inglés, o bien debe proporcionarse una traducción al inglés. Si presenta comentarios, debe incluir el número de expediente del DHS para esta reglamentación (ICEB-2026-0034), indicar la sección específica de este documento a la que se aplica cada comentario y proporcionar una razón para cada sugerencia o recomendación. Incluya los datos, la información o la autoridad que respalden el comentario. Sus comentarios deben presentarse en línea antes de las 11:59 p.m., hora del este, del último día del período de comentarios.

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Para ver los comentarios, así como los documentos mencionados en este preámbulo como disponibles en el expediente, visite https://www.regulations.gov e inserte “ICEB-2026-0034” en el cuadro de “Search” (Búsqueda). Haga clic en “Open Docket Folder” (Abrir carpeta del expediente), luego haga clic en “View Comment” (Ver comentario) o “View All” (Ver todo) en la sección “Comments” (Comentarios) de la página. Las personas sin acceso a internet pueden hacer arreglos alternativos para ver los comentarios y documentos relacionados con esta reglamentación comunicándose con la oficina indicada en la sección PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A, mencionada anteriormente. También puede inscribirse para recibir alertas por correo electrónico en el expediente en línea, a fin de ser notificado cuando se publiquen comentarios o se publique una norma final.

La autoridad del Secretario de Seguridad Nacional (el Secretario) para implementar las enmiendas reglamentarias propuestas en esta norma se encuentra en diversas disposiciones de las leyes de inmigración. El Secretario deriva la autoridad para promulgar reglamentos principalmente de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), según enmendada. Véase 8 U.S.C. 1101 y siguientes. La sección 102 de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135, 6 U.S.C. 112, y la sección 103(a)(1) y (3) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a)(1), (3), encomiendan al Secretario la administración y aplicación de las leyes de inmigración y naturalización de los Estados Unidos. La sección 103(a)(3) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a)(3), otorga al Secretario la facultad de tomar las acciones “necesarias para llevar a cabo” la autoridad del Secretario conforme a las disposiciones de la INA. El DHS también tiene amplia discreción para emplear los procedimientos que considere razonablemente apropiados para hacer cumplir las leyes de inmigración, incluida la evaluación y el cobro de tarifas autorizadas.[1] Véase Vt. Yankee Nuclear Power Corp. contra Nat. Res. Def. Council, Inc., 435 U.S. 519, 543 (1978) (“A falta de restricciones constitucionales o circunstancias sumamente apremiantes, las agencias administrativas deben tener libertad para elaborar sus propias reglas de procedimiento y para llevar a cabo (página impresa 29381) métodos de investigación que les permitan cumplir con sus múltiples deberes.” (comillas omitidas) (citando a FCC contra Schreiber, 381 U.S. 279, 290 (1965)).[2]

8 U.S.C. 1814 exige el pago de una tarifa para los extranjeros a quienes se les ordene la remoción en ausencia, a menos que la orden del extranjero sea rescindida conforme a la sección 240(b)(5)(C) (8 U.S.C. 1229a(b)(5)(C)).[3] Esta tarifa, que no puede ser exonerada, se aplica a cualquier extranjero a quien se le ordene la remoción en ausencia conforme a la sección 240(b)(5)(A) (8 U.S.C. 1229a(b)(5)(A)) y que sea posteriormente arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). La tarifa sirve como reembolso parcial al gobierno por el costo de los arrestos.[4] La HR-1 exige que esta nueva tarifa sea de un mínimo de $5,130 por extranjero para el año fiscal (FY) 2026. Sin embargo, 8 U.S.C. 1814 autoriza al Secretario a ajustar la tarifa mediante reglamentación y requiere que la tarifa se ajuste anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés).[5]

Los oficiales de inmigración del DHS tienen amplia autoridad para arrestar y detener a extranjeros en espera de procedimientos de inmigración y para la remoción de los Estados Unidos, quienes no hayan establecido un derecho legal a permanecer, conforme a una orden de arresto emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, o sin una orden de arresto.[6] Tanto el arresto como la detención implican un gran costo para el contribuyente estadounidense. Esos costos aumentan exponencialmente cuando los extranjeros removibles, incluidos aquellos con órdenes finales de remoción emitidas en ausencia, no logran salir del país, lo que obliga al ICE a tomar medidas de ejecución adicionales.

Conforme a la sección 287(a)(1)-(2) de la INA, 8 U.S.C. 1357(a)(1)-(2), los oficiales de inmigración del DHS tienen la autoridad de interrogar y arrestar a extranjeros respecto de quienes exista causa probable para creer que son removibles de los Estados Unidos.[7] Los arrestos realizados sin orden judicial deben ir acompañados de una determinación de que el extranjero probablemente escaparía antes de que se pudiera obtener una orden.[8] Ciertos extranjeros arrestados y colocados en procedimientos de remoción pueden ser detenidos en espera de una decisión sobre si deben ser removidos de los Estados Unidos.[9] La detención es obligatoria para todos los solicitantes de admisión en espera de procedimientos de remoción conforme a la sección 240 de la INA, 8 U.S.C. 1229a.[10] Las normas reglamentarias para las actividades de ejecución se establecen en 8 CFR 287.8, e incluyen la autoridad y los procedimientos para la realización de arrestos.[11]

Además de estas facultades, el artículo 241 de la INA, 8 U.S.C. 1231, otorga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la facultad de detener a extranjeros para hacer efectiva una orden de remoción, incluida una orden de remoción dictada en ausencia.[12] Cuando un juez de inmigración ordena la remoción de un extranjero en ausencia de este, la orden de remoción adquiere firmeza al momento de su emisión, lo que obliga al extranjero a abandonar de inmediato los Estados Unidos.[13] Si el extranjero no cumple con una orden de remoción firme,[14] será arrestado y puesto bajo custodia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generalmente conforme a una orden de arresto de remoción, y será removido de los Estados Unidos.[15]

Conforme al artículo 240 de la INA, 8 U.S.C. 1229a, un extranjero recibe notificación de los procedimientos de remoción y de la fecha de la audiencia cuando el DHS le notifica una Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés).[16] La NTA informa al extranjero sobre la naturaleza de los procedimientos, los cargos en su contra, la fecha y el lugar en que se llevarán a cabo los procedimientos, y los requisitos de que el extranjero proporcione al DHS una dirección y un número de teléfono (si lo tuviera), así como cualquier cambio posterior de dirección o número de teléfono.[17] Cabe destacar que la NTA también indica las consecuencias de no proporcionar una dirección y número de teléfono actualizados,[18] y de no comparecer a los procedimientos.[19] Una vez que la NTA se presenta ante el Tribunal de Inmigración, dicho tribunal emite notificaciones de las fechas de audiencias futuras (notificación de audiencia) y/o de cambios en las fechas o el lugar de estas.[20]

La NTA y las notificaciones de audiencia se entregan en persona al extranjero o, si la entrega personal no es viable, mediante notificación por correo al extranjero o a su abogado de registro.[21] Cuando un extranjero no comparece ante el tribunal y el DHS demuestra, mediante prueba “clara, inequívoca y convincente”, que el extranjero es removible y que a él o a su abogado de registro se le proporcionó la NTA o la notificación de audiencia (es decir, la notificación por escrito de la fecha y el lugar de los procedimientos y de las consecuencias de no comparecer), un juez de inmigración deberá ordenar la remoción del extranjero en ausencia.[22] Cuando el extranjero no haya proporcionado la dirección y el número de teléfono (si lo tuviera) conforme a lo exigido en el artículo 239(a)(1)(F) de la INA, o no haya actualizado dicha información conforme al artículo 239(a)(1)(F) de la INA, no se requerirá notificación por escrito, y el DHS no estará obligado a proporcionar notificación adicional del procedimiento. Cualquier notificación emitida después de que se haya recibido la NTA será suficiente si se entrega en la dirección más reciente proporcionada por el extranjero. Si el extranjero no proporciona una dirección conforme al artículo 239(a)(1)(F) de la INA, “no se requerirá notificación por escrito”.[23]

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La Ley HR-1 establece una excepción a la tarifa de ejecución de las leyes de inmigración autorizada en el artículo 1814, 8 U.S.C. 1814, en determinadas circunstancias cuando la orden de remoción en ausencia se revoca conforme al artículo 240(b)(5)(C) de la INA, 8 U.S.C. 1229a(b)(5)(C).[24] El juez de inmigración puede revocar una orden de remoción en ausencia si el extranjero presenta una moción para reabrir el caso: (1) dentro de los 180 días posteriores a la orden, si el extranjero demuestra que la falta de comparecencia se debió a “circunstancias excepcionales”; o (2) en cualquier momento, si el extranjero puede demostrar que no recibió la notificación requerida o que se encontraba bajo custodia federal o estatal y que la falta de comparecencia no se debió a culpa propia.[25] La INA ofrece ejemplos de “circunstancias excepcionales”, tales como “maltrato o crueldad extrema hacia el extranjero o hacia cualquier hijo o progenitor del extranjero, enfermedad grave del extranjero, o enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hijo o progenitor del extranjero, pero sin incluir circunstancias menos apremiantes”, que estén “fuera del control del extranjero”.[26] El extranjero debe presentar pruebas adecuadas que respalden una alegación de circunstancias excepcionales y que corroboren el motivo de su falta de comparecencia.[27] Mientras esté pendiente una moción para reabrir el caso con el fin de revocar una orden en ausencia fundamentada en la falta de notificación, la remoción del extranjero queda automáticamente suspendida hasta que el juez de inmigración resuelva dicha moción.[28]

A partir del 8 de septiembre de 2025, ICE comenzó a cobrar la tarifa del año fiscal 2025 de $5,000 a todo extranjero que esté sujeto a 8 U.S.C. 1814. Véase 90 FR 43223 (8 de septiembre de 2025). El evento que desencadena la emisión de la tarifa es la fecha en que el extranjero fue posteriormente arrestado por ICE, independientemente de la fecha en que se haya emitido la orden final de remoción en ausencia. Id. El 20 de noviembre de 2025, ICE ajustó la tarifa por inflación de $5,000 a $5,130 para el año fiscal 2026, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2025. 90 FR 52425 (20 de noviembre de 2025). Según lo exige la ley, el 50 por ciento de los fondos recaudados por la tarifa se deposita en la Cuenta de Tarifas de la Oficina de Detención y Remoción de ICE para ser utilizada por ICE, y el monto restante se deposita en el Fondo General del Tesoro de los Estados Unidos.[29]

Todo extranjero sujeto a la tarifa conforme a 8 U.S.C. 1814 recibe notificación por escrito de la tarifa. Este aviso de evaluación de la tarifa proporciona al extranjero una lista de las determinaciones realizadas por el oficial que efectuó el arresto, incluida la fecha en que se ordenó la remoción del extranjero en ausencia, el hecho de que el extranjero fue posteriormente arrestado, y el monto de la tarifa. El aviso escrito de evaluación de la tarifa deja claro que el incumplimiento en el pago oportuno de la tarifa genera consecuencias tales como la acumulación de intereses, costos administrativos y un cargo por penalidad de pago tardío conforme a 31 U.S.C. 3717, 6 CFR 11.10, y 31 CFR 901.9. Un extranjero puede impugnar el aviso escrito de la tarifa dentro de los 30 días siguientes a la emisión del aviso.[30]

ICE ha revisado los datos sobre el costo de las acciones de control de inmigración de ICE y ha determinado que la tarifa de reembolso parcial de $5,130 es demasiado baja para reembolsar suficientemente a ICE por el costo de arrestar a un extranjero que ha sido ordenado removido en ausencia.

El costo total de arrestar a un extranjero ordenado removido en ausencia requiere la consideración de los costos más amplios de identificar, detener, procesar y remover a dicho extranjero, además del costo directo del arresto posterior a la orden de remoción en ausencia. ICE también incurre en una variedad de costos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo. Estos costos están incluidos dentro del costo de arrestar a un extranjero. Así como el acto de arrestar a un extranjero genera directamente costos para detener, procesar y remover a ese extranjero.

El marco de costos del ciclo de vida de control de inmigración (IEL, por sus siglas en inglés) de ICE, elaborado por la Unidad de Análisis y Evaluación de Desempeño (PA&E) de la Oficina de Presupuesto y Desempeño de Programas (OBPP) de ICE, proporciona información sobre el costo de cada etapa del IEL, incluidos los costos directos, los costos indirectos y los costos generales. En promedio, el costo total del IEL por extranjero es de $18,042, lo cual justifica el ejercicio de la autoridad del Secretario del DHS para aumentar el monto de la tarifa de $5,130 exigido por 8 U.S.C. 1814.

La siguiente tabla detalla cada fase del IEL y refleja los costos directos e indirectos involucrados en un arresto, culminando con la remoción.[31] Estos costos reflejan el costo promedio de cada etapa del IEL en todas las actividades de control de inmigración de ICE, no solo las específicas a extranjeros con órdenes finales de remoción.[32]

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Modelo de Contabilidad de Costos Gerenciales de ICE

[Costos del Ciclo de Vida de Control de Inmigración del Año Fiscal 2024,33 Dólares del Año Fiscal 2026$ 34]

Además, durante los últimos años el número de extranjeros ordenados removidos en ausencia ha aumentado drásticamente. Específicamente, los datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) indican que entre 2022 y 2024 hubo un aumento del 257 por ciento en el número de órdenes de remoción en ausencia emitidas, 62,510 en 2022 y 222,920 en 2024.[35] Los datos de 2025 muestran un aumento adicional del 39 por ciento entre 2024 y 2025, para un total de 309,700 órdenes de remoción en ausencia emitidas.[36]

La tarifa de $18,000 propuesta en este NPRM constituye un reembolso parcial de los costos totales de ICE de conformidad con el 8 U.S.C. 1814(a). Los datos de ICE sobre la IEL indican que el costo promedio en que incurre ICE para identificar, arrestar, detener, procesar y remover a un solo extranjero en 2025 es de $18,040. El aumento significativo en el número de extranjeros con órdenes de remoción en ausencia, combinado con el costo general de la IEL, continúa ejerciendo una presión considerable sobre los recursos de cumplimiento de ICE, que ya están sobrecargados, y desvía esos recursos esenciales de otras prioridades de cumplimiento de las leyes de inmigración. Para aliviar la presión sobre los recursos y reducir el monto pagado por los contribuyentes estadounidenses por estas actividades de cumplimiento,[37] el Congreso creó la tarifa establecida en el 8 U.S.C. 1814 para reembolsar parcialmente a ICE por el costo de arrestar a extranjeros con órdenes de remoción dictadas en ausencia,[38] lo cual necesariamente implica identificar a dichos extranjeros prófugos antes del arresto. En el caso de extranjeros con una orden final de remoción, incluida una orden de remoción dictada en ausencia, el arresto es un primer paso para hacer efectiva la orden de remoción, y la detención, el procesamiento y la remoción se derivan del arresto de conformidad con las facultades y la misión de la agencia de repatriar a los extranjeros con órdenes finales de remoción. Cabe destacar que la tarifa propuesta no incluye los costos de cumplimiento de las leyes de inmigración en que incurra el DHS antes de que un extranjero sea objeto de una orden de remoción dictada en ausencia. Además, el 8 U.S.C. 1814 autoriza un "reembolso parcial por el costo de arrestar a un extranjero . . . que haya sido ordenado a ser removido en ausencia conforme a la sección 1229a(b)(5) de este título; y que sea posteriormente arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE)". El DHS interpreta que esto se refiere a los costos del arresto en que incurre ICE con posterioridad a la orden final de remoción dictada en ausencia.

Además, dado que el 8 U.S.C. 1814 establece que el 50 por ciento de la tarifa se depositará en el Fondo General del Tesoro de los Estados Unidos, una tarifa de $18,000 garantiza un reembolso parcial real y significativo a ICE. El DHS considera que es necesario un proceso de reglamentación para asegurar que el DHS cobre una tarifa de reembolso parcial más adecuada, que refleje apropiadamente la enorme cantidad de recursos destinados a los extranjeros con órdenes de remoción dictadas en ausencia que no logran salir del país y que posteriormente son arrestados por ICE.[39]

Los cambios propuestos en este NPRM también protegen la integridad del cumplimiento de las leyes de inmigración y ayudan a promover la seguridad pública. Un extranjero que no sale de los Estados Unidos tras la emisión de una orden final de remoción dictada en ausencia ya ha violado las leyes y los procesos de inmigración de los Estados Unidos.[40] Una vez que un extranjero incumple la orden final de remoción dictada en ausencia, ICE debe invertir tiempo y recursos adicionales para arrestar al extranjero y hacer efectiva la orden de remoción.[41] El arresto de extranjeros con órdenes de remoción dictadas en ausencia implica identificarlos, localizarlos y removerlos de los Estados Unidos. Esta población de extranjeros se ha sustraído de la acción de las autoridades y está violando una orden del tribunal de inmigración al permanecer de manera ilegal en los Estados Unidos. Los extranjeros que evaden las órdenes finales de remoción socavan la administración ordenada del sistema de inmigración y el estado de derecho, generan incertidumbre respecto de su paradero y aumentan la probabilidad de que los encuentros de cumplimiento ocurran en entornos incontrolables, lo cual incrementa los riesgos tanto para el personal del DHS como para el público. En consecuencia, el DHS considera que estos extranjeros son prófugos y una alta prioridad para su remoción de los Estados Unidos.

Además, una orden de remoción dictada en ausencia solo puede ser revocada si el extranjero presenta una moción de reapertura ante el juez de inmigración, véase Matter of Guzman, 22 I&N Dec. 722 (BIA 1999). Cuando un juez de inmigración (página impresa 29384) dicta una orden de remoción en ausencia, la orden se vuelve final y ejecutable, y se determina que el extranjero es removible según los cargos imputados, pierde la oportunidad de impugnar la removibilidad o de solicitar algún tipo de alivio en esos procedimientos, y queda sujeto a todas las consecuencias reglamentarias y legales que se derivan de una orden final. Además, el extranjero deja de ser elegible para ciertas formas de alivio discrecional, incluida la inelegibilidad durante un período de diez (10) años a partir de la fecha de la orden dictada en ausencia para recibir la cancelación de la remoción, el ajuste de estatus, el cambio de estatus, el registro,[42] o la salida voluntaria.[43] Si un extranjero no comparece o se niega a asistir a un procedimiento de remoción sin causa razonable, dicho extranjero queda inadmisible durante cinco años después de su salida o remoción.[44]

El hecho de que un extranjero no abandone el país genera costos adicionales de cumplimiento de la ley que, de otro modo, podrían destinarse a las amplias prioridades de ejecución de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la administración.[45] En cambio, el DHS debe gastar recursos limitados en localizar, arrestar y expulsar a estos extranjeros de los Estados Unidos. Estos costos se suman a los costos ya empleados para procesar y resolver los procedimientos de expulsión de un extranjero hasta su conclusión en primer lugar. El uso ineficiente de los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) corre el riesgo de socavar la integridad general del sistema migratorio, y corre el riesgo de incentivar aún más a los extranjeros a simplemente ignorar las órdenes de expulsión.

Codificar la tarifa establecida en el 8 U.S.C. 1814 en la reglamentación proporciona claridad al público y un fácil acceso a la ley. Además, la codificación contribuye a una implementación más eficaz de la ley y desalienta a los extranjeros de incurrir en infracciones de la ley de inmigración.

El Congreso estableció una tarifa mínima en el 8 U.S.C. 1814 y otorgó a la Secretaria la facultad de aumentar dicha tarifa a su discreción.[46] El DHS propone codificar las disposiciones del 8 U.S.C. 1814 en la reglamentación y ejercer su discreción para aumentar la tarifa de $5,130 a $18,000 debido a los costos significativos en los que incurre la agencia al arrestar a extranjeros con órdenes de expulsión dictadas en ausencia. Al buscar un reembolso parcial de las actividades de ejecución asociadas con el arresto de extranjeros con órdenes de expulsión dictadas en ausencia, los cambios propuestos constituyen una parte fundamental de los esfuerzos del DHS por utilizar todas las herramientas disponibles por ley para lograr los objetivos de la Administración en materia de ejecución de inmigración y seguridad fronteriza.

Conforme a esta propuesta, la nueva tarifa de $18,000 constituye un reembolso parcial a la agencia por los costos asociados con el arresto de extranjeros con órdenes de expulsión dictadas en ausencia. La nueva tarifa se aplicará a todos los extranjeros a quienes se les haya ordenado la expulsión en ausencia conforme a la sección 240(b)(5)(A) (8 U.S.C. 1229a(b)(5)(A)) y que sean posteriormente arrestados por el ICE en la fecha de entrada en vigor de la regla final o después de dicha fecha.[47] La tarifa se notificará al extranjero, indicándole cómo se determinó dicha tarifa y cómo efectuar su pago. De conformidad con el 8 U.S.C. 1814, esta tarifa de $18,000 se ajustará anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (CPI-U) y se anunciará en el Federal Register. La tarifa no se aplicará a ningún extranjero al que se le haya ordenado la expulsión en ausencia si dicha orden fue revocada conforme a la sección 240(b)(5)(C) (8 U.S.C. 1229a(b)(5)(C)).

Como se describe en los antecedentes mencionados anteriormente, el aviso de determinación de la tarifa proporciona al extranjero una lista de las determinaciones realizadas por el oficial que efectuó el arresto, incluida la fecha en que se ordenó la expulsión del extranjero en ausencia, el hecho de que el extranjero fue posteriormente arrestado, y el monto de la tarifa. El aviso de tarifas también deja en claro que el incumplimiento en el pago oportuno de la tarifa tiene consecuencias, incluida la acumulación de intereses, costos administrativos y un cargo por penalidad por pago tardío, conforme al 31 U.S.C. 3717, el 6 CFR 11.10 y el 31 CFR 901.9. El extranjero puede impugnar el aviso dentro de los 30 días posteriores a su emisión.[48]

El DHS ha propuesto estas enmiendas en el 8 CFR 103.7(d). El 8 CFR 103.7(d) describe las tarifas relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración, incluidas, entre otras, las tarifas determinadas y recaudadas por el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el ICE. Por lo tanto, el DHS propone enmendar esta sección del CFR para añadir esta tarifa requerida por ley y permitir la aplicación continua de dicha tarifa en los años fiscales subsiguientes, con ajustes anuales por inflación según lo autorizado por la ley.

Las Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria) y 13563 (Mejora de la Regulación y de la Revisión Regulatoria) instruyen a las agencias a evaluar los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, en caso de que la regulación sea necesaria, a seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos. La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de cuantificar tanto los costos como los beneficios, de reducir los costos, de armonizar las normas y de promover la flexibilidad. La Orden Ejecutiva 14192 (Impulsando la Prosperidad a través de la Desregulación) instruye a las agencias a reducir significativamente los gastos privados requeridos para cumplir con las regulaciones federales y establece que "cualquier costo incremental nuevo asociado con nuevas regulaciones deberá, en la medida permitida por la ley, ser compensado mediante la eliminación de los costos existentes asociados con al menos 10 regulaciones anteriores".

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) ha designado esta norma como una "acción regulatoria significativa" según se define en la sección 3(f)(1) de la Orden Ejecutiva 12866, debido a que sus efectos anuales sobre la economía superan los 100 millones de dólares anuales. En consecuencia, la norma ha sido revisada por la OMB.

Esta norma no constituye una acción regulatoria conforme a la Orden Ejecutiva 14192, debido a que se emite con respecto a una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos. El propósito directo principal de la norma es implementar o interpretar las leyes de inmigración de los Estados Unidos (según se describe en la sección 101(a)(17) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(17)) o cualquier otra función que desempeñe el Gobierno Federal de los Estados Unidos con respecto a los extranjeros. Véase el Memorando M-25-20 de la OMB, "Guía para la Implementación de la Sección 3 de la Orden Ejecutiva 14192, titulada 'Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación'" (26 de marzo de 2025). Este aviso de propuesta de reglamentación (NPRM, por sus siglas en inglés) propone aumentar las tarifas aplicables a los extranjeros que han permanecido en los Estados Unidos en violación de una orden final de remoción dictada en ausencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) considera que este esfuerzo logrará (página impresa 29385) el propósito del Congreso de reembolsar parcialmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por los costos asociados con el arresto y la remoción de estos extranjeros.

El DHS propone aumentar la tarifa para los extranjeros que hayan sido ordenados removidos en ausencia y posteriormente arrestados por el ICE, de 5,130 a 18,000 dólares, la cual sirve como un reembolso parcial del costo total de arrestar a dicho extranjero. Este aumento se debe a los costos significativos en los que incurre el ICE por el arresto de extranjeros ordenados removidos en ausencia. En el año fiscal 2024, el ICE incurrió en un promedio de 18,042 dólares por extranjero (en dólares de 2026), un costo significativo y un uso de recursos de inmigración cruciales que podrían haberse destinado a otras prioridades de cumplimiento de las leyes de inmigración.

El ICE ha revisado los datos sobre el costo de las acciones de cumplimiento de las leyes de inmigración del ICE y ha determinado que la tarifa de reembolso parcial de 5,000 dólares es demasiado baja para reembolsar suficientemente al ICE por el costo de arrestar a un extranjero que ha sido ordenado removido en ausencia.

Además del costo real de arrestar a un extranjero, el ICE también incurre en una variedad de costos indirectos y generales, incluidos, entre otros, la capacitación, los vehículos y el personal de apoyo. Estos costos son inseparables del costo del arresto de un extranjero, de la misma manera en que el arresto de un extranjero es inseparable de la remoción de dicho extranjero. El aumento de tarifa propuesto, de 5,130 a 18,000 dólares, sirve como un reembolso parcial al DHS por los importantes gastos de cumplimiento incurridos, los cuales han aumentado debido a un incremento en las órdenes de remoción dictadas en ausencia. Esta norma propuesta tiene como objetivo proteger la integridad del cumplimiento de las leyes de inmigración, desalentar el incumplimiento de las órdenes de remoción y aliviar la carga sobre los recursos esenciales y limitados del ICE.

La norma propuesta afectaría a los extranjeros que son ordenados removidos en ausencia y posteriormente arrestados por el ICE. Para identificar a la población afectada, el DHS revisó los datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (Office of Homeland Security Statistics) sobre el número de extranjeros ordenados removidos en ausencia y cuántos arrestos de esta población realiza el ICE cada año. La Tabla 1 muestra el número de órdenes de remoción dictadas en ausencia entre los años fiscales 2016 y 2025 según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).

Tabla 1. Órdenes de Remoción Dictadas en Ausencia por la EOIR según Decisión: Años Fiscales 2016 a 2025

El número total de órdenes de remoción dictadas en ausencia emitidas cada año representa una estimación máxima de la población afectada, ya que el hecho de que a un extranjero se le haya dictado una orden de remoción en ausencia constituye solamente la primera de dos condiciones requeridas para que se aplique la tarifa. Algunos extranjeros a quienes se les han dictado órdenes de remoción en ausencia pueden abandonar el país voluntariamente, evadir el arresto, o lograr que se revoque su orden de remoción en ausencia antes de ser arrestados por el ICE. Para analizar más a fondo la población afectada, el DHS revisó los datos de arrestos de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE, como se muestra en la Tabla 2. En el año fiscal 2025, se produjeron 23,670 arrestos de extranjeros con órdenes de remoción dictadas en ausencia.

Tabla 2. Arrestos Administrativos de la ERO con Órdenes de Remoción Dictadas en Ausencia, Años Fiscales 2016 a 2025 (hasta la fecha del año en curso)

(página impresa 29386)

El DHS enfrenta dificultades para proyectar la población afectada debido a problemas de calidad de los datos y a otros factores que inciden en el tamaño de la población. La pandemia de Covid-19 parece haber reducido drásticamente el número de órdenes de deportación emitidas y de arrestos realizados en 2021, lo que afecta lo que sería una línea de tendencia futura en ausencia de una pandemia. Es probable que el anuncio de la tarifa cambie el comportamiento de la población de extranjeros afectada. Es posible que los extranjeros tengan mayor probabilidad de comparecer ante el tribunal de inmigración, lo que reduciría el número de órdenes de deportación emitidas en ausencia. Además, los extranjeros a quienes se les emiten órdenes de deportación en ausencia tienen mayor probabilidad de abandonar el país por su propia voluntad en lugar de arriesgarse a ser arrestados y a pagar una tarifa. El financiamiento significativo proveniente de la HR-1 para la aplicación de las leyes de inmigración, incluida la contratación de 10,000 oficiales de ICE, probablemente dará lugar a un mayor número de arrestos. Como resultado de estas fuerzas contrapuestas, el DHS presume que el número de arrestos se mantendrá en los mismos niveles que en el año fiscal 2025, es decir, 23,670, para los años fiscales 2026 y 2027.

Los pagos de transferencia son pagos monetarios de un grupo a otro que no afectan el total de recursos disponibles para la sociedad. Las transferencias, tales como los pagos de seguros, las tarifas, los subsidios directos y los subsidios indirectos, pueden tener efectos significativos en la eficiencia además de efectos distributivos, y no se incluyen en las estimaciones de los beneficios y costos de una regulación. Las transferencias se analizan en esta propuesta de regla porque la tarifa propuesta constituye una transferencia de la población de extranjeros afectada hacia ICE y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El DHS supone que habrá 23,670 arrestos en los años fiscales 2026 y 2027. El monto máximo posible de las transferencias sería entonces igual al número de arrestos (23,670) multiplicado por la tarifa ($18,000), lo que resultaría en $426,060,000 transferidos anualmente. La transferencia neta resultante de esta regla sería igual al número de arrestos (23,670) multiplicado por el cambio en la tarifa ($18,000−$5,130 = $12,870). El DHS determinó que las transferencias netas resultantes de la regla oscilan entre $15,231,645 y $304,632,900, con una estimación del punto medio de $159,932,273.

ICE comenzó a emitir esta tarifa una vez que entró en vigencia el 8 de septiembre de 2025. Desde entonces, el DHS ha experimentado incertidumbre al estimar las tasas de recaudación debido al corto período de tiempo que esta tarifa ha estado vigente y a las realidades operativas actuales. El ritmo operativo actual ha introducido un desafío específico en el proceso de recaudación de la tarifa, ya que la expulsión de los extranjeros no se está postergando debido a tarifas impagas. Debido a estos factores, el DHS anticipa que la recaudación de esta tarifa y sus impactos podrían no materializarse hasta que los extranjeros busquen una futura admisión a los Estados Unidos. Por ejemplo, los extranjeros que fueron previamente expulsados debido a una orden de deportación en ausencia, y que tienen tarifas pendientes, podrían solicitar la admisión legal a los Estados Unidos o un beneficio migratorio en un momento posterior. Además de considerar la presencia ilegal previa, la orden de deportación previa y la falta de comparecencia previa a los procedimientos,[49] el adjudicador puede considerar la deuda pendiente para efectos de la admisibilidad del extranjero.[50] El adjudicador puede señalar la deuda pendiente de manera que se continúe gestionando su cobro al momento de la readmisión. El DHS considera que la verdadera tasa de recaudación podría no conocerse hasta que haya transcurrido más tiempo que permita que ocurran situaciones como la del ejemplo mencionado.

Para abordar la incertidumbre respecto de las tasas de recaudación, el DHS ha modelado estimaciones de tasas de recaudación alta, de punto medio y baja. El DHS supone una tasa de recaudación del 100 por ciento como una estimación del límite superior del monto en dólares de las transferencias de los extranjeros hacia ICE y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a fin de evaluar el impacto potencial máximo sobre la población de extranjeros. El DHS también modeló una estimación baja, suponiendo una tasa de recaudación del 5 por ciento, y el punto medio de las otras dos estimaciones en 52.5 por ciento. El DHS utiliza la estimación del punto medio como la estimación principal en la Tabla 4.

Tabla 3. Estimaciones de tasas de recaudación alta, de punto medio y baja, y transferencias

La tarifa propuesta serviría como un reembolso parcial de los costos del ciclo de vida en que incurre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el arresto de extranjeros con orden de deportación en ausencia. Este reembolso permitirá al DHS destinar sus limitados recursos de inmigración a otras prioridades de ejecución de las leyes de inmigración.

La tarifa propuesta probablemente resultaría en que más extranjeros asistan a las comparecencias judiciales, lo cual podría extender los procedimientos legales y requerir recursos adicionales. Además, el DHS reconoce que una tarifa de $18,000 podría ser costosa de pagar para los extranjeros, pero como se explicó anteriormente, el monto de esta tarifa se justifica por la intención del Congreso de proporcionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) un reembolso parcial del costo total de mano de obra e infraestructura (IEL, por sus siglas en inglés) por el arresto de extranjeros con orden de deportación en ausencia.

El DHS consideró la alternativa de mantener la tarifa en $5,130 y de aumentar la tarifa a montos inferiores a $18,000. Estas alternativas se consideraron inaceptables, ya que dichos montos no resultarían en reembolsos parciales reales y significativos de los costos totales de IEL en que incurre el ICE durante el arresto de un extranjero con orden de deportación en ausencia.

El DHS también consideró la alternativa de aumentar la tarifa a $36,000 para tener en cuenta el hecho de que el 50 por ciento de la tarifa se deposita en el Fondo General del Tesoro de los Estados Unidos. Una tarifa de $36,000 aseguraría que el ICE reciba $18,000 como reembolso parcial de cada tarifa que evalúe y recaude, lo cual se acerca más a los costos reales de IEL en comparación con el 50 por ciento de una tarifa de $18,000. Sin embargo, tras revisar el limitado historial legislativo de la HR-1 [51], el DHS considera que la tarifa de $18,000 se alinea más estrechamente con la intención del Congreso, la cual consiste en que la tarifa proporcione un reembolso parcial al Gobierno de los Estados Unidos en su conjunto, y no un reembolso parcial al ICE y un reembolso parcial al Tesoro de los Estados Unidos. En última instancia, esta alternativa no fue adoptada porque no (página impresa 29387) se alinea con la intención del Congreso para esta tarifa.

La Tabla 4 presenta la declaración contable requerida por la Circular A-4 para los impactos totales de la regla. La regla propuesta resultaría en transferencias netas anualizadas de $304,632,900 (descontadas al 3 por ciento y al 7 por ciento) de los extranjeros hacia el ICE y el Tesoro de los Estados Unidos para los años fiscales 2026 y 2027.

Tabla 4. Declaración Contable para los Años Fiscales 2026-2027

(en millones, dólares de 2026)

El DHS ha revisado esta regla propuesta de conformidad con la Ley de Flexibilidad Regulatoria de 1980 (RFA) (5 U.S.C. 601-612), según enmendada por la Ley de Equidad en la Ejecución Regulatoria para la Pequeña Empresa de 1996 (Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act of 1996), Ley Pública 104-121, título II, 110 Stat. 847, y ha determinado que esta regla no tendría un impacto económico significativo sobre un número considerable de entidades pequeñas. La regla no regularía a las “entidades pequeñas” según se define dicho término en el 5 U.S.C. 601(6). El término “entidades pequeñas” comprende a las pequeñas empresas, las organizaciones sin fines de lucro que son de propiedad y operación independientes y que no son dominantes en sus respectivos campos, y las jurisdicciones gubernamentales con poblaciones de menos de 50,000 habitantes.

Al codificar en el reglamento la tarifa prevista en el 8 U.S.C. 1814, esta regla propuesta aumentaría las transferencias al gobierno. La tarifa prevista en el 8 U.S.C. 1814 es pagada por personas que, para efectos de la RFA, no se encuentran dentro de la definición de entidades pequeñas establecida en el 5 U.S.C. 601(6). Si bien es posible que algunos extranjeros paguen la tarifa a través de un representante, en última instancia el extranjero es responsable de la tarifa, no el representante. Por lo tanto, el DHS certifica que esta reglamentación propuesta no tendría un impacto económico significativo sobre un número sustancial de entidades pequeñas.

La Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para la Pequeña Empresa (SBREFA, por sus siglas en inglés) de 1996, Ley Pública 104-121, 110 Stat. 847, 858-59, 5 U.S.C. 601 y siguientes, exige que el Departamento atienda las solicitudes de las entidades pequeñas de información y asesoría sobre el cumplimiento de los estatutos y reglamentos dentro de la jurisdicción del Departamento. Cualquier entidad pequeña que tenga una pregunta sobre este documento puede comunicarse con la persona indicada en el párrafo PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR, arriba. Las personas pueden obtener más información sobre la SBREFA en la página web de la Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration) en https://www.sba.gov/​advocacy.

La Ley de Reforma de Mandatos no Financiados de 1995 (2 U.S.C. 1531-1538) exige que las agencias federales evalúen los efectos de sus acciones regulatorias discrecionales. En particular, la Ley aborda las acciones que puedan dar lugar a un gasto por parte de un gobierno estatal, local o tribal, en conjunto, o por parte del sector privado, en cualquier año, de $100 millones o más en dólares de 1995, actualizado anualmente por inflación. Ese umbral es actualmente de aproximadamente $213 millones en dólares de 2026, con base en el IPC-U.[52] Aunque ( página impresa 29388) esta regla propuesta no generaría costos ni beneficios monetizados, el DHS analiza los efectos de esta regla en la sección de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de este preámbulo.

Todos los Departamentos deben presentar a la OMB para su revisión y aprobación cualquier requisito de informes o mantenimiento de registros inherente a una regla conforme a la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (PRA), Ley Pública 104-13, 109 Stat. 163 (codificada en el 44 U.S.C. 3501 y siguientes). Conforme a la PRA, una agencia no puede llevar a cabo ni patrocinar, y una persona no está obligada a responder a una recopilación de información, a menos que la agencia obtenga la aprobación de la OMB para dicha recopilación y esta muestre un número de control de la OMB válido. Véase 44 U.S.C. 3506, 3507.

Esta regla propuesta no propone ninguna nueva “recopilación de información” según el término definido en la PRA. No habría cambios en la carga de informes de ninguna recopilación de información existente.

Esta regla propuesta no tendría efectos directos sustanciales sobre los estados, sobre la relación entre el gobierno federal y los estados, ni sobre la distribución de poder y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Por lo tanto, de conformidad con la sección 6 de la Orden Ejecutiva 13132, el DHS determinó que esta regla no tendría implicaciones de federalismo suficientes para justificar la preparación de una declaración resumida de impacto federalista.

Esta regla propuesta cumple con los estándares aplicables establecidos en las secciones 3(a) y 3(b)(2) de la Orden Ejecutiva 12988, Reforma de la Justicia Civil, para minimizar el litigio, eliminar la ambigüedad y reducir la carga.

El DHS ha analizado esta regla propuesta conforme a la Orden Ejecutiva 13211, Acciones Relacionadas con Reglamentos que Afectan Significativamente el Suministro, la Distribución o el Uso de Energía. El DHS ha determinado que no se trata de una “acción energética significativa” conforme a dicha orden, debido a que, si bien es una “acción regulatoria significativa” conforme a la Orden Ejecutiva 12866, no es probable que tenga un efecto adverso significativo sobre el suministro, la distribución o el uso de energía.

El DHS y sus componentes analizan las acciones definitivas para determinar si la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969 (“NEPA”, por sus siglas en inglés), 42 U.S.C. 4321 y siguientes, les resulta aplicable y, de ser así, qué grado de análisis se requiere. La Directiva 023-01 Rev. 01 del DHS [53] y el Manual de Instrucciones 023-01-001-01 Rev. 01 (“Manual de Instrucciones”) [54] establecen las políticas y procedimientos que el DHS y sus componentes utilizan para cumplir con la NEPA.

La NEPA permite que las agencias federales establezcan categorías de acciones (“exclusiones categóricas”) que, según la experiencia ha demostrado, no tienen, individual ni acumulativamente, un efecto significativo sobre el medio ambiente humano y que, por lo tanto, no requieren una evaluación ambiental (“EA”, por sus siglas en inglés) ni una declaración de impacto ambiental (“EIS”, por sus siglas en inglés). No se requiere que una agencia prepare una EA o una EIS para una acción propuesta “si la acción propuesta de la agencia está excluida conforme a una de las exclusiones categóricas de la agencia”. 42 U.S.C. 4336(a)(2). El Manual de Instrucciones, Apéndice A, enumera las Exclusiones Categóricas del DHS. Para que una acción esté categóricamente excluida conforme al Manual de Instrucciones del DHS, la acción debe satisfacer cada una de las siguientes tres condiciones: (1) la acción en su totalidad encaja claramente dentro de una o más de las exclusiones categóricas; (2) la acción no es parte de una acción más amplia; y (3) no existen circunstancias extraordinarias que creen la posibilidad de un efecto ambiental significativo.[55]

Este NPRM está categóricamente excluido de los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS, porque satisface las tres condiciones pertinentes. En primer lugar, los Departamentos han determinado que el NPRM encaja claramente dentro de la exclusión categórica A3(a) del Manual de Instrucciones del DHS, Apéndice A, para la promulgación de normas de naturaleza “estrictamente administrativa o procesal”. Este NPRM aumenta una tarifa que fue establecida y autorizada por el 8 U.S.C. 1814. El aumento de la tarifa propuesto en este NPRM no da lugar a un cambio en el impacto ambiental de la tarifa. En segundo lugar, este NPRM es una norma independiente y no forma parte de ninguna acción más amplia. En tercer lugar, el Departamento no tiene conocimiento de ninguna circunstancia extraordinaria que pudiera causar un impacto ambiental significativo. Por lo tanto, este NPRM está categóricamente excluido, y no se requiere ningún análisis o documentación adicional conforme a la NEPA.

Esta norma propuesta no tiene implicaciones tribales conforme a la Orden Ejecutiva 13175, Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas, porque no tendría un efecto directo sustancial sobre una o más tribus indígenas, sobre la relación entre el gobierno federal y las tribus indígenas, o sobre la distribución de poderes y responsabilidades entre el gobierno federal y las tribus indígenas.

Esta norma propuesta no causaría la expropiación de propiedad privada ni tendría, de otro modo, implicaciones de expropiación conforme a la Orden Ejecutiva 12630, Acciones Gubernamentales e Interferencia con los Derechos de Propiedad Protegidos Constitucionalmente.

La Orden Ejecutiva 13045, Protección de los Niños Frente a los Riesgos Ambientales para la Salud y los Riesgos de Seguridad, exige que las agencias consideren los impactos de los riesgos ambientales para la salud o los riesgos de seguridad que puedan afectar de manera desproporcionada a los niños. El DHS ha revisado esta norma propuesta y ha determinado que esta norma no es una norma económicamente significativa y no crearía un riesgo ambiental para la salud ni un riesgo para la seguridad que pudiera afectar de manera desproporcionada a los niños. Por lo tanto, el DHS no ha preparado una declaración conforme a esta Orden Ejecutiva.

La Ley Nacional de Transferencia y Promoción de Tecnología de 1995 (15 U.S.C. 272, nota) ordena a las agencias usar normas de consenso voluntario en sus actividades regulatorias, a menos que la agencia proporcione al Congreso, a través de la OMB, una explicación de por qué el uso de dichas normas sería incompatible con la ley aplicable o, de otro modo, impracticable. Las normas de consenso voluntario son normas técnicas (por ejemplo, especificaciones de materiales, desempeño, diseño u operación; métodos de prueba; procedimientos de muestreo; y prácticas de sistemas de gestión relacionadas) que son (página impresa 29389) elaboradas o adoptadas por organismos de normas de consenso voluntario. Esta norma propuesta no utiliza normas técnicas. Por lo tanto, el DHS no consideró el uso de normas de consenso voluntario.

El DHS ha determinado que esta acción propuesta no afectaría el bienestar familiar en el sentido de la sección 654 de la Ley de Asignaciones del Tesoro y del Gobierno General, promulgada como parte de la Ley de Asignaciones Suplementarias Consolidadas de Emergencia y Ómnibus de 1999 (Pub. L. 105-277, 112 Stat. 2681).

En consecuencia, el DHS propone enmendar la parte 103 del capítulo I, subcapítulo B del título 8 del Código de Reglamentos Federales (CFR), de la siguiente manera:

1. La cita de autoridad para la parte 103 se enmienda para que diga lo siguiente:

Autoridad: 5 U.S.C. 301, 552, 552a; 8 U.S.C. 1101, 1103, 1304, 1356, 1365b, 1372, 1814; 31 U.S.C. 9701; 48 U.S.C. 1806; Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135 (6 U.S.C. 1 y siguientes); E.O. 12356, 47 FR 14874, 15557, 3 CFR, Compilación de 1982, p. 166; 8 CFR parte 2, Ley Pública 112-54, 125 Stat 550; 31 CFR parte 223.

2. La sección 103.7 se enmienda agregando el párrafo (d)(17) para que diga lo siguiente:

§ 103.7

Tarifas.

* * * * *

(d) * * *

(17) Tarifa para extranjeros con orden de remoción en ausencia. Todo extranjero que reciba una orden de remoción en ausencia conforme a 8 U.S.C. 1229a(b)(5) y que posteriormente sea arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), está sujeto a la tarifa establecida en 8 U.S.C. 1814, la cual asciende a $18,000 a partir de [FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REGLA FINAL]. Esta tarifa se ajustará por inflación cada año fiscal subsiguiente de conformidad con 8 U.S.C. 1814(b)(2) y se anunciará en el Registro Federal. Esta tarifa no se aplicará si la orden de remoción en ausencia del extranjero fue revocada conforme a 8 U.S.C. 1229a(b)(5)(C).

Markwayne Mullin,

Secretario de Seguridad Nacional.

1. Además, el ICE ha recibido autoridad delegada por el Secretario para imponer tarifas. Véase la Delegación del DHS N.º 7030.2(2)(H), Delegación de Autoridad al Subsecretario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (13 de noviembre de 2004).

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2. Véase también Arizona v. United States, 567 U.S. 387, 394 (2012) (donde se señala que la Corte Suprema ha reconocido desde hace mucho tiempo que el gobierno federal tiene un poder amplio e indudable sobre el tema de la inmigración y el estatus de los extranjeros).

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3. La Ley One Big Beautiful Bill, Ley Pública 119-21, 139 Stat. 72, 8 U.S.C. 1814 (HR-1), se promulgó como ley el 4 de julio de 2025.

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4. 8 U.S.C. 1814(a); véase Arizona, 567 U.S. en 394; véase en general el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, Resumen del Presupuesto del Año Fiscal 2026 del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, 13 de junio de 2025, disponible en https://www.dhs.gov/​sites/​default/​files/​2025-06/​25_​0613_​ice_​fy26-congressional-budget-justificatin.pdf. La nueva tarifa de inmigración de la HR-1 se impone además de cualquier otra tarifa autorizada por ley y por los jefes de los departamentos pertinentes.

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5. 8 U.S.C. 1814(b), véase 90 FR 52425 (20 de noviembre de 2025) para conocer la tarifa ajustada del año fiscal 2026 con base en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U).

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6. Véase en general las secciones 235, 236, 241, 287 de la INA, y 8 U.S.C. 1225, 1226, 1231 y 1357.

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7. Véase 8 CFR 287.8(c)(2)(i).

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8. Sección 287(a)(2) de la INA, 8 U.S.C. 1357(a)(2); 8 CFR 287.8(c)(2)(ii).

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9. Sección 236 de la INA, 8 U.S.C. 1226. Véase también Demore v. Kim, 538 U.S. 510, 523 (2003) ("[E]l tribunal reconoce la detención durante el proceso de remoción como un aspecto constitucionalmente válido de los procedimientos de remoción".) y Wong Wing v. U.S., 163 U.S. 228, 235 (1896) (en el que se establece que la detención es un aspecto constitucionalmente válido del proceso de remoción).

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10. Sección 235(b)(2)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1225(b)(2)(A).

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11. 8 CFR 287.8(c).

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12. Véase en general Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001).

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13. Véase 8 CFR 1241.1(e).

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14. Los extranjeros con una orden final de remoción en ausencia ya han tenido la oportunidad de participar en sus procedimientos de remoción conforme a la sección 240 de la INA, 8 U.S.C. 1229a, y han perdido el derecho a impugnar la remoción, salvo en los casos señalados en la sección 240(b)(5)(C) de la INA, 8 U.S.C. 1229a(b)(5)(C).

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15. Véase 8 CFR 241.3.

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16. Sección 239(a)(1)(G) de la INA, 8 U.S.C. 1229(a)(1)(G).

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17. Sección 239(a)(1) de la INA, 8 U.S.C. 1229(a)(1).

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18. Sección 239(a)(1)(F)(iii) de la INA, 8 U.S.C. 1229(a)(1)(F)(iii). La falta de proporcionar información de domicilio significa que ya no se requiere la notificación por escrito. Sección 240(b)(5)(B) de la INA, 8 U.S.C. 1229a(b)(5)(B).

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19. Sección 239(a)(1)(G)(ii) de la INA, 8 U.S.C. 1229(a)(1)(G)(ii). A un extranjero que no comparezca se le ordenará la remoción en ausencia si el DHS cumple con su carga de la prueba para establecer que se proporcionó la notificación por escrito y que el extranjero es deportable. Sección 240(b)(5)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1229a(b)(5)(A).

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20. Sección 239(a)(2) de la INA, 8 U.S.C. 1229(a)(2).

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21. INA 239(a)(1), (2), 8 U.S.C. 1229(a)(1), (2).

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22. INA 240(b)(5), 8 U.S.C. 1229a(b)(5); 8 CFR 1003.26(c).

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23. INA 239(a)(2)(B), 8 U.S.C. 1229(a)(2)(B); 8 CFR 1003.23(b)(4)(ii), 1003.26(d). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que, en el caso Jones v. Flowers, 547 U.S. 220 (2006), la Corte Suprema resolvió que el "incumplimiento de una obligación legal de mantener actualizada [la] dirección" no significa que la parte "pierda su derecho a una notificación constitucionalmente suficiente" y que el estado estaba obligado a "tomar medidas adicionales razonables para proporcionar notificación". Id. en 232. Sin embargo, la Corte explicó que "evaluar la adecuación de una forma particular de notificación requiere equilibrar el interés del [Gobierno] contra el interés individual que se busca proteger mediante [la cláusula del debido proceso]". Id. en 229 (citas y comillas omitidas). En este caso, el DHS cuenta con procedimientos suficientes para advertir al extranjero de las consecuencias de no proporcionar información de contacto actualizada, incluida una posible orden de expulsión en ausencia. Sin embargo, este aviso de propuesta de reglamentación (NPRM) involucra una tarifa establecida por legislación, no el ejercicio de un "poder extraordinario" por parte del Gobierno. Se advierte a los extranjeros sobre sus obligaciones relativas a la dirección al iniciarse los procedimientos de expulsión conforme a la sección 240, véase INA 239(a)(1)(F), 8 U.S.C. 1229(a)(1)(F), y el DHS está tomando medidas para garantizar que todos los extranjeros conozcan y cumplan con los requisitos de registro y dirección, en consonancia con las políticas de esta Administración. El DHS tiene una expectativa razonable de que los extranjeros tomarán en serio estos requisitos, ya que el incumplimiento puede resultar en una serie de consecuencias, incluidas sanciones penales. INA 266, 8 U.S.C. 1306. Además, el DHS proporciona formas convenientes y confiables para que los extranjeros actualicen sus direcciones, incluso mediante portales en línea.

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24. 8 U.S.C. 1814(c).

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25. INA 240(b)(5)(C), 8 U.S.C. 1229a(b)(5)(C); 8 CFR 1003.23(b)(4)(ii).

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26. INA 240(e)(1), 8 U.S.C. 1229a(e)(1); 8 CFR 1003.23(b)(4)(ii).

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27. Véase, por ejemplo, Matter of B-A-S-, 22 I&N Dec. 57, 58-59 (BIA 1998) ("[c]uando un extranjero alega que su falta de comparecencia resultó de una 'enfermedad grave', [el tribunal] normalmente esperaría pruebas médicas específicas y detalladas que corroboren la alegación del extranjero"); Matter of S-A-, 21 I&N Dec. 1050, 1051 (BIA 1997) (resolviendo que la afirmación general de un extranjero de que el tráfico intenso le impidió llegar a tiempo a su audiencia no constituía una causa razonable que justificara la reapertura de sus procedimientos).

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28. INA 240(b)(5)(C), 8 U.S.C. 1229a(b)(5)(C); 8 CFR 1003.23(b)(4)(ii).

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29. Véase 8 U.S.C. 1814(d). El cincuenta por ciento de las tarifas recaudadas conforme al 8 U.S.C. 1814(d) se depositará en la Cuenta de Tarifas de la Oficina de Detención y Expulsión y se acreditará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El ICE puede utilizar estos fondos sin necesidad de una asignación adicional, y el 50 por ciento restante de las tarifas recaudadas se depositará en el fondo general del Tesoro de los Estados Unidos.

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30. El aviso de determinación de la tarifa establece que un extranjero puede solicitar inspeccionar y copiar registros, así como celebrar un acuerdo de reembolso razonable por escrito que sea aceptable para la agencia, a fin de pagar esta deuda en cuotas.

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31. La determinación del Secretario de aumentar la tarifa a $18,000 no solo está autorizada por la ley del Congreso, sino que también refleja el análisis detenido de la agencia respecto de los datos pertinentes y "articula una explicación satisfactoria de su acción, incluida una 'conexión racional entre los hechos comprobados y la decisión adoptada'". Motor Vehicle Mfrs. Ass'n v. State Farm Mutual Automobile Ins. Co., 463 U.S. 29 (1983) (citando a Burlington Truck Lines, Inc. v. United States, 371 U.S. 156, 168 (1962)).

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32. El modelo de costos del ICE distribuye los costos directos, indirectos y generales entre las actividades conjuntas de aplicación de la ley y no genera estimaciones separadas de costo unitario a nivel nacional para los extranjeros a quienes se ordena la expulsión en ausencia. Estos extranjeros normalmente son localizados y arrestados después de incumplir una orden final de expulsión y luego siguen el mismo proceso de detención, tramitación y expulsión que otros extranjeros con órdenes finales, por lo que el DHS utiliza el costo promedio por extranjero del Programa de Ejecución y Eliminación de la Vía Legal Migratoria (IEL) como la mejor estimación disponible de los costos que esta tarifa pretende reembolsar parcialmente. Además, localizar y arrestar a extranjeros que han incumplido una orden final de expulsión puede implicar tiempo y pasos operativos adicionales. Los costos reales de estos casos pueden superar el promedio del IEL.

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33. Las cantidades se redondean al dólar más cercano; como resultado, los subtotales y los totales pueden diferir de la suma de los componentes. Los costos del ciclo de vida se muestran en miles de dólares, indicados como ($k) en la tabla.

34. Datos de costos del ciclo de vida del año fiscal 2024. Para ajustar los costos en dólares de 2024 a dólares de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) multiplica los costos en dólares de 2024 por el cambio porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) de julio de 2024 (314.540) a julio de 2025 (323.048), un aumento del 2.705 por ciento. Para ajustar los costos de dólares de 2025 a dólares de 2026, en ausencia de datos del CPI-U para 2026, el DHS multiplica los costos en dólares de 2025 por el cambio mediano proyectado por el Comité Federal de Mercado Abierto de septiembre de 2025 en la inflación del Gasto de Consumo Personal (PCE) de 2026, un aumento del 2.6 por ciento. Como resultado, el DHS calcula que los costos en dólares de 2026 serán un 5.4 por ciento más altos que los costos en dólares de 2024. El DHS está utilizando esto en lugar de los datos disponibles del CPI. El DHS armonizará los futuros ajustes por inflación de conformidad con la Sección 100016(b)(2)(B) de la HR-1 a medida que estén disponibles los datos del CPI.

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35. Análisis de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional sobre datos de la EOIR a partir de octubre de 2025. Departamento de Justicia, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, Órdenes de Remoción en Ausencia, disponible en https://www.justice.gov/​eoir/​media/​1344881/​dl?​inline (consultado por última vez el 2 de octubre de 2025).

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36. Id.

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37. Orden Ejecutiva 14218, Poniendo Fin a la Subsidización por Parte de los Contribuyentes de las Fronteras Abiertas, 90 FR 10581 (25 de febrero de 2025) (“Para evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán y alimenten la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos, y para garantizar, en la mayor medida permitida por la ley, que ningún beneficio financiado por los contribuyentes vaya a extranjeros no calificados”).

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38. Ley Pública 119-21, secc. 100016(a).

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39. Véase la Orden Ejecutiva 14159, Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión, 90 FR 8443 (20 de enero de 2025).

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40. Véase INA 240(b)(5), 8 U.S.C. 1229a(b)(5); 8 CFR 1003.26(c).

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41. Véase el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), Hoja Informativa: Programa de Operaciones de Fugitivos del ICE, disponible en https://www.ice.gov/​doclib/​news/​library/​factsheets/​pdf/​fugops.pdf (consultado por última vez el 14 de enero de 2025).

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42. Véase INA 249, 8 U.S.C. 1259.

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43. Véase INA 240(b)(7), 8 U.S.C. 1229a(b)(7); INA 240A, 240B, 245, 248, 249; 8 U.S.C. 1229b, 1229c, 1255, 1258, 1259; véase también la Orden Ejecutiva 14159, Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión, 90 FR 8443 (20 de enero de 2025).

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44. INA 212(a)(6)(B); 8 U.S.C. 1182(a)(6)(B).

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45. Véase, por ejemplo, la Orden Ejecutiva 14161, Protegiendo a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, 90 FR 8451 (30 de enero de 2025).

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46. Véase Loper Bright Enterprises v. Ramando, 603 US 269 (2024) (que determinó que el Congreso puede haber, en algunos casos, delegado por ley a una agencia la autoridad para ejercer un grado de discrecionalidad).

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47. El DHS no considera que el Congreso haya tenido la intención de que el cobro de la tarifa propuesta en este NPRM se aplique retroactivamente a los extranjeros que hayan sido arrestados o removidos en ausencia antes de la promulgación de la HR-1. Por lo general, una agencia no puede implementar una norma con efecto retroactivo. Existe una presunción en contra de la retroactividad, de modo que “interpretamos las leyes como de aplicación prospectiva a menos que el Congreso haya instruido inequívocamente” lo contrario. Véase Cox v. Kijakazi, 77 F.4th 983, 991 (D.C. Cir. 2023) (citando a Vartelas v. Holder, 566 U.S. 257, 266 (2012)).

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48. El aviso de tarifas establece que un extranjero puede solicitar inspeccionar y copiar registros, y celebrar un acuerdo de reembolso razonable por escrito que sea aceptable para la agencia, para pagar esta deuda en cuotas.

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49. Véase INA 212(a)(6)(B), (9)(A)-(B), 8 U.S.C. 1182(a)(6)(B), (9)(A)-(B).

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50. Véase, por ejemplo, INA 212(a)(4), 8 U.S.C. 1182(a)(4).

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51. Véase Congress.gov, H.R.1, Ley para disponer la reconciliación conforme al título II de la H. Con. Res. 14, disponible en https://www.congress.gov/​bill/​119th-congress/​house-bill/​1/​all-actions?​s=​2&​r=​1&​hl=​One+​big+​beautiful+​bill (consultado por última vez el 30 de abril de 2026).

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52. Véase BLS, “Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all items, by month,” https://www.bls.gov/​cpi/​tables/​supplemental-files/​historical-cpi-u-202601.xlsx (visitado por última vez el 11 de marzo de 2026). Cálculo de la inflación: (1) Calcular el CPI-U mensual promedio del año de referencia (1995) y del año actual (2026); (2) Restar el CPI-U del año de referencia del CPI-U del año actual; (3) Dividir la diferencia entre el CPI-U del año de referencia y el CPI-U del año actual por el CPI-U del año de referencia; (4) Multiplicar por 100 = [(CPI-U mensual promedio de 2026 − CPI-U mensual promedio de 1995) ÷ (CPI-U mensual promedio de 1995)] × 100 = [(325.252 − 152.383) ÷ 152.383] = (171.671/ 152.383) = 1.134 × 100 = 113.443 por ciento = 113 por ciento (redondeado). Cálculo del valor ajustado por inflación: $100 millones en dólares de 1995 × 2.13 = $213 millones en dólares de 2026.

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53. DHS, Implementation of the National Environmental Policy Act, Directiva 023-01, Revisión 01 (31 de octubre de 2014).

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54. DHS, Implementation of the National Environmental Policy Act (NEPA), Manual de Instrucciones 023-01-001-01, Revisión 01 (6 de noviembre de 2014).

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55. Manual de Instrucciones 023-01-001-01 en V.B(2)(a) hasta (c) y Apéndice A en A-1 y A-2.

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[FR Doc. 2026-10082 Presentado 5-19-26; 8:45 am]

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