DHS emite norma interina que codifica tarifas migratorias exigidas por la Ley H.R.1

Encabezados del documento

Los encabezados del documento varían según el tipo de documento, pero pueden contener lo siguiente:

Consulte el Manual de Redacción de Documentos (Document Drafting Handbook) para más detalles.

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional.

Regla final provisional; solicitud de comentarios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emite esta regla final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) para codificar ciertas tarifas de inmigración y otras disposiciones requeridas por la Ley One Big Beautiful Bill (H.R.1). Esta IFR enmienda las regulaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para codificar: la tarifa de asilo y la tarifa anual de asilo, incluidas las consecuencias del no pago de estas tarifas; el nuevo requisito de tarifa del Formulario I-94; el período de validez de ciertos tipos de autorización de empleo; y la retención de la tarifa de presentación del Formulario I-589 para cada solicitud.

Esta regla final provisional entra en vigor el 29 de mayo de 2026. El DHS invita al público a comentar sobre todos los aspectos de esta regla final provisional; los comentarios escritos sobre esta regla final provisional deben presentarse a más tardar el 29 de junio de 2026.

Usted puede presentar comentarios sobre la totalidad de este paquete de regla final provisional, identificado con el Núm. de Expediente del DHS USCIS-2026-0133, a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica (Federal eRulemaking Portal): http://www.regulations.gov. De conformidad con 5 U.S.C. 553(b)(4), el resumen de esta regla que se encuentra anteriormente también puede consultarse en https://www.regulations.gov. Siga las instrucciones del sitio web para presentar comentarios. Los comentarios deben presentarse en inglés, o se debe proporcionar una traducción al inglés. Los comentarios que brindarán la mayor ayuda a USCIS para implementar estos cambios harán referencia a una parte específica de la regla final provisional, explicarán el motivo de cualquier cambio recomendado, e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada anteriormente, incluidos los correos electrónicos o cartas enviados a funcionarios del DHS o de USCIS, no se considerarán comentarios sobre la regla y es posible que el DHS no les dé respuesta. Tenga en cuenta que el DHS y USCIS no pueden aceptar comentarios entregados en mano o enviados por mensajería. USCIS no puede aceptar comentarios contenidos en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento de medios digitales, como CD/DVD y unidades USB. USCIS tampoco está aceptando comentarios por correo postal en este momento. Si no puede presentar su comentario mediante http://www.regulations.gov, comuníquese con la División de Coordinación Regulatoria, Oficina de Políticas y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, por teléfono al (240) 721-3000 para recibir instrucciones alternativas.

Oficina de Políticas y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, 5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20746; teléfono 240-721-3000 (este no es un número gratuito). Las personas con discapacidades auditivas o del habla pueden acceder al número de teléfono anterior a través de TTY llamando al Servicio Federal de Retransmisión de Información (Federal Information Relay Service) sin costo al 1-877-889-5627 (TTY/TDD).

I. Participación Pública

II. Resumen Ejecutivo

A. Propósito de la Acción Regulatoria

B. Autoridad Legal

C. Resumen de la Acción Regulatoria

D. Resumen de Costos y Beneficios

III. Antecedentes y Autoridad

A. H.R.1, Ley One Big Beautiful Bill

B. Autoridad General de Reglamentación del DHS

IV. Análisis de los Cambios Realizados en esta IFR

A. Tarifa de Inmigración del Formulario I-94

B. Tarifa de Solicitud de Asilo

C. Implementación y Administración de la Tarifa Anual de Asilo

D. Implementación de los Límites de la Autorización de Empleo Basada en el Estatus de Protección Temporal

E. Divisibilidad

F. Exenciones y Dispensas de Tarifas

V. Requisitos Legales y Reglamentarios

A. Ley de Procedimiento Administrativo

B. Orden Ejecutiva 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria), Orden Ejecutiva 13563 (Mejora de la Regulación y la Revisión Regulatoria), y Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación)

C. Ley de Flexibilidad Regulatoria (Certificación)

D. Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995

E. Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para la Pequeña Empresa de 1996 (Ley de Revisión del Congreso)

F. Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo)

G. Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de Justicia Civil)

H. Evaluación Familiar

I. Orden Ejecutiva 13175 (Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas)

J. Ley Nacional de Política Ambiental

K. Ley de Reducción de Trámites

AAF, Tarifa Anual de Asilo

APA, Ley de Procedimiento Administrativo

BLS, Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos

CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP)

Ley CFO, Ley de Directores Financieros

CFR, Código de Reglamentos Federales

CPI-U, Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos

CRA, Ley de Revisión del Congreso

DHS, Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

DOJ, Departamento de Justicia

DOL, Departamento del Trabajo

EAD, Documento de Autorización de Empleo

E.O., Orden Ejecutiva

EOIR, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración

FR, Registro Federal

FRN, Aviso del Registro Federal

FY, Año Fiscal

H.R.1, Ley Integral Hermosa (One Big Beautiful Bill Act)

HSA, Ley de Seguridad Nacional de 2002

IFR, Norma Final Provisional

INA, Ley de Inmigración y Nacionalidad

IPF, Tarifa de Libertad Condicional de Inmigración

NATO, Organización del Tratado del Atlántico Norte

NEPA, Ley Nacional de Política Ambiental

NTA, Aviso de Comparecencia

OMB, Oficina de Administración y Presupuesto

PRA, Ley de Reducción de Trámites

RFA, Ley de Flexibilidad Regulatoria de 1980

RIA, Análisis de Impacto Regulatorio

SBREFA, Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para la Pequeña Empresa de 1996

SIJ, Juvenil Inmigrante Especial

TPS, Estatus de Protección Temporal

UMRA, Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995

USCIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)

El DHS invita a todas las partes interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos, opiniones, comentarios y argumentos por escrito sobre todos los aspectos de esta norma final provisional. El DHS también invita comentarios relacionados con los efectos económicos, ambientales o federalistas que podrían resultar de esta norma final provisional. Los comentarios deben presentarse en inglés, o debe proporcionarse una traducción al inglés. Los comentarios que brinden la mayor asistencia a USCIS para implementar estos cambios harán referencia a una parte específica de la norma final provisional, explicarán la razón de cualquier cambio recomendado e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. Los comentarios presentados de una manera distinta a la indicada anteriormente, incluidos los correos electrónicos o cartas enviados a funcionarios del DHS o de USCIS, (página impresa 22953) no se considerarán comentarios sobre la norma final provisional y es posible que el DHS no les dé respuesta.

Instrucciones: Si presenta un comentario, debe incluir el nombre de la agencia (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y el número de expediente del DHS USCIS-2026-0133 correspondiente a esta norma final provisional. Tenga en cuenta que todos los envíos se publicarán, sin cambios, en el Portal Federal de Reglamentación Electrónica en http://www.regulations.gov, e incluirán cualquier información personal que usted proporcione. Por lo tanto, al enviar esta información, la hace pública. Es posible que desee considerar limitar la cantidad de información personal que proporciona en cualquier comentario público voluntario que envíe al DHS. El DHS puede retener de la visualización pública la información proporcionada en los comentarios que determine que puede afectar la privacidad de una persona o que sea ofensiva. Para obtener información adicional, lea el Aviso de Privacidad y Seguridad disponible en http://www.regulations.gov.

Expediente: Para acceder al expediente y leer los documentos de referencia o los comentarios recibidos, visite http://www.regulations.gov, haciendo referencia al número de expediente del DHS USCIS-2026-0133. También puede inscribirse para recibir alertas por correo electrónico en el expediente en línea para ser notificado cuando se publiquen comentarios o se publique una norma final.

El 4 de julio de 2025, el Presidente promulgó la H.R.1, Ley Integral Hermosa (One Big Beautiful Bill Act), Ley Pública 119-21, 139 Stat. 72 ("H.R.1"). La H.R.1 fue un paquete legislativo integral que modificó muchas leyes y agregó nuevas leyes que afectan a numerosas áreas del gobierno de los Estados Unidos. Entre esos cambios, la ley estableció varias disposiciones y tarifas nuevas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Véase H.R.1, Título X, Subtítulo A, Parte I, Secciones 100001 a 1000018. Esta norma final provisional (IFR) codifica varias de las disposiciones de tarifas de inmigración de la H.R.1 y otras limitaciones aplicables a los extranjeros.

Específicamente, la norma provisional final (IFR, por sus siglas en inglés) realiza lo siguiente: (1) codificación en el Código de Regulaciones Federales (CFR) del requisito de pago de la tarifa del Formulario I-94 establecido en 8 U.S.C. 1807 según se aplica al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS); (2) codificación del requisito de la Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés) establecido en 8 U.S.C. 1808, incluidas las consecuencias por no pagar la AAF y las limitaciones relacionadas con la autorización de empleo requeridas por 8 U.S.C. 1810(b); (3) codificación del requisito de que toda solicitud de asilo incluya la tarifa requerida por 8 U.S.C. 1802 al momento de la presentación, independientemente de si la solicitud es rechazada, y que dicha tarifa no sea reembolsable; y (4) codificación de los límites de la H.R.1 sobre la vigencia de la autorización de empleo bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) requeridos por 8 U.S.C. 1803(c) y 8 U.S.C. 1811(a).

Esta norma se emite conforme a la sección 208(d)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), 8 U.S.C. 1158(d); la sección 102 de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA, por sus siglas en inglés), 6 U.S.C. 112; y las secciones 100002 a 100018 de la H.R.1, codificadas en 8 U.S.C. 1802 a 1815. Estos estatutos autorizan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a administrar el proceso de asilo y a cobrar ciertas tarifas conforme lo exige la ley.

El DHS emite esta norma como norma provisional final bajo la excepción de “causa justificada” del 5 U.S.C. 553(b)(B), dado que el aviso previo y el periodo de comentarios resultarían impracticables y contrarios al interés público. La H.R.1 exige una implementación inmediata para garantizar el cumplimiento del mandato legal y no otorga al DHS ninguna discrecionalidad respecto de las disposiciones implementadas en esta norma.

Esta norma codifica ciertas disposiciones de tarifas de la H.R.1 aplicables al USCIS:

El DHS también analizó los costos y beneficios de esta norma. Dado que la norma codifica mandatos legales o procesos procedimentales, el DHS estima un costo incremental mínimo más allá de los impuestos por el Congreso. Los beneficios cualitativos incluyen una mayor transparencia en las tarifas, una reducción de la ambigüedad administrativa y una mayor eficiencia en la aplicación de la ley, en consonancia con los objetivos de la H.R.1.

La Ley de Reconciliación H.R.1 de 2025 (H.R.1), Ley Pública 119-21, estableció un nuevo marco de tarifas migratorias que el Congreso ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementar a partir del año fiscal 2025.[1] El Congreso tuvo la intención de que la H.R.1 garantizara que los extranjeros que soliciten o mantengan la elegibilidad para beneficios migratorios asuman más los costos de administrar el sistema de inmigración.[2] Al explicar su decisión, el Congreso dejó en claro que estas nuevas tarifas llevaban mucho tiempo pendientes y eran necesarias para recuperar los crecientes costos de adjudicar los millones de solicitudes de asilo pendientes tanto ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), una agencia componente del DHS, como ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia.[3] La H.R.1 exige que estas tarifas se apliquen a partir del año fiscal 2025 "además de cualquier otra tarifa autorizada por la ley".[4] (página impresa 22954) A menos que se describa de otra manera en esta regla con respecto a una tarifa específica, las tarifas establecidas en la H.R.1 se imponen además de las tarifas previstas en el 8 CFR parte 106, o cualquier otra tarifa promulgada por el DHS conforme a la sección 286(m) de la INA, 8 U.S.C. 1356(m), y no son reembolsables. Véase 89 FR 6194 (31 de enero de 2024); 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). El 22 de julio de 2025, USCIS publicó un aviso en el Registro Federal (FRN, por sus siglas en inglés) anunciando la implementación de varias tarifas administradas por USCIS exigidas por la H.R.1 (aviso de tarifas de la H.R.1). 90 FR 34511 (22 de julio de 2025).[5] Ese aviso implementó una tarifa mínima de presentación de solicitud de asilo de $100 a partir del año fiscal 2025 conforme al 8 U.S.C. 1802 y una tarifa anual de asilo (AAF, por sus siglas en inglés) mínima de $100 a partir del año fiscal 2025 por cada año calendario en que una solicitud de asilo permanezca pendiente conforme al 8 U.S.C. 1808. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). El aviso también anunció tarifas para el Estatus de Protección Temporal (TPS), menores inmigrantes especiales (SIJs, por sus siglas en inglés) conforme al 8 U.S.C. 1805, y ciertas categorías de autorización de empleo conforme al 8 U.S.C. 1803(a) a (c). 90 FR 34511 (22 de julio de 2025).

El aviso de USCIS también establece que USCIS emitirá una notificación personal e individualizada a cada solicitante de asilo con una solicitud pendiente ante USCIS a quien se le exija la AAF, y que la notificación incluirá el monto de la tarifa, cuándo y cómo debe pagarse la tarifa, y las consecuencias de no pagarla.[6] Para la AAF correspondiente al año fiscal 2025, el DHS ha emitido notificaciones de AAF que únicamente indican que el incumplimiento del pago de la tarifa antes de la fecha límite puede afectar negativamente la solicitud, pero no especifican qué ocurrirá si no se paga la tarifa.[7]

El aviso de tarifas de la H.R.1 postergó expresamente el anuncio de múltiples tarifas establecidas por ley. Entre ellas se encontraban: (1) la Tarifa de Permiso de Permanencia Temporal por Inmigración (IPF, por sus siglas en inglés) exigida por el 8 U.S.C. 1804, que incluye múltiples excepciones legales enumeradas, y (2) la tarifa del Formulario I-94 exigida por el 8 U.S.C. 1807 aplicable a todo extranjero que presente una solicitud de Formulario I-94, Registro de Entrada y Salida. 90 FR 34511 en 34516 (22 de julio de 2025). En ambos casos, USCIS explicó que era necesaria una mayor interpretación y orientación antes de que pudiera procederse a la implementación. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). El 16 de octubre de 2025, el DHS publicó un FRN adicional para abordar la Tarifa de Permiso de Permanencia Temporal por Inmigración (IPF) exigida por el 8 U.S.C. 1804. 90 FR 48317 (16 de octubre de 2025). El aviso de la IPF anunció la nueva tarifa que sería administrada por los componentes del DHS, incluido USCIS, y especificó las categorías de solicitantes a quienes se aplica la tarifa, la fecha de entrada en vigor del nuevo requisito, e instrucciones para remitir el pago. 90 FR 48317 (16 de octubre de 2025). También describió las circunstancias en las que pueden aplicarse las excepciones a la tarifa de conformidad con las excepciones legales previstas en la H.R.1 y aclaró las consecuencias de no efectuar el pago. 90 FR 48317 (16 de octubre de 2025). El aviso de la IPF cumplió con el compromiso asumido en el aviso de tarifas de la H.R.1, el cual señalaba que la tarifa exigida por el 8 U.S.C. 1804, sujeta a múltiples excepciones legales que requerían interpretación por parte de la agencia, sería anunciada en una publicación futura. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Al proporcionar esta orientación complementaria, el DHS garantizó que los miembros del público recibieran la información necesaria para cumplir plenamente con el nuevo mandato legal.

H.R.1 exige que el DHS, a partir del año fiscal 2026 y de manera continua para cada año fiscal subsiguiente, ajuste las tarifas relacionadas con inmigración conforme a la inflación. H.R.1 establece que el DHS utilice el cambio porcentual del CPI-U (Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos) correspondiente al mes de julio del año en curso en comparación con el año calendario anterior, y redondee cada tarifa al múltiplo de $10 inmediatamente inferior o hacia abajo al dólar más cercano, según lo autorizado por H.R.1. En cumplimiento de la promulgación del texto de H.R.1, los componentes del DHS publicaron múltiples avisos en el Registro Federal (FRN, por sus siglas en inglés) anunciando los nuevos incrementos inflacionarios conforme a H.R.1 (90 FR 52085 (19 de noviembre de 2025), 90 FR 52425 (20 de noviembre de 2025), y 90 FR 52693 (21 de noviembre de 2025)).

La autoridad del Secretario de Seguridad Nacional para la enmienda reglamentaria se encuentra en diversas secciones de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad), 8 U.S.C. 1101 y siguientes, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA, por sus siglas en inglés), 6 U.S.C. 101 y siguientes. La autoridad general para emitir esta norma provisional final (IFR) se encuentra en la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a), que autoriza al Secretario a administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración y nacionalidad y a establecer las regulaciones que el Secretario considere necesarias para ejercer dicha autoridad,[8] así como en la sección 102 de la HSA, 6 U.S.C. 112, que confiere todas las funciones del DHS en el Secretario y lo autoriza a emitir regulaciones.[9] Además de la autoridad general, la autoridad específica en materia de asilo contenida en la sección 208(d)(5)(B) de la INA, 8 U.S.C. 1158(d)(5)(B), establece que “el Procurador General podrá disponer por reglamento cualquier otra condición o limitación respecto de la consideración de una solicitud de asilo que no sea incompatible con este capítulo.” [10]

El texto de H.R.1 que dice “además de cualquier otra tarifa autorizada por ley” es claro.[11] Las tarifas de H.R.1 no sustituyen ni reemplazan el esquema de tarifas que el DHS promulgó en el 8 CFR parte 106 y disposiciones conexas, ni limitan la autoridad del DHS conforme a la sección 286(m) de la INA, 8 U.S.C. 1356(m), para recuperar los costos de prestar servicios de adjudicación y naturalización. Las tarifas de H.R.1 constituyen un conjunto distinto de requisitos legales destinados a generar ingresos para apoyar las prioridades de cumplimiento de la ley, mejorar la seguridad pública y proporcionar ingresos al Tesoro, mientras que USCIS continúa financiando sus funciones de adjudicación mediante su autoridad tarifaria vigente. Interpretar que H.R.1 sustituye las tarifas de USCIS codificadas por el DHS en el 8 CFR parte 106 generaría un déficit considerable en los ingresos operativos de USCIS, comprometería la capacidad de USCIS para financiar sus operaciones y pondría en riesgo los niveles de servicio que el Congreso no ha indicado que deban reducirse.

Esta IFR amplía el aviso de tarifas de H.R.1 y el aviso del IPF para implementar de manera más completa las tarifas de H.R.1 relacionadas con USCIS. La intención del Congreso, reflejada tanto en el texto legal de H.R.1 como en los antecedentes legislativos que lo acompañan, deja claro que estas disposiciones legales fueron promulgadas para fortalecer con prontitud la aplicación de las leyes de inmigración y mejorar la seguridad pública (página impresa 22955).[12] Los cambios específicos son los siguientes:

H.R.1 exige que “todo extranjero que presente una solicitud para un Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, pague un mínimo de $24.” [13] Esta nueva tarifa se ajustará anualmente conforme a la inflación y deberá cobrarse “además de cualquier otra tarifa autorizada por ley.” [14] La ley especifica que esta tarifa “no podrá ser exonerada ni reducida.” [15] Esta IFR codifica el nuevo requisito de tarifa conforme al 8 U.S.C. 1807 para los solicitantes que presenten un Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, y establece que la tarifa debe abonarse cuando los solicitantes soliciten el Formulario I-94, además de la tarifa requerida por el 8 CFR 106.2(a)(2).[16]

USCIS interpreta que la expresión “presenta una solicitud para un Formulario I-94” contenida en el 8 U.S.C. 1807 se aplica exclusivamente a los casos en que un solicitante presenta una solicitud en la que pide expresamente un Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida. Esta interpretación limita el cobro por parte de USCIS de la tarifa del Formulario I-94 únicamente al Formulario I-102, Solicitud de Documento de Entrada/Salida de No Inmigrante de Reemplazo/Inicial, o al formulario que lo sustituya, según lo exige el 8 U.S.C. 1807.[17]

USCIS reconoce que, en muchas adjudicaciones, la agencia puede crear o actualizar un registro electrónico del Formulario I-94 en sus sistemas al aprobar una solicitud o petición que confiere, extiende o cambia un período de estadía autorizada. Sin embargo, este proceso es distinto de una solicitud directa de un Formulario I-94 mediante la presentación del Formulario I-102. En consecuencia, en lo que respecta a la recaudación de USCIS, la tarifa del Formulario I-94 requerida por 8 U.S.C. 1807 se limita a los casos que involucran la presentación directa del Formulario I-102 y no se extiende a una adjudicación que resulte en la creación o modificación incidental de un registro del Formulario I-94.[18]

El Formulario I-102, Solicitud de Documento de Llegada/Salida de No Inmigrante de Reemplazo/Inicial, es la solicitud mediante la cual un extranjero solicita la emisión, reemplazo o corrección de un Formulario I-94. El Formulario I-102 puede presentarse por una variedad de razones, según se describe en las instrucciones del formulario de USCIS y se codifica en 8 CFR 264.6.[19] Estas incluyen la categoría de “presentación general”, que aplica cuando un solicitante requiere el reemplazo de un Formulario I-94 perdido, robado, mutilado o dañado, o que de otro modo necesita un Formulario I-94 no cubierto por una de las excepciones específicas. Además, los solicitantes pueden presentar el Formulario I-102 cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) no emitió un Formulario I-94 al momento de la admisión en una frontera terrestre, aeropuerto o puerto marítimo, cuando es necesaria una corrección de los Formularios I-94, I-94W, Registro de Llegada/Salida por Exención de Visa de No Inmigrante, o I-95, Permiso de Desembarco de Tripulante Extranjero, sin que exista culpa del solicitante, o cuando el registro no puede recuperarse electrónicamente a través del sitio web de CBP.[20] Otras categorías reflejan disposiciones especiales para miembros no inmigrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), o los programas de la Asociación para la Paz, en los que las solicitudes iniciales pueden estar exentas de la tarifa de presentación subyacente de USCIS, pero las solicitudes posteriores permanecen sujetas a ella.[21]

En virtud de 8 U.S.C. 1807 y el nuevo 8 CFR 103.7(d)(4), las solicitudes de beneficios presentadas en el Formulario I-102, Solicitud de Documento de Llegada/Salida de No Inmigrante de Reemplazo/Inicial, están sujetas a la nueva tarifa del Formulario I-94, además de las tarifas de presentación existentes del DHS. Incluso en los casos en que la tarifa de presentación del DHS se exima o se fije en $0, la tarifa del Formulario I-94 de H.R.1 sigue siendo aplicable.[22] La única excepción a la tarifa del Formulario I-94 de H.R.1 es para las presentaciones del Formulario I-102 cuando la solicitud se presenta para corregir un error del DHS. Las tarifas elegibles para una solicitud de exención en virtud de 8 CFR 106.3(a) no incluyen la tarifa del Formulario I-94 de H.R.1.

La Tabla 1 muestra la tarifa actual de presentación en papel de USCIS para cada categoría de presentación del Formulario I-102, la tarifa mínima adicional de $24 del Formulario I-94 de H.R.1, y la tarifa total que se debe recaudar. Este formato sigue la estructura utilizada en el aviso de Tarifas de H.R.1 y complementa el aviso paralelo de CBP para la tarifa del Formulario I-94 de H.R.1, publicado el 28 de agosto de 2025. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025); 90 FR 42025 (28 de agosto de 2025).[23]

Tabla 1. Tarifas del Formulario I-102 en virtud de 8 U.S.C. 1807

(página impresa 22956)

En esta norma, el DHS codifica el requisito de la tarifa de solicitud de asilo establecido en 8 U.S.C. 1802,[25] y dispone que USCIS retendrá la tarifa de solicitud de asilo cuando un Formulario I-589 sea rechazado por cualquier motivo conforme a 8 CFR 103.2. Actualmente, un Formulario I-589 se presenta como una solicitud incompleta si no incluye una firma, no incluye una respuesta a las preguntas del formulario, o le faltan pruebas o materiales requeridos. 8 CFR 208.3(c). El DHS está agregando en 8 CFR 208.3(c) que un Formulario I-589 presentado también es incompleto si no incluye la tarifa de solicitud de asilo, lo cual es consistente con las demás regulaciones del DHS. El DHS también está agregando la tarifa de solicitud de asilo en 8 CFR 103.7, la cual está sujeta a los requisitos de presentación establecidos en 8 CFR 103.2.

La sección 208 de la INA establece el marco legal para las solicitudes de asilo y exige que el Gobierno imponga “tarifas para la consideración de una solicitud de asilo”. [26] La tarifa de solicitud de asilo requerida por 8 U.S.C. 1802 debe pagarse en el momento en que se presenta la solicitud, y dispone que dicha tarifa no puede ser exonerada ni reducida.[27] En el aviso de Tarifas de H.R.1, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) implementó el 8 U.S.C. 1802 al anunciar la tarifa mínima inicial de $100 por la solicitud de asilo y al aclarar que las presentaciones del formulario I-589 deben incluir la nueva tarifa, de lo contrario serán rechazadas si falta dicha tarifa. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Sin embargo, ese aviso no abordó las solicitudes que son recibidas por USCIS y, por lo tanto, presentadas,[28] pero que posteriormente son rechazadas conforme al 8 CFR 103.2(a)(7) o devueltas conforme al 8 CFR 208.3(c).

Las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigen que un formulario debe ejecutarse de conformidad con las instrucciones del formulario y presentarse con la(s) tarifa(s) requerida(s) por regulación, y las tarifas de presentación no son reembolsables, salvo a discreción de USCIS. 8 CFR 103.2(a)(1). Además, las regulaciones disponen que USCIS registra la fecha de recepción como la fecha real de recepción física de una solicitud de beneficio, que una solicitud rechazada no conservará una fecha de recepción, y que una solicitud será rechazada si no se presenta con la tarifa correcta. 8 CFR 103.2(a)(7)(ii)(D). Esos requisitos de presentación y reglas de recepción han estado vigentes para las presentaciones de solicitudes de beneficios desde al menos 1964.[29] Para efectos del 8 CFR 103.2(a)(7), USCIS ha definido desde hace tiempo el término “rechazada” como el hecho de que la solicitud de beneficio y el pago de la tarifa son devueltos por incumplimiento de todos los requisitos de presentación, sin haber sido considerados en su totalidad, y pueden volver a presentarse una vez completados correctamente. Véase, por ejemplo, Immigration Benefits Business Transformation, Increment I, 76 FR 53764, 53770 (29 de agosto de 2011).[30] Sin embargo, el término “rechazo” no está codificado, definido ni promulgado en las regulaciones del DHS. “Denegada”, por otro lado, generalmente significa que la solicitud ha sido adjudicada y considerada en su totalidad, y que se determina que el solicitante no es elegible para el beneficio solicitado. Id. “Denegada” también está definida únicamente en la práctica y no está codificada.[31]

De conformidad con la discreción prevista en el 8 CFR 103.2(a)(1) respecto de la no reembolsabilidad de las tarifas, el DHS dispone que si una solicitud de asilo es rechazada, la tarifa de solicitud de asilo se retendrá y no se devolverá ni reembolsará cuando una solicitud de asilo presentada sea rechazada. Véase el nuevo 8 CFR 106.2.

El DHS está reteniendo la tarifa tanto por razones legales como prácticas. En primer lugar, dicho tratamiento está dispuesto por H.R.1, dado el requisito establecido en el 8 U.S.C. 1802 de que cada solicitud, al ser presentada, debe incluir la tarifa. H.R.1 dispone que el DHS exigirá el pago de una tarifa de $100 a todo extranjero que presente una solicitud de asilo, en el momento en que dicha solicitud sea presentada. 8 U.S.C. 1802(a). Esa disposición exige una tarifa en el momento de la solicitud, sin importar los servicios que el DHS deba prestar ni los que el solicitante deba recibir a cambio de la tarifa, ni cómo se trate dicha tarifa si la solicitud es denegada, rechazada, abandonada, demorada, etc. Id.[32] Por otro lado, la ausencia de un vínculo legal en H.R.1 con los servicios que el DHS debe proporcionar contrasta con la sección 286(m) de la INA, 8 U.S.C. 1356(m), que dispone que el DHS puede establecer tarifas para solicitudes de beneficios a fin de recuperar los costos de la prestación de dichos servicios. El DHS ha interpretado la expresión “tarifas por la prestación de servicios de adjudicación y naturalización” en la sección 1356(m) en el sentido de que la tarifa se requiere por la prestación de un servicio, es decir, en efecto, por la adjudicación de la solicitud presentada. Cuando la solicitud es rechazada y el único servicio realizado consiste en determinar si es mínimamente aceptable, no corresponde tarifa alguna, y la tarifa se devuelve.[33]

Asimismo, la retención de la tarifa de solicitud de asilo conforme a H.R.1 promueve la disuasión de presentaciones defectuosas, recupera los costos de recepción, y hace efectiva de manera concreta la intención expresa del Congreso de destinar recursos a la aplicación de la ley y de garantizar que sean los extranjeros, y no los contribuyentes estadounidenses, quienes asuman determinados costos administrativos.[34] Los detalles de implementación del aviso de Tarifas de H.R.1 (fechas de entrada en vigor, mecánica de pago y rechazo por falta de pago de la tarifa) son congruentes con esta interpretación. En esta Norma Provisional Final (IFR, por sus siglas en inglés), el DHS establece regulaciones con la fuerza y el efecto de ley para disponer la retención de las tarifas de presentación cuando las solicitudes de asilo son rechazadas, incluyendo cuando una solicitud de asilo es rechazada por falta de pago de la Tarifa de Solicitud de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés).[35]

El DHS también hace referencia al 8 CFR 103.2, que otorga a USCIS cierta discreción administrativa para reembolsar una tarifa si la agencia determina que resulta apropiado. Por ejemplo, en el pasado, USCIS, en raras ocasiones, ha solicitado erróneamente que una persona presente un formulario innecesario junto con la tarifa correspondiente. Otro ejemplo es cuando una persona paga una tarifa requerida más de una vez o paga una tarifa que excede el monto adeudado, y USCIS acepta el pago en exceso incorrecto. Por lo tanto, el DHS hace referencia al 8 CFR 103.2, señalando que si bien la tarifa se retendrá y no se devolverá ni reembolsará cuando se rechace una solicitud de asilo presentada, las regulaciones existentes del DHS prevén reembolsos limitados a discreción del DHS. (página impresa 22957)

El DHS adopta los siguientes cambios reglamentarios para implementar la tarifa de solicitud de asilo de la Ley H.R.1 conforme al 8 U.S.C. 1802 y para aclarar la retención de la tarifa en caso de rechazo:

El 22 de julio de 2025, USCIS publicó el aviso de la Tarifa de la Ley H.R.1 implementando el 8 U.S.C. 1808, mediante el cual anunció cómo se administraría la AAF para el año fiscal (FY) 2025 y en adelante. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). La Ley H.R.1 exige que todos los solicitantes de asilo con solicitudes de asilo pendientes paguen una tarifa anual mínima de $100 por cada año calendario en que la solicitud “permanezca pendiente”, además de cualquier otra tarifa aplicable. 8 U.S.C. 1808.

En el aviso de la Tarifa de la Ley H.R.1, el DHS interpretó la frase estatutaria “permanece pendiente” como referida a cualquier Formulario I-589 presentado ante USCIS o el DOJ que permanezca pendiente ante cualquier agencia, tribunal o entidad del gobierno federal con jurisdicción sobre reclamos de asilo. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). El aviso aclaró además que la AAF mínima inicial de $100 debía ser pagada por los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hubieran sido presentadas ante USCIS en o antes del 1 de octubre de 2024, y que seguían pendientes al cierre del año fiscal 2025, el 30 de septiembre de 2025. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Al hacerlo, USCIS proporcionó varios meses de aviso a los solicitantes afectados de que estarían sujetos a una tarifa si optaban por continuar con su solicitud durante y después de septiembre de 2025.

El aviso de la Tarifa de la Ley H.R.1 también explicó cómo se aplica la AAF en años posteriores. Para las solicitudes de asilo que estuvieron pendientes durante todo el año fiscal 2025, la AAF se vencería el 30 de septiembre de cada año subsiguiente en que la solicitud permanezca pendiente. Para los Formularios I-589 presentados después del 1 de octubre de 2024 que permanezcan pendientes durante 365 días después de la presentación, la AAF se vence anualmente en el aniversario de un año de la fecha de presentación, cada año en que la solicitud permanezca pendiente. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). USCIS determinó que la Ley H.R.1 no impone la AAF de manera retroactiva para años anteriores al año fiscal 2025, pero que el lenguaje claro del 8 U.S.C. 1808 requiere aplicar la tarifa mínima de $100 a las solicitudes que ya estaban pendientes al comienzo del año fiscal 2025. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Al llegar a esta conclusión, USCIS citó principios establecidos de interpretación estatutaria y jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Landgraf v. USI Film Products, que distingue entre normas retroactivas inadmisibles y cambios procesales prospectivos. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Dado que la Ley H.R.1 ordenó expresamente que la AAF “se aplicará” a partir de y para el año fiscal 2025, se consideró que aplicar el requisito a los casos pendientes a partir del 1 de octubre de 2024 era coherente tanto con la intención del Congreso como con la jurisprudencia. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025).

Finalmente, el aviso de julio estableció el proceso administrativo de USCIS para recaudar la AAF. Para el año fiscal 2025, de conformidad con el aviso de la Tarifa de la Ley H.R.1, USCIS envió avisos individuales y personalizados a los solicitantes de asilo con casos pendientes, identificando el monto adeudado, el plazo para pagar la tarifa, el método de pago y las consecuencias de no pagarla. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). USCIS exige que la AAF se pague en línea a través del sistema electrónico de pago de tarifas de la agencia. El marco establecido por USCIS fue diseñado para facilitar el cumplimiento por parte de los solicitantes, para que el proceso de la AAF no genere confusión y sea lo menos gravoso posible, y para garantizar que el gobierno pueda administrar de manera confiable el nuevo requisito estatutario en todas las solicitudes de asilo pendientes. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025).

La Ley Pública 119-21 (H.R.1) exige, y esta norma provisional final (IFR) codifica en el reglamento, para el año fiscal 2025 y en adelante, el pago del AAF (Cargo Anual de Asilo) por cada año calendario en que una solicitud de asilo permanezca pendiente. 8 U.S.C. 1808. La ley exige el cobro y la ejecución del AAF y prohíbe las exenciones. 8 U.S.C. 1808. La codificación reglamentaria de las consecuencias por el impago del AAF es esencial para dar claridad a los solicitantes y hacer efectivo el mandato del Congreso. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) nunca ha exigido una tarifa anual para una solicitud o petición que esté pendiente ante USCIS. Por lo tanto, USCIS no puede basarse en la práctica actual o pasada para determinar las consecuencias por el impago del AAF. Una consecuencia reglamentaria claramente definida implementa el requisito legal de la manera más efectiva, ya que el requisito legal correría el riesgo de volverse ineficaz, permitiendo que los solicitantes eviten sus obligaciones mientras mantienen reclamaciones de asilo pendientes indefinidamente.[36] Tal resultado socavaría el propósito de H.R.1, crearía desigualdades entre los solicitantes que cumplen y los que no cumplen, y no lograría imponer los costos a los solicitantes en lugar de que estos sean subsidiados por las tarifas pagadas por los inmigrantes legales.[37] De conformidad con la sección 100018 de H.R.1, la sección 208(d)(3) de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad) fue enmendada para exigir que USCIS “imponga tarifas para la consideración de una solicitud de asilo”. Una de esas tarifas obligatorias es el AAF. 8 U.S.C. 1808. Sin consecuencias establecidas por el impago del AAF, USCIS estaría obligado a adjudicar una solicitud de asilo sin autoridad legal o a mantener las solicitudes con AAF impagos en el rezago de manera indefinida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) codifica en esta norma que, tras la notificación individualizada y un plazo de 30 días para el pago en línea, el impago del AAF resulta en el rechazo del Formulario I-589 pendiente.[38] El rechazo resulta en la terminación de la solicitud de asilo ante USCIS, lo que significa que USCIS no tomará ninguna otra acción sobre la solicitud. Si el extranjero desea volver a solicitar asilo, deberá presentar un nuevo Formulario I-589, incluyendo una nueva tarifa de presentación obligatoria según lo exige 8 U.S.C. 1802. Si el extranjero mantiene un estatus legal, USCIS no emitirá un Aviso de Comparecencia (NTA) ni iniciará la remoción únicamente con base en el impago del AAF.[39] Si el extranjero carece de estatus legal, el DHS iniciará la remoción expedita conforme a la sección 235(b) de la INA, 8 U.S.C. 1225(b), cuando el solicitante sea susceptible de remoción expedita, o emitirá un NTA conforme a la sección 239 de la INA, 8 U.S.C. 1229, en los demás casos.[40] De conformidad con las normas existentes sobre jurisdicción en materia de asilo, una vez que se presenta el NTA después del rechazo, cualquier Formulario I-589 presentado posteriormente de forma defensiva se somete y es adjudicado por un juez de inmigración conforme a 8 CFR 1208.2(b). Si el extranjero mantiene un estatus legal, USCIS rechazará el Formulario I-589 por impago, pero solo emitirá un NTA si los hechos respaldan un cargo de deportabilidad.[41]

Además, el rechazo por impago detendrá el reloj de autorización de empleo relacionado con el asilo conforme al nuevo 8 CFR 208.7(a)(1)(i), ya que la solicitud dejará de estar pendiente. Asimismo, cualquier solicitud pendiente de autorización de empleo conforme a 8 CFR 274a.12(c)(8) sería rechazada o denegada según el nuevo 8 CFR 208.7(a)(1)(iii) y (iv). Al rechazar USCIS la solicitud de asilo (página impresa 22958), cualquier autorización de empleo existente conforme a 8 CFR 274a.12(c)(8) se terminará de inmediato según el nuevo 8 CFR 208.7(b)(1). Según 8 U.S.C. 1810(b)(2) y el nuevo 8 CFR 208.7(b)(2), si la solicitud de asilo es denegada o rechazada por un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la autorización de empleo se terminará de inmediato en la fecha que sea 30 días después de la fecha de la denegación o el rechazo, a menos que el extranjero presente una apelación oportuna ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Según 8 U.S.C. 1810(b)(3) y el nuevo 8 CFR 208.7(b)(3), si la Junta de Apelaciones de Inmigración deniega una apelación de una denegación o rechazo de una solicitud de asilo, la autorización de empleo se terminará de inmediato.[42]

El DHS adopta las siguientes enmiendas al 8 CFR parte 208 para implementar el requisito del AAF de H.R.1:

○ De conformidad con 8 U.S.C. 1810(b)(1) a (3), la autorización de empleo terminará inmediatamente al momento de la denegación o rechazo de una solicitud de asilo por parte de USCIS (lo cual no incluye las solicitudes de asilo remitidas a un juez de inmigración); o

○ En la fecha que corresponda a los 30 días posteriores a la fecha en que un juez de inmigración deniegue una solicitud de asilo, a menos que el extranjero interponga una apelación oportuna ante la Junta de Apelaciones de Inmigración; o

○ Inmediatamente después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración deniegue una apelación de la denegación o rechazo de una solicitud de asilo.

La Sección 208 de la INA, 8 U.S.C. 1158, establece el marco estatutario que rige las solicitudes de asilo y los procedimientos relacionados. La Sección 208(a) establece una disposición general que indica que cualquier extranjero físicamente presente en los Estados Unidos o que llegue a ellos puede solicitar asilo, ya sea conforme a la Sección 208 o a la Sección 235, según corresponda, y también establece excepciones que describen a ciertos extranjeros que no son elegibles para solicitar asilo. La Sección 208(b) define los estándares para otorgar asilo y permite que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establezca limitaciones y condiciones adicionales bajo las cuales un extranjero no será elegible para el asilo.[44] La Sección 208(d) establece requisitos procesales y autoriza expresamente al Gobierno a imponer “tarifas por la consideración de una solicitud de asilo” y “tarifas por la autorización de empleo conforme a esta sección”, y permite que el DHS “establezca por reglamento cualquier otra condición o limitación sobre la consideración de una solicitud de asilo”.[45]

El Congreso reconoció así que la búsqueda de un extranjero de obtener el estatus de asilo ante el DHS está condicionada al pago de tarifas administrativas razonables y que el incumplimiento de dichos requisitos procesales convierte en nula cualquier intento de solicitud de asilo, ya que el DHS no puede considerarla.[46] Por lo tanto, la Sección 208 de la INA permite que el DHS condicione la continuidad de la tramitación de una solicitud de asilo, así como la conservación de los beneficios asociados a ella, al cumplimiento de las obligaciones de pago de tarifas establecidas.[47] El requisito de la H.R.1 de que el DHS recaude la AAF por cada año en que una solicitud permanezca pendiente opera plenamente dentro de los límites de la Sección 208 de la INA.[48] Por consiguiente, el DHS codifica que el incumplimiento del pago de la AAF dentro de un período de pago de 30 días tendrá consecuencias coherentes tanto con los requisitos procesales de la ley de asilo como con el propósito de aplicación de la ley migratoria de la H.R.1, descrito previamente en su aviso de tarifas de la H.R.1.[49] 90 FR 34511 (22 de julio de 2025).

Las regulaciones generales de presentación de USCIS exigen que toda solicitud de beneficio se presente “de conformidad con las instrucciones del formulario y las regulaciones aplicables”, las cuales incluyen los requisitos de tarifas.[50] Las regulaciones de USCIS también establecen que una solicitud de beneficio “será rechazada” si se presenta con una tarifa incorrecta, sin tarifa, o si de otro modo no cumple con las condiciones requeridas de pago de tarifas, lo cual codifica la práctica de larga data de rechazar las presentaciones que no incluyan las tarifas correspondientes.[51] Las tarifas constituyen un requisito previo para la presentación, y USCIS puede rechazar las presentaciones que no cumplan con los requisitos de tarifas establecidos por ley, reglamento o instrucciones del formulario.[52] Dado que 8 U.S.C. 1808(b) vincula el pago de la tarifa a cada año en que la solicitud “permanezca pendiente”, la consecuencia administrable, lógica y uniforme por falta de pago, luego de una notificación individualizada y un período de pago de 30 días, es el rechazo, en lugar de permitir que permanezca pendiente para su consideración en contra de los estatutos aplicables.[53] 90 FR 34511 (22 de julio de 2025).

El Congreso tuvo la intención de que 8 U.S.C. 1808 tuviera un efecto operativo tal que el incumplimiento en el pago de la AAF (tarifa anual de solicitud, por sus siglas en inglés) conllevara consecuencias significativas. Conforme a los principios establecidos de interpretación legal, incluida la regla contra la superfluidad, un estatuto debe interpretarse de manera que se dé efecto a cada disposición.[54] Interpretar 8 U.S.C. 1808 como la imposición de una tarifa anual obligatoria sin consecuencias por el incumplimiento del pago convertiría a la disposición en una nulidad, contrario a la intención del Congreso.[55]

El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) interpreta además el silencio de H.R.1 con respecto a la consecuencia específica por el incumplimiento del pago de la AAF de manera consistente con la práctica establecida desde hace tiempo por USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos). USCIS ha exigido de manera constante que las solicitudes de beneficios vayan acompañadas del pago correcto de la tarifa como condición para su presentación y (página impresa 22959) rutinariamente rechaza las solicitudes de beneficios que no incluyen la tarifa correcta.[56] Este marco bien establecido para exigir el pago de la tarifa correcta es anterior a H.R.1 y se refleja en las regulaciones vigentes del DHS.[57] Como tal, el DHS considera que la mejor interpretación del estatuto es que el Congreso, al promulgar el requisito de la AAF, presumió que USCIS aplicaría su práctica existente para el cumplimiento del pago de tarifas y no vio la necesidad de codificar explícitamente en el estatuto las consecuencias por el incumplimiento del pago. En consecuencia, el DHS interpreta que 8 U.S.C. 1808 opera en conjunto con la práctica existente de tarifas de USCIS, conforme a la cual el incumplimiento de los requisitos de pago de tarifas resulta en el rechazo de la solicitud de beneficios.[58]

Por lo tanto, el DHS considera que la mejor interpretación del mandato de la AAF de H.R.1, leído en conjunto con la sección 208 de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad), es exigir el cumplimiento del pago de la tarifa como condición para la continuación de la tramitación y la consideración por parte de USCIS de la solicitud de asilo.[59] Interpretar que la sección 208(d)(3) de la INA y 8 U.S.C. 1808(b) autorizan el rechazo de un Formulario I-589 por incumplimiento de pago después de la notificación y un período de pago de 30 días es la mejor interpretación, porque el Congreso vinculó una tarifa anual a cada año en que una solicitud “permanece pendiente”, haciendo así que la tramitación continua y la consideración de la solicitud por parte de USCIS después de dicho año dependan del pago.[60] 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Esta interpretación también satisface el estándar de toma de decisiones razonada porque promueve directamente los objetivos de recuperación de costos y disuasión del Congreso mediante un desencadenante claro y administrable.[61] Además, esta regla final interina no tendrá efecto retroactivo porque no “menoscaba derechos que una parte poseía cuando actuó, aumenta la responsabilidad de una parte por conductas pasadas, ni impone nuevos deberes con respecto a transacciones ya completadas.”[62] El evento desencadenante es la tramitación pendiente de la solicitud durante un año a partir de una fecha posterior a la promulgación y la continuación de dicha tramitación pendiente. La fecha más temprana en que cualquier pago de la AAF pudo vencer fue al cierre del año fiscal 2025 y las consecuencias específicas enunciadas en la regla no se aplicarán hasta que un solicitante reciba notificación de dichas consecuencias conforme a la regla y una oportunidad de 30 días para cumplir con el requisito. Como tal, el pago oportuno es un requisito prospectivo, no una sanción retroactiva inadmisible. En consecuencia, codificar el rechazo por incumplimiento de pago de la AAF implementa la mejor interpretación de la sección 208(d)(3) de la INA y 8 U.S.C. 1808(b).[63]

Conforme a esta regla final, el incumplimiento en el pago de la AAF requerida por 8 U.S.C. 1808 resulta en el rechazo de la solicitud de asilo pendiente conforme a los nuevos 8 CFR 106.2(c)(15)(ii) y 8 CFR 208.3(c)(3). De manera consistente con esa determinación, el rechazo por incumplimiento en el pago de la AAF resultará en la terminación de la acumulación de tiempo hacia la elegibilidad para la autorización de empleo conforme a los nuevos 8 CFR 208.3(c)(3)(i) y 8 CFR 208.7(a)(1)(i). Además, el rechazo del Formulario I-589 por incumplimiento en el pago de la AAF resultará en el rechazo o la denegación de cualquier solicitud relacionada de autorización de empleo que aún esté pendiente conforme a los nuevos 8 CFR 208.7(a)(1)(iii) o (iv), o en la terminación inmediata de la autorización de empleo relacionada según lo exigido por 8 U.S.C. 1810(b)(1) y el nuevo 8 CFR 208.7(b)(1).[64] Estas consecuencias requerirán que los solicitantes de asilo cumplan con las obligaciones de pago de tarifas establecidas en la ley mientras mantienen pendientes sus solicitudes de asilo. Estos cambios aseguran que tanto una denegación como un rechazo de un Formulario I-589 resulten en la misma consecuencia para efectos de la elegibilidad de autorización de empleo conforme a 8 CFR 274a.12(c)(8).

El DHS evaluó varias alternativas al marco de consecuencias adoptado para garantizar que la norma refleje la mejor interpretación de H.R.1 y de la INA, y que satisfaga el requisito de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) de una toma de decisiones razonada.[65] Por las razones que se explican a continuación, el DHS concluyó que el enfoque seleccionado, el rechazo por falta de pago de la AAF (y posiblemente la emisión de un NTA o el inicio de la remoción acelerada cuando corresponda), lograba de la mejor manera los propósitos de ejecución y disuasión de H.R.1 y era administrativamente superior a las siguientes alternativas consideradas.

El DHS consideró tratar la falta de pago como motivo de denegación conforme a 8 CFR 103.2(a)(7)(ii)(D)(1) en lugar de un rechazo vinculado a una condición de presentación establecida por ley. El uso del rechazo por un defecto de cumplimiento de tarifa se ajusta al marco existente de 8 CFR 103.2, en el cual las presentaciones "deben ejecutarse y presentarse de conformidad con las instrucciones del formulario y los reglamentos aplicables", incluidos los requisitos de tarifas, y "serán rechazadas" si se presentan con una tarifa incorrecta o faltante.[66] Además, una denegación en lugar de un rechazo podría activar los procesos de mociones conforme a 8 CFR 103.3 y 103.5, lo que añadiría capas de procedimiento y demoras incompatibles con la indicación de H.R.1 de que la AAF debe acompañar cada año en que una solicitud "permanezca pendiente".[67] Finalmente, los reglamentos de asilo vigentes[68] contemplan la denegación del Formulario I-589 cuando el solicitante mantiene un estatus migratorio legal o se encuentra dentro de un período válido de libertad condicional (parole).

El DHS también consideró una alternativa en la que una AAF impaga resultaría en un rechazo, sin la emisión posterior de un NTA, pero con una prohibición de volver a presentar el Formulario I-589 ante USCIS. El DHS rechazó esta alternativa porque una prohibición categórica de volver a presentar la solicitud podría requerir un proceso administrativamente gravoso para evaluar excepciones a fin de mantener la coherencia con la sección 208(a)(1) de la INA, 8 U.S.C. 1158(a)(1). Además, una prohibición general de volver a presentar sería difícil de administrar de manera justa y podría excluir reclamaciones de protección genuinas, en contra del propósito humanitario de la ley.[69] La emisión de un NTA o el inicio de la remoción acelerada ofrece a los extranjeros una vía para presentar sus reclamaciones de protección genuinas, ya sea ante un juez de inmigración con autoridad para otorgar la suspensión de la remoción o la protección conforme a la Convención contra la Tortura, o ante un oficial de asilo con autoridad para realizar una evaluación de temor (página impresa 22960).[70]

El DHS también consideró mantener las solicitudes en suspenso en caso de falta de pago (es decir, sin decisión, sin rechazo y sin cobro de intereses), manteniendo así el caso pendiente hasta que se pague la tarifa obligatoria de la AAF. Este enfoque fue rechazado porque permitiría una pendencia indefinida a pesar del incumplimiento, frustrando el requisito de H.R.1 de que la tarifa anual acompañe cada año en que una solicitud "permanezca pendiente".[71] La estructura de la AAF también demuestra la preocupación del Congreso respecto de los solicitantes de asilo que presentan el Formulario I-589 para evitar sin fundamento la remoción y obtener autorización de empleo, mientras se aprovechan del atraso en los casos de asilo o utilizan tácticas dilatorias para evitar una adjudicación definitiva de su solicitud. Si el DHS mantuviera las solicitudes del Formulario I-589 en suspenso indefinido por falta de pago de la AAF, esto agravaría precisamente el problema que el Congreso pretendía abordar. El mantenimiento en suspenso también agravaría los atrasos y la presión sobre los recursos, en lugar de promover los objetivos de ejecución y recuperación de costos de H.R.1, en contra de la expectativa de la APA de una disposición administrativa pronta.[72] En resumen, el mantenimiento en suspenso preservaría o empeoraría precisamente los incentivos que la AAF de H.R.1 fue diseñada para contrarrestar y, por lo tanto, no resulta apropiado. 8 U.S.C. 1808.

El Congreso promulgó la Ley Pública H.R.1, en parte, para especificar nuevos límites uniformes y tarifas para la autorización de empleo y los períodos de autorización de empleo en relación con el TPS (Estatus de Protección Temporal).[73] El artículo 8 U.S.C. 1803(c) dispone que cada autorización de empleo inicial basada en el TPS “será válida por un período de 1 año, o por la duración del estatus de protección temporal del extranjero, lo que sea más corto”, e impone una tarifa adicional para un extranjero que presente una solicitud inicial de EAD de TPS, tarifa que no puede ser exonerada ni reducida. El artículo 8 U.S.C. 1811(a) dispone asimismo que cualquier autorización de empleo otorgada a un extranjero con TPS, o cualquier renovación o extensión de dicha autorización, “será válida por un período de 1 año o por la duración de la designación del estatus de protección temporal, lo que sea más corto”, y establece una tarifa de renovación o extensión que no puede ser exonerada ni reducida. Según sus términos, estas disposiciones limitan la autorización de empleo relacionada con el TPS a un año o al tiempo restante de la designación, lo que sea más corto, sin ninguna excepción específica del TPS que permita exceder dicho límite.[74]

En su aviso de tarifas de la Ley H.R.1, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) resumió estas disposiciones sobre las tarifas de autorización de empleo del TPS y reiteró las reglas de validez de un año o de la duración de la designación para las solicitudes iniciales y de renovación/extensión, señalando la prohibición legal de exonerar las tarifas de la Ley H.R.1 y la tarifa reglamentaria preexistente y separada que aún puede ser exonerada conforme al 8 CFR parte 106. 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Posteriormente, USCIS comenzó a aplicar las reglas de validez a la autorización de empleo basada en el TPS.[75] Esta norma provisional final (IFR, por sus siglas en inglés) actualiza las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las partes 244 y 274a del 8 CFR para ajustarse al mandato legal establecido en la Ley H.R.1.

El artículo 244 de la INA, 8 U.S.C. 1254a, autoriza al Secretario a designar países para el TPS, a otorgar el TPS a nacionales elegibles y a brindar beneficios a un extranjero en estatus de TPS, incluida la elegibilidad para la autorización de empleo. El artículo 244(a)(1) de la INA, 8 U.S.C. 1254a(a)(1), establece que el Secretario “podrá otorgar al extranjero el estatus de protección temporal” y “deberá autorizar al extranjero a desempeñar un empleo en los Estados Unidos y proporcionarle una anotación de autorización de empleo u otro permiso de trabajo apropiado”. El artículo 244(a)(2) de la INA, 8 U.S.C. 1254a(a)(2), agrega que la autorización de empleo asociada con el TPS “tendrá vigencia durante todo el período en que el extranjero se encuentre en estatus de protección temporal conforme a esta sección”. El artículo 244(a)(4) de la INA, 8 U.S.C. 1254a(a)(4), requiere además la entrega de beneficios de tratamiento temporal, incluida la autorización de empleo, a un extranjero que establezca un caso prima facie de elegibilidad para el TPS, hasta que se emita una determinación final o hasta que se abra una oportunidad razonable de registro, según corresponda.

Las regulaciones del DHS que rigen las categorías de autorización de empleo reflejan los requisitos del artículo 244(a) de la INA, 8 U.S.C. 1254a(a). Conforme al 8 CFR 274a.12(a)(12), los extranjeros a quienes se les ha otorgado el TPS están autorizados para trabajar “de manera incidental a su estatus” como condición de su estatus migratorio. Un extranjero puede solicitar un EAD presentando el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, y USCIS emitirá EAD en la categoría (a)(12) a las personas a quienes se les haya otorgado el TPS y que presenten el Formulario I-765. Conforme al 8 CFR 274a.12(c)(19), USCIS otorgará la autorización de empleo y emitirá EAD en la categoría (c)(19) a los solicitantes de TPS respecto de los cuales USCIS haya determinado que son elegibles prima facie para el TPS y que, por lo tanto, reciben beneficios de tratamiento temporal mientras sus solicitudes están pendientes. El reglamento 8 CFR 244.5 refleja el artículo 244(a)(4) de la INA, 8 U.S.C. 1254a(a)(4), al proporcionar beneficios de tratamiento temporal, incluida la autorización de empleo, a los solicitantes elegibles prima facie durante la tramitación de la solicitud de TPS. Desde el inicio del TPS, el DHS ha tratado tanto a los beneficiarios de TPS como a los solicitantes de TPS elegibles prima facie como autorizados para trabajar de manera continua durante la designación y durante cualquier extensión de la designación, utilizando avisos en el Registro Federal para extender automáticamente la vigencia de los EAD existentes basados en el TPS (generalmente por seis o doce meses) a fin de proporcionar evidencia continua de autorización de empleo mientras los que se vuelven a registrar esperan la adjudicación de sus Formularios I-765 para obtener EAD de renovación.[76]

(página impresa 22961)

Textualmente, 8 U.S.C. 1803(c) y 8 U.S.C. 1811(a) parecen entrar en conflicto con la redacción del INA sec. 244(a)(2), 8 U.S.C. 1254a(a)(2), que establece que la autorización de empleo basada en el TPS es "efectiva durante" todo el periodo del TPS, porque imponen un límite específico de un año o la duración de la designación a la autorización de empleo relacionada con el TPS, mientras que la sección 244(a)(2), 1254a(a)(2), se expresa en términos basados en el estatus sin prescribir una duración.[77] El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe implementar los límites explícitos de H.R.1 para los periodos de autorización de empleo relacionados con el TPS de una manera fiel tanto al texto legal nuevo como al preexistente.

Las disposiciones sobre duración de H.R.1 fueron promulgadas con posterioridad y se refieren directamente al alcance temporal de la autorización de empleo basada en el TPS; imponen un tope expreso, un año o la duración de la designación (el periodo que sea más corto), sobre cuánto tiempo puede permanecer válida la autorización de empleo en cualquier otorgamiento o renovación individual.[78] Al leer conjuntamente 8 U.S.C. 1803(c) y 8 U.S.C. 1811(a) con el INA sec. 244, 8 U.S.C. 1254a, conforme a las herramientas ordinarias de interpretación, el DHS da efecto a ambas leyes asignándoles funciones complementarias: el INA sec. 244, 8 U.S.C. 1254a, continúa definiendo quién es elegible para obtener autorización de empleo (los beneficiarios del TPS conforme a 8 CFR 274a.12(a)(12) y los solicitantes con elegibilidad prima facie que reciben beneficios de tratamiento temporal conforme a 8 CFR 274a.12(c)(19) y 8 CFR 244.5), mientras que H.R.1 establece la duración máxima de cada periodo de autorización en ambas categorías.[79]

Cuando el INA sec. 244(a)(2), 8 U.S.C. 1254a(a)(2), establece que la autorización de empleo es "efectiva durante" el TPS, el DHS interpreta esto como un derecho basado en el estatus a ser elegible para la autorización durante la vigencia de la designación del TPS, y no como una garantía de que un periodo de autorización individual pueda exceder el límite específico de H.R.1.[80] La aplicación del principio de la ley posterior en el tiempo resuelve la tensión textual al permitir que el derecho conforme al INA sec. 244, 8 U.S.C. 1254a, persista, mientras que el mandato posterior y más específico de H.R.1 regula la duración de cada autorización.[81] Esta interpretación armonizada proporciona una regla clara y administrable que se alinea con la estructura de H.R.1 de tarifas iniciales y de renovación vinculadas a periodos de autorización de empleo de duración limitada.[82]

El DHS está aplicando los límites de los periodos de autorización de empleo de H.R.1 al exigir que la autorización de empleo del TPS se renueve a intervalos de un año, o el tiempo restante de la designación del TPS, si es más corto, tanto para los beneficiarios conforme a 8 CFR 274a.12(a)(12) como para los solicitantes con elegibilidad prima facie conforme a 8 CFR 274a.12(a)(19).[83] El DHS reconoce que, cuando una designación de TPS es de más de 12 meses, un posible efecto de este requisito de renovación puede ser que algunos beneficiarios del TPS o solicitantes con elegibilidad prima facie enfrenten interrupciones en la autorización de empleo y sufran una pérdida temporal de empleo hasta que reciban una renovación de la autorización de empleo. En la actualidad, los plazos vigentes de las designaciones de TPS no colocan a los beneficiarios y solicitantes de TPS en riesgo de experimentar interrupciones en la autorización de empleo.[84] Además, en los casos en que las designaciones de TPS se han extendido automáticamente por 6 meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha extendido automáticamente los EAD a fin de evitar interrupciones en la autorización de empleo. En caso de que futuras designaciones, redesignaciones o extensiones de TPS se establezcan por más de 12 meses, los solicitantes que busquen evitar interrupciones en la autorización de empleo y en la vigencia del EAD deberán presentar renovaciones oportunas para mantener la autorización de empleo durante el resto de la designación o extensión, y cada renovación se aprobará únicamente por el periodo máximo permitido conforme a H.R.1, es decir, por un año o por la duración restante de la designación del TPS, lo que sea más corto.[85] Al exigir que los beneficiarios del TPS y los solicitantes con elegibilidad prima facie renueven periódicamente sus solicitudes de autorización de empleo, este enfoque proporciona puntos de control previsibles para la verificación de identidad, elegibilidad y seguridad.[86] Ayuda a garantizar que los extranjeros no posean EAD aparentemente válidos basados en el TPS cuando las designaciones de TPS subyacentes ya no existan, incluso cuando una designación esté por concluir o haya sido terminada.[87] Todo documento que acredite la autorización de empleo (por ejemplo, un EAD) debe reflejar, y no puede exceder, el periodo de autorización subyacente establecido por H.R.1, de manera que la validez documental y la autorización legal que esta acredita permanezcan alineadas.[88]

El DHS adopta los siguientes cambios regulatorios para implementar el límite sustantivo de H.R.1 sobre la autorización de empleo incidental al TPS: 1 año o la duración restante de la designación de TPS, lo que sea menor:

El DHS está revisando esta sección para (1) establecer que la autorización de empleo otorgada como beneficio de tratamiento temporal a los solicitantes de TPS elegibles prima facie no puede exceder 1 año o la duración restante de la designación de TPS, lo que sea menor; y (2) exigir que el solicitante obtenga una renovación de la autorización de empleo si la designación de TPS aún no ha terminado para continuar la autorización más allá de cada período de autorización de empleo.

El DHS revisa el 8 CFR 244.12(a) para (1) establecer el límite de un año o la duración de la designación para la autorización de empleo de los beneficiarios del TPS; y (2) exigir que el beneficiario obtenga una renovación de la autorización de empleo si la designación de TPS aún no ha terminado para continuar la autorización más allá de cada período de autorización de empleo. El DHS también revisa el 8 CFR 244.12(d) para sujetar las extensiones de la autorización de empleo durante la tramitación de cualquier renovación o apelación en procedimientos administrativos a la limitación de un año o la duración de la designación descrita en el 8 CFR 244.12(a) revisado.

El DHS revisa el 8 CFR 274a.12(a)(12) y (c)(19) para hacer referencia cruzada a las limitaciones del período de validez especificadas en el 8 CFR 244.5(d) y 244.12(a), y alinea la validez del EAD ( página impresa 22962) con el período de empleo autorizado subyacente.

Aunque el DHS no está codificando una disposición de divisibilidad en el texto regulatorio, el DHS tiene la intención de que las disposiciones de esta norma final interina sean completamente divisibles. La decisión de no codificar una cláusula de divisibilidad tiene como fin evitar posible confusión entre las múltiples partes del CFR enmendadas aquí (8 CFR partes 103, 106, 208, 244 y 274a), las cuales rigen programas, autoridades y procedimientos distintos, y mantener el texto regulatorio conciso y legible. El DHS considera que las disposiciones de esta norma pueden funcionar de manera independiente entre sí, y la ausencia de una disposición de divisibilidad codificada no debe interpretarse como una intención distinta de la que tendría si dicho lenguaje estuviera incluido. Si alguna disposición de esta norma, o la aplicación de alguna disposición a cualquier persona, entidad o circunstancia, es suspendida o declarada inválida, el resto de la norma, y la aplicación de la disposición afectada a otras personas, entidades o circunstancias, no se verán afectados. Sin limitación, cada sección, subsección, oración, cláusula y elemento enmendado (incluyendo, entre otros, las disposiciones de tarifas bajo la parte 106, las disposiciones de tarifas de asilo y la consecuencia de la AAF en la parte 208, y los requisitos de duración y renovación de la autorización de empleo del TPS en las partes 244 y 274a) tiene la intención de ser operativo de manera independiente y divisible de los demás.

El DHS no está modificando ninguna exención ni dispensa de tarifas en el 8 CFR parte 106 en esta norma. Las tarifas impuestas por H.R.1 no pueden ser dispensadas ni reducidas. Si bien la sección 245(l)(7) de la INA, 8 U.S.C. 1255(l)(7), exige que el DHS permita una solicitud de dispensa de las tarifas requeridas para ciertas solicitudes de beneficios migratorios, H.R.1 reemplaza ese requisito. Por lo tanto, el USCIS no puede dispensar dicha tarifa requerida por H.R.1 y no se puede presentar una solicitud de este tipo. La imposibilidad de dispensar una tarifa de H.R.1 no requiere cambios en las regulaciones de tarifas del DHS en las 8 CFR partes 103 y 106. Las dispensas y exenciones de tarifas en el 8 CFR 106.3(a)(3) enumeran las tarifas del USCIS que pueden ser dispensadas o que están exentas, y al dejar esas disposiciones sin cambios, las tarifas de H.R.1 no están incluidas ni explícita ni implícitamente como tarifas que puedan ser dispensadas o exentas. Además, las dispensas de tarifas por interés público y las exenciones autorizadas por el 8 CFR 106.3(c) deben ser consistentes con la ley aplicable. Por lo tanto, esa disposición no autoriza el alivio del pago de las tarifas de H.R.1 y no se requiere ninguna enmienda o aclaración.

Las exenciones de tarifas previstas en el 8 CFR parte 106 no se aplican a las nuevas tarifas codificadas en esta norma. Así, por ejemplo, las exenciones de tarifas previstas para el Formulario I-131 del USCIS en el 8 CFR 106.2(a)(7)(v) y (vi) se aplican a la tarifa base del USCIS para el Formulario I-131, mientras que la tarifa de H.R.1 por haber sido admitido en libertad condicional (parole) hacia los Estados Unidos sigue siendo requerida.

Como se señala en otras partes del preámbulo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está adecuando sus reglamentos a los cambios estatutarios que otorgan poca discreción a la agencia en su interpretación y promulgación. Cuando los reglamentos simplemente reiteran el estatuto que implementan (es decir, cuando la norma no modifica el orden jurídico establecido), la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) no exige que la agencia utilice los procedimientos de notificación y comentario público. Véase 5 U.S.C. 553(b)(B); Gray Panthers Advocacy Comm. v. Sullivan, 936 F.2d 1284, 1291 (D.C. Cir. 1991). Siempre que la agencia no amplíe el alcance sustantivo del estatuto para imponer nuevas obligaciones, sanciones o requisitos sustantivos de elegibilidad, es decir, siempre que la agencia «simplemente reitere» el estatuto, no es necesario el procedimiento de notificación y comentario público. Véase World Duty Free Americas, Inc. v. Summers, 94 F. Supp. 2d 61, 65 (D.D.C. 2000).

Además, los tribunales han sostenido de manera uniforme que existe «causa justificada» conforme a la excepción de notificación y comentario público de la APA cuando la demora resultaría impracticable, innecesaria o contraria al interés público.[89] Se considera que los procedimientos de reglamentación son «innecesarios» cuando el uso de dichos procedimientos sería intrascendente para la industria y la norma es de carácter rutinario.[90] Los tribunales han determinado que se cumple el criterio de innecesariedad si, por ejemplo, la revocación o modificación de una norma es necesaria para lograr coherencia con la legislación o con una decisión judicial, y no existe margen para el debate público sobre el curso de acción de la agencia.[91]

La APA exige que el DHS proporcione notificación pública y solicite comentarios del público sobre los reglamentos sustantivos. Véase 5 U.S.C. 553. No obstante, la APA establece excepciones limitadas a este requisito de notificación y comentario público, entre ellas, para las «normas de organización, procedimiento o práctica de la agencia». 5 U.S.C. 553(b)(A).

La Ley H.R.1, promulgada el 4 de julio de 2025, establece el requisito de que el DHS recaude nuevas tarifas estatutarias durante el año fiscal 2025, limite la duración de los documentos de autorización de empleo (EAD) y ejecute el cumplimiento de dichas tarifas.[92] Esta norma final tanto codifica los requisitos estatutarios de pago y cobro de tarifas, como establece que dichas tarifas no pueden ser exoneradas ni reducidas. El DHS reconoce el impacto sustantivo de las nuevas tarifas sobre las partes afectadas, pero el DHS no tiene discreción alguna para dejar de imponer dichas tarifas, y debe determinar su implementación, los procesos conexos y las consecuencias por incumplimiento.[93] La ley H.R.1 entró en vigor al momento de su promulgación, y el DHS debe implementarla proporcionando los procedimientos tanto para los solicitantes como para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en cuanto al pago, cobro, y las consecuencias por falta de pago.[94]

Si bien el DHS comenzó a recaudar muchas de las disposiciones de tarifas de la H.R.1 mediante notificación,[95] el DHS también señaló que algunas de las tarifas requerirían una implementación adicional. Esta norma provisional con solicitud de comentarios (IFR) codifica varios de los requisitos estatutarios de la H.R.1 relativos al pago de ciertas tarifas, además de las tarifas existentes, que la tarifa de solicitud de asilo es exigible al momento de la presentación y se retendrá independientemente de que la solicitud sea rechazada, y los nuevos períodos estatutarios del EAD para los solicitantes de asilo y para el Estatus de Protección Temporal (TPS).

(página impresa 22963)

El DHS reconoce que no todas las normas que podrían clasificarse como procesales están exentas, y que la distinción entre normas sustantivas y procesales no es una línea clara.[96] Casi todas las normas procesales afectan los derechos sustantivos en cierta medida, y las normas sustantivas están delimitadas y definidas por disposiciones procesales.[97] Una norma procesal no puede alterar los derechos o intereses de las partes, aunque puede modificar la manera en que las partes se presentan a sí mismas o exponen sus puntos de vista ante la agencia, y el factor determinante es si el efecto sustantivo es suficiente para establecer que se necesita la notificación y el comentario público a fin de salvaguardar las políticas subyacentes a la APA.[98]

Al aplicar la excepción a esta norma, el DHS considera que los procedimientos establecidos para tramitar los nuevos requisitos estatutarios de tarifas están intrínsecamente ligados a las tarifas mismas, y que no aplicarlos dejaría sin efecto los requisitos de tarifas. Por consiguiente, el DHS es de la opinión de que podría prescindir por completo del proceso de reglamentación y podría mantener la tarifa de solicitud de asilo y rechazar un Formulario I-589 por falta de pago de dicha tarifa mediante orientación interna. Sin embargo, el DHS está codificando este requisito en aras de la accesibilidad y la difusión pública. Por lo tanto, dado que los procedimientos codificados son necesariamente conexos para implementar las tarifas, de modo que no añaden más requisitos que los exigidos por la propia ley en materia de tarifas, dichos procedimientos se relacionan con la organización y práctica de la agencia (5 U.S.C. 553(b)(A)), por lo que la notificación y el comentario público previos no son necesarios.

En consecuencia, el DHS encuentra causa justificada para emitir esta norma como una Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés). La entrada en vigor inmediata es necesaria para cumplir con el mandato del Congreso y responde al interés público. Aunque la Ley H.R.1 prescribe estos requisitos, el DHS reconoce el valor de los comentarios públicos y publica esta norma como una IFR con una solicitud de comentarios del público. El DHS tiene la intención de publicar una norma final y considerará todos los comentarios oportunos presentados durante el período de comentarios públicos, según se describe en la sección de Direcciones, al elaborar dicha norma, así como al emitir orientación relacionada con la Ley H.R.1.

Las Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria) y 13563 (Mejora de la Regulación y de la Revisión Regulatoria) ordenan a las agencias evaluar los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si la regulación es necesaria, seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos. La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de cuantificar tanto los costos como los beneficios, de reducir los costos, de armonizar las normas y de promover la flexibilidad. La Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación) ordena a las agencias reducir significativamente los gastos privados requeridos para cumplir con las regulaciones federales y dispone que “cualquier costo incremental nuevo asociado con nuevas regulaciones deberá, en la medida permitida por la ley, ser compensado mediante la eliminación de costos existentes asociados con al menos 10 regulaciones anteriores”.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) no ha designado esta norma como una “acción regulatoria significativa” conforme a la sección 3(f) de la Orden Ejecutiva 12866. En consecuencia, la OMB no la ha revisado.

Esta norma no constituye una acción regulatoria conforme a la Orden Ejecutiva 14192, debido a que se emite con respecto a una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos. El propósito directo principal de la norma es implementar o interpretar las leyes de inmigración de los Estados Unidos (según se describe en la sección 101(a)(17) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(17)) o cualquier otra función desempeñada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos con respecto a los extranjeros. Véase el Memorando M-25-20 de la OMB, “Orientación para la Implementación de la Sección 3 de la Orden Ejecutiva 14192, titulada 'Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación'” (26 de marzo de 2025).

En general, la elaboración de normas comienza con la formulación de un problema que necesita resolverse y el análisis de los mecanismos mediante los cuales las regulaciones modificadas resolverían los asuntos pertinentes y cuáles serían los impactos resultantes en relación con la línea de base apropiada. Una línea de base es la mejor evaluación de cómo se vería el mundo en ausencia de la acción regulatoria, es decir, una línea de base mide el estado actual del mundo. El DHS evalúa los beneficios y costos de una acción regulatoria en relación con la línea de base. En esta norma, el DHS está actualizando el CFR para codificar los detalles y cambios requeridos en la Ley H.R.1. Por lo tanto, la línea de base apropiada para esta IFR es una línea de base estatutaria, como la Ley H.R.1 en este caso, a partir de la cual podemos evaluar el impacto económico de la norma en relación con la ley actual y existente.

Como se describe en el preámbulo, esta IFR implementa los siguientes cambios regulatorios:

1. Tarifa del Formulario I-94 requerida por 8 U.S.C. 1807: Establece un requisito de tarifa que, para el USCIS, se aplica a la presentación del Formulario I-102, Solicitud de Documento de Llegada/Salida para No Inmigrante de Reemplazo/Inicial. Nuevo 8 CFR 103.7(d)(4).[99]

2. Tarifa Anual de Asilo requerida por 8 U.S.C. 1808: Codifica el requisito de que un extranjero pague la AAF (Tarifa Anual de Asilo) y establece que, procesalmente, el incumplimiento del pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación resulta en el rechazo de la solicitud de asilo pendiente y la denegación de cualquier solicitud asociada de autorización de empleo. Nuevos 8 CFR 106.2(c)(15)(ii) y 208.3(c)(6).

3. Retención de la Tarifa de la Solicitud de Asilo requerida por 8 U.S.C. 1802: Codifica el requisito de tarifa y dispone que la tarifa de presentación de la solicitud de asilo es retenida por el USCIS si se rechaza un Formulario I-589, de conformidad con 8 CFR 103.2. Nuevo 8 CFR 106.2(c)(14).

4. Validez de la Autorización de Empleo del TPS requerida por 8 U.S.C. 1803(c) y 8 U.S.C. 1811(a): Limita la autorización de trabajo y cualquier documento de autorización de empleo asociado bajo el TPS a un año, o al período restante de la designación si este fuera menor, con cambios conformes para garantizar la coherencia en todas las regulaciones del DHS. Nuevos 8 CFR 274a.12(a)(12) y 274.12(c)(19).

Los 4 elementos son requeridos explícitamente por ley. Sin embargo, el DHS está ejerciendo discreción limitada en la implementación de los elementos 1 a 3 para establecer los cambios de procedimiento requeridos para dicha implementación. Por lo tanto, este análisis examina los impactos de la forma en que el DHS implementa las tarifas del Formulario I-102 (para un Formulario I-94 de reemplazo según lo exige la H.R.1), las consecuencias de no pagar la AAF, y la retención de la tarifa de solicitud de asilo después del rechazo del Formulario I-589.

La Tabla 2 resume los impactos estimados de las disposiciones de la IFR. (página impresa 22964)

Tabla 2: Resumen de las disposiciones e impactos económicos de la IFR

Además de los impactos resumidos anteriormente, y según lo requiere la Circular A-4 de la OMB, el DHS presenta en la Tabla 3 el estado de cuenta contable que muestra los costos, beneficios y transferencias anticipados asociados con esta regulación.[101]

Tabla 3: Estado de cuenta contable A-4 de la OMB (en millones de dólares, 2024)

[Período de tiempo: año fiscal 2025 al año fiscal 2033]

La Ley H.R.1 fue promulgada el 4 de julio de 2025, y ordenó tarifas específicas para diversos formularios, beneficios, estatus, peticiones, solicitudes y requerimientos relacionados con inmigración administrados por múltiples agencias gubernamentales. En cumplimiento de la implementación del texto de la Ley H.R.1, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicaron múltiples Avisos en el Registro Federal (FRN) (90 FR 34511 (22 de julio de 2025), 90 FR 42025 (28 de agosto de 2025), 90 FR 43223 (8 de septiembre de 2025), y 90 FR 48317 (16 de octubre de 2025)) anunciando algunas de las nuevas tarifas administradas por USCIS, a quiénes se aplican dichas tarifas, cuándo entran en vigor las nuevas tarifas, instrucciones sobre su pago, cuándo y si las tarifas pueden ser exoneradas, y las consecuencias del incumplimiento de pago. El propósito de esta IFR es ampliar los avisos anteriores publicados en el Registro Federal y codificar los requisitos estatutarios de la Ley H.R.1, y este Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) analiza los impactos de esta acción regulatoria.

Esta IFR codifica la implementación de tarifas para varias poblaciones de extranjeros según lo ordenado por el Congreso, tal como se establece en la Ley H.R.1. Las poblaciones relevantes se describen a continuación.

La Sección 1807 del Título 8 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) exige una tarifa de $24 para todo extranjero que “presente una solicitud para el Formulario I-94.” Debido a que USCIS implementa esta tarifa a través de la presentación del Formulario I-102, la aplicación del lenguaje literal de esta parte de la Ley H.R.1 para USCIS indica que la población afectada apropiada son los solicitantes del Formulario I-102 de USCIS, Solicitud de Documento de Llegada/Salida de No Inmigrante de Reemplazo/Inicial. La Tabla 4 muestra datos sobre las presentaciones del Formulario I-102 desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2025, incluyendo el promedio de 5 años.

Tabla 4. Historial de los Formularios I-102, Solicitud de Documento de Llegada/Salida de No Inmigrante de Reemplazo/Inicial, Año Fiscal 2021 a Año Fiscal 2025

Se estima que la población afectada de solicitantes del Formulario I-102 es de 4,120 extranjeros por año.

La Ley H.R.1 exige nuevas tarifas para los extranjeros que solicitan asilo. En primer lugar, la Ley H.R.1 exige el pago de una tarifa de $100 por parte de cualquier extranjero que presente una solicitud de asilo, al momento de presentar dicha solicitud. 8 U.S.C. 1802. La Tabla 5 muestra los datos históricos de las presentaciones del Formulario I-589 para los años fiscales 2021 a 2025, incluido el promedio de 5 años de los datos históricos.

Tabla 5. Población histórica de presentaciones del Formulario I-589

USCIS estima que la población aplicable para la tarifa de solicitud de asilo será de 337,763 extranjeros anualmente.

En segundo lugar, la Sección 100009 de la Ley H.R.1, 8 U.S.C. 1808, exige que USCIS recaude la AAF (Tarifa Anual de Asilo) para el AF 2025 en adelante.[102] 90 FR 34511 (22 de julio de 2025). Esto implica que todos los solicitantes de asilo con solicitudes pendientes deben pagar una tarifa anual mínima de $100 por cada año calendario en que la solicitud “permanezca pendiente”, además de cualquier otra tarifa aplicable. 8 U.S.C. 1808. Por lo tanto, la población pertinente sujeta a esta tarifa es la totalidad de los extranjeros actuales y futuros que hayan presentado o presentarán el Formulario I-589 ante USCIS, respectivamente.

La Tabla 6 muestra la población estimada durante el período de análisis, con una población total a 10 años de 30,692,385 extranjeros obligados a pagar la tarifa anual de asilo exigida por el Congreso.[103]

Tabla 6. Número estimado de presentaciones del Formulario I-589, AF 2026-AF 2035

Finalmente, la H.R.1 también modifica el período de validez de la autorización de empleo para los extranjeros que hayan solicitado el TPS (Estatus de Protección Temporal) o a quienes se les haya otorgado el TPS, de manera que el período de validez de la autorización de empleo y del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) resultante se limita a un año o a la duración del estatus temporal, lo que sea más corto. Esta disposición afectaría a dos categorías separadas de autorización de empleo: [104] (a)(12) para las personas a quienes se les ha otorgado el TPS y (c)(19) para los solicitantes que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha determinado que son elegibles prima facie para el TPS. La Tabla 7 y la Tabla 8 muestran datos históricos tanto para la clasificación (a)(12) como para la (c)(19) desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2025, incluyendo los promedios de 5 años.

Tabla 7. Solicitudes históricas del Formulario I-765, Clasificación (A)(12)

Tabla 8. Solicitudes históricas del Formulario I-765 con la clasificación (c)(19), AF 2021 a AF 2025

Dado que la autorización de empleo debe estar aprobada para que exista un período de validez, la población apropiada para ambas clasificaciones corresponde a los Formularios I-765 aprobados. Suponiendo que las tendencias históricas continúen siendo estables en el futuro, las poblaciones estimadas afectadas son 103,747 para los EAD de la (A)(12) y 61,930 para los EAD de la (C)(19) (véase la Tabla 7 y la Tabla 8).

Las secciones de antecedentes y de población descritas anteriormente describen las poblaciones afectadas por esta norma. En la mayoría de los casos, los impactos sobre estas poblaciones provienen directamente de los cambios que el Congreso articuló en la H.R.1 y, por lo tanto, no se consideran impactos de esta reglamentación. Sin embargo, en otros casos, USCIS busca codificar aspectos de la H.R.1 en los que la orientación del Congreso fue ambigua o estuvo ausente mediante la promulgación de esta Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés). Los costos, beneficios, ahorros de costos y transferencias (ya sean cuantitativos o cualitativos) se describen a continuación.

Algunos aspectos de esta Norma Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés) pueden imponer costos cualitativos. Los extranjeros sin estatus legal que no paguen la AAF de manera oportuna (dentro de los 30 días) tendrán su Formulario I-589 rechazado y serán sometidos a procedimientos de remoción acelerada o se les emitirá un NTA. Esto necesariamente implica tiempo dedicado a dichos procesos, aunque el USCIS no puede evaluar adecuadamente los costos reales dada la naturaleza específica de los hechos de cada procedimiento individual.

Además, los extranjeros que no paguen la AAF de manera oportuna (dentro de los 30 días) podrían experimentar interrupciones en su autorización de empleo y, por lo tanto, tanto el extranjero como un empleador hipotético experimentarían pérdidas económicas (en forma de salarios perdidos para el extranjero y productividad perdida para el empleador). De manera similar, el período de validez del EAD para algunos beneficiarios del TPS puede haberse acortado debido a H.R.1. Esto implicaría pérdidas económicas (en forma de salarios perdidos para el extranjero afectado y productividad perdida para un empleador afectado). Estos impactos son específicos a los hechos (incluyendo la duración y naturaleza de ( página impresa 22968) los procedimientos, los salarios perdidos para los extranjeros, la productividad perdida para los empleadores, etc.).

El aumento relativo en el uso de la remoción acelerada (para ciertos extranjeros) también puede incrementar los costos para las poblaciones afectadas debido al tiempo adicional en detención obligatoria y los costos de transporte en caso de ser removidos. Los extranjeros afectados experimentarán costos debido a salarios perdidos por el tiempo adicional en detención (sujeto a los rangos salariales discutidos anteriormente). El gobierno también enfrentará costos incrementados en este caso debido al aumento en los costos de infraestructura, administración y supervisión requeridos por la mayor prevalencia de la detención obligatoria. El uso incrementado de la remoción acelerada también puede aumentar los costos de transporte. El DHS no puede estimar con precisión estos costos debido a que carece de datos suficientes respecto a la población posiblemente afectada y la tasa de incumplimiento con la AAF.

Adicionalmente, el DHS espera que los extranjeros (o sus representantes, en algunas circunstancias) necesiten leer y comprender esta norma para poder entender y responder exitosamente a los cambios regulatorios. Como resultado, esperamos que esta norma imponga costos de familiarización asociados con la lectura de la misma.

Para estimar los costos de familiarización con la norma, estimamos el tiempo que tomaría leer y comprender la IFR, asumiendo una velocidad de lectura de 250 palabras por minuto.[105] Esta norma tiene aproximadamente 17,000 palabras. Utilizando una velocidad de lectura de 250 palabras por minuto, el DHS estima que tomará aproximadamente 1.13 horas leer y comprender esta norma.

Para calcular adecuadamente estos costos, el USCIS debe tener en cuenta el costo de oportunidad del tiempo para la población afectada, lo cual requiere información respecto a los salarios pertinentes. El salario mínimo federal es actualmente de $7.25 por hora,[106] pero muchos estados han implementado tasas de salario mínimo más altas.[107] Sin embargo, el Gobierno Federal no lleva un registro de una estimación del salario mínimo ponderado por población a nivel nacional. Las personas en la población de interés para un análisis podrían ubicarse en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos y podrían estar sujetas a un rango de tasas de salario mínimo dependiendo del estado o ciudad en el que vivan.

Para esta IFR, el DHS utiliza los datos salariales más recientes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), Estimaciones Nacionales de Empleo y Salarios por Ocupación. Más específicamente, utilizamos la estimación del salario por hora del percentil 10 para todas las ocupaciones como un indicador razonable del salario mínimo efectivo al estimar el costo de oportunidad del tiempo para las personas en las poblaciones de interés que probablemente ganen un salario de nivel inicial.[108] También utilizamos la estimación del salario por hora del percentil 10 para personas que están desempleadas, o para personas que no pueden, o eligen no, participar en el mercado laboral, ya que estas personas incurren en costos de oportunidad, asignan una valoración al decidir cómo distribuir su tiempo, o ambas cosas.

Debido a la amplia variedad de actividades no remuneradas que una persona podría realizar, como el cuidado de niños, las tareas domésticas u otras actividades sin compensación pagada, resulta difícil estimar el valor de ese tiempo, e incluso cuando una persona no está trabajando a cambio de un salario, su tiempo sigue teniendo valor. Además, el uso de un percentil de la estimación del salario por hora para todas las ocupaciones le permite al DHS la flexibilidad de ajustar sus estimaciones, cuando sea necesario, dependiendo de la población o poblaciones de interés para los análisis de impacto regulatorio. Asimismo, las estimaciones de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) toman en cuenta los cambios en los salarios en todo el mercado laboral de los Estados Unidos, lo cual incluye cualquier cambio futuro en las tasas de salario mínimo estatales.

Asimismo, el DHS no descarta la posibilidad de que una parte de la población pueda percibir salarios más altos. Dado que el DHS carece de información detallada sobre la población afectada, resulta razonable utilizar un rango de salarios para calcular el costo de las disposiciones de la norma provisional con solicitud de comentarios (IFR, por sus siglas en inglés) para las poblaciones afectadas. El salario del percentil 10 antes mencionado sirve como límite inferior para la población afectada, mientras que el DHS utiliza el salario promedio de la BLS como límite superior. El DHS continuará evaluando los supuestos salariales más apropiados para las poblaciones de interés en sus análisis de impacto regulatorio.

La estimación del salario por hora en el percentil 10 para todas las ocupaciones es actualmente de $14.42, sin tener en cuenta los beneficios laborales, mientras que la estimación del salario promedio por hora para todas las ocupaciones es de $32.66.[109] Además, el DHS reconoce que los extranjeros afectados pueden haber optado por contratar a un abogado o representante acreditado durante sus procedimientos migratorios. La BLS estima que el salario promedio por hora de un abogado es de $87.86.

El DHS también debe tener en cuenta los beneficios laborales al estimar el costo de oportunidad del tiempo mediante el cálculo de un multiplicador de beneficios sobre salario. El multiplicador de beneficios sobre salario se calcula utilizando el informe más reciente de la BLS que detalla la compensación total promedio de los empleados para todos los trabajadores civiles de los Estados Unidos.[110] El DHS estima que el multiplicador de beneficios sobre salario es de 1.46, el cual incorpora los salarios y sueldos de los empleados y el costo total de los beneficios, tales como el permiso pagado, el seguro y la jubilación.[111] Por lo tanto, utilizando el multiplicador de beneficios sobre salario, el DHS calcula que el límite inferior de la compensación total para las personas es de $21.05 por hora para esta IFR, donde la estimación del salario por hora en el percentil 10 es de $14.42 por hora y los beneficios promedio son de $6.63 por hora.[112] De manera similar, el límite superior de la compensación total es de $47.68, donde el salario promedio es de $32.66 por hora y los beneficios promedio son de $15.02 por hora.[113] De igual manera, el DHS estima que la compensación total promedio por hora de un abogado es de $128.28.[114]

Como se señaló anteriormente, la compensación total por hora para los extranjeros que ganan el salario del percentil 10 es de $21.05, la compensación total por hora de los extranjeros que ganan el salario promedio es de $47.68, y la compensación total por hora de los abogados es de $128.28. Por lo tanto, el costo de oportunidad del tiempo estimado para cada tipo de solicitante para leer y comprender la norma, en el caso de los peticionarios que no trabajan, es de aproximadamente $23.79 para los extranjeros que ganan el salario del percentil 10, $53.88 para los extranjeros que ganan el salario promedio, y $144.96 para los abogados.[115]

(página impresa 22969)

El DHS considera que esta norma presenta varios beneficios. En primer lugar, esta IFR beneficia al Gobierno Federal al mejorar la capacidad de asignar recursos escasos. Debido a que la consecuencia por no pagar la AAF conforme a esta norma es el rechazo de la solicitud pendiente, por ejemplo, esto podría reducir el número de solicitudes de asilo que USCIS debe procesar hasta su aprobación o denegación. Al reducir el número de solicitudes de asilo pendientes, el rechazo por falta de pago de la AAF también reducirá las presentaciones del Formulario I-765 de USCIS, Solicitud de Autorización de Empleo, por parte de un solicitante de asilo o sus derivados. USCIS procesa de manera gratuita el Formulario I-765 de los solicitantes de asilo.[116] Por lo tanto, dado que cierto nivel de incumplimiento en el pago de la AAF es bastante probable, USCIS se beneficiará al poder desviar recursos del procesamiento de los Formularios I-589 e I-765 de los solicitantes de asilo que serán rechazados después de que esta norma entre en vigor, hacia las solicitudes de quienes paguen su AAF según lo requerido. Dicho cambio facilitará una mejor asignación de los recursos escasos para USCIS.

Otro beneficio importante de la Norma Provisional Final (IFR) es el fortalecimiento general del sistema de inmigración. El rechazo por falta de pago de la Tarifa de Ajuste de Asilo (AAF) y la retención de la tarifa de presentación del Formulario I-589 si el formulario es rechazado, promueve los objetivos de disuasión y cumplimiento de la Ley H.R.1 al garantizar que el incumplimiento resulte en consecuencias rápidas y predecibles, en consonancia con la misión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de hacer cumplir las leyes de inmigración y garantizar la seguridad de las fronteras de la Nación.

Es probable que esta Norma Provisional Final (IFR) afecte los pagos de transferencia entre diversas poblaciones. Algunas de estas transferencias se pueden cuantificar, mientras que otras solo pueden describirse de manera cualitativa.

Esta Norma Provisional Final (IFR) codifica que las presentaciones del Formulario I-102 deben incluir la tarifa de $24 exigida por ley para cualquier extranjero que “presente una solicitud para un Formulario I-94”. Como tal, se estima que 4,120 solicitantes del Formulario I-102 por año (véase la Tabla 4) deberán presentar esta tarifa además de cualquier tarifa requerida para el Formulario I-102 en sí. Por lo tanto, se estima que las transferencias anuales de los extranjeros afectados al Gobierno Federal bajo esta norma serán de $98,880 por año.[117] Se estima que el total de transferencias de los extranjeros afectados al Gobierno Federal será de $988,800 durante todo el periodo de análisis.[118]

Esta Norma Provisional Final (IFR) codifica que la tarifa de solicitud de asilo requerida por la Ley H.R.1 será retenida por el Gobierno Federal si se rechaza un Formulario I-589. La decisión de retener dichas tarifas representa una transferencia de los solicitantes de asilo al Gobierno Federal. La norma en sí no crea ni modifica dichas transferencias, sino que únicamente aclara su tratamiento en el caso de solicitudes rechazadas. Si bien las tarifas de presentación generalmente se consideran transferencias, dado que USCIS establece las tarifas de manera que cubran adecuadamente el costo de la adjudicación y las cargas administrativas asociadas con el formulario, la retención de la tarifa de solicitud de asilo representa una transferencia porque esta ocurre independientemente de la aceptación de la presentación. En este caso, la disposición de la Norma Provisional Final (IFR) promueve el objetivo de la Ley H.R.1 de trasladar los costos de cumplimiento y supervisión de la inmigración de los contribuyentes a los extranjeros. USCIS no puede cuantificar de manera confiable el monto de estas transferencias, ya que la implementación de la tarifa de solicitud de asilo es nueva y no hay suficiente información para estimar la tasa de incumplimiento o la tasa de solicitudes rechazadas que incluirían la tarifa de solicitud de asilo.[119]

Como se discutió anteriormente, esta norma sirve en gran medida para codificar los cambios que el Congreso dispuso mediante la promulgación de la Ley H.R.1. Por lo tanto, esta norma generalmente no representa una acción independiente de USCIS para ejercer su discreción de modificar el CFR.

Como se discutió anteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evaluó varias alternativas a las disposiciones de procedimiento descritas en esta Norma Provisional Final (IFR). Cada opción se evaluó con el objetivo de garantizar que la norma refleje la mejor interpretación de la Ley H.R.1 y de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), y que cumpla con el requisito de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de una toma de decisiones razonada.[120] Por las razones explicadas en este análisis, el DHS concluyó que los enfoques seleccionados (la aplicabilidad de la tarifa del Formulario I-94 al Formulario I-102, el rechazo de un Formulario I-589 sin pago que resulte en un Aviso de Comparecencia (NTA) o en una remoción expedita cuando corresponda y en la pérdida de la autorización de empleo, la retención de las tarifas de solicitud de asilo en caso de rechazo, y la armonización de los períodos de validez del Documento de Autorización de Empleo (EAD) para ciertos solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS)) son los que mejor logran los propósitos de cumplimiento y disuasión de la Ley H.R.1 y son administrativamente superiores a las siguientes alternativas consideradas.

La Ley de Flexibilidad Regulatoria de 1980 (RFA), en su versión enmendada por la Ley de Equidad en el Cumplimiento Regulatorio para la Pequeña Empresa de 1996, exige que las agencias federales consideren el impacto potencial de las regulaciones sobre las pequeñas empresas, las jurisdicciones gubernamentales pequeñas y las organizaciones pequeñas durante el desarrollo de sus normas. El término “entidades pequeñas” comprende las pequeñas empresas, las organizaciones sin fines de lucro que son de propiedad y operación independientes y que no son dominantes en sus respectivos campos, y las jurisdicciones gubernamentales con poblaciones de menos de 50,000 habitantes.[121]

El IFR no regula directamente a las entidades pequeñas y no se espera que tenga un efecto directo sobre las entidades pequeñas. Más bien, este IFR regula a las personas físicas, y las personas físicas no están definidas como "entidades pequeñas" según la RFA. Si bien algunos empleadores podrían experimentar costos o efectos de transferencia, estos impactos serían indirectos. Como se analizó anteriormente, la línea de base de no acción para este IFR incluye las tarifas exigidas por H.R.1, por lo que cualquier respuesta conductual derivada de esas tarifas no sería atribuible a este IFR. Por ejemplo, cualquier reducción en el número de extranjeros que soliciten el Formulario I-765 bajo las clasificaciones (a)(12) o (c)(19) sería atribuible a H.R.1 y no a este IFR. En cualquier caso, esta regla no afectaría la capacidad de emplear a extranjeros elegibles y tampoco afectaría los criterios de elegibilidad reales ( página impresa 22970) para la autorización de empleo. Por lo tanto, el impacto de esta regla sobre las entidades pequeñas será insignificante.

Con base en la evidencia presentada en este análisis y a lo largo de este preámbulo, el DHS certifica que este IFR no tendría un impacto económico significativo sobre un número sustancial de entidades pequeñas. No obstante, el DHS agradece los comentarios sobre los posibles impactos en las entidades pequeñas, los cuales el DHS podrá considerar según corresponda en una regla final.

La Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995 (UMRA, por sus siglas en inglés) tiene por objeto, entre otras cosas, frenar la práctica de imponer mandatos federales no financiados a los gobiernos estatales, locales y tribales. El Título II de la UMRA exige que cada agencia federal prepare una declaración por escrito que evalúe los efectos de cualquier mandato federal en una regla propuesta, o regla final para la cual la agencia haya publicado una regla propuesta, que incluya cualquier mandato federal que pueda resultar en un gasto de $100 millones o más (ajustado anualmente por inflación) en cualquier año dado por parte de los gobiernos estatales, locales y tribales, en conjunto, o por el sector privado.[122]

El valor ajustado por inflación de $100 millones en 1995 es de aproximadamente $206 millones en 2024, con base en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés).[123] Este IFR no contiene un mandato federal según el término definido en la UMRA.[124] Por lo tanto, los requisitos del Título II de la UMRA no aplican, y el DHS no ha preparado una declaración conforme a la UMRA.

La Ley de Revisión del Congreso (CRA, por sus siglas en inglés) se incluyó como parte de la Ley de Equidad en la Aplicación de Normas para la Pequeña Empresa de 1996 (SBREFA, por sus siglas en inglés) mediante el subtítulo E de la SBREFA, Ley Pública 104-121, título II, 110 Stat. 847, 868, y siguientes. Si bien este IFR no cumple con los criterios establecidos en 5 U.S.C. 804(2) porque no es probable que resulte en un efecto anual sobre la economía de $100 millones o más, el DHS ha cumplido con los requisitos de notificación de la CRA y ha enviado esta regla al Congreso y al Contralor General, según lo exige 5 U.S.C. 801(a)(1).

Este IFR no tendrá efectos directos sustanciales sobre los estados, sobre la relación entre el Gobierno Nacional y los estados, ni sobre la distribución de poder y responsabilidades entre los diversos niveles de gobierno. Por lo tanto, de conformidad con la sección 6 de la Orden Ejecutiva 13132, Federalismo, 64 FR 43255 (4 de agosto de 1999), se determina que este IFR no tiene implicaciones federalistas suficientes para justificar la preparación de una declaración resumida de impacto federalista.

Este IFR ha sido redactado y revisado de conformidad con la Orden Ejecutiva 12988, Reforma de la Justicia Civil. Este IFR fue redactado para proporcionar un estándar legal claro para la conducta afectada y fue revisado cuidadosamente para eliminar errores de redacción y ambigüedades, a fin de minimizar los litigios y la carga indebida sobre el sistema de tribunales federales. El DHS ha determinado que esta regla cumple con los estándares aplicables establecidos en la sección 3 de la Orden Ejecutiva 12988.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha revisado esta norma de conformidad con los requisitos de la sección 654 de la Ley General de Asignaciones del Tesoro de 1999.[125] El DHS ha revisado sistemáticamente los criterios especificados en la sección 654(c)(1), evaluando si esta acción regulatoria: (1) afecta la estabilidad o seguridad de la familia, particularmente en términos del compromiso matrimonial; (2) afecta la autoridad de los padres en la educación, crianza y supervisión de sus hijos; (3) ayuda a la familia a desempeñar sus funciones; (4) afecta el ingreso disponible o la pobreza de las familias y los niños; (5) solamente afecta económicamente a las familias, en caso de hacerlo, en la medida en que tales efectos estén justificados; (6) puede ser llevada a cabo por el gobierno estatal o local o por la familia; o (7) establece una política relativa a la relación entre el comportamiento y la responsabilidad personal de los jóvenes y las normas de la sociedad. Si la agencia determina que una norma puede afectar negativamente el bienestar familiar, entonces la agencia debe proporcionar una justificación adecuada para su implementación.

El DHS no cuenta con datos que indiquen que esta norma final provisional (IFR) tendrá algún impacto en el ingreso disponible o la pobreza de ciertas familias y niños, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses. El DHS reconoce que esta norma aumentaría las tarifas que algunas familias deben pagar y, por lo tanto, podría afectar el ingreso disponible de ciertas familias. Sin embargo, la IFR proporcionaría a USCIS y al Gobierno Federal los fondos que se utilizarían para administrar los programas afectados y cumplir con el propósito de la Ley H.R.1. El DHS está obligado a recaudar las tarifas en cuestión y está autorizado a realizar ajustes a estas para llevar a cabo los objetivos de política y financiamiento de la ley. Si bien las nuevas tarifas podrían tener un impacto económico en una familia que opte por presentar una solicitud de beneficio migratorio, el DHS cuenta con pocas alternativas distintas a esta reglamentación. El DHS también determinó que esta norma no tendría ningún impacto en la autonomía o integridad de la familia como institución.

Esta IFR no tiene implicaciones tribales conforme a la Orden Ejecutiva 13175, Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas, debido a que no tendrá un efecto directo sustancial sobre una o más tribus indígenas, sobre la relación entre el Gobierno Federal y las tribus indígenas, o sobre la distribución de facultades y responsabilidades entre el Gobierno Federal y las tribus indígenas.

El DHS y sus componentes analizan las acciones finales para determinar si la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), 42 U.S.C. 4321 y siguientes, es aplicable y, de ser así, qué grado de análisis se requiere. La Directiva 023-01 Rev. 01 del DHS, “Implementación de la Ley Nacional de Política Ambiental” (Dir. 023-01 Rev. 01), y el Manual de Instrucciones 023-01-001-01 Rev. 01 (Manual de Instrucciones) [126] establecen las políticas y procedimientos que el DHS y sus componentes utilizan para cumplir con la NEPA.

La NEPA permite que las agencias federales establezcan, en sus procedimientos de implementación de la NEPA, categorías de acciones (“exclusiones categóricas”) que, según la experiencia, no tienen, individual o acumulativamente, un ( printed page 22971) efecto significativo sobre el ambiente humano y que, por lo tanto, no requieren una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental.[127] El Apéndice A del Manual de Instrucciones enumera las Exclusiones Categóricas del DHS.[128]

Conforme a los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS, para que una acción quede categóricamente excluida, debe cumplir cada una de las siguientes tres condiciones: (1) que la acción en su totalidad se ajuste claramente a una o más de las exclusiones categóricas; (2) que la acción no sea parte de una acción más amplia; y (3) que no existan circunstancias extraordinarias que generen la posibilidad de un efecto ambiental significativo.[129]

Esta IFR implementa y aclara ciertas tarifas migratorias que el DHS está obligado a recaudar conforme a la Ley H.R.1, establece las consecuencias por el impago de ciertas tarifas, y permite que USCIS retenga la tarifa de presentación del Formulario I-589 en caso de que la solicitud sea rechazada. La norma tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias autorizadas y requeridas por la Ley H.R.1 y aclarar y dar pleno cumplimiento a sus requisitos relativos a las tarifas de USCIS.

Esta IFR es estrictamente administrativa y procedimental. El DHS ha revisado esta IFR y determina que no resultará ningún impacto significativo sobre el ambiente, ni ningún cambio en el efecto ambiental, como consecuencia de las modificaciones promulgadas en esta IFR.

En consecuencia, el DHS determina que la promulgación de las enmiendas de este IFR a las regulaciones vigentes se ajusta claramente a la exclusión categórica A3 establecida en los procedimientos de implementación de la NEPA del DHS como un cambio administrativo sin modificación en el efecto ambiental, que no forma parte de una acción federal más amplia, y que no presenta circunstancias extraordinarias que generen el potencial de un efecto ambiental significativo. Por lo tanto, este IFR queda categóricamente excluido de una revisión adicional conforme a la NEPA.

De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (PRA), 44 U.S.C. 3501-3512, el DHS debe presentar ante la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) para su revisión y aprobación cualquier requisito de presentación de informes inherente a una norma, salvo que esté exento. Esta norma no impone ningún nuevo requisito de presentación de informes o de mantenimiento de registros conforme a la PRA.

Esta norma aborda la presentación del Formulario I-102 de USCIS, Solicitud de Documento de Llegada/Salida de No Inmigrante de Reemplazo/Inicial, (número de control de la OMB 1615-0079), pero no introduce cambios sustantivos en la carga estimada de finalización ni en el número anual estimado de solicitantes que presentarían esta recopilación de información.

La Ley H.R.1 dispone que cada autorización de empleo inicial para un extranjero con libertad condicional (parole) o TPS será válida por un período de 1 año o por la duración de la libertad condicional o el TPS del extranjero. 8 U.S.C. 1803(b)(1), (c)(1), 1809(a). La política de USCIS anteriormente preveía períodos de autorización más prolongados o la renovación automática de un EAD.[130] Por lo tanto, los períodos más cortos de autorización de empleo podrían dar lugar a la presentación de un mayor número de Formularios I-765. USCIS analizará y revisará, según sea necesario, la recopilación de información aprobada para el Formulario I-765 (número de control de la OMB 1650-0040), conforme a lo exigido por la PRA, para tener en cuenta el cambio en el número de solicitantes. Este proyecto de revisión es independiente de este proceso de reglamentación y se está llevando a cabo fuera de él.

En consecuencia, por las razones expuestas en el preámbulo, el Secretario de Seguridad Nacional enmienda las partes 103, 106, 208, 244 y 274a del título 8 del CFR de la siguiente manera:

1. Se revisa la cita de autoridad de la parte 103 para que se lea de la siguiente manera:

Autoridad: 5 U.S.C. 301, 552, 552a; 8 U.S.C. 1101, 1103, 1304, 1356, 1365b, 1372, 1801-1815; 8 U.S.C. 1185 nota; 31 U.S.C. 9701; 48 U.S.C. 1806; Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135 (6 U.S.C. 1 y ss.); E.O. 12356, 47 FR 14874, 15557, 3 CFR, 1982 Comp., p. 166; 8 CFR parte 2; 31 CFR parte 223.

2. Se enmienda el § 103.7 revisando el texto introductorio del párrafo (d) y el párrafo (d)(4) para que se lean de la siguiente manera:

§ 103.7

Tarifas.

* * * * *

(d) Otras tarifas de inmigración del DHS. Las siguientes tarifas son aplicables a uno o más de los componentes de inmigración del DHS:

* * * * *

(4) Tarifa del Formulario I-94. (i) Por la emisión de un Registro de Llegada/Salida en un puerto de entrada terrestre: $6.00.

(ii) Cada solicitante que requiera un Registro de Llegada/Salida de USCIS deberá presentar la tarifa exigida por el 8 U.S.C. 1807.

* * * * *

3. Se revisa la cita de autoridad de la parte 106 para que se lea de la siguiente manera:

Autoridad: 8 U.S.C. 1101, 1103, 1254a, 1254b, 1304, 1356, 1801-1815; 48 U.S.C. 1806; Pub. L. 107-609, 115 Stat. 1012; Pub. L. 107-296, 116 Stat. 2135 (6 U.S.C. 101 nota).

4. Se enmienda el § 106.2 revisando el encabezado de la sección y el texto introductorio del párrafo (c), y agregando los párrafos (c)(14) y (15) para que se lean de la siguiente manera:

§ 106.2

Tarifas de USCIS.

* * * * *

(c) Formularios G, tarifas establecidas por ley y tarifas no asociadas a formularios. Puede consultarse en el sitio web de USCIS una tabla de todas las tarifas de USCIS, incluidas las tarifas exigidas por ley.

* * * * *

(14) Solicitud de Asilo y de Retención de la Expulsión, I-589. Para solicitar asilo conforme al 8 U.S.C. 1158, el solicitante deberá presentar la tarifa exigida por el 8 U.S.C. 1802. La tarifa se retendrá y no se devolverá ni reembolsará cuando una solicitud de asilo presentada sea rechazada de conformidad con el 8 CFR 103.2(a).

(15) Tarifa anual de asilo. Por cada año calendario en que una Solicitud Formulario I-589 permanezca pendiente, el solicitante debe pagar una ( página impresa 22972) tarifa anual de asilo según lo requerido por 8 U.S.C. 1808 dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se envíe el aviso.

(i) El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviará a cada solicitante un aviso informándole que su tarifa anual de asilo vence, cuándo vence y cómo debe pagarse; y

(ii) Si la tarifa anual de asilo no se paga, la solicitud de asilo será rechazada.

* * * * *

5. La cita de autoridad de la parte 208 se revisa para que diga lo siguiente:

Autoridad: 8 U.S.C. 1101, 1103, 1158, 1226, 1252, 1282, 1802, 1808; 48 U.S.C. 1806; 8 CFR parte 2.

6. Se enmienda el § 208.3 de la siguiente manera:

a. Se revisa el párrafo (c)(3);

b. Se elimina la palabra “y” al final del párrafo (c)(4);

c. Se elimina el punto al final del párrafo (c)(5) y se agrega “; y” en su lugar; y

d. Se agrega el párrafo (c)(6).

La revisión y la adición dicen lo siguiente:

§ 208.3

Formulario de solicitud.

* * * * *

(c) * * *

(3) Una solicitud de asilo debe estar firmada e incluir una respuesta a cada una de las preguntas contenidas en la solicitud, los materiales requeridos por el párrafo (a)(1) de esta sección, y cualquier tarifa requerida; de lo contrario, se considerará una presentación incompleta. Una solicitud incompleta será rechazada y:

(i) No dará inicio al período después del cual el solicitante puede presentar una solicitud de autorización de empleo de conformidad con el § 208.7;

(ii) Será devuelta por correo (si la solicitud se presenta en papel) al solicitante dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud por parte del Servicio. Si el Servicio no ha devuelto por correo la solicitud incompleta al solicitante dentro de los 30 días, se considerará completa; y

(iii) Deberá ser presentada nuevamente por el solicitante como una solicitud completa si desea que la solicitud sea considerada;

* * * * *

(6) Si un solicitante no paga la tarifa anual de asilo requerida por el § 106.2(c)(15) de este capítulo dentro de los 30 días posteriores a la fecha del aviso de la tarifa, la solicitud será rechazada y este párrafo (c) no será aplicable.

7. Se enmienda el § 208.7 revisando los párrafos (a)(1) y (b)(1) y (2) y agregando el párrafo (b)(3) para que digan lo siguiente:

§ 208.7

Autorización de empleo.

(a) * * *

(1) Sujeto a las restricciones contenidas en las secciones 208(d) y 236(a) de la Ley, un solicitante de asilo que no sea un delincuente agravado será elegible, de conformidad con el 8 CFR 274a.12(c)(8) y 274a.13(a), para solicitar autorización de empleo sujeto a las siguientes condiciones:

(i) Excepto en el caso de un extranjero cuya solicitud de asilo haya sido recomendada para aprobación, o en el caso de un extranjero que haya presentado una solicitud de asilo antes del 4 de enero de 1995, la solicitud no deberá presentarse antes de 150 días a partir de la fecha en que se haya recibido una solicitud de asilo completa presentada de conformidad con los §§ 208.3 y 208.4. El período de 150 días no comenzará si la solicitud de asilo es rechazada por estar incompleta de conformidad con el § 208.3(c)(3).

(ii) En el caso de un solicitante cuya solicitud de asilo haya sido recomendada para aprobación, el solicitante podrá solicitar autorización de empleo cuando reciba el aviso de la recomendación de aprobación.

(iii) USCIS rechazará una solicitud de autorización de empleo presentada por un solicitante cuya solicitud de asilo haya sido denegada o rechazada.

(iv) Si una solicitud de asilo es denegada o rechazada antes de que se tome una decisión sobre una solicitud pendiente de autorización de empleo, la solicitud de autorización de empleo será denegada.

* * * * *

(b) * * *

(1) Si la solicitud de asilo es denegada o rechazada por USCIS, la autorización de empleo terminará de inmediato. Esta terminación no se aplica cuando USCIS remite la solicitud de asilo a un juez de inmigración de conformidad con el § 208.14(c)(1) o (c)(4).

(2) Si la solicitud de asilo es denegada o rechazada por un juez de inmigración, la autorización de empleo terminará de inmediato en la fecha que ocurra 30 días después de la fecha en que un juez de inmigración deniegue o rechace una solicitud de asilo, a menos que el extranjero presente una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración según lo dispuesto en el 8 CFR 1003.38.

(3) Si la Junta de Apelaciones de Inmigración deniega una apelación de una denegación o rechazo de una solicitud de asilo, la autorización de empleo terminará de inmediato.

* * * * *

8. La cita de autoridad de la parte 244 se revisa para que diga lo siguiente:

Autoridad: 8 U.S.C. 1103, 1254, 1254a nota, 1803, 1811; 8 CFR 2.9.

9. Se enmienda el § 244.5 añadiendo el párrafo (d) para que diga lo siguiente:

§ 244.5

Beneficios de tratamiento temporal para extranjeros elegibles.

* * * * *

(d) Vigencia de la autorización de empleo para extranjeros elegibles prima facie. La autorización de empleo inicial otorgada conforme a esta sección a un solicitante al que se le hayan concedido beneficios de tratamiento temporal con base en una demostración prima facie de elegibilidad será válida por un período de 1 año o por la duración restante de la designación del Estatus de Protección Temporal del país, lo que sea más corto. Si la designación del Estatus de Protección Temporal del país no ha terminado al expirar el período autorizado de la autorización de empleo, el extranjero deberá obtener una renovación para continuar con la autorización de empleo. La renovación será válida por 1 año o por la duración restante de la designación del Estatus de Protección Temporal del país, lo que sea más corto.

10. Se enmienda el § 244.12 revisando los párrafos (a) y (d) para que digan lo siguiente:

§ 244.12

Autorización de empleo.

(a) Tras la aprobación de una solicitud de Estatus de Protección Temporal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) otorgará autorización de empleo y, sujeto a lo dispuesto en el 8 CFR 274a.12(a), emitirá un documento de autorización de empleo válido por un período de 1 año o por la duración restante de la designación del Estatus de Protección Temporal del país, lo que sea más corto. Si la designación del Estatus de Protección Temporal del país no ha terminado al expirar el período de autorización de empleo, el extranjero deberá obtener una renovación para continuar con la autorización de empleo, la cual será válida por 1 año o por la duración restante de la designación del Estatus de Protección Temporal del país, lo que sea más corto.

* * * * *

(d) Si la solicitud es renovada o apelada en procedimientos de deportación o exclusión, o se encuentra pendiente de apelación administrativa conforme al § 244.18(b), la autorización de empleo se extenderá durante la tramitación de la renovación y/o apelación, sujeto a la limitación establecida en el párrafo (a) de esta sección.

(página impresa 22973)

11. Se revisa la cita de autoridad de la parte 274a para que diga lo siguiente:

Autoridad: 8 U.S.C. 1101, 1103, 1105a, 1324a; 48 U.S.C. 1806; 28 U.S.C. 2461; 8 CFR parte 2.

12. Se enmienda el § 274a.12 revisando los párrafos (a)(12) y (c)(19) para que digan lo siguiente:

§ 274a.12

Clases de extranjeros autorizados para aceptar empleo.

(a) * * *

(12) Un extranjero al que se le haya otorgado el Estatus de Protección Temporal conforme a la sección 244 de la Ley por el período de tiempo descrito en el 8 CFR 244.12, según conste en un documento de autorización de empleo emitido por el Servicio;

* * * * *

(c) * * *

(19) Un extranjero que solicite el Estatus de Protección Temporal conforme a la sección 244 de la Ley deberá solicitar la autorización de empleo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 8 CFR parte 244. La autorización de empleo y cualquier documento que acredite la autorización de empleo emitido conforme a este párrafo (c)(19) están sujetos a las limitaciones descritas en el 8 CFR 244.5.

* * * * *

Markwayne Mullin,

Secretario, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

1. H.R.1, Ley Pública 119-21 (2025), 139 Stat. 221 (2025) (codificada en 8 U.S.C. 1802-1815).

Volver a la cita

2. Íd.; Comité de la Cámara de Representantes sobre el Poder Judicial, Sesión de Revisión de H.R.1, 119.º Congreso (30 de abril de 2025) (declaración del Presidente Jordan), https://www.congress.gov/​event/​119th-congress/​house-event/​118180; Instituto América First de Políticas Públicas, Declaraciones del Presidente Jim Jordan, Conversación con Chad Wolf (25 de junio de 2025), https://www.americafirstpolicy.com/​issues/​securing-the-border-restoring-the-law-a-conversation-with-rep-jim-jordan.

Volver a la cita

3. H.R. Rep No. 119-106, Libro 1, en 843-856 (2025).

Volver a la cita

4. Véase 8 U.S.C. 1802(a) (“Además de cualquier otra tarifa autorizada por la ley, el Secretario de Seguridad Nacional o el Procurador General, según corresponda, exigirá el pago de una tarifa, igual al monto especificado en esta sección, por parte de cualquier extranjero que presente una solicitud de asilo conforme a la sección 208 (8 U.S.C. 1158) en el momento en que se presente dicha solicitud.”); véase también 8 U.S.C. 1803(a)(1) (solicitud inicial de autorización de empleo conforme a la sección 208(d)(2)); 8 U.S.C. 1803(b)(1) (solicitud inicial de autorización de empleo presentada por cualquier extranjero admitido bajo libertad condicional en los Estados Unidos); 8 U.S.C. 1803(c)(1) (solicitud inicial de autorización de empleo conforme a la sección 244(a)(1)(B)); 8 U.S.C. 1805(a) (cualquier extranjero, padre, madre o tutor legal de un extranjero que solicite el estatus de SIJ conforme a la sección 101(a)(27)(J)); 8 U.S.C. 1808(a) (por cada año calendario en que la solicitud de asilo de un extranjero permanezca pendiente); 8 U.S.C. 1809(a) (cualquier persona en libertad condicional que solicite una renovación o extensión de autorización de empleo basada en una concesión de libertad condicional); 8 U.S.C. 1810(a) (cualquier extranjero que haya solicitado asilo, por cada renovación o extensión de autorización de empleo); 8 U.S.C. 1811(a) (renovación o extensión de autorización de empleo basada en una concesión de estatus de protección temporal).

Volver a la cita

5. En cumplimiento de la promulgación del texto de la H.R.1, el DHS publicó múltiples avisos del Registro Federal (90 FR 34511 (22 de julio de 2025), 90 FR 42025 (28 de agosto de 2025), 90 FR 43223 (8 de septiembre de 2025), y 90 FR 48317 (16 de octubre de 2025)) anunciando las nuevas tarifas de la H.R.1 que son administradas por los componentes del DHS.

Volver a la cita

6. Véase el nuevo 8 CFR 106.2(15).

Volver a la cita

7. El 30 de octubre de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland emitió una orden en el caso Asylum Seeker Advocacy Project contra Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), et al., SAG-25-03299 (D. Md.), suspendiendo las disposiciones de implementación de la Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés) por parte de USCIS, conforme a lo establecido en el aviso del 22 de julio de 2026. De conformidad con la orden, USCIS suspendió la emisión de avisos de la AAF. La suspensión fue levantada el 2 de febrero de 2026. Una vez que esta regla entre en vigor, el DHS enviará avisos a los solicitantes que no hayan pagado, informándoles cómo la falta de pago afecta su solicitud.

Volver a la cita

8. Véase 6 U.S.C. 522 (“Nada en [la HSA], en ninguna enmienda realizada por [la HSA], ni en la sección 1103 del Título 8, se interpretará en el sentido de limitar la deferencia judicial hacia los reglamentos, adjudicaciones, interpretaciones, órdenes, decisiones, fallos o cualquier otra acción del Secretario de Seguridad Nacional o del Procurador General.”).

Volver a la cita

9. Aunque varias disposiciones de la INA analizadas en esta norma provisional con efecto inmediato (IFR, por sus siglas en inglés) se refieren exclusivamente al “Procurador General”, dichas disposiciones deben interpretarse ahora como referidas al Secretario de Seguridad Nacional en virtud de la HSA. Véase 6 U.S.C. 202(3), 251, 271(b), 542 nota, 557; 8 U.S.C. 1103(a)(1) y (g), 1551 nota; Nielsen contra Preap, 586 U.S. 392, 397 n.2 (2019).

Volver a la cita

10. INA sec. 208(d)(5)(B).

Volver a la cita

11. 8 U.S.C. 1801-1815.

Volver a la cita

12. H.R. Rep No. 119-106, Libro 1, en 843-856 (2025).

Volver a la cita

13. 8 U.S.C. 1807.

Volver a la cita

14. Id; véase también, 90 FR 52085 (19 de noviembre de 2025) (ajustando matemáticamente la tarifa del Formulario I-94 por inflación, aunque no se realizó ningún cambio en el monto del año fiscal 2026).

Volver a la cita

15. 8 U.S.C. 1807.

Volver a la cita

16. Id; véase también el nuevo 8 CFR 103.7(d)(4).

Volver a la cita

17. La CBP también cobra la tarifa del I-94 en determinadas circunstancias. Véase CBP Immigration Fees Required by H.R.1 for Fiscal Year 2025 (Tarifas de Inmigración de la CBP Requeridas por la H.R.1 para el Año Fiscal 2025), 90 FR 42025 (28 de agosto de 2025).

Volver a la cita

18. Véase el nuevo 8 CFR 103.7(d)(4).

Volver a la cita

19. USCIS, Formulario I-102, “Solicitud de Documento de Llegada/Salida de Reemplazo o Inicial para No Inmigrante” (última actualización el 28 de octubre de 2025), https://www.uscis.gov/​i-102.

Volver a la cita

20. Conforme al 8 U.S.C. 1807, la tarifa del Formulario I-94 solo se aplica a una solicitud del Formulario I-94, Registro de Llegada/Salida. Por consiguiente, aunque el Formulario I-102 puede utilizarse para solicitar el reemplazo o la corrección de un Formulario I-94, Formulario I-94W, o Formulario I-95, solo las solicitudes relacionadas con un Formulario I-94 están sujetas a la tarifa. Véase USCIS, Formulario I-102, “Solicitud de Documento de Llegada/Salida de Reemplazo o Inicial para No Inmigrante”, Instrucciones 2-3 (1 de abril de 2024) (identificando la elegibilidad para el reemplazo o la corrección de los Formularios I-94, I-94W, e I-95); véase también 8 CFR 264.1(b) (identificando los Formularios I-94 e I-95 como prueba de registro de extranjero).

Volver a la cita

21. Id.; USCIS, Formulario G-1055, “Lista de Tarifas” (última actualización el 28 de octubre de 2025), https://www.uscis.gov/​g-1055.

Volver a la cita

22. La tarifa no aplica cuando el DHS emitió un Formulario I-94 incorrecto por su propia culpa, debido a que el DHS tiene la responsabilidad de emitir un reemplazo del Formulario I-94 que emitió incorrectamente. El DHS utiliza el Formulario I-102 para rastrear el desarrollo del nuevo Formulario I-94 correcto en su sistema, pero no consideramos la corrección como una solicitud a la cual se aplique el 8 U.S.C. 1807, ni realizamos un servicio de adjudicación al cual se aplique una tarifa conforme al 8 U.S.C. 1356(m).

Volver a la cita

23. Véase también, 90 FR 52085 (sin realizar cambios en el monto del año fiscal 2026 de la tarifa del Formulario I-94).

24. Esta tarifa se ajustará anualmente por inflación conforme al 8 U.S.C. 1807.

Volver a la cita

25. Véase el nuevo 8 CFR 106.2(c)(14). Conforme al 8 U.S.C. 1802(d), el cincuenta por ciento de las tarifas recibidas por USCIS se acreditará a USCIS y el cincuenta por ciento a la EOIR.

Volver a la cita

26. INA sec. 208(d)(3); 8 U.S.C. 1158(d)(3).

Volver a la cita

27. 8 U.S.C. 1802(a), (e).

Volver a la cita

28. De conformidad con el CFR 208.4(a)(2)(ii), USCIS considera que una solicitud de asilo se presenta en la fecha en que USCIS la recibe. Y de conformidad con el 8 CFR 208.3(c), una solicitud de asilo presentada puede posteriormente considerarse completa o incompleta, y ser rechazada o devuelta al solicitante.

Volver a la cita

29. 29 FR 11956 (21 de agosto de 1964) (regla final que codifica el 8 CFR 103.2(a)(1), que establecía que toda solicitud debe ejecutarse y presentarse de acuerdo con las instrucciones del formulario, que las solicitudes recibidas deben sellarse para mostrar la hora y la fecha de su recepción real, y que se consideran presentadas cuando se sellan de esa manera, a menos que se devuelvan por estar ejecutadas incorrectamente).

Volver a la cita

30. La única excepción es cuando una apelación presentada por un solicitante que no tiene derecho a presentarla es rechazada, en cuyo caso la tarifa de presentación no será reembolsada. 8 CFR 103.3(a)(2)(v)(A)(1).

Volver a la cita

31. El 8 CFR 103.2 utiliza los términos presentada y sometida como sinónimos.

Volver a la cita

32. El 8 U.S.C. 1802(e) también establece que no hay exención ni reducción de esta tarifa. El DHS ha codificado múltiples exenciones de tarifas utilizando la facultad de fijación de tarifas conforme a la sección 286(m) de la INA, 8 U.S.C. 1356(m), debido a que esa disposición no exige a USCIS cobrar una tarifa y el DHS puede fijar tarifas por debajo del costo total o proporcionar servicios de manera gratuita. Véase 8 CFR 106.3(c). La ley no utiliza la palabra "exención", pero el DHS ha ejercido su discreción para proporcionar servicios gratuitos utilizando ese término. De conformidad con esa interpretación, el DHS interpreta la frase "no se exonerará ni reducirá" en múltiples disposiciones de H.R.1 como una prohibición de exenciones de tarifas, tarifas de $0, o ausencia de tarifa, independientemente de que las palabras exento o exención no aparezcan en la ley.

Volver a la cita

33. Cuando el DHS ha determinado que la tarifa no debe devolverse, ha codificado su retención. Véase 8 CFR 103.3(a)(2)(v)(A)(1) (que establece que USCIS no reembolsa la tarifa de presentación cuando rechaza una apelación presentada por una persona o entidad que no tiene derecho a presentar una apelación).

Volver a la cita

34. Ídem; Ley de Asignaciones Consolidadas Adicionales, Ley Pública 118-47 (23 de marzo de 2024); Declaración Explicativa Conjunta, División C, Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Ley Pública 118-47 (22 de marzo de 2024) (que asigna fondos a USCIS para atender el atraso de solicitudes de asilo afirmativo); 8 CFR 208.4(a)(5)(v).

Volver a la cita

35. Ídem.

Volver a la cita

36. INA sec. 208, 8 U.S.C. 1158; véase también 8 U.S.C. 1808.

Volver a la cita

37. H.R. Rep No. 119-106, Libro 1, pág. 859 (2025).

Volver a la cita

38. Véase el nuevo 8 CFR 106.2(c)(15); el nuevo 8 CFR 208.3(c)(3), (a)(6); y el 8 U.S.C. 1808.

Volver a la cita

39. Véase 8 U.S.C. 1229(a).

Volver a la cita

40. Ídem; INA sec. 235(b), 8 U.S.C. 1225(b); 8 CFR 235.3(b); INA sec. 239, 8 U.S.C. 1229.

Volver a la cita

41. Véase INA sec. 239(a)(1); 8 U.S.C. 1229(a)(1) (que establece la información general necesaria para la emisión de la NTA).

Volver a la cita

42. 8 U.S.C. 1810(b)(1)-(3); véase el nuevo 8 CFR 208.7(b)(1)-(3), (a)(2); 8 CFR 274a.12(c)(8).

Volver a la cita

43. El DHS también divide el 8 CFR 208.3(c) en esta regla en más párrafos para hacerlo menos denso y más legible, sin realizar cambios en su contenido sustancial.

Volver a la cita

44. INA sec. 208(b)(2)(C), 8 U.S.C. 1158(b)(2)(C).

Volver a la cita

45. INA sec. 208(d)(3) y (5), 8 U.S.C. 1158(d)(3) y (5).

Volver a la cita

46. Ídem.

Volver a la cita

47. Ídem.

Volver a la cita

48. Ídem.

Volver a la cita

49. Véase el nuevo 8 CFR 106.2(c)(15), 8 CFR 208.3(c)(3) y (c)(6), 8 CFR 208.7(a)(1) y (b)(1)-(2); H. Comm. on the Judiciary, Markup of H.R.1, 119th Cong. (30 de abril de 2025) (declaración del Presidente Jordan), https://www.congress.gov/​event/​119th-congress/​house-event/​118180.

Volver a la cita

50. 8 CFR 103.2(a)(1) (que exige el cumplimiento de las instrucciones del formulario y los reglamentos, incluidas las tarifas).

Volver a la cita

51. 8 CFR 103.2(a)(7)(ii) (la solicitud de beneficio será rechazada si no va acompañada de la tarifa correcta o si se presenta una tarifa incorrecta); véase también 8 CFR parte 106 (reglamentos de tarifas de USCIS).

Volver a la cita

52. 8 CFR 103.2(a)(7)(ii)(A) y 106.1(a).

Volver a la cita

53. 8 U.S.C. 1808; INA sec. 208(d)(3), 8 U.S.C. 1158(d)(3); véanse los nuevos 8 CFR 106.2(c)(15)(ii), 8 CFR 208.3(c)(3) y (6).

Volver a la cita

54. Hibbs v. Winn, 542 U.S. 88, 101 (2004) ("Una ley debe interpretarse de manera que se dé efecto a todas sus disposiciones, de modo que ninguna parte quede inoperante o superflua, nula o insignificante...").

Volver a la cita

55. Íd.

Volver a la cita

56. 8 CFR 103.2(a)(1) y (7)(ii); U.S. Citizenship and Immigration Services Fee Schedule and Changes to Certain Other Immigration Benefit Request Requirements, Regla Final, 89 FR 6194 (31 de enero de 2024) (que reafirma los requisitos previos de cumplimiento de tarifas).

Volver a la cita

57. Íd.

Volver a la cita

58. Íd.

Volver a la cita

59. Loper Bright Enters. v. Raimondo, 603 U.S. 369 (2024) (que rechaza la deferencia Chevron y exige que los tribunales, y por extensión las agencias en los procesos normativos, se ajusten a la mejor interpretación de la ley).

Volver a la cita

60. 8 U.S.C. 1808; INA sec. 208(d)(3), 8 U.S.C. 1158(d)(3).

Volver a la cita

61. Véase Loper Bright Enters. v. Raimondo, 603 U.S. 369 (2024).

Volver a la cita

62. Landgraf v. USI Film Prods., 511 U.S. 244 (1994) (las normas procesales prospectivas no son indebidamente retroactivas); 8 U.S.C. 1808 (vigente a partir del año fiscal 2025 y en adelante).

Volver a la cita

63. INA sec. 208(d)(3), 8 U.S.C. 1158(d)(3); 8 U.S.C. 1808.

Volver a la cita

64. Véanse los nuevos 8 CFR 208.7(a)(1), y (b)(1)-(2); 8 U.S.C. 1810(b)(1).

Volver a la cita

65. Loper Bright Enters. v. Raimondo, 603 U.S. 369 (2024) (que exige la mejor interpretación de la ley); Motor Vehicle Mfrs. Ass'n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29 (1983) (toma de decisiones razonada).

Volver a la cita

66. 8 CFR 103.2(a)(1) y (7)(ii); 8 CFR 208.7(a)(2).

Volver a la cita

67. 8 U.S.C. 1808.

Volver a la cita

68. Véase, por ejemplo, 8 CFR 208.14(c) (d).

Volver a la cita

69. INA sec. 208(b), 8 U.S.C. 1158(b).

Volver a la cita

70. 8 CFR 208.16(a) y (c)(4); 8 CFR 208.17(b); 8 CFR 208.18(b).

Volver a la cita

71. 8 U.S.C. 1808. Esto también es coherente con los requisitos anteriores de tarifas de USCIS de rechazar una solicitud pendiente en el momento en que se determina que la tarifa pagada fue de un monto incorrecto. Véase 8 CFR 103.2(a)(7)(ii)(D) (que dispone que cuando USCIS comienza a adjudicar una solicitud y determina que no se pagó la tarifa correcta, esa solicitud puede ser rechazada o denegada).

Volver a la cita

72. 5 U.S.C. 555(b) ("Con la debida consideración a la conveniencia y necesidad de las partes o sus representantes y dentro de un plazo razonable, cada agencia procederá a concluir un asunto que se le presente."); véase Telecomms. Research & Action Ctr. (TRAC) v. FCC, 750 F.2d 70 (D.C. Cir. 1984).

Volver a la cita

73. 8 U.S.C. 1803(c) y 1811; INA sec. 244; 8 CFR 244.5; 8 CFR 274a.12.

Volver a la cita

74. 8 U.S.C. 1803(c) y 1811(a).

Volver a la cita

75. Dado que algunas designaciones de TPS vigentes en el momento en que se promulgó la H.R.1 en julio de 2025 superaban los 12 meses, USCIS calculó los límites máximos de la H.R.1 a partir de la fecha de adjudicación y fechó retroactivamente las renovaciones de los EAD a la fecha de vencimiento del EAD anterior para evitar vacíos en la documentación de autorización de empleo. Desde entonces, dado que varias designaciones de TPS han finalizado y las restantes no superan los 12 meses, ya no es necesario que USCIS continúe con esta medida de mitigación.

Volver a la cita

76. Véase, por ejemplo, Extension of the Designation of El Salvador for Temporary Protected Status, 90 FR 5953 (17 de enero de 2025) ("En consecuencia, mediante este aviso del Registro Federal, el DHS extiende automáticamente hasta el 9 de marzo de 2026 la validez de ciertos EAD emitidos previamente bajo la designación de TPS de El Salvador. Como prueba de la autorización de empleo continua hasta el 9 de marzo de 2026, los beneficiarios de TPS pueden mostrar su EAD con la anotación A12 o C19 bajo la categoría y una fecha de 'vencimiento de la tarjeta' del 9 de marzo de 2025, 30 de junio de 2024, 31 de diciembre de 2022, 4 de octubre de 2021, 4 de enero de 2021, 2 de enero de 2020, 9 de septiembre de 2019 o 9 de marzo de 2018.").

Volver a la cita

77. Cf. 8 U.S.C. 1803(c) y 1811(a), con INA sec. 244(a)(2), 8 U.S.C. 1254a(a)(2).

Volver a la cita

78. 8 U.S.C. 1803(c) y 1811(a).

Volver a la cita

79. INA sec. 244(a)(1), (2), (4), 8 U.S.C. 1254a(a)(1), (2), (4); 8 CFR 274a.12(a)(12) y (c)(19); 8 CFR 244.5; 8 U.S.C. 1803(c) y 1811(a).

Volver a la cita

80. INA sec. 244(a)(2), 8 U.S.C. 1254a(a)(2); 8 U.S.C. 1803(c) y 1811(a).

Volver a la cita

81. Véase, por ejemplo, Watt v. Alaska, 451 U.S. 259 (1981); Chae Chan Ping v. United States (El Caso de Exclusión China), 130 U.S. 581 (1889) (que reconoce el poder plenario del Congreso sobre la exclusión y aplica la regla de lo posterior en el tiempo, es decir, que una ley posterior puede sustituir a un tratado en conflicto).

Volver a la cita

82. 8 U.S.C. 1803(c) y 1811(a); 8 CFR 274a.12(a)(12), (c)(19); 8 CFR 244.5(d).

Volver a la cita

83. 8 U.S.C. 1803(c) (tarifa inicial); 8 U.S.C. 1811(d) (tarifa de renovación/extensión); véase también 8 U.S.C. 1811(a) (renovación/extensión limitada a un año o a la designación).

Volver a la cita

84. De las designaciones actuales de TPS, ninguna excede de un año. El período de designación más reciente corresponde al TPS de Ucrania, que finaliza el 19 de octubre de 2026. Muchas designaciones han sido terminadas, pero están sujetas a litigios en curso; los beneficios de TPS han continuado para estas designaciones. Véase las páginas web del Estatus de Protección Temporal (TPS) de USCIS en https://www.uscis.gov/​humanitarian/​temporary-protected-status (última revisión/actualización 03/17/2026).

Volver a la cita

85. 8 U.S.C. 1811(a)-(d); 8 U.S.C. 1803(c).

Volver a la cita

86. Véase 8 CFR 274a.12.

Volver a la cita

87. INA sec. 244(b), 8 U.S.C. 1254a(b); 8 U.S.C. 1803(c) y 1811(a).

Volver a la cita

88. 8 U.S.C. 1803(a), 1811(a); 8 CFR 274a.12; 8 CFR 244.5.

Volver a la cita

89. Véase, por ejemplo, Util. Solid Waste Activities Grp. v. EPA, 236 F.3d 749, 754-55 (D.C. Cir. 2001); Hawai'i Helicopter Operators Ass'n v. FAA, 51 F.3d 212, 214 (9th Cir. 1995).

Volver a la cita

90. Véase, por ejemplo, Util. Solid Waste Activities Grp. v. EPA, 236 F.3d 749, 7555 (D.C. Cir. 2001); Véase Nat'l Customs Brokers & Forwarders Ass'n of Am. v. United States, 59 F.3d 1219, 1224 (Fed. Cir. 1995) (que acepta el argumento de causa justificada de la Aduana de que, dado que el Congreso ordenó a la Aduana modificar los reglamentos de la manera en que lo hizo, retrasar la implementación mediante los procedimientos de notificación y comentario era innecesario). Juan J. Lavilla, The Good Cause Exemption to Notice and Comment Rulemaking Requirements Under the Administrative Procedure Act, 3 Admin. L.J. 317, 354 (1989).

Volver a la cita

91. Véase EME Homer City Generation, LP v. EPA, 795 F.3d 118, 134-35 (D.C. Cir. 2015) (la EPA tuvo causa justificada para emitir una regla provisional que rescindía aprobaciones regulatorias previas de la agencia respecto de ciertos planes de implementación estatales conforme a la Ley de Aire Limpio, en consonancia con la decisión del Circuito de D.C. que determinó que esas aprobaciones habían sido erróneas, ya que los comentaristas tendrían poco que decir.”).

Volver a la cita

92. 8 U.S.C. 1801-1815.

Volver a la cita

93. Véase 6 U.S.C. 522 (“Nada en [la HSA], ninguna enmienda realizada mediante [la HSA], ni en la sección 1103 del Título 8, se interpretará en el sentido de limitar la deferencia judicial hacia los reglamentos, adjudicaciones, interpretaciones, órdenes, decisiones, sentencias o cualquier otra actuación del Secretario de Seguridad Nacional o del Fiscal General.”).

Volver a la cita

94. Ídem.

Volver a la cita

95. Véase 90 FR 34511 y 90 FR 48317.

Volver a la cita

96. JEM Broad. Co., Inc. v. FCC, 22 F.3d 320, 326 (D.C. Cir. 1994).

Volver a la cita

97. Lamoille Valley R. Co. v. ICC, 711 F.2d 295, 328 (D.C. Cir. 1983).

Volver a la cita

98. James V. Hurson Assocs., Inc. v. Glickman, 229 F.3d 277, 280 (D.C. Cir. 2000).

Volver a la cita

99. USCIS señala que esta tarifa ya es cobrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando esta emite el Formulario I-94. La disposición aquí descrita se limita a la provisión por parte de USCIS de Formularios I-94 solicitados mediante Formularios I-102.

Volver a la cita

100. La población de extranjeros que experimentaría costos adicionales debido al incumplimiento del pago de la AAF son aquellos extranjeros que, de otro modo, habrían sido aprobados de no ser por el incumplimiento del pago de la AAF.

Volver a la cita

101. OMB, Circular A-4, “Análisis Regulatorio,” p. 44 (17 de septiembre de 2003), https://trumpwhitehouse.archives.gov/​sites/​whitehouse.gov/​files/​omb/​circulars/​A4/​a-4.pdf.

Volver a la cita

102. Tarifas de Inmigración de USCIS Requeridas por H.R.1, Ley Pública 119-21 (2025).

Volver a la cita

103. La población total a 10 años representa un escenario posible basado en la continuación de las tendencias recientes. Representa una estimación de referencia razonable dada la información histórica y no representa una estimación prospectiva que tenga en cuenta todas las posibles respuestas conductuales a esta norma final provisional (IFR, por sus siglas en inglés) y otros posibles cambios regulatorios. Como tal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) señala que la población de asilo pendiente puede ser menor si esta IFR, u otros cambios regulatorios, provocan una disminución sustancial en las solicitudes de asilo.

Volver a la cita

104. USCIS otorga autorización de empleo en múltiples categorías. Consulte https://www.uscis.gov/​sites/​default/​files/​document/​forms/​i-765instr.pdf para obtener información sobre los detalles de las diferentes categorías.

Volver a la cita

105. Véase https://www.healthguidance.org/​entry/​13263/​1/​what-is-the-average-reading-speed-and-the-best-rate-of-reading.html.

Volver a la cita

106. Véase el Departamento de Trabajo (DOL), “Minimum Wage,” https://www.dol.gov/​general/​topic/​wages/​minimumwage (visitado por última vez el 6 de noviembre de 2025).

Volver a la cita

107. Véase el DOL, “State Minimum Wage Laws,” https://www.dol.gov/​agencies/​whd/​minimum-wage/​state (actualizado por última vez el 31 de julio de 2025).

Volver a la cita

108. Véase la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), “Occupational Employment and Wage Statistics,” mayo de 2024, Estados Unidos, Todas las Ocupaciones (SOC #00-0000), https://www.bls.gov/​oes/​2024/​may/​oes_​nat.htm#00-0000 (actualizado por última vez el 23 de julio de 2025).

Volver a la cita

109. Ibídem.

Volver a la cita

110. Véase BLS, Comunicado de Noticias Económicas, “Employer Costs for Employee Compensation Summary, diciembre de 2024,” Tabla 1, Costos del empleador por compensación del empleador según propiedad, p. 4 (14 de marzo de 2025), https://www.bls.gov/​news.release/​archives/​ecec_​03142025.pdf.

Volver a la cita

111. El multiplicador de beneficios sobre salario se calcula de la siguiente manera: (Compensación total del empleado por hora) ÷ (Salarios y sueldos por hora) = $47.92 ÷ $32.92 = 1.46 (redondeado). Véase BLS, Comunicado de Noticias Económicas, “Employer Costs for Employee Compensation, diciembre de 2024,” Tabla 1, Costos del empleador por compensación del empleador según propiedad, p. 4 (13 de junio de 2025), https://www.bls.gov/​news.release/​archives/​ecec_​06132025.pdf.

Volver a la cita

112. El cálculo de la estimación del salario por hora del percentil 10 ponderado por beneficios: $14.42 por hora × multiplicador de beneficios sobre salario de 1.46 = $21.05 (redondeado) por hora.

Volver a la cita

113. El cálculo de la estimación del salario por hora del percentil 10 ponderado por beneficios: $32.66 por hora × multiplicador de beneficios sobre salario de 1.46 = $47.68 (redondeado) por hora.

Volver a la cita

114. El cálculo de la estimación del salario de abogado ponderado por beneficios: $87.86 por hora × multiplicador de beneficios sobre salario de 1.46 = $128.28 (redondeado) por hora.

Volver a la cita

115. Cálculo, salario del percentil 10 = $21.05 de compensación total por hora * 1.13 horas = $23.79 (redondeado).

Cálculo, salario promedio = $47.68 de compensación total por hora * 1.13 horas = $53.88 (redondeado).

Cálculo, abogado = $128.28 de compensación total por hora * 1.13 horas = $144.96 (redondeado).

Volver a la cita

116. 8 CFR 106.2(a)(44(ii)(G).

Volver a la cita

117. Cálculo: 4,120 extranjeros afectados × $24 de tarifa de presentación del Formulario I-94 = $98,880 en transferencias. Tenga en cuenta además que estos cálculos no incluyen ajustes por inflación según se describe en H.R.1.

Volver a la cita

118. Cálculo: $98,880 en transferencias anuales debido a las tarifas de presentación del Formulario I-94 × 10 años = $988,800 en nuevas transferencias debido a la norma.

Volver a la cita

119. Como se analizó anteriormente, USCIS estima que se presentarán aproximadamente 337,763 Formularios I-589 anualmente durante el período de análisis de 10 años. Los datos internos muestran que, durante la primera mitad del año fiscal 2026, USCIS rechazó aproximadamente el 42% de los Formularios I-589 presentados. Estos datos indican que, si estas tasas permanecen constantes durante el período de análisis, USCIS rechazaría aproximadamente 141,860 Formularios I-589 anualmente. USCIS señala, sin embargo, que la tasa histórica de rechazo aplicada a la población histórica de presentaciones es un indicador poco confiable de la tasa de rechazo después de la implementación completa de las tarifas (y las consecuencias de su falta) descritas por H.R.1, debido a que el establecimiento de tarifas para los Formularios I-589 representa un cambio significativo respecto de la práctica anterior y desincentiva la presentación de solicitudes frívolas. USCIS presenta estos datos como contexto, pero no considera que deban utilizarse por sí solos como base.

Volver a la cita

120. Loper Bright Enters. v. Raimondo, 603 U.S. 369 (2024) (que exige la mejor interpretación del estatuto); Motor Vehicle Mfrs. Ass'n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29 (1983) (toma de decisiones razonada).

Volver a la cita

121. Una pequeña empresa se define como cualquier negocio de propiedad y operación independiente que no sea dominante en su campo de operación y que califique como pequeña empresa conforme a la Ley de Pequeñas Empresas (Small Business Act), 15 U.S.C. 632.

Volver a la cita

122. Véase 2 U.S.C. 1532(a).

Volver a la cita

123. Véase BLS, “Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all items, by month,” https://www.bls.gov/​cpi/​tables/​supplemental-files/​historical-cpi-u-202412.pdf (visitado por última vez el 6 de noviembre de 2025). Cálculo de la inflación: (1) Calcular el promedio mensual del CPI-U para el año de referencia (1995) y el año actual (2024); (2) Restar el CPI-U del año de referencia del CPI-U del año actual; (3) Dividir la diferencia entre el CPI-U del año actual y el CPI-U del año de referencia por el CPI-U del año de referencia; y (4) Multiplicar por 100 = [(Promedio mensual del CPI-U de 2024 − Promedio mensual del CPI-U de 1995) ÷ (Promedio mensual del CPI-U de 1995)] × 100 = [(313.689 − 152.383) ÷ 152.383] = (161.306/152.383) = 1.059 × 100 = 105.86 por ciento = 106 por ciento (redondeado). Cálculo del valor ajustado por inflación: $100 millones en dólares de 1995 × 2.06 = $206 millones en dólares de 2024.

Volver a la cita

124. El término “mandato federal” significa un mandato intergubernamental federal o un mandato federal del sector privado. Véase 2 U.S.C. 1502(1), 658(6).

Volver a la cita

125. Véase la Ley Pública 105-277, 112 Stat. 2681 (1998).

Volver a la cita

126. El Manual de Instrucciones contiene los procedimientos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para implementar la NEPA y fue emitido el 6 de noviembre de 2014, https://www.dhs.gov/​ocrso/​eed/​epb/​nepa (actualizado por última vez el 29 de julio de 2025).

Volver a la cita

127. Véase 42 U.S.C. 4336(a)(2), 4336e(1).

Volver a la cita

128. Véase el Manual de Instrucciones, Apéndice A, Tabla 1.

Volver a la cita

129. Manual de Instrucciones en V.B(2)(a)-(c).

Volver a la cita

130. Véase 8 CFR 274A.12(a). USCIS puede, a su discreción, determinar el período de validez asignado a cualquier documento emitido que acredite la autorización de un extranjero para trabajar en los Estados Unidos.

Volver a la cita

[FR Doc. 2026-08333 Presentado el 4-28-26; 8:45 a.m.]

CÓDIGO DE FACTURACIÓN 9111-97-P