DOJ propone regla para que jueces de inmigración multen por desacato

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Los encabezados de documentos varían según el tipo de documento, pero pueden contener lo siguiente:

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(página impresa 47979)

Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, Departamento de Justicia.

Aviso de propuesta de reglamentación.

Este aviso de propuesta de reglamentación (“NPRM”, por sus siglas en inglés) implementaría una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA” o “la Ley”) que autoriza a los Jueces de Inmigración, conforme a los reglamentos prescritos por el Fiscal General, a sancionar mediante multa civil cualquier acción (u omisión) que constituya desacato al ejercicio adecuado de su autoridad por parte de ciertas personas. La norma: definiría el alcance de la facultad de sanción por desacato; establecería procedimientos para las determinaciones de desacato, las determinaciones de sanción y el pago de la sanción; establecería un proceso de apelación; e implementaría la supervisión del uso de la facultad de sanción por desacato. La norma también realizaría cambios de conformidad a los motivos para la disciplina de los profesionales.

Los comentarios electrónicos deben presentarse a más tardar el 28 de septiembre de 2026. El Sistema Electrónico de Gestión de Expedientes Federales, disponible en https://www.regulations.gov, aceptará comentarios electrónicos hasta las 11:59 p.m., hora del este, de esa fecha.

Si desea presentar comentarios sobre esta propuesta de reglamentación, debe enviar sus comentarios, identificados con el nombre de la agencia y la referencia RIN 1125-AB02 o el Expediente de EOIR No. EOIR-26-AB02, a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica (Federal eRulemaking Portal) en https://www.regulations.gov. El Sistema Electrónico de Gestión de Expedientes Federales (“FDMS”, por sus siglas en inglés) en https://www.regulations.gov aceptará comentarios electrónicos hasta el 28 de septiembre de 2026. Siga las instrucciones del sitio web para presentar comentarios. Los comentarios deben presentarse en inglés, o se debe proporcionar una traducción al inglés.

Los comentarios presentados de una manera distinta a través de https://www.regulations.gov no serán considerados como comentarios sobre la norma propuesta y es posible que EOIR no les dé respuesta. EOIR no está aceptando comentarios por correo postal en este momento.

Si no puede presentar su comentario utilizando https://www.regulations.gov, comuníquese con Jamee E. Comans, Subdirectora de Política, Oficina de Política, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, por teléfono al (703) 305-0289 (llamada no gratuita) para obtener instrucciones alternativas.

De conformidad con 5 U.S.C. 553(b)(4), hay disponible un resumen en lenguaje claro de la norma propuesta en el expediente de reglamentación en https://www.regulations.gov.

Jamee E. Comans, Subdirectora, Oficina de Política, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, 5107 Leesburg Pike, Suite 2500, Falls Church, Virginia 22041, teléfono (703) 305-0289 (llamada no gratuita).

Se invita a las personas interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos, opiniones o argumentos por escrito sobre todos los aspectos de la norma propuesta, a través del método y antes de la fecha límite indicados anteriormente. El Departamento de Justicia (“el Departamento”) también invita a presentar comentarios relacionados con los efectos económicos, ambientales o de federalismo que pudieran derivarse de la norma propuesta. Los comentarios que brindarán mayor utilidad al Departamento harán referencia a una parte específica de la norma propuesta, explicarán el motivo de cualquier cambio recomendado, e incluirán datos, información o autoridad que respalde dicho cambio recomendado.

Tenga en cuenta que todos los comentarios recibidos se consideran parte del registro público y se ponen a disposición para inspección pública en https://www.regulations.gov. Dicha información incluye información de identificación personal (como su nombre, dirección, etc.) que el comentarista haya presentado de manera voluntaria.

Si desea presentar información de identificación personal (como su nombre, dirección, etc.) como parte de su comentario, pero no desea que se publique en línea, debe incluir la frase “INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL” en el primer párrafo de su comentario e identificar qué información desea que se oculte.

Si desea presentar información comercial confidencial como parte de su comentario, pero no desea que se publique en línea, debe incluir la frase “CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION” (información comercial confidencial) en el primer párrafo de su comentario. También debe identificar de manera destacada la información comercial confidencial que debe ser redactada dentro del comentario. Si un comentario contiene tanta información comercial confidencial que no puede ser redactada de manera efectiva, la totalidad o parte de ese comentario podría no ser publicada en https://www.regulations.gov.

La información de identificación personal ubicada según lo indicado anteriormente se colocará en el expediente público de la agencia, pero no se publicará en línea. La información comercial confidencial identificada y ubicada según lo indicado anteriormente no se colocará en el expediente público. El Departamento podrá retener de la vista pública la información proporcionada en los comentarios que determine que puede afectar la privacidad de una persona o que resulte ofensiva. Para obtener información adicional, lea el aviso de la Ley de Privacidad disponible a través del enlace en el pie de página de https://www.regulations.gov. Para inspeccionar el expediente público de la agencia en persona, debe programar una cita con la agencia. Consulte el párrafo PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A que aparece anteriormente para obtener la información de contacto de la agencia.

El Departamento emite este Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM, por sus siglas en inglés) de conformidad con la sección 103(g) de la INA, 8 U.S.C. 1103(g), según enmendada por la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (“HSA”, por sus siglas en inglés), Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135. Conforme a la HSA, el Fiscal General conserva la autoridad para “establecer las regulaciones... emitir las instrucciones, revisar las determinaciones administrativas en los procedimientos de inmigración, delegar dicha autoridad y realizar los demás actos que el Fiscal General determine necesarios para llevar a cabo” los deberes del Fiscal General conforme a la (página impresa 47980) INA. HSA 1102, 116 Stat. en 2273-74; INA 103(g)(2), 8 U.S.C. 1103(g)(2).

Además, la INA autoriza explícitamente al Fiscal General para prescribir regulaciones relacionadas con la autoridad de los Jueces de Inmigración para imponer sanciones económicas civiles por cualquier acción u omisión que constituya desacato durante el curso de los procedimientos de expulsión conforme a la sección 240 de la INA, 8 U.S.C. 1229a. INA 240(b)(1), 8 U.S.C. 1229a(b)(1).

En 1996, el Congreso codificó la autoridad de los Jueces de Inmigración para sancionar acciones u omisiones constitutivas de desacato mediante la imposición de sanciones económicas civiles. Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996, Ley Pública 104-208, 304, 110 Stat. 3009, 3009-589; véase INA 240(b)(1), 8 U.S.C. 1229a(b)(1). Sin embargo, el estatuto exige que el Fiscal General promulgue regulaciones para definir y delinear dicha autoridad estatutaria.

En 2006, el entonces Fiscal General Alberto Gonzales anunció medidas diseñadas para mejorar el desempeño de los Tribunales de Inmigración y de la Junta de Apelaciones de Inmigración (“Junta”). Una de esas medidas ordenó a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) “redactar una nueva norma propuesta que cree una autoridad estrictamente definida y claramente delineada para sancionar mediante una multa civil una acción (u omisión) de desacato al ejercicio adecuado de la autoridad de un juez de inmigración.” [1] El Fiscal General Gonzales anunció esta medida porque “los jueces de inmigración deben contar con las herramientas necesarias para controlar sus salas de audiencia y para proteger el sistema de adjudicación contra el fraude y el abuso.” [2]

A pesar de la instrucción del Fiscal General Gonzales y de los esfuerzos del Departamento a lo largo del tiempo, el Departamento no ha publicado una reglamentación que implemente “una autoridad estrictamente definida y claramente delineada” para que los Jueces de Inmigración impongan una sanción económica civil como castigo por conducta de desacato. El Departamento ha adoptado regulaciones que establecen normas de conducta profesional para el ejercicio ante la EOIR, véase 8 CFR 1003.101-.111, pero ese proceso disciplinario es iniciado y dirigido por el consejero disciplinario de la EOIR. Véase en general 8 CFR 1003.105 (donde se detalla el proceso disciplinario). Por lo tanto, no existen mecanismos actuales para que los Jueces de Inmigración que presiden los procedimientos impongan sanciones cuando una persona incurre en conducta de desacato; si un abogado o representante acreditado incurre en conducta de desacato, el Juez de Inmigración está limitado a presentar una queja disciplinaria de la misma manera que los miembros del público en general. Véase 8 CFR 1003.104(a)(1).

Ahora, el Departamento está emitiendo este NPRM (aviso de propuesta de reglamentación), el cual, de finalizarse, implementaría la facultad de sanción por desacato prevista para los Jueces de Inmigración en virtud de la sección 240(b)(1) de la INA, 8 U.S.C. 1229a(b)(1). La implementación de la facultad de los Jueces de Inmigración para sancionar conductas contumaces mediante una multa civil honrará el marco previsto por el Congreso para que los Jueces de Inmigración controlen los procedimientos ante ellos y ayudará a disuadir conductas perjudiciales que puedan afectar dichos procedimientos.

El Departamento propone agregar la Subparte H, Multa Civil por Conducta Contumaz ante un Juez de Inmigración, al Título 8, Capítulo V, Parte 1003 del Código de Reglamentos Federales. Dentro de esta subparte, el Departamento propone: (1) explicar el propósito y la naturaleza excepcional de la multa civil; (2) describir a las personas a quienes se les puede ordenar pagar una multa civil; (3) delinear los tipos de conducta contumaz que pueden resultar en la imposición de una multa civil; (4) proporcionar normas procesales para que el Juez de Inmigración, la persona y el Juez de Inmigración en Jefe las sigan al considerar los asuntos de desacato; (5) autorizar y proporcionar normas para las apelaciones ante la Junta; (6) proporcionar lineamientos para el pago de multas civiles, incluidas las consecuencias por no pagar; y (7) garantizar la supervisión por parte de la administración de EOIR, principalmente por el Juez de Inmigración en Jefe, del uso que los Jueces de Inmigración hagan de su facultad de sanción por desacato.

Esta regla propone reglamentos que permitirían a los Jueces de Inmigración usar la facultad de sanción por desacato que el Congreso les otorgó hace casi 30 años. Véase INA 240(b)(1), 8 U.S.C. 1229a(b)(1); 8 CFR 1003.121 (propuesto). Sigue siendo el caso que los Jueces de Inmigración deberían contar con esta importante herramienta “para controlar sus salas de audiencia y proteger el sistema de adjudicación del fraude y el abuso”.[3] A pesar de la decisión del Congreso de otorgar la facultad de sanción por desacato como herramienta para los Jueces de Inmigración, la ausencia de reglamentos de implementación significa que los Jueces de Inmigración actualmente no pueden usar esta facultad de sanción por desacato para ayudar a conducir y gestionar de manera eficiente los procedimientos de expulsión. Si bien la intención del Departamento de emitir reglamentos para definir y delinear la facultad de sanción por desacato es de larga data,[4] ahora es imperativo hacerlo para garantizar que los Jueces de Inmigración puedan ejercer la facultad de sanción por desacato para gestionar de manera eficiente los procedimientos de expulsión. De hecho, EOIR actualmente tiene un atraso de más de 3.5 millones de casos.[5] Dado el alcance de este atraso, es crucial que los Jueces de Inmigración cuenten con todas las herramientas disponibles, incluida la facultad de imponer multas civiles, para controlar los procedimientos ante ellos y abordar y disuadir conductas que impidan la finalización eficiente de los procedimientos de expulsión.

Además, aparte de implementar la facultad estatutaria de un Juez de Inmigración, dicha medida es coherente con el objetivo de la Administración de combatir el fraude y el abuso de los procesos legales, incluso en el sistema de inmigración, lo cual puede ocasionar demoras en la adjudicación de los casos ante la agencia.[6] En consecuencia, de finalizarse, la regla propuesta ayudará a promover la adjudicación justa, eficiente y uniforme de los procedimientos de inmigración al permitir que los Jueces de Inmigración usen multas civiles para disuadir conductas que retrasen, interrumpan u obstruyan el curso debido de los procedimientos de inmigración. 8 CFR 1003.122(a) (propuesto).

La regla propuesta define las tres categorías de personas sobre las cuales se puede imponer una multa civil. Véase 8 CFR 1003.123(a) (propuesto). Específicamente, la regla propuesta permitiría imponer una multa civil ( página impresa 47981) a las siguientes personas directamente vinculadas con los procedimientos ante el Tribunal de Inmigración: (1) un abogado (según se define en 8 CFR 1001.1(f)) o representante (según se define en 8 CFR 1001.1(j)) que haya presentado ante el Tribunal de Inmigración ya sea un Aviso de Comparecencia como Abogado o Representante ante el Tribunal de Inmigración (Formulario EOIR-28) o un Aviso de Comparecencia Limitada para Asistencia Documental ante el Tribunal de Inmigración (Formulario EOIR-61); (2) extranjeros que sean objeto de los procedimientos ante el Juez de Inmigración; y (3) testigos en cualquier procedimiento judicial ante el Juez de Inmigración,[7] que no sean testigos que sean empleados o contratistas actuales del gobierno federal que actúen en su capacidad oficial. Id.

Conforme a la norma propuesta, un Juez de Inmigración no podría proponer una sanción económica civil a ninguna otra categoría de persona, incluidos los abogados que actúen en su capacidad oficial representando al Gobierno Federal. Véase 8 CFR 1003.123(b) (“Personas no sujetas a sanciones económicas civiles.”) (propuesto). Esta exclusión es análoga al enfoque de las normas disciplinarias de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Véase 8 CFR 1003.101(b) (que excluye a los profesionales que representan al gobierno de la autoridad de la EOIR para imponer sanciones disciplinarias por mala conducta de abogados). Es importante señalar que los abogados gubernamentales que comparecen ante el Tribunal de Inmigración están sujetos a la jurisdicción de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”) y, si corresponde, serán sancionados conforme a los procedimientos de disciplina de abogados del DHS. Véase 8 CFR 292.3(i). Además, el Departamento se muestra cauteloso de crear una estructura regulatoria en la que una agencia del Poder Ejecutivo pueda imponer sanciones económicas a personas que participan en la representación oficial de otra agencia del Poder Ejecutivo. Véase 5 CFR 2635.106(b) (“Es responsabilidad de la agencia empleadora iniciar la acción disciplinaria o correctiva apropiada en casos individuales.”).

Por las mismas razones, el Departamento no propone aplicar sanciones económicas civiles a los testigos que sean empleados o contratistas actuales del Gobierno Federal que actúen en su capacidad oficial. Cualquier conducta de desacato que de otro modo pudiera cometer dicho personal o contratistas federales en su capacidad oficial debe ser abordada de manera más apropiada por su agencia empleadora o contratante.

El Departamento propone autorizar a los Jueces de Inmigración a proponer una sanción económica civil como medida sancionadora únicamente para tipos específicos de conducta de desacato. Véase 8 CFR 1003.124 (propuesto). Específicamente, los únicos cinco tipos de conducta que estarían sujetos a una sanción económica civil conforme a la norma propuesta son: (1) la falta reiterada de los abogados y representantes de comparecer o de comparecer puntualmente a audiencias programadas o conferencias previas a la audiencia, incluidas aquellas realizadas por teléfono o videoconferencia, sin causa justificada; (2) el incumplimiento reiterado de las órdenes del Juez de Inmigración de presentar oportunamente escritos, solicitudes, declaraciones previas a la audiencia, presentaciones de pruebas o cualquier otro documento, sin causa justificada; (3) comportamiento o lenguaje desordenado o abusivo dentro y alrededor de la sala del tribunal y ante el Juez de Inmigración, o lenguaje abusivo en cualquier presentación ante el Tribunal de Inmigración; (4) hacer, de manera consciente o imprudente, una declaración falsa sobre un hecho material o el derecho, u ofrecer de manera consciente o imprudente pruebas falsas, y, en el caso de abogados y representantes, no tomar las medidas correctivas apropiadas después de tener conocimiento de la falsedad de declaraciones o pruebas materiales anteriores; y (5) engañar, informar erróneamente, amenazar o engañar de manera deliberada a cualquier persona (incluida una parte en un caso o un funcionario o empleado del Departamento), respecto de cualquier asunto relevante relacionado con un caso. 8 CFR 1003.124(a)(1)-(5) (propuesto). Tanto las acciones como las omisiones pueden constituir conducta de desacato. Véase 8 CFR 1003.124(b) (propuesto).

Al determinar si existe causa justificada para la falta de comparecencia o de comparecencia puntual, 8 CFR 1003.124(a)(1) (propuesto), o para el incumplimiento de las órdenes de presentación, 8 CFR 1003.124(a)(2) (propuesto), la norma propuesta exigiría que el adjudicador considere toda la información pertinente, de manera similar a otros usos del estándar de “causa justificada” en los procedimientos de inmigración. Véase, por ejemplo, Dugboe v. Holder, 644 F.3d 462, 471 (6th Cir. 2011) (en el que se aplica una prueba de ponderación de múltiples factores al resolver una solicitud de cambio de sede conforme al estándar de “causa justificada”); Matter of L-A-B-R-, 27 I&N Dec. 405, 406 (A.G. 2018) (en el que se aplica un “análisis de múltiples factores” al resolver una solicitud de aplazamiento conforme al estándar de “causa justificada”).

Al considerar si un abogado o representante incurre de manera repetida en no comparecer o no comparecer puntualmente a las audiencias, según lo establecido en el 8 CFR 1003.124(a)(1) (propuesto), los factores probablemente pertinentes incluirían, entre otros, si se proporcionó la notificación adecuada de la audiencia; si hubo dificultades técnicas en caso de comparecer por teléfono o videoconferencia; problemas médicos o familiares de emergencia; o problemas de transporte que excedan el tráfico normal, tales como los problemas resultantes de condiciones climáticas severas, entre otros. Al considerar si una persona incurre de manera repetida en no presentar oportunamente documentos conforme a una orden del Juez de Inmigración, según lo establecido en el 8 CFR 1003.124(a)(2) (propuesto), los factores probablemente pertinentes incluirían, entre otros, dificultades técnicas con la presentación en caso de presentación electrónica; problemas médicos o familiares de emergencia; u otros factores externos similares que impidieron de manera repetida que la persona presentara documentos conforme a la orden del Juez de Inmigración.

De manera similar, el término "incumplimiento reiterado", tal como se utiliza en el 8 CFR 1003.124(a)(1) y (2) (propuesto), tiene la intención de abarcar los incumplimientos persistentes y sostenidos que retrasan, interrumpen u obstruyen el proceso de adjudicación. Los Jueces de Inmigración considerarían el número total de incumplimientos, su proximidad entre sí, la gravedad de los incumplimientos (por ejemplo, si el incumplimiento consiste en llegar unos minutos tarde en comparación con no comparecer en absoluto), y el grado de perjuicio real a la conducción de los procedimientos, así como cualquier otro factor pertinente. El Departamento espera que, por lo general, un abogado o representante no enfrente este tipo de factores externos de manera habitual, de modo que resulte en demoras o ausencias injustificadas reiteradas.

Adicionalmente, el "comportamiento o lenguaje desordenado o abusivo dentro y en los alrededores de la sala de audiencias y ante el Juez de Inmigración", según lo establecido en el 8 CFR 1003.124(a)(3) (propuesto), incluye, entre otros, el comportamiento o lenguaje que impugna la integridad del tribunal, que difama injustamente la competencia o imparcialidad del Juez de Inmigración que preside, que es difamatorio o calumnioso, o que aborda de manera inapropiada a cualquier persona en la sala de audiencias. 8 Véase 8 CFR 1003.124(a)(3) (propuesto). Este tipo de lenguaje abusivo en cualquier presentación ante el Tribunal de Inmigración también constituye una conducta sancionable. Id.

El cuarto tipo de conducta sancionable incluye realizar, a sabiendas o de manera imprudente, una declaración falsa de un hecho o de derecho material, u ofrecer pruebas falsas. Véase 8 CFR 1003.124(a)(4) (página impresa 47982) (propuesto). Es importante destacar que, para los abogados y representantes, no tomar las medidas correctivas apropiadas después de recibir notificación de dicha falsedad, o cuando el abogado o representante razonablemente debería haber tenido conocimiento de la falsedad, ya sea de una declaración anterior de derecho o hecho material o de pruebas materiales ofrecidas anteriormente, abarca la misma conducta que es sancionable para los profesionales conforme al 8 CFR 1003.102(c).[9] Id.

El último tipo de conducta sancionable propuesto por la norma incluye engañar, desinformar, amenazar o confundir deliberadamente a cualquier persona (incluida una parte en un caso o un funcionario o empleado del Departamento), con respecto a cualquier asunto pertinente relacionado con un caso, y se aplica a cualquier persona que pueda estar sujeta a sanciones mediante multa civil pecuniaria. 8 CFR 1003.124(a)(5) (propuesto).

En general, estas formas sancionables de conducta interfieren directamente con la capacidad de los Tribunales de Inmigración para llevar a cabo los procedimientos de manera justa y eficiente. Para garantizar que la facultad de desacato funcione para promover la adjudicación eficiente y justa de los procedimientos, la norma propuesta especifica que un Juez de Inmigración solo podrá iniciar el proceso propuesto de multa civil pecuniaria si el Juez de Inmigración realiza una determinación prima facie, basada en las circunstancias del caso, de que la conducta imputada efectivamente retrasó, interrumpió u obstruyó el proceso de adjudicación. 8 CFR 1003.124(a) (propuesto).

Al igual que los estándares aplicados en los tribunales federales, estos estándares son aplicables a la conducta que ocurre dentro o fuera de la sala de audiencias. Véase 18 U.S.C. 401 (que autoriza a un tribunal a sancionar la mala conducta que ocurre "en su presencia o tan cerca de ella que obstruya la administración de justicia", por "[m]ala conducta de cualquiera de sus funcionarios en sus transacciones oficiales", y por "[d]esobediencia o resistencia a su auto, proceso, orden, regla, decreto o mandato legal"); véase también Int'l Union, United Mine Workers of Am. v. Bagwell, 512 U.S. 821, 833 (1994) (que explica que cierta conducta de desacato que ocurre fuera de la sala de audiencias "impide la capacidad del tribunal para resolver los procedimientos ante él y, por lo tanto, toca la justificación central del poder de desacato"). En esta norma propuesta, por ejemplo, el comportamiento desordenado o abusivo puede ocurrir en la sala de espera del tribunal, el pasillo o en la ventanilla de presentación de documentos. El lenguaje desordenado o abusivo en los escritos presentados también puede servir como base para sanciones.

El Departamento también propone un proceso detallado que los jueces de inmigración deben seguir para imponer sanciones por conducta contumaz mediante multa civil. Véase 8 CFR 1003.125 ("Advertencia requerida antes de iniciar el proceso de multa civil"); 1003.126 ("Inicio del proceso de multa civil"); y 1003.127 ("Decisión del Juez de Inmigración en Jefe o su designado") (propuesto). Estos procedimientos propuestos aseguran que la imposición de una multa civil se utilice como una herramienta excepcional que debe invocarse raramente. Véase, por ejemplo, Nelson v. Steiner, 279 F.2d 944, 948 (7th Cir. 1960) ("El poder de sancionar por desacato debe usarse con moderación . . ." (cita omitida)).

En general, la norma propuesta exige que el Juez de Inmigración proporcione a la persona cubierta una advertencia clara e inequívoca de que ha ocurrido una infracción antes de iniciar el proceso de multa civil. 8 CFR 1003.125(a) (propuesto); cf. Fed. R. Crim. P. 42(a)(1) (se aplica el requisito de notificación). Si la persona cubierta incurre en la misma mala conducta dentro de un año a partir de la fecha de emisión de la advertencia, no se requiere ninguna advertencia adicional antes de iniciar el proceso de multa civil. 8 CFR 1003.125(a), 1003.126(a) (propuesto).

Procedimentalmente, el Juez de Inmigración proporcionará una advertencia oral o escrita, dependiendo de si la persona está presente ante el Juez de Inmigración cuando ocurre la conducta. 8 CFR 1003.125(b) (propuesto). Si se da una advertencia oral, el Juez de Inmigración debe dejar constancia por escrito de la advertencia tan pronto como sea posible. Id. Cualquier advertencia escrita o constancia escrita de una advertencia oral será luego notificada a la persona. Id.

En cuanto al contenido, la advertencia debe describir la conducta específica; explicar por qué la conducta es sancionable conforme a las regulaciones de desacato aplicables; notificar a la persona que continuar incurriendo en la misma conducta puede resultar en el inicio de procedimientos de desacato y la imposición de una multa civil; y notificar a la persona que puede responder a la advertencia dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la advertencia. 8 CFR 1003.125(c), (d) (propuesto).

Esta advertencia asegurará que la persona reciba una notificación clara e inequívoca de su conducta y de los efectos potenciales de continuar con dicha conducta. 8 CFR 1003.125(a), (c) (propuesto). Para lograr este propósito, el Juez de Inmigración debe proporcionar la advertencia lo más cerca posible en el tiempo, dentro de lo razonable, a la conducta contumaz. 8 CFR 1003.125(a)-(b) (propuesto). Además, la advertencia del Juez de Inmigración debe detallar la conducta específica que ha ocurrido, y una orden permanente o una discusión genérica no vinculada a la conducta específica en cuestión no satisface el requisito de una advertencia conforme a esta norma propuesta.[10] 8 CFR 1003.125(c)(1) (propuesto).

Una vez que se haya emitido una advertencia, la persona podrá, pero no estará obligada a, responder a la advertencia del Juez de Inmigración, ya sea oralmente en el expediente en el momento de la advertencia o por escrito dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la advertencia. 8 CFR 1003.125(d) (propuesto). Dicha respuesta, de haberla, se incluirá en el Expediente del Procedimiento (Record of Proceeding) correspondiente al caso en el que haya ocurrido la conducta contumaz, así como en el Expediente del Procedimiento separado por desacato, en caso de que posteriormente se inicie el proceso de sanción monetaria civil. 11 Id. Cualquier respuesta contumaz a una advertencia también podrá ser suficiente para (página impresa 47983) iniciar el proceso de sanción monetaria civil. Id.

Si la persona continúa incurriendo en la misma conducta contumaz después de haberse emitido la advertencia, la norma propuesta exige que el Juez de Inmigración haga una constancia en el expediente, la cual puede consistir en una declaración oral en el expediente o una declaración por escrito agregada al Expediente del Procedimiento, de que dicha conducta ha continuado ocurriendo. 8 CFR 1003.125(e) (propuesto).

Además, la advertencia no se limitaría al procedimiento particular en el que ocurrió la conducta contumaz inicial, sino que, por el contrario, se aplicaría a todos los procedimientos futuros. 8 CFR 1003.125(a) (propuesto). Por ejemplo, si un Juez de Inmigración emite una advertencia a una persona por incurrir en conducta contumaz y ese caso posteriormente cambia de sede a otro Tribunal de Inmigración, esa advertencia (la cual habrá sido realizada o registrada por escrito y contenida dentro del Expediente del Procedimiento del caso subyacente) seguiría siendo un fundamento válido para el inicio del proceso de sanción monetaria civil en el nuevo Tribunal de Inmigración si la persona continúa incurriendo en la misma conducta contumaz que fue objeto de la advertencia. Véase id. De manera similar, como otro ejemplo, si se advierte a una persona sobre el uso de lenguaje abusivo conforme al § 1003.124(a)(3) (propuesto) en un procedimiento específico, esa advertencia sería efectiva para cualquier conducta abusiva adicional conforme al § 1003.124(a)(3) (propuesto) por parte de esa persona en cualquier otro procedimiento, incluso en procedimientos no relacionados con el inicial.

Asimismo, conforme al § 1003.125(a) (propuesto), el Juez de Inmigración no estará obligado a emitir una advertencia cuando se haya emitido previamente una orden que imponga una sanción monetaria civil a una persona cubierta por continuar incurriendo en el mismo tipo de conducta contumaz. En tales casos, la orden previa servirá como advertencia para la imposición de futuras sanciones monetarias civiles si la persona continúa incurriendo en la misma conducta dentro del plazo de un año a partir de la orden previa.

Si, después de emitir una advertencia, el Juez de Inmigración hace una constancia en el expediente de conducta contumaz continuada, el Juez de Inmigración podrá iniciar el proceso de sanción monetaria civil. Véase 8 CFR 1003.126(a) (propuesto).

Conforme a la norma propuesta, el Juez de Inmigración inicia el proceso de sanción monetaria civil notificando a la persona un Aviso de Intención de Imponer una Sanción Monetaria Civil (“Aviso de CMP”). 8 CFR 1003.126(b)(1) (propuesto). El Aviso de CMP podrá notificarse a la persona mediante notificación personal o por correo, y si la persona es un profesional que ejerce ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), el Aviso de CMP también podrá notificarse electrónicamente utilizando la dirección de correo electrónico del profesional proporcionada a través de eRegistry. Id. Este proceso debe iniciarse tan pronto como sea posible después de una constancia en el expediente de conducta contumaz continuada, y en ningún caso más tarde de un año después de la advertencia relacionada más reciente. 8 CFR 1003.126(a) (propuesto).

El Aviso de CMP debe incluir los siguientes elementos: (1) el nombre y la dirección de la persona; (2) una descripción fáctica de la conducta en cuestión; (3) el cargo o cargos alegados de conducta contumaz; (4) una explicación de cómo la conducta en cuestión retrasó, interrumpió u obstruyó el proceso de adjudicación; (5) una breve descripción de cualquier advertencia(s) proporcionada(s); y (6) el monto de la sanción monetaria civil propuesto por el Juez de Inmigración. 8 CFR 1003.126(b)(2) (propuesto).

El Aviso de CMP también informará a la persona sobre los procedimientos del proceso de sanción monetaria civil. 8 CFR 1003.126(b)(3) (propuesto). Esto incluirá informar a la persona que el asunto está siendo remitido al Juez de Inmigración en Jefe para una decisión y que tiene derecho a presentar una respuesta ante el Juez de Inmigración en Jefe dentro de los 30 días posteriores a la emisión del Aviso de CMP; el derecho a presentar una moción para extender el plazo de respuesta hasta por 7 días por causa justificada; y el derecho a ser representado a expensas propias de la persona. 8 CFR 1003.126(b)(3)(i)-(iv) (propuesto). Se requerirá que la respuesta de la persona incluya la siguiente información: (1) el nombre de la persona; (2) el número de caso del procedimiento de desacato; (3) el número de registro de extranjero (número A) de la persona [12] o su número de identificación de EOIR (si lo tiene); [13] (4) las direcciones físicas y de correo electrónico actuales de la persona; (5) la posición de la persona respecto a los cargos en el Aviso de CMP; y (6) cualquier prueba escrita o documental que la persona desee presentar en apoyo de su posición. 8 CFR 1003.126(d) (propuesto). El Aviso de CMP, cualquier respuesta al Aviso de CMP, y las presentaciones relacionadas se incluirán en el Expediente del Procedimiento de desacato. 8 CFR 1003.126(e) (propuesto).

La inclusión en la regla propuesta de este período de respuesta de 30 días, así como los requisitos de advertencia previa y del Aviso de CMP, garantizará que a la persona se le proporcione notificación de la conducta de desacato y una oportunidad de ser escuchada. Véase en general Mullane v. Cent. Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306, 313 (1950) (que explica que la notificación y la oportunidad de ser escuchado deben ser “apropiadas a la naturaleza del caso”). Estos procedimientos de desacato no están “requeridos por estatuto para ser determinados en el expediente tras la oportunidad de una audiencia administrativa” y, por lo tanto, no están sujetos a los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo para adjudicaciones formales conforme a 5 U.S.C. 554, 556-57. De conformidad con INA 240(b)(1), 8 U.S.C. 1229a(b)(1) (que no exige procedimientos de audiencia específicos para la autoridad de desacato de los Jueces de Inmigración). Sin embargo, la regla propuesta cumple con los principios generales del debido proceso, que requieren, como mínimo, notificación y una oportunidad de responder. Véase Mullane, 339 U.S. en 314. El Aviso de CMP garantizará que la persona sea informada de las acusaciones en su contra. El Aviso de CMP también informará a la persona que tiene derecho a representación sin costo alguno para el gobierno, por un abogado u otro representante. 8 CFR 1003.126(b)(3)(iv) (propuesto).

Adicionalmente, para determinar el monto de la sanción para el Aviso de CMP, la regla propuesta establece una tabla de sanciones y los factores pertinentes que el Juez de Inmigración debe considerar. Véase 8 CFR 1003.126(c) (propuesto).

Por último, la regla propuesta exige que todas las presentaciones realizadas por la persona cumplan con los procedimientos de presentación existentes del Tribunal de Inmigración. Véase 8 CFR 1003.126(f) (propuesto); véase también 8 CFR 1003.31-33 (que exige ciertos tamaños de documentos y el uso del idioma inglés o su traducción, entre otros requisitos).

Conforme a la regla propuesta, las decisiones sobre las sanciones monetarias civiles serían tomadas por el Juez de Inmigración en Jefe o su designado. La jurisdicción se otorga, (página impresa 47984) incluyendo sobre todas las mociones presentadas, al Juez de Inmigración en Jefe una vez que el Aviso de CMP le es remitido. 8 CFR 1003.127(a) (propuesto). El Juez de Inmigración en Jefe no podrá remitir nuevamente el Aviso de CMP al Juez de Inmigración. 8 CFR 1003.127(b) (propuesto).

Una vez que la persona presenta una respuesta al Aviso de CMP, o que expira el período de respuesta de 30 días, el Juez de Inmigración en Jefe emitirá entonces una decisión por escrito que determine si existe prueba clara y convincente de que la persona incurrió en una conducta de desacato que retrasó, interrumpió u obstruyó el proceso de adjudicación. Véase 8 CFR 1003.127(b)-(d) (propuesto). El Juez de Inmigración en Jefe únicamente podrá emitir una orden declarando a la persona en desacato e imponiendo una sanción monetaria civil si la prueba clara y convincente demuestra: (1) que la persona acusada es una persona cubierta contra la cual se puede imponer una sanción monetaria civil; (2) que la conducta descrita en el Aviso de CMP efectivamente ocurrió; (3) que la conducta descrita en el Aviso de CMP se encuentra dentro del alcance de 8 CFR 1003.124(a) (propuesto); y (4) que el Juez de Inmigración proporcionó debidamente una advertencia, tiempo para responder a la advertencia, y el Aviso de CMP. 8 CFR 1003.127(d)(1) (propuesto).

Al tomar esta decisión, la norma propuesta limita la capacidad del Juez de Inmigración en Jefe para realizar determinaciones de hechos adicionales, al permitir únicamente la consideración del Expediente de Procedimiento de desacato según se describe en el § 1003.126(e) (propuesto). 8 CFR 1003.127(b) (propuesto).

Si el Juez de Inmigración en Jefe determina que se cumplieron estos requisitos, la orden deberá especificar el monto de la sanción monetaria civil impuesta y proporcionar instrucciones respecto al pago de la sanción. 8 CFR 1003.127(d)(2) (propuesto). Si, por el contrario, el Juez de Inmigración en Jefe determina que la evidencia es insuficiente para imponer una sanción monetaria civil, el Juez de Inmigración en Jefe emitirá una orden que desestime el Aviso de CMP con prejuicio, y no se proporcionará ninguna revisión adicional. 8 CFR 1003.127(d)(3)-(4) (propuesto).

El Juez de Inmigración en Jefe o su delegado deberá notificar una copia de su orden a la persona o, si está representada, al abogado o representante de la persona. 8 CFR 1003.127(d)(5) (propuesto). Si la persona está representada por un abogado o representante, la orden del Juez de Inmigración en Jefe se notificará electrónicamente utilizando la dirección de correo electrónico que el abogado o representante de la persona haya proporcionado a través de eRegistry. Id. Si la persona no está representada, la orden del Juez de Inmigración en Jefe podrá notificarse a la persona mediante notificación personal o por correo postal. Id. Si la persona no representada es un profesional que ejerce ante EOIR, la notificación también podrá realizarse electrónicamente utilizando la dirección de correo electrónico del profesional proporcionada a través de eRegistry. Id. Estos métodos de notificación son congruentes con la práctica general de EOIR. Véase 8 CFR 1003.32(b); 8 CFR 1003.37.

El Juez de Inmigración en Jefe también podrá designar a un Juez de Inmigración en Jefe Adjunto permanente para que lleve a cabo dicha revisión en su lugar, siempre que dicho designado (1) no sea el supervisor directo actual del Juez de Inmigración que emitió el Aviso de CMP; y (2) no esté realizando una revisión que involucre a un extranjero que haya comparecido previamente en procedimientos de inmigración ante el designado. 8 CFR 1003.127(a) (propuesto). Si el Juez de Inmigración en Jefe es el Juez de Inmigración que emitió el Aviso de CMP, el Director de EOIR designará a un adjudicador superior fuera de la Oficina del Juez de Inmigración en Jefe para que tome una decisión. Id.

En todos los casos, la sanción monetaria civil ordenada se basará en el cuadro de sanciones incluido en la norma propuesta. Véase 8 CFR 1003.126(c)(1) (propuesto). Después de considerar todos los factores pertinentes, el Juez de Inmigración en Jefe podrá emitir una sanción por un monto conforme a los siguientes rangos: $1,000 a $1,500 para una primera orden de desacato; $1,500 a $2,500 para una segunda orden de desacato; y $2,500 a $3,500 para cualquier orden de desacato subsiguiente. Id. El Departamento considera que estos montos reflejan adecuadamente los importantes propósitos que cumple la autoridad legal de desacato; son suficientes, en combinación con otras sanciones y procedimientos que puedan estar disponibles conforme a las leyes y normas vigentes, para disuadir los tipos de conducta de desacato contemplados en esta norma propuesta; y solo pueden emitirse en el contexto de las importantes protecciones procesales establecidas, incluyendo advertencias oficiales, un proceso de sanción civil y la disponibilidad de apelación administrativa.

Estos rangos también permitirán que el monto de la sanción se ajuste adecuadamente a la conducta en cuestión. Los factores pertinentes que se deben considerar incluyen el número de infracciones, el daño resultante de la conducta sancionable, la naturaleza notable de la conducta y el efecto disuasorio de la sanción. 8 CFR 1003.126(c)(2) (propuesto). Al ordenar una sanción monetaria civil, el Juez de Inmigración en Jefe no podrá aumentar el monto de la sanción indicado en el Aviso de CMP. 8 CFR 1003.127(d)(2) (propuesto).

El Departamento consideró dejar los montos de las sanciones monetarias civiles a la discreción del Juez de Inmigración, de manera similar a la discreción que se otorga a los jueces de los tribunales federales. Véase en general Paramedics Electromedicina Comercial, Ltda v. GE Med. Sys. Info. Techs., Inc., 369 F.3d 645, 657 (2d Cir. 2004) (señalando que, para efectos de desacato civil, los jueces tienen "amplia discreción" para establecer una sanción que obligue al cumplimiento). Sin embargo, el Departamento determinó que proporcionar un cuadro de sanciones de aplicación general promoverá mejor la coherencia entre los Tribunales de Inmigración.

Por separado, el Departamento señala que, en el futuro, revisará los montos de las sanciones para determinar cualquier posible ajuste adicional, incluso de manera periódica para tener en cuenta la inflación. Véase la Ley de Ajuste por Inflación de las Sanciones Monetarias Civiles Federales de 1990 (Federal Civil Monetary Penalties Inflation Adjustment Act of 1990), Ley Pública 101-410, sec. 4, en su versión modificada, (nota de 28 U.S.C. 2461) (que exige a las agencias federales ajustar las sanciones establecidas por ley para tener en cuenta la inflación anualmente a fin de mantener su efecto disuasorio).

La norma propuesta incluye un proceso de apelación para proporcionar una capa adicional de protección procesal a las personas declaradas en desacato. Véase 8 CFR 1003.128 ("Apelaciones") (propuesto). Tras la orden del Juez de Inmigración en Jefe que impone una sanción monetaria civil, la persona declarada en desacato podrá impugnar dicha orden mediante la presentación de una apelación ante la Junta. Id. La Junta revisará la decisión del Juez de Inmigración en Jefe de conformidad con 8 CFR 1003.1(d)(3), de manera similar a cómo revisa las decisiones de los funcionarios adjudicadores en los procedimientos disciplinarios que involucran a profesionales o a organizaciones reconocidas. Véase 8 CFR 1003.1(b)(13); 8 CFR 1003.106(c). La decisión del Juez de Inmigración en Jefe que desestime el Aviso de CMP con perjuicio no está sujeta a apelación. 8 CFR 1003.127(d)(4) (propuesto). La orden del Juez de Inmigración en Jefe se convierte en una decisión final de la agencia a menos que la persona presente un aviso de apelación de manera oportuna. 8 CFR 1003.127(e) (propuesto). La apelación está sujeta a una tarifa de presentación propuesta de $675, 8 CFR 1103.7(b)(1) (propuesto), que es el mismo monto que se cobra actualmente por las apelaciones de una decisión de un funcionario adjudicador en un caso disciplinario de profesionales conforme a la sección 286(m) de la INA, 8 U.S.C. 1356(m), como se analiza en la Sección V.C del presente preámbulo. Para ser oportuna, la apelación debe presentarse dentro de los 10 días a partir de la fecha de la orden e incluir la tarifa de presentación requerida (página impresa 47985) o el formulario de exención de tarifa. 8 CFR 1003.128(a) (propuesto).

Como parte del proceso de apelación propuesto, se exige a la persona que notifique simultáneamente una copia de la apelación y de otros escritos relacionados al Asesor Jurídico General (General Counsel) de EOIR. 8 CFR 1003.128(a) (propuesto). El Asesor Jurídico General de EOIR, o el asesor disciplinario de EOIR cuando así se designe, representará a la agencia en la apelación y podrá presentar un escrito conforme al calendario de presentación de escritos establecido por la Junta. Id.; 8 CFR 1003.3(c)(1) (propuesto). La Junta establecerá un calendario simultáneo de presentación de escritos, con los escritos de ambas partes vencidos dentro de los 20 días posteriores a la orden de la Junta que establece el calendario y, en ningún caso, más de 35 días después de que se presentó la apelación. 8 CFR 1003.3(c)(1) (propuesto). Tras la revisión, la Junta emitirá una decisión por escrito que confirme, modifique o anule con perjuicio la sanción monetaria civil. Véase 8 CFR 1003.128(d)(2) (propuesto). No se permitirá que la Junta establezca un monto de sanción superior al indicado en el Aviso de CMP ni que devuelva el caso para procedimientos adicionales. 14 Id. La orden de la Junta se convertirá en la decisión final de la agencia en la fecha en que se emita dicha orden. Id.

La norma propuesta incluye instrucciones a los adjudicadores de EOIR en el sentido de que la autoridad de desacato es una herramienta excepcional que debe utilizarse con moderación. Véase 8 CFR 1003.122(b) (propuesto). La norma propuesta también explica que los Jueces de Inmigración deben intentar disuadir o remediar la conducta de desacato mediante otros medios razonablemente disponibles, recurriendo al inicio del proceso de sanción monetaria civil únicamente después de que otros medios razonablemente disponibles hayan fracasado en restaurar la conducta adecuada en la sala de audiencias. 8 CFR 1003.122(b) (propuesto).

La norma propuesta también explica que la autoridad de desacato es independiente de otras sanciones o procedimientos. 8 CFR 1003.122(c) (propuesto). Estos incluyen, entre otros, la medida disciplinaria contra abogados o representantes conforme a la subparte G del 8 CFR parte 1003; la admisión de pruebas descritas en un escrito previo a la audiencia como no objetadas cuando se requieren objeciones probatorias al escrito previo a la audiencia pero no se reciben de manera oportuna, según lo dispuesto en 8 CFR 1003.21(c); y la consideración de que la oportunidad de presentar una solicitud o documento se ha renunciado o abandonado, véase, por ejemplo, 8 CFR 1003.31(h).

Por último, la norma propuesta establece explícitamente que la autoridad de desacato conforme a la subparte H propuesta del 8 CFR parte 1003 no se aplica a la ejecución de citaciones conforme a 8 CFR 1003.35(b). 8 CFR 1003.122(d) (propuesto).

La regla propuesta incluye instrucciones relativas al plazo para pagar las multas civiles (civil money penalties) y las consecuencias de no pagar una multa civil según lo ordenado. 8 CFR 1003.129 (propuesto). A una persona declarada en desacato se le exigirá pagar la multa dentro de los 30 días posteriores a que la orden de la Junta se vuelva definitiva. 8 CFR 1003.129(a) (propuesto). En otras palabras, si una persona no presenta una apelación, se le exigirá pagar la multa dentro de los 30 días posteriores a que la orden del Juez de Inmigración en Jefe se vuelva definitiva, o si una persona presenta una apelación, dentro de los 30 días posteriores a la decisión de la Junta que confirme o modifique una multa civil. 15 Id.

Si un profesional (abogado o representante acreditado) no paga a tiempo una multa civil requerida, el asesor jurídico disciplinario de EOIR solicitará la suspensión inmediata del profesional para ejercer ante EOIR. 8 CFR 1003.129(c) (propuesto). Una vez comprobado el pago de la multa, el profesional podrá entonces solicitar que se deje sin efecto la suspensión. 8 CFR 1003.129(c)(4) (propuesto).

La regla propuesta instruye específicamente al Juez de Inmigración en Jefe para que mantenga supervisión sobre el uso por parte de los Jueces de Inmigración de la facultad de imponer multas civiles conferida por la sección 240(b)(1) de la INA, 8 U.S.C. 1229a(b)(1), y el subpartido H propuesto de la 8 CFR parte 1003. Véase 8 CFR 1003.130 (propuesto).

De conformidad con las disposiciones reglamentarias preexistentes, los Jueces de Inmigración también recibirán la capacitación y orientación adecuadas sobre el uso correcto de su facultad para sancionar mediante multa civil. Véase, por ejemplo, 8 CFR 1003.0(b)(1)(vii) (que establece que el Director tendrá la facultad de “[p]roporcionar capacitación y apoyo integral y continuo a los miembros de la Junta, jueces de inmigración y personal de EOIR a fin de promover la calidad y la coherencia de las adjudicaciones”), 1003.9(b)(2). Además, la regla propuesta reitera que el ejercicio por parte de un Juez de Inmigración de la facultad de emitir un Aviso de CMP está sujeto a la supervisión del Juez de Inmigración en Jefe; que el Juez de Inmigración en Jefe debe realizar revisiones periódicas de esa facultad; y que, tras consultar con el Director, el Juez de Inmigración en Jefe puede suspender el ejercicio de esa facultad por parte de cualquier Juez de Inmigración por hasta 30 días si ese Juez de Inmigración ha aplicado indebidamente o utilizado de manera incorrecta dicha facultad. 8 CFR 1003.130 (propuesto). Estas disposiciones son congruentes con la facultad general del Juez de Inmigración en Jefe de supervisar las operaciones de los Tribunales de Inmigración y la facultad de elaborar informes e inspecciones y tomar medidas correctivas. 8 CFR 1003.9(b)(4). Cualquier suspensión de ese tipo de la facultad de desacato de un Juez de Inmigración por parte del Juez de Inmigración en Jefe se llevará a cabo mediante una orden permanente.[16] 8 CFR 1003.130 (propuesto).

Para garantizar una supervisión adicional, la regla propuesta aclara que las quejas o denuncias de mala conducta relacionadas con la amenaza o el ejercicio de la facultad por parte de un Juez de Inmigración deben dirigirse al supervisor del Juez de Inmigración, a la Unidad de Conducta Judicial y Profesionalismo de EOIR, o a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia (“OPR”, por sus siglas en inglés). Véase 8 CFR 1003.109 (propuesto). Al hacerlo, la regla propuesta revisa el 8 CFR 1003.109 para dejar en claro que las quejas relativas al comportamiento de los adjudicadores de EOIR, incluidos los Jueces de Inmigración, no necesitan dirigirse únicamente a la OPR y pueden dirigirse al supervisor del adjudicador o a la Unidad de Conducta Judicial y Profesionalismo de EOIR. Id. Esta aclaración es congruente con la práctica de larga data; [17] la orientación del ex Procurador General Alberto (página impresa 47986) Gonzales; [18] y otra autoridad reglamentaria.[19]

“Incurrir en conducta contumaz u ofensiva de otro modo” ya constituye un motivo para la disciplina de los profesionales. 8 CFR 1003.102(g). La regla propuesta aclara, de manera congruente con las declaraciones previas del Departamento con respecto a los procedimientos de desacato y la disciplina de los profesionales [20], que la conducta contumaz incluye la conducta por la cual se haya impuesto una multa civil conforme al subpartido H propuesto de la 8 CFR parte 1003. 8 CFR 1003.102(g) (propuesto). La regla también propone añadir un motivo para la disciplina de los profesionales por no pagar repetidamente cualquier multa civil ordenada, a fin de promover el cumplimiento de dichas órdenes. 8 CFR 1003.102(x) (propuesto).

Las disposiciones de la regla propuesta se aplicarían únicamente a la conducta en los Tribunales de Inmigración a partir de la fecha de vigencia de la regla final, inclusive.

El Departamento ha revisado esta regulación propuesta de conformidad con la Ley de Flexibilidad Regulatoria (“RFA”, por sus siglas en inglés). Véase 5 U.S.C. 605(b). Según lo propuesto, esta norma regula a los abogados y representantes acreditados, los cuales califican como “entidades pequeñas” conforme a la RFA. Véase 5 U.S.C. 601(3)-(4), (6). Sin embargo, el Departamento ha determinado que la norma propuesta no tendrá un impacto económico significativo en un número sustancial de entidades pequeñas. Como se indica en la norma propuesta, la imposición de una sanción monetaria civil pretende ser una medida extraordinaria que se utiliza con poca frecuencia en respuesta a una conducta indebida ocurrida ante un juez de inmigración.

La norma propuesta no dará lugar a un gasto por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, en conjunto, o del sector privado, de $100 millones o más en un año cualquiera (ajustado por inflación), y no afectará de manera significativa ni exclusiva a los gobiernos pequeños. Por lo tanto, no se consideró necesaria ninguna acción conforme a las disposiciones de la Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995, codificada en 2 U.S.C. 1501 y siguientes.

La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios ha determinado que la norma propuesta constituye una “acción regulatoria significativa” conforme a la sección 3(f) de la Orden Ejecutiva 12866. En consecuencia, la regulación propuesta ha sido enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto (“OMB”, por sus siglas en inglés) para su revisión. El Departamento certifica que la regulación propuesta ha sido redactada de conformidad con los principios de la Orden Ejecutiva 12866, sección 1(b), y de la Orden Ejecutiva 13563. Las Órdenes Ejecutivas 12866 y 13563 instruyen a las agencias a evaluar todos los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, en caso de que la regulación sea necesaria, a seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos (incluyendo los posibles efectos económicos, ambientales, de salud pública y de seguridad). La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de utilizar los mejores métodos disponibles para cuantificar los costos y beneficios, reducir los costos, armonizar las normas y promover la flexibilidad.

El Departamento considera que la norma propuesta proporcionará beneficios significativos relacionados con los procedimientos de la EOIR. Véase la sección 1(b)(6) de la Orden Ejecutiva 12866. La norma propuesta ayudará a garantizar la eficiencia e integridad de dichos procedimientos al establecer mecanismos de aplicación para la conducta sancionable de las personas que comparecen ante el sistema de Tribunales de Inmigración. El Departamento anticipa que permitir que los jueces de inmigración adviertan e inicien el proceso de sanción monetaria civil contra aquellas personas que perturben los procedimientos fomentará que quienes comparecen ante los Tribunales de Inmigración actúen con decoro y tendrá un efecto disuasivo sobre la conducta sancionable en general, reduciendo así el tiempo que los jueces de inmigración dedican a intentar hacer cumplir el decoro en la sala en lugar de resolver los casos.

En contraste, los costos que la norma propuesta impondrá al público son las responsabilidades individuales de las personas que puedan estar sujetas a una sanción monetaria civil por acciones u omisiones en desacato a la autoridad del juez de inmigración, así como la tarifa de presentación de cualquier apelación de la orden de sanción monetaria civil del Juez de Inmigración en Jefe. El Departamento propone una tarifa de apelación de $675 para igualar la porción de recuperación de costos del Formulario EOIR-45, Aviso de Apelación de una Decisión de un Funcionario Adjudicador en un Caso Disciplinario de un Profesional del Derecho.[21] El Departamento anticipa que la adjudicación de una apelación por parte de la Junta en los procedimientos de desacato será sustancialmente similar a la de los casos de disciplina de abogados, de modo que las tarifas de presentación deberían ser consistentes.

Debido a que el Departamento tiene la intención de que la sanción monetaria civil sea una medida “extraordinaria”, véase 8 CFR 1003.122(b) (propuesto), el Departamento no anticipa que un número significativo de personas termine estando sujeto a dicha sanción (por ejemplo, en la sección V.F de este preámbulo, el Departamento estima aproximadamente 50 apelaciones por año para fines de la Ley de Reducción de Trámites).[22] Más bien, el Departamento espera que, en la mayoría de los casos, las advertencias emitidas conforme a esta norma propuesta sean suficientes para disuadir la conducta de desacato sin necesidad de iniciar el proceso de sanción monetaria civil.

Por lo demás, el Departamento no considera que, en términos generales, pueda afirmarse que la regla propuesta imponga una carga a las partes en los procedimientos del EOIR, ya que la regla propuesta simplemente establece sanciones monetarias civiles cuando una conducta indebida ( página impresa 47987) impide la eficiencia. Además, cualquier carga recaería únicamente sobre la persona cubierta que haya incurrido en conducta de desacato que haya retrasado, interrumpido u obstruido el proceso de adjudicación, lo cual tiene un peso comparativamente escaso al ponderar los costos y beneficios de la regla propuesta.

La regla propuesta no tendrá efectos directos sustanciales sobre los estados, sobre la relación entre el Gobierno Nacional y los estados, ni sobre la distribución de facultades y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Por lo tanto, de conformidad con la sección 6 de la Orden Ejecutiva 13132, la regla propuesta no tiene implicaciones federalistas suficientes como para justificar la preparación de una declaración resumida de impacto federalista.

La regla propuesta cumple con los estándares aplicables establecidos en las secciones 3(a) y 3(b)(2) de la Orden Ejecutiva 12988.

Conforme a los procedimientos establecidos por la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Paperwork Reduction Act, “PRA”) (44 U.S.C. 3501, y siguientes), las agencias federales deben obtener la aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) para cada recopilación de información que realicen, patrocinen o exijan mediante reglamentos. No se exigirá a ninguna persona que responda a una recopilación de información de una agencia federal a menos que dicha recopilación muestre un número de control vigente de la OMB. Las Solicitudes de Recopilación de Información (“ICR”, por sus siglas en inglés) correspondientes a las recopilaciones de información nuevas y revisadas que se describen a continuación han sido remitidas a la OMB para su revisión y comentarios. En cumplimiento de estos requisitos, el Departamento solicita comentarios del público sobre las siguientes recopilaciones de información propuestas, para las cuales la agencia está solicitando la aprobación de la OMB.

Si tiene comentarios o sugerencias, especialmente sobre la carga pública estimada o el tiempo de respuesta asociado, o si necesita una copia de los instrumentos de recopilación de información nuevos o revisados propuestos, con instrucciones o información adicional, comuníquese con el Departamento según se indica en la sección PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR de este preámbulo. Se alienta al público y a las agencias afectadas a presentar comentarios y sugerencias por escrito sobre los instrumentos de recopilación de información propuestos. Los comentarios deben dirigirse a la dirección indicada en la sección DIRECCIONES al principio de este preámbulo. Los comentarios también deben enviarse a la Oficina de Administración y Presupuesto, Oficina de Asuntos de Información y Regulación, Atención: Desk Officer for EOIR, New Executive Building, 725 17th Street NW, Washington, DC 20053. Este proceso cumple con 5 CFR 1320.11.

Sus comentarios deben abordar uno o más de los siguientes cuatro puntos: (1) si la recopilación de información es necesaria para el desempeño adecuado de las funciones de la agencia, incluido si la información tendrá utilidad práctica; (2) la exactitud de la estimación de la agencia respecto de la carga de la recopilación de información, incluida la validez de la metodología y los supuestos utilizados; (3) cómo podría el Departamento mejorar la calidad, utilidad y claridad de la información que se va a recopilar; o (4) cómo podría el Departamento minimizar la carga de la recopilación de información sobre quienes deban responder, incluso mediante el uso de técnicas apropiadas de recopilación automatizadas, electrónicas, mecánicas u otras técnicas tecnológicas, u otras formas de tecnología de la información (por ejemplo, permitiendo la presentación electrónica de respuestas).

La regla propuesta incluye una nueva recopilación de información: el Formulario EOIR-86, Aviso de Apelación de una Sanción Monetaria Civil por Desacato. Se pretende que la nueva recopilación de información propuesta sea utilizada por las personas para apelar ante la Junta (Board) una orden del Juez de Inmigración en Jefe que declare a la persona en desacato e imponga una sanción monetaria civil. Se exige a la persona que complete el formulario para ejercer los derechos de apelación que le otorga la regla propuesta. La nueva recopilación de información propuesta ayudará a la Junta a diferenciar las apelaciones de decisiones relativas a sanciones monetarias civiles por desacato de otros tipos de apelaciones, tales como las apelaciones de decisiones de Jueces de Inmigración en procedimientos de expulsión.

La nueva recopilación de información propuesta está basada en los Formularios EOIR-26, Aviso de Apelación de una Decisión de un Juez de Inmigración, y EOIR-45, Aviso de Apelación de una Decisión de un Funcionario Adjudicador en un Caso Disciplinario de Profesional, actualmente aprobados. Al igual que los Formularios EOIR-26 y EOIR-45, la nueva recopilación propuesta requerirá que el apelante se identifique, indique la decisión que está apelando y explique el fundamento de la apelación. El nuevo formulario propuesto también proporcionará al apelante instrucciones sobre dónde y cómo notificar al Asesor Jurídico General de la EOIR como parte en los procedimientos de desacato. Las personas podrán descargar y completar el formulario de forma electrónica o imprimiéndolo y escribiendo las respuestas a mano. Las personas podrán enviar los formularios completados a la EOIR por correo electrónico, de forma electrónica cuando esté disponible, o por correo postal regular, correo urgente nocturno, o entrega en persona.

El Departamento estima que hasta 50 personas presentarán un promedio de un formulario por año. El Departamento estima que el tiempo promedio para revisar el formulario propuesto, reunir los materiales necesarios, completar el formulario propuesto y ensamblar cualquier anexo será de una hora en total. Se estima que la carga pública total de la nueva recopilación propuesta es de 50 horas de carga (50 encuestados × 1 respuesta por encuestado × 1 hora por respuesta = 50 horas de carga). El Departamento estima que el límite superior de los costos agregados para todos los encuestados es de $39,278 anuales, considerando los siguientes tipos de costos estimados para los miembros del público.

(página impresa 47988)

El costo anual agregado estimado para el público es el límite superior de los costos estimados. No existen costos de capital ni costos iniciales asociados con el formulario. Existe un costo laboral máximo estimado de $89.35 por formulario, basado en el salario promedio nacional por hora para abogados estimado por la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics). Véase BLS, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) Profiles, Lawyers (mayo de 2025), https://data.bls.gov/​oesprofile/​?major_​group=​230000&​occupation=​231011&​measure=​03&​areas=​INDUSTRY,STATE,MSA [ https://perma.cc/​AW2X-GKSN].

El límite inferior del costo anual agregado estimado para el público es de $33,750 porque los costos de impresión y franqueo pueden evitarse si una persona completa el formulario electrónicamente y lo presenta por correo electrónico, y porque no se requiere asistencia jurídica profesional para completar el formulario.

La regla propuesta también incluye revisiones a dos recopilaciones de información actualmente aprobadas: el Formulario EOIR-27, Aviso de Comparecencia como Abogado o Representante ante la Junta de Apelaciones de Inmigración; y el EOIR-28, Aviso de Comparecencia como Abogado o Representante ante el Tribunal de Inmigración. Estos formularios fueron previamente aprobados por la OMB conforme a las disposiciones de la PRA, y las recopilaciones de información recibieron el Número de Control de la OMB 1125-0005 para el Formulario EOIR-27 y 1125-0006 para el Formulario EOIR-28.

Conforme a la regla propuesta, los Formularios EOIR-27 y EOIR-28 están siendo revisados para que puedan ser utilizados por los profesionales a fin de presentar una comparecencia para representar a una persona en procedimientos de desacato ante el Juez de Inmigración en Jefe o la Junta. Específicamente, el Departamento propone actualizar los formularios agregando campos para el número de caso del procedimiento de desacato y las ubicaciones pertinentes para la notificación de procesos. Los Formularios EOIR-27 y EOIR-28 son necesarios para representar a una persona en procedimientos ante los Tribunales de Inmigración o la Junta. Las revisiones propuestas no cambian el propósito subyacente de los formularios ni la forma en que las personas pueden presentarlos ante la EOIR, y las revisiones propuestas afectan mínimamente el contenido sustantivo de los formularios. Por lo tanto, el Departamento considera que estas revisiones propuestas no aumentarán el tiempo promedio requerido para completar los formularios, el cual se había estimado previamente en seis minutos.

La norma propuesta es una "reglamentación emitida con respecto a una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos" y, por lo tanto, está exenta de los requisitos de la Orden Ejecutiva 14192 conforme a la sección 5(a) de dicha Orden.

La norma propuesta es "una acción relacionada con una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos" y, por lo tanto, está exenta de los requisitos de la Orden Ejecutiva 14219 conforme a la sección 7(a) de dicha Orden.

La Orden Ejecutiva 14294 exige que las agencias que promulguen reglamentaciones con infracciones penales reglamentarias potencialmente sujetas a aplicación penal describan explícitamente la conducta sujeta a aplicación penal, los estatutos que la autorizan y el estándar de mens rea aplicable a cada elemento de dichas infracciones. Esta norma propuesta no creará una infracción penal reglamentaria y, por lo tanto, está exenta de los requisitos de la Orden Ejecutiva 14294.

(página impresa 47989)

En consecuencia, por las razones expuestas en el preámbulo, y en virtud de la autoridad conferida al Director Interino, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, por la Orden del Fiscal General Número 6260-2025, el Departamento propone enmendar las partes 1003 y 1103 del capítulo V del título 8 del Código de Reglamentaciones Federales de la siguiente manera:

1. La cita de autoridad para la parte 1003 continúa redactándose de la siguiente manera:

Autoridad: 5 U.S.C. 301; 6 U.S.C. 521; 8 U.S.C. 1101, 1103, 1154, 1155, 1158, 1182, 1226, 1229, 1229a, 1229b, 1229c, 1231, 1254a, 1255, 1324d, 1330, 1361, 1362, 1801, 1802, 1808, 1812; 28 U.S.C. 509, 510, 1746; sec. 2 del Plan de Reorganización No. 2 de 1950; 3 CFR, 1949-1953 Comp., p. 1002.

2. Se modifica el § 1003.1 agregando un nuevo párrafo (b)(15), que dirá lo siguiente:

§ 1003.1

Organización, jurisdicción y facultades de la Junta de Apelaciones de Inmigración.

* * * * *

(b) * * *

(15) Decisiones sobre la imposición de una sanción monetaria civil conforme a la subparte H de esta parte.

* * * * *

§ 1003.3

[Modificado]

3. Se modifica el § 1003.3(c)(1) agregando una nueva oración después de la tercera oración, que dirá: “Para las apelaciones de órdenes en procedimientos de desacato conforme a la subparte H de esta parte, los escritos deberán presentarse a la Junta de manera simultánea por ambas partes dentro de los 20 días posteriores a la orden de la Junta que establece el calendario, y en ningún caso más de 35 días después de haberse interpuesto la apelación.”

4. Se modifica el § 1003.9 de la siguiente manera:

a. Eliminando la palabra “y” en el párrafo (b)(5);

b. Redesignando el párrafo (b)(6) como (b)(7); y

c. Agregando un nuevo párrafo (b)(6), que dirá lo siguiente:

§ 1003.9

Oficina del Juez de Inmigración Jefe.

* * * * *

(b) * * *

(6) Emitir órdenes que impongan una sanción monetaria civil, de conformidad con la parte 1003, subparte H del título 8 del CFR; y

* * * * *

5. Se modifica el § 1003.102 de la siguiente manera:

a. Revisando la última oración del párrafo (c);

b. Revisando el párrafo (g);

c. Eliminando el punto final del párrafo (v) y sustituyéndolo por un punto y coma;

d. Eliminando el punto final del párrafo (w) y sustituyéndolo por “; o”; y

e. Agregando el párrafo (x).

Las revisiones y la adición dirán lo siguiente:

§ 1003.102

Fundamentos.

* * * * *

(c) * * * Si un profesional ha presentado pruebas materiales o ha hecho una declaración falsa de un hecho o cuestión de derecho material, y recibe notificación de la falsedad, o razonablemente debería haberla conocido, el profesional deberá tomar las medidas correctivas apropiadas, y el hecho de no tomar dichas medidas correctivas someterá al profesional a sanciones disciplinarias en el interés público conforme a este párrafo (c);

* * * * *

(g) Incurre en conducta contumaz u ofensiva de otro modo, con respecto a un caso en el que actúa en calidad de representante, que constituiría desacato en un procedimiento judicial o en un procedimiento conforme a la subparte H de esta parte. La imposición de una orden final de sanción monetaria civil en los procedimientos conforme a la subparte H de esta parte, y la conducta subyacente a dicha orden, son factores que pueden considerarse al determinar si ha ocurrido una conducta contumaz u ofensiva de otro modo;

* * * * *

(x) Deja reiteradamente de pagar una sanción monetaria civil según lo descrito en el § 1003.129.

6. Se revisa el § 1003.103 agregando un nuevo párrafo (d), que dirá lo siguiente:

§ 1003.103

Suspensión inmediata y procedimientos disciplinarios sumarios; obligación del profesional de notificar a la EOIR sobre una condena o sanción disciplinaria.

* * * * *

(d) Sanción monetaria civil por desacato. Para los procedimientos relacionados con la suspensión inmediata de profesionales por no pagar una sanción monetaria civil por desacato, véase el § 1003.129.

7. Se revisa el § 1003.109, incluido el encabezado de la sección, que dirá lo siguiente:

§ 1003.109

Disciplina de los adjudicadores de la EOIR.

Las quejas relacionadas con la conducta o el comportamiento de los Jueces de Inmigración, los Jueces de Inmigración de Apelaciones, o los Jueces de Derecho Administrativo, deberán dirigirse a un supervisor correspondiente, a la Unidad de Conducta Judicial y Profesionalismo de la EOIR, o a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si se justifica una acción disciplinaria, esta se administrará conforme a los procedimientos disciplinarios para abogados del Departamento y, en el caso de los Jueces de Derecho Administrativo, conforme al 5 CFR 930.211.

8. Se modifica la parte 1003 agregando una nueva Subparte H, que dirá lo siguiente:

1003.121

Autoridad para imponer sanciones monetarias civiles por conducta contumaz.

1003.122

Declaración general de principios.

1003.123

Personas comprendidas.

1003.124

Conducta contumaz por la cual se puede imponer una sanción monetaria civil.

1003.125

Advertencia requerida antes de iniciar el proceso de sanción monetaria civil.

1003.126

Inicio del proceso de sanción monetaria civil.

1003.127

Decisión del Juez de Inmigración en Jefe o su representante designado.

1003.128

Apelaciones.

1003.129

Pago de la multa civil.

1003.130

Supervisión.

§ 1003.121

Autoridad para imponer multas civiles por conducta de desacato.

Conforme a la sección 240(b)(1) de la Ley y a las disposiciones de esta subparte, un Juez de Inmigración tiene la autoridad para proponer, y el Juez de Inmigración en Jefe o su representante designado tiene la autoridad para imponer, una multa civil a una persona, según lo establecido en el § 1003.123, que incurra en una conducta, según lo establecido en el § 1003.124, en desacato al ejercicio adecuado de la autoridad del Juez de Inmigración conforme a la Ley durante el curso de los procedimientos realizados conforme a la sección 240 de la Ley.

§ 1003.122

Declaración general de principios.

(a) Propósito de la multa civil. El propósito de imponer multas civiles por conducta de desacato ante un Juez de Inmigración es promover la adjudicación justa, eficiente y uniforme de los procedimientos de inmigración; mantener la dignidad y la autoridad de dichos procedimientos; y disuadir el comportamiento que retrase, interrumpa u obstruya el curso debido de esos procedimientos.

(b) Uso excepcional. La imposición de una multa civil por conducta de desacato es una sanción extraordinaria. La sanción de multa civil conforme a esta subparte existe para permitir que los Jueces de Inmigración lleven a cabo los procedimientos sin interferencias indebidas. Por lo general, los Jueces de Inmigración deben hacer un intento razonable de disuadir o remediar la conducta de desacato a través de otros medios disponibles, recurriendo a la propuesta de una multa civil únicamente después de que otros medios razonablemente disponibles hayan fracasado en restablecer la conducta adecuada. (página impresa 47990) Una multa civil debe imponerse únicamente por una conducta claramente identificable que constituya una falta conforme a esta subparte.

(c) Relación de la multa civil con otras sanciones. Los procedimientos de esta subparte son independientes de otras sanciones o procedimientos que puedan estar disponibles conforme a las leyes de inmigración y este capítulo. La disponibilidad o imposición de una multa civil conforme a esta subparte no impide el uso de otras sanciones o procedimientos disponibles respecto de la falta de conducta.

(d) Inaplicabilidad de la multa civil a la ejecución de citaciones. La autoridad y los procedimientos de desacato conforme a esta subparte no se aplican a la ejecución de una citación conforme al § 1003.35(b).

§ 1003.123

Personas comprendidas.

(a) Personas sujetas a multas civiles. Las multas civiles conforme a esta subparte únicamente pueden imponerse a las siguientes personas:

(1) Un abogado o representante, según se define en el § 1001.1(f) y (j), que haya presentado un Aviso de Comparecencia como Abogado o Representante ante el Tribunal de Inmigración (Formulario EOIR-28) o un Aviso de Comparecencia Limitada para Asistencia con Documentos ante el Tribunal de Inmigración (Formulario EOIR-61);

(2) Un extranjero que sea objeto de procedimientos ante el Juez de Inmigración; y,

(3) Testigos, salvo lo descrito en el párrafo (b) de esta sección, en cualquier procedimiento ante el Juez de Inmigración, ya sea que estén físicamente presentes en la sala del tribunal o que su presencia en la sala se haga efectiva mediante equipo telefónico o de videoconferencia.

(b) Personas no sujetas a multas civiles. Las multas civiles únicamente pueden imponerse a las personas descritas en el párrafo (a) de esta sección, el cual no incluye a los abogados o testigos que sean empleados o contratistas del gobierno federal que actúen en su capacidad oficial.

§ 1003.124

Conducta de desacato por la cual se puede imponer una multa civil.

(a) Conducta de desacato sujeta a una multa civil. Sujeto a los requisitos de los §§ 1003.125 y 1003.126, un Juez de Inmigración puede emitir un Aviso de Intención de Imponer una Multa Civil a una persona comprendida, según se define en el § 1003.123, si el Juez de Inmigración determina, de manera preliminar (prima facie), que la persona ha incurrido en uno o más de los siguientes tipos de conducta, y que dicha conducta retrasó, interrumpió u obstruyó el proceso de adjudicación:

(1) En el caso de abogados y representantes, el incumplimiento reiterado de comparecer o de comparecer de manera oportuna, incluso por teléfono o por videoconferencia, a las audiencias programadas o a las conferencias previas a la audiencia, sin causa justificada.

(2) El incumplimiento reiterado de las órdenes del Juez de Inmigración de presentar oportunamente escritos, solicitudes, declaraciones previas a la audiencia, pruebas documentales u otras presentaciones, sin causa justificada.

(3) Comportamiento o lenguaje desordenado o abusivo dentro y alrededor de la sala de audiencias y ante el Juez de Inmigración, o lenguaje abusivo en cualquier escrito presentado ante el tribunal.

(4) Hacer a sabiendas o de manera imprudente una declaración falsa de un hecho o de derecho material, u ofrecer pruebas falsas. Para los abogados y representantes, dicha conducta incluye no tomar las medidas correctivas apropiadas después de recibir notificación de la falsedad, o cuando el abogado o representante razonablemente debería haber sabido de la falsedad, ya sea de una declaración anterior de derecho o hecho material, o de pruebas materiales ofrecidas previamente.

(5) Engañar, desinformar, amenazar o confundir deliberadamente a cualquier persona (incluyendo a una parte en un caso o a un funcionario o empleado del Departamento de Justicia) con respecto a cualquier asunto relevante relacionado con un caso.

(b) Acción e inacción. Tanto las acciones como las inacciones pueden constituir conducta ofensiva si satisfacen los requisitos del párrafo (a) de esta sección.

(c) Lista exclusiva de conducta ofensiva. No se podrá imponer una multa civil por una conducta que no esté descrita en esta sección.

§ 1003.125

Advertencia requerida antes de iniciar el proceso de multa civil.

(a) Requisito de advertencia. Si un Juez de Inmigración considera que una persona cubierta, según lo establecido en el § 1003.123, ha incurrido en conducta ofensiva por la cual se puede imponer una multa civil, según lo establecido en el § 1003.124, el Juez de Inmigración debe proporcionarle a la persona una advertencia clara e inequívoca antes de iniciar el proceso de multa civil conforme a esta subparte. El Juez de Inmigración está obligado a emitir solo una advertencia antes de iniciar el proceso de multa civil por la continuación de la misma conducta ofensiva; y dicha advertencia no se limita a un solo procedimiento. La advertencia permanece vigente durante un año a partir de la fecha de su emisión. Cualquier orden anterior que imponga una multa civil a una persona cubierta, según lo establecido en el § 1003.123, por conducta ofensiva, también servirá como advertencia para la imposición de futuras multas civiles si el mismo tipo de conducta ofensiva continúa o se repite dentro del plazo de un año a partir de la orden anterior.

(b) Forma de la advertencia. Si la persona está presente ante el Juez de Inmigración cuando ocurre la conducta, el Juez de Inmigración debe proporcionar una advertencia oral en el expediente y formalizarla por escrito tan pronto como sea posible. Si la persona no está presente ante el Juez de Inmigración cuando ocurre la conducta, el Juez de Inmigración debe proporcionar una advertencia por escrito. En todos los casos, la advertencia debe realizarse lo más cerca posible en el tiempo a la ocurrencia de la conducta, dentro de lo razonable. La advertencia por escrito o la formalización por escrito de una advertencia oral debe notificarse a la persona ya sea en persona o en la dirección física o de correo electrónico de la persona en el sistema de gestión de casos de la EOIR, y se debe conservar una copia en el Expediente del Procedimiento del caso correspondiente en el que ocurrió la conducta ofensiva. Si el nombre y la(s) dirección(es) de la persona no figuran en el sistema de gestión de casos de la EOIR, el Juez de Inmigración debe solicitar en el expediente que la persona proporcione dicha información.

(c) Contenido de la advertencia. La advertencia debe:

(1) Describir la conducta específica que dio lugar a la advertencia;

(2) Explicar por qué el Juez de Inmigración considera que la conducta está dentro del alcance del § 1003.124;

(3) Notificar a la persona que, si continúa incurriendo en dicha conducta, el Juez de Inmigración puede iniciar el proceso para declararla en desacato e imponerle una multa civil; y

(4) Notificar a la persona que puede responder a la advertencia y, si responde, debe hacerlo dentro del plazo especificado en el párrafo (d) de esta sección.

(d) Respuesta a la advertencia. Una persona puede, pero no está obligada a, responder a la advertencia del Juez de Inmigración, ya sea oralmente en el expediente en el momento de la advertencia o por escrito dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la advertencia. Dicha respuesta, si la hubiera, debe incluirse en el Expediente del Procedimiento del caso correspondiente en el que ocurrió la conducta ofensiva. Cualquier respuesta que demuestre una conducta ofensiva adicional dentro del alcance del § 1003.124 sobre la cual se haya advertido a la persona puede servir de base para ( página impresa 47991) el inicio del proceso de multa civil.

(e) Conducta contumaz continuada después de la advertencia. Si, después de recibir una advertencia, la persona continúa incurriendo en la misma conducta contumaz sobre la cual fue advertida, el Juez de Inmigración debe formular una constatación en el expediente de que la persona ha continuado incurriendo en la conducta especificada a pesar de haber sido advertida, antes de iniciar el proceso de sanción civil pecuniaria conforme al § 1003.126. En todos los casos, la constatación de conducta contumaz continuada debe formularse lo más cercano en el tiempo a la ocurrencia de la conducta que sea razonablemente posible.

§ 1003.126

Inicio del proceso de sanción civil pecuniaria.

(a) Generalidades. El proceso de sanción civil pecuniaria es el único medio para imponer una sanción civil pecuniaria por conducta contumaz conforme al § 1003.124. El proceso de sanción civil pecuniaria debe iniciarse tan pronto como sea factible después de la constatación de conducta contumaz continuada conforme al § 1003.125(e), pero en ningún caso después de transcurrido un año desde la advertencia relacionada más reciente emitida conforme al § 1003.125. Ningún procedimiento de sanción civil pecuniaria iniciado contra un extranjero descrito en el § 1003.123(a)(2) podrá suspender ni interferir de otro modo con los procedimientos ante el Juez de Inmigración ni, según corresponda, con la remoción del extranjero.

(b) Inicio del proceso de sanción civil pecuniaria. (1) Para iniciar el proceso de sanción civil pecuniaria, el Juez de Inmigración notificará a la persona un Aviso de Intención de Imponer una Sanción Civil Pecuniaria (Aviso de CMP). El Aviso de CMP podrá notificarse a la persona mediante notificación personal o por correo postal. Si la persona es un profesional que ejerce ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), el Aviso de CMP también podrá notificarse electrónicamente utilizando la dirección de correo electrónico del profesional proporcionada a través de eRegistry. El Juez de Inmigración también deberá remitir el Aviso de CMP al Juez de Inmigración en Jefe o a su delegado para su adjudicación.

(2) El Aviso de CMP debe incluir:

(i) El nombre y la dirección de la persona sujeta a la sanción civil pecuniaria;

(ii) Una descripción fáctica de la conducta en cuestión, incluyendo la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de la conducta, según sea pertinente;

(iii) El (los) cargo(s) específico(s) alegado(s) de conducta conforme al § 1003.124;

(iv) Una explicación de cómo la conducta en cuestión retrasó, interrumpió u obstruyó el proceso de adjudicación;

(v) Una breve descripción de cualquier advertencia(s) proporcionada(s); y

(vi) El monto de la sanción civil pecuniaria propuesta conforme al párrafo (c) de esta sección.

(3) El Aviso de CMP debe informar a la persona de lo siguiente:

(i) Que el asunto está siendo remitido al Juez de Inmigración en Jefe para su decisión conforme a lo dispuesto en el § 1003.127;

(ii) Que la persona puede presentar una respuesta al Aviso de CMP ante el Juez de Inmigración en Jefe de conformidad con el párrafo (d) de esta sección dentro de los 30 días siguientes a la emisión del Aviso de CMP, y el lugar donde debe presentarse la respuesta al Aviso de CMP;

(iii) Que la persona puede presentar una moción ante el Juez de Inmigración en Jefe para prorrogar el plazo para responder al Aviso de CMP por un máximo de 7 días, por causa justificada; y

(iv) Que la persona puede estar representada, a su propia costa, por un abogado, según se define en el § 1001.1(f), u otro representante permitido conforme al § 1292.1.

(c) Determinación del monto de la sanción propuesta. Para determinar el monto de la sanción propuesta para el Aviso de CMP, el Juez de Inmigración debe primero determinar el rango de sanción correspondiente con base en la tabla de sanciones establecida en el párrafo (c)(1) de esta sección. Una vez determinado el rango de sanción, el monto específico de la sanción propuesta se determina entonces considerando todos los factores pertinentes conforme a lo dispuesto en el párrafo (c)(2) de esta sección.

(1) Tabla de sanciones. Una sanción civil pecuniaria debe determinarse conforme a la siguiente tabla:

(i) Primera orden de desacato: no menos de $1,000 ni más de $1,500;

(ii) Segunda orden de desacato: no menos de $1,500 ni más de $2,500; y

(iii) Cualquier orden de desacato subsiguiente: no menos de $2,500 ni más de $3,500.

(2) Factores pertinentes. Los factores que un Juez de Inmigración debe considerar al proponer una sanción civil pecuniaria incluyen, entre otros:

(i) El daño causado por la conducta, incluyendo cualquier retraso administrativo o costo o carga adicional resultante;

(ii) La gravedad de la conducta contumaz de la persona durante los procedimientos ante el Juez de Inmigración;

(iii) La extensión de la conducta contumaz de la persona durante los procedimientos ante el Juez de Inmigración;

(iv) El probable efecto disuasivo de la sanción; y

(v) El número de infracciones o advertencias previas.

(d) Respuesta al Aviso de CMP. Una persona a quien se le notifique un Aviso de CMP conforme al párrafo (b) de esta sección podrá presentar una respuesta por escrito al Aviso de CMP ante el Juez de Inmigración en Jefe. Dicha respuesta deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión del Aviso de CMP. Una persona podrá presentar una sola moción ante el Juez de Inmigración en Jefe para solicitar una prórroga del plazo para responder al Aviso de CMP, por un máximo de 7 días, por causa justificada. La respuesta deberá incluir el nombre de la persona, el número de caso de desacato, el número de extranjero (número A) o el número de identificación de EOIR (si lo hubiere), las direcciones físicas y de correo electrónico actuales, la posición de la persona respecto de los cargos establecidos en el Aviso de CMP, y cualquier prueba escrita o documental que respalde su posición. Si la persona está representada, su abogado o representante deberá presentar un Aviso de Comparecencia como Abogado o Representante ante el Tribunal de Inmigración (Formulario EOIR-28) ante el Juez de Inmigración en Jefe.

(e) Expediente del Procedimiento. Si se inicia el proceso de sanción civil pecuniaria conforme a esta sección, el Tribunal de Inmigración deberá crear un Expediente del Procedimiento de desacato, separado e independiente de cualquier Expediente o Expedientes del Procedimiento del caso subyacente. El Tribunal de Inmigración deberá asegurarse de que toda la prueba pertinente del procedimiento o procedimientos del caso subyacente que dio origen al inicio del proceso de sanción civil pecuniaria, tal como cualquier declaración oral o documento que registre o dé origen a la conducta de desacato, las advertencias relacionadas y las respuestas a dichas advertencias conforme al § 1003.125, y los Avisos de CMP, las respuestas a los Avisos de CMP y los escritos relacionados presentados conforme a los párrafos (b) y (d) de esta sección, se incorporen o describan en el Expediente del Procedimiento de desacato. Cualquier declaración oral, advertencia o respuesta a una advertencia formulada en el registro deberá transcribirse para su inclusión en el Expediente del Procedimiento de desacato. Cualquier declaración oral, advertencia o respuesta a una advertencia que no haya sido grabada deberá ser resumida por escrito por el Juez de Inmigración para su inclusión en el Expediente del Procedimiento de desacato.

(f) Requisitos de presentación. Todos los escritos presentados por una persona deberán cumplir con los requisitos de presentación de documentos establecidos en los §§ 1003.31 a 1003.33, incluyendo que todos los escritos presentados conforme a esta subparte deberán presentarse en inglés o acompañados de una traducción certificada al inglés.

§ 1003.127

Decisión del Juez de Inmigración en Jefe o su designado.

(a) Adjudicador. Tras la remisión del Aviso de CMP por parte del Juez de Inmigración, la jurisdicción sobre un proceso de sanción civil pecuniaria iniciado conforme al § 1003.126 recae ( página impresa 47992) en el Juez de Inmigración en Jefe, quien dictará la decisión final. El Juez de Inmigración en Jefe podrá designar a un Juez de Inmigración en Jefe Adjunto permanente para que dicte la decisión, siempre que dicho designado no sea el supervisor directo actual del Juez de Inmigración que emitió el Aviso de CMP y no esté realizando una revisión relacionada con un extranjero que haya comparecido previamente en procedimientos de inmigración ante dicho designado. Si el Juez de Inmigración en Jefe es el Juez de Inmigración que emitió el Aviso de CMP, el Director de EOIR designará a un adjudicador superior ajeno a la Oficina del Juez de Inmigración en Jefe para que adjudique el Aviso de CMP y dicte una decisión.

(b) Procedimientos de adjudicación. Después de revisar el Aviso de CMP y la respuesta al Aviso de CMP, si la hubiere, así como todos los materiales de respaldo, el Juez de Inmigración en Jefe o su designado emitirá una decisión por escrito conforme al párrafo (d) de esta sección. El Juez de Inmigración en Jefe o su designado solo podrá considerar el Expediente del Procedimiento de desacato conforme a lo descrito en el § 1003.126(e). El Juez de Inmigración en Jefe o su designado considerará y resolverá todas las mociones. El Juez de Inmigración en Jefe o su designado no podrá devolver un Aviso de CMP al Juez de Inmigración para su aclaración o procedimientos adicionales.

(c) Moción para prorrogar el plazo de respuesta. Un máximo de una vez por caso, ante una moción presentada para prorrogar el plazo para responder al Aviso de CMP, el Juez de Inmigración en Jefe o su designado podrá prorrogar la fecha límite para presentar la respuesta por un máximo de 7 días, siempre que se demuestre causa justificada.

(d) Decisión. (1) El Juez de Inmigración en Jefe o su designado dictará una decisión en la que se determine que la persona incurrió en desacato y se imponga una sanción civil pecuniaria si existe prueba clara y convincente que respalde lo siguiente:

(i) Que la persona acusada en el Aviso de CMP es una persona comprendida conforme al § 1003.123;

(ii) Que la conducta establecida en el Aviso de CMP ocurrió;

(iii) Que la conducta se encuentra dentro del alcance del § 1003.124(a); y

(iv) El Juez de Inmigración proporcionó debidamente la advertencia requerida, el tiempo para responder a la advertencia y el Aviso de CMP conforme a los §§ 1003.125 y 1003.126.

(2) Si el Juez de Inmigración en Jefe o su designado emite una orden que impone una sanción monetaria civil, la orden debe especificar el monto de la sanción monetaria civil de conformidad con el § 1003.126(c); sin embargo, la orden no podrá establecer un monto de sanción superior al monto indicado en el Aviso de CMP. La orden debe incluir instrucciones de pago, incluyendo dónde se debe efectuar el pago y la forma de dicho pago. La orden también debe informar a la persona de su derecho a presentar una apelación ante la Junta conforme al § 1003.128 dentro de los 10 días a partir de la fecha de la orden.

(3) El Juez de Inmigración en Jefe o su designado debe emitir una orden que desestime el Aviso de CMP con perjuicio si:

(i) No encuentra evidencia clara y convincente que respalde las conclusiones requeridas en el párrafo (d)(1) de esta sección, o

(ii) El Aviso de CMP fue emitido contra un extranjero descrito en el § 1003.123(a)(2) y el Juez de Inmigración en Jefe o su designado recibe información que indica que el extranjero ha sido removido de los Estados Unidos o ha salido de los Estados Unidos antes de la emisión de una decisión.

(4) Una orden que desestima el Aviso de CMP es definitiva y no está sujeta a ninguna revisión adicional.

(5) El Juez de Inmigración en Jefe o su designado debe notificar una copia de su orden a la persona o, si está representada, al abogado o representante de la persona. Si la persona está representada por un abogado o representante, la orden del Juez de Inmigración en Jefe se notificará electrónicamente utilizando la dirección de correo electrónico que el abogado o representante de la persona haya proporcionado a través de eRegistry. Si la persona no está representada, la orden del Juez de Inmigración en Jefe podrá notificarse a la persona mediante entrega personal o por correo. Si la persona no representada es un profesional en ejercicio ante la EOIR, la notificación también podrá realizarse electrónicamente utilizando la dirección de correo electrónico del profesional proporcionada a través de eRegistry.

(e) Carácter definitivo de la orden. La orden del Juez de Inmigración en Jefe o su designado se convierte en una decisión final de la agencia a menos que la persona presente una apelación oportuna ante la Junta conforme al § 1003.128. Cuando la persona haya presentado una apelación oportuna, la decisión de la Junta se convertirá en una decisión final de la agencia de conformidad con el § 1003.128(d)(2). La presentación de una apelación suspende automáticamente la orden y el requisito de pagar la sanción mientras esté pendiente el resultado de la apelación.

§ 1003.128

Apelaciones.

(a) Generalidades. Una persona a quien se le haya emitido una orden que la declare en desacato e imponga una sanción monetaria civil conforme al § 1003.127 puede apelar la orden ante la Junta presentando un Aviso de Apelación de una Sanción Monetaria Civil por Desacato (Formulario EOIR-86). Una copia del Aviso de Apelación de una Sanción Monetaria Civil por Desacato debe notificarse simultáneamente al Asesor Jurídico General. El Asesor Jurídico General o el asesor disciplinario de la EOIR, cuando así sea designado, representará a la Oficina del Juez de Inmigración en Jefe en este proceso de apelación. El Aviso de Apelación de una Sanción Monetaria Civil por Desacato debe presentarse dentro de los 10 días a partir de la fecha de la orden emitida conforme al § 1003.127 e incluir la tarifa de presentación requerida o el formulario de exención de tarifa conforme al § 1103.7.

(b) Aviso de apelación y escritos. El Aviso de Apelación de una Sanción Monetaria Civil por Desacato debe indicar el fundamento de la apelación. Un escrito en apoyo de una apelación debe presentarse directamente ante la Junta, seguir los cronogramas de presentación de escritos contenidos en el § 1003.3(c)(1), e incluir prueba de notificación al Asesor Jurídico General. Todas las presentaciones ante la Junta deben incluir: el nombre de la persona, el número de caso, el número A o el número de identificación de la EOIR (si lo hay), las direcciones físicas y de correo electrónico actuales, y una designación del tipo de presentación.

(c) Representación. Una persona puede estar representada en la apelación, sin costo alguno para el gobierno, por un abogado, según se define en el § 1001.1(f), u otra persona autorizada conforme al § 1292.1 para proporcionar representación ante la EOIR. El abogado o representante debe presentar un Aviso de Comparecencia como Abogado o Representante ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Formulario EOIR-27) y notificar una copia al Asesor Jurídico General.

(d) Procesos de apelación ante la Junta. (1) Al recibir un Aviso de Apelación de una Sanción Monetaria Civil por Desacato presentado oportunamente, el Juez de Inmigración en Jefe o su designado remitirá con prontitud el Expediente del Procedimiento de desacato a la Junta para que realice una revisión conforme al § 1003.1(d)(3).

(2) Luego de su revisión, la Junta debe emitir una decisión escrita que confirme, modifique o anule con perjuicio la sanción económica civil, siempre que la Junta no pueda fijar un monto de sanción superior al indicado en el Aviso de Sanción Económica Civil (CMP) ni devolver el caso al Juez de Inmigración en Jefe o a su designado para procedimientos adicionales. Si se impuso una sanción económica civil contra un extranjero descrito en el § 1003.123(a)(2) y la Junta recibe información de que el extranjero ha sido expulsado de los Estados Unidos o se ha marchado de los Estados Unidos antes de que la Junta emita su decisión, la Junta deberá anular la sanción económica civil. Se notificará una copia de la decisión escrita de la Junta al Asesor Jurídico General, a la persona y, si la persona cuenta con representación, al abogado o representante de la persona. La decisión de la Junta se convierte en la orden final de la agencia en la fecha en que se emite. (página impresa 47993)

(3) La Junta podrá publicar decisiones en los procedimientos realizados conforme a esta subparte, de manera congruente con su autoridad conforme al § 1003.1(g). Dichas decisiones servirán como precedentes en todos los procedimientos que involucren el(los) mismo(s) asunto(s). La Junta deberá remitir los casos conforme a esta subparte al Procurador General para su revisión, de conformidad con el § 1003.1(h).

§ 1003.129

Pago de la sanción económica civil.

(a) Plazo. El pago de la sanción económica civil debe realizarse de la manera y en la forma autorizadas por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Si no se presenta una apelación, el pago de la sanción económica civil vence dentro de los 30 días posteriores a que la orden del Juez de Inmigración en Jefe o de su designado se vuelva definitiva conforme al § 1003.127(e). Si se presenta una apelación, el pago de la sanción económica civil vence dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la decisión final de la agencia conforme al § 1003.128(d). Si se solicita la revisión de la decisión de la Junta ante un tribunal federal, el pago de la sanción económica civil vence dentro de los 30 días posteriores a la emisión de una decisión judicial definitiva que confirme la sanción económica civil.

(b) Cobro de una sanción económica civil no pagada. Si la persona a quien se le ha impuesto una sanción económica civil no paga la sanción dentro del plazo establecido en el párrafo (a) de esta sección, la sanción económica civil podrá cobrarse conforme a las disposiciones del 28 CFR parte 11 o cualquier otra ley federal aplicable.

(c) Suspensión de un profesional del derecho por falta de pago. (1) Si la persona que no paga la sanción económica civil impuesta dentro de los 30 días, según lo dispuesto en el párrafo (a) de esta sección, es un profesional del derecho sujeto a las sanciones del § 1003.101(b), el asesor jurídico disciplinario de la EOIR enviará al profesional del derecho un aviso de que el asesor jurídico disciplinario presentará una petición ante la Junta para suspender a ese profesional del derecho del ejercicio ante la Junta y los Tribunales de Inmigración de manera inmediata, a menos que el profesional del derecho pague la sanción económica civil y un cargo por mora de $50 dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emisión del aviso. La notificación de este aviso se hará al profesional del derecho ya sea por correo certificado a su última dirección conocida, según se define en el § 1003.105(a)(2), o mediante entrega personal.

(2) Si el profesional del derecho no paga la sanción económica civil y el cargo por mora aplicable, ni envía de otro modo comprobante de pago de estos al asesor jurídico disciplinario de la EOIR dentro de los 15 días posteriores a la emisión del aviso, el asesor jurídico disciplinario de la EOIR presentará una petición ante la Junta para suspender a ese profesional del derecho de manera inmediata del ejercicio ante la Junta y los Tribunales de Inmigración. La notificación de la petición de suspensión inmediata se hará al profesional del derecho ya sea por correo certificado a su última dirección conocida, según se define en el § 1003.105(a)(2), o mediante entrega personal.

(3) Tras la presentación de una petición de suspensión inmediata por parte del asesor jurídico disciplinario de la EOIR, junto con una copia certificada de la orden final pertinente que impone una sanción económica civil y una copia del aviso descrito en esta sección, la Junta podrá dictar una orden que suspenda de manera inmediata al profesional del derecho del ejercicio ante la Junta y los Tribunales de Inmigración. Si se impone una suspensión inmediata a un profesional del derecho, la Junta podrá exigir que se publique un aviso de dicha suspensión en la Junta y en los Tribunales de Inmigración.

(4) Un profesional del derecho suspendido podrá presentar una moción ante la Junta para dejar sin efecto la orden de suspensión inmediata, previa comprobación de que la sanción económica civil y el cargo por mora fueron pagados en su totalidad.

(5) Nada en esta sección prohíbe que el asesor jurídico disciplinario de la EOIR tome cualquier otra medida apropiada congruente con la subparte G de esta parte.

§ 1003.130

Supervisión.

El ejercicio de la autoridad establecida en esta subparte por parte de un Juez de Inmigración está sujeto a la supervisión del Juez de Inmigración en Jefe. El ejercicio de la autoridad establecida en esta subparte por parte del Juez de Inmigración en Jefe está sujeto a la supervisión del Director. El Juez de Inmigración en Jefe debe realizar revisiones periódicas de esta autoridad y, después de consultar con el Director, puede suspender el ejercicio de la autoridad de cualquier Juez de Inmigración por hasta 30 días si la autoridad ha sido aplicada incorrectamente o utilizada indebidamente. El Director revisará el ejercicio de la autoridad establecida en esta subparte por parte del Juez de Inmigración en Jefe y puede suspender el ejercicio de la autoridad del Juez de Inmigración en Jefe por hasta 30 días si la autoridad ha sido aplicada incorrectamente o utilizada indebidamente. Toda suspensión de la autoridad de un Juez de Inmigración conforme a este párrafo se comunicará mediante una orden permanente emitida por el Juez de Inmigración en Jefe o, según corresponda, por el Director. Las quejas o alegaciones de mala conducta por parte de un Juez de Inmigración respecto de la amenaza o el ejercicio de la autoridad conforme a esta subparte deben dirigirse al supervisor del Juez de Inmigración, a la Unidad de Conducta Judicial y Profesionalismo de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), o a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia.

9. La cita de autoridad para la parte 1103 continúa redactada de la siguiente manera:

Autoridad: 8 U.S.C. 1101, 1103, 1304, 1356, 1801, 1802, 1808, 1812; 31 U.S.C. 9701; 28 U.S.C. 509, 510.

10. En el § 1103.7, se modifica la tabla 1 del párrafo (b)(1) agregando una entrada para el Formulario EOIR-86, Aviso de Apelación de una Sanción Monetaria Civil por Desacato, en orden numérico según el número de formulario, de la siguiente manera:

§ 1103.7

Tarifas.

* * * * *

(b) * * *

(1) * * *

Tabla 1 del Párrafo (b)(1)

(página impresa 47994)

* * * * *

Sirce E. Owen,

Directora Interina, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, Departamento de Justicia.

1. Memorando del Procurador General para el Procurador General Adjunto, el Procurador General Adjunto de Política Legal, el Director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y el Juez de Inmigración en Jefe Interino (9 de agosto de 2006), https://www.justice.gov/​sites/​default/​files/​ag/​legacy/​2009/​02/​10/​ag-080906.pdf [ https://perma.cc/​V79E-T87Q].

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2. Ídem.

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3. Memorando del Procurador General para el Procurador General Adjunto, el Procurador General Adjunto de Política Legal, el Director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y el Juez de Inmigración en Jefe Interino, página 5 (9 de agosto de 2006), https://www.justice.gov/​sites/​default/​files/​ag/​legacy/​2009/​02/​10/​ag-080906.pdf [ https://perma.cc/​V79E-T87Q].

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4. Véase, por ejemplo, Sanción Monetaria Civil por Actos de Desacato al Ejercicio Correcto de la Autoridad de un Juez de Inmigración, RIN 1125-AB02, https://www.reginfo.gov/​public/​do/​eAgendaViewRule?​pubId=​202004&​RIN=​1125-AB02 [ https://perma.cc/​7YFD-PXTV] (que muestra la inclusión de esta reglamentación en la Agenda Unificada de Primavera de 2020, la cual identifica las acciones regulatorias planificadas del Departamento).

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5. EOIR, Estadísticas de Adjudicación: Casos Pendientes, Casos Nuevos y Total de Resoluciones (22 de abril de 2026), https://www.justice.gov/​eoir/​media/​1344791/​dl?​inline [ https://perma.cc/​J5L7-EGLV].

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6. Véase Memorando Presidencial, Prevención de Abusos del Sistema Legal y de los Tribunales Federales (22 de marzo de 2025), https://www.whitehouse.gov/​presidential-actions/​2025/​03/​preventing-abuses-of-the-legal-system-and-the-federal-court/​ [ https://perma.cc/​KVC6-FE7F].

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7. Esto incluye a los testigos que están presentes en la sala del tribunal, ya sea físicamente o de manera remota mediante teléfono o equipo de videoconferencia, incluso durante audiencias realizadas por internet. 8 CFR 1003.123(a)(3) (propuesto).

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8. En la medida en que un abogado o representante tenga inquietudes sobre la conducta de un Juez de Inmigración, puede plantear dichas inquietudes presentando una queja ante la Unidad de Conducta Judicial y Profesionalismo de la EOIR. Véase EOIR PM 26-03, Conducta Judicial y Profesionalismo (20 de marzo de 2026), https://www.justice.gov/​eoir/​media/​1432036/​dl?​inline [ https://perma.cc/​HZ6F-EJSN].

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9. Actualmente, el 8 CFR 1003.102(c) señala la obligación de un profesional de tomar medidas correctivas con respecto a pruebas falsas, pero no con respecto a declaraciones falsas de derecho o de hechos materiales. Esa distinción no tiene fundamento en las obligaciones de responsabilidad profesional de los profesionales. Véase, por ejemplo, la Regla Modelo de Conducta Profesional 3.3(a)(1) ("Un abogado no hará a sabiendas una declaración falsa de hecho o de derecho ante un tribunal ni dejará de corregir una declaración falsa de hecho o de derecho material hecha anteriormente al tribunal por el abogado" (énfasis añadido)). En consecuencia, y de manera consistente con los fundamentos para la conducta de desacato sujeta a una multa civil, la regla propuesta corregiría esa omisión. Véase el 8 CFR 1003.102(c) (propuesto).

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10. Nada en esta regla propuesta prohibiría a un juez de inmigración emitir una orden permanente que regule la conducta dentro de su sala de audiencias, siempre que la orden sea consistente con la ley y la política aplicables. Véase el Memorando de Política de la EOIR 20-09, El Manual de Práctica de la Corte de Inmigración y Órdenes (13 de febrero de 2020), https://www.justice.gov/​eoir/​reference-materials/​OOD2009/​dl [ https://perma.cc/​76TJ-TMKP]. No obstante, aunque la violación de una orden permanente puede servir como evidencia de conducta de desacato, la sola existencia de una orden permanente es insuficiente para constituir la advertencia necesaria antes de procurar imponer una multa civil.

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11. Cuando un juez de inmigración inicia un proceso de multa civil basado en una alegación de desacato, la Corte de Inmigración creará un Expediente del Procedimiento de desacato, separado del Expediente del Procedimiento del caso subyacente, y se asegurará de que los asuntos pertinentes en el procedimiento o los procedimientos de inmigración subyacentes que dieron lugar al inicio de la multa civil se incorporen o describan en el Expediente del Procedimiento de desacato. 8 CFR 1003.126(e) (propuesto). Cualquier declaración oral hecha en el expediente, incluida cualquier respuesta oral a la advertencia del juez de inmigración, será transcrita para su inclusión en el Expediente del Procedimiento de desacato. Ídem. Cualquier declaración oral que no haya sido grabada deberá ser resumida por escrito por el juez de inmigración para su inclusión en el Expediente del Procedimiento de desacato. Ídem.

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12. Un Número de Registro de Extranjero ("número A") es un número de identificación único que el DHS asigna a un extranjero.

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13. Un número de identificación de la EOIR ("EOIR ID") es un identificador utilizado por la EOIR para abogados y representantes totalmente acreditados a fin de indicar que dicha persona se ha registrado ante la EOIR. La EOIR exige que los abogados y los representantes totalmente acreditados se registren ante la agencia para ejercer ante las Cortes de Inmigración y la Junta. Para recibir un EOIR ID, los abogados y los representantes totalmente acreditados deben (1) registrarse en línea a través del portal eRegistry, y (2) presentarse en persona en un lugar aprobado para presentar una identificación con fotografía a fin de validar su identidad. Al completar ambos pasos, la EOIR emite un EOIR ID único a la persona por correo electrónico. Para más información, véase EOIR, Attorneys and Fully Accredited Reps, How to Register (febrero de 2024), https://www.justice.gov/​eoir/​media/​1358206/​dl?​inline [ https://perma.cc/​F3M3-N3SM].

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14. Si la persona sujeta a una multa civil es un extranjero descrito en el 8 CFR 1003.123(a)(2) (propuesto) y, ya sea el Juez de Inmigración en Jefe o su designado o la Junta, recibe información de que el extranjero ha sido expulsado antes de que se emita una decisión, entonces, según corresponda, el Juez de Inmigración en Jefe o su designado desestimará el Aviso de CMP o la Junta anulará la multa civil. 8 CFR 1003.127(d)(3), 1003.128(d)(2) (propuesto).

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15. Si la persona solicita una revisión adicional ante un tribunal federal de la orden de la Junta que impone una multa civil por desacato, el pago vencería entonces dentro de los 30 días posteriores a una decisión judicial final que confirme la multa civil.

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16. El uso de la autoridad del Juez de Inmigración en Jefe para emitir un Aviso de CMP estará sujeto a la supervisión del Director. 8 CFR 1003.0(b); 28 CFR 0.115(a). El Director llevará a cabo revisiones periódicas de dicha autoridad por parte del Juez de Inmigración en Jefe y podrá suspender el ejercicio de dicha autoridad por parte del Juez de Inmigración en Jefe por hasta 30 días si la autoridad ha sido aplicada indebidamente o utilizada de manera incorrecta. La norma propuesta autoriza al Director a emitir una orden permanente para dejar constancia de cualquier suspensión de este tipo de la autoridad de desacato del Juez de Inmigración en Jefe. 8 CFR 1003.130 (propuesto).

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17. Véase EOIR, Proceso de Quejas Judiciales (febrero de 2023), https://www.justice.gov/​eoir/​page/​file/​1100946/​download [ https://perma.cc/​Q4H9-SG9Q].

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18. Véase el Memorando del Fiscal General para el Fiscal General Adjunto, el Fiscal General Adjunto de Política Legal, el Director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y el Juez de Inmigración en Jefe Interino (9 de agosto de 2006) (en el que se instruye a EOIR a desarrollar un proceso de quejas contra adjudicadores que defina claramente las funciones de EOIR, OPR y la Oficina del Inspector General en el manejo de quejas contra adjudicadores), https://www.justice.gov/​sites/​default/​files/​ag/​legacy/​2009/​02/​10/​ag-080906.pdf [ https://perma.cc/​V79E-T87Q].

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19. Véase, por ejemplo, 8 CFR 1003.0(b)(1)(viii) (que instruye al Director a “[i]mplementar un proceso para recibir, evaluar y responder a las quejas de conducta inapropiada por parte de los adjudicadores de EOIR”).

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20. Véase Conducta Profesional para Practicantes, Normas y Procedimientos, 65 FR 39513, 39518-19 (27 de junio de 2000) (“Se espera que las regulaciones sobre desacato, una vez publicadas, establezcan que un practicante pueda ser sancionado conforme a las Normas de Conducta Profesional cuando dicho practicante haya sido sancionado por conducta de desacato por un Juez de Inmigración conforme a 8 U.S.C. 1229a(b)(1). Una determinación de desacato se convertirá en requisito previo para la imposición de una medida disciplinaria conforme a esta subsección.”).

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21. El 4 de julio de 2025, el Presidente Trump firmó la Ley One Big Beautiful Bill (H.R. 1) (“OBBBA”, por sus siglas en inglés), la cual añadió una tarifa adicional de $1,325 para las apelaciones de disciplina de abogados. Véase Public Law 119-21, 139 Stat. 72 en la sec. 100013(f). OBBBA no incluyó tarifas adicionales relacionadas con el desacato, por lo que el Departamento está comparando su tarifa de apelación por desacato con la tarifa preexistente de $675 de EOIR para casos de disciplina de abogados, la cual a su vez se basó en un estudio de tarifas de 2018 sobre los costos de adjudicación pertinentes. Véase Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración; Revisión de Tarifas, 85 FR 11866, 11870 (28 de febrero de 2020).

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22. Véase EOIR, Lista de Practicantes Actualmente Disciplinados (13 de julio de 2026), https://www.justice.gov/​eoir/​list-of-currently-disciplined-practitioners [ https://perma.cc/​XQ6Y-LKAG] (que muestra la suspensión inmediata o la medida disciplinaria final (sin incluir la reincorporación) impuesta a aproximadamente 46 practicantes en 2025 y 37 practicantes en 2026 hasta la fecha). El Departamento reconoce que las personas sujetas a una sanción económica civil conforme a esta norma propuesta, véase 8 CFR 1003.123 (propuesto), constituyen un grupo de personas más amplio que los practicantes sujetos a las normas de conducta profesional de EOIR, véase 8 CFR 1003.101(b), lo cual puede resultar en que más personas reciban o apelen una sanción económica civil que las personas sujetas a disciplina. No obstante, el Departamento considera que esta es una analogía apropiada.

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[FR Doc. 2026-15458 Presentado 7-29-26; 8:45 am]

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