El Departamento de Estado reduce la tarifa del Certificado de Pérdida de Nacionalidad de $2,350 a $450

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Departamento de Estado.

Regla final.

Esta regla final ajusta el Arancel de Tarifas por Servicios Consulares reduciendo la tarifa por Procesamiento Administrativo de Solicitud de Certificado de Pérdida de Nacionalidad de los Estados Unidos de $2,350 a $450.

Esta regla final entra en vigor el 13 de abril de 2026.

Steve Jacob, Unidad de Gestión de Recursos, Oficina de Asuntos Consulares, Departamento de Estado; teléfono: 771-204-4677; correo electrónico: [email protected].

Esta regla final ajusta el Arancel de Tarifas por Servicios Consulares (Arancel de Tarifas) reduciendo la tarifa correspondiente al Artículo N.º 8, Procesamiento Administrativo de Solicitud de Certificado de Pérdida de Nacionalidad de los Estados Unidos (CLN, por sus siglas en inglés), de $2,350 a $450. Esta medida se adopta para ayudar a aliviar la carga económica de las personas que decidan solicitar los servicios de CLN, al retomar la tarifa, inferior al costo, que estuvo vigente entre 2010 y 2014. El Departamento de Estado (el Departamento) publicó un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM, por sus siglas en inglés) el 2 de octubre de 2023 (88 FR 67687), otorgando 30 días para recibir comentarios públicos. Esta regla adopta la regla propuesta como definitiva y responde a los comentarios públicos recibidos por el Departamento.

Como se establece en el NPRM, el Departamento deriva la autoridad para fijar las tarifas basadas en el costo de los servicios consulares que presta, y para cobrar dichas tarifas, de la ley general de tarifas de usuario, 31 U.S.C. 9701. El Presidente también tiene la facultad de fijar el monto de las tarifas que se cobran por los servicios consulares prestados en las embajadas y consulados de los Estados Unidos en el extranjero, conforme al 22 U.S.C. 4219, y ha delegado esta facultad al Secretario de Estado mediante la Orden Ejecutiva 10718 (27 de junio de 1957). En ausencia de una autoridad legal específica para la retención de tarifas, las tarifas recaudadas por los servicios consulares deben depositarse en el fondo general del Tesoro conforme al 31 U.S.C. 3302(b).

La tarifa por el procesamiento administrativo de un CLN (denominada “tarifa por servicios de CLN” a lo largo de esta reglamentación) se aplica a los nacionales estadounidenses (es decir, ciudadanos estadounidenses y nacionales no ciudadanos) que solicitan un CLN conforme al 8 U.S.C. 1481(a)(5) (prestar el juramento de renuncia ante un funcionario diplomático o consular estadounidense en el extranjero), así como a quienes solicitan un CLN conforme al 8 U.S.C. 1481(a)(1)-(4) o cualquier otra ley aplicable administrada por el Departamento. La tarifa por servicios de CLN se remite en su totalidad al Departamento del Tesoro conforme al 31 U.S.C. 3302(b); los ingresos recaudados por la tarifa de servicios de CLN no se incluyen en el presupuesto de la Oficina de Asuntos Consulares (CA, por sus siglas en inglés).

Una tarifa para procesar una solicitud de CLN conforme a la sección 349(a)(5) de la INA (prestar el juramento de renuncia ante un funcionario diplomático o consular estadounidense en el extranjero) se implementó por primera vez en 2010. La tarifa se fijó en $450, lo cual en ese momento representaba menos del 25% del costo para el gobierno de los Estados Unidos. 75 FR 36529. Procesar la solicitud de un ciudadano estadounidense de un CLN basada en la realización de un acto potencialmente expatriante siempre ha sido un servicio costoso y que consume mucho tiempo para el Departamento. 80 FR 51466. Debido a las salvaguardas constitucionales y de otro tipo impuestas por la legislación estadounidense, los funcionarios y empleados consulares en el extranjero, así como el personal de la CA a nivel nacional, deben asegurarse de que el posible renunciante sea un nacional estadounidense que comprenda plenamente las graves consecuencias de la renuncia y que esta sea tanto voluntaria como intencional. Véase 75 FR 6324; 79 FR 51250-51.

Más específicamente, el trámite de una solicitud de Certificado de Pérdida de Nacionalidad (CLN, por sus siglas en inglés) es un proceso de varias etapas que comienza cuando el ciudadano estadounidense se pone en contacto con una embajada o consulado de los Estados Unidos ("puesto") para solicitar el servicio. Después de que el puesto proporciona información sobre el proceso de renuncia a la ciudadanía estadounidense, así como sobre sus consecuencias, el ciudadano estadounidense debe completar dos entrevistas separadas ( página impresa 12297) con un funcionario consular o diplomático de los Estados Unidos. Si el ciudadano estadounidense desea proceder después de la entrevista inicial, debe prestar el juramento de renuncia en persona ante un funcionario diplomático o consular en la segunda entrevista. Una vez prestado el juramento, el paquete del CLN de la persona, que incluye un memorando que recomienda la aprobación o denegación de la solicitud de CLN, se transmite a la Oficina de Servicios para Ciudadanos Americanos del Departamento, dentro de la Dirección de Servicios para Ciudadanos en el Extranjero de la Oficina de Asuntos Consulares (CA/OSC/ACS), para su revisión y decisión. Esta revisión es necesaria para determinar si el solicitante ha cumplido con su carga de la prueba y si se justifica una determinación de que la persona ha renunciado de manera voluntaria e intencional a la ciudadanía estadounidense, y para garantizar que la documentación de pérdida de nacionalidad sea correcta. Una vez completada la revisión, se notifica al puesto de manera electrónica y, si CA/OCS/ACS aprobó la solicitud, el puesto prepara los documentos originales para su firma y emisión, y CA/OCS/ACS envía por correo copias del CLN aprobado a otras agencias federales, según lo exige la ley y el Manual de Asuntos Exteriores (Foreign Affairs Manual).

El Departamento fijó la tarifa de los servicios de CLN conforme a la sección 349(a)(5) de la INA (prestar un juramento de renuncia a la nacionalidad estadounidense ante un funcionario diplomático o consular de los Estados Unidos en el extranjero) en un monto por debajo del costo de 450 dólares en 2010, "a fin de reducir el impacto sobre quienes necesitan este servicio y no desalentar su utilización". 75 FR 36529. Esa decisión fue coherente con el enfoque adoptado respecto de otras tarifas correspondientes a servicios prestados a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, y se basó en consultas exhaustivas con funcionarios consulares experimentados y altos directivos del Departamento. 75 FR 36527.

Sin embargo, entre 2010 y 2014, el número de solicitudes de CLN conforme a la sección 349(a)(5) de la INA aumentó considerablemente, lo que significó que se consumiera mucho más tiempo y recursos de los funcionarios consulares para prestar los servicios de CLN. Como resultado, el Departamento tomó la decisión de fijar la tarifa a su costo real. En 2014, el Departamento emitió una norma final provisional que aumentó la tarifa de los servicios de CLN conforme a la sección 349(a)(5) de la INA de 450 a 2,350 dólares, según lo determinado por los resultados del Modelo de Costo del Servicio (CoSM) de 2010-2014, el cual incorporó mejoras que reflejaban con mayor precisión los costos reales en que incurre el gobierno de los Estados Unidos al prestar servicios consulares en el extranjero. 79 FR 51251. La norma se finalizó en agosto de 2015. 80 FR 51465. En septiembre de 2015, el Departamento publicó una norma final provisional con solicitud de comentarios públicos, notificando que, a partir del 9 de noviembre de 2015, tenía previsto cobrar 2,350 dólares por el trámite de una solicitud de CLN conforme a 8 U.S.C. 1481(a)(1)-(4), también como una cuestión de "paridad de tarifas", en la medida en que el CoSM de 2010-2014 indicó que documentar la renuncia a la nacionalidad de un nacional estadounidense resulta extremadamente costoso, independientemente del inciso bajo el cual se presente la solicitud de CLN. 80 FR 53704. La norma quedó finalizada en 2018. 83 FR 4423.

En los años transcurridos desde que se aumentó la tarifa, los miembros del público han seguido planteando inquietudes sobre el costo de la tarifa y su impacto en su capacidad para renunciar a su ciudadanía. Si bien no existe un requisito legal para que las personas declaren su motivación para renunciar a la ciudadanía estadounidense, la evidencia anecdótica sugirió que las dificultades se debían, al menos en parte, a los requisitos de presentación de informes impuestos por la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo de 2010, Ley Pública 111-147, 124 Stat. 71 (2010) (Ley HIRE), a las instituciones financieras extranjeras con las que los nacionales estadounidenses tienen una o más cuentas. La Ley HIRE añadió el capítulo 4 del Subtítulo A del Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code), que comprende las secciones 1471 a 1474 (capítulo 4). El capítulo 4 se conoce comúnmente como la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, o FATCA.

Tras una deliberación considerable, tomando en cuenta tanto las inquietudes del público afectado respecto del costo de la tarifa como la evidencia anecdótica nada insignificante acerca de las dificultades relacionadas con impuestos que enfrentan muchos ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero, incluso en parte debido a la FATCA, el Departamento tomó una decisión de política, como se refleja en el NPRM, de proponer aliviar la carga económica para aquellas personas que decidan solicitar servicios de CLN, regresando a la tarifa por debajo del costo de $450. Este cambio alineará mejor la tarifa de los servicios de CLN con las tarifas de otros servicios prestados a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, incluyendo, por ejemplo, las solicitudes de Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero, las cuales también se fijan de manera significativamente inferior a su costo.

En el período de 30 días posterior a la publicación del NPRM, el Departamento recibió un total de 910 comentarios, la mayoría de los cuales parecen haberse basado total o parcialmente en ejemplos proporcionados por diversos grupos, tales como L'Association des Américains Accidentels,[1] Stop Extraterritorial American Taxation (SEAT),[2] y Democrats Abroad.[3] El Departamento abordará las cuestiones planteadas por los comentaristas.

La abrumadora mayoría de los comentaristas (880), incluidos algunos que no comentaron en absoluto sobre el cambio de tarifa propuesto, expresaron frustración con el sistema estadounidense de tributación mundial de sus ciudadanos y el gasto asociado con el cumplimiento de las leyes tributarias de los Estados Unidos. Muchos informaron gastar cientos o miles de dólares al año en profesionales de impuestos, incluso cuando podrían no tener obligaciones tributarias en los Estados Unidos. Algunos declararon que, a pesar de estar obligados a cumplir con las leyes tributarias estadounidenses, recibieron y/o se beneficiaron de pocos de los servicios para los cuales se recaudaron sus impuestos, por ejemplo, vacunas gratuitas contra la COVID, Medicare Parte B, y mejoras en la infraestructura estadounidense. Algunos también expresaron objeciones políticas respecto de la forma en que se utilizaron sus dólares de impuestos.

Además de la frustración con el sistema estadounidense de tributación mundial (al que muchos comentaristas se refieren como "doble tributación"), los comentaristas señalaron particularmente problemas con la FATCA, manifestando que les ha dificultado invertir en fondos cotizados en bolsa (ETFs) o fondos mutuos, obtener una hipoteca, o abrir una cuenta bancaria en sus países de residencia. Algunos señalaron que también enfrentaron dificultades para invertir en los Estados Unidos, debido a la falta de una dirección y número telefónico estadounidenses. Esto afectó de manera significativa su capacidad de ahorrar para la jubilación. En relación con esto, los comentaristas expresaron frustración con los complicados requisitos de reporte impuestos tanto por la FATCA como por las normas de Reporte de Cuentas Bancarias en el Extranjero (FBAR), de Compañía de Inversión Extranjera Pasiva (PFIC), y de Ingresos Intangibles Globales de Baja Tributación (GILTI).

El Departamento tiene plena conciencia de las inquietudes expresadas por los comentaristas, algunas de las cuales llevaron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) a encomendar una gestión interinstitucional en su informe de 2019 a los Comités del Congreso. (Véase GAO 19-180 "Foreign Asset Reporting, Actions Needed to Enhance Compliance Efforts, Eliminate Overlapping Requirements, and Mitigate Burdens on U.S. Persons Abroad," disponible en https://www.gao.gov/​products/​gao-19-180). La GAO encomendó a los Departamentos del Tesoro y de Estado, así como a la Administración del Seguro Social, "establecer un medio formal para abordar de manera colaborativa los problemas persistentes que enfrentan las personas estadounidenses que residen (página impresa 12298) en el extranjero a raíz de la implementación de los requisitos de reporte de la FATCA." El Departamento de Estado participó de buena fe en conversaciones respecto de sus posibles contribuciones, y debido a los esfuerzos coordinados a nivel interinstitucional, la GAO determinó que la recomendación había sido implementada.

El Departamento, sin embargo, no puede modificar las leyes de cumplimiento tributario de los Estados Unidos para los ciudadanos que residen en el extranjero, ni abordar de otra manera las inquietudes relacionadas con la tributación mundial o la llamada "doble" tributación. El Departamento tampoco puede enmendar la ley de tarifas por servicios al usuario, la cual aplica a la recaudación de tarifas en todo el gobierno y no únicamente a las cobradas por el Departamento de Estado por servicios consulares, para excluir del pago de la tarifa por servicios de CLN a aquellas personas sin "una conexión residencial suficiente con los Estados Unidos", tal como lo propuso L'Association des Américains Accidentels.

Como se indicó en el NPRM, la propuesta de reducir la tarifa para los servicios de CLN tomó en cuenta la evidencia anecdótica, no poco significativa, respecto de las dificultades que muchos nacionales estadounidenses residentes en el extranjero han manifestado estar enfrentando. Está diseñada para ayudar a aliviar la carga de costos para solicitar los servicios de CLN, aun cuando la tarifa de $450 reembolsa solo una fracción del costo que supone para el gobierno de los Estados Unidos la prestación de dichos servicios.

De los aproximadamente 740 comentaristas que abordaron el cambio propuesto a la tarifa, 185 apoyaron el cambio de tarifa sin reservas. La mayoría de estos comentaristas enfatizaron que el “verdadero problema” no era la tarifa, sino el sistema estadounidense de tributación mundial. No obstante, apoyaron el cambio de tarifa porque consideraban que la tarifa de $2,350 era demasiado alta, mientras que la tarifa anterior de $450 era un monto más razonable. 543 comentaristas sugirieron que una tarifa de $450 seguía siendo alta, aunque una mayoría (312) de esos comentaristas no obstante celebraron el cambio de tarifa como un “paso en la dirección correcta”. La mayoría de los comentaristas de este grupo compararon la tarifa propuesta con las tarifas de otros servicios consulares prestados a ciudadanos estadounidenses, y muchos sugirieron que la tarifa para los servicios de CLN debería fijarse en el costo de renovar un pasaporte estadounidense de adulto (actualmente $130), o alrededor de este. Sin embargo, el costo que supone para el gobierno de los Estados Unidos prestar servicios de renovación de un pasaporte estadounidense de adulto es significativamente menor que el costo que supone para el gobierno de los Estados Unidos procesar solicitudes de Certificados de Pérdida de Nacionalidad.

De los comentaristas que no apoyaron el cambio de $2,350 a $450, un grupo de 215 propuso una tarifa de $63.25, calculada utilizando cifras de la Declaración de Respaldo del Departamento para la Presentación conforme a la Ley de Reducción de Trámites (PRA, por sus siglas en inglés) relacionada con el formulario DS-4079, presentada a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Oficina de Administración y Presupuesto en 2023. Véase https://www.reginfo.gov/public/do/PRAViewICR?ref_nbr=202309-1405-004. Esa cifra no refleja el costo total para el gobierno de los Estados Unidos de prestar los servicios de CLN. La estimación de costo de $63 en la presentación de la PRA solo refleja el costo de leer el formulario DS-4079, Cuestionario, Pérdida de Nacionalidad; Declaraciones, sustancialmente revisado, el cual incorpora la mayoría de los demás formularios requeridos en un solo formulario, incluidos el actual DS-4080, Juramento/Afirmación de Renuncia, y el DS-4081, Declaración de Entendimiento. A diferencia de la presentación de la PRA, el Modelo de Costo de Servicio del Departamento, que se utiliza para calcular el costo total para el gobierno de los Estados Unidos de realizar cada servicio consular, capta el costo de proporcionar cada componente del servicio de CLN.

El mismo grupo propuso que el Departamento considerara permitir las renuncias por videoconferencia, a fin de ahorrarles a los posibles renunciantes el costo de tener que viajar a la embajada o consulado de los Estados Unidos más cercano para obtener este servicio. El Departamento ha otorgado, y continúa otorgando, una consideración seria a las opciones de entrevista remota en la prestación de muchos servicios consulares, incluidos los servicios de CLN. Con excepciones limitadas para ciertos programas piloto, el Departamento sigue considerando que, en general, las preocupaciones legítimas de seguridad y fraude hacen necesaria una cita presencial para muchos servicios consulares, incluidos los servicios de CLN, a fin de garantizar la integridad del servicio prestado, ayudar a salvaguardar nuestras fronteras y reforzar la seguridad nacional. En el contexto de la prestación de servicios de CLN en particular, también es fundamental que el funcionario diplomático o consular estadounidense tenga la oportunidad de evaluar si la persona actúa de manera voluntaria y con la intención de renunciar a la nacionalidad estadounidense, incluyendo si comprende plenamente la gravedad y las consecuencias de renunciar a la nacionalidad estadounidense, lo cual puede hacerse más fácilmente en persona. En este momento, el Departamento continúa basándose en su autoridad conforme a la sección 104(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para mantener el requisito de comparecencia presencial para los servicios de CLN. Véase Farrell v. Blinken, 4 F.4th 124, 127 (D.C. Cir. 2021).

Un total de 226 comentaristas, incluido el grupo de 215 cuyos comentarios se analizan en otra parte del presente documento, manifestaron que no se debería cobrar ninguna tarifa a las personas que obtuvieron la ciudadanía estadounidense en virtud de su nacimiento pero que residen en el extranjero y carecen de vínculos significativos con los Estados Unidos. Finalmente, un pequeño número de comentaristas (11) expresaron la opinión de que no se debería cobrar ninguna tarifa por los servicios de CLN independientemente de los vínculos con los Estados Unidos, mientras que algunos otros consideraron que el monto de la tarifa debería evaluarse según los recursos económicos del solicitante, con una exención prevista para quienes se encuentren en situación de indigencia.

El Departamento ha revisado y considerado todos estos comentarios. El Departamento se niega a adoptar un enfoque escalonado para la tarifa de los servicios de CLN. El procesamiento administrativo de una solicitud de CLN le cuesta al gobierno de los Estados Unidos la misma cantidad, independientemente de si la persona que busca renunciar a la ciudadanía tiene actualmente, o ha tenido alguna vez, vínculos significativos con los Estados Unidos. Una tarifa de $450 representa una disminución significativa respecto de la tarifa actual que, ajustada por inflación, representa una carga financiera menor que la que representaba esa misma tarifa cuando se adoptó por primera vez en 2010. La reducción de la tarifa a $450 atiende las inquietudes planteadas por estos comentaristas sin exigir que el Departamento implemente un conjunto de procedimientos indebidamente gravoso y que consuma mucho tiempo para investigar una afirmación de falta de vínculos con los Estados Unidos.

Al promulgar este cambio, el Departamento está tomando una decisión de política para ayudar a aliviar la carga de costos para aquellas personas que decidan solicitar servicios de CLN. Este cambio permitirá alinear mejor la tarifa de los servicios de CLN con otras tarifas correspondientes a servicios prestados a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, incluidas las solicitudes de Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero, las cuales se fijan en un monto significativamente inferior al costo.

El Departamento concluye que una tarifa de $450, aunque representa solo una fracción del costo de prestar el servicio, equilibra la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de recuperar al menos parte de sus costos con el objetivo de cobrar una tarifa que no disuada a las personas de solicitar los servicios de CLN. Tal como se establece en el NPRM, el Departamento revisa anualmente su Modelo de Costo de Servicio (CoSM, por sus siglas en inglés) para calcular el costo de prestar todos los servicios, incluidos los servicios de CLN, aplicando su metodología estándar de costeo basado en actividades (ABC, por sus siglas en inglés). El Departamento también evalúa periódicamente el propio CoSM, a fin de determinar si se necesitan modificaciones para garantizar que la metodología ABC empleada identifique y asigne con precisión los costos de cada servicio individual. Si, en el futuro, los resultados de estos procesos indican que el Departamento debería reevaluar su enfoque respecto de la tarifa de los servicios de CLN y/o de otros servicios prestados a ciudadanos estadounidenses que se fijan por debajo del costo, el Departamento recurrirá a sus funcionarios consulares experimentados y a altos directivos del Departamento para ayudar a ( página impresa 12299) determinar el nivel apropiado en el que fijar la tarifa, equilibrando nuevamente la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de recuperar al menos parte de sus costos con el objetivo de cobrar una tarifa por estos servicios que no disuada a las personas de solicitarlos.

Ocho comentaristas que ya habían pagado $2,350 por los servicios de CLN solicitaron un reembolso de la diferencia de $1,900 entre la tarifa actual y la tarifa propuesta, una vez que se implemente el cambio de tarifa. Después de una cuidadosa consideración, el Departamento se niega a ofrecer un reembolso. La ley de cargos al usuario ordena a las agencias establecer los cargos al usuario en un nivel que permita que el servicio correspondiente sea "autosuficiente en la medida de lo posible", 31 U.S.C. 9701(a), y el proceso de reglamentación del Departamento demostró adecuadamente que una tarifa de $2,350 reflejaba con precisión el costo de proporcionar los servicios de CLN en el momento en que se implementó. Véase L'Association des Americains Accidentels v. United States Dep't of State, 656 F. Supp. 3d 165, 177-78 (D.D.C. 2023), apelación presentada, No. 23-5034 (16 de febrero de 2023). (L'Association des Americains Accidentels presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. el 16 de febrero de 2023, la cual permanece pendiente a la fecha de publicación de esta norma). Además, como se explica en el NPRM y a lo largo de esta norma final, una tarifa de $450 es y siempre ha sido una fracción del costo de proporcionar los servicios de CLN. La decisión de reducir la tarifa a $450 fue una determinación de política diseñada para aliviar la carga de costos para aquellas personas que decidan, por cualquier motivo, solicitar servicios de CLN. Debido a que la tarifa de $2,350 se cobró correctamente, no se justifica un reembolso. Véase 22 CFR 22.6(2) (que dispone el reembolso de las tarifas consulares únicamente si "el cobro fue erróneo conforme a la ley aplicable").

Algunos comentaristas solicitaron que la reducción de la tarifa se aplicara de manera retroactiva. Por lo general, las agencias no tienen la autoridad para promulgar normas con efecto retroactivo a menos que esa autoridad les sea otorgada expresamente por el Congreso. Véase Bowen v. Georgetown University Hospital, 488 U.S. 204, 208-09 (1988). Ninguno de los estatutos de los que el Departamento deriva su autoridad para cobrar y recaudar tarifas por servicios consulares, 31 U.S.C. 9701 o 22 U.S.C. 4219, dispone expresamente cambios retroactivos de tarifas. Aun si uno o ambos de estos estatutos permitieran cambios retroactivos de tarifas, como se señaló anteriormente, la tarifa anterior representaba con precisión el costo para el Departamento de proporcionar los servicios de CLN cuando se implementó.

El Departamento publicó esta reglamentación como una norma propuesta y proporcionó 30 días para comentarios públicos. Entrará en vigor 30 días después de su publicación, de conformidad con 5 U.S.C. 553(d).

El Departamento ha revisado esta norma y, al aprobarla, certifica que no tendrá un impacto económico significativo sobre un número sustancial de entidades pequeñas según se define en 5 U.S.C. 601(6).

Esta norma no dará lugar al gasto, por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, en conjunto, o por parte del sector privado, de $100 millones o más en ningún año, y no afectará de manera significativa o exclusiva a los gobiernos pequeños. Por lo tanto, no se consideraron necesarias acciones conforme a las disposiciones de la Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995, 2 U.S.C. 1501-1504.

Esta norma no es una norma mayor según se define en 5 U.S.C. 804(2).

La Orden Ejecutiva 12866 y la Orden Ejecutiva 13563, modificadas por la Orden Ejecutiva 14094 ("Modernización de la Revisión Regulatoria"), disponen que cada agencia federal debe proponer o adoptar una norma únicamente sobre la base de una determinación razonada de que los beneficios de la norma propuesta justifican los costos. El Departamento ha revisado esta norma para garantizar su coherencia con la filosofía y los principios regulatorios establecidos en estas Órdenes Ejecutivas. Esta norma es una "acción regulatoria significativa" según se define en la sección 3(f) de la Orden Ejecutiva 12866.

Esta norma ajusta una tarifa existente en el Programa de Tarifas por Servicios Consulares (Schedule of Fees for Consular Services). La tarifa por los servicios de CLN se cobra conforme al estatuto general de tarifas a usuarios, 31 U.S.C. 9701, así como al 22 U.S.C. 4219, que otorga al Presidente, y por delegación, al Secretario de Estado, la facultad de establecer el monto de las tarifas que se cobrarán por los servicios consulares prestados en las embajadas y consulados de los Estados Unidos en el extranjero. El estatuto de tarifas a usuarios y la política de implementación contenida en la Circular A-25 de la OMB [4] establecen que los servicios prestados por el gobierno deben ser autosuficientes en la medida de lo posible, y que las tarifas a usuarios, por lo tanto, generalmente deben recuperar el costo total para el gobierno de los Estados Unidos de prestar el servicio. Al reducir la tarifa de $2,350 a $450, el Departamento ha tomado una decisión de política de no recuperar sus costos totales en respuesta a las preocupaciones expresadas por ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero y que buscan renunciar a su ciudadanía estadounidense, pero que consideran que la tarifa actual es prohibitivamente alta o de alguna manera injusta. La reducción de la tarifa equilibra la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de recuperar al menos parte de sus costos con el objetivo de cobrar una tarifa por estos servicios que no disuada a las personas de solicitarlos.

La siguiente tabla resume el impacto de esta norma final:

Tabla 1. Cambios al Programa de Tarifas

El Modelo de Costo del Servicio (CoSM, por sus siglas en inglés) del Departamento se actualiza anualmente, y el Departamento tiene como objetivo actualizar el Programa de Tarifas de manera bienal, a menos que un cambio significativo en los costos justifique una recomendación inmediata para enmendar el Programa de Tarifas. Si, en el futuro, los resultados del CoSM indican que el Departamento debería reevaluar su enfoque respecto a la tarifa por los servicios de CLN y/u otros servicios prestados a ciudadanos estadounidenses que se establecen por debajo del costo, el Departamento recurrirá a sus funcionarios consulares experimentados y a altos gerentes del Departamento para ayudar a determinar el nivel apropiado al cual fijar la tarifa, equilibrando la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de recuperar al menos parte de sus costos con el objetivo de cobrar una tarifa por estos servicios que no disuada a las personas de solicitarlos. Véase, por ejemplo, 31 U.S.C. 9701(b)(2)(A) ("El jefe de cada agencia... podrá prescribir reglamentos que establezcan el cargo por un servicio o cosa de valor proporcionado por la agencia... con base en... los costos para el Gobierno").

El procesamiento de las solicitudes de CLN es competencia exclusiva del gobierno federal; una persona que solicita un CLN no puede recurrir a agencias gubernamentales estatales o locales para obtener asistencia. Ninguno de los cambios solicitados por los comentaristas, aparte de los relacionados con la modificación de la tarifa o del proceso de CLN, están dentro del control directo del Departamento ni de su capacidad para abordarlos mediante un proceso normativo o de otra manera.

El Departamento ha considerado las alternativas disponibles a la tarifa propuesta, que incluyen: continuar fijando la tarifa al costo, lo que resultaría en una tarifa sustancialmente más alta que $450; reducir la tarifa a algún otro monto; o no cobrar ninguna tarifa por los servicios de CLN. Como se explicó anteriormente y en el NPRM, la cifra de $450 fue elegida porque es el nivel al que se fijó la tarifa anteriormente, de 2010 a 2014. En ese momento, la tarifa de $450 fue diseñada "para disminuir el impacto [financiero] sobre quienes necesitan este servicio y no desalentar la utilización del servicio". 75 FR 36525. La implementación de esta tarifa no generó comentarios ni preocupaciones por parte del público y, como se señaló anteriormente, al ajustarla por inflación, una tarifa de $450 representa incluso una carga financiera menor que la que representaba la misma tarifa cuando se adoptó por primera vez en 2010.

El Departamento evalúa que una tarifa más baja o ninguna tarifa en absoluto no sería apropiada porque la prestación de servicios de CLN es uno de los conjuntos de servicios más costosos que ofrece el Departamento. Una tarifa de $450 equilibra eficazmente la directiva legal y de política destinada a garantizar que los servicios del gobierno de los Estados Unidos sean, en general, autosuficientes en la medida de lo posible, con el objetivo de cobrar una tarifa que no disuada a las personas de solicitar los servicios de CLN.

Como se discutió anteriormente, un ajuste a la baja de la tarifa para los servicios de CLN brindará un beneficio al público al reducir el impacto financiero de la tarifa sobre quienes buscan este servicio, sin desalentar la utilización del mismo. Véase también 75 FR 36529. Los costos recaerán principalmente sobre el gobierno de los Estados Unidos, en forma de menores ingresos. Un ciudadano estadounidense puede optar por renunciar a la ciudadanía estadounidense por diversas razones. Según los comentarios sobre el NPRM, parece que muchos ciudadanos estadounidenses que buscan renunciar a su ciudadanía lo hacen porque su ciudadanía estadounidense ha creado obstáculos que afectan sus vidas y medios de subsistencia en el extranjero. Aparte de los autodenominados “estadounidenses accidentales” (personas que adquirieron la ciudadanía estadounidense en virtud de su nacimiento en los Estados Unidos pero que carecen de vínculos significativos con el país de su nacimiento), la mayoría de los comentaristas expresaron el deseo de seguir siendo ciudadanos estadounidenses, pero mostraron preocupación por el hecho de que los beneficios de la ciudadanía estadounidense ya no justifican los costos del cumplimiento tributario y/o los obstáculos administrativos que presenta la ciudadanía estadounidense al intentar abrir una cuenta bancaria, obtener una hipoteca o invertir para la jubilación. Aunque esta normativa no remedia, ni de hecho puede remediar, esas preocupaciones, beneficia a los ciudadanos estadounidenses que buscan renunciar a su ciudadanía al reducir la tarifa para solicitar los servicios de CLN. De esta manera, hace que este servicio sea más accesible para todos los ciudadanos estadounidenses que buscan renunciar, incluidos aquellos con recursos limitados.

La norma no está sujeta a los requisitos de compensación de la Orden Ejecutiva 14192, Liberando la Prosperidad mediante la Desregulación. Según el Memorando M-25-20 de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), fechado el 26 de marzo de 2025, una “acción que establece una nueva tarifa o modifica la tarifa existente para un servicio, sin imponer ningún costo neto nuevo, no necesita ser compensada” (P16).

Esta normativa no tendrá efectos directos sustanciales sobre los estados, sobre la relación entre el gobierno nacional y los estados, ni sobre la distribución de poderes y responsabilidades entre los diversos niveles de gobierno. Por lo tanto, de conformidad con la sección 6 de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13132, se determina que esta norma no tiene suficientes implicaciones de federalismo como para requerir consultas o justificar la preparación de una declaración resumida de impacto en el federalismo. Las regulaciones que implementan la E.O. 12372 relativas a la consulta intergubernamental sobre programas y actividades federales no se aplican a esta norma.

El Departamento ha determinado que esta reglamentación no tendrá implicaciones tribales, no impondrá costos de cumplimiento directos sustanciales a los gobiernos tribales indígenas y no tendrá efecto de prelación sobre el derecho tribal. En consecuencia, los requisitos de la E.O. 13175 no se aplican a esta reglamentación.

Esta norma no impone ningún nuevo requisito de presentación de informes o de mantenimiento de registros sujeto a la Ley de Reducción de Trámites.

(página impresa 12301)

En consecuencia, por las razones expuestas en el preámbulo, se enmienda la Parte 22 del Título 22 del CFR de la siguiente manera:

1. La cita de autoridad para la parte 22 continúa redactándose de la siguiente manera:

Autoridad: 8 U.S.C. 1101 nota, 1153 nota, 1183a nota, 1351, 1351 nota, 1713, 1714, 1714 nota; 10 U.S.C. 2602(c); 11 U.S.C. 1157 nota; 22 U.S.C. 214, 214 nota, 1475e, 2504(a), 2651a, 4201, 4206, 4215, 4219, 6551; 31 U.S.C. 9701; Orden Ejecutiva 10,718, 22 FR 4632 (1957); Orden Ejecutiva 11,295, 31 FR 10603 (1966).

2. En el § 22.1, se enmienda la tabla revisando la entrada 2(g) bajo el encabezado “Servicios de Pasaporte y Ciudadanía” para que diga lo siguiente:

§ 22.1

Tabla de tarifas.

* * * * *

Tabla de Tarifas para Servicios Consulares

John L. Armstrong,

Subsecretario Adjunto Principal, Oficina de Asuntos Consulares, Departamento de Estado.

1. https://www.americains-accidentels.fr/​page/​1503405-lawsuit-against-state-department.

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2. http://seatnow.org/​2023/​10/​31/​seats-submission-to-u-s-department-of-state/​.

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3. https://www.democratsabroad.org/​jeffsteiner/​share_​why_​you_​shouldn_​t_​have_​to_​renounce_​your_​citizenship.

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4. https://www.whitehouse.gov/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Circular-025.pdf.

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[FR Doc. 2026-04931 Presentado el 3-12-26; 8:45 a.m.]

CÓDIGO DE FACTURACIÓN 4710-06-P