DHS reduce de 30 a 10 días el plazo para responder al aviso de terminación de refugio

Código de facturación: 9111-97 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL 8 CFR Parte 207 [N.º de CIS 2856-26; N.º de Expediente del DHS USCIS-2026-0397] RIN 1615-AD23 Eliminación del Aviso de Terminación de Refugiado de 30 días AGENCIA: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

ACCIÓN: Norma final provisional.

RESUMEN: Esta norma final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) enmienda las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para agilizar la terminación del estatus de refugiado cuando el DHS determine que un extranjero no era refugiado según el significado de la sección 101(a)(42) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al momento de su admisión a los Estados Unidos. El período de respuesta a un Aviso de Intención de Terminar (NOIT, por sus siglas en inglés) se reduce de treinta a diez días. Estos cambios tienen como objetivo restablecer la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública, y prevenir el fraude y la explotación.

FECHAS: Esta IFR entra en vigor el [INSERTAR FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL FEDERAL REGISTER]. Los comentarios escritos y los materiales relacionados deben presentarse a más tardar el [INSERTAR FECHA 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL FEDERAL REGISTER]. El Sistema Electrónico Federal de Gestión de Expedientes aceptará comentarios antes de la medianoche, hora del Este, al final de ese día.

DIRECCIONES: Usted puede enviar comentarios sobre la totalidad de este paquete de reglamentación, identificado con el N.º de Expediente del DHS USCIS-2026-0397, a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica: https://www.regulations.gov. Siga las instrucciones del sitio web para enviar comentarios.

Está previsto que este documento se publique en el Federal Register el 14-10-2026 y esté disponible en línea en https://www.federalregister.gov/d/2026-20956, y en https://govinfo.gov. Los comentarios deben presentarse en inglés, o se debe proporcionar una traducción al inglés. Los comentarios que brindarán la mayor ayuda a USCIS para implementar estos cambios harán referencia a una parte específica de la Norma Final Provisional, explicarán el motivo de cualquier cambio recomendado e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada anteriormente, incluidos correos electrónicos o cartas enviados a funcionarios del DHS o de USCIS, no se considerarán comentarios sobre la Norma Final Provisional y es posible que el DHS no les dé respuesta. Tenga en cuenta que el DHS y USCIS no pueden aceptar comentarios entregados en persona o por mensajería. Además, USCIS no puede aceptar comentarios contenidos en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento de medios digitales, como CD/DVD y unidades USB. USCIS tampoco está aceptando comentarios por correo postal en este momento. Si no puede enviar su comentario utilizando https://www.regulations.gov, comuníquese con la División de Coordinación Regulatoria, Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, por teléfono al (240) 721-3000 para obtener instrucciones alternativas. PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON: División de Seguridad, Seguridad Pública y Verificación Global (SPSG, por sus siglas en inglés), Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), DHS, 5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20746;

teléfono (240) 721-3000. Las personas con discapacidades auditivas o del habla pueden acceder al número telefónico indicado anteriormente a través de TTY llamando al Servicio Federal de Retransmisión de Información sin cargo al 711.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Tabla de Contenido I. Participación Pública II. Resumen Ejecutivo A. Propósito de la Acción Reglamentaria B. Autoridad Legal C. Resumen de la Acción Reglamentaria D. Reglamentaciones Relacionadas III. Antecedentes y Propósito A. Procesamiento Inicial de Refugiados B. Terminación del Estatus de Refugiado C. Acciones de la Administración Anterior que Aumentaron el Riesgo de Admisiones Erróneas de Refugiados D. Acciones Recientes del Presidente Trump y del DHS para Revigorizar la Investigación de Antecedentes de Refugiados y la Integridad del Programa de Refugiados IV. Análisis de la Norma Final Provisional V. Requisitos Estatutarios y Reglamentarios A. Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) a. Causa Justificada b. Excepción de Asuntos Exteriores c. Intereses de Confianza B. Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Reglamentaria), 13563 (Mejora de la Reglamentación y de la Revisión Reglamentaria) y 14192 ("Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación") C. Ley de Flexibilidad Reglamentaria (RFA, por sus siglas en inglés) D. Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995 (UMRA, por sus siglas en inglés) E. Ley de Revisión del Congreso (CRA, por sus siglas en inglés) F. Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo) G. Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de la Justicia Civil) H. Evaluación Familiar I. Orden Ejecutiva 13175 (Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas) J. Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) K. Ley de Reducción de Trámites (PRA, por sus siglas en inglés) Tabla de Abreviaturas APA: Ley de Procedimiento Administrativo CBP: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos CDAO: Oficina Principal de Datos y Análisis CFR: Código de Reglamentos Federales COI: Información sobre el País de Origen CPI-U: Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos CRA: Ley de Revisión del Congreso DHS: Departamento de Seguridad Nacional E.O.: Orden Ejecutiva FR: Registro Federal FY: Año Fiscal HSA: Ley de Seguridad Nacional ICE: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos IFR: Norma Final Provisional INA: Ley de Inmigración y Nacionalidad LPR: Residencia Permanente Legal/Residente Permanente Legal NEPA: Ley Nacional de Política Ambiental NOIT: Aviso de Intención de Terminar OIRA: Oficina de Información y Asuntos Reglamentarios OMB: Oficina de Administración y Presupuesto OPLA: Oficina del Asesor Jurídico Principal OPQ: Oficina de Desempeño y Calidad PARRIS: Reverificación Posterior a la Admisión de Refugiados y Fortalecimiento de la Integridad PRA: Ley de Reducción de Trámites RFA: Ley de Flexibilidad Reglamentaria SBREFA: Ley de Equidad en la Aplicación de Normas Reglamentarias para Pequeñas Empresas de 1996 Secretario: Secretario de Seguridad Nacional State: Departamento de Estado UMRA: Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995 UNHCR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados USC: Código de los Estados Unidos USCIS: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos USRAP: Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos I. Participación Pública El DHS invita a todas las partes interesadas a participar en este proceso reglamentario mediante la presentación de datos, opiniones, comentarios y argumentos por escrito sobre todos los aspectos de esta IFR. El DHS también invita comentarios relacionados con los efectos económicos, ambientales o de federalismo que pudieran resultar de esta IFR. Los comentarios deben presentarse en inglés, o debe proporcionarse una traducción al inglés. Los comentarios que brinden la mayor ayuda a USCIS para implementar estos cambios harán referencia a una parte específica de la IFR, explicarán el motivo de cualquier cambio recomendado e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada anteriormente, incluidos los correos electrónicos o cartas enviados a funcionarios del DHS o de USCIS, no se considerarán comentarios sobre la IFR y es posible que no reciban respuesta del DHS.

Instrucciones: Si presenta un comentario, debe incluir el nombre de la agencia (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y el número de expediente del DHS USCIS-2026-0397 correspondiente a este proceso reglamentario. Independientemente del método utilizado para presentar comentarios o materiales, todas las presentaciones se publicarán, sin cambios, en el Portal Federal de Reglamentación Electrónica (Federal eRulemaking Portal) en https://www.regulations.gov, e incluirán cualquier información personal que usted proporcione. Por lo tanto, al enviar esta información, esta se hace pública. Es posible que desee considerar limitar la cantidad de información personal que proporciona en cualquier comentario público voluntario que presente al DHS. El DHS podrá retener de la visualización pública la información proporcionada en los comentarios que determine que pueda afectar la privacidad de una persona o que resulte ofensiva. Para obtener información adicional, lea el Aviso de Privacidad y Seguridad disponible en https://www.regulations.gov.

Expediente: Para acceder al expediente y leer los documentos de antecedentes o los comentarios recibidos, visite https://www.regulations.gov, haciendo referencia al número de expediente del DHS USCIS-2026-0397. También puede suscribirse para recibir alertas por correo electrónico en el expediente en línea para ser notificado cuando se publiquen comentarios o se publique una norma final.

II. Resumen Ejecutivo A. Propósito de la Acción Reglamentaria El propósito de esta reglamentación es acortar el período de aviso de terminación con el fin de mitigar los riesgos potenciales que representan los extranjeros admitidos en los Estados Unidos como refugiados cuando, de hecho, no eran elegibles para la clasificación de refugiado en el momento de la admisión. Aquellos que fueron admitidos indebidamente podrían no tener su identidad plenamente confirmada y verificada debido a un expediente incompleto, y como tal representan un riesgo para la integridad del programa y pueden representar un riesgo para la seguridad nacional y la seguridad pública. Una revisión de las políticas y procedimientos de procesamiento de refugiados implementados durante la administración Biden indica una erosión alarmante de la integridad que llevó a la admisión de extranjeros en los Estados Unidos como refugiados cuando su identidad, elegibilidad para la clasificación de refugiado y admisibilidad se determinaron sobre la base de expedientes incompletos.1 La orientación operativa implementada durante este período permitió a los oficiales omitir las líneas de investigación habituales, sacrificando la calidad y la eficacia de la entrevista de refugiado, un componente crítico de evaluación del proceso de adjudicación de refugiados.2 La priorización de la rapidez sobre la calidad fomentó la falta de entrevistas rigurosas. Se omitieron ciertas preguntas destinadas a garantizar que los extranjeros fueran elegibles para el estatus de refugiado antes de la admisión a los 1 Los solicitantes de refugio tienen la carga de establecer su identidad para efectos de los beneficios migratorios. La identidad es un elemento crítico en las adjudicaciones de refugiados porque ayuda a verificar que el solicitante es quien dice ser. La identidad puede establecerse mediante la recolección de datos biométricos, pruebas documentales y testimonios. En el contexto de refugiados, el testimonio es una fuente primaria de evidencia. Proporciona información valiosa sobre los antecedentes del solicitante, sus relaciones familiares, experiencias pasadas y asociaciones, lo cual brinda contexto para establecer quién es el solicitante como persona y si es elegible para el beneficio solicitado. La capacidad del solicitante para demostrar su identidad a satisfacción del Gobierno de los Estados Unidos, asegurando que los funcionarios tengan confianza en la identidad del solicitante, es un paso necesario para determinar la elegibilidad para el beneficio migratorio solicitado.

2 Se revisaron casos de refugiados reasentados que residen en Minnesota como parte de una cohorte inicial de operación piloto para reforzar las recientes acciones conjuntas de cumplimiento antifraude, como la Operación Twin Shield, realizada con otros socios encargados del cumplimiento de la ley, incluidos ICE y el FBI.

Estados Unidos, y esto aumentó el riesgo de que extranjeros inelegibles fueran aprobados para la clasificación de refugiado y posteriormente admitidos en los Estados Unidos. Esto se ve respaldado por una revisión preliminar reciente de refugiados admitidos que residen en Minnesota, quienes fueron entrevistados, aprobados y admitidos durante la administración Biden. En la mayoría de estos casos revisados, la evidencia fue insuficiente para establecer que el solicitante principal cumplía con todos los elementos requeridos de la definición de refugiado.3 El objetivo era que ingresara a los Estados Unidos la mayor cantidad posible de refugiados para cumplir con el tope de admisiones de refugiados establecido por el presidente Biden, y para lograrlo, se redujeron o eliminaron varios requisitos destinados a garantizar un examen y una evaluación exhaustivos de la elegibilidad.

Esto genera preocupación sobre la integridad del programa de refugiados y pone en duda la elegibilidad para el estatus de refugiado de los extranjeros admitidos en los Estados Unidos durante este período. Como se detalla más adelante en este preámbulo, se implementaron varias decisiones de política que redujeron significativamente las medidas de integridad dentro del programa de refugiados. Estos cambios resultaron en un aumento en el número de entrevistas de refugiados realizadas por cada oficial diariamente, con una obtención menos exhaustiva de los testimonios de los solicitantes. Estos ajustes limitaron la capacidad de los oficiales de refugiados, y del Gobierno de los Estados Unidos, para determinar con precisión si la identidad de un solicitante estaba debidamente establecida, evaluar posibles preocupaciones de seguridad nacional o seguridad pública, y verificar si el solicitante cumplía con la definición de refugiado.

Para proteger los intereses de los Estados Unidos y la seguridad pública, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) deben actuar con rapidez cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determina que un extranjero no cumplía con la definición de refugiado y no tenía derecho al estatus de refugiado en el momento de su admisión. Acortar el período de respuesta al NOIT permite al DHS responder rápidamente a tales determinaciones. Permitir un período de notificación más largo podría proporcionar 3 Véase USCIS Announces Results of Operation Twin Shield, a Large-Scale Immigration Fraud Investigation (30 de septiembre de 2025), https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/uscis-announces-results-of-operation- twin-shield-a-large-scale-immigration-fraud-investigation.

oportunidades para que los extranjeros evadan la aplicación de la ley o participen en actividades dañinas. Por ejemplo, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) investigó casos en los que se identificó posteriormente a refugiados como miembros de grupos armados o que habían ocultado afiliaciones extremistas. En un caso, se determinó que un refugiado había participado en abusos de derechos humanos con las Fuerzas Armadas de Liberia durante la Guerra Civil de Liberia. En otro caso, se determinó que un refugiado había tergiversado su participación en el Frente de Liberación Oromo (OLF), un grupo armado en Etiopía. Las verificaciones de redes sociales indicaron numerosas actividades a favor del OLF y publicaciones con retórica pro OLF y de violencia radical antes de su admisión a los Estados Unidos como refugiado. Estos casos demuestran que, cuando surge evidencia creíble de preocupaciones de seguridad nacional o seguridad pública después de la admisión de un refugiado, es posible que USCIS no pueda iniciar procedimientos de remoción hasta que se complete el proceso de terminación. Por lo tanto, reducir el período de respuesta a diez días después de la emisión de un NOIT permite a USCIS abordar dichas amenazas de manera más rápida y eficaz, restaurando la integridad del sistema de inmigración.

Para ser elegible para la admisión a los Estados Unidos como refugiado, un extranjero debe establecer, entre otras cosas, que cumple con la definición de “refugiado” según se define en la sección 101(a)(42)(A) y (B) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(42)(A) y (B), lo cual incluye el requisito de que no sea un perseguidor. Cuando USCIS descubre, después de la admisión de un extranjero a los Estados Unidos, que no debería haber sido admitido porque no cumplía con la definición de refugiado y, por lo tanto, con los requisitos de elegibilidad para la clasificación de refugiado en el momento de su admisión, es importante proteger la integridad del sistema de inmigración estadounidense tomando todas las medidas legalmente disponibles, incluyendo asegurar que el extranjero sea removido de los Estados Unidos lo más rápido posible cuando exista una base legal para hacerlo. Existe un riesgo inherente para la seguridad nacional y la seguridad pública cuando la identidad de un extranjero no se ha establecido completamente. Por lo tanto, la capacidad de agilizar la terminación del estatus de refugiado, cuando corresponda, contribuye de manera inmediata a la seguridad del pueblo estadounidense y a la integridad del sistema legal de inmigración de los Estados Unidos.

El proceso actual de notificación y respuesta para terminar el estatus de refugiado al determinar que el extranjero no era refugiado en el momento de su admisión es ineficiente y compromete la seguridad y la protección de los Estados Unidos. Proporcionar 30 días para responder a un NOIT, en lugar de un período de respuesta de 10 días, permite que los extranjeros inelegibles tengan más tiempo para conservar beneficios migratorios a los que no tienen derecho, socavando la integridad del sistema de inmigración de los Estados Unidos y los intereses nacionales de los Estados Unidos. Además, cuando un extranjero conserva un estatus al que no tiene derecho, mientras también ha sido examinado de manera inadecuada con información insuficiente respecto a su verdadera identidad, existe un riesgo para la seguridad y la protección de la sociedad estadounidense.

B. Autoridad Legal La autoridad del Secretario de Seguridad Nacional (Secretario) para la enmienda reglamentaria que se realiza en esta IFR se encuentra en varias disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), 8 U.S.C. 1101 y siguientes, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA, por sus siglas en inglés), Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135 (codificada en parte en 6 U.S.C. 101 y siguientes). Conforme a la INA, el Secretario tiene autoridad sobre la admisión, la terminación de estatus, la remoción y el ajuste de estatus de los refugiados. Véase, por ejemplo, INA 207, 209, 8 U.S.C. 1157, 1159.4 Más importante aún, la sección 207(c)(4) de la INA, 8 U.S.C. 1157(c)(4), permite al Secretario terminar el estatus de refugiado de cualquier extranjero y del cónyuge o los hijos de dicho extranjero si el Secretario determina que el extranjero “de hecho no era un refugiado . . . en el momento de la admisión del extranjero” y autoriza expresamente al Secretario a emitir regulaciones que rijan los 4 Véase también HSA 451(b)(3), (5), 6 U.S.C. 271(b)(3), (5) (que transfiere la autoridad para adjudicar las solicitudes de refugio y otras adjudicaciones realizadas antes de la promulgación de la HSA, del Servicio de Inmigración y Naturalización (“INS”) al DHS).

procedimientos para dichas terminaciones. El Secretario ha delegado la autoridad para otorgar el estatus de refugiado y para ajustar o terminar dicho estatus a USCIS.5 La autoridad general para emitir esta IFR se encuentra en la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a), que autoriza al Secretario a administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración y nacionalidad y a establecer las regulaciones que el Secretario considere necesarias para llevar a cabo dicha autoridad, así como en la sección 102 de la HSA, 6 U.S.C. 112, que confiere todas las funciones del DHS al Secretario y autoriza al Secretario a emitir regulaciones.6 La autoridad adicional para esta norma se encuentra en:

•La sección 101(b)(1)(F) de la HSA, 6 U.S.C. 111(b)(1)(F), que establece como misión primordial del DHS el deber de, “garantizar que la seguridad económica general de los Estados Unidos no se vea disminuida por los esfuerzos, actividades y programas dirigidos a asegurar la patria;” •La sección 101(a)(42) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(42), que define a un refugiado; y •La sección 451(a)(3) de la HSA, 6 U.S.C. 271(a)(3), que confiere autoridad al Director de USCIS para establecer “políticas para desempeñar [las funciones de adjudicación de inmigración].” C. Resumen de la Acción Reglamentaria Mediante esta IFR, el DHS está enmendando el 8 CFR 207.9 para cambiar el período de notificación y respuesta de 30 días para los extranjeros cuyo estatus de refugiado sea terminado por USCIS, a un período de notificación y respuesta de 10 días.

5 Véase DHS, Delegación a la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, No. 0150.1 (5 de junio de 2003), https://www.hsdl.org/?abstract&did=234775; véase también 8 CFR 207.4, 207.9; 8 CFR 209.1. 6 Aunque varias disposiciones de la INA analizadas en esta IFR se refieren exclusivamente al “Procurador General,” dichas disposiciones deben leerse ahora como referidas al Secretario por operación de la HSA. Véase 6 U.S.C. 202(3), 251, 271(b), 542 nota, y 557; 8 U.S.C. 1103(a)(1) y (g), 1551 nota; Nielsen v. Preap, 586 U.S. 392, 397 n.2 (2019).

D. Normativas Relacionadas El DHS está llevando a cabo múltiples acciones normativas que se encuentran en diversas etapas de desarrollo.7 El DHS ha considerado y analizado cada una de estas normas en busca de efectos periféricos, superpuestos e interrelacionados sobre esta norma y no ha encontrado ninguno, ya que esta IFR se enfoca específicamente en los procedimientos de terminación del estatus de refugiado.

El DHS también ha considerado, en la medida de lo posible, los efectos, si los hubiera, de posibles cambios de política de los cuales el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tiene conocimiento. Por ejemplo, un memorando emitido conjuntamente por el ICE y el USCIS el 18 de febrero de 2026, que afecta a personas con estatus de refugiado, establece: "la política del USCIS y del ICE respecto de cuándo, y bajo qué circunstancias, los oficiales de inmigración pueden detener a refugiados que no hayan ajustado su estatus a residente permanente legal".8 Los cambios de política anunciados en el memorando se relacionan con el requisito legal establecido en el INA 209, 8 U.S.C. 1159, que rige la admisión condicional de los refugiados y su ajuste de estatus, y disponen que el DHS puede arrestar y detener a un refugiado que haya vivido en los Estados Unidos durante al menos un año y que aún no haya adquirido el estatus de residente permanente legal (LPR) conforme al INA 209(a)(1), 8 U.S.C. 1159(a)(1), con el fin de inspeccionar y examinar al refugiado para su admisión como LPR.9 Si bien los cambios de política están igualmente orientados a proteger el interés público mediante la verificación de los extranjeros admitidos como refugiados, incluida la verificación por motivos de seguridad nacional, seguridad pública y cuestiones relacionadas con fraude, el enfoque de esta norma recae en los procedimientos en los casos de terminación, no en la custodia, el arresto o la detención de un refugiado que no haya ajustado su estatus.

7 Véase la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, "Plan Regulatorio de 2026 y la Agenda Unificada de Acciones Regulatorias y Desregulatorias Federales", https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaMain (consultado por última vez el 15 de julio de 2026).

8 Memorando de Joseph B. Edlow, Director, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, y Todd M. Lyons, Funcionario Superior Encargado de las Funciones del Director, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, "Detención de Refugiados que No Han Ajustado su Estatus a Residente Permanente Legal", (18 de febrero de 2026). 9 El 23 de marzo de 2026, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Massachusetts suspendió la adopción e implementación por parte del DHS de las políticas descritas en el Memorando del 18 de febrero de 2026, relacionadas con el arresto y la detención de refugiados que hayan vivido en los Estados Unidos durante más de un año y no hayan adquirido el estatus de LPR. Véase Jean A. v. Noem, 2026 WL 805207, en *1 (D. Mass. 23 de marzo de 2026).

El DHS invita al público a presentar comentarios durante el período de comentarios de 30 días respecto de la interacción prevista con normas y cambios de política relacionados.

III. Antecedentes y Propósito A. Procesamiento Inicial de Refugiados El estatus de refugiado en los Estados Unidos es un beneficio migratorio muy codiciado para las personas desplazadas en todo el mundo, debido en parte a los beneficios que otorga, así como a la vía hacia el estatus permanente que ofrece. El reasentamiento en los Estados Unidos a través del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés) es un proceso de múltiples etapas que involucra a varios organismos asociados. El Departamento de Estado de los Estados Unidos (Departamento de Estado) lidera el proceso de consultas anuales, financia y supervisa las actividades de reasentamiento de refugiados, contrata a las organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo antes y después de la entrevista del USCIS, y facilita las referencias de Prioridad 1 al proceso del USRAP. Una vez que se determina que un extranjero tiene acceso al USRAP, puede presentar el Formulario I-590, Registro para la Clasificación como Refugiado.10 Las solicitudes de clasificación como refugiado se procesan principalmente en el extranjero y son adjudicadas por los Oficiales de Refugiados del USCIS, quienes determinan si un extranjero cumple con la definición de refugiado y, por lo demás, es elegible para el reasentamiento en los Estados Unidos. Conforme a la legislación de los Estados Unidos, para ser elegible para la clasificación como refugiado, el solicitante debe demostrar que:

•se encuentra fuera del país de su nacionalidad;11 •es de especial interés humanitario para los Estados Unidos;

•fue perseguido o teme ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social;

•no se ha reasentado de manera definitiva en otro país; y •es admisible como inmigrante en los Estados Unidos.

10 Formulario I-590, Registro para la Clasificación como Refugiado, Núm. de OMB 1615-0068 (3 de noviembre de 2025), disponible en https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-590.pdf.

11 La Ley de Refugiados de 1980 modificó este requisito y permitió el procesamiento dentro del país para ciertos refugiados que el Presidente especifique.

Véase el INA 101(a)(42), 8 U.S.C. 1101(a)(42); INA 207(c)(1), 8 U.S.C. 1157(c)(1). Un refugiado no incluye a ninguna persona que haya ordenado, incitado, ayudado o participado de alguna otra manera en la persecución de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Íd.

Los oficiales de USCIS realizan una determinación de elegibilidad para la clasificación de refugiado con base en los elementos de elegibilidad antes mencionados. La aprobación por parte de USCIS de una solicitud de clasificación de refugiado autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) a admitir al extranjero de manera "condicional" como refugiado al momento de su llegada a un puerto de entrada de los Estados Unidos dentro de los cuatro meses posteriores a la fecha de dicha aprobación.12 El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, proporciona asistencia de reasentamiento, que incluye capacitación laboral, capacitación en el idioma inglés, asistencia en efectivo (de una manera que promueva la autosuficiencia temprana) y colocación laboral, a los extranjeros admitidos como refugiados en los Estados Unidos. Los derivados del solicitante principal de refugio pueden incluir al cónyuge de un refugiado principal y a sus hijos solteros menores de 21 años.13 Los familiares derivados pueden ser incluidos en la solicitud inicial de estatus de refugiado o ser objeto de una petición posterior a la llegada del refugiado principal a los Estados Unidos. Id. Para que los derivados sean admitidos a los Estados Unidos como refugiados, deben establecer que son admisibles y que no están sujetos a la prohibición por persecución, pero no se les exige demostrar que cumplen con la definición de refugiado ni con ninguno de sus elementos, tales como la persecución pasada o un temor fundado de persecución futura.

Además del reasentamiento en los Estados Unidos, los refugiados reciben autorización de empleo tan pronto como llegan a los Estados Unidos.14 12 8 CFR 207.4 (autoridad de CBP para admitir a extranjeros aprobados para la clasificación de refugiado). 13 INA 207(c)(2), 8 U.S.C. 1157(c)(2).

14 8 CFR 274a.12(a)(3).

B. Terminación del Estatus de Refugiado El único fundamento para que USCIS termine el estatus de un extranjero admitido condicionalmente en los Estados Unidos como refugiado es que USCIS determine que el extranjero no cumplía con la definición de refugiado al momento de su admisión a los Estados Unidos.15 No se especifica ningún otro motivo de terminación en la ley. Un extranjero que, de hecho, no cumplía con la definición de refugiado al momento de su admisión habría sido inadmisible, y una vez que dicho estatus se termina, generalmente carecerá de fundamentos legales para permanecer en los Estados Unidos.16 La determinación de terminar el estatus de refugiado debido a que el extranjero no cumplía con la definición de refugiado al momento de su admisión a los Estados Unidos aplica únicamente a los refugiados principales y no a los refugiados derivados. Para ser elegibles para el estatus de refugiado, los solicitantes principales deben cumplir con los requisitos de la definición de refugiado establecida en el INA 101(a)(42), 8 U.S.C. 1101(a)(42), deben ser admisibles a los Estados Unidos, y deben calificar bajo una de las prioridades de procesamiento designadas del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés).17 USCIS puede, a su vez, terminar el estatus de un refugiado derivado si se termina el estatus del refugiado principal.18 El estatus de refugiado solo puede ser terminado mientras el extranjero permanezca en dicho estatus y no haya ajustado aún a la condición de residente permanente legal (LPR, por sus siglas en inglés) ni se haya naturalizado.19 Sin embargo, si USCIS ha rescindido el estatus de LPR de un extranjero conforme al INA 246, 8 U.S.C. 1156, un extranjero admitido como refugiado revierte a su estatus de refugiado anterior y su estatus de refugiado puede ser terminado si el fundamento de la terminación cumple con los requisitos legales.20 15 INA 207(c)(4), 8 U.S.C. 1157(c)(4).

16 Véase 8 CFR. 207.9 (que permite la terminación del estatus de refugiado únicamente si USCIS determina que el extranjero "no era un refugiado" conforme a lo dispuesto en la sección 101(a)(42) del INA al momento de su admisión); sección 237(a)(1)(A) del INA, 8 U.S.C. 1227(a)(1)(A) (que establece que es deportable todo extranjero que era inadmisible "al momento de su entrada"), lo que incorpora, entre otros, la sección 212(a)(7)(A)(i)(I) del INA, 8 U.S.C. 1182(a)(7)(A)(i)(I) (inadmisibilidad por falta de un documento de entrada de inmigrante válido).

17 INA 291, 207(c)(1), 8 U.S.C. 1361, 1157(c)(1).

18 Véase 8 CFR 207.7(d) y 207.9, véase también INA 207(c)(4), 8 U.S.C. 1157(c)(4), que dispone que “el estatus de refugiado de cualquier extranjero (y del cónyuge o hijo del extranjero) podrá ser terminado” (énfasis añadido). 19 Matter of D-K-, 25 I&N Dec. 761 (BIA 2012); Matter of Smriko, 23 I&N Dec. 836 (BIA 2005). 20 Manual de Políticas de USCIS, Volumen 7, Parte Q, Rescisión de la Residencia Permanente Legal, https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-7-part-q (visitado por última vez el 22 de enero de 2026). Cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) determina que un refugiado principal no era un refugiado según se define en la INA 101(a)(42), 8 U.S.C. 1101(a)(42), al momento de la admisión, USCIS inicia la terminación del estatus de refugiado. El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización implementó por primera vez las regulaciones que rigen la terminación del estatus de refugiado tras la promulgación de la Ley de Refugiados de 1980, y el proceso ha permanecido sustancialmente sin cambios durante los 45 años transcurridos desde entonces.21 USCIS emite un Aviso de Intención de Terminar (NOIT, por sus siglas en inglés) antes de la terminación.22 En el NOIT, USCIS describe el fundamento o los fundamentos específicos de la terminación, como una determinación de USCIS de que el daño que el extranjero sufrió o temía no se debía a un motivo protegido o, por ejemplo, que el extranjero tenía otra nacionalidad o estatus legal en otro país de manera que no calificaba como refugiado del país reclamado. El NOIT además informa al extranjero de su derecho a ofrecer pruebas escritas u orales en apoyo de su reclamo de refugiado y en oposición a la terminación propuesta. Antes de esta norma final provisional (IFR), el 8 CFR 207.9 disponía que el extranjero tiene un período de 30 días para responder a un NOIT. El preámbulo que implementó este proceso no explicó el razonamiento del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) para el período de respuesta de 30 días (en contraposición a algún otro período más corto o más largo).23 Si el extranjero decide presentar testimonio oral, debe notificar a USCIS su solicitud de una entrevista adicional para que USCIS pueda programar la entrevista dentro de los 30 días posteriores a la fecha del aviso. El extranjero también puede presentar pruebas documentales dentro de los 30 días posteriores a la fecha del aviso a la dirección de devolución que figura en la parte superior de 21 45 FR 37392 (2 de junio de 1980) (norma final provisional); 46 FR 45116 (10 de septiembre de 1981) (norma final). El INS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han realizado solo cambios mínimos al 8 CFR 207.9 desde su primera publicación. Tras la promulgación de la IIRIRA, el INS actualizó las referencias a los tipos de procedimientos de expulsión que pueden aplicarse tras una terminación del estatus de refugiado. Véase también, Inspection and Expedited Removal of Aliens; Detention and Removal of Aliens; Conduct of Removal Proceedings; Asylum Procedures, 62 FR 10312, 10337 (6 de marzo de 1997). Otros cambios menores incluyeron la renumeración de 207.8 a 207.9 y la inclusión de procedimientos de notificación actualizados del DHS. Procedures for Filing a Derivative Petition (Form I-730) for a Spouse and Unmarried Children of a Refugee/Asylee, 63 FR 3792 (27 de enero de 1998); Immigration Benefits Business Transformation, Increment I, 76 FR 53764, 53784 (29 de agosto de 2011).

22 8 CFR 207.9.

23 45 FR 37392; 46 FR 45116.

el aviso.24 El NOIT deja claro que la falta de respuesta al aviso dentro del plazo otorgado resulta en la terminación del estatus de refugiado del extranjero.

Finalmente, el NOIT establece que si USCIS determina que el extranjero no era un refugiado según el significado de la sección 101(a)(42) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(42), al momento de la admisión, su estatus de refugiado y su autorización de empleo serán terminados, y quedará sujeto a expulsión de los Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por lo general revisa la determinación subyacente de refugiado de un extranjero antes de la adjudicación final de su ajuste de estatus a residencia permanente e inicia la terminación cuando esté justificado. Sin embargo, la terminación puede iniciarse en cualquier momento antes del ajuste si el DHS determina que el extranjero no era elegible para el estatus de refugiado al momento en que fue admitido como refugiado.

No existe apelación contra la terminación del estatus de refugiado por parte de USCIS.25 Tras la terminación, USCIS procesa al extranjero para su remoción conforme a las secciones 235, 240 y 241 de la INA.26 USCIS también puede colocar directamente en procedimientos de remoción a una persona que fue admitida como refugiado, sin terminar su estatus de refugiado, con base en cualquier cargo de remoción aplicable, sin la adjudicación de una solicitud de ajuste de estatus.27 C. Acciones de la Administración Anterior que Aumentaron el Riesgo de Admisiones Erróneas de Refugiados Cada año, el presidente establece el límite máximo de refugiados, creado por la Ley de Refugiados de 1980 (Refugee Act of 1980). INA 207(a)(2), 8 U.S.C. 1157(a)(2). Durante el primer mandato del presidente Trump, este redujo el número cada año fiscal (AF) (y, adicionalmente, el COVID-19 redujo drásticamente 24 Manual de Políticas de USCIS, Volumen 7, Parte L, Capítulo 6, Consideraciones sobre la Terminación del Estatus y el Aviso de Comparecencia, https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-7-part-l-chapter-6 (visitado por última vez el 1 de abril de 2026).

25 Ídem.

26 Ídem.

27 Véase Matter of Smriko, 23 I&N Dec. 836, 838 (BIA 2005) (donde se explica que “el Congreso no consideró que la terminación del estatus de refugiado fuera un prerrequisito para iniciar procedimientos de remoción contra extranjeros admitidos como refugiados”).

las admisiones reales) con el fin de revisar la integridad del programa y asegurarse de que existieran las medidas adecuadas de revisión y verificación, y con el fin de redirigir recursos para atender la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.28 Sin embargo, durante la siguiente administración de Biden, la Determinación Presidencial aumentó a un nivel máximo no visto desde finales de los años 80 y principios de los 90.29 El límite máximo de admisión de refugiados se fijó repetidamente en 125,000 desde el AF 2022 hasta el AF 2025.30 Las admisiones reales de refugiados bajo la administración de Biden alcanzaron su punto máximo en el AF 2024, con 100,034 admisiones, la cifra más alta en tres décadas.31 Para alcanzar este nivel históricamente alto de admisiones de refugiados, según lo evidencian varias políticas y procedimientos actualizados, USCIS priorizó la rapidez del procesamiento por encima de la correcta revisión de los extranjeros. Estos cambios en el procesamiento incluyeron, entre otros:

• desalentar a los oficiales de hacer preguntas adicionales para identificar posibles áreas de preocupación, particularmente relacionadas con motivos de inadmisibilidad, incluidos los motivos relacionados con la seguridad, en ausencia de una indicación clara de que exista tal preocupación; • permitir que los oficiales utilizaran perfiles estandarizados de información sobre el país de origen (COI, por sus siglas en inglés) para ciertas poblaciones al tomar determinaciones de refugiado, en lugar de obtener testimonio sobre el daño o los temores pasados del solicitante individual; 28 Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2018, 82 FR 49083 (23 de octubre de 2017); Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2019, 83 FR 55091 (1 de noviembre de 2018); Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2020, 84 FR 65903 (29 de noviembre de 2019); Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2021, 85 FR 71219 (6 de noviembre de 2020). 29 Véase, por ejemplo, Migration Policy Institute, U.S. Annual Refugee Resettlement Ceilings and Number of Refugees Admitted, 1980-Present (última actualización 28 de febrero de 2026), https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-refugee-resettlement. 30 Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2022, 86 FR 57527 (18 de octubre de 2021); Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2023, 87 FR 60547 (6 de octubre de 2022); Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2024, 88 FR 73521 (25 de octubre de 2023); Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados para el Año Fiscal 2025, 89 FR 83767 (18 de octubre de 2024). 31 A manera de comparación, durante el primer mandato del presidente Trump, el límite máximo de refugiados se fijó en 45,000, 30,000 y 18,000 para los AF 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Determinación Presidencial N.º 2018-02, 82 FR 49083 (29 de septiembre de 2017); Determinación Presidencial N.º 2019-13, 83 FR 50239 (4 de octubre de 2018); Determinación Presidencial N.º 2020-02, 84 FR 65535 (1 de noviembre de 2019). Véase también DHS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Oficina de Desempeño y Calidad, Llegadas de Refugiados y Solicitudes I-485 para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus (datos consultados en febrero de 2026). Departamento de Estado, Oficina de Población, Refugiados y Migración, Resumen de Admisiones de Refugiados (31 de diciembre de 2025), https://www.rpc.state.gov/admissions-and-arrivals.

•eliminar el requisito de explorar tanto el daño pasado como el temor a un daño futuro, siempre que el extranjero hubiera demostrado uno u otro, al procesar una solicitud de refugio; •eliminar las directrices sobre entrevistas separadas obligatorias para solicitantes derivados;

•para ciertas poblaciones/lugares de procesamiento, aumentar el número de casos que se esperaba que los adjudicadores entrevistaran y completaran en un día para cumplir con las expectativas de productividad;

•reducir el nivel esperado de revisión supervisora de un expediente de caso de refugio después de la adjudicación; y •eliminar la directriz que impedía que un extranjero incluyera a su cónyuge como refugiado derivado cuando el matrimonio era informal y no válido conforme a la ley de la jurisdicción donde se celebró.32 La mayoría de estos cambios afectaron la calidad de la entrevista de refugio requerida por el reglamento.33 Las principales razones por las que los oficiales recaban información durante una entrevista son: verificar la identidad de los presentes en la entrevista; determinar si se procede con la entrevista; determinar la elegibilidad para el beneficio solicitado (si la entrevista se relaciona con una solicitud de beneficio); determinar si la persona entrevistada está sujeta a algún impedimento o causal de inadmisibilidad; evaluar la credibilidad; e identificar si podría haber fraude involucrado.34 En consecuencia, la entrevista de refugio es un componente fundamental para examinar rigurosamente a un solicitante de refugio. Las entrevistas más truncadas y menos exhaustivas bajo la administración Biden perjudicaron la integridad del procesamiento de refugiados al dificultar la capacidad de los oficiales para recabar adecuadamente información suficiente 32 Guía Revisada sobre el Matrimonio Informal ("de Campamento"), Memorando, Director Asociado Interino de RAIO T. Kim (14 de febrero de 2022)].

33 8 CFR 207.2 (que exige que "[c]ada solicitante de 14 años o más deberá comparecer personalmente ante un oficial de inmigración para una indagación bajo juramento a fin de determinar su elegibilidad para la admisión como refugiado"). 34 Plan de Lección RAIO de USCIS, Entrevistas, Introducción a la Entrevista No Adversarial (13 de diciembre de 2024), relacionada con los fines antes mencionados de la entrevista de refugio, y para tomar una decisión apropiada y legalmente suficiente. En consecuencia, estos cambios permitieron que extranjeros inelegibles explotaran el programa de refugiados para reasentarse en los Estados Unidos, donde posteriormente cuentan con una vía hacia el estatus permanente, incluida la ciudadanía.

USCIS además instruyó a sus adjudicadores que ya no era necesario formular preguntas adicionales y detalladas para identificar y explorar causales de inadmisibilidad, incluidas las causales de inadmisibilidad relacionadas con la seguridad, salvo que existiera una indicación clara de preocupación. Por ejemplo, según la guía interna, si un extranjero fue transportado a través de una frontera por traficantes de personas, o si el hogar de un extranjero fue atacado por un grupo armado, en ausencia de información adicional en el expediente o de información sobre las condiciones del país que indicara posibles preocupaciones relacionadas con la seguridad respecto de estos incidentes (por ejemplo, apoyo material a una organización terrorista), no se exigía a los oficiales dar seguimiento o explorar si la persona era potencialmente inadmisible, o si estas interacciones planteaban otras preocupaciones. Se desalentaba a los oficiales de investigar posibles preocupaciones o de indagar en los antecedentes o experiencias pasadas de un solicitante, a menos que los documentos de referencia, como el Formulario de Registro de Reasentamiento (RRF) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señalaran expresamente preocupaciones. En otras palabras, se desalentaba a los oficiales de buscar u obtener información adicional más allá de la ya proporcionada en el expediente, previamente suministrada por entidades que no son del gobierno de los Estados Unidos, tales como el ACNUR o el Centro de Apoyo al Reasentamiento.

Con respecto a la información sobre el país de origen (COI, por sus siglas en inglés), en lugar de usar la COI para orientar sus entrevistas y adjudicaciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), bajo la administración Biden, capacitó a los oficiales de refugiados para que, en el caso de ciertas poblaciones, pudieran basarse en "perfiles" de COI (por ejemplo, "venezolanos que se oponen al gobierno de Venezuela") para establecer diversos elementos de la elegibilidad para la condición de refugiado una vez que un extranjero indicara que formaba parte de un grupo de personas para el cual la COI respaldaba una conclusión de temor fundado. Los oficiales pasaron de realizar evaluaciones individualizadas y más detalladas de la elegibilidad para la condición de refugiado a limitar las entrevistas a la revisión del Formulario I-590 y a la afirmación del extranjero de pertenecer a un grupo designado (por ejemplo, los rohinyá), en lugar de explorar y evaluar las experiencias particulares del extranjero en cuanto a persecución pasada o temores. Al hacerlo, omitieron las entrevistas en profundidad que exploraban los antecedentes del extranjero, sus experiencias de persecución pasada en su país de origen, sus afiliaciones y relaciones, si el extranjero efectivamente tenía un temor fundado de persecución futura en su país de origen, y otros detalles pertinentes.

En 2017, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 13769, Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros a los Estados Unidos, que restringía la entrada a los Estados Unidos de ciertos nacionales extranjeros y suspendía temporalmente el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP).35 Durante esta suspensión del procesamiento de refugiados, se ordenó a las agencias revisar y reforzar los procedimientos de verificación. Como resultado de dicha revisión, USCIS aclaró y confirmó que, como cuestión de política, se exigía a los oficiales que entrevistaban a los solicitantes de refugio que obtuvieran información suficiente para emitir una determinación tanto sobre las alegaciones de persecución pasada como sobre el temor fundado de persecución futura. La recopilación de testimonio sobre ambos aspectos, persecución pasada y temor fundado, garantiza una evaluación exhaustiva y precisa de la elegibilidad del solicitante y evita que se pasen por alto hechos fundamentales que podrían corroborar o poner en duda su solicitud. Por ejemplo, la obtención minuciosa de testimonio sobre el daño pasado y futuro puede ayudar a identificar incoherencias y posibles fraudes, al permitir que los adjudicadores examinen la credibilidad del relato del extranjero, asegurándose de que sea internamente coherente y compatible con las declaraciones que el extranjero pudiera haber proporcionado a los socios encargados del procesamiento antes de la entrevista. Lo más importante es que exige a los oficiales indagar más a fondo en los antecedentes y experiencias del solicitante, lo cual contribuye a establecer su identidad y a garantizar, además, que se tome la decisión correcta en su caso. Si bien la obtención de testimonio sobre tanto la persecución pasada como el temor fundado ayuda a formar un panorama más completo del extranjero y a evaluar mejor su elegibilidad, garantizando que se otorgue protección a quienes realmente califican conforme a la ley, 35 Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros a los Estados Unidos, 82 FR 8977 (1 de febrero de 2017). durante la administración Biden esta política fue revocada. Los oficiales de refugiados dejaron de estar obligados a obtener testimonio sobre ambas alegaciones, persecución pasada y temor fundado, y en su lugar se les instruyó indagar únicamente sobre una u otra, una vez que se hubiera establecido alguna de ellas, lo cual impidió identificar información y preocupaciones fundamentales relacionadas con la elegibilidad del extranjero.

Además de la flexibilización de los requisitos para los solicitantes principales de refugio, USCIS modificó las políticas relativas a los solicitantes derivados. La primera administración Trump emitió orientación en la que se destacaba la importancia de obtener testimonio de los solicitantes derivados del Formulario I-590 por separado del solicitante principal de refugio, con el fin de explorar más a fondo posibles cuestiones de seguridad nacional, identidad, inadmisibilidad y credibilidad. Sin embargo, USCIS posteriormente revocó esta orientación bajo la administración Biden y otorgó a los oficiales de refugiados la discreción exclusiva para decidir cuándo entrevistar a los solicitantes derivados por separado. El propósito de este cambio era reducir la cantidad de preguntas y el tiempo dedicado a los solicitantes derivados durante una entrevista, lo cual impedía verificar a fondo e identificar posibles problemas en todos los integrantes de un caso que, una vez aprobado este, tenían derecho a viajar a los Estados Unidos como refugiados junto con el solicitante principal.

Para agravar el problema, la orientación sobre matrimonio bajo la administración anterior relajó los criterios para agregar a un cónyuge derivado en un caso. Aunque tenía la intención de dar cabida a parejas que genuinamente actuaban como cónyuges pero que no podían formalizar su unión debido a restricciones locales, los estándares se aplicaron incorrectamente, lo que permitió que personas con conexiones mínimas o de corto plazo fueran clasificadas como cónyuges e incluidas en los casos. Esta práctica, combinada con estándares de entrevista reducidos y revisiones de casos cada vez más breves y menos detalladas en nombre de la simplificación de procesos, aumentó el riesgo de aprobar a solicitantes con relaciones solo tenues con el solicitante principal.

De forma paralela a este enfoque minimizado en obtener información sustantiva para comprender de manera integral los antecedentes de un extranjero e identificar posibles problemas de preocupación, el aumento de las cuotas de entrevistas dificultó que los oficiales exploraran temas importantes, examinaran a fondo la credibilidad del extranjero y, al mismo tiempo, cumplieran con sus expectativas de productividad. Durante la primera administración Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) redujo el número de entrevistas de refugiados realizadas por día por oficial para ciertos casos, a fin de permitir una mayor exploración de posibles problemas de seguridad nacional, inadmisibilidad y credibilidad en las entrevistas para las adjudicaciones de refugiados. No obstante, el USCIS bajo la administración Biden, en su esfuerzo por simplificar las entrevistas y aumentar el volumen de casos de refugiados que podían procesarse, incrementó el número de casos que se esperaba que un oficial entrevistara y adjudicara en un día para ciertos casos, lo que nuevamente presionó a los oficiales a reducir en ocasiones las entrevistas para cumplir con dichas expectativas.

Este alejamiento de entrevistas exhaustivas y a fondo, con el fin de simplificar y acelerar la admisión de extranjeros a los Estados Unidos como refugiados, cerró importantes líneas de cuestionamiento para identificar posibles problemas de seguridad nacional, seguridad pública y otras preocupaciones a fin de evaluar con precisión la elegibilidad, lo que ilustra el énfasis del programa en el volumen de casos de refugiados completados en lugar de en la calidad de las entrevistas o la integridad de las adjudicaciones. Los oficiales de refugiados posiblemente pasaron por alto información vital que podría afectar la elegibilidad de un solicitante, incluidos asuntos relacionados con fraude, seguridad pública y seguridad nacional, así como factores discrecionales. El USCIS, bajo la administración Biden, no cumplió con su responsabilidad de garantizar que sus oficiales evaluaran minuciosamente a los solicitantes, lo que podría haber resultado en un ingreso masivo de extranjeros inelegibles al país que podrían representar un riesgo para los intereses nacionales de los Estados Unidos.

Además, el USCIS bajo la administración Biden redujo los requisitos de revisión supervisora de los casos de refugiados, exigiendo únicamente la revisión de la evaluación en lugar de la revisión del contenido completo del caso. Esto limitó la supervisión para garantizar que los casos fueran adjudicados de manera minuciosa y precisa, lo que aumentó el riesgo de que se pasara por alto información importante sobre un extranjero.

Un deseo abarcador de aprobar la mayor cantidad posible de casos de refugiados para cumplir con el límite máximo de refugiados establecido por la administración Biden contribuyó a una cultura en la que la expectativa parecía ser aprobar los casos, incluso cuando pudieran existir preocupaciones graves. Por ejemplo, en una ubicación de procesamiento, se encontró que varios extranjeros identificados como personas que habían defraudado al gobierno de los Estados Unidos o presentado documentación fraudulenta eran inadmisibles conforme a las disposiciones de la INA relacionadas con el fraude y la tergiversación. A pesar de la evidencia clara de tergiversación, incluida la falsificación de identidad e información clave relevante para su acceso al USRAP, USCIS aprobó casi universalmente las exenciones por tergiversación o fraude. Este patrón demuestra un desprecio preocupante por la integridad del programa de refugiados, ya que se permitió que individuos que ya habían demostrado una disposición a incurrir en fraude y tergiversación de sus identidades ante funcionarios del gobierno de los Estados Unidos continuaran con su reasentamiento en los Estados Unidos, lo cual socava tanto la seguridad como la credibilidad del proceso de admisión. La presencia persistente de individuos, tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero, que intentan explotar y defraudar los programas humanitarios estadounidenses, representa riesgos para la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad del sistema de inmigración de los Estados Unidos. Históricamente, el DHS y el Departamento de Estado han identificado, mediante investigaciones, problemas de fraude entre las categorías especiales de acceso humanitario. Por ejemplo, en enero de 2021, el DHS y el Departamento de Estado suspendieron el Programa de Acceso Directo Iraquí P-2, tras una extensa investigación realizada por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del DHS, la cual descubrió un esquema de fraude relacionado con el programa.36 Según la acusación formal y la declaración de hechos acordada por uno de los tres acusados en el caso penal en contra de los individuos:

desde aproximadamente febrero de 2016 hasta al menos abril de 2019, los tres acusados, liderados por Abduljabbar, conspiraron para robar registros del gobierno de los Estados Unidos 36 Véase la Oficina del Inspector General del DHS, "Ciudadano iraquí se declara culpable de conspiración para defraudar el Programa de Refugiados de los Estados Unidos", (26 de enero de 2022), https://www.oig.dhs.gov/news/press-releases/2022/01262022/iraqi- national-pleads-guilty-conspiracy-defraud-us-refugee-program.

relacionados con cientos de solicitudes del USRAP . . . Como parte de sus funciones, ambos acusados tenían acceso a . . . una base de datos que contenía información sensible y no pública sobre los solicitantes de refugio y sus familiares, así como los resultados de las verificaciones de seguridad y las evaluaciones internas realizadas por funcionarios estadounidenses respecto de las solicitudes.37

Con respecto al establecimiento adecuado de las relaciones familiares en el programa de reunificación familiar de refugiados P-3, este programa también fue suspendido temporalmente cuando la evidencia reveló fraude generalizado.38 El Departamento de Estado indicó anteriormente que "[s]olo . . . pudimos confirmar todas las relaciones biológicas reclamadas en menos del 20% de los casos (unidades familiares). En los casos restantes, se identificó al menos un resultado negativo (relación fraudulenta), o las personas se negaron a someterse a la prueba".39 Combinados con las políticas recientes que han reducido los estándares en todo el programa de refugiados, estos factores han creado desafíos significativos y resaltan la necesidad urgente de esta regulación.

Una ilustración alarmante del impacto potencialmente peligroso de la revisión de detección relajada de la población de refugiados bajo la administración Biden ocurrió en el otoño de 2024. Los oficiales de la CBP determinaron que varios ciudadanos venezolanos a quienes USCIS había entrevistado y aprobado para la clasificación de refugiados eran inadmisibles y les negaron el estatus de refugiado y la entrada en la frontera, después de que los oficiales descubrieran tatuajes asociados con la mortífera pandilla Tren de Aragua, un grupo designado como Organización Terrorista Extranjera en 2025.40 En algunos de estos casos, los oficiales de refugiados no indagaron sobre los tatuajes durante sus adjudicaciones, mientras que en otros casos los oficiales no reconocieron que los tatuajes que los oficiales 37 Estados Unidos contra Abduljabbar, 1:20-cr-00063, (D.D.C.).

38 Departamento de Estado de los Estados Unidos, "Fraude en el Programa de Reunificación Familiar de Refugiados (Prioridad Tres)" (4 de diciembre de 2008), https://2001-2009.state.gov/g/prm/refadm/rls/fs/2008/112760.htm.

39 Íd.

40 Stephen Dinan, The Washington Times, 'Un sorprendente fallo de seguridad': agentes estadounidenses pasan por alto tatuajes de pandillas venezolanas en la revisión para aprobaciones de refugiados (23 de oct. de 2024), https://www.washingtontimes.com/news/2024/oct/23/dhs-approved-tren-de-aragua-gang-members- refugees/; Designaciones de Organización Terrorista Extranjera de Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cartel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, 90 FR 10030 (20 de feb. de 2025). Véase también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Hoja Informativa: Designación de Cárteles Internacionales (20 de feb. de 2025), https://www.state.gov/designation-of-international- cartels ("TdA es una organización transnacional que se originó en Venezuela con células en Colombia, Perú y Chile, con informes adicionales de presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil. Este brutal grupo criminal ha llevado a cabo secuestros, extorsionado a empresas, sobornado a funcionarios públicos, autorizado a sus miembros a atacar y matar a agentes del orden de los Estados Unidos, y asesinado a una figura de la oposición venezolana."). sobre los cuales se preguntó eran sugerentes de pertenencia, asociación o afiliación a pandillas.41 Tras este incidente, USCIS completó una revisión de los expedientes de más de 14,500 casos (más de 31,000 extranjeros) de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela que fueron admitidos a los Estados Unidos como refugiados entre 2021 y 2024. La revisión identificó más de 1,500 casos (más de 3,700 extranjeros) con indicadores de posibles preocupaciones de seguridad pública. Estos casos incluían solicitantes con posibles indicios de pertenencia, asociación o afiliación a pandillas, incluyendo pero no limitado a tatuajes asociados con pandillas, solicitantes vinculados sentimentalmente con miembros de pandillas, expedientes médicos que contradecían el testimonio de los solicitantes respecto a tatuajes o consumo de drogas, condenas penales previas, y/o evidencia de una relación con un miembro de pandilla sospechoso o confirmado (por ejemplo, relaciones platónicas, familiares, de convivencia, casos vinculados). Cada caso que presentara dichos indicios debió haber sido evaluado adecuadamente caso por caso para asegurar que los casos que presentaran un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional fueran declarados inadmisibles, se les negara la entrada en la frontera y, por lo tanto, se les negara el estatus de refugiado.

D. Acciones recientes del presidente Trump y del DHS para revigorizar la evaluación de refugiados y la integridad del Programa de Refugiados El 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva (E.O.) 14161, Protección de los Estados Unidos Contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública. 42 Esta orden tiene como fin salvaguardar a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan buscar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio, o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos. La E.O. 14161 subraya la importancia de la vigilancia durante el proceso de emisión de visas para asegurar que las personas 41 Stephen Dinan, The Washington Times, "'Un sorprendente fallo de seguridad': agentes estadounidenses pasan por alto tatuajes de pandillas venezolanas en la revisión para aprobaciones de refugiados" (23 de oct. de 2024), https://www.washingtontimes.com/news/2024/oct/23/dhs-approved-tren-de-aragua-gang-members- refugees/.

42 90 FR 8451 (30 de ene. de 2025) (publicada originalmente el 20 de ene. de 2025).

aprobadas para su admisión en los Estados Unidos no tengan la intención de dañar a los estadounidenses o comprometer los intereses nacionales de los Estados Unidos.

La Sección 3(B) de la E.O. 14161 además ordena que "existan salvaguardas suficientes para evitar que cualquier refugiado o persona apátrida sea admitido en los Estados Unidos sin someterse a una identificación rigurosa que vaya más allá de la requerida a cualquier otro extranjero que busque la admisión o entrada a los Estados Unidos[.]"43 En la E.O. 14163, Realineación del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos,44 el presidente Trump también declaró que la suspensión de la entrada a los Estados Unidos de refugiados bajo el USRAP se debía a que los Estados Unidos estaban siendo inundados con niveles récord de migración que son perjudiciales para los intereses de los Estados Unidos.45 El presidente explicó que los Estados Unidos no podían absorber grandes cantidades de refugiados en sus comunidades sin comprometer los recursos destinados a los estadounidenses, proteger la seguridad, y asegurar la asimilación apropiada de los refugiados. Id.

De conformidad con la E.O., priorizar la seguridad pública y la seguridad nacional es de suma importancia para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Conforme a la directriz del Presidente en la E.O. 14163, Realineación del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos, el DHS suspendió las decisiones sobre solicitudes de clasificación de refugiado, así como el ingreso a los Estados Unidos de refugiados bajo el USRAP, el 20 de enero de 2025, a fin de proteger la seguridad del pueblo estadounidense y mantener un sistema de inmigración estadounidense legal y ordenado. El USRAP se encuentra actualmente suspendido debido a que la Administración Biden priorizó la rapidez y las admisiones por encima de la evaluación de calidad y el examen de la elegibilidad de los solicitantes de refugio. Durante esta suspensión, el USRAP solo admite refugiados caso por caso, a discreción del Secretario de Estado y del Secretario de Seguridad Nacional, y, desde el inicio del AF 2026, de conformidad con la Determinación Presidencial sobre Admisiones de Refugiados 43 Véase Protección de los Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública, 90 FR 8451 (20 de enero de 2025).

44 E.O. 14163, Realineación del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos, 90 FR 8459 (20 de enero de 2025). 45 Íd.

Admisiones para el AF 2026, "pero solo en la medida en que [los Secretarios] determinen que el ingreso de dichos extranjeros como refugiados responde al interés nacional y no representa una amenaza para la seguridad o el bienestar de los Estados Unidos".46 Para abordar y combatir las posibles consecuencias del procesamiento laxo de refugiados durante la administración Biden, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) puso en marcha la Operación de Reverificación Posterior a la Admisión de Refugiados y Fortalecimiento de la Integridad (Operación PARRIS), para revisar las verificaciones de antecedentes, realizar nuevas entrevistas y examinar las solicitudes de refugio con base en el expediente disponible.47 Tras la revisión y el escrutinio de las solicitudes de refugio subyacentes de los extranjeros admitidos en los Estados Unidos como refugiados, el USCIS determinó que el expediente de varios de estos extranjeros no respaldaba la conclusión de que el extranjero cumplía con la definición de refugiado al momento de la admisión y que se requería un interrogatorio de seguimiento. El USCIS comenzó a emitir NOIT a aquellos sujetos a esta revisión respecto de los cuales se determinó que no cumplían con la definición de refugiado al momento de la admisión.

Como se señaló anteriormente, el 9 de enero de 2026, el DHS anunció el lanzamiento de la Operación PARRIS, una iniciativa de gran alcance centrada inicialmente en Minnesota para reexaminar miles de casos de refugiados mediante nuevas verificaciones de antecedentes y una verificación intensiva de las solicitudes de refugio.48 En este anuncio, el DHS afirmó que "no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema de inmigración de los Estados Unidos es utilizado como arma por quienes buscan defraudar al pueblo estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses y el estado de derecho están primero, siempre".49 La Operación PARRIS forma parte de una estrategia más amplia para implementar normas de investigación reforzadas en virtud de la E.O. 14161. Estas 46 Íd.

47 Véase El DHS Lanza una Investigación Histórica por Fraude del USCIS en Minnesota (9 de enero de 2026), https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-launches-landmark-uscis-fraud-investigation-in-minnesota.

48 Véase El DHS Lanza una Investigación Histórica por Fraude del USCIS en Minnesota, 9 de enero de 2026, https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-launches-landmark-uscis-fraud-investigation-in-minnesota (consultado por última vez el 30 de enero de 2026).

49 Íd.

directrices exigen que las agencias federales identifiquen e implementen nuevas mejoras de investigación para proteger a la nación de terroristas y otras amenazas a la seguridad pública.50 En la Operación PARRIS, el DHS está identificando y remitiendo casos de fraude, inquietudes de seguridad nacional y pública, y otras actividades delictivas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Una revisión inicial de un subconjunto seleccionado de casos reveló un problema persistente de inconsistencia en la calidad de las entrevistas. Si bien algunas entrevistas fueron exhaustivas y estuvieron bien realizadas, otras resultaron deficientes. Estas entrevistas se caracterizan por un interrogatorio mínimo, poco o ningún seguimiento adecuado, e investigación insuficiente de asuntos críticos tales como los motivos de inadmisibilidad, incluidos los motivos relacionados con el terrorismo, lo que dio lugar a admisiones de refugiados de extranjeros cuya identidad y antecedentes no fueron debidamente confirmados. Los extranjeros con identidad y antecedentes desconocidos representan riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

El 5 de diciembre de 2025, USCIS estableció el Centro de Investigación de Antecedentes de USCIS (USCIS Vetting Center), una unidad especializada diseñada para detectar y excluir a terroristas, extranjeros criminales y otros ciudadanos extranjeros que representan amenazas potenciales a la seguridad pública, que han cometido fraude u otros delitos.51 Desde su creación, el Centro de Investigación de Antecedentes de USCIS ha dedicado un equipo de trabajo para llevar a cabo la revisión de ciertos casos de refugiados previamente aprobados bajo la administración Biden. Los hallazgos de este equipo de trabajo subrayan las deficiencias y los riesgos para la seguridad pública y la seguridad nacional asociados con el enfoque de la administración anterior respecto del programa de refugiados, incluyendo una investigación de antecedentes insuficiente y una evaluación inadecuada de las identidades, antecedentes, asociaciones y elegibilidad de los solicitantes para el estatus de refugiado. Por ejemplo, una revisión del caso de un refugiado etíope reasentado reveló inconsistencias y otros problemas de credibilidad respecto a la participación del solicitante y su apoyo financiero al Frente de Liberación Oromo (OLF, por sus siglas en inglés), un grupo que cumplía con la definición de organización terrorista de Nivel III 50 Id.

51 Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Establece Nuevo Centro para Fortalecer la Investigación de Antecedentes Migratorios y Combatir a los Malos Actores, 5 de diciembre de 2025, https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/us-citizenship-and- immigration-services-establishes-new-center-to-strengthen-immigration-screening. en el momento de la participación del solicitante, así como la afiliación de su padre con el OLF. El estatus de refugiado fue posteriormente terminado. Casos adicionales revisados por el equipo de trabajo involucraron a refugiados reasentados que tergiversaron hechos materiales sobre sus identidades y familiares, tales como proporcionar información inconsistente sobre su matrimonio entre los formularios I-590 e I-485, y no revelar cónyuges o hijos durante la entrevista del I-590 mientras que posteriormente los reportaron en el I-485. A través de procedimientos mejorados de investigación de antecedentes implementados bajo la administración actual, el equipo de trabajo también identificó casos de refugiados que promovían retórica de odio y violencia o que apoyaban a organizaciones terroristas en sus perfiles de redes sociales.

IV. Análisis de la Regla Final Provisional La priorización por parte de administraciones anteriores de la admisión de grandes cantidades de refugiados por encima de la seguridad nacional pasó por alto de manera flagrante componentes esenciales de la elegibilidad y puso en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y otros intereses de la ciudadanía estadounidense. La protección de la seguridad nacional y la seguridad pública sigue siendo la prioridad más importante de los programas de inmigración del país, teniendo precedencia sobre las metas numéricas de admisión. La agencia se mantiene comprometida a llevar a cabo una rigurosa investigación de antecedentes de todos los extranjeros y a la detección y prevención del fraude y otras amenazas graves, garantizando la seguridad de todos los estadounidenses antes de la admisión de un extranjero a los Estados Unidos.

En consecuencia, esta Regla Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) reduce la cantidad de tiempo que se otorga a los refugiados para responder a un NOIT con el fin de garantizar que las terminaciones del estatus de refugiado puedan ocurrir de la manera más expedita posible para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública, dados los riesgos creados por la deficiente investigación de antecedentes descrita anteriormente en la Sección III.C. Bajo esta IFR, los refugiados continuarán recibiendo un NOIT, el cual especificará la intención del DHS de terminar su estatus de refugiado con base en una determinación de que no cumplieron con la definición de refugiado al momento de su admisión. El DHS proporcionará la razón o razones específicas por las cuales USCIS determinó que el refugiado no cumplió con la definición de refugiado al momento de su admisión (por ejemplo, no establecer que el daño pasado sufrido fue lo suficientemente grave como para constituir persecución, una determinación de que el daño sufrido por el extranjero no fue a causa de un motivo protegido, no proporcionar un testimonio creíble respecto de alguno o todos los elementos de la definición de refugiado, etc.). Sin embargo, esta regla otorgará a dichos extranjeros diez días (en lugar de 30 días) para responder (proporcionar evidencia documental o indicar su deseo de presentar evidencia oral) si así lo desean. Si el plazo para responder al NOIT transcurre sin que se reciba una respuesta, se considerará que el refugiado ha renunciado a su derecho de refutar las alegaciones contenidas en el NOIT, y el DHS terminará su estatus de refugiado.

Según el reglamento, el período de respuesta comienza ya sea con la notificación personal del NOIT (Notificación de Intención de Terminación) directamente al extranjero o, si se envía por correo, con el envío por correo del NOIT.52 Al calcular el plazo de respuesta, se cuentan todos los días, incluyendo sábados, domingos y días feriados federales.53 Sin embargo, si el último día cae en sábado, domingo o día feriado federal, el plazo se extiende hasta el siguiente día hábil.54 Conforme al 8 CFR 103.8(b), si la notificación se entrega por correo, se agregan tres días al período de respuesta, y la entrega se considera completada en la fecha en que se envía la notificación por correo.

La prioridad principal del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) es la seguridad y protección de los ciudadanos y residentes estadounidenses. Al mismo tiempo, el DHS se compromete a garantizar que los refugiados que reciben un NOIT tengan una oportunidad significativa de responder o presentar una refutación. Para mejorar la fiabilidad del servicio de correo y brindar a los refugiados el período completo de respuesta, el DHS utilizará proveedores de servicios de entrega expresa, los cuales garantizan una ventana de entrega de tres días y ofrecen seguimiento y confirmación tanto de la salida del NOIT de la custodia del DHS como de su entrega al destinatario.55 Este enfoque asegura que los refugiados reciban su NOIT con prontitud y puedan ejercer su derecho a responder. El NOIT llevará la fecha del día en que se envía por correo, y el período de respuesta de 10 días para el refugiado comenzará a partir de esa fecha. Si el 52 8 CFR 103.8.

53 Véase 8 CFR 1.2 (definición de “día”).

54 Ídem.

55 Véase, por ejemplo, https://www.fedex.com/en-us/shipping/3-day-express-saver-shipping.html. refugiado desea solicitar la oportunidad de brindar testimonio oral en lugar de responder a cada punto o puntos del NOIT, dicha solicitud sería considerada por el DHS como una respuesta oportuna. Como se explicó anteriormente, de conformidad con el 8 CFR 103.8(b), cuando una notificación se entrega por correo, se agregan tres días adicionales al período de respuesta, y la entrega se considera completada en la fecha en que se envía la notificación por correo. Por lo tanto, a los solicitantes a quienes se les envían las notificaciones por correo se les otorga un total de 13 días para responder, tomando en cuenta esta disposición reglamentaria.

La reducción del plazo de respuesta de 30 días a un plazo de respuesta de 10 días para los NOIT emitidos en las terminaciones de la condición de refugiado permite al DHS actuar con mayor rapidez en los casos en que los extranjeros no cumplían con la definición de refugiado al momento de su admisión en los Estados Unidos. El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) necesita la capacidad de terminar la condición de refugiado en dichos casos a fin de iniciar con mayor rapidez el proceso de expulsión de los extranjeros que nunca debieron haber sido admitidos a los Estados Unidos como refugiados en primer lugar, incluyendo a los extranjeros en situaciones similares a las analizadas anteriormente en la Sección III.C, quienes también representan un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública. Si bien la terminación de la condición de refugiado no es una condición previa para el inicio de los procedimientos de expulsión, la terminación de la condición de refugiado le otorga al DHS un fundamento legal para la expulsión, y en algunos casos, no se aplica ningún otro motivo de expulsión, por lo que dicha terminación es necesaria.56 En consecuencia, la terminación pronta de la condición de refugiado en los casos en que el extranjero era claramente inelegible al momento de la admisión facilita la capacidad del DHS para procesar al extranjero para su expulsión conforme a las secciones 235, 240 y 241 de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad), y para expulsar al extranjero si este no califica para una exención de la expulsión.

56 En el asunto Matter of Smriko, 23 I&N Dec. 836 (BIA 2005), la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que la terminación de la condición de refugiado de un extranjero conforme a la sección 207 de la INA no es una condición previa para el inicio de los procedimientos de expulsión conforme a la sección 240, pero únicamente porque el extranjero en dicho caso era expulsable en virtud de cierta conducta delictiva que lo calificaba de manera independiente para la expulsión, independientemente de su condición de refugiado. Véase íd. en las páginas 837 a 838; compárese con el asunto Matter of D-K-, 25 I&N Dec. 761 (BIA 2012) (en el cual se confirmó que el DHS no necesita terminar la condición de refugiado antes de iniciar los procedimientos de expulsión conforme a la sección 240, pero se determinó que el extranjero no era expulsable conforme a los motivos alegados por el DHS). El 21 de enero de 2026, el Secretario del DHS remitió formalmente la decisión de la BIA en el asunto Matter of D-K- al Fiscal General para su revisión. En dicha remisión, el DHS solicitó al Fiscal General que anulara la decisión de la BIA en la medida en que sostiene erróneamente que los extranjeros admitidos como refugiados no pueden ser tomados nuevamente bajo custodia del DHS conforme a la sección 209(a)(1) de la INA, acusados de inadmisibilidad conforme a la sección 212(a) de la INA, y expulsados con prontitud.

En términos más generales, la terminación oportuna de su estatus de refugiado es fundamental para la integridad de los programas de inmigración del país, considerando los riesgos que estos pueden representar para los Estados Unidos. Dado que USCIS continúa encontrando extranjeros admitidos como refugiados que no cumplían con la definición de refugiado al momento de su admisión, la terminación del estatus de refugiado de la manera más pronta y eficiente posible garantiza que USCIS pueda proteger de la mejor manera la seguridad de los estadounidenses y continuar cumpliendo con las Órdenes Ejecutivas 14161 y 14163. Al reducir de 30 días a 10 días el plazo para que un extranjero responda a un NOIT, USCIS está ejerciendo su autoridad para terminar de manera expedita el estatus de los refugiados que no cumplían con la definición de refugiado al momento de su admisión a los Estados Unidos. Simplificar el proceso de terminación asegura, además, que los extranjeros inelegibles que fueron admitidos por error a los Estados Unidos como refugiados pierdan su autorización de empleo de la manera más oportuna posible, ya que la terminación del estatus de refugiado también resulta en la terminación de la autorización de empleo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que reducir el plazo de respuesta al NOIT de 30 días a 10 días mantiene salvaguardas procesales adecuadas para los extranjeros, al otorgarles la oportunidad de responder al NOIT, equilibrando al mismo tiempo los intereses del gobierno en materia de seguridad nacional y seguridad pública, y en la protección de la integridad del programa de refugiados. El NOIT informará al extranjero el fundamento de la terminación y le explicará que puede presentar pruebas para impugnar la terminación y/o solicitar una entrevista. El extranjero no necesita presentar pruebas ni una respuesta completa dentro de los 10 días, y puede optar en su lugar por una entrevista, pero debe presentar la solicitud de entrevista a USCIS dentro del plazo de respuesta. Por lo tanto, los extranjeros que reciban un NOIT conforme al proceso propuesto seguirán contando con una oportunidad significativa de responder a las alegaciones contenidas en el aviso: el extranjero puede presentar una respuesta por escrito al NOIT dentro del plazo establecido y/o solicitar una entrevista con USCIS en la que pueda exponerse su reclamo de refugiado. El plazo abreviado para responder al NOIT permitirá, a su vez, que el gobierno procese de manera más eficiente los casos en que los extranjeros no cumplían con la definición de refugiado al momento de su admisión a los Estados Unidos y que, desde un inicio, nunca fueron elegibles para el beneficio que recibieron. En lugar de esperar 30 días a que el extranjero responda a un NOIT antes de programar una entrevista, si esta es solicitada por el extranjero, o de tomar otra medida, esta regla permitirá que USCIS actúe tan pronto como a los 10 días después de la notificación del NOIT. Para los extranjeros que no respondan dentro del plazo, el período de respuesta de 10 días permitirá a USCIS finalizar la terminación con mayor rapidez. Además, cada extranjero cuyo estatus de refugiado sea terminado será procesado conforme a las secciones 235, 240 o 241 de la INA y podrá solicitar otras formas de alivio o protección contra la deportación, según lo permitido en dichos procedimientos. Por ejemplo, los extranjeros en procedimientos de deportación conforme a la sección 240 pueden solicitar otras formas de alivio en una audiencia ante un juez de inmigración, en la que los intereses del Gobierno de los Estados Unidos están debidamente representados por un abogado de la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La modificación reglamentaria que se realiza en esta Regla Final Provisional (IFR) está claramente autorizada por la sección 207(c)(4) de la INA, 8 U.S.C. 1157(c)(4), que otorga al Secretario la facultad discrecional de "prescribir" reglamentos que rijan la terminación del estatus de extranjeros que "de hecho no eran refugiados según la definición de la sección 101(a)(42) . . . al momento de su admisión". V. Requisitos Estatutarios y Reglamentarios A. Ley de Procedimiento Administrativo (APA) El DHS está emitiendo esta IFR sin aviso previo ni procedimiento público porque el DHS está invocando las excepciones de "causa justificada" y de asuntos exteriores de la APA. Véase 5 U.S.C. 553(a)(1), (b)(B). Por las mismas razones, no se requiere una fecha de entrada en vigor diferida de al menos 30 días conforme a 5 U.S.C. 553(d)(3). El DHS también ha considerado los posibles intereses de confianza y los analiza a continuación.

a. Causa Justificada Una agencia puede prescindir del proceso de reglamentación mediante aviso y comentario público, así como de una fecha de entrada en vigor diferida, cuando la agencia "por causa justificada considera . . . que el aviso y el procedimiento público correspondiente son impracticables, innecesarios o contrarios al interés público". Véase 5 U.S.C. 553(b)(B). Asimismo, el requisito de publicación anticipada de 30 días establecido en la sección 553(d) puede ser dispensado por la agencia por causa justificada, la cual debe ser determinada y publicada junto con la regla. Véase 5 U.S.C. 553(d)(3).

El criterio de "imposibilidad práctica" de la excepción por causa justificada exime del aviso y comentario público en situaciones de emergencia, o cuando la demora causada por los procedimientos de aviso y comentario público de la APA resultaría en un daño grave a la vida, la propiedad, o una amenaza inmediata a la seguridad pública.57 Aunque la excepción por causa justificada se interpreta "de manera restrictiva y solo se tolera con reticencia",58 constituye una válvula de seguridad importante que debe emplearse cuando la demora causada por el aviso y comentario público ocasionaría un daño real (incluso en ausencia de una situación de emergencia).59 Una agencia puede determinar que el aviso y comentario previos o una fecha de entrada en vigor diferida resultan "impracticables" cuando la realización de dicho procedimiento impediría la ejecución oportuna y debida de una función importante de la agencia.60 Por ejemplo, los tribunales han explicado que la elaboración de normas mediante aviso y comentario público puede ser impracticable cuando, por ejemplo, la seguridad de la aviación no pudiera hacer frente a amenazas que representen un "posible peligro inminente para las aeronaves, las personas y los bienes dentro de los Estados Unidos";61 si una norma tuviera una importancia vital para salvar la vida de los trabajadores mineros en caso de una explosión en una mina;62 si la seguridad pública se 57 Véase Nat. Res. Def. Council v. Nat'l Highway Traffic Safety Admin, 894 F.3d 95, 114 (2d Cir. 2018); véase Jifry v. FAA, 370 F.3d 1174, 1179 (D.C. Cir. 2004) (que determinó que existía causa justificada para la promulgación de normas de seguridad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre); véase también Util. Solid Waste Activities Grp. v. EPA, 236 F.3d 749 (D.C. Cir. 2001).

58 Véase State of New Jersey v. EPA, 626 F.2d 1038, 1045 (D.C. Cir. 1980); véase también Am. Fed. Gov't Emps. v. Block, 655 F.2d 1153, 1156 (D.C. Cir. 1981) ("Como deja en claro el historial legislativo de la APA, además, las excepciones en cuestión aquí no son 'cláusulas de escape' que puedan utilizarse arbitrariamente según el capricho de la agencia. Más bien, el uso de estas excepciones por parte de las agencias administrativas debe limitarse a situaciones de emergencia...").

59 Véase U.S. v. Dean, 604 F.3d 1275, 1379 (11th Cir. 2010); United States Steel Corp. v. United States Environmental Protection Agency, 595 F.2d 207, 214 (5th Cir. 1979).

60 Véase, por ejemplo, Jifry v. FAA, 370 F.3d 1174, 1179 a 90 (D.C. Cir. 2004) (que exime de los procedimientos del artículo 553 de la APA a una reglamentación que rige la suspensión y revocación de los certificados de aviador de extranjeros por motivos de seguridad, al determinar que la agencia tenía preocupaciones legítimas sobre la amenaza de nuevos actos terroristas que involucraran aeronaves, y que el aviso y comentario público habría retrasado la capacidad de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte) y de la FAA para tomar medidas efectivas); véase también Tri-Cty. Tel. Ass'n, Inc. v. FCC, 999 F.3d 714, 719 a 20 (D.C. Cir. 2021) (per curiam) (que confirmó una determinación de causa justificada porque el daño causado por los huracanes y los huracanes próximos creó una emergencia suficiente para hacer impracticable el aviso y comentario público a fin de emitir los fondos).

61 Véase Jifry v. FAA, 370 F.3d 1174, 1179 (D.C. Cir. 2004).

62 Council of the S. Mountains, Inc. v. Donovan, 653 F.2d 573, 581 (D.C. Cir. 1981). viera comprometida;63 o en caso de urgencia relacionada con una crisis internacional y la seguridad nacional.64 La imposibilidad práctica constituye inevitablemente una indagación que depende de los hechos o el contexto.65 La excepción por causa justificada también puede aplicarse cuando brindar aviso y comentario previos fuera contrario al interés público. Véase 5 U.S.C. 553(b)(B). La pregunta no es si prescindir del aviso y comentario público sería contrario al interés público, sino si brindar el aviso y comentario público sería contrario al interés público.66 Este criterio se cumple cuando los procedimientos ordinarios conforme a la APA, que generalmente se presume que sirven al interés público, de hecho perjudicarían el interés del público.67 La excepción se invoca de manera apropiada cuando la cronología y el requisito de divulgación de los procedimientos habituales frustrarían el propósito de la propuesta y perjudicarían el interés público.68 Este criterio de la excepción por causa justificada está estrechamente relacionado con el criterio de imposibilidad práctica.

Por las razones que se explican a continuación, el DHS considera que, con base en la totalidad de las circunstancias, tiene causa justificada para omitir los procedimientos ordinarios de notificación y comentario público, debido a que seguir estos procedimientos públicos es impracticable y actuar con rapidez es lo que más conviene al interés público. Como se señala en el preámbulo, agilizar el proceso para terminar el estatus de refugiado en los casos en que se determine que el extranjero no cumplía con la definición de refugiado al momento de su admisión a los Estados Unidos es congruente con la misión y las responsabilidades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública, y de proteger 63 Véase United States v. Dean, 604 F.3d 1275 (11th Cir. 2010) (en el que se determinó que la justificación de seguridad pública invocada por el Procurador General constituía causa justificada para omitir los requisitos de notificación y comentario de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) al promulgar una norma provisional que hacía retroactiva la inscripción conforme a la Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales (SORNA, por sus siglas en inglés) a todos los delincuentes sexuales condenados antes de la promulgación de la SORNA).

64 Véase Malek-Marzban v. Immigr. & Naturalization Serv., 653 F.2d 113, 116 (4th Cir. 1981) (en el que se confirmó la determinación de la agencia de que los procedimientos de notificación y comentario eran impracticables, innecesarios y contrarios al interés público cuando se requería una acción rápida para regular la presencia de extranjeros en vista de la urgencia de la crisis internacional).

65 Mid-Tex Elec. Co-op., Inc. v. FERC, 822 F.2d 1123, 1132 (D.C. Cir. 1987). 66 Mack Trucks, Inc. v. EPA, 682 F.3d 87, 95 (D.C. Cir. 2012).

67 Id.

68 Nat. Res. Def. Council v. Nat'l Highway Traffic Safety Admin., 894 F.3d 95, 114 (2d Cir. 2018) (“Por supuesto, dado que se considera que la notificación y el comentario benefician al interés público, para que se aplique la excepción, el uso de la notificación y el comentario debe realmente perjudicar el interés público”). el sistema de inmigración del fraude y la explotación. El DHS está adoptando de inmediato medidas para implementar un proceso que modifica el plazo de respuesta de 30 días en los casos de terminación de refugiado a 10 días, con lo cual se agilizan las terminaciones de una manera que evita un perjuicio al público.

Cumplir con el requisito de notificación y comentario de la APA conforme a 5 U.S.C. 553(b) obstaculizaría las funciones del DHS establecidas en la Orden Ejecutiva 14161, que exige que existan salvaguardas suficientes para impedir que cualquier refugiado sea admitido a los Estados Unidos sin someterse a una verificación rigurosa, y en la Orden Ejecutiva 14163, que permite la admisión de refugiados caso por caso únicamente cuando se determine que ello conviene al interés nacional y que el extranjero no representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de los Estados Unidos. Por lo tanto, de conformidad con las determinaciones de política del Presidente Trump relacionadas con los extranjeros, el DHS está adoptando, sin demora, medidas inmediatas para garantizar que los extranjeros que no cumplían con la definición de refugiado al momento de su admisión a los Estados Unidos sean verificados y examinados en la mayor medida posible, a fin de asegurar que no reciban beneficios significativos, incluidos la autorización de empleo, el estatus legal permanente y otros beneficios federales, estatales y locales. Asimismo, a menos que el DHS actúe de inmediato, existe el riesgo de que los extranjeros que no eran elegibles para la admisión como refugiados puedan causar un perjuicio al interés público.

Como se explica en detalle en la Sección IV de este preámbulo, el DHS considera razonablemente, con base en una revisión de las aprobaciones de refugiados anteriores y de los procedimientos, políticas y directrices internas, que la falta de entrevistas detalladas a los refugiados y la indagación insuficiente en asuntos críticos tales como las causales de inadmisibilidad o los motivos relacionados con el terrorismo, junto con la priorización de las cifras de admisión por encima de decisiones legalmente sustentadas y otros problemas programáticos, como la dependencia excesiva en la información sobre el país de origen (COI, por sus siglas en inglés), han dado lugar a que extranjeros reciban el estatus de refugiado cuando no eran elegibles para ello. Estas prácticas han comprometido la integridad del programa de refugiados.

En la Operación PARRIS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha identificado además problemas similares relacionados con la calidad de las entrevistas de refugiados tras revisar un subconjunto de casos, en los que, en algunas ocasiones, se procesó y aprobó a poblaciones de países específicos con líneas de interrogatorio mínimas. Esta norma modifica el período de 30 días a 10 días para que los extranjeros respondan a un Aviso de Intención de Terminar (NOIT), de manera que la agencia pueda emitir terminaciones de forma expedita en los casos en que, tras una revisión exhaustiva del caso y una verificación integral, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) determine que el extranjero no cumplía con la definición de refugiado al momento de su admisión. En tales casos, un extranjero no mantendrá un estatus de refugiado válido ni un día más de lo legalmente requerido. En consecuencia, esta Norma Final Provisional (IFR) eliminaría más rápidamente una vía hacia el estatus permanente utilizada por extranjeros con reclamos falsificados o intenciones malévolas, incluidos aquellos que puedan representar una amenaza continua e inminente para la seguridad pública y la seguridad nacional, como los casos de refugiados revisados y terminados por el Centro de Verificación de USCIS descritos anteriormente.

Por lo tanto, si el DHS tuviera que recurrir a los procedimientos previos de notificación y comentario público, esto seguiría permitiendo que extranjeros que nunca debieron haber sido admitidos a los Estados Unidos como refugiados permanecieran presentes más tiempo del necesario, lo que podría poner en riesgo la seguridad y protección de los Estados Unidos y comprometer la integridad del sistema de inmigración estadounidense. Por ejemplo, en un caso, después de la admisión a los Estados Unidos se descubrió posteriormente que el refugiado era un criminal de guerra que debió haber estado sujeto a la prohibición por persecución y no debió haber sido admitido al país. En otro caso mencionado anteriormente, el refugiado no era admisible debido a la falta de credibilidad respecto tanto de su participación como del envío de dinero al FLO (una organización terrorista de Nivel III en el momento de la participación del extranjero), así como respecto del estatus de su padre como miembro reconocido del FLO. En estas circunstancias, proporcionar procedimientos previos de notificación y comentario público resulta impracticable y contrario al interés público. Finalmente, el DHS considera que no es necesario retrasar la fecha de entrada en vigor de esta norma final conforme al 5 U.S.C. 553(d). No existe necesidad de otorgar a las partes afectadas tiempo adicional para ajustar su conducta antes de que esta norma final entre en vigor, porque el DHS considera que probablemente no existan ajustes de conducta que realizar. Los extranjeros que se verían afectados por esta norma ya han ingresado a los Estados Unidos.69 En otras palabras, un retraso en la fecha de entrada en vigor de la norma difícilmente tendría algún impacto en la decisión de un extranjero de buscar ingresar a los Estados Unidos como refugiado o no, y no afectaría si cumplía o no con los requisitos para dicho estatus al momento de la admisión. Una fecha de entrada en vigor retrasada no cumpliría ningún propósito, salvo causar un mayor perjuicio al público, como lo ejemplifican los casos que, tras su revisión y verificación adicional, han resultado en la emisión de NOIT debido a que el expediente indicaba que el extranjero no era refugiado al momento de la admisión.

Por las razones expuestas anteriormente, el DHS considera que omitir los procedimientos ordinarios de notificación y comentario público, así como el requisito de fecha de entrada en vigor diferida, está justificado, dada la totalidad de las circunstancias y considerando que es necesaria una acción inmediata, y resulta coherente con la misión legal del DHS de adoptar medidas regulatorias para administrar eficazmente el programa de refugiados, así como con las directrices del Presidente en la Orden Ejecutiva 14161 y la Orden Ejecutiva 14163. No obstante, reconociendo el valor de los comentarios públicos, el DHS está publicando esta norma como una Norma Final Provisional (IFR) con una solicitud de comentarios públicos.

b. Excepción de Asuntos Exteriores Las agencias pueden prescindir del proceso de notificación y comentario público, así como de una fecha de entrada en vigor diferida, cuando el proceso normativo involucre una “función militar o de asuntos exteriores de los Estados Unidos”. 5 U.S.C. 553(a)(1). El Secretario de Estado determinó, el 21 de febrero de 2025, lo siguiente:

todos los esfuerzos, realizados por cualquier agencia del gobierno federal, para controlar el estatus, el ingreso y la salida de personas y la transferencia de bienes, servicios, datos, tecnología y cualquier otro artículo a través de las fronteras de los Estados Unidos, constituyen una función de asuntos exteriores de los Estados Unidos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act), 5 U.S.C. 553, 554.70 69 El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que existen algunas admisiones de refugiados en curso evaluadas caso por caso y que, como resultado, puede haber un pequeño número de extranjeros admitidos como refugiados durante lo que hubiera sido el periodo de 30 días de entrada en vigor diferida. Sin embargo, el DHS no considera que estos extranjeros probablemente estén sujetos a una terminación posterior de su estatus de refugiado ni sujetos a esta regla, dadas las medidas adoptadas, según se describe anteriormente, para fortalecer la verificación y el procesamiento de refugiados.

70 Determinación: Funciones de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, 90 FR 12200 (14 de marzo de 2025). Esta reglamentación está relacionada con el estatus de un extranjero como refugiado admitido en los Estados Unidos, el cual se deriva directamente de la conducción de las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Por lo tanto, constituye una función de asuntos exteriores. La ley estadounidense sobre refugiados tiene su fundamento en el derecho internacional. En 1968, los Estados Unidos se adhirieron al Protocolo de las Naciones Unidas de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (Protocolo sobre Refugiados)71, el cual incorpora la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención sobre Refugiados). La Convención sobre Refugiados establece los derechos de los refugiados y fija las normas para su tratamiento en los países que los reciben, proporcionando la codificación más completa de los derechos de los refugiados a nivel internacional. Los Estados signatarios de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 están obligados por obligaciones internacionales a proveer protección a los refugiados, ya sean dichos Estados países de primer asilo o de reasentamiento. El estatus de refugiado es producto de consideraciones de asuntos exteriores exigidas por ley y de compromisos de política exterior de los Estados Unidos. Respecto de las admisiones de refugiados, los Departamentos correspondientes deben considerar las condiciones dentro de los países específicos, "la medida en que otros países admitirán y asistirán" en el reasentamiento, y "el impacto de la participación de los Estados Unidos en el reasentamiento de dichos refugiados sobre los intereses de política exterior de los Estados Unidos". INA sec. 207; 8 U.S.C. 1157(e). Las determinaciones de refugiado requieren relaciones diplomáticas con los países de origen, tránsito y residencia habitual, así como evaluaciones continuas de la conducta, la estabilidad y las prácticas de derechos humanos de los gobiernos extranjeros.72 La gestión que hacen los Estados Unidos de su programa de refugiados y de sus estrategias de cumplimiento de las leyes migratorias se basa en la convicción de que la migración es una responsabilidad compartida entre todos los países con los que los Estados Unidos mantienen 71 Asamblea General de las Naciones Unidas, Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 31 de enero de 1967, Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 606, p. 267, también disponible en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, (Ginebra 1979, reeditado en 1992 y 2019), Anexo III. 72 USCIS, "El Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP), Consulta y Prioridades de Procesamiento a Nivel Mundial" (última actualización 17 de septiembre de 2025), https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/usrap.; véase también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, "Acerca de las Admisiones de Refugiados" (último acceso 23 de enero de 2026), https://2017-2021.state.gov/refugee-admissions/about/.

relaciones diplomáticas y negociaciones en curso. El hilo común en estas gestiones es el compromiso de los Estados Unidos de brindar protección a los refugiados que claramente califican, al mismo tiempo que se hacen cumplir las leyes nacionales de inmigración, y que abordar este desafío requiere una respuesta multinacional. En consecuencia, esto constituye una función de asuntos exteriores.

En virtud de esta IFR, cambiar el período de respuesta de 30 días a los NOIT en casos de terminación de refugiados a 10 días permite que el DHS termine expeditivamente los casos cuando corresponda, y procese a los extranjeros para su remoción tan pronto como sea posible. Por lo tanto, esta reglamentación también está relacionada con el control de la entrada y salida de extranjeros a través de las fronteras de los Estados Unidos y se encuentra dentro de la determinación de asuntos exteriores del Secretario.73 Debido a que esta regla implica la política de asuntos exteriores de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está emitiendo esta regla sin los procedimientos de notificación y comentario previos a la publicación, y con una fecha de entrada en vigor inmediata. c. Intereses de confianza El DHS ha considerado los posibles intereses de confianza respecto a esta IFR. El DHS reconoce la dificultad que los extranjeros pueden enfrentar si se termina su estatus de refugiado, pero el DHS considera que los importantes beneficios de seguridad pública, seguridad nacional e integridad descritos en detalle anteriormente superan con creces cualquier posible interés de confianza e impacto adverso. El DHS señala, sin embargo, que los extranjeros continuarán recibiendo la oportunidad de responder al NOIT y de superar las razones de la terminación, si corresponde. Con esta IFR, el DHS simplemente está asegurando que los extranjeros que nunca fueron elegibles para el estatus de refugiado no reciban los beneficios correspondientes de ser un refugiado admitido en los Estados Unidos por más tiempo del que podrían haberlo hecho sin esta regla. Esta IFR no elimina la capacidad de los extranjeros que califican legítimamente para el estatus de refugiado de obtener autorización de empleo, residencia permanente y cualquier otro beneficio disponible. Los extranjeros cuyo estatus de refugiado sea terminado 73 La determinación del Secretario de Estado hace referencia e implementa numerosas acciones presidenciales que reflejan las principales prioridades de política exterior del Presidente, incluida la E.O. 14161. Véase Determination: Foreign Affairs Functions of the United States, 90 FR 12200 (14 de marzo de 2025). Véase, por ejemplo, Yassini v. Crosland, 618 F.2d. 1356, 1361 (9th Cir. 1980) (debido a que una directriz de inmigración "estaba implementando la política exterior del Presidente", la acción "se encontraba dentro de la función de asuntos exteriores y las excepciones de causa justificada a los requisitos de notificación y comentario de la APA").

podrán buscar protección u otro alivio en procedimientos bajo las secciones 235, 240 o 241 de la INA, 8 U.S.C. 1225, 1229a o 1231, lo cual mitigaría cualquier posible interés de confianza.74 B. Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria), 13563 (Mejora de la Regulación y la Revisión Regulatoria) y 14192 ("Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación") Las E.O. 12866 y 13563 ordenan a las agencias evaluar los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si una regulación es necesaria, seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos. La E.O. 13563 enfatiza la importancia de cuantificar tanto los costos como los beneficios, de reducir los costos, de armonizar las normas y de promover la flexibilidad. La E.O. 14192 ordena a las agencias reducir significativamente los gastos privados requeridos para cumplir con las regulaciones federales y establece que "cualquier costo incremental nuevo asociado con las nuevas regulaciones deberá, en la medida permitida por la ley, ser compensado mediante la eliminación de los costos existentes asociados con al menos 10 regulaciones anteriores". La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ha designado esta IFR como una "acción regulatoria significativa" conforme a la sección 3(f) de la E.O. 12866, aunque no económicamente significativa conforme a la sección 3(f)(1), porque sus efectos anuales en la economía no superan los $100 millones en ningún año del análisis. En consecuencia, la regla ha sido revisada por la Oficina de Administración y Presupuesto.

Esta regla no es una acción regulatoria de la E.O. 14192 porque se está emitiendo respecto a una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos. El propósito directo primario de la regla es implementar o interpretar las leyes de inmigración de los Estados Unidos (según se describe en la INA 101(a)(17), 8 U.S.C. 1101(a)(17)), o cualquier otra función desempeñada por 74 Véase, por ejemplo, Landgraf v. USI Film Products, 511 U.S. 244, 274 (1994) ("La aplicación de una nueva norma jurisdiccional generalmente no quita ningún derecho sustantivo, sino que simplemente cambia el tribunal que ha de conocer el caso". (texto depurado)).

el Gobierno Federal de los Estados Unidos respecto a los extranjeros. Véase el Memorando M-25-20 de la OMB, "Guidance Implementing Section 3 of Executive Order 14192, titled 'Unleashing Prosperity Through Deregulation'" (26 de marzo de 2025).

En esta sección, el DHS examina varios tipos de impactos que podrían derivarse de esta Norma Final Provisional (IFR). Se describen de manera cualitativa, ya que el DHS no puede realizar estimaciones cuantitativas o monetizadas de los posibles impactos. El DHS agradece los comentarios del público sobre los impactos en costos y beneficios descritos en este documento.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) generalmente revisa la determinación de refugiado subyacente de un extranjero antes de la adjudicación final de su ajuste de estatus a residencia permanente, e inicia la terminación cuando esté justificado.75 Por lo tanto, la población afectada son los extranjeros con estatus de refugiado que ingresaron a los Estados Unidos y que aún no han ajustado su estatus ni han tenido su determinación revisada. El DHS ha identificado aproximadamente 186,000 casos de refugiados que ingresaron a los Estados Unidos desde el año fiscal (FY) 2015 hasta el FY 2025 que no han ajustado su estatus.76 Esta cifra podría representar la población máxima que podría estar sujeta a la IFR, ya que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están trabajando actualmente para identificar subconjuntos particulares y extranjeros para la verificación requerida. En cuanto a los impactos potenciales, en primer lugar, habrá un cambio en los ingresos (compensación laboral) de los extranjeros aplicables cuando se termine su estatus de refugiado, ya que su autorización de empleo también se terminaría de inmediato, lo cual ocurre al menos 20 días antes que sin esta norma.77 A los refugiados se les otorga autorización de empleo como consecuencia de su estatus, pero pueden presentar el Formulario I-765, “Solicitud de Autorización de Empleo”, principalmente bajo la categoría (A3), con un pequeño número bajo la categoría (A4) aplicable a 75 La ley de inmigración de los Estados Unidos exige que los refugiados soliciten el estatus de residente permanente legal después de haber estado físicamente presentes en los Estados Unidos durante al menos un año. Véase Tarjeta Verde para Refugiados en https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/green-card-for-refugees. 76 Fuente, USCIS, Oficina Principal de Datos y Análisis (CDAO), anteriormente Oficina de Desempeño y Calidad (OPQ), CLAIMS, ELIS, CIS2, PAER0019303 (21 de enero de 2026).

77 El USCIS no puede proporcionar un análisis de casos pasados en los que se hayan emitido NOIT pero el estatus de refugiado del extranjero no haya sido posteriormente terminado, debido a que el USCIS terminó muy pocos casos. refugiados en libertad condicional (parole). En el FY 2024, por ejemplo, el USCIS aprobó aproximadamente 125,000 documentos de autorización de empleo inicial (A3), lo cual representó un marcado aumento respecto de aproximadamente 49,000 en el FY 2023.78 Esta IFR reduce el tiempo que tiene un refugiado para responder a un NOIT de 30 días a 10 días. En consecuencia, esta norma reduciría el período durante el cual un extranjero tiene estatus de refugiado antes de la terminación, y la brecha (duración, en días hábiles) en el tiempo de ingresos debido a la terminación anticipada del empleo conforme a la IFR representaría un cambio en la capacidad de generar ingresos de los extranjeros.79 Para aquellos extranjeros que forman parte de la fuerza laboral y que estaban empleados al momento de la terminación de su autorización de empleo, el impacto en los ingresos podría generar tanto efectos distributivos potenciales (que constituyen transferencias) como costos. El alcance depende de factores del mercado laboral y de las características individuales de los extranjeros y de posibles trabajadores sustitutos. Los impactos distributivos (transferencias) se darían en forma de compensación no percibida (salarios y beneficios). Sin embargo, una parte o la totalidad de esta compensación no percibida por los extranjeros podría constituir transferencias beneficiosas hacia ciudadanos estadounidenses y otras personas legalmente autorizadas para trabajar en los Estados Unidos.

Además, si los empleadores logran contratar trabajadores estadounidenses para cubrir los puestos que ocupaban los refugiados, con una fricción relativamente baja en el mercado laboral, las transferencias beneficiosas de salarios y beneficios hacia los trabajadores estadounidenses no representarían potencialmente ninguna pérdida de productividad ni costos para los empleadores. Si bien es posible que los extranjeros sin autorización de empleo requieran asistencia de sus redes sociales y de apoyo, las cuales podrían incluir entidades públicas, podría existir un contrapeso; si el proceso de la IFR resulta en, o contribuye a, una más rápida 78 Fuente: USCIS CDAO, CLAIMS, ELIS, PAER0020264 (13 de febrero de 2026). Un pequeño número de aproximadamente 190 refugiados recibió un documento de autorización de empleo (C9) cuando ajustaron su estatus, desde el FY 2021 hasta el FY 2025. Actualmente hay aproximadamente 113,000 refugiados con autorizaciones de empleo inicial (A3) aprobadas que tienen un Formulario I-485 pendiente ante el USCIS. Dado que los refugiados están autorizados a trabajar en virtud de su estatus, aquellos que solicitan una autorización (A3) probablemente lo hacen con fines de documentación e identificación, o por otras razones.

79 Dado que los refugiados no tienen que presentar una solicitud de autorización de empleo ante USCIS, no atribuimos costos ya incurridos a los costos de oportunidad del tiempo si su estatus es terminado, para lo cual la carga de reporte público actual es de 4.38 horas. Sin embargo, si bajo otra categoría de alivio, los extranjeros necesitaran presentar una solicitud de autorización de empleo, incurrirían en costos aplicables a dicha carga, así como, de ser aplicable, tarifas de presentación directas y cargos por la presentación de datos biométricos.

remoción de extranjeros que no eran elegibles para el estatus de refugiado, podría haber una menor tensión económica para los estados, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales, en términos de cualquier asistencia pública y recursos que actualmente se brindan a los refugiados. En lo que se refiere a los impactos en los ingresos, podría haber impactos fiscales. Los extranjeros que experimenten cambios en sus ingresos debido a que su autorización de empleo sea terminada bajo la IFR podrían generar impuestos federales y estatales no percibidos. Sin embargo, cualquier pérdida fiscal podría recuperarse parcial o totalmente si los empleadores pueden sustituir fácilmente a otras personas en los puestos que ocupaba el extranjero. Además, los extranjeros pueden representar cargas fiscales que podrían mitigarse debido a los efectos de esta regla, como un contrapeso de algunas o todas las pérdidas fiscales, en caso de que las hubiera. El DHS estima que podría haber costos de rotación laboral que incurrirían las empresas que emplean a extranjeros que perderían la autorización de empleo bajo la IFR, que de otro modo no perderían dicha autorización (es decir, si actualmente pudieran reafirmar su estatus en 30 días pero no en 10 días bajo esta regla). Las separaciones laborales pueden comprender costos directos o “duros” aplicables a los cargos de separación y reemplazo.80 Los costos de separación incluyen entrevistas de salida, pago de indemnización, y costos de cubrir temporalmente las funciones y tareas del empleado con otros empleados, lo cual puede requerir horas extras o personal temporal. Los costos de reemplazo típicamente incluyen gastos de publicidad de los puestos, honorarios de búsqueda y agencia, evaluación de candidatos, entrevistas, verificación de antecedentes, pruebas de empleo, bonos de contratación, y posibles costos de viaje y reubicación. Una vez contratados, los empleadores enfrentan costos adicionales de capacitación, orientación y evaluación.

Segundo, puede haber costos para la productividad y posiblemente la rentabilidad debido a las interrupciones operativas y de producción, los cuales pueden incluir errores de otros empleados que puedan ocupar temporalmente el puesto. Un tercer segmento de costos, que es un tipo de costo indirecto 80 Para una descripción de estos costos, véase “Employee Retention: The Real Cost of Losing an Employee,” por Holly Bengfort, PeopleKeep (actualizado el 15 de diciembre de 2025), en: https://www.peoplekeep.com/blog/Employee-Retention-The-Real-Cost-of-Losing-an-Employee. Véase también, “This Fixable Problem Costs U.S. Businesses $1 Trillion,” por Shane McFeely y Ben Wigert, Gallup Workplace (13 de marzo de 2019) en: https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx. puede abarcar la pérdida de conocimiento institucional, redes de contactos, e impactos en la cultura laboral, la moral y las relaciones interpersonales.

El DHS está otorgando un plazo de 10 días, en lugar del plazo actual de 30 días, para impugnar los NOIT aplicables. El NOIT informará al extranjero el fundamento de la terminación y explicará que puede presentar evidencia para impugnar la terminación, y/o solicitar una entrevista. Los extranjeros que actualmente responderían a un NOIT en un intento de reafirmar su estatus incurrirían en algunos costos directos y también costos de oportunidad del tiempo aplicables a generar y preparar respuestas, organizar documentos y evidencia, y participar en entrevistas. Bajo el plazo de 10 días, probablemente aún se incurriría en dicho uso de recursos y gasto, pero el plazo se vería reducido. Podría haber impactos y costos para los extranjeros aplicables a tener menos tiempo para recabar evidencia, preparar documentación, y preparar su respuesta.

En lo que respecta al sector público, la investigación exhaustiva planificada, la revisión de casos y las nuevas entrevistas, así como las operaciones de cumplimiento de la ley para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el ICE, en apoyo directo o indirecto de esta norma final provisional (IFR), podrían requerir un aumento de los recursos públicos. En lo que respecta al envío por correo de los NOIT, el DHS utilizará proveedores de servicios de entrega expresa, los cuales garantizan la entrega dentro del plazo establecido por la IFR y ofrecen seguimiento y confirmación tanto de la salida del paquete de la custodia del DHS como de su entrega al destinatario. Esto no representa un cambio significativo respecto a la práctica actual, y el DHS no espera que esta IFR genere costos adicionales relacionados con el envío por correo de los NOIT. El USCIS continuará destinando recursos al procesamiento y revisión de las respuestas. Sin embargo, el cronograma revisado podría generar eficiencias, ya que el USCIS podrá programar entrevistas o tomar medidas con mayor rapidez. El DHS no puede predecir de antemano el efecto neto sobre los recursos públicos y acoge con beneplácito los comentarios del público respecto a los recursos del sector público. No obstante, el DHS no afirma ni puede afirmar que conoce y ha considerado todos los cambios de política que puedan ocurrir en todos los niveles y agencias del gobierno de los Estados Unidos que puedan afectar directa o indirectamente esta IFR. Por lo tanto, podría haber otros efectos no descritos actualmente en este análisis.

El DHS no puede cuantificar los beneficios de esta IFR, pero considera que el aumento de la seguridad nacional, la seguridad pública, la credibilidad y la reducción del fraude o la tergiversación por parte de los extranjeros correspondientes, entre otras preocupaciones, contribuirán a la seguridad del pueblo estadounidense y a la integridad del sistema legal de inmigración de los Estados Unidos, en la medida en que los beneficios superarán cualquier costo. Simplificar el proceso para terminar el estatus de refugiado en los casos en que se determine que el extranjero no era refugiado al momento de su admisión a los Estados Unidos es coherente con la misión y las responsabilidades del DHS de garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública, y protege de manera beneficiosa al sistema de inmigración contra el fraude y la explotación.

C. Ley de Flexibilidad Regulatoria (RFA) La Ley de Flexibilidad Regulatoria de 1980 (5 U.S.C. 601 y siguientes), modificada por la Ley de Equidad en el Cumplimiento Regulatorio para la Pequeña Empresa de 1996, exige que las agencias federales consideren el impacto potencial de las normas sobre las pequeñas empresas, las jurisdicciones gubernamentales pequeñas y las organizaciones pequeñas durante la elaboración de sus normas. El término "entidades pequeñas" comprende las pequeñas empresas, las organizaciones sin fines de lucro que sean de propiedad y operación independientes y que no sean dominantes en sus respectivos ámbitos, y las jurisdicciones gubernamentales con poblaciones de menos de 50,000 habitantes. Los requisitos de análisis de flexibilidad regulatoria de la RFA se aplican únicamente a aquellas normas para las cuales una agencia está obligada a publicar un aviso general de propuesta de reglamentación conforme a 5 U.S.C. 553 o cualquier otra ley.81 El DHS no emitió un aviso de propuesta de reglamentación para esta acción.

D. Ley de Reforma sobre Mandatos no Financiados de 1995 (UMRA) La Ley de Reforma sobre Mandatos no Financiados de 1995 (UMRA) tiene por objeto, entre otras cosas, frenar la práctica de imponer mandatos federales no financiados a los gobiernos estatales, locales y 81 Véase 5 U.S.C. 604(a).

tribales.82 El Título II de la UMRA exige que cada agencia federal prepare una declaración por escrito en la que evalúe los efectos de cualquier mandato federal en una norma propuesta, o en una norma final para la cual el USCIS haya publicado una norma propuesta, que incluya cualquier mandato federal que pueda resultar en un gasto de $100 millones o más (ajustado anualmente por inflación) en un año dado, por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, en conjunto, o por el sector privado. Véase 2 U.S.C. 1532(a). Esta norma está exenta del requisito de declaración por escrito, debido a que el DHS no publicó un aviso de propuesta de reglamentación para esta norma. Además, esta norma no supera el gasto de $100 millones en un año dado cuando se ajusta por inflación ($211 millones en 2025, con base en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U)83), y esta reglamentación no contiene un mandato federal según se define dicho término en la UMRA. Por lo tanto, los requisitos del Título II de la UMRA no son aplicables, por lo que el DHS no ha preparado una declaración conforme a la UMRA.

E. Ley de Revisión del Congreso (CRA, por sus siglas en inglés) La Ley de Revisión del Congreso (CRA) se incluyó como el Subtítulo E de la Ley de Equidad en la Aplicación de la Normativa a la Pequeña Empresa de 1996 (SBREFA, por sus siglas en inglés), Pub. L. 104-121, 110 Stat. 847 (29 de marzo de 1996). Con base en la evaluación del DHS, la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios ha determinado que esta IFR no es una norma de gran impacto según se define conforme a la CRA en 5 U.S.C. 804(2). Esta norma no generará un efecto anual sobre la economía de $100 millones o más; un aumento significativo en costos o precios; ni efectos adversos significativos sobre la competencia, el empleo, la inversión, la productividad, la innovación, o la capacidad de las empresas con sede en los Estados Unidos para competir con empresas con sede en el extranjero en los mercados nacionales 82 El término "mandato federal" significa un mandato intergubernamental federal o un mandato federal del sector privado. Véase 2 U.S.C. 1502(1) y 658(5) y (6).

83 Véase la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), "Índice de Precios al Consumidor histórico para todos los consumidores urbanos (CPI-U): promedio de ciudades de los Estados Unidos, todos los artículos, por mes," https://www.bls.gov/cpi/tables/supplemental-files/historical-cpi-u-202512.pdf (visitado por última vez el 18 de agosto de 2026). Cálculo de la inflación: (1) calcular el CPI-U mensual promedio para el año de referencia (1995) y el año actual (2025); (2) restar el CPI-U del año de referencia del CPI-U del año actual; (3) dividir la diferencia entre el CPI-U del año de referencia y el CPI-U del año actual entre el CPI-U del año de referencia; (4) multiplicar por 100=[(CPI-U mensual promedio de 2025 - CPI-U mensual promedio de 1995) ÷ (CPI-U mensual promedio de 1995)]×100=[(321.943-152.383) ÷152.383]=(169.560/152.383)= 1.113×100=111.3 por ciento=111 por ciento (redondeado). Cálculo del valor ajustado por inflación: $100 millones en dólares de 1995×2.11=$211 millones en dólares de 2025.

y los mercados de exportación. Véase 5 U.S.C. 804(2). Sin embargo, aun cuando esta IFR cumpliera con los criterios establecidos en 5 U.S.C. 804(2), como se indica en el preámbulo, el DHS tiene causa justificada para prescindir de los requisitos de la APA relativos al aviso y comentario público (y a la fecha de vigencia diferida) conforme a 5 U.S.C. 553. Por lo tanto, el DHS también tiene causa justificada para prescindir del requisito de la CRA relativo a la fecha de vigencia diferida de 60 días, conforme a 5 U.S.C. 808(2). Esta norma entra en vigencia a partir de su publicación. El DHS ha cumplido con los requisitos de notificación de la CRA y ha enviado esta norma al Congreso y al Contralor General según lo exige 5 U.S.C. 801(a)(1). F. Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo) Esta IFR no tiene efectos directos sustanciales sobre los estados, sobre la relación entre el Gobierno Nacional y los estados, o sobre la distribución de facultades y responsabilidades entre los diversos niveles de gobierno. Por lo tanto, conforme a la sección 6 de la E.O. 13132, 64 FR 43255 (4 de agosto de 1999), esta IFR no tiene implicaciones federalistas suficientes para justificar la preparación de una declaración resumida de impacto federalista.

G. Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de la Justicia Civil) El DHS redactó y revisó esta IFR de conformidad con la E.O. 12988, Reforma de la Justicia Civil. El DHS redactó esta IFR para proporcionar un estándar legal claro para la conducta afectada y la revisó cuidadosamente para eliminar errores de redacción y ambigüedades, con el fin de minimizar los litigios y la carga indebida sobre el sistema de Tribunales Federales. El DHS determinó que esta norma cumple con los estándares aplicables establecidos en las secciones 3(a) y 3(b)(2) de la E.O. 12988, 61 FR 4729 (5 de febrero de 1996).

H. Evaluación Familiar El DHS revisó esta norma de acuerdo con los requisitos de la sección 654 de la Ley General de Asignaciones del Tesoro de 1999, Pub. L. 105-277, 112 Stat. 2681 (1998). El DHS revisó sistemáticamente los criterios especificados en la sección 654(c)(1), evaluando si esta acción regulatoria: (1) afecta la estabilidad o seguridad de la familia, particularmente en términos del compromiso matrimonial; (2) afecta la autoridad de los padres en la educación, crianza y supervisión de sus hijos; (3) ayuda a la familia a cumplir sus funciones; (4) afecta el ingreso disponible o la pobreza de las familias y los niños; (5) solo tiene impacto financiero en las familias, si lo hay, en la medida en que dichos impactos estén justificados; (6) puede ser llevada a cabo por el gobierno estatal o local o por la familia; o (7) establece una política relativa a la relación entre el comportamiento y la responsabilidad personal de los jóvenes y las normas de la sociedad. Si la agencia determina que una regulación puede afectar negativamente el bienestar familiar, entonces la agencia debe proporcionar una justificación adecuada para su implementación.

El DHS no cuenta con datos que indiquen que esta regla tendrá algún impacto en el bienestar familiar. El DHS ha determinado que la implementación de este reglamento no afectará negativamente el bienestar familiar y no tendrá ningún impacto en la autonomía e integridad de la familia como institución.

I. Orden Ejecutiva 13175 (Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas) Esta IFR no tendrá implicaciones tribales bajo la Orden Ejecutiva 13175, Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas, debido a que no tendrá un efecto directo sustancial sobre una o más tribus indígenas, sobre la relación entre el Gobierno Federal y las tribus indígenas, ni sobre la distribución de facultades y responsabilidades entre el Gobierno Federal y las tribus indígenas.

J. Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus componentes analizan las acciones finales para determinar si la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), 42 U.S.C. 4321 y siguientes, es aplicable y, de serlo, qué grado de análisis se requiere. La Directiva 023-01 del DHS, Rev. 01, "Implementación de la Ley de Política Ambiental Nacional" (Directiva 023-01) y el Manual de Instrucciones 023-01-001-01 Revisión 01, "Implementación de la Ley de Política Ambiental Nacional" (Manual de Instrucciones)84 establecieron las políticas y procedimientos que el DHS y sus componentes utilizan para cumplir con la NEPA.

La NEPA permite a las agencias federales establecer, en sus procedimientos de implementación de la NEPA, categorías de acciones ("exclusiones categóricas") que, según la experiencia, no tienen, individual o acumulativamente, un efecto significativo en el entorno humano y que, por lo tanto, no requieren una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental.85 El Apéndice A del Manual de Instrucciones enumera las Exclusiones Categóricas del DHS.86 Conforme a los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS, para que una acción sea categóricamente excluida, debe cumplir cada una de las siguientes tres condiciones: (1) la acción en su totalidad encaja claramente dentro de una o más de las exclusiones categóricas; (2) la acción no forma parte de una acción de mayor alcance; y (3) no existen circunstancias extraordinarias que creen la posibilidad de un efecto ambiental significativo.87 Esta IFR es estrictamente administrativa y de procedimiento, ya que únicamente modifica un reglamento existente del DHS que rige la terminación del estatus de refugiado. El DHS ha revisado esta IFR y determina que no resultará ningún impacto significativo en el medio ambiente, ni cambio alguno en el efecto ambiental, a raíz de las modificaciones que se promulgan en esta regla. En consecuencia, el DHS determina que la promulgación de las modificaciones de esta IFR a un reglamento vigente encaja claramente dentro de la exclusión categórica A3 establecida en los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS como un cambio administrativo sin modificación en el efecto ambiental, no forma parte de una acción federal de mayor alcance, y no presenta circunstancias extraordinarias que creen la posibilidad de un efecto ambiental significativo. Por lo tanto, estas modificaciones reglamentarias quedan categóricamente excluidas de un análisis adicional conforme a la NEPA.

84 El Manual de Instrucciones contiene los procedimientos del DHS para implementar la NEPA y fue emitido el 6 de noviembre de 2014. Véase DHS, Oficina del Director de Apoyo Operativo (Office of the Chief Readiness Support Officer), National Environmental Policy Act Compliance, https://www.dhs.gov/ocrso/eed/epb/nepa (actualizado por última vez el 14 de abril de 2025).

85 Véase 42 U.S.C. 4336(a)(2), 4336e(1).

86 Véase el Manual de Instrucciones, Apéndice A, Tabla 1.

87 Manual de Instrucciones 023-01 en V.B(2)(a)-(c).

K. Ley de Reducción de Trámites (PRA) Conforme a la Ley de Reducción de Trámites de 1995, Ley Pública 104-13, todas las agencias deben presentar ante la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), para su revisión y aprobación, cualquier requisito de presentación de informes inherente a una regla. Esta regla no impone ningún requisito de presentación de informes ni de mantenimiento de registros conforme a la Ley de Reducción de Trámites.

Lista de Materias en el Título 8 del CFR, Parte 207 Práctica y procedimiento administrativo, Refugiados, Requisitos de presentación de informes y mantenimiento de registros.

En consecuencia, por las razones expuestas en el preámbulo, el DHS modifica el Título 8 del CFR, Parte 207, de la siguiente manera:

PARTE 207, ADMISIÓN DE REFUGIADOS

1. La cita de autoridad de la Parte 207 continúa redactándose de la siguiente manera:

Autoridad: 8 U.S.C. 1101, 1103, 1151, 1157, 1159, 1182; 8 CFR parte 2.

2. Se revisa el § 207.9 para que diga lo siguiente:

§ 207.9 Terminación del estatus de refugiado.

El estatus de refugiado de cualquier extranjero (y del cónyuge o hijo del extranjero) admitido en los Estados Unidos conforme a la sección 207 de la Ley será terminado por USCIS si el extranjero no era refugiado según el significado de la sección 101(a)(42) de la Ley al momento de la admisión. USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) notificará por escrito al extranjero su intención de terminar el estatus de refugiado del extranjero. El extranjero tendrá 10 días a partir de la fecha en que se le notifique conforme a 8 CFR 103.8 para presentar evidencia escrita u oral que demuestre por qué no debe terminarse el estatus de refugiado del extranjero. No existe apelación bajo este capítulo respecto de la terminación del estatus de refugiado por parte de USCIS. Tras la terminación del estatus de refugiado, USCIS procesará al extranjero conforme a las secciones 235, 240 y 241 de la Ley.

_______________________ Markwayne Mullin, Secretario, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

[Doc. del FR 2026-20956 Presentado: 13/10/2026 8:45 a. m.; Fecha de publicación: 14/10/2026]