ICE propone aumentar la tarifa del Formulario I-246 de 155 a 755 dólares

Encabezados del documento

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(página impresa 24739)

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Aviso de propuesta de reglamentación.

El DHS propone aumentar la tarifa para la adjudicación del Formulario I-246, Solicitud de Suspensión de Deportación o Expulsión (Application for a Stay of Deportation or Removal), de $155 a $755. La regla propone ajustar la tarifa del Formulario I-246 para recuperar costos, la cual no se ha ajustado desde 1989. El DHS también propone realizar ediciones técnicas a la reglamentación de la tarifa de suspensión de deportación y expulsión.

Los comentarios electrónicos deben presentarse a más tardar el 6 de julio de 2026.

Puede presentar comentarios sobre la totalidad de esta propuesta de regla, identificada por el número de expediente ICEB-2020-0005, mediante el siguiente método:

Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada anteriormente, incluidos correos electrónicos o cartas enviadas a funcionarios del DHS, no se considerarán comentarios sobre la propuesta de regla y es posible que no reciban respuesta del DHS. Tenga en cuenta que el DHS no puede aceptar comentarios enviados por correo postal, entregados en mano o enviados por mensajería. Además, el DHS no puede aceptar comentarios enviados por correo postal contenidos en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento digital, como CD/DVD y unidades USB. Si no puede presentar su material utilizando https://www.regulations.gov, comuníquese con la persona indicada en la sección PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A de este documento para obtener instrucciones alternativas.

Oficina del Asesor Legal Principal, Unidad de Asuntos Regulatorios, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, 500 12th Street SW, Washington, DC 20536-5901. Teléfono 202-732-6960 (no es un número gratuito).

ABC Costeo Basado en Actividades

CEQ Consejo de Calidad Ambiental

CFR Código de Regulaciones Federales

DHS Departamento de Seguridad Nacional

E.O. Orden Ejecutiva

EOIR Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración

FTE Equivalente a Tiempo Completo

FY Año Fiscal

HSA Ley de Seguridad Nacional de 2002

ICE Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos

INA Ley de Inmigración y Nacionalidad

INS Servicio de Inmigración y Naturalización

IIRIRA Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996

NEPA Ley Nacional de Política Ambiental

OMB Oficina de Administración y Presupuesto

RFA Ley de Flexibilidad Regulatoria

SFFAS Declaración de Normas de Contabilidad Financiera Federal

U.S.C. Código de los Estados Unidos

El DHS alienta a todas las partes interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos, opiniones, comentarios y argumentos sobre todos los aspectos de esta propuesta de regla. Los comentarios que brinden la mayor asistencia al DHS harán referencia a una parte específica de la propuesta de regla, explicarán la razón de cualquier cambio recomendado e incluirán los datos, la información o la autoridad que respalde el cambio recomendado. Consulte la sección DIRECCIONES anterior para obtener información sobre dónde presentar los comentarios.

Para presentar sus comentarios en línea, vaya a https://www.regulations.gov e inserte “ICEB-2020-0005” en el cuadro de “Búsqueda” (Search). Haga clic en el cuadro de “Comentario” (Comment) e ingrese sus comentarios en el cuadro de texto proporcionado. Cuando esté satisfecho con sus comentarios, siga las indicaciones y luego haga clic en “Enviar Comentario” (Submit Comment).

El DHS publicará los comentarios en el portal federal de reglamentación electrónica en https://www.regulations.gov e incluirá cualquier información personal que usted proporcione. Por lo tanto, al presentar esta información, la hace pública. Es posible que desee considerar limitar la cantidad de información personal que proporciona en cualquier comentario público voluntario que envíe al DHS. El DHS puede retener de la visualización pública la información proporcionada en los comentarios que determine que es ofensiva. Para obtener información adicional, lea el “Aviso de Privacidad y Seguridad” (Privacy & Security Notice), mediante el enlace en el pie de página de https://www.regulations.gov. El DHS considerará todos los comentarios y materiales recibidos durante el período de comentarios y podrá modificar esta regla con base en los comentarios recibidos.

Para ver los comentarios, así como los documentos mencionados en este preámbulo como disponibles en el expediente, visite https://www.regulations.gov e inserte “ICEB-2020-0005” en el cuadro de “Búsqueda” (“Search”). A continuación, haga clic en “Carpeta de Expedientes” (“Dockets Folder”), luego en el nombre de la regla, y finalmente en “Examinar Todos los Comentarios” (“Browse All Comments”). Las personas sin acceso a internet pueden hacer arreglos alternativos para ver los comentarios y documentos relacionados con este proceso de reglamentación comunicándose con la persona indicada en la sección DIRECCIÓN PARA MÁS INFORMACIÓN que figura anteriormente. También puede inscribirse para recibir alertas por correo electrónico en el expediente en línea para que se le notifique cuando se publiquen comentarios o se publique una regla final.

La Ley de Seguridad Nacional de 2002 (Homeland Security Act, HSA) otorga al Secretario de Seguridad Nacional (el Secretario) una amplia gama de facultades en materia de inmigración. La sección 102 de la HSA (Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135), 6 U.S.C. 112, y la sección 103(a)(1) y (3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), 8 U.S.C. 1103(a)(1), (3), encomiendan al Secretario la administración y ejecución de las leyes de inmigración y naturalización de los Estados Unidos. La sección 241 de la INA autoriza al Secretario a conceder una suspensión de deportación o expulsión (en adelante denominada “suspensión”, en inglés “stay”) en el ejercicio de su discreción no sujeta a revisión judicial. Véase la sección 242(g) de la INA, 8 U.S.C. 1252(g) (que priva a los tribunales federales de jurisdicción para conocer de cualquier caso o reclamo derivado de la decisión de ejecutar órdenes de expulsión).[1] Los reglamentos (página impresa 24740) que implementan la facultad del Secretario para suspender la deportación o expulsión aplicables al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), un componente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyen el 8 CFR 241.6 y el 8 CFR 103.7. Mediante la delegación de facultades por parte del Secretario,[2] el ICE está autorizado para adjudicar las solicitudes de suspensión presentadas ante el ICE. Véase la sección 241(c)(2) de la INA, 8 U.S.C. 1231(c)(2) y el 8 CFR 241.6.[3]

La sección 286(m) de la INA autoriza al Secretario a establecer y recaudar tarifas por la prestación de servicios de adjudicación y naturalización.[4] La ley autoriza al DHS a fijar tarifas en una cantidad que permita recuperar el costo total de la prestación de dichos servicios.[5] El nivel de la tarifa también puede incluir la recuperación de cualquier costo adicional asociado con la administración de las tarifas.[6] Todas las tarifas recaudadas conforme a estas facultades se depositan como ingresos compensatorios en la Cuenta de Tarifas por Exámenes de Inmigración (Immigration Examinations Fee Account) y están disponibles para el Secretario hasta que se utilicen para los fines autorizados. Véase 8 U.S.C. 1356(m), (n). La tarifa actual para el Formulario I-246, Solicitud de Suspensión de Deportación o Expulsión, y la facultad del ICE para eximir dicha tarifa, se establecen en el 8 CFR 103.7(d)(6).

Como norma general, al desarrollar las tarifas y los reglamentos relativos a las tarifas, el DHS recurre a una serie de disposiciones de contabilidad gubernamental. La Circular No. A-25 de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB), Cargos al Usuario (Revisada) (User Charges (Revised)), establece la política federal relativa a los cargos al usuario que se cobran por los servicios gubernamentales y por la venta o uso de bienes o recursos gubernamentales. La Circular A-25 de la OMB proporciona orientación a las agencias del poder ejecutivo respecto al alcance y tipo de actividades sujetas a cargos al usuario y a la forma de establecer dichos cargos.[7] Se aplica a todas las actividades federales que confieren beneficios especiales a los destinatarios más allá de los que corresponden al público en general. La Circular A-25 de la OMB, párrafo 6, 58 FR 38142 (15 de julio de 1993), define el “costo total” como la inclusión de todos los costos directos e indirectos para cualquier parte del gobierno federal por la prestación de un bien, recurso o servicio. Estos costos incluyen, entre otros, una proporción adecuada de lo siguiente: costo de personal directo e indirecto, gastos generales físicos, costos de consultoría y otros costos indirectos, costos de gestión y supervisión, investigación, recopilación de información e investigación, y establecimiento de normas y reglamentación, incluida cualquier revisión ambiental requerida. La sección 31.5 de la Circular A-11 de la OMB, Preparación, Presentación y Ejecución del Presupuesto (Preparation, Submission and Execution of the Budget), del 1 de julio de 2016, instruye a las agencias a desarrollar estimaciones de cargos al usuario con base en la política de recuperación total de costos establecida en la Circular A-25 de la OMB (política de formulación y ejecución presupuestaria relativa a los cargos al usuario).

La Junta Asesora de Normas de Contabilidad Federal (FASAB, por sus siglas en inglés), en su Declaración de Normas de Contabilidad Financiera Federal (SFFAS, por sus siglas en inglés) No. 4: Conceptos y Normas de Contabilidad de Costos Gerenciales para el Gobierno Federal, del 31 de julio de 1995, actualizada en junio de 2017, establece las normas para la contabilidad de costos gerenciales y el costo total. La SFFAS No. 4 define el "costo total" para incluir "los costos directos e indirectos que contribuyen al producto, independientemente de las fuentes de financiamiento". La FASAB identifica diversas clasificaciones de costos que deben incluirse y recomienda varios métodos de asignación de costos para determinar el costo total.

Después de que un extranjero queda sujeto a una orden administrativamente final de deportación o expulsión de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene la facultad discrecional de otorgar un aplazamiento para retrasar temporalmente la expulsión física del extranjero. Los extranjeros pueden solicitar un aplazamiento ante ICE mediante la presentación del Formulario I-246, Solicitud de Aplazamiento de Deportación o Expulsión, conforme al 8 CFR 241.6.[8] Los extranjeros pueden solicitar un aplazamiento ante ICE una vez que estén sujetos a una orden administrativamente final de deportación o expulsión. Una orden es final cuando se han agotado todas las apelaciones administrativas disponibles de una orden de expulsión o deportación, y el único paso restante es la expulsión física del extranjero.[9] Un aplazamiento no se considera un beneficio migratorio ni una dispensa, ya que solo proporciona un retraso temporal en la expulsión física del extranjero.

Al adjudicar la solicitud de aplazamiento de un extranjero, ICE, a su discreción, considera una serie de factores, incluida la presencia de razones humanitarias de peso para retrasar la expulsión y si la expulsión física inmediata es viable o apropiada. Por ejemplo, ICE puede tomar en consideración circunstancias tales como si el extranjero tiene una afección médica grave, es menor de edad, debe estar presente en procedimientos judiciales en los Estados Unidos, u otras circunstancias similares que puedan dar lugar a la determinación de que la expulsión física no redunda en el interés público. Las actividades relacionadas con la adjudicación de una solicitud de aplazamiento administrativo de expulsión consisten en, entre otras, realizar entrevistas, revisar documentación, detectar y disuadir el fraude, y evaluar la elegibilidad para permanecer temporalmente en los Estados Unidos. Cuando se determina que un aplazamiento redunda en interés del gobierno o del público, ICE puede ejercer su discreción para otorgar un aplazamiento por un período determinado y bajo las condiciones que ICE considere apropiadas. Al solicitar un aplazamiento ante ICE, el extranjero debe presentar el Formulario I-246 y pagar la tarifa de presentación. Esta norma propuesta busca ajustar la tarifa de presentación que el extranjero debe pagar en ausencia de una dispensa de tarifa aprobada.

Un extranjero que no pueda pagar la tarifa puede solicitar una dispensa de tarifa para el Formulario I-246. Conforme a los procedimientos actuales, ICE adjudica las solicitudes de dispensa de tarifa para el Formulario I-246 con base en su política interna de dispensa de tarifas establecida en 2008.[10] Los extranjeros pueden solicitar una dispensa de tarifa para el Formulario I-246 mediante la presentación de una declaración jurada o declaración ante el oficial que detalle sus circunstancias financieras y su incapacidad para pagar la tarifa prescrita. La declaración jurada o declaración debe realizarse bajo pena de perjurio conforme al 28 U.S.C. 1746. ICE no exige que los extranjeros completen un formulario específico para la dispensa de tarifa. Estos procedimientos son flexibles en el sentido de que no prescriben específicamente un conjunto de documentos probatorios, sino que permiten al solicitante proporcionar cualquier documentación pertinente que pueda ayudar al oficial de ICE a evaluar la incapacidad de pago del solicitante.

(página impresa 24741)

La Ley de Directores Financieros (Chief Financial Officers Act), 31 U.S.C. 901-03, exige a las agencias revisar, de manera bienal, las tarifas que la agencia impone por los servicios que presta y recomendar cambios a las tarifas de la agencia. Desde 1989, la tarifa, que tenía como propósito cubrir los costos asociados con la adjudicación, se ha mantenido en $155,[11] y actualmente no contempla la inflación ni los costos actuales asociados con la adjudicación del Formulario I-246. ICE propone ahora actualizar la tarifa para recuperar los costos asociados con el Formulario I-246. En adelante, ICE cumplirá con los requisitos de revisión bienal de tarifas establecidos por la Ley de Directores Financieros y prevé ajustar sus tarifas con mayor periodicidad.

ICE realizó un análisis de tarifas en 2025, basado en una encuesta laboral de la primavera de 2020,[12] que demostró que la tarifa actual del Formulario I-246 no cubre el costo total de adjudicar el formulario. Según el análisis de tarifas de 2025 de ICE, costaría aproximadamente $755 cubrir los costos de adjudicar cada solicitud de suspensión. Este costo incluye los costos asociados con el formulario, incluyendo mano de obra, equipo y costos generales para el personal involucrado en la revisión y adjudicación. El análisis de tarifas ha sido publicado para su revisión en el expediente de reglamentación de esta norma en www.regulations.gov.

Una tarifa de $755 cubriría los costos necesarios para brindar los servicios de adjudicación, que incluyen atención al cliente, detección de fraude, verificaciones de antecedentes y tareas administrativas. Aumentar la tarifa a $755 también reasignaría los costos de procesamiento del Formulario I-246 a quienes reciben los servicios directos, garantizando así que los contribuyentes estadounidenses no asuman una carga desproporcionada en el financiamiento del sistema de inmigración. Este aumento de tarifa se alinea generalmente con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14218, Poniendo Fin a la Subvención de los Contribuyentes a las Fronteras Abiertas,[13] que enfatiza la necesidad de “evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán y alimenten la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos, y garantizar, en la mayor medida permitida por la ley, que ningún beneficio financiado por los contribuyentes se otorgue a extranjeros no calificados”. Cabe destacar que los extranjeros que solicitan una suspensión de la remoción están sujetos a órdenes finales de remoción y, en consecuencia, se encuentran presentes en los Estados Unidos de manera ilegal. Los extranjeros solicitan que el DHS retrase la ejecución de una orden de remoción legal mediante el ejercicio de la discrecionalidad del DHS, y no como un asunto de derecho o de debido proceso procesal. Por lo tanto, la carga y los costos asociados con la adjudicación y el procesamiento de la solicitud de suspensión no deben imponerse a los contribuyentes. Para continuar cumpliendo su misión y apoyando las prioridades del DHS, el DHS propone este aumento de tarifa para el Formulario I-246.

El DHS propone ejercer su discrecionalidad para aumentar la tarifa del Formulario I-246 con el fin de recuperar los costos de mano de obra en la adjudicación del formulario. Véase la sección 286(m) de la INA, 8 U.S.C. 1356(m). El DHS propone aumentar la tarifa del Formulario I-246 de $155 a $755.

El DHS es consciente de la posible carga económica adicional que este cambio de tarifa pueda tener sobre los solicitantes y señala que las exenciones de tarifas pueden seguir solicitándose. El DHS considera que la disponibilidad de exenciones de tarifas aliviará la carga financiera para los extranjeros que no puedan pagar la nueva tarifa del Formulario I-246. El DHS también es consciente de que una tarifa aumentada podría disuadir a los extranjeros con recursos limitados de presentar el Formulario I-246. El DHS considera que la disponibilidad de exenciones de tarifas garantiza suficientemente que los extranjeros no se vean desalentados de solicitar una suspensión de la remoción debido a sus recursos limitados o a su incapacidad de pago.

El DHS propone realizar cambios técnicos no sustantivos para mayor claridad y precisión, incluyendo la revisión del lenguaje desactualizado en la disposición sobre la tarifa del Formulario I-246, 8 CFR 103.7(d)(6). Estos cambios son menores y técnicos. En esta disposición, el DHS propone eliminar la referencia al 8 CFR parte 243, que ha sido reservada, y reemplazarla con la referencia correcta al 8 CFR parte 241.[14] El DHS también propone agregar el término “remoción” para mantener la coherencia con la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés) y con el Formulario I-246. La reglamentación actualmente hace referencia a una “suspensión de deportación”, pero el Formulario I-246 y la IIRIRA utilizan la frase “suspensión de deportación y remoción”. Estos cambios propuestos harían que la reglamentación sea coherente con la promulgación de la IIRIRA en 1996 y con el Formulario I-246.

Las Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria) y 13563 (Mejora de la Regulación y la Revisión Regulatoria) instruyen a las agencias a evaluar los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si la regulación es necesaria, a seleccionar enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos. La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de cuantificar tanto los costos como los beneficios, de reducir los costos, de armonizar las normas y de promover la flexibilidad. La Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad a Través de la Desregulación) instruye a las agencias a reducir significativamente los gastos privados requeridos para cumplir con las regulaciones federales y establece que “cualquier costo incremental nuevo asociado con nuevas regulaciones deberá, en la medida en que lo permita la ley, compensarse con la eliminación de los costos existentes asociados con al menos 10 regulaciones anteriores”.

Esta regla no ha sido designada como una “acción regulatoria significativa” según se define en la sección 3(f) de la Orden Ejecutiva 12866. En consecuencia, la regla no ha sido revisada por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Esta regla no constituye una acción regulatoria conforme a la Orden Ejecutiva 14192 debido a que se emite con respecto a una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos. El propósito principal y directo de la regla es implementar o interpretar las leyes de inmigración de los Estados Unidos (según se describe en la sección 101(a)(17) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(17)) o cualquier otra función desempeñada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos con respecto a los extranjeros. Véase el Memorando M-25-20 de la OMB, “Guía para la Implementación de la Sección 3 de la Orden Ejecutiva 14192, titulada 'Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación'” (26 de marzo de 2025).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone aumentar la tarifa del Formulario I-246 de $155 a $755. El DHS ajustó por última vez la tarifa del Formulario I-246 en 1989. El DHS propone ajustar la tarifa al alza para recuperar los costos de adjudicación del formulario.[15] Este cambio propuesto resultaría en un aumento de las transferencias de los pagadores de la tarifa hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El DHS también propone revisiones técnicas de lenguaje obsoleto en 8 CFR (página impresa 24742) 103.7(d)(6). Estos cambios mejorarían la claridad al actualizar referencias y alinear el lenguaje con la IIRIRA y el Formulario I-246. Los cambios técnicos no alteran las tarifas al usuario ni imponen ninguna carga. Los cambios técnicos no introducen cambios sustantivos, no se espera que aumenten los costos existentes, y no imponen ninguna carga adicional a los solicitantes ni al DHS.

Los pagos de transferencia son pagos monetarios de un grupo a otro que no afectan el total de recursos disponibles para la sociedad.[16] Las transferencias, tales como pagos de seguros, tarifas, subsidios directos y subsidios indirectos, pueden tener efectos de eficiencia significativos además de efectos distributivos, y no se incluyen en las estimaciones de los beneficios y costos de una regulación. Las transferencias se analizan en esta regla propuesta porque el aumento propuesto en la tarifa del Formulario I-246 constituye una transferencia de los pagadores de la tarifa hacia el ICE. El DHS no propone nueva actividad de adjudicación ni nuevos costos derivados de esta regla propuesta.

El DHS estimó el tamaño de la transferencia que resultaría del aumento de la tarifa de $600, de $155 a $755 por solicitud. La Tabla 1 ilustra el aumento incremental de la tarifa que el DHS propone. Los extranjeros que presenten un Formulario I-246 pagarían $600 adicionales conforme a esta regla propuesta, lo que representa un aumento del 387 por ciento respecto de la tarifa actual.

Tabla 1. Aumento de la Tarifa

Para estimar las transferencias totales, el DHS utilizó el número de pagos de la tarifa del I-246 recibidos entre el año fiscal 2016 y el año fiscal 2025 para estimar el número anual de pagos de la tarifa del I-246. El número anual de pagos de la tarifa del I-246 en los últimos diez años ha variado significativamente, alcanzando hasta 10,494 pagos en el año fiscal 2017 y tan solo 1,537 pagos en el año fiscal 2022. En el año fiscal 2025, el ICE recibió 3,745 pagos de la tarifa del I-246. El ICE planea llevar a cabo una revisión bienal de la tarifa de conformidad con la Ley de Directores Financieros (Chief Financial Officers Act). Por lo tanto, el ICE utiliza un período de análisis regulatorio de dos años, correspondiente al año fiscal 2026 hasta el año fiscal 2027. Debido a la incertidumbre en el número de pagos de la tarifa, basada en la alta variabilidad observada y la ausencia de una tendencia clara en los datos, el ICE asume que el año fiscal 2026 y el año fiscal 2027 serán similares al año fiscal 2025 para efectos de las estimaciones. El DHS estimó que el número anticipado de pagos de la tarifa en el año fiscal 2026 y el año fiscal 2027 sería de 3,745, igual al número de pagos de la tarifa recibidos en el año fiscal 2025. El DHS determinó entonces el aumento anual de la transferencia como el producto del aumento de la tarifa y el número anual estimado de pagos de la tarifa del I-246. El DHS estima que el aumento de la tarifa resultaría en un incremento de las transferencias anuales del público hacia el gobierno de $2.25 millones en el año fiscal 2026 y en el año fiscal 2027.[17] La Tabla 2 muestra el aumento anual en las transferencias.

Tabla 2. Transferencia Derivada del Cambio en la Tarifa

[$ 2024]

El DHS reconoce que un aumento en la tarifa podría incrementar el número de exenciones de tarifa solicitadas. Sin embargo, el DHS no cuenta con datos sobre las exenciones de tarifa aprobadas en el pasado para estimar los posibles impactos de un aumento en la tarifa. La aprobación de las exenciones de tarifa queda a discreción del personal del ICE y el número de exenciones de tarifa no está limitado. Cualquier aumento en las exenciones de tarifa, por pequeño que sea, tendría el efecto de reducir el monto de la transferencia.

Desde 1989, la tarifa del Formulario I-246 se ha mantenido sin cambios. La tarifa actual no es suficiente para recuperar el costo total de ICE, incluidos los costos de mano de obra para tramitar cada solicitud de suspensión. El ajuste de tarifa propuesto cubriría los costos de tramitación del formulario, respaldaría los esfuerzos de ICE para mantener el nivel actual de servicio y distribuiría de mejor manera los costos de tramitación entre quienes reciben los servicios directos. Este aumento de tarifa se alinea en general con la Orden Ejecutiva 14218,[18] que destaca la necesidad de "evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán y fomenten la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos, y de garantizar, en la mayor medida permitida por la ley, que ningún beneficio financiado por los contribuyentes se otorgue a extranjeros no calificados".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consideró las siguientes alternativas para esta regla propuesta.

El DHS consideró permitir que la tarifa del Formulario I-246 permaneciera sin cambios. Sin embargo, como se indicó anteriormente, la Ley de Directores Financieros (Chief Financial Officers Act) de 1990 exige que cada agencia revise, de manera bienal, las tarifas que impone por sus servicios y formule recomendaciones para modificar dichos cargos a fin de reflejar el costo incurrido. El análisis de tarifas de 2025 del DHS mostró que la tarifa actual del Formulario I-246 no cubre el costo de tramitación del formulario. Dado que el DHS no ha aumentado la tarifa desde 1989 y no está recuperando su costo en la tramitación del Formulario I-246, el DHS rechazó esta alternativa.

El DHS también consideró cambiar la tarifa a $395, utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (CPI-U) para ajustar la tarifa al alza y así tener en cuenta los cambios en la inflación entre 1989 y 2024. Una tarifa ajustada por inflación de $395 para la presentación del Formulario I-246 en 2024 reflejaría aproximadamente el mismo poder adquisitivo que tenía la tarifa de $155 en 1988.[19] ( página impresa 24743) Esta opción permitiría al DHS recuperar una mayor parte de los costos de tramitación de los solicitantes, siendo consciente a la vez de la mayor carga para los solicitantes. Sin embargo, el DHS rechazó esta opción porque este método solo tendría en cuenta un aumento general del CPI en lugar de los costos ajustados de tramitación del formulario. Esta opción es incompatible con la intención del Congreso de que el DHS recupere los costos de tramitación del formulario y con el análisis de tarifas de 1989 que creó y estableció la tarifa para la recuperación de costos. Si se utilizara este método, ICE necesitaría un nivel relativamente mayor de fondos asignados para recuperar los costos no cubiertos por la tarifa alternativa ajustada por inflación.

El DHS también consideró una tarifa más alta que reflejara mejor los niveles de la escala salarial del personal de ICE que tramita cada Formulario I-246 y las múltiples actividades en cada etapa del proceso de tramitación. Como se analizó en el estudio de tarifas, el nivel GS de los adjudicadores variaba entre GS-11 y GS-12, y aproximadamente el 30 por ciento del trabajo lo realizaban supervisores.[20] Sin embargo, el DHS asumió que un adjudicador típico sería de nivel GS-11 para estimar la tarifa. Además, es probable que las proyecciones presupuestarias de los costos operativos y los gastos generales asociados con el personal de ICE aumenten en el futuro. Aplicar gastos que reflejen las operaciones a largo plazo y un promedio de los niveles de personal para estimar los costos de mano de obra habría resultado en una tarifa más alta. Este enfoque también cubriría una gama más amplia de costos de insumos asociados con los recursos necesarios para respaldar el proceso de tramitación. El DHS optó por no proponer este cambio porque el aumento porcentual de la tarifa actual de $155 a $755 ya cubre una parte sustancial de los costos de mano de obra. Sin embargo, el DHS considera que esta alternativa podría estar más alineada con el costo total incurrido.

El DHS solicita comentarios del público sobre estas alternativas, especialmente sobre la alternativa de establecer una tarifa más alta con una estimación diferente de los costos de mano de obra.

La Tabla 3 presenta un estado de cuenta que resume los montos de transferencia anualizados y los beneficios cualitativos de la regla propuesta.

Tabla 3. Estado de cuenta para el año fiscal 2026-año fiscal 2027

[$ 2024]

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha revisado este reglamento propuesto de conformidad con la Ley de Flexibilidad Regulatoria de 1980 (RFA, por sus siglas en inglés) (5 U.S.C. 601-612), según enmendada por la Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para las Pequeñas Empresas de 1996, Ley Pública 104-121, título II, 110 Stat. 847, y ha determinado que esta norma no tendría un impacto económico significativo en un número sustancial de entidades pequeñas. La norma no regularía a las "entidades pequeñas" según se define dicho término en 5 U.S.C. 601(6). El término "entidades pequeñas" comprende pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro que sean de propiedad y operación independientes y que no sean dominantes en sus respectivos campos, y jurisdicciones gubernamentales con poblaciones de menos de 50,000 personas.

Al ajustar la tarifa del Formulario I-246, esta norma propuesta aumentaría las transferencias al gobierno. Las tarifas del Formulario I-246 son pagadas por personas que no están, para efectos de la RFA, dentro de la definición de entidades pequeñas establecida en 5 U.S.C. 601(6). Si bien es posible que algunos extranjeros paguen la tarifa a través de un representante, en última instancia el extranjero, y no el representante, es responsable de la tarifa del Formulario I-246 (página impresa 24744). Por lo tanto, el DHS certifica que esta reglamentación propuesta no tendría un impacto económico significativo en un número sustancial de entidades pequeñas.

De conformidad con la Sección 213(a) de la Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para las Pequeñas Empresas de 1996, Ley Pública 104-121, 110 Stat. 847, 858-59, el DHS desea ayudar a las entidades pequeñas a comprender esta norma propuesta para que puedan evaluar mejor sus efectos y participar en el proceso de reglamentación. Si la norma propuesta afectara a su pequeña empresa, organización o jurisdicción gubernamental y usted tiene preguntas respecto de sus disposiciones u opciones de cumplimiento, comuníquese con la persona indicada en la sección PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR.

La Ley de Reforma sobre Mandatos no Financiados de 1995 (2 U.S.C. 1531-1538) exige que las agencias federales evalúen los efectos de sus acciones regulatorias discrecionales. En particular, la Ley aborda las acciones que puedan resultar en un gasto por parte de un gobierno estatal, local o tribal, en conjunto, o del sector privado, en cualquier año, de $100 millones o más en dólares de 1995, actualizado anualmente por inflación. Ese umbral es actualmente de aproximadamente $206 millones en dólares de 2024, con base en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés).[21] Aunque esta norma propuesta no resultaría en tal gasto, el DHS analiza los efectos de esta norma en otras partes de este preámbulo.

Todos los Departamentos deben someter a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) para su revisión y aprobación cualquier requisito de presentación de informes o mantenimiento de registros inherente a una norma conforme a la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (PRA, por sus siglas en inglés), Ley Pública 104-13, 109 Stat. 163 (codificada en 44 U.S.C. 3501 y siguientes). Conforme a la PRA, una agencia no puede realizar ni patrocinar, y una persona no está obligada a responder a, una recopilación de información a menos que la agencia obtenga la aprobación de la OMB para dicha recopilación y esta muestre un número de control vigente de la OMB. Véase 44 U.S.C. 3506, 3507.

Esta norma no propone una nueva "recopilación de información" según se define dicho término conforme a la PRA. No habría cambios en la carga de presentación de informes para la recopilación de información existente asociada con el Formulario I-246 (número de control de la OMB 1653-0021, titulado Solicitud de Suspensión de Deportación o Remoción, con fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2027). Aunque el DHS propone revisar el monto de la tarifa del Formulario I-246, no hay cambios sustantivos a los formularios como resultado de esta reglamentación.

Esta norma propuesta no tendría efectos directos sustanciales sobre los estados, sobre la relación entre el gobierno federal y los estados, ni sobre la distribución del poder y las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Por lo tanto, de conformidad con la sección 6 de la Orden Ejecutiva 13132, el DHS determinó que esta norma no tendría suficientes implicaciones de federalismo que justifiquen la preparación de una declaración resumida sobre el impacto del federalismo.

Esta norma propuesta cumple con las normas aplicables establecidas en las secciones 3(a) y 3(b)(2) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 12988, Reforma de Justicia Civil, con el fin de minimizar los litigios, eliminar la ambigüedad y reducir la carga.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha analizado esta norma propuesta conforme a la E.O. 13211, Acciones Relacionadas con Reglamentos que Afectan Significativamente el Suministro, la Distribución o el Uso de Energía. El DHS ha determinado que no constituye una “acción energética significativa” conforme a dicha orden, porque, si bien es una “acción regulatoria significativa” conforme a la E.O. 12866, no es probable que tenga un efecto adverso significativo sobre el suministro, la distribución o el uso de energía.

El DHS y sus componentes analizan las acciones finales para determinar si la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969 (NEPA, por sus siglas en inglés), 42 U.S.C. 4321 y siguientes, les resulta aplicable y, de ser así, qué grado de análisis se requiere. La Directiva 023-01 Rev. 01 del DHS [22] y el Manual de Instrucciones 023-01-001-01 Rev. 01 (Manual de Instrucciones) [23] establecen las políticas y los procedimientos que el DHS y sus componentes utilizan para cumplir con la NEPA.

La NEPA permite que las agencias federales establezcan categorías de acciones (exclusiones categóricas) que, según la experiencia, no tienen, individual ni acumulativamente, un efecto significativo sobre el medio ambiente humano y que, por lo tanto, no requieren una evaluación ambiental (EA) ni una declaración de impacto ambiental (EIS). No se exige que una agencia prepare una EA o una EIS para una acción propuesta “si la acción propuesta por la agencia está excluida conforme a una de las exclusiones categóricas de la agencia”. 42 U.S.C. 4336(a)(2). El Apéndice A del Manual de Instrucciones enumera las Exclusiones Categóricas del DHS. Para que una acción esté categóricamente excluida conforme al Manual de Instrucciones del DHS, la acción debe cumplir cada una de las siguientes tres condiciones: (1) la acción en su totalidad encaja claramente dentro de una o más de las exclusiones categóricas; (2) la acción no forma parte de una acción de mayor alcance; y (3) no existen circunstancias extraordinarias que creen el potencial de un efecto ambiental significativo.[24]

Esta norma propuesta está categóricamente excluida de los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS porque cumple con las tres condiciones pertinentes. En primer lugar, el DHS ha determinado que la norma propuesta encaja claramente dentro de la exclusión categórica A3(d) del Apéndice A del Manual de Instrucciones del DHS, para la promulgación de normas “que interpretan o enmiendan un reglamento existente sin cambiar su efecto ambiental”. Esta norma únicamente propone aumentar la tarifa para la adjudicación del Formulario I-246 de $155 a $755 dólares y realizar ediciones técnicas menores a los reglamentos sobre suspensiones. El DHS propone ajustar la tarifa del Formulario I-246 con el fin de recuperar el costo de las actividades necesarias para revisar y adjudicar adecuadamente los formularios. En segundo lugar, esta norma propuesta es una norma independiente y no forma parte de ninguna acción de mayor alcance. En tercer lugar, el DHS no tiene conocimiento de circunstancias extraordinarias que pudieran causar efectos ambientales significativos. Por lo tanto, esta norma propuesta está categóricamente excluida y no se requiere ningún análisis o documentación adicional conforme a la NEPA. (página impresa 24745)

Esta norma propuesta no tiene implicaciones tribales conforme a la E.O. 13175, Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas, porque no tendría un efecto directo sustancial sobre una o más tribus indígenas, sobre la relación entre el gobierno federal y las tribus indígenas, ni sobre la distribución de facultades y responsabilidades entre el gobierno federal y las tribus indígenas.

Esta norma propuesta no ocasionaría una expropiación de propiedad privada ni tendría de otro modo implicaciones de expropiación conforme a la E.O. 12630, Acciones Gubernamentales e Interferencia con los Derechos de Propiedad Protegidos Constitucionalmente.

La Orden Ejecutiva 13045, Protección de los Niños contra los Riesgos Ambientales para la Salud y los Riesgos de Seguridad, exige a las agencias que consideren los impactos de los riesgos ambientales para la salud o los riesgos de seguridad que puedan afectar de manera desproporcionada a los niños. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha revisado esta norma propuesta y ha determinado que esta norma no es una norma económicamente significativa y no crearía un riesgo ambiental para la salud ni un riesgo de seguridad que pudiera afectar de manera desproporcionada a los niños. Por lo tanto, el DHS no ha preparado una declaración conforme a esta Orden Ejecutiva.

La Ley Nacional de Transferencia y Avance Tecnológico de 1995 (15 U.S.C. 272, nota) ordena a las agencias que utilicen normas de consenso voluntario en sus actividades regulatorias, a menos que la agencia proporcione al Congreso, a través de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), una explicación de por qué el uso de dichas normas sería incompatible con la ley aplicable o de otro modo impracticable. Las normas de consenso voluntario son normas técnicas (por ejemplo, especificaciones de materiales, rendimiento, diseño u operación; métodos de prueba; procedimientos de muestreo; y prácticas de sistemas de gestión relacionadas) que son desarrolladas o adoptadas por organismos de normas de consenso voluntario. Esta norma propuesta no utiliza normas técnicas. Por lo tanto, el DHS no consideró el uso de normas de consenso voluntario.

El DHS ha determinado que esta acción propuesta no afectaría el bienestar familiar en el sentido de la sección 654 de la Ley de Asignaciones del Tesoro y del Gobierno General, promulgada como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas Generales y Suplementarias de Emergencia Ómnibus de 1999 (Pub. L. 105-277, 112 Stat. 2681).

En consecuencia, el DHS propone enmendar la parte 103 del título 8 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la siguiente manera:

1. La cita de autoridad para la parte 103 continúa redactándose de la siguiente manera:

Autoridad: 5 U.S.C. 301, 552, 552a; 8 U.S.C. 1101, 1103, 1304, 1356, 1365b; 31 U.S.C. 9701; Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135 (6 U.S.C. 1 y siguientes); E.O. 12356, 47 FR 14874, 15557, 3 CFR, Comp. de 1982, pág. 166; 8 CFR parte 2; Pub. L. 112-54; 125 Stat. 550; 31 CFR parte 223.

2. La sección 103.7 se enmienda revisando el párrafo (d)(6) para que se lea de la siguiente manera:

§ 103.7

Tarifas.

* * * * *

(d) * * *

(6) Formulario I-246. Para la presentación de la solicitud de suspensión de la deportación o expulsión conforme a la parte 241 del título 8 del CFR: $755. El DHS puede eximir del pago de esta tarifa de solicitud.

* * * * *

Markwayne Mullin,

Secretario, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

1. Sin embargo, la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad) proporciona métodos alternativos para que un peticionario impugne una orden de expulsión, incluida una petición de revisión presentada ante el tribunal de apelaciones. Véase, por ejemplo, INA 242(a)(2)(D).

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2. En virtud de la Ley de Seguridad Nacional, las referencias al “Procurador General” en la INA también abarcan al Secretario, ya sea de manera exclusiva o adicional, con respecto a las autoridades estatutarias conferidas al Secretario en la Ley de Seguridad Nacional o en legislación posterior. Véase 6 U.S.C. 557.

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3. Véase también la Delegación de Autoridad del DHS al Secretario Adjunto de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). (DHS Doc. No. 7030.2 (a)(w)).

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4. El 8 U.S.C. 1356(m) autoriza al Secretario a establecer y recaudar tarifas a un nivel que asegure la recuperación del costo total de la prestación de dichos servicios, incluidos los costos de proporcionar servicios similares sin cargo a los solicitantes de asilo y a ciertos otros inmigrantes.

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5. Ídem.

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6. Ídem.

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7. Como política, la Circular A-25 de la OMB debe ser aplicada por las agencias en su evaluación de los cargos a los usuarios conforme al Título V de la Ley de Asignaciones de Oficinas Independientes de 1952 (31 U.S.C. 9701); sin embargo, la Circular A-25 de la OMB únicamente proporciona orientación a las agencias respecto de su evaluación de los cargos a los usuarios conforme a otros estatutos, como en este caso, en el que el ICE está evaluando una tarifa autorizada conforme al 8 U.S.C. 1356(m).

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8. Conforme a diferentes autoridades, las suspensiones de expulsión también pueden ser otorgadas en ciertas circunstancias por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia y por los tribunales federales.

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9. Pero véase Hechavarria v. Sessions, 891 F.3d 49, 55-56 (2d Cir. 2018) (que sostiene que la sec. 1231 no rige cuando el tribunal de apelaciones suspende la remoción); Leslie v. Att'y Gen., 672 F.3d 265, 270 (3d Cir. 2012) (lo mismo).

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10. Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), Fee Waiver Guidelines (11 de febrero de 2008), https://www.ice.gov/​doclib/​foia/​policy/​11023.1_​FeeWaiverGuidelines.pdf.

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11. Véase INS/EOIR Fee Schedule, 54 FR 13513 (4 de abril de 1989).

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12. En la primavera de 2025, ICE confirmó con el liderazgo de ERO que las conclusiones de la encuesta siguen siendo representativas de las actividades actuales de adjudicación del Formulario I-246.

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13. Orden Ejecutiva 14218, Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders, 90 FR 10581 (19 de febrero de 2025).

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14. Véase 8 CFR 243 [Reservado] y 8 CFR 103.7(d)(6) (Presentación de la solicitud de suspensión de deportación conforme a la parte 243 del 8 CFR).

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15. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó un análisis de tarifas en 2025, basado en una encuesta laboral realizada en la primavera de 2020, que mostró que la tarifa actual del Formulario I-246 no cubre el costo de adjudicar el formulario. Según el análisis de tarifas de 2025 del DHS, este determinó que se requieren aproximadamente $755 para cubrir los costos de adjudicar cada solicitud de suspensión, cifra que podría aumentar en el futuro debido a factores económicos. El análisis de tarifas se ha publicado para su revisión en el expediente de elaboración de normas de esta regla en www.regulations.gov.

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16. Circular A-4 de la OMB, Análisis Regulatorio (2003).

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17. La estimación de los pagos de tarifas no incluye las presentaciones del Formulario I-246 a las que se les haya eximido el pago de la tarifa. Por lo tanto, es probable que hubiera más presentaciones que pagos en cada uno de los años considerados en esta estimación. El DHS no puede estimar la cantidad de exenciones de tarifas que se recibirán porque ICE tiene muy pocos datos sobre las exenciones de tarifas aprobadas en el pasado.

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18. Orden Ejecutiva 14218, Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders, 90 FR 10581 (19 de febrero de 2025).

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19. Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics), CPI para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U), disponible en https://data.bls.gov/​timeseries/​CUUR0000SA0?​years_​option=​all_​years. El último año calendario completo de datos disponible al momento de este análisis fue 2024. El DHS calculó el ajuste por inflación comparando el CPI-U promedio de 1989 (123.967), el año en que se fijó la tarifa en $155, con el CPI-U promedio de 2024 (313.689). Esto dio como resultado un factor de ajuste por inflación de 1.530, que luego se multiplicó por la tarifa actual de $155 para calcular el incremento por inflación de $237.15, resultando en una tarifa total ajustada por inflación de $395 (redondeada al alza desde $392).

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20. Para un desglose de las horas de trabajo, véase la Tabla 1 del Análisis de Tarifas, disponible en el expediente de esta elaboración de normas.

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21. Véase Oficina de Estadísticas Laborales, "Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all items, by month," https://www.bls.gov/​cpi/​tables/​supplemental-files/​historical-cpi-u-202412.pdf (consultado por última vez el 9 de septiembre de 2025). Cálculo de la inflación: (1) Calcular el CPI-U mensual promedio para el año de referencia (1995) y el año actual (2024); (2) Restar el CPI-U del año de referencia del CPI-U del año actual; (3) Dividir la diferencia entre el CPI-U del año de referencia y el CPI-U del año actual por el CPI-U del año de referencia; (4) Multiplicar por 100 = [(CPI-U mensual promedio de 2024 − CPI-U mensual promedio de 1995) ÷ (CPI-U mensual promedio de 1995)] × 100 = [(313.689 − 152.383) ÷ 152.383] = (161.306/152.383) = 1.059 × 100 = 105.86% = 106 por ciento (redondeado). Cálculo del valor ajustado por inflación: $100 millones en dólares de 1995 × 2.06 = $206 millones en dólares de 2024.

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22. DHS, Implementation of the National Environmental Policy Act, Directiva 023-01, Revisión 01 (31 de octubre de 2014).

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23. DHS, Implementation of the National Environmental Policy Act (NEPA), Manual de Instrucciones 023-01-001-01, Revisión 01 (6 de noviembre de 2014).

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24. Manual de Instrucciones 023-01-001-01 en V.B(2)(a) a (c) y Apéndice A en A-1-A-2.

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[FR Doc. 2026-09007 Presentado el 5-6-26; 8:45 am]

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