DHS propone reformar la autorización de empleo para solicitantes de asilo, extiende la espera a 365 días

Encabezados del documento

Los encabezados de los documentos varían según el tipo de documento, pero pueden contener lo siguiente:

Consulte el Manual de Redacción de Documentos (Document Drafting Handbook) para más detalles.

(página impresa 8616)

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, DHS.

Aviso de propuesta de reglamentación.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) propone modificar las regulaciones que rigen las solicitudes de asilo y de suspensión de la expulsión (solicitudes de asilo) y la autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente. La regla propuesta cambiaría los requisitos de presentación y elegibilidad para los extranjeros que solicitan autorización de empleo y un documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) basado en una solicitud de asilo pendiente. Los cambios incluyen suspender la aceptación de solicitudes de EAD de los solicitantes de asilo durante los períodos en que el tiempo de procesamiento promedio del asilo afirmativo exceda los 180 días, extender el período de espera para solicitar la autorización de empleo a 365 días, cambiar los requisitos de tiempo de procesamiento de las solicitudes de EAD, y agregar requisitos de elegibilidad.

Los comentarios sobre esta regla propuesta, incluidas las recopilaciones de información propuestas, deben recibirse a más tardar el 24 de abril de 2026. El Sistema Electrónico de Gestión de Expedientes Federales aceptará comentarios antes de la medianoche, hora del este, al final de ese día.

Puede presentar comentarios sobre la totalidad de este paquete de reglamentación propuesta, identificado por el Núm. de Expediente de DHS 2025-0370, a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica: http://www.regulations.gov. De conformidad con 5 U.S.C. 553(b)(4), el resumen de esta regla también puede encontrarse en https://www.regulations.gov. Siga las instrucciones del sitio web para presentar comentarios.

Los comentarios deben presentarse en inglés, o debe proporcionarse una traducción al inglés. Los comentarios presentados de una manera distinta a través de http://www.regulations.gov, incluidos correos electrónicos o cartas enviadas a funcionarios del DHS o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), no se considerarán comentarios sobre la regla propuesta y es posible que no reciban respuesta del DHS. Tenga en cuenta que el DHS y el USCIS no pueden aceptar comentarios entregados en mano o enviados por mensajería. Además, el USCIS no puede aceptar comentarios contenidos en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento de medios digitales, como CD/DVD y unidades USB. El USCIS tampoco está aceptando comentarios enviados por correo postal en este momento. Si no puede presentar su comentario utilizando http://www.regulations.gov, comuníquese con Samantha Deshommes, Jefa de la División de Coordinación Regulatoria, Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, por teléfono al (240) 721-3000 para obtener instrucciones alternativas.

División de Asuntos Humanitarios, Oficina de Política y Estrategia, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional, 5900 Capital Gateway Drive, Camp Springs, MD 20746; teléfono (240) 721-3000 (no es una llamada gratuita).

I. Participación Pública

II. Resumen Ejecutivo

A. Propósito de la Acción Regulatoria

B. Resumen de las Disposiciones Principales de la Acción Regulatoria

1. Enmendar 8 CFR 208.3(c)(3), Forma de la Solicitud

2. Enmendar 8 CFR 208.7(a), Autorización de Empleo

a. Datos Biométricos

b. Extensión del Plazo de 180 Días para el EAD de Asilo a un Período de Espera de 365 Días Calendario

c. Aprobaciones Recomendadas

d. Plazos de Procesamiento

e. Motivos de Inelegibilidad Penal

f. Efecto de la Denegación de la Solicitud de Asilo

g. Plazo de Presentación de Un Año

h. Entrada Ilegal

i. Uso de Información Desfavorable

j. Pausa y Reinicio de la Aceptación de Solicitudes Iniciales de EAD (c)(8)

3. Enmendar 8 CFR 208.7(b), Renovación

4. Enmendar 8 CFR 208.7(c), Terminación

5. Enmendar 8 CFR 274a.12(c)(8)

6. Enmendar 8 CFR 274a.13, Solicitud de Autorización de Empleo

7. Actualizaciones Técnicas y de Conformidad a las Enmiendas Propuestas

C. Impacto de la Fecha de Vigencia de la Regla Final

1. Plazo de Procesamiento

2. Período de Espera Para Solicitar y Recibir un EAD Inicial (c)(8)

3. Pausa y Reinicio de la Aceptación de Solicitudes de EAD (c)(8)

D. Resumen de Beneficios y Costos

E. Autoridad Legal

F. Divisibilidad

III. Antecedentes y Propósito

A. Introducción

B. Esfuerzos para Reformar el Sistema de Asilo

C. Necesidad Continua de Reforma

D. Antecedentes

1. Elegibilidad para el Asilo

2. Solicitudes Afirmativas vs. Defensivas

3. Autorización de Empleo para Solicitantes de Asilo

a. Reloj de 180 Días para el EAD de Asilo

b. Plazo de Procesamiento de 30 Días

c. Impacto de la Denegación de la Solicitud de Asilo sobre la Autorización de Empleo

IV. Reglamentaciones Relacionadas

A. NPRM sobre EAD Discrecional

B. NPRM sobre Biometría

V. Análisis de la Norma Propuesta

A. Pausa y Reinicio de la Aceptación de Solicitudes de EAD conforme a (c)(8)

B. Período de Espera de 365 Días Calendario para Solicitar los EAD conforme a (c)(8)

C. Cambios a los Requisitos de Presentación para las Solicitudes de Asilo

D. Plazo de Procesamiento para los EAD conforme a (c)(8)

E. Requisitos Biométricos

F. Requisitos de Elegibilidad

1. Plazo de Presentación de Un Año

2. Impedimentos Penales

3. Entrada Ilegal

G. Decisiones Discrecionales

H. Aprobaciones Recomendadas

I. Terminación de la Autorización de Empleo

1. Solicitudes de Asilo que Ya No Están Pendientes ante el DHS y el DOJ

2. Mantenimiento de un EAD Mientras se Busca Revisión Administrativa o Judicial

3. Excepción Limitada para Menores Extranjeros No Acompañados

J. Priorización de la Adjudicación de una Solicitud de Asilo Debido a Información Desfavorable en la Adjudicación del Formulario I-765

K. Reglamentaciones Correspondientes del DOJ

VI. Requisitos Estatutarios y Reglamentarios

A. Órdenes Ejecutivas 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria), 13563 (Mejora de la Regulación y de la Revisión Regulatoria) y 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación)

1. Resumen de las Disposiciones Propuestas y de los Impactos de Beneficios y Costos

2. Antecedentes y Propósito

3. Línea de Base y Población

4. Salarios y Costos de Oportunidad del Tiempo

5. Formularios, Cargas de Tiempo y Tarifas

6. Impactos Monetizados (Costos, Beneficios y Transferencias)

a. Variables y Descripciones

b. Módulo 1: Pausa en la Aceptación de Solicitudes de EAD

c. Módulo 2: Disposiciones sobre la Emisión de EAD

7. Efectos Distributivos de los Impactos Monetizados

8. Impactos en el Mercado Laboral

9. Otros Impactos No Estimados

B. Ley de Flexibilidad Regulatoria

C. Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995

D. Orden Ejecutiva 13132 (Federalismo)

E. Orden Ejecutiva 12988 (Reforma de la Justicia Civil)

F. Evaluación Familiar

G. Orden Ejecutiva 13175 (Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indígenas)

H. Ley Nacional de Política Ambiental

I. Ley de Reducción de Trámites

1. Ley de Reducción de Trámites, Recopilación de Información

2. Formulario I-589

3. Formulario I-765

J. Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación) (página impresa 8617)

K. Orden Ejecutiva 12630 (Acciones Gubernamentales e Interferencia con los Derechos de Propiedad Protegidos Constitucionalmente)

AO, oficial de asilo

APA, Ley de Procedimiento Administrativo

BIA: Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals)

BLS: Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics)

CBP: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection)

CFR: Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations)

DHS: Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security)

DOJ: Departamento de Justicia de los Estados Unidos (U.S. Department of Justice)

EAD: documento de autorización de empleo

E.O.: Orden Ejecutiva (Executive Order)

EOIR: Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Executive Office for Immigration Review)

Formulario I-589: Solicitud de Asilo y de Suspensión de la Expulsión

Formulario I-765: Solicitud de Autorización de Empleo

FY: Año Fiscal

HSA: Ley de Seguridad Nacional de 2002 (Homeland Security Act)

ICE: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement)

IIRIRA: Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act)

IJ: Juez de Inmigración (Immigration Judge)

INA: Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act)

INS: Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service)

LIFO: último en entrar, primero en salir (last in, first out)

NEPA: Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act)

NPRM: aviso de propuesta de reglamentación (notice of proposed rulemaking)

NTA: Notificación de Comparecencia (Notice to Appear)

OMB: Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget)

PRA: Ley de Reducción de Trámites (Paperwork Reduction Act)

RFA: análisis de flexibilidad regulatoria (regulatory flexibility analysis)

RIA: análisis de impacto regulatorio (regulatory impact analysis)

SBREFA: Ley de Equidad en la Aplicación de Regulaciones para la Pequeña Empresa de 1996 (Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act) (Ley de Revisión del Congreso)

Secretario: Secretario de Seguridad Nacional

TVPRA: Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas William Wilberforce de 2008 (William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act)

UAC: Menor Extranjero No Acompañado (Unaccompanied Alien Child)

UMRA: Ley de Reforma de Mandatos No Financiados de 1995 (Unfunded Mandates Reform Act)

U.S.C.: Código de los Estados Unidos (United States Code)

USCIS: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services)

El DHS invita a todas las partes interesadas a participar en este proceso de reglamentación mediante la presentación de datos, opiniones, comentarios y argumentos por escrito sobre todos los aspectos de esta propuesta de regla. El DHS también invita comentarios relacionados con los efectos económicos, ambientales o federalistas que puedan resultar de esta propuesta de regla. Los comentarios deben presentarse en inglés, o debe proporcionarse una traducción al inglés. Los comentarios que brindarán la mayor asistencia a USCIS en la implementación de estos cambios harán referencia a una parte específica de la regla propuesta, explicarán el motivo de cualquier cambio recomendado e incluirán datos, información o autoridad que respalden dicho cambio recomendado. Los comentarios presentados de una manera distinta a través de http://www.regulations.gov, incluidos correos electrónicos o cartas enviadas a funcionarios del DHS o de USCIS, no se considerarán comentarios sobre la regla propuesta y es posible que no reciban respuesta del DHS.

Instrucciones: Si usted presenta un comentario, debe incluir el nombre de la agencia (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y el número de expediente del DHS USCIS-2025-0370 correspondiente a este proceso de reglamentación. Independientemente del método utilizado para presentar comentarios o materiales, todas las presentaciones se publicarán, sin cambios, en el Portal Federal de Reglamentación Electrónica en http://www.regulations.gov, e incluirán cualquier información personal que usted proporcione. Por lo tanto, al presentar esta información, la hace pública. Es posible que desee considerar limitar la cantidad de información personal que proporciona en cualquier comentario público voluntario que envíe al DHS. El DHS puede retener de la visualización pública la información proporcionada en los comentarios que determine que puede afectar la privacidad de una persona o que sea ofensiva. Para obtener información adicional, lea el Aviso de Privacidad y Seguridad disponible en http://www.regulations.gov.

Expediente: Para acceder al expediente y leer los documentos de referencia o los comentarios recibidos, visite http://www.regulations.gov, haciendo referencia al número de expediente del DHS USCIS-2025-0370. También puede registrarse para recibir alertas por correo electrónico en el expediente en línea para ser notificado cuando se publiquen comentarios o se publique una regla final.

Los objetivos generales de esta propuesta de reglamentación son mejorar la integridad de los beneficios en las solicitudes de asilo y de autorización de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente, abordar las preocupaciones de seguridad nacional y seguridad pública, y mitigar las tensiones indebidas sobre los recursos operativos del DHS mediante la reducción del incentivo para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de mérito como un medio para obtener autorización de empleo, facilitando con ello adjudicaciones más rápidas y eficientes de las solicitudes de asilo meritorias y de las solicitudes de autorización de empleo basadas en asilo pendientes. Las recepciones iniciales de solicitudes de autorización de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente por parte de USCIS han alcanzado un máximo histórico, y los recursos de adjudicación de USCIS están sobrecargados.

Para mejorar la integridad de los beneficios, proteger la seguridad nacional y reducir la presión sobre los recursos de USCIS, el DHS propone cambios a sus regulaciones relativas a las solicitudes de EAD presentadas por solicitantes de asilo [1] en virtud de 8 CFR 274a.12(c)(8) ("categoría (c)(8)"). El DHS propone codificar en las regulaciones una pausa en la aceptación por parte de USCIS de las presentaciones iniciales del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo ("solicitud de EAD"), en la categoría (c)(8) cuando el tiempo promedio de procesamiento de USCIS para las solicitudes de asilo afirmativas exceda los 180 días. Esta regla propuesta también aumenta el período de espera para solicitar los EAD de categoría (c)(8) a 365 días calendario, extiende el plazo de procesamiento para que USCIS adjudique las solicitudes iniciales de EAD de categoría (c)(8), e introduce requisitos de elegibilidad adicionales para los EAD de categoría (c)(8). Por último, la regla propuesta también afecta el procesamiento de asilo afirmativo al permitir que USCIS priorice la adjudicación de solicitudes de asilo cuando se encuentre información desfavorable durante la revisión de la solicitud de EAD. Permitir que los oficiales de asilo prioricen una solicitud de asilo afirmativa con base en información desfavorable encontrada durante el proceso de solicitud de autorización de empleo mejorará la postura de USCIS en materia de seguridad nacional y seguridad pública, al mismo tiempo que permitirá a la agencia clasificar y procesar de manera más eficiente los casos potencialmente frívolos, fraudulentos o carentes de fundamento.

Como se analiza a continuación, existe un precedente histórico para las disposiciones propuestas en esta regla, y el DHS considera que la promulgación de esta regla reducirá las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o carentes de fundamento que se presentan con el único propósito de obtener autorización de empleo. En última instancia, la reducción de las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o carentes de fundamento permitirá a USCIS dedicar una mayor proporción de sus recursos limitados a la adjudicación de solicitudes de asilo con méritos, incluidos los casos atrasados, y otras solicitudes de beneficios pendientes. USCIS anticipa que el impacto de esta regla propuesta alineará la adjudicación de las solicitudes de EAD de categoría (c)(8) más estrechamente con el estatuto, al facilitar la adjudicación oportuna de las solicitudes de asilo y, eventualmente, limitar la autorización de empleo durante la pendencia de una solicitud de asilo a un número reducido de casos en los que no se pueda tomar una decisión sobre una solicitud de asilo dentro de los 365 días. (página impresa 8618)

El DHS propone codificar en la regulación los siguientes cambios principales:

El DHS propone alinear sus criterios para determinar cuándo una solicitud de asilo se considera recibida y completa de manera más estrecha con las reglas generales que rigen las solicitudes de beneficios de inmigración establecidas en el 8 CFR 103.2. Las regulaciones vigentes en el 8 CFR 103.2(a)(7) establecen que USCIS registrará la fecha de recepción como la fecha real en que la solicitud de beneficio de inmigración se recibe en el lugar de presentación designado, ya sea de forma electrónica o en papel, siempre que esté firmada con una firma válida, ejecutada y presentada de conformidad con las regulaciones que rigen esa solicitud de beneficio en particular y con el pago correcto de la tarifa. El DHS propone aplicar estas regulaciones vigentes a las solicitudes de asilo presentadas después de la fecha de vigencia de esta regla. Las solicitudes de beneficios de inmigración que no cumplan con estos requisitos son rechazadas y devueltas, y no conservan una fecha de presentación. El DHS también propone eliminar el lenguaje del 8 CFR 208.3(c)(3) que establece que una solicitud de asilo se considerará "completa" si USCIS no devuelve la solicitud incompleta al extranjero dentro de un período de 30 días.

El DHS propone exigir que todos los solicitantes de un EAD de categoría (c)(8), incluidas las solicitudes de renovación, presenten datos biométricos. Si un extranjero no comparece para la presentación de datos biométricos, su solicitud de autorización de empleo sería denegada conforme al 8 CFR 103.2(b)(13)(ii), de manera similar a como USCIS maneja actualmente otras solicitudes de beneficios.

Conforme a la regla propuesta, los solicitantes de asilo serían elegibles para solicitar la autorización de empleo 365 días calendario después de la fecha en que se recibe su solicitud de asilo. El período de espera de 365 días calendario comenzará en la fecha de recepción de una solicitud de asilo completa, según se registre de conformidad con el 8 CFR 103.2(a)(7).

El DHS propone eliminar el lenguaje que hace referencia a las "aprobaciones recomendadas". La División de Asilo de USCIS ya no emite aprobaciones recomendadas como decisión preliminar para las adjudicaciones de asilo afirmativo.

El DHS propone enmendar el requisito reglamentario de que USCIS complete la adjudicación de las solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8) dentro de 30 días. Para las solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8) recibidas en o después de la fecha de vigencia de la regla final, el DHS propone extender el plazo de procesamiento a 180 días para que USCIS adjudique la solicitud de EAD. El DHS no propone ningún cambio para las solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8) presentadas antes de la fecha de vigencia de esta regla.

El DHS propone excluir de la elegibilidad para el EAD conforme a (c)(8) a cualquier extranjero respecto del cual exista motivo para creer que pueda estar impedido de recibir una concesión de asilo debido a uno de los impedimentos penales al asilo conforme a las secciones 208(b)(2)(A)(ii)-(iii).

El DHS propone excluir de la elegibilidad inicial para el EAD conforme a (c)(8) a cualquier extranjero cuya solicitud de asilo haya sido denegada por un oficial de asilo o un Juez de Inmigración (IJ, por sus siglas en inglés) dentro del período de espera de 365 días calendario, o antes de la adjudicación de la solicitud inicial de EAD conforme a (c)(8).

El DHS propone excluir de la elegibilidad para el EAD conforme a (c)(8) a cualquier extranjero cuya solicitud de asilo sea presentada en o después de la fecha de vigencia de la regla final y más de 1 año después de la llegada del extranjero a los Estados Unidos, a menos que un oficial de asilo o un IJ determine que existe una excepción al plazo de presentación de 1 año, o a menos que el extranjero se encuentre bajo la jurisdicción inicial de USCIS como menor extranjero no acompañado (UAC, por sus siglas en inglés).

El DHS propone excluir de la elegibilidad para el EAD conforme a (c)(8) a cualquier extranjero que haya ingresado o intentado ingresar a los Estados Unidos sin inspección en o después de la fecha de vigencia de la regla final, a menos que el extranjero, sin demora pero a más tardar 48 horas después de la entrada, haya expresado a un oficial de inmigración su intención de solicitar asilo o haya expresado a un oficial de inmigración un temor de persecución o tortura; o a menos que el extranjero demuestre causa justificada para la entrada o el intento de entrada ilegal; o a menos que el extranjero cumpla con la definición de, o en cualquier momento desde su entrada más reciente haya sido determinado como, un UAC según se define en 6 U.S.C. 279(g)(2).

Para ayudar a mejorar la eficiencia adjudicativa, el DHS propone priorizar las solicitudes de asilo para su adjudicación si USCIS encuentra información desfavorable durante el proceso de adjudicación de las solicitudes de EAD conforme a (c)(8).

El DHS propone pausar la aceptación de solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8) cuando el tiempo promedio de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo durante un período consecutivo de adjudicaciones de 90 días exceda los 180 días. Después de implementada dicha pausa, la aceptación de solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8) se reanudaría cuando el tiempo promedio de procesamiento de las adjudicaciones de solicitudes de asilo afirmativo durante un período consecutivo de 90 días sea menor o igual a 180 días. La determinación del Director de USCIS de pausar y reiniciar las aceptaciones de EAD conforme a (c)(8) se basará únicamente en los tiempos de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo, y no estará sujeta a discrecionalidad. Al evaluar los tiempos de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo para los casos de asilo de USCIS, el Director de USCIS considerará todas las solicitudes de asilo pendientes ante USCIS durante el período de 90 días anterior. La regla exigiría que el Director de USCIS revise los tiempos de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo en la fecha de vigencia de la regla final. El DHS propone notificar al público sobre cualquier cambio de este tipo en el procesamiento y proporcionar los tiempos de procesamiento trimestrales de respaldo a través de anuncios en el sitio web de USCIS.

Como se describe en la sección V.A de este preámbulo, los tiempos de procesamiento actuales de USCIS para el asilo afirmativo son significativamente mayores a 180 días.[2] Los tiempos de procesamiento mostraban una tendencia a la baja, pero recientemente aumentaron de nuevo. USCIS espera que esta regla respalde otra tendencia a la baja a largo plazo, pero USCIS también espera que, tras la implementación de esta regla, las nuevas solicitudes de EAD para solicitantes de asilo pendientes se suspendan durante un período prolongado, posiblemente muchos años. Por ejemplo, sin tener en cuenta ninguno de los demás cambios propuestos en esta regla y cómo podrían afectar los tiempos de adjudicación, podría tomar entre 14 y 173 años alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días, dependiendo del grado de reducción en la recepción de solicitudes de asilo (página impresa 8619) después de esta regla. Vale la pena repetir que ninguna de esas proyecciones toma en cuenta ninguno de los demás cambios propuestos en esta regla que, de finalizarse, también acortarían esos tiempos de procesamiento. USCIS también reconoce que, si bien el cálculo del tiempo de procesamiento de adjudicación de asilo se basará únicamente en las solicitudes de asilo afirmativo, la pausa en la aceptación de solicitudes de autorización de empleo (c)(8) afectará tanto a las solicitudes de asilo afirmativo como a las defensivas. Si bien este es un cambio significativo en el acceso a la autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que es necesario para lograr sus objetivos de mejorar la integridad de los beneficios, proteger la seguridad nacional y reducir las tensiones de recursos.

El DHS propone aclarar y consolidar los requisitos para solicitar una renovación de EAD (c)(8) y especificar que los extranjeros que soliciten la renovación de EAD (c)(8) también deben presentar datos biométricos.

Conforme a la regla propuesta, la terminación de un EAD (c)(8) ocurriría: (1) inmediatamente después de la denegación de una solicitud de asilo por parte de un oficial de asilo, a menos que el caso sea referido a un Juez de Inmigración; (2) en la fecha que sea 30 días después de la fecha en que un Juez de Inmigración deniegue una solicitud de asilo, a menos que el extranjero presente una apelación oportuna ante la Junta de Apelaciones de Inmigración; o (3) inmediatamente después de la denegación o desestimación por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración de una apelación de la denegación de una solicitud de asilo.

El DHS propone eliminar la referencia a las aprobaciones recomendadas debido a que USCIS ya no emite aprobaciones recomendadas como decisión preliminar para las adjudicaciones de asilo afirmativo.

Conforme a la regla propuesta, la aprobación de las solicitudes de EAD (c)(8) quedaría a discreción de USCIS, conforme a su autoridad discrecional bajo la sección 208(d)(2) de la INA, 8 U.S.C. 1158(d)(2). El DHS también propone reemplazar la información detallada sobre la presentación y adjudicación de solicitudes de EAD (c)(8) con una referencia al 8 CFR 208.7.

El DHS propone enmiendas técnicas y de conformidad a las regulaciones afectadas para alinearlas con los cambios principales descritos anteriormente, incluidas actualizaciones estructurales al 8 CFR 208.7(a) con el fin de incorporar las nuevas disposiciones. La regla propuesta también revisaría el lenguaje desactualizado, como reemplazar las referencias a “el comisionado” por “USCIS.”

Conforme a esta regla propuesta, el DHS permitirá que los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes que aún no hayan sido adjudicadas y que ya cuenten con autorización de empleo antes de la fecha de vigencia de la regla final permanezcan autorizados para trabajar hasta la fecha de vencimiento de su EAD actual, a menos que la tarjeta sea terminada o revocada por los motivos especificados en las regulaciones vigentes al momento en que se emitió su EAD.

En este proyecto de reglamento, existen ciertas disposiciones que se aplican únicamente a las solicitudes iniciales de autorización de empleo (c)(8) presentadas en la fecha de entrada en vigor de la regla final o después de dicha fecha. Las disposiciones que se aplican únicamente a las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) se señalan en el texto reglamentario propuesto. Las demás disposiciones propuestas se aplican tanto a las solicitudes iniciales como a las de renovación de EAD (c)(8) presentadas en la fecha de entrada en vigor de la regla final o después de dicha fecha. En general, y salvo que se especifique lo contrario, los extranjeros que presenten solicitudes de renovación de EAD (c)(8) en la fecha de entrada en vigor de la regla final o después de dicha fecha estarían sujetos a las disposiciones aplicables de esta regla propuesta, independientemente de la fecha en que se haya presentado su solicitud inicial de EAD (c)(8). Al aplicar muchas de estas disposiciones a las renovaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca proteger aún más los procesos de autorización de empleo y de asilo contra el fraude y el abuso. Los extranjeros que soliciten renovaciones de autorización de empleo y que puedan haber abandonado sus solicitudes de asilo o no se hayan presentado a sus entrevistas de asilo o citas biométricas ya no podrán recibir renovaciones de autorización de empleo debido al escrutinio adicional establecido en la regla propuesta. La aplicación de ciertas disposiciones a las renovaciones también permitirá al DHS examinar a los extranjeros y reducir el número de renovaciones de autorización de empleo otorgadas a extranjeros que hayan sido condenados por delitos después de recibir su EAD inicial, reforzando así la seguridad pública y fortaleciendo la seguridad nacional. Por último, la aplicación de estos cambios tanto a las renovaciones como a las solicitudes iniciales genera eficiencias para los adjudicadores de USCIS, quienes solo tendrían que aplicar un único conjunto de requisitos de elegibilidad para los EAD (c)(8), en lugar de un conjunto de requisitos de elegibilidad para los EAD (c)(8) iniciales y otro conjunto diferente de requisitos para los EAD (c)(8) de renovación.

Las disposiciones que se aplican únicamente a las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) incluyen los cambios propuestos al plazo de tramitación, el período de espera para solicitar y recibir un EAD (c)(8), y la pausa y reanudación de la aceptación de solicitudes de EAD (c)(8). En cuanto a la pausa y reanudación, USCIS anticipa que la regla resultaría en una pausa inicial potencialmente prolongada. USCIS anticipa que esta pausa se instituiría después de que USCIS revisara los tiempos promedio de tramitación de las solicitudes de asilo durante el primer período de 90 días después de que la regla entre en vigor. USCIS reconoce que, si bien el cálculo del tiempo de tramitación de la adjudicación de asilo se basará únicamente en las solicitudes de asilo afirmativas, la pausa en la aceptación de solicitudes de autorización de empleo (c)(8) afectará tanto a los solicitantes de asilo afirmativo como a los de asilo defensivo. Esta regla no tendrá ningún efecto sobre la posibilidad de solicitar el reemplazo de EAD (c)(8) perdidos, robados o dañados.

El DHS propone enmendar el 8 CFR 208.7(a)(1) para extender el requisito de tramitación de 30 días a 180 días para todas las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) presentadas en la fecha de entrada en vigor de la regla final o después de dicha fecha. Cualquier solicitud inicial de EAD (c)(8) que esté pendiente a partir de la fecha de entrada en vigor de la regla final seguiría estando sujeta al requisito actual de tramitación de 30 días. Una exposición más completa de este cambio y del litigio relacionado con los plazos de tramitación en el caso Rosario v. USCIS aparece en la sección V.D de este preámbulo. Actualmente no existen requisitos de plazo de tramitación para las solicitudes de renovación de EAD (c)(8), y no habría cambios en los requisitos de plazo para las solicitudes de renovación de EAD (c)(8) dentro de esta regla propuesta.

El DHS propone enmendar el período de espera para solicitar y recibir un EAD (c)(8) inicial a 365 días calendario. Esta regulación se aplicaría a todas las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) presentadas en la fecha de entrada en vigor de la regla final o después de dicha fecha. Cualquier solicitud inicial de EAD (c)(8) que esté pendiente a partir de la fecha de entrada en vigor de la regla final seguiría estando sujeta al Reloj de Asilo de 180 días actual. Actualmente no existen requisitos reglamentarios de período de espera para las solicitudes de renovación de EAD (c)(8),[3] y no ( página impresa 8620) habría cambios relacionados con los períodos de espera para las solicitudes de renovación de EAD (c)(8) dentro de esta acción reglamentaria propuesta.[4]

El DHS propone pausar y reanudar la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) con base en el tiempo promedio de procesamiento de las adjudicaciones de solicitudes de asilo durante un período de 90 días. Para los fines de este NPRM (Aviso de Propuesta de Reglamentación, por sus siglas en inglés), una solicitud de asilo afirmativo se considera procesada cuando se emite una concesión, una referencia o una denegación, o cuando la solicitud se cierra administrativamente. Los casos descritos como cierres administrativos son aquellos que no reciben una decisión final sobre el fondo del asunto, sino que se cierran por razones tales como falta de jurisdicción o abandono de la solicitud de asilo. El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) utiliza diferentes términos para referirse a la duración de un caso, entre ellos el "tiempo de procesamiento" y el "tiempo de ciclo". Generalmente, el "tiempo de procesamiento" es el tiempo transcurrido desde la recepción hasta la finalización de cada formulario individual, y puede promediarse durante un período específico en el pasado, pero no toma en cuenta las solicitudes actualmente pendientes y no se utiliza para proyecciones. El "tiempo de ciclo" se define como la cantidad de meses de recepciones que representa el volumen actual de casos pendientes. Esta es una métrica interna que puede utilizarse para proyecciones porque toma en cuenta el volumen pendiente actual, las recepciones anticipadas y las finalizaciones esperadas. Como métrica de gestión interna, los tiempos de ciclo son generalmente comparables a los tiempos de procesamiento medianos publicados públicamente por la agencia. Los tiempos de ciclo son lo que las divisiones operativas del USCIS utilizan para medir cuánto progreso está, o no está, logrando la agencia en la reducción de nuestra carga de casos de asilo afirmativo pendientes y de los tiempos generales de procesamiento de casos. El DHS pausaría la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) cuando el tiempo promedio de procesamiento de todas las solicitudes de asilo afirmativo durante un período consecutivo de adjudicación de 90 días supere los 180 días. La aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) se reanudaría cuando el tiempo promedio de procesamiento de las adjudicaciones de asilo afirmativo durante un período consecutivo de 90 días sea igual o inferior a 180 días. Las disposiciones propuestas para pausar y reanudar la aceptación de solicitudes de EAD solo afectan a las solicitudes iniciales de EAD (c)(8). Por lo tanto, incluso en un período en el que el USCIS haya pausado la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) debido a los tiempos de procesamiento de las solicitudes de asilo, el USCIS continuará recibiendo y adjudicando las solicitudes de renovación de EAD (c)(8), así como las solicitudes de EAD en otras categorías de elegibilidad.

La norma exigiría que el Director del USCIS revise los tiempos de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo con el fin de determinar si las aceptaciones de solicitudes de EAD (c)(8) del USCIS deberían pausarse o reanudarse. Este requisito comenzaría a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma final, y el Director llevaría a cabo la primera revisión requerida de los tiempos de procesamiento de solicitudes de asilo después del primer período de 90 días posterior a dicha fecha. Con base en los tiempos de procesamiento recientes, el USCIS anticipa que el Director instituirá una pausa inicial en las adjudicaciones de EAD de asilo tras dicha revisión. La determinación del Director del USCIS no es discrecional, y la decisión de pausar o reanudar la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) está directamente vinculada a los tiempos de procesamiento de todas las solicitudes de asilo afirmativo durante el período anterior de 90 días. El DHS propone notificar al público sobre cualquier cambio de este tipo en el procesamiento y proporcionar los tiempos de procesamiento que respaldan dicha determinación a través de anuncios en el sitio web del USCIS.

El DHS espera que esta norma propuesta genere beneficios sustanciales. Como se analiza más adelante en este preámbulo, el sistema de asilo está saturado, los recursos federales de adjudicación están sobrecargados, y el retraso acumulado en las solicitudes de asilo afirmativo sirve como un imán que atrae a extranjeros hacia los Estados Unidos de manera ilegal. El aumento tanto en las solicitudes de asilo como en los EAD asociados durante los últimos años ha creado una situación insostenible. Esta norma propuesta beneficiaría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) al permitirle operar bajo tiempos de procesamiento de casos sostenibles a largo plazo para las solicitudes iniciales de EAD de los solicitantes de asilo, para permitir tiempo suficiente para abordar preocupaciones de seguridad nacional, seguridad pública o fraude, y para mantener los avances tecnológicos en la producción de documentos y la verificación de identidad. Al igual que la normativa del INS de 1994 mencionada más adelante, el DHS espera que esta acción reduzca las solicitudes de asilo frívolas y fraudulentas y los incentivos económicos perversos para obtener un EAD bajo reclamos de asilo sin fundamento. 59 FR 14779 (30 de marzo de 1994); 59 FR 62284 (5 de diciembre de 1994). Las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y sin fundamento, así como las solicitudes relacionadas de autorización de empleo, pueden servir como un imán para la inmigración ilegal y generar costos para las localidades, los estados, la economía nacional, y sobrecargar los recursos. Estos costos podrían incluir asistencia pública y recursos adicionales locales o estatales utilizados para ayudar a los extranjeros, y esta norma podría mitigar potencialmente algunos de estos costos. El DHS espera que estos cambios reduzcan la confusión respecto a los requisitos de EAD para los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes y para el público, ayuden a garantizar que el texto reglamentario refleje la política actual del DHS y aplique de manera más fiel la intención de la ley, al mismo tiempo que mejore la integridad del programa. El DHS actualmente no puede cuantificar todos los beneficios potenciales de esta norma propuesta.

Además, si los empleadores pueden contratar a trabajadores estadounidenses para cubrir los empleos que de otro modo ocuparían los solicitantes de asilo, el cambio en los ingresos de dichos extranjeros constituiría transferencias beneficiosas de salarios y beneficios hacia los trabajadores estadounidenses y potencialmente no representaría pérdida de productividad ni costos para los empleadores. Si bien es posible que los extranjeros sin autorización de trabajo requieran asistencia de sus redes sociales y de apoyo, las cuales podrían incluir entidades públicas, podría existir un contrapeso; dado que esta norma potencialmente reducirá la inmigración, podría haber una menor carga económica sobre los estados, los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales, en términos de cualquier asistencia pública y recursos que actualmente se brindan a los solicitantes de asilo. Asimismo, el DHS anticipa que esta norma propuesta disminuiría la migración ilegal y las solicitudes fraudulentas de asilo y de EAD.

Muchos de los impactos descritos anteriormente serán beneficios indirectos y no cuantificables resultantes de esta norma propuesta. El DHS no puede estimar estos posibles impactos indirectos (ya sean costos, beneficios o transferencias) ni los efectos de segundo orden y posteriores, ya que quedan fuera del alcance de este análisis. Esta normativa busca reducir las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y sin fundamento, así como sus solicitudes asociadas de EAD bajo (c)(8), a la vez que mejora el proceso administrativo para la emisión de documentos de autorización de empleo para los extranjeros con solicitudes de asilo meritorias ante el USCIS. (página impresa 8621)

Exigir a los extranjeros que presenten datos biométricos tanto para las solicitudes iniciales como para las de renovación de autorización de empleo permitiría al DHS verificar los datos biométricos de un extranjero contra las bases de datos gubernamentales para determinar si coincide con alguna actividad delictiva registrada, verificar la identidad del extranjero y facilitar la producción de la tarjeta. Además, la recopilación de datos biométricos permite al DHS confirmar que las personas no están utilizando múltiples identidades o que múltiples personas no están utilizando una sola identidad. Por último, a partir de la recopilación de datos biométricos, el DHS aumentaría la integridad del programa al garantizar que solo los extranjeros elegibles que continuaran procurando el asilo estuvieran solicitando y obteniendo la autorización de trabajo, debido a que aquellos que han abandonado sus solicitudes de asilo o que no tienen una necesidad genuina de asilo podrían tener menos probabilidades de presentarse para la recopilación de datos biométricos. Esto también proporcionaría generalmente un beneficio para el público, ya que aumentaría la transparencia pertinente a los requisitos de solicitud y presentación. Como se analiza en el preámbulo, el programa de asilo ha estado históricamente sujeto a preocupaciones de fraude de identidad.

Los impactos de esta regla propuesta incluyen tanto posibles efectos distributivos (que son transferencias) como costos. Los posibles impactos distributivos recaen sobre los solicitantes de asilo que puedan ver retrasado su ingreso a la fuerza laboral de los EE. UU. o que puedan no obtener un EAD debido a que no son elegibles (por ejemplo, delito grave con agravantes, delito grave no político, etc.) o debido a una pausa en el procesamiento. Los posibles impactos distributivos (transferencias) tomarían la forma de la pérdida de oportunidad de obtener una compensación (salarios y beneficios). Una parte de esta compensación perdida podría transferirse de los solicitantes de asilo a otras personas que actualmente están empleadas en la fuerza laboral de los EE. UU., posiblemente en forma de horas adicionales trabajadas o pago de horas extras. Una parte del impacto de esta regla también podría recaer sobre las empresas que habrían contratado a los solicitantes de asilo si estos hubieran sido elegibles para un EAD o hubieran estado disponibles en el mercado laboral antes. Sin embargo, si el empleador afectado no pudiera encontrar trabajadores disponibles, estas empresas podrían incurrir en un costo en productividad y en ganancias potenciales.

Las empresas también podrían incurrir en costos de oportunidad al tener que elegir la siguiente mejor alternativa para cubrir de inmediato el puesto que el solicitante de asilo habría ocupado. USCIS desconoce cuál podría ser esa siguiente mejor alternativa para dichas empresas. Como resultado, USCIS desconoce la proporción de los impactos generales de esta regla que corresponden a transferencias o a costos. Si las empresas pueden encontrar mano de obra de reemplazo para el puesto que el solicitante de asilo habría ocupado, esta regla tendría principalmente efectos distributivos en forma de transferencias de los solicitantes de asilo hacia otras personas ya presentes en el mercado laboral (o trabajadores inducidos a reincorporarse a dicho mercado). USCIS reconoce que podría haber costos de oportunidad adicionales para los empleadores, tales como costos adicionales de búsqueda. Sin embargo, si las empresas no pueden encontrar un sustituto razonable para la mano de obra que habría proporcionado un solicitante de asilo, el efecto de esta regla sería principalmente un costo para dichas empresas a través de la pérdida de productividad y ganancias.

USCIS utiliza los cambios en los ingresos de los solicitantes de asilo como una medida del impacto general de la regla, ya sea como impactos distributivos (transferencias) o como un indicador aproximado del costo para las empresas por pérdida de productividad. No se incluyen los costos adicionales para las empresas por pérdida de ganancias y costos de oportunidad, ni los impactos distributivos para quienes forman parte de la red de apoyo de un solicitante. La compensación perdida para estos solicitantes de asilo podría oscilar entre $34,600 millones y $126,600 millones anuales (sin descontar), dependiendo de los salarios que el solicitante de asilo habría percibido y de otros factores. El total descontado a 5 años de la compensación perdida para los solicitantes de asilo, a una tasa del 3 por ciento, podría oscilar entre $155,400 millones y $568,600 millones, y a una tasa del 7 por ciento podría oscilar entre $135,500 millones y $495,800 millones (del año fiscal 2025 al año fiscal 2029).

Las estimaciones cuantificadas podrían estar sobrestimadas, ya que suponen que, sin esta regla (es decir, bajo el escenario de referencia), el período de validez del EAD sería más largo de lo que actualmente se permite.[5] Dado que USCIS ha reducido el período máximo de validez del EAD para los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes a 18 meses, los beneficiarios deben renovarlo con mayor frecuencia, lo que podría dar lugar a que menos solicitantes de asilo pendientes estén autorizados para trabajar durante el período de análisis de 5 años. Esta reducción resultaría de la disminución en las solicitudes de renovación y de una verificación más frecuente.

Podría haber impactos fiscales relacionados con los cambios en los ingresos. Los solicitantes de asilo que puedan ver retrasada o impedida la obtención de un EAD podrían generar una pérdida de impuestos federales y estatales no percibidos. Sin embargo, como se señaló anteriormente, la reducción de la presión sobre los recursos que podría mitigarse debido a los efectos de esta regla podría contrarrestar parcial o totalmente dichas pérdidas fiscales, en caso de que existan. Además, si los ingresos se transfieren a trabajadores estadounidenses, es posible que no haya pérdida de impuestos.

Esta norma podría dar lugar a una reducción de los costos de oportunidad para el Gobierno Federal. Dado que la orden judicial en el caso Rosario, 365 F. Supp. 3d 1156 (W.D. Wash. 2018), obligó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a cumplir con la disposición del plazo de procesamiento de 30 días en el año fiscal 2018, USCIS ha redistribuido sus recursos de adjudicación para avanzar hacia el cumplimiento. Al extender el plazo de procesamiento de 30 días a 180 días, es posible que se puedan reasignar recursos, lo cual podría tener el efecto de reducir las demoras en el procesamiento de las solicitudes de beneficios que otorgan estatus, y evitar los costos asociados con la contratación de personal adicional. Sin embargo, existen muchos factores que podrían influir en dicho procesamiento. Adicionalmente, si las solicitudes de asilo disminuyen, dado que esta norma genera un desincentivo a las solicitudes sin mérito que tienen como objetivo obtener un EAD, entonces el público y el Gobierno Federal podrían experimentar eficiencias operativas y de costos, ya que se basaría en la adjudicación de un menor número de solicitudes de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no descarta que pudiera haber recursos asignados a otras áreas operativas.

La Tabla 1 proporciona un resumen detallado de los cambios regulatorios y los impactos esperados de las disposiciones de la norma propuesta. USCIS estima que el impacto principal de la norma resultaría de una pausa en la aceptación de todas las nuevas solicitudes iniciales de EAD bajo la categoría (c)(8) hasta que el tiempo de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo de USCIS alcance un promedio de 180 días (Módulo 1). Adicionalmente, USCIS proporciona los impactos de las disposiciones que afectarían a los solicitantes (de EAD inicial y de renovación) cuando se levante la pausa (Módulo 2). Sin embargo, USCIS no incluye el Módulo 2 en el impacto total de la norma, debido a que los impactos del Módulo 1 (pausa de EAD) ya contabilizaron los impactos para todos los nuevos solicitantes de EAD. Incluir el Módulo 2 implicaría una doble contabilización de los impactos para la misma población. Cuando se presenta una cifra monetizada, esta se basa en un promedio anualizado del 7 por ciento, y la población anual corresponde al punto medio de un rango alto-bajo.

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Además de la información presentada en la Tabla 1, se proporcionan detalles y una declaración contable A-4 en la Sección VI (Requisitos Estatutarios y Reglamentarios) de la norma propuesta.

La autoridad del Secretario para las enmiendas reglamentarias propuestas se encuentra en varias secciones de la INA, 8 U.S.C. 1101 y siguientes, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (HSA), Ley Pública 107-296, 116 Stat. 2135 (codificada en parte en 6 U.S.C. 101 y siguientes). La autoridad general para emitir esta norma propuesta se encuentra en la sección 103(a) de la INA, 8 U.S.C. 1103(a), la cual autoriza al Secretario a administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración y nacionalidad y a establecer las regulaciones que el Secretario considere necesarias para llevar a cabo dicha autoridad, así como en la sección 102 de la HSA, 6 U.S.C. 112, la cual confiere todas las funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al Secretario y lo autoriza a emitir regulaciones.[8]

La autoridad adicional para esta norma se encuentra en:

El Departamento tiene la intención de que las disposiciones de esta norma propuesta, de finalizarse, sean separables entre sí y que se les dé efecto en la máxima medida posible, de manera que si un tribunal considerara que alguna disposición es inválida o inaplicable respecto de un extranjero o circunstancia en particular, las demás disposiciones permanezcan en vigor respecto de cualquier otro extranjero o circunstancia. Por ejemplo, si un tribunal con jurisdicción competente determinara que las enmiendas propuestas a las regulaciones bajo el 8 CFR 208.7(a)(2), por sí solas, deben ser suspendidas o anuladas por alguna razón, es la intención del DHS que dicho tribunal interprete su decisión de manera restringida y deje el resto de la norma vigente respecto de todos los demás extranjeros y circunstancias cubiertos. Si bien las diversas disposiciones de esta norma propuesta, consideradas en su conjunto, proporcionarían el máximo beneficio en cuanto a mejorar la integridad tanto del programa de asilo como del proceso de beneficios de autorización de empleo, fortalecer la postura del Departamento en materia de seguridad nacional y seguridad pública, y disminuir la carga sobre los recursos operativos, ninguna de las disposiciones es totalmente interdependiente ni incapaz de operar por separado.

El DHS reconoce que las disposiciones propuestas en el 8 CFR 208.7(a)(1)(i), el 8 CFR 208.7(a)(1)(iv) y el 8 CFR 208.7(a)(1)(v) están relacionadas entre sí, pero aun así pueden existir de forma independiente. Las enmiendas propuestas en el 8 CFR 208.7(a)(1)(iv) ampliarían la lista de inelegibilidades penales para la autorización de empleo, incluida la incorporación de impedimentos penales para el asilo, específicamente en los casos en que exista motivo para creer que el solicitante puede estar impedido de que se le conceda el asilo debido a uno de los impedimentos penales para el asilo conforme a las secciones 208(b)(2)(A)(ii)-(iii), y las enmiendas propuestas en el 8 CFR 208.7(a)(1)(v) permitirían al DHS priorizar para su adjudicación las solicitudes de asilo respecto de las cuales se descubra información desfavorable durante las adjudicaciones de EAD. Estas disposiciones propuestas se verían fortalecidas por la disposición propuesta en el 8 CFR 208.7(a)(1)(i), que exige datos biométricos para todos los extranjeros que soliciten EAD con base en solicitudes de asilo pendientes. Esta nueva disposición categórica sobre datos biométricos permitiría al DHS llevar a cabo una investigación y verificación más exhaustiva, proporcionando así una visión más completa, integral y precisa de los antecedentes penales del extranjero. Sin embargo, aun si USCIS no pudiera implementar la disposición categórica de datos biométricos, el Departamento podría aplicar igualmente los motivos de inelegibilidad penal y las disposiciones sobre información desfavorable a la adjudicación del EAD, mediante la revisión de otra evidencia disponible en el expediente o disponible en los sistemas gubernamentales.

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald J. Trump emitió una Proclamación Presidencial declarando que existe una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos [10] y una Proclamación Presidencial que establece que las circunstancias de la emergencia califican como una invasión conforme al Artículo IV, Sección 4, de la Constitución de los Estados Unidos.[11] Al señalar que el número de extranjeros encontrados a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos durante el transcurso de la administración anterior había desbordado el sistema de inmigración estadounidense y había vuelto ineficaces muchas de las disposiciones de la INA para controlar la entrada y salida de personas y mercancías a través de las fronteras de los Estados Unidos, el presidente invocó herramientas de emergencia para suspender la entrada física de extranjeros involucrados en una invasión hacia los Estados Unidos a través de la frontera sur, y proporcionar autoridades y recursos adicionales para apoyar la respuesta del Gobierno Federal.[12]

Ese mismo día, el presidente emitió la Orden Ejecutiva (E.O., por sus siglas en inglés) 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión, para asegurar "que el Gobierno Federal proteja al pueblo estadounidense mediante la ejecución fiel de las leyes de inmigración de los Estados Unidos". [13] La Orden Ejecutiva también instruyó al Secretario a asegurar "que la autorización de empleo se otorgue de manera consistente con la sección 274A de la INA (8 U.S.C. 1324a), y que la autorización de empleo no se otorgue a ningún extranjero no autorizado en los Estados Unidos". [14]

Mediante esta norma propuesta, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) está abordando, en parte, las declaraciones del Presidente sobre la emergencia nacional y la invasión en la frontera sur mediante lo siguiente: (1) reducir los incentivos para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de mérito, destinadas principalmente a obtener autorización de empleo y a permanecer en los Estados Unidos durante años debido al actual atraso en los casos de asilo; (2) desincentivar el ingreso ilegal a los Estados Unidos al disponer que, a partir de la fecha de vigencia de la norma final, todo extranjero que ingrese o intente ingresar a los Estados Unidos en un lugar y momento distintos de los legalmente establecidos a través de un puerto de entrada de los Estados Unidos será inelegible para recibir un EAD conforme a (c)(8), con excepciones limitadas; (3) reducir las oportunidades de fraude; y (4) proteger la capacidad de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) de contar con tiempo y recursos suficientes para recibir, examinar y verificar de manera significativa, y procesar las solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8), protegiendo al mismo tiempo los procesos relacionados con la seguridad que se llevan a cabo para cada solicitud de autorización de empleo. Esta norma también tiene como objetivo abordar las crecientes preocupaciones de seguridad pública y seguridad nacional que se han visto exacerbadas por el gran número de extranjeros que cruzan ilegalmente la frontera y abruman el sistema de inmigración de los Estados Unidos. El DHS también está proponiendo reformas que aliviarán muchas de las cargas que enfrenta USCIS al aceptar y adjudicar las solicitudes de asilo y de autorización de empleo relacionadas.

Como se explica con mayor detalle más adelante en este preámbulo, estas reformas ayudarán a mitigar la crisis que enfrentan nuestros sistemas de inmigración y asilo como consecuencia de la migración masiva de extranjeros a través de la frontera sur, y mejorarán el actual atraso en los casos de asilo al desalentar nuevas solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de mérito, liberando así recursos del DHS para que se concentren en las solicitudes del atraso actual, lo que ayudará a despejar el camino para que las solicitudes de asilo con mérito sean recibidas, procesadas y adjudicadas con mayor rapidez.

El atraso existente en los casos de asilo ha generado una avalancha de litigios por parte de extranjeros con solicitudes de asilo pendientes que alegan demoras injustificadas en sus solicitudes, lo cual ha drenado significativamente los recursos de USCIS y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para resolverlos. De hecho, las peticiones de recursos de mandamus [15] relacionadas con casos de asilo afirmativo han ido en aumento en los últimos años, pasando de 1,545 en el año fiscal 2022 a 4,093 en el año fiscal 2023 y a 5,187 casos en el año fiscal 2024.[16] Los casos de asilo afirmativo con acciones de mandamus obstaculizan aún más el progreso en la reducción del atraso de asilo afirmativo, debido a que USCIS debe priorizar las respuestas y la adjudicación de ciertos casos de asilo afirmativo sujetos a mandamus (página impresa 8629). Esto crea un problema cíclico, ya que las acciones de mandamus obligan a USCIS a reasignar recursos para cumplir con los plazos judiciales, retirando a los oficiales de las adjudicaciones recientes o de las que forman parte del atraso, lo que a su vez genera mayores tiempos de procesamiento para otras solicitudes de asilo pendientes.[17] La adopción de las disposiciones descritas en esta norma propuesta brindaría a los extranjeros con reclamos de asilo meritorios la previsibilidad que merecen, pero que actualmente se les niega debido al atraso de reclamos de asilo que satura el sistema. Los extensos recursos requeridos para procesar las solicitudes de asilo pendientes generalmente prolongan el tiempo necesario para procesar los reclamos de asilo meritorios.

Adicionalmente, las organizaciones ilícitas, incluidas las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) designadas,[18] se benefician financieramente al traficar extranjeros hacia los Estados Unidos, y, al llegar a este país, muchos de esos extranjeros posteriormente solicitan asilo u otros beneficios migratorios. Un informe del Congreso de 2023 señaló que los extranjeros habitualmente pagaban a las organizaciones de tráfico más de $10,000 a $15,000 para facilitar el trayecto a través de la frontera suroeste, y que los cárteles de la droga desempeñan un papel cada vez más influyente en el tráfico de personas.[19] Se estima que los ingresos de los cárteles provenientes del tráfico de personas ascienden a miles de millones de dólares, y que los cárteles que operan únicamente en el Sector Del Río generan alrededor de $1,500 millones al año.[20] Las FTO recientemente designadas, entre ellas el Cártel Del Golfo (Gulf Cartel), el Cártel Del Noreste y la Mara Salvatrucha (MS-13), continúan llevando a cabo operaciones de tráfico de personas peligrosas y a menudo mortales, trayendo a hombres, mujeres y niños vulnerables a los Estados Unidos de manera ilegal.[21] Por su naturaleza, estas organizaciones llevan a cabo actividades ilegales y a menudo extremadamente violentas; por lo tanto, esta explotación estratégica del sistema migratorio por parte de las FTO constituye una amenaza masiva para la seguridad nacional y la seguridad pública.

El DHS reconoce expresamente que existen muchas poblaciones con intereses de confianza en el marco regulatorio actual para las solicitudes de EAD conforme a la sección (c)(8), incluidos los extranjeros que solicitan asilo, los empleadores y las comunidades estatales y locales. Estos intereses incluyen el deseo de los extranjeros con solicitudes de asilo meritorias de acceder a la autorización de empleo más rápidamente y con menos requisitos, de modo que puedan volverse financieramente independientes antes; la necesidad de los empleadores de acceder más fácilmente a un grupo de extranjeros autorizados para trabajar; y la necesidad económica de un estado o comunidad de que los extranjeros recién llegados puedan sustentarse y contribuir a la economía. El DHS reconoce que esta norma puede afectar negativamente a solicitantes de asilo potencialmente meritorios que podrían decidir no presentar su solicitud de asilo porque no pueden permitirse esperar el período extendido antes de solicitar la autorización de empleo. Estos extranjeros, que de otro modo podrían tener solicitudes de asilo sólidas, pueden tener responsabilidades familiares, médicas u otras cargas financieras que les dificultan sumamente esperar 365 días calendario, o potencialmente muchos años debido a las disposiciones de pausa y reinicio de esta norma, para solicitar la autorización de empleo mientras su solicitud de asilo está pendiente. El DHS también reconoce que la extensión del tiempo de procesamiento de la autorización de empleo también puede influir en el proceso de toma de decisiones de un solicitante potencialmente meritorio antes de solicitar asilo. Debido a esta norma y a los períodos de espera más prolongados antes de que un extranjero pueda recibir la autorización de empleo, puede haber extranjeros con solicitudes de asilo potencialmente meritorias que, en cambio, regresen a un país donde podrían temer sufrir daño. El DHS ha considerado seriamente el daño a esta población potencial y, si bien estos intereses son pertinentes y están justificados, el DHS ha determinado que son superados por las necesidades del Gobierno Federal de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, la seguridad pública y la integridad general del programa de asilo, así como de mantener un sistema de inmigración operativamente eficiente.[22] El programa de asilo y el sistema de inmigración están sumamente sobrecargados y desbordados, lo cual ha generado una enorme carga de casos de asilo afirmativo pendientes.[23] Esta carga pendiente de casos de asilo afirmativo debilita la integridad del sistema, permitiendo que miles de casos sin mérito queden estancados y obstruyendo que la agencia identifique posibles preocupaciones de seguridad pública y nacional hasta años después, cuando los casos finalmente se adjudican. La seguridad de los Estados Unidos y la integridad de nuestros procesos de inmigración superan el posible daño a un subconjunto de la población de solicitantes de asilo. Además, no existe una confianza justificada en las regulaciones actuales con el propósito de explotar el sistema de inmigración mediante la presentación de casos de asilo fraudulentos, frívolos o de otro modo carentes de mérito, principalmente para acceder a la autorización de empleo. Eliminar este posible abuso como factor de atracción para la inmigración ilegal debería reducir el número de cruces ilegales de la frontera y supera la confianza en las regulaciones actuales. Finalmente, muchos solicitantes de asilo pueden contar con redes de apoyo existentes de familiares, amigos y miembros de la comunidad, incluidos otros asilados y refugiados, que pueden aliviar las cargas financieras causadas por la espera más prolongada para recibir la autorización de empleo. Estas comunidades generan un impacto fiscal nacional significativo y positivo y pueden apoyar a quienes aún no cuentan con autorización de empleo.[24] Por lo tanto, los intereses de confianza se limitan al empleo de los extranjeros que ya se encuentran presentes en los Estados Unidos al momento (página impresa 8630) en que la norma final entre en vigor y que puedan solicitar asilo, o aquellos que sean admitidos legalmente o liberados bajo palabra en los Estados Unidos y que posteriormente soliciten asilo, y a los empleadores, estados y comunidades locales que se vean afectados por estas poblaciones.

Además, muchos de los objetivos de esta regla en realidad respaldan los intereses de esos mismos solicitantes de asilo, empleadores y comunidades estatales y locales. Por ejemplo, los cambios propuestos en la regla ayudarían a disuadir las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y por lo demás carentes de mérito, lo cual permitiría al DHS adjudicar de manera más eficiente las solicitudes de los extranjeros con reclamos de asilo meritorios. Es poco probable que los empleadores que dependen de extranjeros con autorización de empleo para su fuerza laboral prefieran a extranjeros con arrestos y condenas penales, extranjeros que representan amenazas a la seguridad nacional, o extranjeros que cometieron fraude durante el proceso de inmigración. De manera similar, si bien las comunidades estatales y locales tienen un interés económico en que los extranjeros recién llegados se sostengan a sí mismos y contribuyan a la economía, también tienen un interés en proteger a sus comunidades de amenazas a la seguridad nacional, delincuentes con condenas por delitos graves agravados y otros riesgos penales y de fraude.

Es política del Poder Ejecutivo proteger la soberanía nacional de los Estados Unidos facilitando la admisión de extranjeros cuya presencia sirve al interés nacional y previniendo la admisión de aquellos que no lo hacen, así como proteger la seguridad nacional y la seguridad pública. 90 FR 8327 (29 de enero de 2025); 90 FR 8333 (29 de enero de 2025). Los extranjeros admitidos a los Estados Unidos pueden optar por solicitar una variedad de beneficios o protecciones migratorias, uno de los cuales es el asilo. Esta reglamentación forma parte de una serie de reformas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está emprendiendo para mejorar la integridad del sistema de asilo, incluyendo esfuerzos de simplificación, de modo que aquellos con reclamos de asilo meritorios sean adjudicados rápidamente y los extranjeros que no son elegibles sean denegados con prontitud.

La Ley de Refugiados de 1980, Ley Pública 96-212, 94 Stat. 102, fue la primera legislación integral en establecer el sistema moderno de refugiados y asilo.[25] Promulgada como ley en marzo de 1980, la legislación tenía como propósito "proporcionar un procedimiento permanente y sistemático para la admisión en este país de refugiados de especial preocupación humanitaria para los Estados Unidos" y establecer disposiciones para el reasentamiento efectivo de dichos refugiados.[26] La Ley de Refugiados también, por primera vez, creó una base estatutaria para el asilo, con el fin de ayudar a garantizar que el derecho estatutario estadounidense se ajustara al Artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.[27] La ley ordenó al Fiscal General establecer un procedimiento para el otorgamiento del estatus de asilo a los extranjeros físicamente presentes en los Estados Unidos, o en una frontera terrestre o puerto de entrada, si el Fiscal General determina que el extranjero cumple con la definición de refugiado.[28]

En junio de 1980, el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) emitió una regulación provisional que implementaba las disposiciones de la Ley de Refugiados.[29] Entre otras cosas, la regulación permitía a los directores de distrito, a su discreción, conceder solicitudes de autorización de empleo presentadas por extranjeros que hubieran presentado solicitudes de asilo no frívolas.[30] El DHS señala la importancia de que incluso esa regulación provisional exigiera que las solicitudes de asilo fueran no frívolas. Sin embargo, la regulación no incorporaba un período de espera, lo que significaba que los extranjeros eran elegibles para solicitar y recibir autorización de empleo al momento de presentar sus solicitudes de asilo.[31] Además, la regulación no especificaba ninguna otra restricción relacionada con la autorización de empleo, como la duración de la autorización de empleo o los motivos de inelegibilidad.[32]

Si bien el reglamento de 1980 cumplió con el mandato normativo de la Ley de Refugiados, se trató de un mecanismo regulatorio temporal que simplemente sirvió de puente entre el nuevo estatuto y el sistema que ya estaba vigente, mientras el gobierno de los Estados Unidos llevaba a cabo un período de estudio y análisis deliberado para diseñar procedimientos permanentes. 55 FR 30674, 30675 (27 de julio de 1990). En 1987, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) publicó un reglamento propuesto más completo para reformar las adjudicaciones de asilo. 52 FR 32552 (28 de agosto de 1987). En 1988, el INS publicó una norma propuesta revisada en respuesta a los comentarios recibidos sobre la norma propuesta de 1987, y en 1990, promulgó el reglamento final. 48 FR 5885 (8 de abril de 1988); 55 FR 30674 (27 de julio de 1990). El sistema final incluyó, entre otros cambios, la creación de un nuevo cuerpo de oficiales de asilo que adjudicarían las solicitudes de asilo, alejándose de los directores de distrito. 55 FR 30676. La norma final también modificó el proceso para obtener autorización de empleo, eliminándola de la discreción de los directores de distrito y, en su lugar, exigiendo la autorización de empleo para los solicitantes de asilo que no estuvieran detenidos y cuyas solicitudes un oficial de asilo hubiera determinado que no eran frívolas. Id. en 30676-77. El período de validez se fijó en 1 año, con incrementos renovables de hasta 1 año. Id. El reglamento también incluía la terminación automática de la autorización de empleo al vencer el EAD o 60 días después de la denegación del asilo, lo que ocurriera más tarde. Id.; véase también id. en 30682.

El nuevo esquema regulatorio del INS para los casos de asilo resultó ser defectuoso e insuficientemente dotado de recursos, y como resultado, el procesamiento de asilo rápidamente se vio desbordado. Para 1992, el INS recibió 103,964 solicitudes de asilo, pero solo adjudicó 21,996, es decir, apenas el 21 por ciento de las solicitudes de asilo recibidas.[33] Dado que la autorización de empleo estaba vinculada a la presentación de una solicitud de asilo no frívola, en ese momento los solicitantes de asilo normalmente recibían autorización de empleo de inmediato.[34] Esto creó un problema de procesamiento que se retroalimentaba a sí mismo: a medida que aumentaban los tiempos de adjudicación de asilo, más extranjeros recibían autorización de empleo sin tener que comparecer ante un oficial del INS para establecer su identidad o justificar sus reclamos de asilo, luego más extranjeros comenzaron a utilizar las solicitudes de asilo como un mecanismo para obtener autorización de empleo rápida, lo que aumentó aún más las presentaciones y los tiempos de procesamiento de las solicitudes de asilo.[35] Además ( página impresa 8631) de generar abuso del asilo y preocupaciones sobre la integridad del programa, esta situación afectó negativamente a los extranjeros con reclamos de asilo meritorios al aumentar el atraso y los tiempos de espera de decisiones, y al provocar un aumento de "consultores" de inmigración sin escrúpulos que se aprovechaban de extranjeros con reclamos de asilo meritorios, convenciéndolos de presentar solicitudes de asilo genéricas incluso cuando los extranjeros tenían sus propios reclamos válidos.[36]

Ante estas dificultades y la creciente presión de las partes interesadas internas y externas, el INS publicó una propuesta de reforma en marzo de 1994 y los reglamentos finales en diciembre de 1994. 59 FR 14779 (30 de marzo de 1994); 59 FR 62284 (5 de diciembre de 1994). La norma propuesta del INS de 1994 podría fácilmente describir el estado actual del atraso de asilo del DHS, aunque con un atraso aún mayor y tiempos de espera más largos para las adjudicaciones:

El sistema existente para adjudicar los reclamos de asilo no puede mantener el ritmo de las solicitudes entrantes y no permite la expulsión expedita de los Estados Unidos de aquellas personas cuyos [sic] reclamos no prosperan. Si bien parte de esta dificultad se atribuye a los recursos limitados, el problema también se deriva en gran medida del esfuerzo por cumplir con los requisitos procesales impuestos por los reglamentos vigentes. El 1 de octubre de 1990, el INS tenía un atraso de aproximadamente 90,000 reclamos de asilo. Desde esa fecha, se han agregado aproximadamente 250,000 casos a ese atraso. Las solicitudes de asilo se reciben actualmente a una tasa que se aproxima a 150,000 por año. Un porcentaje significativo y creciente de las solicitudes actuales son reclamos que a primera vista parecen carecer de mérito o ser abusivos. . . . De hecho, la mayoría de los solicitantes de asilo esperan un año o más para recibir incluso una decisión inicial sobre sus casos.[37]

Como tal, el INS propuso varios cambios a las normas que rigen las solicitudes de asilo y los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) asociados. Lo más relevante para lo que el DHS se propone hacer hoy fueron las disposiciones diseñadas para disminuir las presentaciones frívolas, específicamente la creación de la norma según la cual los solicitantes de asilo no podían solicitar autorización de empleo hasta que hubieran transcurrido 150 días desde la presentación inicial de una solicitud de asilo completa.[38] Según la propuesta, el INS tenía entonces 30 días adicionales para adjudicar la solicitud de autorización de empleo.[39] Este período de 180 días se conoce coloquialmente como el “Reloj de 180 días del EAD de Asilo”.[40] La norma propuesta por el INS explicaba que la espera propuesta de 150 días para presentar una solicitud de EAD era importante para alentar al INS a adjudicar las solicitudes con prontitud dentro del período de 150 días, a fin de evitar tener que adjudicar por separado las solicitudes de autorización de trabajo; y que autorizaría al INS a denegar la autorización de empleo a aquellos cuyas solicitudes de asilo subyacentes hubieran sido denegadas. La norma propuesta señalaba que esta reforma debería reducir el número de solicitudes de asilo presentadas principalmente para obtener autorización de empleo. También explicaba que los solicitantes con reclamos de asilo pendientes esperarían más tiempo, pero que aquellos cuyos reclamos no fueran adjudicados dentro del período de 150 días, sujeto a ciertas condiciones, serían elegibles para solicitar y recibir autorización de trabajo; y que el INS adjudicaría esas solicitudes dentro de 30 días, independientemente del mérito del reclamo de asilo subyacente.[41]

El INS recibió 345 comentarios públicos en respuesta a la norma propuesta y, en diciembre de 1994, publicó una norma final. 59 FR 62284, 62285 (5 de diciembre de 1994).[42] Si bien el INS modificó varias partes de la norma propuesta en respuesta a los comentarios públicos, se mantuvieron tanto las disposiciones que rigen el período de espera de 150 días para solicitar autorización de empleo como el plazo de procesamiento de 30 días para adjudicar las autorizaciones de empleo de los solicitantes de asilo pendientes. 59 FR 62290-62291. El INS analizó varios comentarios públicos presentados que no apoyaban los cambios propuestos relativos al período de espera de 150 días y al plazo de procesamiento de 30 días, los cuales incluían preocupaciones de que:

59 FR 62290. El INS respondió explicando que, en su opinión, el proceso de asilo debía separarse del proceso de autorización de empleo y que la norma desalentaría a los solicitantes de presentar solicitudes de asilo sin fundamento únicamente para obtener autorización de empleo. El INS explicó además que esperaba que todos los solicitantes contaran con autorización de trabajo después de 180 días, a menos que sus reclamos hubieran sido denegados.

El INS declaró que había considerado en particular las recomendaciones de establecer medios alternativos para adjudicar la autorización de empleo basados en el mérito de la solicitud de asilo o en la necesidad económica. El INS señaló que cualquiera de las dos alternativas invitaría a un gran número de solicitudes, desviando así recursos y socavando el objetivo de la reforma del asilo. El Departamento señaló que no consideraba que flexibilizar los estándares de elegibilidad para la autorización de empleo fuera el camino adecuado, dado el gran número de solicitantes que solicitaban asilo principalmente como medio para obtener autorización de trabajo, y que consideraba que la norma, en cambio, proporcionaría la mejor manera de desalentar las solicitudes presentadas por este motivo y permitiría otorgar asilo, y autorización de trabajo, a los solicitantes que merecieran dicho alivio. 59 FR 62290-91.

Claramente, la intención era desvincular las solicitudes de asilo de la autorización de empleo con el fin de desincentivar las presentaciones frívolas y permitir que el sistema funcionara adecuadamente. Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) decidió afirmativamente retrasar, para todos los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes (tanto las presentaciones con mérito como las carentes de mérito), la oportunidad de solicitar autorización de empleo, expresamente porque el INS consideraba que esta medida ayudaría a combatir las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de algún otro modo carentes de mérito presentadas principalmente para obtener autorización de empleo, y a recuperar el control sobre el rezago de casos y los tiempos de procesamiento.

En 1996, poco después de la reforma reglamentaria del asilo, el Congreso aprobó una legislación integral de aplicación de las leyes de inmigración, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), la cual, entre otras cosas, incluyó disposiciones (página impresa 8632) sobre las adjudicaciones de asilo.[43] La IIRIRA establece que cualquier procedimiento establecido conforme a la sección 208(d)(1) de la INA; 8 U.S.C. 1158(d)(1), "deberá" disponer que, en ausencia de circunstancias excepcionales, las adjudicaciones administrativas finales de las solicitudes de asilo "deberán" completarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que se presentan las solicitudes.[44] Reflejando las reformas reglamentarias de 1994, la IIRIRA también restringió al Secretario de otorgar autorización de empleo a los solicitantes de asilo hasta 180 días después de la presentación de la solicitud de asilo.[45]

Las reformas reglamentarias, ya sea por sí solas o en conjunto con el cambio legislativo, lograron reducir las reclamaciones carentes de mérito y emitir decisiones justas y oportunas sobre los casos de asilo. Las nuevas solicitudes de asilo disminuyeron de su máximo de 149,566 en el año fiscal (FY) 1995 a tan solo 30,261 en el FY 1999, una disminución de casi el 80 por ciento en solo cinco años fiscales.[46] Al mismo tiempo, la tasa de aprobación aumentó significativamente, del 15 por ciento de los casos adjudicados en el FY 1993 al 38 por ciento en el FY 1999.[47] En febrero de 2000, el INS emitió un comunicado de prensa celebrando las Reformas de Asilo de 1994 (que entraron en vigor en enero de 1995), que incluía la siguiente declaración de la Comisionada del INS, Doris Meissner: "Hace cinco años, el INS puso en marcha una reforma muy necesaria de un sistema de asilo que estaba abrumado, era poco receptivo y vulnerable al uso indebido".[48] El comunicado de prensa continuaba:

Para 1992, casi dos tercios de todas las reclamaciones pasaron a formar parte de un creciente rezago debido a la falta de recursos y procedimientos efectivos para tramitar dichas reclamaciones. Para 1993, el sistema de asilo estaba en crisis, al haberse convertido en un imán para el abuso por parte de personas que presentaban solicitudes con el fin de obtener autorización de empleo.[49]

Las estadísticas del INS mostraron una "disminución del 75 por ciento en el número de nuevas reclamaciones presentadas ante el INS, de 127,129 en el FY 1993 a 30,261 en el FY 1999", mientras que "la tasa de aprobación de los casos atendidos por los oficiales de asilo del INS ha aumentado del 15 por ciento de los casos adjudicados en el FY 1993 a una tasa de aprobación del 38 por ciento en el FY 1999, otro indicador de que el INS está recibiendo reclamaciones más válidas".[50] Estas estadísticas muestran que las reglamentaciones de 1994 tuvieron un impacto inconfundible en la integridad del programa de asilo.[51] Con la disminución general de las solicitudes de asilo y el aumento de la tasa de aprobación, la implicación clara era que los extranjeros inelegibles (independientemente del fundamento de la inelegibilidad o de si la presentación era frívola, fraudulenta o de algún otro modo carente de mérito) dejaron de presentar solicitudes y, como resultado, dejaron de congestionar el sistema de asilo. El DHS busca un resultado similar con esta acción reglamentaria propuesta.

Desde la IIRIRA, no ha habido cambios legislativos importantes en las disposiciones de asilo para abordar las realidades migratorias que enfrenta actualmente Estados Unidos. Si bien poco ha cambiado con respecto a las autoridades legislativas y reglamentarias específicas de asilo en materia de EAD (documentos de autorización de empleo) para los solicitantes de asilo desde las reformas reglamentarias de 1994, ha habido cambios operativos significativos y numerosos desafíos para estos casos, incluyendo qué pasos constituyen parte de la adjudicación y la duración del tiempo para adjudicar las solicitudes.[52]

Uno de esos desafíos operativos surgió después de las reformas regulatorias de 1994, relacionado con la biometría. En 1994, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) todavía utilizaba las tarjetas de huellas dactilares FD-258 para la presentación de datos biométricos en solicitudes de beneficios de inmigración. El INS aceptaba esas tarjetas de huellas dactilares FD-258 directamente de los solicitantes y peticionarios por correo. En 1997, al financiar a la agencia para 1998, el Congreso prohibió al INS aceptar cualquier tarjeta de huellas dactilares recolectada por entidades fuera del INS para beneficios de inmigración, excepto en ciertos casos cuando fueran recolectadas por agencias de aplicación de la ley y en ciertas situaciones en el extranjero.[53] Anteriormente, ciertas entidades de "servicios designados de huellas dactilares" podían recolectar huellas dactilares y presentarlas al INS. Este proceso de FD-258 estaba plagado tanto de errores como de fraude.[54] Para cumplir con la ley, el INS estableció los Centros de Apoyo para Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés), que continúan existiendo a nivel nacional en la actualidad y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) opera para la recolección de datos biométricos para beneficios de inmigración. Véase 63 FR 12979 (17 de marzo de 1998).

Este nuevo proceso fue algo así como un arma de doble filo. Hubo ventajas notables, incluyendo una mejor integridad del programa, capacidad para la verificación de identidad y un conducto más automatizado para las verificaciones de antecedentes penales. Sin embargo, una consecuencia que consumía mucho tiempo fue que el nuevo proceso requería que el INS (y posteriormente USCIS) programara de manera afirmativa la cita del extranjero en el ASC para la recolección de datos biométricos después de recibir una solicitud de beneficio.[55] En ese momento, la programación afirmativa de una cita en el ASC después de recibir una solicitud de beneficio añadía entre varias semanas y más de un mes a los tiempos de procesamiento inicial de las solicitudes de beneficios de inmigración con una recolección de datos biométricos asociada. Esto sigue siendo cierto, ya que la mayoría de los extranjeros hoy en día son programados para citas en el ASC ( página impresa 8633) aproximadamente de tres a cuatro semanas después de recibir una solicitud de beneficio.

Con respecto a la autorización de empleo para los solicitantes de asilo pendientes, la creación de los ASC y el requisito de recolección de datos biométricos en ciertas instalaciones, operadas por el INS y posteriormente por el DHS, trajo consigo otro problema. En la regla final de 1994 mencionada anteriormente, el INS modificó las regulaciones para impedir que los extranjeros condenados por un delito grave con agravantes presentaran una solicitud de autorización de empleo basada en la solicitud de asilo pendiente. Véase 59 FR en 62299. Aunque no hay discusión sobre comentarios específicos directamente relacionados con este punto en la regla final, el INS no modificó la regla final para eliminar el impedimento propuesto para los extranjeros condenados por un delito grave con agravantes. 59 FR en 62291.

Antes de los procesos de reglamentación de 1994, tener una condena por un delito grave con agravantes (aggravated felony) no constituía motivo para denegar una solicitud de autorización de empleo,[56] y antes de la creación de los Centros de Apoyo a Solicitantes (ASC) en 1998, la agencia aceptaba huellas dactilares en tarjetas que se presentaban junto con la solicitud del beneficio correspondiente. Una vez que el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) comenzó a exigir que el extranjero se presentara en un ASC para la toma de datos biométricos, el cumplimiento tanto del motivo de inelegibilidad por condena de delito grave con agravantes como del plazo de procesamiento de 30 días para el EAD de asilo se volvió extremadamente difícil. La forma más confiable que tiene USCIS para identificar antecedentes penales (por ejemplo, delitos graves con agravantes) es mediante un Resumen de Antecedentes de Identidad (IdHS, por sus siglas en inglés, anteriormente conocido como "RAP sheet") de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que localiza antecedentes penales a partir de las huellas dactilares del extranjero.[57] Para obtener el RAP sheet de un extranjero del FBI, el INS debía enviar al extranjero a un ASC, lo cual tomaba varias semanas. Mientras tanto, el plazo de procesamiento de 30 días para el EAD de asilo seguía corriendo. Véase el actual 8 CFR 208.7(a)(1). Debido a la logística y al proceso ampliados para obtener los RAP sheets, los oficiales no podían cumplir simultáneamente con ambas disposiciones del 8 CFR 208.7(a)(1), que a la vez prohibía la aprobación de un EAD a un delincuente con una condena por delito grave con agravantes y exigía que la solicitud fuera adjudicada dentro de los 30 días posteriores a su presentación. Véase el actual 8 CFR 208.7(a)(1). Esto dejó al INS, y por consiguiente a USCIS, ante un dilema extremadamente difícil, ya que esperar los resultados biométricos para identificar una condena por delito grave con agravantes, a efectos de posibles motivos de inelegibilidad, implicaba que USCIS incumpliera el plazo de procesamiento de 30 días para el EAD de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que exigir ahora la toma de datos biométricos y analizar una variedad de cuestiones penales puede volver a aumentar los tiempos de procesamiento de las solicitudes de autorización de empleo, pero el DHS sostiene firmemente que los mayores beneficios para la seguridad nacional y la seguridad pública compensan este posible retraso en las adjudicaciones.

Agregando otra capa de complejidad al procesamiento de la autorización de empleo para los solicitantes de asilo pendientes, el 11 de julio de 2006, USCIS emitió el Memorando de Política 110 ("PM 110"), titulado Disposición de Casos que Involucran a Extranjeros Removibles, el cual ordenaba a los oficiales remitir los casos de seguridad pública graves a la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) de USCIS y suspender la adjudicación de dichos casos durante 60 días o hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificara su decisión sobre los casos, lo que ocurriera primero.[58] Incorporada dentro del PM 110 había una copia de un Memorando de Acuerdo (MOA) con el ICE, fechado el 20 de junio de 2006, negociado y firmado por ambas agencias.[59] El MOA detallaba los procesos específicos de ambas agencias para el manejo de los casos remitidos al ICE por USCIS, incluyendo la retención adjudicativa de 60 días de USCIS, los requisitos de tiempo de respuesta del ICE, y la orientación específica para los casos en los que el ICE no proporcionara respuesta alguna dentro del plazo de 60 días. El propósito de la retención de 60 días era proporcionar al ICE un plazo adecuado para examinar, verificar e investigar debidamente a los extranjeros y determinar qué medida de aplicación de la ley, si alguna, resultaba apropiada.[60] Sin embargo, la retención también creó un obstáculo significativo para el cumplimiento de las normas vigentes que regulan el plazo para adjudicar la autorización de empleo de los solicitantes de asilo pendientes. En consecuencia, esto significaba que incluso cuando USCIS pudiera programar la toma de datos biométricos y obtener un RAP sheet dentro de los 30 días, si el RAP sheet (o cualquier otra fuente de información desfavorable) indicaba la existencia de una preocupación de seguridad pública, incluso una que no alcanzara el nivel de delito grave con agravantes, se requeriría una retención adicional de 60 días. Además, en algunos casos, programar a dicho extranjero para una cita en un ASC podía consumir la totalidad del plazo de procesamiento de 30 días del EAD bajo (c)(8), y eso antes incluso de remitir el caso a la FDNS o al ICE.

El 11 de mayo de 2007, USCIS emitió el Memorando Interno Processing of Applications for Ancillary Benefits Involving Aliens Who Pose National Security or Egregious Public Safety Concerns (Tramitación de Solicitudes de Beneficios Accesorios Relacionadas con Extranjeros que Representan una Preocupación de Seguridad Nacional o de Seguridad Pública Grave),[61] el cual aclaró el PM 110 en lo relativo a las solicitudes de beneficios primarios y accesorios. El Memorando Interno establecía expresamente lo siguiente: "La adjudicación de las solicitudes y peticiones accesorias se suspenderá por 60 días o hasta que ICE notifique su(s) acción(es) prevista(s) respecto del solicitante principal, lo que ocurra primero". De hecho, el Memorando Interno también añadió otro grupo de casos al conjunto, al exigir que cualquier solicitud de beneficio accesorio presentada por un extranjero que representara una preocupación de seguridad nacional se tramitara ahora de manera similar a un caso de seguridad pública grave.[62] En consecuencia, para cualquier solicitud de autorización de empleo presentada por un solicitante de asilo pendiente con posible información derogatoria relacionada con seguridad nacional o seguridad pública, los oficiales no podían cumplir simultáneamente con el plazo de tramitación de 30 días para el EAD y con la política de USCIS respecto de las remisiones a ICE. Esto generó otra situación sumamente difícil, incluso en los casos en que USCIS ya contaba con un historial de antecedentes (RAP sheet): la detección y verificación en casos con preocupaciones de seguridad nacional o seguridad pública implicaba que USCIS incumpliera el plazo de tramitación de 30 días para el EAD de asilo. A medida que han aumentado las solicitudes recibidas por USCIS, también ha aumentado la necesidad de examinar y verificar minuciosamente los casos, especialmente en aquellos en los que pudiera haber preocupaciones de seguridad, y si bien la agencia continúa cumpliendo con sus responsabilidades de seguridad nacional, el plazo de tramitación de 30 días para el EAD sigue dificultando este esfuerzo.

Otro desafío subsiguiente que se presentó en relación con las solicitudes de autorización de empleo vinculadas al asilo ( página impresa 8634) fue el litigio Rosario. El 22 de mayo de 2015, se presentó la demanda Rosario v. USCIS ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, bajo el caso núm. 2:15-cv-00813, impugnando las demoras en la tramitación de los EAD iniciales para los solicitantes de asilo.[63] El 26 de julio de 2018, en una orden publicada, el Tribunal de Distrito determinó que los datos de USCIS revelaban que "de 2010 a 2017, USCIS cumplió su plazo de 30 días en solo el 22 % de los casos, es decir, de 698,096 solicitudes totales, USCIS resolvió únicamente 154,629 solicitudes a tiempo. En 2017, USCIS resolvió oportunamente solo el 28 % de las solicitudes".[64]

Sin embargo, el Tribunal de Distrito reconoció que USCIS realizó algunos cambios en respuesta a la necesidad de adjudicar con mayor rapidez las solicitudes de EAD conforme al apartado (c)(8). En primer lugar, el tribunal reconoció que dos años antes, USCIS había aumentado el período de validez de un EAD de asilo inicial de un año a dos años.[65] En segundo lugar, el tribunal reconoció que el año anterior USCIS había proporcionado listas de verificación en su sitio web para ayudar a los solicitantes de asilo que buscaban presentar solicitudes de EAD conforme al apartado (c)(8).[66] El tribunal determinó que uno de los "propósitos principales" del plazo de tramitación de 30 días para el EAD de asilo, como parte de las modificaciones reglamentarias más amplias del INS, era "garantizar que los asilados de buena fe puedan obtener autorización de empleo lo más rápido posible".[67] El tribunal señaló que el énfasis en la celeridad se refuerza por la forma en que la agencia describió la norma propuesta del INS de 1994: "El INS adjudicará estas solicitudes de autorización de trabajo dentro de los 30 días posteriores a su recepción, independientemente del fundamento de la solicitud de asilo subyacente".[68] Finalmente, el tribunal concedió la moción de los demandantes para un fallo sumario, denegó la moción de USCIS para un fallo sumario, determinó que USCIS estaba en violación del 8 CFR 208.7(a)(1), ordenó a USCIS cesar de continuar incumpliendo el plazo de tramitación de 30 días para el EAD de asilo conforme a lo establecido en el 8 CFR 208.7(a)(1), y ordenó a USCIS presentar informes de situación cada seis meses respecto de la tasa de cumplimiento del plazo de tramitación de 30 días para el EAD.[69] USCIS aún presenta informes de situación en cumplimiento de la orden judicial, a la fecha de publicación de este NPRM.[70]

Más recientemente, se han realizado múltiples esfuerzos para reformar el sistema existente, con la intención de aliviar a la agencia de la carga de adjudicar las autorizaciones de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) de la categoría (c)(8) dentro de un plazo de 30 días y de disminuir el incentivo para presentar solicitudes afirmativas de asilo frívolas, fraudulentas o que carezcan de mérito. En años recientes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó dos reglamentos orientados a reformar el sistema existente y lograr esos objetivos. En 2020, el DHS publicó la Regla Final de Eliminación de la Disposición de Procesamiento de 30 Días para las Solicitudes de Autorización de Empleo Formulario I-765 Relacionadas con Solicitantes de Asilo (“Regla de Derogación del Plazo”), la cual eliminó la disposición reglamentaria que establecía que USCIS contaba con 30 días a partir de la fecha en que un extranjero con una solicitud de asilo pendiente presentaba la solicitud inicial de autorización de empleo, para otorgar o denegar dicha solicitud. 85 FR 37502 (22 de junio de 2020). La regla también eliminó la disposición que exigía que una solicitud de renovación de una EAD (c)(8) debía ser recibida por USCIS 90 días antes del vencimiento de la autorización de empleo. Id. En 2020, el DHS también publicó la Regla Final de Solicitud de Asilo, Entrevista y Autorización de Empleo para Solicitantes (“Regla de Ampliación de la EAD de Asilo”), la cual modificó los reglamentos que rigen las solicitudes de asilo, las entrevistas y la elegibilidad para la autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente. FR 38532 (26 de junio de 2020). Las disposiciones principales de esa regla incluían la eliminación de la disposición de “considerada completa” relacionada con la presentación de solicitudes de asilo, el aumento del período de espera antes de que los solicitantes de asilo fueran elegibles para solicitar y recibir una EAD, y la imposición de otros requisitos de elegibilidad. Id. En enero de 2018, antes de la promulgación de estas reglas, el rezago de solicitudes afirmativas de asilo se situaba en aproximadamente 311,000 casos pendientes.[71] Para fines del año fiscal 2022, el rezago casi se había duplicado a aproximadamente 625,000 solicitudes afirmativas de asilo, y para fines del año fiscal 2023, se había triplicado a más de 1 millón de casos de asilo afirmativo pendientes.[72] Este drástico aumento en el rezago de asilo afirmativo pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra USCIS y la urgente necesidad de reformar los reglamentos y el proceso existentes.

Tras la publicación de estas dos reglas (“Reglas de EAD de Asilo de 2020”) se iniciaron litigios, entre ellos CASA [73] ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, y Asylumworks [74] ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El 11 de septiembre de 2020, el tribunal en el caso CASA impuso una medida cautelar preliminar que exigía que USCIS no aplicara las Reglas de EAD de Asilo de 2020 a los miembros de las organizaciones CASA y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP).[75] La medida cautelar preliminar de CASA, al aplicarse únicamente a los miembros de CASA y ASAP, creó una aplicación bifurcada y operativamente compleja de las reglas de asilo de 2020, ya que se impidió que las reglas se aplicaran a los miembros de las organizaciones mientras continuaban aplicándose a los solicitantes que no eran miembros. El tribunal de CASA emitió una determinación que resulta significativa para esta propuesta de reglamentación, al establecer que la eliminación del plazo de 30 días para la EAD de asilo (“Regla de Derogación del Plazo”) era arbitraria y caprichosa por dos razones distintas. Específicamente, el tribunal determinó, en primer lugar, que el razonamiento de USCIS para eliminar el plazo de procesamiento de 30 días contradecía la evidencia que constaba en el expediente y, en segundo lugar, que las respuestas de USCIS a los comentarios públicos eran concluyentes y reflejaban que la agencia no había considerado alternativas de política importantes (por ejemplo, imponer un plazo de procesamiento más largo).[76] Específicamente, el tribunal determinó: “Pero en lugar de dar una consideración adecuada a esta importante alternativa, la agencia proporcionó una explicación a medio elaborar e internamente contradictoria para rechazarla. Su razonamiento no supera el escrutinio.” [77] Basándose en el caso Rosario, el tribunal señaló: “Si bien la dificultad de la agencia para cumplir con el plazo de 30 días respalda la extensión del plazo, difícilmente explica por qué no debería existir ningún plazo en absoluto.” [78] En esta regla propuesta, el DHS busca (página impresa 8635) extender, en lugar de eliminar, el plazo de procesamiento de 30 días para la EAD.

El 7 de febrero de 2022, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden en el caso Asylumworks que anuló en su totalidad las Reglas de EAD de Asilo de 2020.[79] El 22 de septiembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final titulada “Solicitud de Asilo, y Autorización de Empleo para Solicitantes; Implementación de la Anulación” (87 FR 57795 (22 de septiembre de 2022)) que implementó la orden judicial en Asylumworks eliminando los cambios realizados por las Reglas de EAD de Asilo de 2020 y restableció el texto reglamentario que existía antes de las Reglas de EAD de Asilo de 2020.

Como resultado de la orden judicial en Asylumworks, desde el 7 de febrero de 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha estado obligado a procesar todas las solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8) dentro de un plazo de 30 días a partir de la presentación. Si bien el tribunal ordenó un retorno a un requisito reglamentario que había existido hasta 2020, la carga generada por la orden fue significativa y continúa afectando el procesamiento general de los EAD debido al aumento repentino en las solicitudes de EAD conforme a (c)(8). Tras la anulación en Asylumworks, a finales de febrero de 2022, había 93,639 solicitudes de EAD pendientes a las que se aplicaba el requisito del plazo de procesamiento de 30 días, incluidos aquellos extranjeros que eran miembros de CASA o ASAP que ya se beneficiaban del plazo de procesamiento de 30 días, así como aquellos que no estaban previamente sujetos a la orden judicial de CASA y para quienes USCIS no estaba sujeto a un plazo de procesamiento antes de la anulación.[80] Para abordar el atraso de casos y cumplir con la orden del tribunal, USCIS incrementó los recursos destinados a la totalidad de la carga de trabajo inicial de (c)(8), incluyendo la incorporación de personal (tanto trasladado de otras cargas de trabajo de EAD como de nuevas contrataciones) y la autorización de horas extra.

Adicionalmente, USCIS utilizó un método diferente para ayudar a gestionar la carga de trabajo operativa de los EAD conforme a (c)(8). En un esfuerzo por controlar los tiempos de procesamiento de (c)(8), USCIS ha extendido en varias ocasiones los períodos de validez de los EAD conforme a (c)(8).

Primero, en 2016, USCIS aumentó el período de validez de los EAD de asilo iniciales y de renovación de un año a dos años.[81] Este hecho fue reconocido por el Tribunal en el caso Rosario al conceder la sentencia sumaria.[82] Como lo ilustran los datos referenciados en otras partes de esta propuesta de reglamentación, esto no ayudó con las recepciones ni con los tiempos de procesamiento. Por lo tanto, el 27 de septiembre de 2023, USCIS extendió nuevamente el período de validez de los EAD conforme a (c)(8) (tanto iniciales como de renovación), esta vez de dos años a cinco años. La justificación declarada fue, “[e]l aumento en el período de validez del EAD reducirá la frecuencia con la que los extranjeros afectados deben presentar una Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario I-765) ante USCIS si desean renovar su EAD.” [83] El propósito de este cambio de política fue aliviar parte de la presión operativa para adjudicar las renovaciones antes de su vencimiento basándose únicamente en los tiempos de procesamiento de USCIS, con el beneficio general de respaldar todas las adjudicaciones oportunas de autorización de empleo, incluidas las solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8).

Hasta la fecha, la agencia todavía está evaluando la eficacia de la extensión del período de validez. Lo que es claro es que, con algunas fluctuaciones, las presentaciones mensuales de solicitudes de asilo aumentaron de 36,728 en octubre de 2023 a 53,182 en enero de 2025, antes de disminuir a 40,344 en abril de 2025.[84] Las solicitudes iniciales de EAD conforme a (c)(8) aumentaron casi todos los meses, pasando de 90,307 en octubre de 2023 hasta alcanzar un máximo de 152,341 en enero de 2025.[85] Desde entonces, las recepciones iniciales de EAD conforme a (c)(8) han disminuido un tanto en los meses recientes, pero se recuperaron a 153,888 en julio de 2025.[86]

El 4 de diciembre de 2025, USCIS emitió una guía de políticas en el Manual de Políticas de USCIS para actualizar los períodos máximos de validez del EAD para ciertas categorías de EAD, incluidos los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes. Véase USCIS, Alerta de Política, "Updating Certain Employment Authorization Document Validity Periods" (4 de diciembre de 2025), https://www.uscis.gov/​sites/​default/​files/​document/​policy-manual-updates/​20251204-EmploymentAuthorizationValidity.pdf. A partir del 5 de diciembre de 2025, el período máximo de validez del EAD para extranjeros con solicitudes de asilo pendientes se ha reducido a 18 meses. Id. Este cambio tiene como objetivo garantizar una verificación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización de empleo en los Estados Unidos y permitirá que USCIS disuada mejor el fraude y detecte a extranjeros con intenciones potencialmente dañinas. Id. En segundo lugar, en 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la regla final "Increase of the Automatic Extension Period of Employment Authorization and Documentation for Certain Employment Authorization Document Renewal Applicants", que aumentó el período de extensión automática para los EAD vencidos para ciertos solicitantes de renovación de 180 a 540 días, con el fin de evitar que los extranjeros experimenten interrupciones en su autorización de empleo debido a demoras significativas en los tiempos de procesamiento de los EAD. 89 FR 101208 (13 de diciembre de 2024).[87] Si bien esta regla extendió los períodos de autorización para una variedad de categorías de EAD, se aplicó a los solicitantes bajo (c)(8), y DHS analizó el aumento repentino en las solicitudes (c)(8) como parte del respaldo de esa regla. Véase, por ejemplo, id. en 101220.[88]

Durante la extensión de la validez del EAD (c)(8) y las extensiones automáticas, los recibos de solicitudes de asilo aumentaron mientras que los EAD (c)(8) iniciales aumentaron significativamente. Mentes razonables pueden discrepar sobre si fue prudente o apropiado, desde una perspectiva de integridad del programa, más que duplicar el período de validez de los EAD (c)(8) para aliviar parte de la presión operativa sobre la renovación en función de los tiempos de procesamiento de USCIS, con un beneficio general de apoyar todas las adjudicaciones oportunas de autorización de empleo, incluidas las solicitudes iniciales de EAD (c)(8). No obstante, está claro que DHS ha intentado múltiples soluciones y ha tratado de recuperar el control sobre las presentaciones (c)(8) ( página impresa 8636) utilizando herramientas regulatorias, de política y operativas, pero todos los esfuerzos han fracasado, y los volúmenes de recibos siguen aumentando.

Existen numerosos ejemplos bien documentados de presentaciones de asilo frívolas, fraudulentas y sin mérito.[89] Algunos esquemas de fraude de asilo se han perpetrado con el propósito principal de obtener un EAD de asilo.[90] Si bien USCIS utiliza varios métodos para identificar el fraude en solicitudes de asilo afirmativas específicas, un informe de la GAO concluyó que, a pesar de sus métodos sólidos, USCIS en realidad tenía una capacidad limitada para detectar fraude en las solicitudes de asilo afirmativas.[91] La GAO informó que los oficiales de asilo de USCIS enfrentaron dificultades para probar el fraude en las presentaciones de asilo debido al enfoque no adversarial y cooperativo que los oficiales de asilo están capacitados para adoptar al entrevistar las solicitudes de asilo.[92] Según un jefe de rama de la División de Asilo citado en el informe, si bien el "enfoque cooperativo tiene como objetivo proteger a los verdaderos solicitantes de asilo, también puede crear circunstancias favorables para que personas no elegibles busquen presentar reclamos fraudulentos", y la GAO informó que los oficiales de asilo "en siete de las ocho oficinas de asilo con las que hablamos nos dijeron que han otorgado asilo en casos en los que sospechaban fraude".[93]

Esto no es una revelación nueva. Como señaló el expresidente de la Comisión del INS en 2000 con respecto a las reformas de asilo, "Para 1993, el sistema de asilo estaba en crisis, habiéndose convertido en un imán para el abuso por parte de personas que presentaban solicitudes con el fin de obtener autorización de empleo".[94] Aún más revelador, durante el mismo período, los incentivos para abusar del sistema de asilo también resurgieron. El número de EAD aprobados para extranjeros con solicitudes de asilo pendientes por más de 180 días aumentó de 55,000 en el año fiscal 2016 a 270,000 en el año fiscal 2022. Este aumento en las aprobaciones de EAD puede sugerir que las solicitudes de asilo sin mérito, presentadas con el propósito de obtener autorización de trabajo, han aumentado junto con los tiempos de procesamiento de las solicitudes de asilo.[95]

En suma, una multitud de factores contribuyeron al tamaño y crecimiento del atraso de casos pendientes, lo cual a su vez alimenta el abuso del sistema. Sin duda hubo factores externos. Durante la última década, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), junto con otros componentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han visto considerablemente afectados debido a un aumento de extranjeros que intentan ingresar a los Estados Unidos en los puertos de entrada y entre ellos, manifestando temor de regresar a sus países de origen, lo cual requiere una evaluación de temor creíble o temor razonable. A partir de 2014, USCIS registró un aumento en las solicitudes de asilo afirmativo. En 2012, la División de Asilo recibió aproximadamente 3,000 solicitudes por mes.[96] Para el año fiscal 2014, esa cifra se duplicó, alcanzando 6,000 solicitudes por mes, y creció de manera constante hasta alcanzar su punto máximo en marzo de 2017.[97] Un informe de 2020 del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración determinó que "el total de aprehensiones de extranjeros inadmisibles en la frontera sur, después de alcanzar un máximo histórico de 1.6 millones en el año fiscal 2000, volvió a aumentar de 444,859 en el año fiscal 2015 a 977,509 en el año fiscal 2019".[98]

Además, el COVID-19 exacerbó los problemas existentes. El 18 de marzo de 2020, USCIS suspendió los servicios presenciales de rutina para ayudar a frenar la propagación del COVID-19.[99] "Esto incluyó las oficinas de asilo de USCIS y los Centros de Apoyo para Solicitantes (ASC) utilizados para la toma de datos biométricos. En promedio, las oficinas de asilo de USCIS realizan entre 2,000 y 4,500 entrevistas al mes; estas entrevistas no se llevaron a cabo durante el período en que las oficinas permanecieron cerradas".[100]

Los cambios de política y de procesamiento de USCIS también contribuyeron al crecimiento del atraso de casos pendientes. El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) desarrolló el procesamiento "Último en Entrar, Primero en Salir" (LIFO) a mediados de la década de 1990. El sistema LIFO está diseñado para permitir la autorización de empleo a los solicitantes de asilo, al mismo tiempo que desalienta a los extranjeros de presentar posibles solicitudes de asilo sin fundamento para aprovechar el atraso de casos y obtener autorización de empleo durante el período en que sus casos están pendientes. En otras palabras, al dar prioridad a los casos más recientes, la intención era que los extranjeros que pudieran haber presentado solicitudes de asilo únicamente para obtener autorización de trabajo tuvieran sus casos resueltos con mayor rapidez y fueran denegados durante el período de espera, lo que significaba que cualquier intento de presentar una solicitud únicamente para obtener autorización de trabajo resultaría infructuoso. El sistema LIFO se mantuvo vigente durante años.

Luego, el 26 de diciembre de 2014, USCIS comenzó a dar prioridad al procesamiento de los casos de asilo afirmativo en el orden en que se recibieron; este procesamiento "Primero en Entrar, Primero en Salir" (FIFO) representó un cambio respecto a la práctica anterior de la agencia.[101] Como resultado de este cambio, el atraso de casos de asilo creció más de un 1750 por ciento entre 2013 (página impresa 8637) y 2018.[102] Por ello, con el fin de "frenar el crecimiento del atraso de casos de asilo de la agencia" y "disuadir a quienes pudieran intentar utilizar el atraso existente como medio para obtener autorización de empleo", en enero de 2018 USCIS regresó al procesamiento LIFO que había estado vigente durante casi 20 años, de 1995 a 2014.[103] El anuncio de USCIS explicó que regresar al sistema LIFO permitiría a USCIS "identificar con mayor anticipación las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o que carecen de fundamento, y someter a esas personas a procedimientos de inmigración".[104] Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Como señaló el ex Comisionado del INS, "a partir de 2010, y especialmente desde 2014, las solicitudes afirmativas, las alegaciones de temor creíble y los atrasos de casos, tanto en los tribunales de inmigración como en la División de Asilo, se han disparado".[105] En el año fiscal 2010, USCIS recibió 28,000 solicitudes de asilo afirmativo, pero para el año fiscal 2017, USCIS recibió 143,000 solicitudes de asilo (un aumento del 402%).[106]

La Dirección de FDNS (Fraude y Detección de Seguridad Nacional) es responsable de salvaguardar la integridad del sistema de inmigración legal de la nación mediante la dirección de los esfuerzos de la agencia para combatir el fraude, detectar amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, y maximizar las asociaciones con las fuerzas del orden y la Comunidad de Inteligencia. El sistema de gestión de casos de FDNS, FDNS NexGen, da seguimiento a ciertas acciones de registros relevantes para las adjudicaciones de USCIS. Es particularmente importante para esta regla propuesta que NexGen contenga datos relevantes sobre solicitudes de asilo pendientes y adjudicadas con una Declaración de Conclusiones (SOF, por sus siglas en inglés) de “Fraude Encontrado”. Los datos de NexGen revelan que FDNS ha identificado a 8,392 extranjeros que presentaron una solicitud de asilo y que también tenían una SOF de “Fraude Encontrado” relacionada con ese extranjero.[107] Además, los datos de NexGen revelan 1,240 extranjeros que tenían abogados o representantes, presentaron una solicitud de asilo, y también tenían una SOF de “Fraude Encontrado” relacionada con ese extranjero.[108] Por supuesto, esta no es una lista exhaustiva del fraude entre todas las solicitudes de asilo, ya que solo los casos en los que se sospecha fraude son referidos a FDNS para su investigación.

USCIS reconoce que, en ocasiones, los abogados y representantes son la fuente del fraude de asilo. Dentro de la Oficina del Asesor Jurídico Principal (Office of the Chief Counsel) de USCIS se encuentra el Asesor Jurídico Disciplinario de USCIS (USCIS Disciplinary Counsel), una oficina encargada de dar seguimiento a los abogados y representantes que incurren en fraude u otras prácticas poco éticas. Según el Asesor Jurídico Disciplinario de USCIS, existen numerosos profesionales y exprofesionales que incurren en prácticas fraudulentas con casos de asilo presentados ante USCIS.[109] La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) publica una lista de profesionales sancionados a quienes no se les permite comparecer ante EOIR o el DHS.[110]

En un esfuerzo por correlacionar a los abogados sancionados o suspendidos con solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o sin fundamento, FDNS realizó búsquedas de solicitudes de asilo presentadas por, o asociadas con, estos abogados y representantes sancionados o suspendidos. Según datos de USCIS, los 1,074 abogados y representantes sancionados o suspendidos (al momento en que USCIS realizó la revisión) estaban asociados con 84,586 solicitudes de asilo en GLOBAL, el sistema de gestión de casos de asilo de USCIS.[111] Esta búsqueda se realizó mediante el nombre del abogado o representante y, como tal, podría haber generado un pequeño grado de falsos positivos cuando el abogado o representante tiene un nombre común. Al mismo tiempo, el DHS reconoce que ciertos abogados o representantes poco éticos pueden continuar presentando solicitudes de beneficios de inmigración para sus clientes después de haber sido sancionados o suspendidos; en tales casos, el abogado o representante simplemente no presenta un formulario G-28 para el extranjero. En esos casos, la búsqueda de nombres de FDNS para abogados o representantes habría subrepresentado el número real de solicitudes de asilo presentadas por este grupo de abogados y representantes sancionados o suspendidos. El DHS señala que este es un problema reconocido, e incluso la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) ha emitido orientación a sus profesionales con respecto a las preocupaciones éticas que deben considerarse cuando un abogado decide si presentar o no una solicitud afirmativa de asilo, sabiendo que el extranjero no es elegible para el asilo, y el abogado actúa únicamente con el propósito de que el extranjero sea colocado deliberadamente en procedimientos de expulsión.[112] La orientación de AILA señala que, dependiendo de los hechos de un caso en particular, la conducta de un abogado podría considerarse frívola conforme a la

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definición específica de asilo dentro del 8 CFR, las Reglas Modelo de la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association), y la definición más general de “frívolo” que se encuentra en el 8 CFR; violar el requisito de que un abogado actúe con franqueza ante el tribunal; menoscabar el requisito de que un abogado demuestre competencia y diligencia; y, en ciertas circunstancias, alcanzar el nivel de responsabilidad penal conforme al 18 U.S.C. 1001 (declaraciones falsas a sabiendas) y al 18 U.S.C. 1546 (fraude y uso indebido de visas y otros documentos de inmigración).[113]

Sin embargo, estos casos con constancias oficiales (SOF, por sus siglas en inglés) de “fraude encontrado”, u otras posibilidades de fraude relacionadas con extranjeros o abogados/representantes, no son la única preocupación. Uno de los propósitos de esta regla es combatir las solicitudes de asilo “frívolas, fraudulentas y sin fundamento” y sus correspondientes solicitudes de autorización de empleo, pero los datos de “fraude encontrado” de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés) posiblemente solo contemplan las solicitudes “fraudulentas” y probablemente no las solicitudes “frívolas” o “sin fundamento”. Cuando la FDNS encuentra fraude después de una investigación administrativa, el expediente contiene evidencia suficiente para concluir que hubo una declaración falsa a sabiendas sobre un hecho sustancial con la intención de engañar.[114] Si bien los datos de “fraude encontrado” no son exhaustivos, son los mejores datos directos que tiene USCIS sobre estos casos; USCIS no pudo hacer seguimiento de los casos fraudulentos que no fueron identificados ni de los casos con indicios de fraude que no fueron remitidos internamente a la FDNS. Cuantificar los casos “sin fundamento” parece aún más difícil. En estos casos, la solicitud del extranjero no tiene que llegar al nivel de fraude o tergiversación deliberada conforme a la sección 212(a)(6)(C)(i) del INA; más bien, los casos “sin fundamento” son simplemente casos que no tienen valor o que, posiblemente, no cumplen con los requisitos sustantivos para el asilo. Los casos “frívolos” y “sin fundamento”, por definición, no pueden ser aprobados. Sin embargo, estos casos permanecen en la carga de trabajo pendiente de asilo afirmativo, y los extranjeros que los presentaron son elegibles para solicitar documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) bajo la categoría (c)(8) como resultado de ello.

Los datos de USCIS desde el año fiscal 2015 hasta la actualidad ayudan a delimitar este problema y revelan algunas tendencias sorprendentes. Por supuesto, las solicitudes de asilo han aumentado de manera increíble desde el año fiscal 2015, cuando USCIS recibió 83,463 nuevas solicitudes de asilo y el número de casos pendientes era de 118,217 casos.[115] En el año fiscal 2017, las nuevas recepciones alcanzaron 142,254 con una carga de trabajo pendiente de 306,078.116 Luego, las recepciones en el año fiscal 2018 comenzaron a disminuir durante cuatro años consecutivos hasta 2021, cuando las recepciones fueron de 65,518 con una carga de trabajo pendiente de 452,181.117 En el año fiscal 2022, las nuevas recepciones de asilo saltaron a 247,790 con una carga de trabajo pendiente de 664,290.118 En el año fiscal 2023, las nuevas recepciones de asilo saltaron nuevamente a 464,398, con una carga de trabajo pendiente de 1,081,440.119 En el año fiscal 2024, las nuevas recepciones de asilo disminuyeron ligeramente respecto al año anterior a 422,457; sin embargo, la carga de trabajo pendiente continuó creciendo, alcanzando un total elevado de 1,374,006.120 Durante la mayor parte del año fiscal 2025, las nuevas recepciones son de 331,883, y la carga de trabajo pendiente ha crecido a 1,525,933.121 El DHS proporciona en la Tabla 2 datos aplicables al Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Expulsión (solo solicitantes principales), por año fiscal, tipo de dato y razones de denegación/remisión, años fiscales 2015-2025 (hasta el 22 de mayo de 2025).

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Desde 2015, los volúmenes de nuevas recepciones de asilo han variado desde un mínimo de 65,518 en el año fiscal 2021 hasta un máximo de 422,457 en el año fiscal 2024, un aumento del 545% en cuatro años fiscales. Durante el mismo período de diez años, los números de aprobaciones también variaron, pero no de manera tan drástica como los volúmenes de nuevas recepciones; las aprobaciones alcanzaron un mínimo de 5,793 y un máximo de 17,175, también en los años fiscales 2021 y 2024, respectivamente (un aumento de poco menos del 200 por ciento). Sin embargo, las denegaciones y remisiones siguieron un patrón diferente. Desde 2015, las denegaciones y remisiones alcanzaron un máximo de 42,213 en el año fiscal 2019 y un mínimo de 5,709 en el año fiscal 2024. La Tabla 3 presenta datos aplicables al Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Expulsión (solo solicitantes principales), por año fiscal, desde el año fiscal 2015 hasta el año fiscal 2025 (hasta el 22 de mayo de 2025), aplicables a denegaciones/remisiones con un EAD de categoría (c)(8) previamente aprobado.

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Al cotejar todas las denegaciones de solicitudes de asilo con las denegaciones de solicitudes de asilo en las que el extranjero tenía una solicitud de autorización de empleo previamente aprobada en la categoría (c)(8), surge un patrón notable. En el año fiscal 2015, USCIS emitió 15,515 denegaciones o remisiones a solicitantes de asilo, pero solo 4,578 (29.5%) tenían uno o más EAD de categoría (c)(8) previamente aprobados.[122] Para el año fiscal 2023, USCIS emitió 5,963 denegaciones o remisiones a solicitantes de asilo, pero 4,351 (73%) tenían uno o más EAD de categoría (c)(8) previamente aprobados.123 En el año fiscal 2024, USCIS emitió 5,709 denegaciones o remisiones a solicitantes de asilo, pero 5,087 (89%) tenían uno o más EAD de categoría (c)(8) previamente aprobados.124 En el año fiscal 2025 (hasta el 22 de mayo de 2025), USCIS emitió 11,872 denegaciones o remisiones a solicitantes de asilo, y 9,475 (79.8%) tenían uno o más EAD de categoría (c)(8) previamente aprobados.125 Estos datos son significativos.

En el nivel más simple, si no existiera un atraso en los casos de asilo y cada solicitud de asilo recibida se adjudicara dentro de un plazo de 180 días, ninguno de esos extranjeros cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas habría recibido una autorización de empleo. Al observar los porcentajes, resulta evidente que existe una correlación cada vez mayor entre las denegaciones de asilo y las autorizaciones de empleo (c)(8) previamente aprobadas. Estos datos no solo sirven como evidencia de que el procesamiento actual del asilo no está funcionando correctamente, sino que también evidencian que el procesamiento está empeorando. La intención original del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) de desalentar a los extranjeros de presentar solicitudes de asilo sin fundamento no puede cumplirse dado que el volumen del atraso se encuentra en su nivel más alto registrado y casi el 90% de las denegaciones de asilo del último año fiscal contaban con una autorización de empleo (c)(8) previamente aprobada. USCIS señala que no necesariamente está atribuyendo, ni necesita atribuir, intención fraudulenta o de mala fe a esta población. Se trata simplemente de casos en los que, en última instancia, se determinó que el extranjero no era elegible para el asilo, pero que, debido a las regulaciones, políticas y procesos vigentes de la agencia, pudo obtener autorización de empleo a pesar de dicha inelegibilidad para el asilo.

A pesar de la relativa falta de cambios en la adjudicación de las autorizaciones de empleo (EAD) para extranjeros con solicitudes de asilo pendientes desde la reforma regulatoria de 1994, el número de solicitudes de asilo, y con él el número de solicitudes de autorización de empleo, ha aumentado exponencialmente, alimentando un atraso masivo en los casos de asilo. En el año fiscal 1994, año en que el entonces INS promulgó el requisito de que las autorizaciones de empleo para extranjeros con solicitudes de asilo pendientes fueran adjudicadas dentro de los 30 días, el INS recibió 144,577 solicitudes de asilo afirmativo.[126] En el año fiscal 1996, año en que la IIRIRA estableció que, en ausencia de circunstancias excepcionales, las adjudicaciones administrativas finales de las solicitudes de asilo "deberán" completarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que se presentan las solicitudes,[127] el INS recibió 107,130 solicitudes de asilo afirmativo y tenía un atraso de 453,580 casos pendientes al final del año fiscal.[128] En el año fiscal 2024, USCIS recibió más de 419,000 solicitudes de asilo afirmativo, y adjudicó o cerró más de 126,000 solicitudes de asilo afirmativo.[129] Al final del año fiscal 2024, el número de solicitudes de asilo afirmativo pendientes ante USCIS creció a más de 1.35 millones.[130]

A medida que las cargas de casos de asilo tanto ante USCIS como ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) han crecido, también lo han hecho las solicitudes de autorización de empleo para extranjeros con solicitudes de asilo pendientes. Por ejemplo, en el año fiscal 2013, USCIS recibió 41,000 solicitudes iniciales de EAD (c)(8) de extranjeros con solicitudes de asilo pendientes ante ( página impresa 8641) USCIS o EOIR; solo en el mes de enero de 2025, USCIS recibió aproximadamente 152,000 solicitudes iniciales de EAD (c)(8) para esa misma población, además de casi 60,000 solicitudes de renovación de EAD (c)(8) de extranjeros con solicitudes de asilo pendientes.[131] Este gran flujo ha consumido una cantidad extraordinaria de recursos de USCIS.

Como resultado de todos estos factores, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se encuentra en una posición comparativamente peor que la del INS a principios de la década de 1990. Las presentaciones de solicitudes de asilo, y con ellas el atraso en los casos de asilo, han crecido hasta alcanzar un tamaño inmanejable. El programa de asilo continúa atrayendo reclamos frívolos, fraudulentos o, de otro modo, carentes de fundamento, probablemente incentivados por los tiempos de procesamiento que se extienden por décadas y el acceso a la autorización de empleo. Muchos solicitantes de asilo en la actualidad huyen de la violencia generalizada y de condiciones económicas precarias en sus países de origen, pero estas, por sí solas, no constituyen fundamento para el asilo.[132]

Además de todos los factores analizados extensamente anteriormente, tales como la integridad general del programa de asilo y, específicamente, la desincentivación de solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y carentes de mérito, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce también la importancia de los trabajadores estadounidenses. El DHS señala que, al adjudicar ciertas visas basadas en empleo, las autoridades estatutarias exigen que dichos trabajadores extranjeros no desplacen a trabajadores estadounidenses calificados y disponibles que sean capaces de desempeñar dichos servicios o labores, y asimismo que dicho empleo de extranjeros no afecte de manera adversa los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en los Estados Unidos.[133] El DHS de ninguna manera está equiparando a los solicitantes de asilo con los trabajadores temporales no agrícolas; más bien, el DHS simplemente señala la consideración obligatoria hacia los trabajadores estadounidenses en ciertos programas de visas. El DHS reconoce que existe un precedente histórico para considerar a los trabajadores estadounidenses cuando el DHS ejerce su discreción para determinar la disponibilidad y el alcance de la autorización de empleo para los extranjeros.

Por ejemplo, en 1974 el entonces Comisionado del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), Leonard F. Chapman, Jr., anunció un cambio significativo en la política del programa de verano para estudiantes extranjeros.[134] Bajo la nueva política, los estudiantes extranjeros que buscaban empleo de verano debían solicitar y obtener permiso del INS.[135] Al modificar la política de empleo estudiantil de larga data, el INS reconoció los beneficios de política exterior derivados de que jóvenes extranjeros estudiaran en los Estados Unidos, pero determinó que la protección de las oportunidades laborales para los trabajadores estadounidenses debía ser la consideración principal.[136] Al año siguiente, el Asesor Jurídico General del INS, Sam Bernsen, ofreció una presentación detallando con mayor profundidad esta decisión del INS.[137] Reconoció que el empleo de estudiantes F-1 no estaba prohibido por ley, pero expresó preocupación de que "un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal de los Estados Unidos [pudiera] ser despedido de un trabajo en el campus para proporcionar empleo a un estudiante no inmigrante". [138] Continuando, Bernsen declaró que "el INS tenía que sopesar el efecto adverso sobre las relaciones exteriores frente al efecto adverso sobre el mercado laboral". [139] Esto significó, en última instancia, que los estudiantes que deseaban empleo debían presentar una solicitud ante el INS y establecer su elegibilidad conforme a las reglas prescritas.

Lamentablemente, los datos del Departamento de Estado (DOS) sobre las admisiones de visas de estudiante F-1 solo se remontan a 1987,[140] por lo que no se dispone de datos oficiales del DOS sobre las admisiones de visas F-1 de 1974. Sin embargo, esos datos están disponibles a través de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).[141] Según la GAO, había aproximadamente 154,580 estudiantes F-1 en 1974.[142] Si cada uno de esos estudiantes F-1 hubiera desplazado a un trabajador estadounidense, se trataría de un número relativamente pequeño en comparación con la situación actual del DHS respecto a las solicitudes de EAD bajo la categoría (c)(8). USCIS recibió 422,457 Formularios I-589 y 1.2 millones de solicitudes para EAD iniciales bajo la categoría (c)(8) en el año fiscal 2024.[143] El DHS señala que, si el INS estaba justificado al terminar una forma de autorización de empleo en 1974 con el fin de prevenir el posible desplazamiento de aproximadamente 150,000 trabajadores estadounidenses, el DHS estaría igualmente justificado hoy en día al considerar el impacto potencial sobre hasta 1.2 millones de trabajadores estadounidenses al revisar una categoría discrecional de EAD como la (c)(8).

Tal como lo hizo el INS en 1994, el DHS está implementando limitaciones en la disponibilidad de la autorización de empleo y requisitos más estrictos para la elegibilidad de la autorización de empleo, con el fin de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos, gestionar de mejor manera la carga de casos de asilo y desincentivar a los extranjeros que no tienen reclamos de asilo meritorios de explotar el programa de asilo para buscar oportunidades económicas en los Estados Unidos. 59 FR 14779 (30 de marzo de 1994); 59 FR 62284 (5 de diciembre de 1994).

Tal como funciona actualmente, el sistema de asilo está sobrecargado, no responde adecuadamente y es vulnerable al abuso. El Congreso otorgó al Poder Ejecutivo la discrecionalidad para poner a disposición la autorización de empleo para los solicitantes de asilo mediante reglamento.[144] La autorización de empleo para los extranjeros que solicitan asilo no es un derecho conferido por ley. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que esta regla es clave para desincentivar que los extranjeros utilicen el asilo principalmente como una vía para buscar autorización de empleo en los Estados Unidos y para garantizar un procesamiento más oportuno de las solicitudes de asilo. Al permitir que el DHS concentre sus recursos en reducir el atraso de casos de asilo, garantizar que las solicitudes de asilo se procesen de manera justa y oportuna, y separar la presentación de una solicitud de asilo de una concesión casi automática ( página impresa 8642) de la autorización de empleo, este reglamento ayudará a revertir el rumbo de un sistema sobrecargado que ha propiciado el abuso.

El DHS se está enfocando ahora en este reglamento tras años de distintos esfuerzos para abordar el creciente atraso de casos y las importantes preocupaciones sobre la integridad del programa de asilo. El número de oficiales de asilo que emplea el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aumentó de 349 en 2015 a 979 en 2025, pero a pesar de ello el atraso de casos de asilo ha aumentado exponencialmente. En la última década, el USCIS ha construido o ampliado oficinas de asilo en 11 ciudades para proporcionar espacios de trabajo dedicados que permitan acomodar el rápido crecimiento del personal.[145] El USCIS también ha implementado una serie de cambios operativos diseñados para lograr mejoras de eficiencia. Estos cambios incluyen metas de procesamiento de casos posteriores a la entrevista, el desarrollo de nuevas tecnologías y la expansión de la digitalización para modernizar la gestión de casos.[146] Además, en 2024, el USCIS utilizó por primera vez tecnología innovadora para identificar las solicitudes de asilo presentadas por extranjeros en procedimientos de expulsión y puso en marcha un proceso automatizado para cerrar administrativamente esos casos, utilizando así menos recursos de personal de asilo para retirar rápidamente esos casos de la carga de trabajo pendiente, al tiempo que permitía a los oficiales concentrarse en otros casos pendientes. Posteriormente, el USCIS amplió sus capacidades tecnológicas para comenzar a rechazar las solicitudes de asilo presentadas en línea por extranjeros en procedimientos de expulsión, en consonancia con los procedimientos existentes para rechazar las solicitudes de asilo en papel presentadas por extranjeros en procedimientos de expulsión.[147] El USCIS también utilizó los fondos asignados en el año fiscal 2024 para respaldar iniciativas tecnológicas destinadas a digitalizar las solicitudes de asilo presentadas en papel que forman parte del atraso, automatizar pasos adicionales del procesamiento de casos, mejorar la programación de entrevistas e identificar automáticamente las múltiples solicitudes de asilo presentadas por el mismo solicitante principal utilizando distintos números A, todo lo cual contribuyó a la reducción del atraso de casos y a la disminución de los tiempos generales de procesamiento.[148]

A pesar de los enérgicos esfuerzos del DHS por abordar el atraso de casos, el reciente y drástico aumento tanto en las solicitudes de asilo afirmativas como defensivas ha impedido que la agencia observe algún avance. Por ejemplo, del año fiscal 2022 al año fiscal 2023, el número de solicitudes de asilo afirmativas casi se duplicó, de 247,074 a 463,320 solicitudes.[149] El número total de solicitudes de asilo presentadas de manera defensiva también casi se duplicó de 2022 a 2023, de 260,830 a 488,620 solicitudes.[150] En julio de 2024, la Oficina del Inspector General del DHS determinó que más de 786,000 solicitudes de asilo afirmativas llevaban pendientes más de 180 días.[151] Además, un aumento concurrente y masivo en los encuentros fronterizos también contribuyó al crecimiento del atraso de casos, debido a que el USCIS ha tenido que desviar recursos y oficiales de asilo del procesamiento de los casos de asilo afirmativos acumulados para atender el alto volumen de casos de temor creíble y temor razonable [152] que requieren entrevistas en un plazo muy breve. En los períodos de máximo volumen de casos de temor creíble y temor razonable, todo el personal disponible de la División de Asilo del USCIS fue asignado temporalmente a estas cargas de trabajo, lo que redujo el número de oficiales de asilo disponibles para realizar entrevistas de asilo afirmativas.[153] En 2023, el USCIS también capacitó a más de 1,000 empleados de toda la agencia para que ayudaran con la carga de trabajo de temor creíble según fuera necesario.[154] Esta desviación de recursos hacia las entrevistas de evaluación impidió aún más que el USCIS lograra avances significativos para reducir o eliminar el atraso de casos de asilo afirmativos. Mientras los casos de asilo afirmativos avanzan lentamente a través del sistema de inmigración, los extranjeros continúan recibiendo documentos de autorización de empleo (EAD), aun cuando a muchos o a la mayoría de ellos finalmente se les determine que no son elegibles para el asilo.[155]

Otra consecuencia del atraso acumulado en el asilo es que muchos extranjeros a quienes finalmente se les negará el asilo pueden permanecer en los Estados Unidos y obtener autorización de empleo. Como se explicó anteriormente, el DHS considera que imponer requisitos más estrictos para la elegibilidad del EAD conforme a (c)(8) desincentivará a algunos migrantes económicos y a otras personas que finalmente no calificarían para el asilo a presentar solicitudes y, posiblemente, a emprender el arduo viaje hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, además del lenguaje reglamentario vigente que excluye a un extranjero con una condena por un delito grave agravado según se describe en la INA 101(a)(43), el DHS propone codificar en el reglamento que excluirá de la elegibilidad del EAD conforme a (c)(8) a todo extranjero respecto del cual haya motivos para creer que puede estar impedido de que se le conceda asilo debido a uno de los impedimentos penales para el asilo conforme a las secciones 208(b)(2)(A)(ii)-(iii). Estos también son motivos para denegar la solicitud de asilo subyacente del extranjero. Véase la INA 208(b)(2) y 8 U.S.C. 1158(b)(2). Este sería un cambio sensato y lógico. Además, el cambio aumentaría la integridad del programa al garantizar que un extranjero que es legalmente inelegible para el asilo no pueda presentar una solicitud de asilo frívola o carente de mérito con el fin de recibir un EAD conforme a (c)(8) y aprovechar los atrasos actuales en el procesamiento de USCIS para obtener autorización de empleo. Por el contrario, conforme a estos cambios propuestos, los extranjeros que son inelegibles para el asilo serían igualmente inelegibles para un EAD de "asilo pendiente". Como se detalló anteriormente, la reforma reglamentaria final del asilo del INS de 1994 dejó en claro: "[e]sta norma desincentivará a los solicitantes de presentar reclamos sin mérito únicamente como un medio para obtener autorización de empleo. . . . Cuando el sistema esté totalmente operativo, se espera que los oficiales de asilo concedan o remitan las solicitudes afirmativas dentro de aproximadamente 60 días. . . . Todos los solicitantes podrían tener autorización de empleo después de 180 días, a menos que sus reclamos hayan sido denegados por un Juez de Inmigración". 59 FR en 62290-91.

Este es un punto significativo que se pierde con frecuencia dado el tamaño actual de los atrasos acumulados en el asilo y en el EAD de asilo: el INS diseñó el panorama reglamentario actual para que fuera principalmente un medio de adjudicar la solicitud de asilo subyacente. La intención era darle al INS, hoy USCIS, 180 días para ( página impresa 8643) adjudicar la solicitud de asilo subyacente y, si eso no podía lograrse, entonces el extranjero no resultaba perjudicado porque era elegible para la autorización de empleo después de 180 días. USCIS tenía como objetivo adjudicar las remisiones de solicitudes de asilo dentro de los 60 días a partir de la fecha en que se presentó una solicitud de asilo completa ante USCIS, lo que dejaría entonces 120 días restantes para que EOIR completara el procesamiento de la solicitud de asilo remitida.[156] Según el diseño, la solicitud de asilo del extranjero sería aprobada y cualquier solicitud pendiente o aprobada de autorización de empleo quedaría sin efecto debido a la concesión del asilo, o bien la solicitud de asilo del extranjero sería denegada y cualquier solicitud de autorización de empleo sería denegada ya que la solicitud de asilo del extranjero ya no estaría pendiente, pero se suponía que se debía llegar a uno de esos dos resultados dentro de los 180 días posteriores a la presentación. En ese momento, la solicitud de autorización de empleo era únicamente un beneficio provisional o "puente" hasta que se adjudicara la solicitud de asilo.

Debido al tamaño de la carga actual de casos pendientes de asilo afirmativo, la adjudicación de la solicitud de asilo dentro de los 180 días posteriores a la presentación, de conformidad con la INA 208(d)(5)(A)(iii), resulta sumamente difícil. En los años fiscales 2022, 2023 y 2024, el tiempo de procesamiento promedio para las solicitudes de asilo que recibieron una decisión final (aprobación, cierre administrativo o denegación/referencia) fue de 35.5 meses, 25.0 meses y 22.8 meses, respectivamente.[157] Los tiempos de procesamiento superan ampliamente el requisito legal de 180 días, pero, no obstante, muestran una tendencia hacia la dirección correcta. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que el nivel de esfuerzo que actualmente se destina a las adjudicaciones de asilo y de los EAD relacionados no es sostenible, lo cual constituye una de las razones por las que el DHS necesita estos cambios regulatorios propuestos. Si USCIS ya no estuviera sujeto al plazo de procesamiento de 30 días, esto permitiría que la agencia enfocara sus recursos en las solicitudes de asilo pendientes, lo cual, en sí mismo, reduciría la presentación de solicitudes de EAD bajo la categoría (c)(8). Estos casos agotan los recursos de la agencia que podrían destinarse a otras adjudicaciones. Independientemente del atraso acumulado, de la antigüedad de los casos o de cualquier cambio en el procesamiento de las solicitudes de asilo, conforme al 8 CFR 208.7(a)(1), USCIS actualmente todavía está obligado a adjudicar las solicitudes de autorización de empleo basadas en solicitudes de asilo pendientes dentro de los 30 días posteriores a su presentación. Los cambios propuestos en esta norma, específicamente la suspensión de la aceptación de solicitudes de EAD bajo la categoría (c)(8) y la espera de 365 días para presentar una solicitud de autorización de empleo, permitirían que USCIS se enfocara más en las solicitudes de asilo subyacentes, tal como el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) intentó hacerlo con las reformas regulatorias de 1994.

Otro problema, no relacionado con la carga pendiente de casos de asilo afirmativo, que además actúa como incentivo para la presentación de solicitudes frívolas, fraudulentas y sin fundamento, es el hecho de que los requisitos de elegibilidad entre la solicitud de asilo y la solicitud de autorización de empleo basada en asilo pendiente no están alineados. Actualmente, una solicitud de asilo será denegada si el extranjero fue perseguidor, fue condenado por un delito particularmente grave, cometió un delito grave no político fuera de los Estados Unidos, o representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, entre otras razones. Véase INA 208(b)(2), 8 U.S.C. 1158(b)(2). Sin embargo, un extranjero que solicita autorización de empleo con base en una solicitud de asilo pendiente únicamente resulta inelegible por una condena por delito grave con agravantes (aggravated felony).[158] Véase 8 CFR 208.7(a)(1). La disparidad entre los requisitos de elegibilidad para la solicitud de asilo y el EAD bajo la categoría (c)(8) hace que extranjeros que, bajo ninguna circunstancia, podrían obtener la aprobación de asilo (por ejemplo, perseguidores, extranjeros condenados por delitos particularmente graves, etc.) resulten elegibles para la autorización de empleo mientras esperan a que se deniegue su solicitud de asilo. Esto, a su vez, incentiva a un mayor número de extranjeros a presentar solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o sin fundamento, ya que obtendrán la autorización de empleo 180 días después de presentar la solicitud de asilo, incluso si son legalmente inelegibles para el asilo, y la solicitud de asilo del extranjero probablemente permanecerá pendiente durante años dado el atraso acumulado en los casos de asilo. Anteriormente, ninguno de los dos formularios tenía una tarifa de presentación asociada,[159] por lo que no existía ninguna desventaja en presentar la solicitud de esta manera, ya que, incluso si USCIS denegaba la solicitud de asilo años después, el extranjero contaba con autorización de empleo durante ese tiempo. La propuesta de reglamentación del DHS busca alinear los requisitos de elegibilidad y poner fin al incentivo para abusar del sistema de asilo. Bajo esta propuesta, los extranjeros seguirían presentando solicitudes de autorización de empleo, pero el DHS, como parte del proceso de evaluación y verificación del extranjero dentro de la adjudicación del EAD bajo la categoría (c)(8), determinaría en esencia si el extranjero era legal o reglamentariamente inelegible o estaba impedido de obtener la aprobación de asilo y, de ser así, el DHS denegaría la solicitud de autorización de empleo.

La necesidad de determinar si el extranjero que solicita autorización de empleo también cumple con los requisitos de elegibilidad para el asilo justifica un cambio adicional y relacionado que se realiza en esta norma, la recopilación obligatoria de datos biométricos tanto para las solicitudes iniciales como para las de renovación de EAD conforme al inciso (c)(8), así como el requisito de que los solicitantes de un EAD presenten todos los registros de cargos, arrestos y condenas como parte de su solicitud de EAD. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podría examinar y verificar de manera significativa a estos extranjeros a fin de determinar si no son elegibles o si están impedidos de obtener la aprobación de asilo sin datos biométricos y evidencia de cualquier antecedente penal. El DHS ya exige datos biométricos a los solicitantes de asilo; por la misma razón, el DHS ahora propone recopilar datos biométricos sobre la solicitud pendiente de autorización de empleo. Exigir que los solicitantes de asilo presenten datos biométricos y proporcionen todos los registros de cargos, arrestos y condenas como parte de su solicitud de EAD ayuda a garantizar que el DHS cuente con información precisa y completa antes de tomar una decisión sobre la solicitud de autorización de empleo.[160] El DHS está comprometido a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración mediante la protección de nuestras fronteras, la desarticulación de organizaciones criminales que trasladan personas, drogas y mercancías a través de la frontera de manera ilegal, y la reducción del abuso de nuestros procesos y leyes.

El DHS considera que las disposiciones de esta norma propuesta permitirán que las solicitudes con mérito sean aprobadas más rápidamente y que las solicitudes sin mérito sean remitidas o (página impresa 8644) denegadas más rápidamente. El DHS reconoce que estas reformas se aplicarán por igual a los extranjeros con solicitudes de asilo con mérito y sin mérito, y que cualquiera de estas poblaciones puede experimentar cierto grado de dificultad económica como resultado de los requisitos más estrictos para obtener un EAD, el período de espera prolongado y las pausas en la aceptación por parte de USCIS de solicitudes de EAD de solicitantes de asilo. El DHS también reconoce que algunos extranjeros cuyas solicitudes de asilo habrían sido consideradas con mérito, es decir, aquellos que podrían demostrar un temor fundado de persecución en su país de nacionalidad (o de última residencia habitual) a causa de un motivo protegido, pueden abandonar sus solicitudes o decidir no presentarlas, renunciando así a la protección que el asilo proporcionaría, debido a que no podrían mantenerse económicamente mientras se adjudica su solicitud de asilo. El DHS reconoce que la ampliación del tiempo de tramitación de la autorización de empleo también puede influir en el proceso de toma de decisiones de un posible solicitante con mérito antes de presentar una solicitud de asilo. Debido a los períodos de espera más prolongados propuestos por esta norma antes de que un extranjero pueda recibir autorización de empleo, puede haber extranjeros con posibles solicitudes de asilo con mérito que, en cambio, regresen a un país donde podrían temer sufrir daño. El DHS ha considerado seriamente el posible perjuicio a esta población y ha determinado que los beneficios de esta norma superan estas preocupaciones: aumentar la integridad del programa, enfocar los recursos de USCIS en el atraso subyacente de casos de asilo, garantizar que los delincuentes agravados y los extranjeros con antecedentes penales no reciban autorización de empleo, verificar biométricamente la identidad de todos los solicitantes de EAD bajo (c)(8) e identificar cualquier antecedente penal, si corresponde, y desincentivar el uso del asilo como medio para presentar una solicitud frívola, fraudulenta o sin mérito únicamente con el fin de obtener autorización de empleo. Objetivamente hablando, el sistema de asilo está desbordado y necesita reformas adicionales. El atraso de casos de asilo debilita la integridad del sistema, permitiendo que miles de casos sin mérito queden pendientes y obstaculizando que la agencia aborde posibles preocupaciones de seguridad pública y seguridad nacional hasta años después, cuando los casos finalmente se adjudican. La seguridad de los Estados Unidos y la integridad de nuestros procesos de inmigración superan el posible perjuicio a un subconjunto de la población solicitante de asilo. El DHS también ha considerado las posibles dificultades causadas por una espera más prolongada antes de presentar una solicitud de autorización de empleo o de recibir dicha autorización, lo cual puede llevar a algunos extranjeros a intentar trabajar sin autorización. Con el fin de minimizar el empleo no autorizado, el DHS ha instituido ciertas medidas de cumplimiento a través de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), la cual exige a los empleadores verificar la identidad y la elegibilidad de empleo de sus empleados, y establece sanciones penales y civiles por infracciones relacionadas con el empleo. Véase la Ley Pública 99-603, 100 Stat. 3445 (1986). Además, la sección 274A(b) de la INA, 8 U.S.C. 1324a(b), exige a los empleadores verificar la identidad y la elegibilidad de empleo de todos los extranjeros contratados en los Estados Unidos. El Formulario de Verificación de Elegibilidad de Empleo (Formulario I-9) es utilizado por los empleadores para documentar dicha verificación. Los empleadores que no completen correctamente los Formularios I-9 están sujetos a sanciones monetarias civiles por infracciones de trámite.[161] Este proceso sirve para proteger al público y a los extranjeros que puedan intentar trabajar sin autorización, lo cual los hace vulnerables a la explotación por parte de sus empleadores. Los extranjeros que, aun así, decidan participar en empleo no autorizado deben tener en cuenta que esto puede hacerlos removibles e inelegibles para beneficios futuros, como el ajuste de estatus.[162] Finalmente, el DHS reconoce que puede haber impactos desconocidos en las poblaciones mencionadas, pero la responsabilidad del DHS de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad pública tiene prioridad y justifica el enfoque propuesto en este documento.

El objetivo final del DHS es fortalecer la integridad de los beneficios del proceso de asilo y ayudar a garantizar que el sistema no esté siendo explotado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha determinado que el modelo actual para obtener autorización de empleo como solicitante de asilo ya no es viable, pero también es incongruente con la intención original del sistema de asilo. La intención siempre ha sido que, una vez presentada una solicitud de asilo, se tome una decisión de manera oportuna, de modo que no sea necesario contar con un documento de autorización de empleo hasta que el extranjero haya recibido el beneficio. El DHS ha determinado que es razonable exigir requisitos adicionales de tiempo y seguridad a los solicitantes de asilo antes de que puedan solicitar y recibir un EAD. La urgencia de proteger la seguridad nacional, la seguridad pública y mantener la integridad del sistema de asilo e inmigración de los Estados Unidos supera las dificultades que pueda imponer un período de espera adicional que experimentaría la población de solicitantes de asilo con méritos antes de recibir un EAD.

El DHS consideró varias alternativas antes de decidir los cambios finalmente propuestos en esta regla y también implementó recientemente nuevas tarifas de presentación que afectan tanto a las solicitudes de asilo como a las solicitudes pendientes de autorización de empleo basadas en solicitudes de asilo.

El 22 de julio de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicó el Aviso del Registro Federal sobre la H.R.-1 para informar al público sobre una nueva serie de tarifas para diversos formularios relacionados con inmigración establecidas en la OBBBA.[163] El USCIS implementó recientemente tarifas de presentación exigidas por ley, incluyendo una tarifa de presentación no exenta de $100 para la solicitud de asilo y una tarifa anual de $100 por cada año que la solicitud de asilo del solicitante esté pendiente, así como una tarifa de presentación no exenta de $550 para la solicitud inicial de autorización de empleo (c)(8). [164] Según lo establecido por ley, el 50 por ciento de la tarifa de la solicitud de asilo se acredita al DHS. Ninguno de los ingresos de la tarifa anual se acredita al USCIS y el 25 por ciento de las tarifas de la solicitud de autorización de empleo (c)(8) se acreditan al USCIS.

Históricamente, los cambios en las tarifas por sí solos no han provocado cambios significativos en las solicitudes de beneficios, particularmente cuando no existen alternativas.[165] Por lo tanto, el DHS no considera que las nuevas tarifas de solicitud de asilo establecidas por la H.R.-1, por sí solas, sean suficientes para disuadir los volúmenes insostenibles de solicitudes de asilo sin mérito identificados en esta regla, aunque el DHS considera posible que dichas tarifas puedan potenciar los efectos de esta regla propuesta para disuadir las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo sin mérito. Asimismo, como se describe en las secciones III.B y III.C de esta regla propuesta, y según se analiza en recientes reglamentaciones del USCIS, 89 FR 101210 (13 de diciembre de 2024), los esfuerzos del USCIS por destinar (página impresa 8645) recursos adicionales hacia un procesamiento más rápido de las solicitudes de asilo y de autorización de empleo (c)(8) han fracasado sistemáticamente en igualar el rápido crecimiento de los volúmenes. El DHS sostiene que esto se debe a que la autorización de empleo por períodos más largos, causada por los persistentes atrasos en los casos de asilo, ha incentivado un mayor número de solicitudes de asilo.[166]

Una alternativa que el DHS consideró y evaluó fue la posibilidad de volver a publicar la eliminación del plazo de procesamiento de 30 días para el EAD (“Norma de Derogación del Plazo”) de 2020, pero con datos de presentación actualizados, un análisis económico más reciente y justificación adicional para los cambios propuestos. El DHS reconoce que dichos cambios están dentro de la autoridad del Secretario conforme a la INA 274A(h)(3)(B) (8 U.S.C. 1324a(h)(3)(B)), la INA 208(d)(1) y (d)(5)(B) (8 U.S.C. 1158(d)(1) y (d)(5)(B)), y la INA 208(d)(2) (8 U.S.C. 1158(d)(2)). Sin embargo, el DHS tiene presente el fallo de CASA de Maryland, Inc. v. Wolf, que determinó que la eliminación del plazo de 30 días para el reloj del EAD de asilo (“Norma de Derogación del Plazo”) fue arbitraria y caprichosa por múltiples razones diferentes. Ese tribunal determinó que la justificación de USCIS para la eliminación del plazo de procesamiento de 30 días contradecía la evidencia en el expediente y que las respuestas de USCIS a los comentarios públicos fueron concluyentes y reflejaron que la agencia no consideró alternativas de política importantes.[167] Específicamente, el tribunal no quedó convencido de que USCIS hubiera considerado imponer un plazo de procesamiento más largo en lugar de eliminar el plazo por completo.[168] A pesar de que el DHS todavía considera que no debería haber un plazo de procesamiento para los EAD (c)(8), tal como actualmente no existen plazos de procesamiento para ninguna otra categoría de EAD, el DHS no tenía certeza de si una segunda propuesta de eliminación total del plazo de procesamiento del EAD (c)(8) tendría éxito, incluso con datos de presentación actualizados, un análisis económico más reciente, consideración adicional de alternativas y justificaciones adicionales. Una cantidad considerable de trabajo se invierte en los cambios regulatorios, y el DHS preferiría no arriesgarse a otro esfuerzo de varios años solo para quedar sujeto a una acción judicial adversa y, al final, seguir estando obligado a adjudicar las solicitudes de asilo pendientes y las solicitudes de autorización de empleo asociadas conforme a las autoridades y plazos regulatorios actuales y defectuosos.

Una segunda alternativa que el DHS consideró y evaluó fue extender el período de espera para presentar una solicitud de autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente, de los 150 días actuales a un período significativamente más largo, algo cercano a cuatro o cinco años. Extender este período de espera estaría plenamente dentro de la autoridad del Secretario conforme a la INA 274A(h)(3)(B) (8 U.S.C. 1324a(h)(3)(B)), la INA 208(d)(1) y (d)(5)(B) (8 U.S.C. 1158(d)(1) y (d)(5)(B)), y la INA 208(d)(2) (8 U.S.C. 1158(d)(2)), que reconocen claramente la autoridad discrecional para extender la autorización de empleo a los extranjeros, la autoridad para establecer normas sobre los procedimientos y condiciones de las solicitudes de asilo, y la discreción para otorgar autorización de empleo a los extranjeros que solicitan asilo si han transcurrido 180 días desde la presentación de la solicitud de asilo. Los beneficios de dicha extensión son que esencialmente eliminaría todos los obstáculos de filtración y verificación mencionados anteriormente (por ejemplo, demoras en las citas de los ASC, pausa de 60 días para las remisiones a ICE, etc.) y también eliminaría cualquier incentivo para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo infundadas con el fin de recibir autorización de empleo. Bajo dicha propuesta, muy pocos extranjeros realmente esperarían cinco años para su autorización de empleo inicial, debido a que los casos de asilo actualmente se procesan bajo el sistema LIFO (último en entrar, primero en salir), por lo que la gran mayoría de los solicitantes de asilo recientes recibirían una adjudicación final en menos de cinco años. Incluso sin los cambios regulatorios propuestos, el DHS necesita mejorar las operaciones, así como la filtración y verificación; en los años fiscales 2022, 2023 y 2024, el tiempo promedio de procesamiento de las solicitudes de asilo que recibieron una decisión final (aprobación, cierre administrativo, denegación/remisión) fue de 35.5 meses, 25.0 meses y 22.8 meses, respectivamente.[169] Si bien los tiempos de procesamiento superan ampliamente la meta de 180 días establecida en la INA 208(d)(5)(A)(iii), están mostrando una tendencia en la dirección correcta y son inferiores a la alternativa propuesta de cuatro o cinco años que se consideró.

El DHS finalmente decidió no extender el reloj de 150 días para la EAD hasta este punto por varias razones. Si bien un período de espera de cuatro a cinco años sería un fuerte desincentivo para las solicitudes frívolas, fraudulentas o infundadas, esto probablemente generaría una fuerte oposición de los defensores de la inmigración y de los solicitantes de asilo, quienes podrían ver este cambio fijo y prolongado en el período de espera como excesivamente severo. Si bien el método propuesto de pausa y reinicio probablemente también conduciría a una espera de varios años, esa pausa puede levantarse, a diferencia del cambio propuesto en esta segunda alternativa. Al final, el DHS determinó que, si bien sería un desincentivo muy fuerte para las presentaciones infundadas, habría numerosos y enérgicos comentarios públicos que no respaldarían dicho cambio, y es posible que la justificación para una extensión de tal duración no esté respaldada por los datos.

Otra alternativa considerada por el DHS fue poner fin por completo a la autorización de empleo para los solicitantes de asilo pendientes, es decir, eliminar la categoría de EAD (c)(8). Eliminar la categoría de EAD (c)(8) estaría plenamente dentro de la autoridad del Secretario conforme a la INA 274A(h)(3)(B) (8 U.S.C. 1324a(h)(3)(B)), la INA 208(d)(1) y (d)(5)(B) (8 U.S.C. 1158(d)(1) y (d)(5)(B)), y la INA 208(d)(2) (8 U.S.C. 1158(d)(2)), las cuales reconocen claramente la autoridad discrecional para extender la autorización de empleo a los extranjeros, la autoridad para establecer reglamentos relativos a los procedimientos y condiciones de las solicitudes de asilo, y la discreción para otorgar autorización de empleo a los extranjeros que solicitan asilo si han transcurrido 180 días desde la presentación de la solicitud de asilo. Un extranjero con una solicitud de asilo pendiente no tiene derecho a la autorización de empleo por ley, pero el Congreso otorgó al Secretario la facultad discrecional de autorizar el empleo, mediante reglamentos, para estos extranjeros mientras la solicitud de asilo esté pendiente de adjudicación. Véase la INA 208(d)(2), 8 U.S.C. 1158(d)(2). Esta alternativa eliminaría la necesidad de realizar la detección y verificación, ya que no habría ninguna solicitud de autorización de empleo presentada por el extranjero. Esta alternativa sería, en realidad, el desincentivo más fuerte posible para la presentación de solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o infundadas, no mediante la adición de una demora, sino mediante la eliminación total de la autorización de empleo temporal como incentivo para presentar una solicitud de asilo. Esta opción eliminaría cualquier beneficio de tener una solicitud de asilo pendiente, pero infundada, en el rezago de casos durante años. (página impresa 8646) Bajo tal propuesta, al no existir la EAD (c)(8) para solicitar, los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes no estarían autorizados para trabajar hasta que USCIS aprobara la solicitud de asilo subyacente.

El DHS finalmente decidió no seguir adelante con esta alternativa por el momento. En primer lugar, el DHS ya ha establecido que el problema principal es el procesamiento del volumen de casos en el rezago. En segundo lugar, dado que la autorización de empleo para los solicitantes de asilo pendientes ha estado disponible durante décadas, desde antes de las reglamentaciones de reforma de asilo del INS de 1994, no está claro en este momento si existen datos que respalden tal cambio. Además, al DHS le preocupaban los comentarios públicos previstos que no respaldarían dicho cambio. Adicionalmente, el DHS considera que la disposición propuesta en esta norma, que vincula la autorización de empleo a los tiempos de procesamiento de asilo mediante la pausa en la aceptación de las EAD (c)(8) iniciales si la tasa promedio de procesamiento de asilo supera los 180 días durante 90 días consecutivos, lograría el mismo impacto positivo que lograría la eliminación total de la categoría de EAD (c)(8), pero a través de medios menos severos.

En caso de que esta norma resulte ineficaz o sea objeto de una medida cautelar, es probable que el DHS vuelva a evaluar una o más de estas opciones alternativas para las futuras solicitudes de asilo y sus correspondientes solicitudes de autorización de empleo, dado el incentivo continuo que representan para el ingreso ilegal a los Estados Unidos y el abuso del sistema de asilo, en detrimento de los solicitantes de asilo con méritos.

El asilo es un beneficio discrecional que puede ser otorgado por el Secretario o el Fiscal General si el extranjero demuestra, entre otras cosas, que ha sufrido persecución pasada o que tiene un temor fundado de persecución futura por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. INA sec. 208(b)(1), 8 U.S.C. 1158(b)(1) (que establece que el Fiscal General y el Secretario "podrán" otorgar asilo a los refugiados); INA sec. 101(a)(42)(A), 8 U.S.C. 1101(a)(42)(A) (que define "refugiado"). La INA prohíbe que ciertos extranjeros obtengan asilo, incluidos los extranjeros que sean perseguidores, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave (lo cual incluye los delitos agravados), que hayan cometido delitos graves no políticos fuera de los Estados Unidos, que representen un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, que hayan participado en ciertas actividades relacionadas con el terrorismo o que sean miembros de organizaciones terroristas, o que hayan sido reasentados de manera permanente en un tercer país.[170]

La INA también prohíbe que ciertos extranjeros soliciten asilo.[171] Por lo general, los extranjeros deben solicitar asilo dentro del plazo de 1 año a partir de la fecha de su última entrada a los Estados Unidos.[172] Un extranjero que presente la solicitud de asilo después del plazo de 1 año no es elegible para solicitar asilo, a menos que el extranjero demuestre que circunstancias cambiantes afectaron de manera sustancial su elegibilidad para el asilo, o que circunstancias extraordinarias retrasaron la presentación de la solicitud durante el período de 1 año, y que la solicitud se presentó dentro de un período de tiempo razonable dadas las circunstancias cambiantes o extraordinarias.[173] Incluso si un extranjero cumple con todos los criterios para el asilo, incluyendo la demostración de persecución pasada o un temor fundado de persecución futura y cualquier excepción a la presentación tardía, el Secretario o el Fiscal General aún puede denegar el asilo como cuestión de discreción.[174]

Los extranjeros a quienes se les otorga asilo no pueden ser expulsados ni devueltos a su país de nacionalidad o de última residencia habitual, están autorizados para trabajar en virtud de su estatus de asilado, y pueden tener permiso para viajar fuera de los Estados Unidos con el consentimiento previo del Secretario.[175] El asilo puede ser terminado si el extranjero no era elegible para el estatus de asilo al momento en que se otorgó el asilo, o si de otro modo ya no es elegible para el asilo conforme a la ley.[176]

Los extranjeros pueden incluir a su cónyuge e hijos que se encuentren físicamente presentes en los Estados Unidos como dependientes en su solicitud de asilo al momento de presentarla o en cualquier momento hasta que se tome una decisión final sobre la solicitud.[177] El extranjero y sus dependientes son considerados solicitantes de asilo, y cada solicitante puede presentar individualmente una solicitud para un EAD (c)(8).

Para solicitar asilo, un extranjero debe presentar el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Retención de la Expulsión, ante USCIS o ante el tribunal de inmigración (EOIR). Las solicitudes de asilo se caracterizan como "afirmativas" o "defensivas" según cuál sea la agencia que tenga jurisdicción sobre el caso del extranjero. Por lo general, si un extranjero se encuentra físicamente presente en los Estados Unidos, no está detenido y no ha sido sometido a procedimientos de expulsión, el extranjero presenta la solicitud de asilo ante USCIS. Estas solicitudes se conocen como presentaciones "afirmativas". Si el DHS somete a un extranjero a procedimientos de expulsión, el extranjero presenta una solicitud de asilo ante un Juez de Inmigración (IJ, por sus siglas en inglés).[178] Estas solicitudes se conocen como presentaciones "defensivas" e incluyen a los extranjeros a quienes el oficial de asilo de USCIS remite al IJ para una revisión de novo de su reclamo de asilo.[179]

USCIS es responsable de la adjudicación inicial de las solicitudes de asilo presentadas por UAC (menores extranjeros no acompañados). Esto se debe a que una solicitud de asilo presentada por un UAC debe tramitarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la TVPRA, Ley Pública 110-457, 122 Stat. 5044, y el acuerdo de conciliación en J.O.P. v. U.S. Dept of Homeland Security, 8:19-cv-01944 (D. Md.) (aprobado el 25 de noviembre de 2024) (Acuerdo de Conciliación J.O.P.). Las disposiciones de la TVPRA que se aplican a los UAC entraron en vigor el 23 de marzo de 2009 y otorgan a USCIS jurisdicción inicial sobre todas las solicitudes de asilo presentadas por UAC. Por lo tanto, incluso los UAC a quienes se les haya emitido una Notificación de Comparecencia (Notice to Appear) ante el tribunal de inmigración pueden tener su solicitud de asilo escuchada por USCIS si eran UAC en la fecha en que presentaron inicialmente su solicitud de asilo. La TVPRA también brinda la oportunidad a los UAC que no presentaron previamente una solicitud de asilo ante USCIS y que tenían un reclamo pendiente ante el tribunal de inmigración, en apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, o en un tribunal federal, de que su reclamo de asilo sea escuchado y adjudicado por un Oficial de Asilo de USCIS en un entorno no adversarial.[180] Además, conforme a los términos del Acuerdo de Conciliación J.O.P., USCIS no se basará en ninguna determinación del DOJ de que un extranjero no es un UAC.[181] Más bien, USCIS ejerce jurisdicción inicial sobre la adjudicación de la solicitud de asilo del UAC y emite su propia determinación jurisdiccional.[182] Por lo tanto, si la solicitud de asilo pendiente de un UAC ( printed page 8647) permanece pendiente ante USCIS, su EAD (c)(8) no se terminará automáticamente aunque su solicitud de asilo haya sido denegada por un Juez de Inmigración (IJ), la BIA o un tribunal federal.

Los extranjeros que se presentan en un puerto de entrada de los Estados Unidos (aéreo, marítimo o terrestre) generalmente son considerados solicitantes de admisión.[183] INA sec. 235(a)(1), 8 U.S.C. 1225(a)(1). Si un oficial de inmigración determina que un extranjero es inadmisible conforme a la sección 212(a)(6)(C) o 212(a)(7) de la Ley, 8 U.S.C. 1182(a)(6)(C) o 1182(a)(7), por poseer documentos falsos, hacer declaraciones falsas o carecer de la documentación de viaje requerida, el extranjero puede ser sometido a procedimientos de remoción expedita conforme a la sección 235(b)(1) de la Ley, 8 U.S.C. 1225(b)(1). La remoción expedita también puede aplicarse a ciertos otros extranjeros que no hayan sido admitidos ni autorizados a ingresar (paroled) a los Estados Unidos y que no puedan demostrar que han estado físicamente presentes de manera continua en los Estados Unidos durante los dos años previos a la fecha de determinación de inadmisibilidad. INA sec. 235(b)(1)(A)(iii), 8 U.S.C. 1225(b)(1)(A)(iii). Los extranjeros en procedimientos de remoción expedita que indiquen la intención de solicitar asilo, expresen temor de persecución o tortura, o temor de regresar a su país de origen, son remitidos a un oficial de asilo para determinar si el extranjero tiene un temor creíble de persecución o tortura.[184] INA sec. 235(b)(1), 8 U.S.C. 1225(b)(1); 8 CFR 208.30(b); 8 CFR 235.3(b)(4). Si se determina que un extranjero tiene un temor creíble, “el extranjero será detenido para una consideración adicional de la solicitud de asilo”. INA sec. 235(b)(1)(B)(ii), 8 U.S.C. 1225(b)(1)(B)(ii).

Las solicitudes de asilo basadas inicialmente en una determinación positiva de temor creíble quedan bajo la jurisdicción de EOIR una vez que se presenta una Notificación de Comparecencia (NTA) ante el tribunal, y se consideran solicitudes presentadas de manera “defensiva”. De manera similar, si un extranjero tiene una determinación positiva de temor creíble, pero es liberado de la detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el extranjero sigue considerándose bajo la jurisdicción de EOIR una vez que se presenta la NTA y debe presentar la solicitud de asilo ante el tribunal.

Un extranjero puede estar autorizado para trabajar en los Estados Unidos en función de su estatus migratorio u otras condiciones, según lo establecido por ley o reglamento. Véase 8 CFR 274a.12. Un solicitante de asilo no tiene derecho a una autorización de empleo por ley, pero el Congreso otorgó al Secretario la facultad discrecional de autorizar el empleo, mediante reglamentos, para estos extranjeros mientras su solicitud de asilo está pendiente de adjudicación. Véase INA sec. 208(d)(2), 8 U.S.C. 1158(d)(2). Los extranjeros que buscan autorización de empleo generalmente deben solicitar un EAD presentando el Formulario I-765 ante USCIS de acuerdo con las instrucciones del formulario, junto con la tarifa prescrita. 8 CFR 274a.13(a). Los reglamentos en 8 CFR 208.7 y 274a.12(c)(8) rigen la autorización de empleo para los solicitantes de asilo.

Conforme al estatuto y los reglamentos vigentes, el Secretario no puede otorgar autorización de empleo a un solicitante de asilo hasta transcurridos 180 días desde la presentación de la solicitud de asilo. INA sec. 208(d)(2), 8 U.S.C. 1158(d)(2), 8 CFR 208.7(a)(1). Este período de 180 días se denomina comúnmente el “Reloj de 180 días para el EAD de Asilo”. [185] El Reloj de 180 días para el EAD de Asilo comienza a correr después de que USCIS o el EOIR, según corresponda, acepte la solicitud de asilo para su tramitación. 8 CFR 208.7(a)(1). Los reglamentos vigentes disponen que USCIS o el EOIR deben devolver al extranjero una solicitud incompleta dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud, pero si USCIS o el EOIR no han devuelto la solicitud de asilo incompleta dentro de ese plazo, la solicitud se considera automáticamente completa. 8 CFR 208.3(c), 1208.3(c)(3) (según vigente).[186] Una vez aceptada la solicitud de asilo, el extranjero debe esperar 150 días antes de poder presentar la solicitud de autorización de empleo. 8 CFR 208.7(a)(1). USCIS cuenta con 30 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud de EAD para adjudicarla. Id. Por lo tanto, el Reloj de 180 días para el EAD de Asilo incluye el período de espera de 150 días para presentar la solicitud de EAD (c)(8) y el período adicional de 30 días con el que cuenta USCIS para adjudicar la solicitud de EAD.

Las demoras solicitadas o causadas por el extranjero detienen el Reloj de 180 días para el EAD de Asilo, y este no vuelve a correr hasta que el extranjero subsane la demora o hasta el próximo evento programado del caso, como una entrevista reprogramada o una audiencia continuada. 8 CFR 208.7(a)(2). Por ejemplo, si un extranjero no se presenta a una cita biométrica requerida en relación con su solicitud de asilo, el Reloj de 180 días para el EAD de Asilo se detendrá y no se reanudará hasta que el extranjero se presente a su cita biométrica. Id. De manera similar, si un extranjero solicita enmendar o complementar su solicitud de asilo, no proporciona un intérprete competente en la entrevista de asilo, o reprograma la entrevista de asilo para una fecha posterior, todas estas acciones detendrán el Reloj de 180 días para el EAD de Asilo, y el reloj no se reiniciará hasta que se complete la acción requerida.[187] 8 CFR 208.7(a)(2). USCIS denegará una solicitud de EAD si la solicitud de asilo todavía está sujeta a una demora no resuelta causada por el extranjero que impide que este acumule 180 días en el momento en que USCIS adjudica la solicitud inicial de EAD (c)(8).[188] Como resultado, algunos solicitantes de asilo pueden esperar más de 180 días antes de que se les pueda otorgar la autorización de empleo.

Conforme a las regulaciones vigentes en 8 CFR 208.7(a)(1), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) debe adjudicar las solicitudes iniciales de autorización de empleo bajo la categoría (c)(8) dentro de los 30 días posteriores a que el extranjero presente el Formulario I-765.[189] El plazo de procesamiento de 30 días (página impresa 8648) establecido en 8 CFR 208.7(a)(1) se estableció hace más de 25 años, cuando el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) adjudicaba las solicitudes de EAD en las oficinas locales del INS, pero las solicitudes de EAD ahora se adjudican en los Centros de Servicio de USCIS. Como resultado de numerosos factores, incluido un crecimiento masivo en el volumen de solicitudes de EAD, la necesidad de programación de citas en los Centros de Apoyo a la Solicitud (ASC),[190] la identificación de más preocupaciones de seguridad nacional y seguridad pública, y un aumento en el nivel y la complejidad de las preocupaciones relacionadas con el fraude, USCIS no pudo igualar el ritmo de las adjudicaciones con el volumen de recepciones. Como resultado, el 22 de mayo de 2015, los demandantes en Rosario v. USCIS, No. C15-0813JLR (W.D. Wash.), presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington a fin de obligar a USCIS a cumplir con el plazo de procesamiento de 30 días establecido en 8 CFR 208.7(a)(1).[191] El 26 de julio de 2018, el tribunal ordenó a USCIS que dejara de incumplir el plazo de procesamiento de 30 días para la adjudicación de las solicitudes de EAD. A partir de marzo de 2025, USCIS completó el 86.4 por ciento de las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) dentro de los 30 días y completó el 98.3 por ciento de las solicitudes iniciales (c)(8) dentro de los 60 días. Sin embargo, el cumplimiento de la orden judicial impone una carga considerable sobre los recursos ya limitados de la agencia, especialmente considerando que las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) (excepto aquellas presentadas bajo los procedimientos especiales ABC) son gratuitas, y USCIS no podrá sostener esta carga a largo plazo sin agregar recursos adicionales a la agencia o afectar negativamente los tiempos de procesamiento de otras solicitudes, peticiones y solicitudes de beneficios, incluidas otras categorías de EAD. Las horas de oficiales equivalentes a tiempo completo asignadas a las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) han aumentado de aproximadamente 50 a un máximo histórico de más de 800 en marzo de 2025, con el fin de mantener el ritmo frente al drástico aumento en la recepción de solicitudes iniciales (c)(8) de EAD. Dado que anteriormente no existía ninguna tarifa para las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) (excepto aquellas presentadas bajo los procedimientos especiales ABC), los costos de recepción, adjudicación, servicio al cliente y otras funciones de apoyo históricamente fueron asumidos por otros solicitantes de beneficios que sí pagan tarifas.

La denegación de la solicitud de asilo afecta la capacidad del extranjero para solicitar y mantener la autorización de empleo de diferentes maneras, dependiendo de cuándo y dónde haya ocurrido la denegación.

Si la solicitud de asilo es denegada por un oficial de asilo o un juez de inmigración (IJ) dentro del período de espera de 150 días posterior a la presentación de la solicitud de asilo, el extranjero no podrá solicitar autorización de empleo. 8 CFR 208.7(a)(1). Si la solicitud de autorización de empleo se presenta después del período de espera de 150 días y la solicitud de asilo es denegada antes de la adjudicación de la solicitud de autorización de empleo, la autorización de empleo será denegada. Íd.

Si el extranjero solicita y se le otorga un EAD con base en una solicitud de asilo afirmativa pendiente, y la solicitud de asilo es denegada por el oficial de asilo, el EAD terminará ya sea en su fecha de vencimiento o 60 días después de la denegación de la solicitud de asilo, lo que ocurra más tarde. 8 CFR 208.7(b)(1). Si el extranjero recibe un EAD y la solicitud de asilo es posteriormente remitida por USCIS a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la autorización de empleo permanecerá vigente hasta la fecha de vencimiento indicada en el EAD. 8 CFR 208.7(b)(2).

Si el juez de inmigración (IJ), la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), o un tribunal federal deniega la solicitud de asilo y el extranjero no presenta la solicitud correspondiente de revisión administrativa o judicial, la autorización de empleo vencerá en la fecha impresa en el EAD. 8 CFR 208.7(b)(2). Si el IJ, la BIA, o un tribunal federal deniega la solicitud de asilo y el extranjero decide presentar la solicitud correspondiente de revisión administrativa o judicial, la autorización de empleo permanecerá vigente hasta la fecha de vencimiento del EAD, y el extranjero podrá solicitar la renovación del EAD una vez que este venza. 8 CFR 208.7(c).

Simultáneamente con esta regla, el DHS está llevando a cabo otras acciones de reglamentación que se encuentran en diversas etapas de desarrollo. El DHS ha considerado y analizado estas otras reglas en cuanto a sus efectos periféricos, superpuestos o interrelacionados sobre esta regla, y ha incorporado sus efectos, de haberlos, en la documentación de respaldo, las políticas y el texto reglamentario de esta regla propuesta.

En un aviso de reglamentación propuesta (NPRM) separado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propondrá enmiendas a las regulaciones que rigen la autorización de empleo discrecional para ciertos extranjeros que: tienen órdenes de deportación definitivas, pero están temporalmente en libertad bajo supervisión (OSUP, por sus siglas en inglés); han sido admitidos temporalmente en los Estados Unidos bajo libertad condicional (parole) por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo; o se les ha otorgado acción diferida. El DHS propone limitar y aclarar la elegibilidad para solicitar estas categorías de autorización de empleo discrecional. El DHS propone además especificar que los extranjeros que soliciten autorización de empleo discrecional: (1) que admitan haber cometido un delito violento o peligroso, incluso si nunca han sido formalmente arrestados, acusados, imputados o condenados; (2) que hayan sido arrestados por, acusados de (sin resolución), imputados por, o condenados por cualquier acto delictivo; o (3) respecto de quienes exista evidencia de la pertenencia del extranjero a una pandilla u organización terrorista, por lo general no ameritan un ejercicio favorable de discreción, a menos que existan intereses públicos contrapuestos significativos. El DHS señala que esta regla propuesta se incluirá en la Agenda Unificada de Acciones Regulatorias y Desregulatorias Federales (Unified Agenda of Federal Regulatory and Deregulatory Actions) del otoño de 2025, disponible públicamente.

El DHS consideró los posibles efectos combinados de este NPRM de Reforma del EAD de Asilo y el NPRM del EAD Discrecional. Dado que algunas de las enmiendas propuestas en el NPRM de Reforma del EAD de Asilo y el NPRM del EAD Discrecional se superponen en general, los efectos combinados se ven mitigados, en general, por la inclusión de enmiendas similares entre las dos reglas propuestas. Si bien el NPRM de Reforma del EAD de Asilo sí se interseca con el NPRM del EAD Discrecional, el DHS está utilizando el texto reglamentario vigente como base para los cambios, ya que cualquier cambio propuesto por el NPRM de Reforma del EAD de Asilo en este punto del proceso es precisamente eso: propuesto. Además, si bien el NPRM del EAD Discrecional incluirá cambios relacionados con toda la autorización de empleo bajo el 8 CFR 274a.12(c), no incluirá ningún cambio al 8 CFR 274a.12(c)(8). Esto permitirá que el NPRM de Reforma del EAD de Asilo aborde de manera integral los asuntos del inciso (c)(8), y el NPRM de Reforma del EAD de Asilo no realizará cambios a las categorías abordadas en el NPRM del EAD Discrecional. El DHS reconoce que, si la Regla Final del EAD Discrecional entra en vigor antes que el NPRM de Reforma del EAD de Asilo, podría ser necesario (página impresa 8649) enmendar el texto reglamentario correspondiente para reflejar los cambios correlativos en la Regla Final del EAD Discrecional.

En otra acción de reglamentación independiente, el DHS está proponiendo enmendar las regulaciones del DHS que rigen el uso y la recopilación de datos biométricos por parte del DHS. El DHS propondrá, entre otras cosas, actualizaciones a la definición reglamentaria de datos biométricos para asegurar que capture las modalidades aceptadas, y ampliar la población de personas obligadas a presentar datos biométricos. En lo pertinente a este NPRM de Reforma del EAD de Asilo, que establecería un requisito general de datos biométricos para los solicitantes de asilo que buscan un EAD bajo el inciso (c)(8), el NPRM de Datos Biométricos propondrá exigir datos biométricos a todas las personas que presenten, o que estén asociadas con, una solicitud de beneficio de inmigración o naturalización, otra solicitud, o recopilación de información, a menos que el DHS exima dicho requisito. El DHS está proponiendo estos cambios para mejorar la verificación y gestión precisa de la identidad a lo largo de todo el ciclo migratorio. Los cambios propuestos también mejorarían la capacidad del DHS para identificar y disuadir el fraude en los beneficios migratorios, y permitirían al DHS realizar verificaciones de antecedentes más completas basadas en datos biométricos en relación con las solicitudes de beneficios migratorios. Los extranjeros que presenten datos biométricos enfrentarían costos asociados con el tiempo y los viajes. Estos se detallan en el análisis económico, pero el DHS no estima el impacto monetario total. El DHS señala que esta regla propuesta se incluirá en la Agenda Unificada de Acciones Regulatorias y Desregulatorias Federales del otoño de 2025, disponible públicamente.

El DHS consideró los posibles efectos combinados del NPRM de Reforma del EAD de Asilo y del NPRM de Datos Biométricos. Dado que al menos una de las enmiendas realizadas en el NPRM de Reforma del EAD de Asilo y en el NPRM de Datos Biométricos generalmente se superponen, los efectos combinados generalmente se mitigan mediante la inclusión de una enmienda similar entre las dos reglas propuestas. Específicamente, el DHS propone exigir datos biométricos para todos los solicitantes de EAD bajo (c)(8) tanto en el NPRM de EAD de Asilo como en el NPRM de Datos Biométricos.

La IIRIRA modificó la Ley para establecer que cualquier procedimiento de asilo establecido conforme a la sección 208(d)(1) de la Ley, 8 U.S.C. 1158(d)(1), "deberá disponer que . . . , en ausencia de circunstancias excepcionales, la adjudicación administrativa final de [una] solicitud de asilo . . . se completará dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que se presente la solicitud." [192] En 1996, el Congreso decidió procurar la finalización de las decisiones de solicitudes de asilo en primera instancia dentro de los 180 días posteriores a su presentación. Tanto el Congreso como la administración de ese momento proporcionaron recursos significativos para lograr esa meta de procesamiento.[193] Después de los cambios estatutarios y reglamentarios de 1994 y 1996, las nuevas presentaciones de asilo disminuyeron desde su punto máximo de 154,464 en el AF 1995 a 32,711 en el AF 1999.[194] Como resultado tanto de las reformas como del aumento de recursos, el sistema de asilo se acercó más a lograr tanto la protección como la integridad de los beneficios, y a alinearse con la intención original detrás del proceso de asilo en su conjunto.[195] La intención siempre ha sido que, una vez presentada una solicitud de asilo, se tome una decisión de manera oportuna para que no sea necesario un documento de autorización de empleo hasta que el extranjero haya recibido una decisión sobre la solicitud de asilo.

Una vez más, el DHS encuentra que el sistema de asilo carece de recursos suficientes y está abrumado por solicitudes de asilo, y en consecuencia es un blanco fácil para muchos motivados por la oportunidad de recibir autorización de empleo mediante la presentación de una solicitud de asilo frívola, fraudulenta o de otro modo infundada.[196] En los últimos años, el USCIS se ha visto abrumado tanto por las solicitudes afirmativas de asilo como por las evaluaciones de temor creíble, lo que ha llevado a un aumento en el atraso acumulado. En 2022, el USCIS recibió 247,790 solicitudes afirmativas de asilo, y en 2023 recibió 464,398 solicitudes afirmativas de asilo, casi el doble de las recibidas en 2022.[197] En los últimos años, la carga de casos de temor creíble también ha aumentado significativamente, pasando de un mínimo de 5,216 casos en 2009 a 103,295 casos en 2019.[198] En 2022, el USCIS completó 54,092 casos de temor creíble.[199] En 2023, esa cifra casi se triplicó a 150,431 solicitudes de temor creíble.[200] En 2023, con la expiración del Título 42, el USCIS asignó más del 90% de sus oficiales de asilo para procesar un aumento esperado en los casos de temor creíble.[201] Esto dejó solo aproximadamente el 3 por ciento de los oficiales de asilo para adjudicar los casos afirmativos de asilo, lo que permitió que el atraso acumulado continuara creciendo (página impresa 8650).[202] De manera similar al programa de asilo afirmativo, la EOIR también más que triplicó sus solicitudes de asilo recibidas, pasando de 265,632 en el AF 2022 a 905,632 en el AF 2024.[203] Si bien el tiempo promedio de procesamiento de un caso de asilo afirmativo completado en el AF 2024 fue de 1,287 días, es importante señalar que esto incluye el universo completo de casos de asilo afirmativo, incluyendo el atraso acumulado, LIFO, y cualquier caso priorizado para adjudicación, como el Programa de Bienvenida a los Aliados de la Operación Afgana (OAW, por sus siglas en inglés),[204] mandamus, y casos acelerados. En el primer trimestre del AF 2025, los nuevos solicitantes afirmativos de asilo podían esperar que el procesamiento tomara 765.75 meses, o más de 63 años; y para los nuevos solicitantes en el segundo trimestre del AF 2025, el USCIS espera que el procesamiento tome aproximadamente 562.25 meses, o más de 46 años.[205] El DHS considera que el volumen y los tiempos de procesamiento actuales de las solicitudes de asilo reflejan dinámicas similares a las presentaciones previas a la reforma, y el efecto de la reforma anterior respalda la deducción de que existen muchas solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo infundadas que se presentan únicamente con el fin de obtener un EAD. El sistema de asilo nuevamente necesita una reforma que desvincule la autorización de empleo de la presentación de una solicitud de asilo. Sin embargo, la situación ahora se ha tornado catastrófica y requiere soluciones novedosas que estén a la altura de la gravedad del problema.

De finalizarse, el DHS pausaría la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) cuando el tiempo de procesamiento promedio [206] de las solicitudes de asilo afirmativo durante un periodo consecutivo de 90 días de adjudicación supere los 180 días.[207] La aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) se reanudaría cuando el tiempo de procesamiento promedio de las adjudicaciones de asilo afirmativo durante un periodo consecutivo de 90 días sea menor o igual a 180 días. La determinación del Director de USCIS de pausar o reanudar la aceptación de solicitudes de EAD (c)(8) no es discrecional, y dicha determinación estaría directamente vinculada a los tiempos de procesamiento de todas las solicitudes de asilo afirmativo durante el periodo de 90 días anterior. El DHS reconoce que la pausa en la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) creará una dificultad potencialmente significativa para los solicitantes de asilo. Dependiendo de las solicitudes de asilo que se reciban en el futuro, las cuales probablemente disminuirán si esta regla se finaliza tal como se propone, pero que también seguirán estando sujetas a cambios debido a una variedad de otros factores, la pausa inicial podría durar un periodo de tiempo significativo. La pausa en la aceptación y procesamiento de solicitudes de EAD podría durar de 14 a 173 años, o más. Por ejemplo, sin tomar en cuenta ninguno de los demás cambios propuestos en esta regla ni cómo estos afectarían las adjudicaciones, si las solicitudes recibidas disminuyen en un 80 por ciento, como ocurrió tras las reformas regulatorias de 1994, podría tomarle a USCIS hasta 14 años alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días.[208] Si, en cambio, las solicitudes recibidas disminuyen en un 50 por ciento, podría tomarle a USCIS hasta 173 años alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días. Vale la pena repetir que ninguna de estas proyecciones toma en cuenta ninguno de los demás cambios propuestos en esta regla que, de finalizarse, también acortarían esos tiempos de procesamiento.[209] USCIS reconoce que el efecto de esta pausa sería restringir, por un periodo prolongado, el acceso a la autorización de empleo basada en la solicitud de asilo pendiente para nuevos solicitantes, con una duración de la pausa determinada por la futura disminución en la recepción de solicitudes de asilo. Si bien se trata de un cambio significativo en el acceso a la autorización de empleo basada en la solicitud de asilo pendiente, el DHS considera que es necesario ejercer su discreción estatutaria para implementar estos cambios con el fin de alcanzar sus objetivos de fortalecer la integridad de los beneficios, proteger la seguridad nacional y reducir las tensiones en los recursos.

Como se ha discutido en varios puntos anteriores de esta regla, el DHS se enfrenta a una situación similar a la que enfrentó el INS a principios de la década de 1990. El INS respondió con ciertas reformas regulatorias que lograron frenar las solicitudes sin fundamento y ofrecer decisiones justas y oportunas en los casos de asilo.[210] Tras esas reformas de asilo, las nuevas solicitudes de asilo en realidad disminuyeron desde su entonces máximo de 149,566 en el año fiscal 1995 hasta apenas 30,261 en el año fiscal 1999, una disminución de casi el 80 por ciento en solo cinco años fiscales.[211] Al mismo tiempo, la tasa de aprobación aumentó significativamente, del 15 por ciento de los casos adjudicados en el año fiscal 1993 al 38 por ciento en el año fiscal 1999.[212] En consecuencia, las reformas del INS cumplieron con los objetivos declarados de aquella reglamentación, impidiendo que los extranjeros solicitaran asilo principalmente como un medio para obtener autorización de empleo, al mismo tiempo que permitieron al INS otorgar con mayor prontitud el asilo, y la autorización de trabajo, a quienes merecían ese alivio".[213] Debido a que las propuestas de esta reglamentación están diseñadas para tener un efecto similar al de las reformas implementadas por el INS en 1994, el DHS espera que esta reglamentación eventualmente logre resultados similares a los alcanzados por el INS.

Como se detalla anteriormente, el DHS está tratando principalmente de resolver los problemas relacionados con el atraso de casos de asilo, pero tiene dificultades incluso para abordar esos ( página impresa 8651) casos debido a numerosas preocupaciones operativas y prioridades de adjudicación en competencia. El DHS puede establecer circunstancialmente que estas reformas propuestas ayudarían al DHS a lograr sus objetivos declarados, los cuales son los mismos que los objetivos del INS en 1994. A efectos de un ejercicio hipotético, suponiendo que el DHS publique una regla final alineada con la regla propuesta aquí y logre resultados similares a los que el INS logró en 1994, una reducción de casi el 80 por ciento en las solicitudes de asilo en solo cinco años fiscales, el DHS podría entonces reasignar recursos de asilo y abordar con mayor éxito el inminente atraso de casos. El DHS también podría trasladar sus recursos de adjudicación de EAD para respaldar la adjudicación oportuna de las solicitudes iniciales de EAD bajo la categoría (c)(8), así como de otras categorías de solicitudes de EAD, lo que a su vez reduciría los tiempos de procesamiento de las solicitudes de EAD en general. Una vez que disminuyan los recibos de EAD bajo (c)(8), el USCIS podría, con comodidad, trasladar recursos adicionales a la División de Asilo para funciones de apoyo a la adjudicación (con la capacitación cruzada adecuada) o para funciones administrativas y de oficina, ninguna de las cuales ha sido posible en el estado actual de las operaciones necesarias para mantener el cumplimiento de Rosario.

Por ejemplo, en el AF2024, el último año fiscal completo del que se dispone de datos, el DHS recibió 422,457 solicitudes de asilo.[214] Suponiendo por un momento que el DHS pueda replicar los resultados del INS con esta regla, logrando una reducción del 80% en las presentaciones de asilo, entonces las nuevas presentaciones de asilo del DHS se reducirían a aproximadamente 84,491 (20% de 422,457). Al mismo tiempo, utilizando los niveles de personal del AF2024, el DHS aprobó 17,175, cerró administrativamente 107,007 y denegó o remitió 5,709, para un total de 129,891 decisiones finales y cierres administrativos de solicitudes de asilo pendientes.[215] Si todas las demás variables permanecieran constantes y los efectos de esta reglamentación produjeran un resultado similar al de la reglamentación del INS de 1994, entonces, con los niveles de personal del AF2024, el DHS estaría adjudicando el 153% de los volúmenes proyectados de recibos de nuevas presentaciones de asilo.

Al observar los datos del AF2025 (hasta el 22 de mayo de 2025) como otro ejemplo, se obtiene un resultado aún mejor. El DHS recibió 331,883 solicitudes de asilo en lo que va del año (acumulado del año).[216] Nuevamente, suponiendo por un momento que el DHS pueda replicar los resultados anteriores del INS con esta regla actual, logrando una reducción del 80% en las presentaciones de asilo, entonces las nuevas presentaciones de asilo del DHS se reducirían a aproximadamente 66,376 (20% de 331,883). Con los niveles de personal actuales, en el AF2025 el DHS aprobó 8,667, cerró administrativamente 159,530 y denegó o remitió 11,872, para un total de 180,069 decisiones finales sobre solicitudes de asilo pendientes.[217] Observando los datos parciales del AF2025, si todas las demás variables permanecieran constantes y los efectos de esta reglamentación produjeran un resultado similar al de la reglamentación del INS de 1994, entonces, con el personal actual, el DHS estaría adjudicando el 240% de los volúmenes proyectados de recibos de nuevas presentaciones de asilo.

El DHS señala que ciertas variables no permanecerían constantes en este escenario hipotético. En particular, a medida que disminuyan tanto los volúmenes de recibos de nuevas presentaciones de asilo como el atraso de casos de asilo, las presentaciones iniciales y de renovación de EAD bajo (c)(8) también disminuirían de manera orgánica. A medida que disminuyan los recibos de presentaciones de asilo como resultado de los cambios regulatorios propuestos, los recursos de los oficiales de asilo podrán dedicar más tiempo al atraso de solicitudes de asilo del USCIS. Al mismo tiempo, la reducción en las presentaciones de EAD bajo (c)(8) permitirá al USCIS asignar de manera más eficiente al personal de adjudicación de EAD entre otras categorías de presentación de EAD, en un esfuerzo por reducir los tiempos de procesamiento generales en todos los ámbitos. El DHS también señala que el entonces máximo histórico de nuevas presentaciones de asilo en el AF1995 (149,566) ha sido superado en cada uno de los últimos cuatro años fiscales (AF2022: 247,790; AF2023: 464,398; AF2024: 422,457; y AF2025: 331,883 (hasta el 22 de mayo de 2025)),[218] por lo que, si bien los supuestos de este escenario hipotético son viables, el enorme volumen de nuevas presentaciones de asilo podría ralentizar el ritmo al que el DHS alcance los resultados del INS (por ejemplo, podría tardar 8 o 10 años en lugar de 5). No obstante, el DHS confía en que, si estos cambios propuestos se finalizan, el DHS logrará un resultado similar al que obtuvo el INS tras sus reformas regulatorias de 1994.

Con base en los datos que respaldan esta regla y la justificación aquí descrita, el DHS propone codificar en el reglamento que pausará la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8) de solicitantes de asilo cuando los tiempos de procesamiento de las adjudicaciones de solicitudes de asilo afirmativo superen los 180 días durante un período de 90 días consecutivos, hasta que el tiempo de procesamiento de USCIS para adjudicar solicitudes de asilo afirmativo sea igual o inferior a 180 días durante un período de 90 días consecutivos.[219] Después de que USCIS haya reanudado la aceptación de solicitudes iniciales de autorización de empleo de solicitantes de asilo, si los tiempos promedio de procesamiento de las adjudicaciones de solicitudes de asilo afirmativo nuevamente superan los 180 días durante un período de 90 días consecutivos, USCIS volvería a pausar la aceptación de solicitudes de EAD (c)(8). Las determinaciones sobre si se aceptan o no las solicitudes iniciales de autorización de empleo para solicitantes de asilo serían tomadas por el Director de USCIS, con base únicamente en los tiempos de procesamiento de USCIS y sin estar sujetas a discreción. La agencia anunciará en el sitio web de USCIS cuándo aceptará y cuándo pausará la aceptación de solicitudes iniciales de EAD (c)(8). El anuncio también iría acompañado de la publicación de los tiempos de procesamiento, que respaldan la determinación tomada por el Director de USCIS. El DHS considera que una actualización del sitio web es el medio más expedito y accesible para notificar al público sobre su postura operativa. El DHS también considera que una parte fundamental de este proceso será proporcionar los tiempos de procesamiento, que constituyen la base de las determinaciones tomadas por el Director de USCIS. Por lo tanto, el DHS propone publicar los tiempos de procesamiento trimestralmente. Cabe destacar que cualquier pausa en las solicitudes iniciales de autorización de empleo de solicitantes de asilo no se aplicaría a ninguna solicitud de renovación de EAD (c)(8), las cuales continuarían siendo aceptadas y adjudicadas por USCIS en caso de que el tiempo de procesamiento de las adjudicaciones de solicitudes de asilo afirmativo supere los 180 días durante un período de 90 días consecutivos. El DHS decidió establecer un período de evaluación de 90 días, ya que se correlaciona con la recopilación actual de tiempos de procesamiento y otras estadísticas que los expertos del DHS realizan de manera trimestral.

Además, como resultado de este cambio y del período de espera de 365 días que se describe más adelante en este documento, en el futuro, menos solicitantes de asilo recibirán autorización de empleo mientras sus solicitudes estén pendientes. Solo los extranjeros cuyas solicitudes de asilo lleven pendientes más de 365 días, mientras el tiempo promedio de procesamiento de solicitudes de asilo se mantenga en 180 días o menos, serán elegibles para presentar una solicitud inicial de EAD (c)(8). Tal como lo hizo el INS en 1994, el DHS ha equilibrado diligentemente esta dificultad con la necesidad de contar con un sistema de asilo funcional y la necesidad de disuadir a los extranjeros de presentar solicitudes frívolas, fraudulentas o de otro modo sin fundamento, motivadas únicamente por la oportunidad de obtener un documento de autorización de empleo. El DHS considera que el sistema de asilo se encuentra actualmente sobrecargado y abrumado por solicitudes de asilo, incluidas las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo (página impresa 8652) sin fundamento presentadas por extranjeros que buscan obtener autorización de empleo. El DHS comprende que los solicitantes de asilo pueden estar huyendo de una persecución pasada o pueden tener un temor fundado de persecución futura por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. INA, secc. 208(b)(1), 8 U.S.C. 1158(b)(1). Sin embargo, no hay nada en la ley que requiera un EAD para los extranjeros que solicitan asilo, sino que esta es una categoría de EAD puramente discrecional. La intención del sistema de asilo es proporcionar una respuesta oportuna a una solicitud de asilo. Posteriormente, el objetivo es otorgar autorizaciones de empleo a los extranjeros que finalmente sean elegibles para el asilo, no garantizar la autorización de empleo a todos los extranjeros que soliciten asilo, pero que en última instancia podrían no ser elegibles. Al pausar la aceptación de solicitudes iniciales de autorización de empleo, que ahora ha superado las 150,000 solicitudes por mes, [220] los extranjeros tendrán menos incentivos para presentar solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo sin fundamento con el propósito de obtener autorización de empleo, y el DHS espera que, por lo tanto, las presentaciones de solicitudes de asilo disminuyan, tal como ocurrió en los años posteriores a la reforma de la IIRIRA. Con una disminución de las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo sin fundamento, USCIS tendría mayor capacidad para enfocar los esfuerzos de adjudicación en el atraso existente de casos de asilo, reasignando más oficiales de asilo disponibles a los casos atrasados y trabajando para brindar decisiones oportunas y justas. La disminución concomitante en las solicitudes de EAD (c)(8) también permitiría a USCIS reasignar recursos de personal de EAD a otras categorías de solicitudes de EAD y disminuir los tiempos de procesamiento de EAD en general.

USCIS reconoce que la pausa inicial en la aceptación de nuevas solicitudes iniciales de EAD (c)(8) podría ser prolongada, mientras USCIS trabaja para adjudicar el importante atraso de casos de asilo pendientes que ya existen ante USCIS. Sin embargo, USCIS considera que esta pausa resultará en una disminución de las nuevas recepciones de asilo comparable a la disminución del 80% que se observó como resultado de la reglamentación del INS de 1994. USCIS señala que el número absoluto de extranjeros a quienes se les concedió asilo se mantuvo relativamente constante después de esa reglamentación, lo que indica que los cambios en el acceso a la autorización de empleo no disuadieron a los extranjeros con solicitudes de asilo meritorias de presentarlas. USCIS reconoce que, en esta norma propuesta, la pausa en la aceptación de solicitudes de EAD probablemente será considerablemente más prolongada que el período de espera de 180 días implementado mediante el reglamento de 1994 y, por lo tanto, podría haber algunos extranjeros con solicitudes potencialmente meritorias que se vean disuadidos de presentarlas. En conjunto con los cambios reglamentarios propuestos, USCIS tiene la intención de mantener, en general, su procesamiento LIFO (último en entrar, primero en salir) para las adjudicaciones de asilo, y considera que la combinación de una disminución considerable en las recepciones y el aumento significativo de oficiales de asilo en los últimos años permitirá a USCIS avanzar en el atraso y llegar a un punto en el que la agencia esté adjudicando las nuevas solicitudes de asilo dentro del plazo de 180 días después de que esta norma entre en vigor.

El USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) señala que esto representa un retorno al funcionamiento previsto de estas secciones de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad) y de los reglamentos. La autorización de empleo debido a una solicitud de asilo pendiente está destinada por el estatuto y el reglamento vigente a ser excepcional e inusual. Al vincular la capacidad de recibir nuevas solicitudes de autorización de empleo (c)(8) con la carga de casos de asilo afirmativo pendientes, el USCIS pretende garantizar que esta sección de la INA funcione como estaba destinada a funcionar y eliminar la capacidad de los extranjeros que presentan solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o sin fundamento de crear un círculo vicioso al abrumar el sistema de asilo y luego beneficiarse de ello a expensas de los solicitantes de asilo con méritos y del pueblo estadounidense.

Como se mencionó anteriormente, existen muchos factores que han contribuido al atraso de casos de asilo que conduce al abuso del sistema de asilo para obtener autorización de empleo. Entre ellos se encuentra el uso expansivo reciente de la acción diferida, la libertad condicional (parole) y el Estatus de Protección Temporal (TPS). En el año fiscal 2020, los datos del USCIS muestran que solo 104 extranjeros con acción diferida presentaron posteriormente un Formulario I-589; para el año fiscal 2025 (hasta la fecha) esa cifra aumentó a 1,158, un incremento del 1,013%.[221] En el año fiscal 2020, los datos del USCIS muestran que solo 758 extranjeros con libertad condicional presentaron posteriormente un Formulario I-589; para el año fiscal 2025 (hasta la fecha) esa cifra aumentó a 156,242, un incremento del 20,512%.[222] En el año fiscal 2020, los datos del USCIS muestran que solo 66 extranjeros con TPS presentaron posteriormente un Formulario I-589; para el año fiscal 2025 (hasta la fecha) esa cifra aumentó a 43,512, un incremento del 65,827%.[223] Estos programas, sencillamente, no estaban destinados a otorgar un estatus migratorio permanente a los extranjeros. El uso expansivo de estos programas no solo ha sobrecargado aún más el ya tensionado sistema de asilo, sino que también ha aumentado la presencia de extranjeros ilegales y de otros extranjeros con estatus únicamente temporal y baja probabilidad de obtener un estatus permanente en los Estados Unidos. Presentar una solicitud de asilo es una de las formas en que un extranjero en esta situación puede buscar permanecer en los Estados Unidos.

Durante el transcurso de décadas, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ha ejercido su autoridad discrecional para otorgar libertad condicional, conceder acción diferida o ejercer autoridad de libertad condicional temporal de manera expansiva a fin de crear programas de libertad condicional categóricos.[224] La INA confiere al Secretario la facultad discrecional limitada de otorgar libertad condicional a los solicitantes de admisión a los Estados Unidos “temporalmente bajo las condiciones que [el DHS] pueda prescribir, únicamente caso por caso, por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo.”[225] Si bien esos programas de libertad condicional (página impresa 8653) fueron terminados, muchos extranjeros aún se encuentran en los Estados Unidos, a menudo sin una vía hacia la residencia legal en los Estados Unidos. Las concesiones de libertad condicional en años recientes han sido extremadamente numerosas, con 795,561 concesiones de libertad condicional en el año fiscal 2022 y 1,340,002 concesiones de libertad condicional en el año fiscal 2023.[226]

Además, el uso de la acción diferida se ha expandido significativamente. La acción diferida es una forma de discreción mediante la cual el DHS decide no procurar la expulsión de un extranjero de los Estados Unidos, aunque el extranjero carezca de estatus legal o sea de otro modo expulsable de los Estados Unidos. A diferencia de la libertad condicional, la acción diferida no fue creada por estatuto y no está definida específicamente en la INA. La decisión de no tomar una acción de cumplimiento de la ley queda dentro de la discreción de la agencia.[227] La acción diferida nunca tuvo la intención de sustituir el proceso de inmigración legal vigente ni de proporcionar un alivio a largo plazo únicamente para permitir que un extranjero inadmisible, expulsable o de otro modo inelegible permanezca en los Estados Unidos hasta que pueda calificar para un estatus legal.[228] El programa de acción diferida categórico más grande es la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y a partir de septiembre de 2024, aproximadamente 538,000 [229] extranjeros vivían en los Estados Unidos con DACA.[230]

El TPS es otro programa más que no conduce a un estatus legal a largo plazo en los Estados Unidos. Conforme a la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), 8 U.S.C. 1254a, el Secretario de Seguridad Nacional puede designar a un estado extranjero (o parte de este) para el TPS después de consultar con las agencias correspondientes del Gobierno de los Estados Unidos y determinar que existen condiciones específicas presentes en ese estado extranjero o parte de un estado extranjero, tales como un conflicto armado en curso que representaría una grave amenaza para la seguridad de los extranjeros que regresen.[231] El Secretario puede entonces otorgar el TPS a los nacionales elegibles de ese estado extranjero o a los extranjeros elegibles sin nacionalidad que hayan residido habitualmente por última vez en ese estado.[232] Además, el DHS en ocasiones ha vuelto a designar a países para el TPS y ha permitido que los extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos después de la designación inicial del TPS sean recién elegibles para el TPS.[233] En el año calendario 2024 hubo aproximadamente 1,396,586 beneficiarios del TPS.[234]

El uso extenso de estos tres programas a lo largo de los años ha creado una población muy grande de extranjeros ilegales que no cuentan con vías hacia la residencia permanente en los Estados Unidos fuera de solicitar asilo. El uso extenso de estos programas ha incentivado aún más a los extranjeros a presentar solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de mérito para obtener autorización de empleo.[235] Si bien cada uno de estos programas brinda acceso a la autorización de empleo, esta es por un periodo específico y limitado en el tiempo. El asilo sigue siendo una opción atractiva para que los extranjeros aseguren una autorización de empleo por un periodo prolongado, a pesar de carecer de una base para el asilo, debido al enorme atraso acumulado.

Con estos antecedentes, el DHS propone en esta norma extender el periodo de tiempo que un solicitante de asilo debe esperar antes de ser elegible para que se le otorgue una autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente, de 180 días a 365 días calendario. Véase 8 CFR 208.7(a)(1). El DHS también propone eliminar los periodos de espera separados para la elegibilidad de recibir un EAD, de modo que los extranjeros sean elegibles para solicitar y para que se les otorgue la autorización de empleo al mismo tiempo. Actualmente, un solicitante de asilo puede presentar una solicitud de autorización de empleo una vez que su solicitud de asilo haya estado pendiente durante 150 días y puede recibir un EAD después de que su solicitud de asilo haya estado pendiente durante 180 días, excluyendo cualquier demora causada por el extranjero. 8 CFR 208.7(a)(1). Bajo el modelo actual, tanto el USCIS como el extranjero deben hacer seguimiento de dos plazos: el periodo de espera de 150 días y el Reloj del EAD de Asilo de 180 días. El cálculo del reloj está sujeto a inicios y detenciones según las demoras, dependiendo de si la demora es causada por la agencia o por el extranjero. 8 CFR 208.7(a)(2). Como se describe en la sección D.3.a de este preámbulo, este sistema es complicado y excesivamente gravoso tanto para el extranjero como para el USCIS. Por lo tanto, el DHS propone codificar en el reglamento que fusionará el periodo de espera para solicitar y el periodo de espera para ser elegible en uno solo, un plazo sencillo y directo: 365 días calendario.[236]

Conforme a la regla propuesta, USCIS ya no tendrá que tener en cuenta las demoras causadas por el extranjero al calcular el Reloj de EAD de Asilo de 180 días, sino que, en cambio, simplemente calculará 365 días calendario desde la fecha de recepción de la solicitud de asilo para determinar cuándo un extranjero puede solicitar la autorización de empleo. El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) anteriormente eligió el período de espera de 180 días para disuadir a los extranjeros que son solicitantes de asilo sin mérito de presentar reclamos frívolos, fraudulentos o sin mérito para obtener autorización de empleo. 59 FR 62284 (5 de diciembre de 1994). Dado que el período de espera de 180 días ya no proporciona un efecto disuasorio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone codificar en el reglamento que cambiará el período de tiempo (página impresa 8654) a un período de espera de 365 días. USCIS observa que las regulaciones actuales permiten que el solicitante presente la solicitud a los 150 días y luego incorporan un margen de procesamiento de 30 días que suma hasta 180 días; pero USCIS ahora propone eliminar el margen de tiempo de procesamiento, de modo que los extranjeros no puedan presentar la solicitud hasta 365 días después de que se reciba su solicitud de asilo. Junto con el plazo de adjudicación de 180 días, estos cambios podrían aumentar el período de espera total para un EAD a 545 días. Al elegir un período de espera que excede el plazo objetivo de procesamiento de 180 días para las solicitudes de asilo, el DHS espera disuadir las solicitudes frívolas, fraudulentas o sin mérito y, a su vez, poder aprobar más rápidamente las solicitudes de asilo con mérito, asegurando que solo aquellos con peticiones de asilo aprobadas puedan trabajar dentro de los 365 días calendario.

La eliminación del Reloj de EAD de Asilo de 180 días resolvería algunas de las dificultades que enfrentan los adjudicadores al procesar las solicitudes de EAD bajo (c)(8). El actual Reloj de EAD de Asilo de 180 días requiere un seguimiento complejo y que consume mucho tiempo de los inicios y detenciones del reloj para el caso de cada extranjero, así como la coordinación con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) para los casos presentados defensivamente que no están bajo la jurisdicción de USCIS. Véase 8 CFR 208.7(a)(2). Cambiar el proceso de un reloj de 180 días con inicios y detenciones a un período de espera claro de 365 días calendario simplificaría la determinación de la fecha de elegibilidad del extranjero para la autorización de empleo.

Pasar del Reloj de EAD de Asilo de 180 días a un período de espera directo de 365 días calendario también eliminaría la necesidad de utilizar recursos gubernamentales limitados con el propósito de calcular los inicios y detenciones del reloj, y de proporcionar apoyo de servicio al cliente para los extranjeros que tienen preguntas sobre el estado de su reloj, incluidos posibles errores de cálculo o preguntas sobre las detenciones del reloj. Conforme a esta regla propuesta, el DHS denegaría las solicitudes de EAD presentadas antes de que haya transcurrido el período de espera de 365 días calendario. Una vez aceptada, el DHS podría adjudicar la solicitud conforme a los requisitos sustantivos de elegibilidad propuestos sin gastar recursos en los cálculos del reloj.

El DHS considera que aumentar el período de espera antes de que un solicitante de asilo pueda obtener autorización de empleo también disminuirá los incentivos para que los extranjeros que no tienen reclamos de asilo meritorios exploten el sistema presentando reclamos frívolos, fraudulentos o sin mérito con el fin de obtener autorización de empleo. Actualmente, un solicitante de asilo puede solicitar autorización de empleo una vez que su solicitud de asilo ha estado pendiente durante 150 días y puede recibir un EAD después de que su solicitud de asilo haya estado pendiente durante 180 días, excluyendo cualquier demora causada por el extranjero. 8 CFR 208.7(a)(1). Dado que la carga de casos de asilo afirmativo pendientes ante USCIS es de aproximadamente 1.45 millones y la carga de casos de asilo pendientes ante la EOIR supera los 2.37 millones,[237] existe un incentivo significativo para que ciertos extranjeros exploten el sistema de inmigración y presenten solicitudes de asilo, incluso si sus casos finalmente serán denegados en cuanto al fondo, como un medio para obtener autorización de empleo durante el período de años que su solicitud permanece pendiente.[238] Con el fin de combatir el creciente retraso de casos de asilo afirmativo y el período de tiempo significativo que los extranjeros esperan antes de la adjudicación, y para cumplir con los requisitos estatutarios de entrevista,[239] el antiguo INS implementó las prioridades de programación de adjudicación de asilo de último en entrar, primero en salir (LIFO, por sus siglas en inglés), que tienen como objetivo disuadir a quienes podrían intentar aprovechar el retraso existente con el fin de obtener autorización de empleo.[240] Dar prioridad a las presentaciones recientes generalmente permite a USCIS colocar rápidamente a los extranjeros en procedimientos de remoción si USCIS no concede la solicitud de asilo, lo que reduce el incentivo para los extranjeros que contemplan presentar una solicitud de asilo hoy únicamente para obtener autorización de empleo.[241] El sistema LIFO se estableció por primera vez durante las reformas de asilo de 1995 y se utilizó durante 20 años hasta 2014. El fin del sistema LIFO en 2014 llevó a un aumento significativo en las presentaciones de solicitudes de asilo. Posteriormente, el sistema LIFO se reimplementó en 2018, y USCIS continúa dando prioridad a las presentaciones recientes en la actualidad. Sin embargo, para cuando USCIS volvió a la programación LIFO, el retraso había crecido más del 1,750 por ciento desde el año fiscal 2014 hasta el año fiscal 2017.[242]

En marzo de 2024, USCIS implementó una segunda vía de programación simultánea además del sistema LIFO. Bajo la segunda vía, USCIS asigna a algunos de sus oficiales de asilo para completar las solicitudes de asilo afirmativo pendientes en el retraso, comenzando con las solicitudes más antiguas y avanzando hacia adelante. Esto permite que algunas de las solicitudes pendientes más antiguas se completen en orden cronológico.[243]

USCIS no ha podido reducir el atraso de solicitudes afirmativas de asilo únicamente mediante la programación de citas, y el DHS continúa observando un gran número de presentaciones de solicitudes afirmativas de asilo, la mayoría de las cuales probablemente resulten finalmente infructuosas, así como un número significativo de solicitudes relacionadas de autorización de empleo. Como se describe en la Sección III.C., USCIS ha triplicado el número de oficiales de asilo en la última década e implementado numerosos otros esfuerzos para abordar el creciente atraso y las preocupaciones de integridad. Sin embargo, en años recientes, la insuficiencia de personal,[244] la insuficiencia de espacio físico de oficinas,[245] y las realidades geopolíticas cambiantes, incluido un cambio fundamental en los patrones migratorios mundiales,[246] y el uso expansivo de la libertad condicional (parole), la acción diferida y el TPS, han hecho necesaria la reasignación de oficiales de asilo a otras cargas de trabajo urgentes, tales como las evaluaciones de temor creíble y temor razonable y otras cargas de trabajo relacionadas con la frontera. El desvío de oficiales de asilo hacia otras tareas obligatorias, junto con el aumento en litigios que buscan obligar una acción inmediata sobre solicitudes individuales de asilo, redujo el número de oficiales de asilo disponibles para el procesamiento de solicitudes afirmativas de asilo no relacionadas con litigios, lo cual disminuyó drásticamente el número de entrevistas de asilo afirmativo programadas y de solicitudes adjudicadas.[247] Debido a estos desafíos recientes ( página impresa 8655) para un sistema ya sobrecargado y al hecho de que el orden de procesamiento, por sí solo, no es suficiente para abordar el número masivo de presentaciones de asilo, deben implementarse medidas adicionales para disuadir las presentaciones de asilo sin mérito. El DHS considera que la introducción de un período de espera de 365 días calendario dará como resultado una disminución en el número de presentaciones de asilo. El efecto combinado del período de espera extendido para la autorización de empleo y la priorización por parte de USCIS de las solicitudes de asilo presentadas recientemente debería reducir el número de presentaciones de asilo sin mérito y permitir que USCIS dedique más recursos de adjudicación a los casos atrasados.

El DHS propone codificar en el reglamento cambios a los requisitos de presentación para las solicitudes de asilo con el fin de agilizar la recepción, el procesamiento y la adjudicación de los casos pendientes ante USCIS. El 8 CFR 208.3(c)(3) propuesto ha sido actualizado para conformar su proceso actual de determinación de cuándo una solicitud de asilo se considera recibida y completa con las reglas generales que rigen todos los demás beneficios migratorios conforme al 8 CFR 103.2. Actualmente, el 8 CFR 208.3(c)(3) establece que una solicitud de asilo está incompleta si no incluye una respuesta a cada pregunta del Formulario I-589, no está firmada, o no va acompañada de los materiales requeridos especificados en el 8 CFR 208.3(a)(1) (es decir, el Formulario I-589, la evidencia de respaldo, y copias adicionales del Formulario I-589 para cada familiar dependiente). Además, el reglamento actual establece que una solicitud incompleta no iniciará el reloj del EAD y que USCIS la devolverá al extranjero dentro de los 30 días. 8 CFR 208.3(c)(3). Sin embargo, si USCIS no devuelve una solicitud incompleta dentro de los 30 días, la solicitud se considerará automáticamente completa y aceptada para su adjudicación. Id.

Con el fin de facilitar la armonización de las solicitudes afirmativas de asilo con los requisitos generales para la presentación de solicitudes de beneficios ante USCIS, la regla propuesta especifica, en parte, que una solicitud de asilo presentada ante USCIS debe presentarse correctamente de conformidad con el 8 CFR 103.2 y las instrucciones del formulario, y que USCIS registrará la fecha de recepción de la solicitud de conformidad con el 8 CFR 103.2(a)(7). La regla propuesta también especifica que la fecha de recepción dará inicio al período de espera para un EAD. De manera similar al cambio del reloj de EAD de asilo de 180 días a la espera de 365 días calendario, este cambio elimina otro punto de decisión para la agencia con el fin de preservar los limitados recursos gubernamentales. En lugar de que el inicio del período de espera sea otra cuestión que requiera adjudicación, este cambio lo automatizaría.

El reglamento, según lo propuesto, establece que una solicitud que no se presente de conformidad con el 8 CFR 103.2 y las instrucciones del formulario se considerará incompleta, y posteriormente será rechazada y devuelta al solicitante dentro de los 30 días. El 8 CFR 103.2 y las instrucciones del Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Retención de Expulsión, explican claramente los requisitos para un formulario completo. El 8 CFR 103.2 exige que todo formulario presentado ante el DHS se ajuste a las instrucciones del formulario, y las instrucciones del Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Retención de Expulsión, requieren que el extranjero responda todas las preguntas del formulario. Además, el 8 CFR 103.2 y las instrucciones del formulario requieren una firma en el formulario. El 8 CFR 103.2 aclara que esta firma puede ser del extranjero, o del padre, madre o tutor legal del extranjero si este es menor de 14 años o no puede firmar debido a incapacidad mental. Finalmente, las instrucciones del Formulario I-589 requieren que el extranjero presente "evidencia corroborativa razonablemente disponible" para respaldar su reclamo y otros materiales requeridos, incluida una copia de los documentos de identidad. Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tiene la obligación de devolver las solicitudes de asilo incompletas al extranjero dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud. Desde 2023, el USCIS ha rechazado el 9.44% de las solicitudes de asilo presentadas únicamente por una deficiencia en el formulario, lo que significa que un campo requerido del formulario no fue completado.[248] Durante el mismo periodo, el USCIS ha rechazado un 11% adicional de las solicitudes presentadas por tener múltiples defectos, uno de los cuales incluía un campo requerido faltante.[249] La claridad adicional que proporciona esta regla, en el sentido de que los solicitantes de asilo deben completar correctamente sus formularios, disminuiría el porcentaje de solicitudes de asilo rechazadas y aumentaría la calidad de las solicitudes de asilo recibidas por la agencia.

Actualmente, si el USCIS no devuelve una solicitud incompleta dentro de los 30 días, la solicitud se considerará automáticamente completa y será aceptada para su adjudicación. Este requisito actual resulta gravoso para el USCIS porque impone una obligación de adjudicación al USCIS en los casos en que un extranjero presenta una solicitud incompleta. La disposición de los 30 días también es incompatible con la forma en que se tratan todas las demás solicitudes y peticiones de beneficios de inmigración, y crea una circunstancia arbitraria para tratar como completa una solicitud de asilo potencialmente incompleta. De hecho, el Formulario I-589 es el único formulario del USCIS que la agencia está obligada a aceptar, incluso si está incompleto, simplemente porque han transcurrido más de 30 días desde su recepción. Esta disparidad de trato crea una oportunidad para que solicitudes frívolas, fraudulentas o de otro modo infundadas exploten el proceso de asilo desde el principio y se sumen al enorme atraso de casos de asilo afirmativo. Además, los oficiales de asilo deben obtener la información omitida durante las entrevistas de asilo, destinando recursos escasos a la recopilación de información básica simplemente porque un extranjero decidió no proporcionar dicha información al momento de la presentación. Por lo tanto, los reglamentos propuestos tratarían las solicitudes de asilo de la misma manera que todas las demás solicitudes recibidas y adjudicadas por el USCIS, lo que significa que, después de la fecha de vigencia de esta regla, las solicitudes de asilo incompletas no se considerarán completas aunque el USCIS no devuelva una solicitud rechazada dentro de los 30 días posteriores a su recepción. Un extranjero debe considerar que la fecha de presentación que figura en su aviso de recibo marca el inicio del periodo de espera de 365 días. Si posteriormente una solicitud es rechazada por estar incompleta y devuelta al solicitante, el periodo de espera de 365 días comenzará de nuevo cuando la solicitud sea reenviada, aceptada y recibida.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, este reglamento propone sustituir el Reloj del EAD de Asilo de 180 días por un periodo de espera sencillo de 365 días calendario. Por consiguiente, las disposiciones relativas a los retrasos causados por el extranjero para efectos del Reloj del EAD de Asilo de 180 días también serían eliminadas.

Actualmente, USCIS tiene la obligación de adjudicar las solicitudes iniciales de autorización de empleo bajo la categoría (c)(8) dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el solicitante presenta el Formulario I-765. 8 CFR 208.7(a)(1). Este plazo de procesamiento se estableció hace más de 30 años (59 FR en la página 62299), en una época en la que la cantidad de solicitudes de asilo afirmativo y de autorización de empleo recibidas era considerablemente menor, los datos biométricos se recopilaban mediante un proceso diferente, el proceso de evaluación y verificación entre distintas agencias federales era (página impresa 8656) menos complejo, y la carga de casos pendientes de asilo afirmativo estaba muy lejos de la cifra actual, cercana a 1.45 millones de casos de asilo pendientes. En el momento en que se implementó el plazo de procesamiento de 30 días, el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) adjudicaba las solicitudes de EAD en las oficinas locales del INS. Ahora, con el crecimiento explosivo de las solicitudes, las solicitudes de EAD son procesadas por los centros de servicio de USCIS. Otro factor que complica el procesamiento de las solicitudes de autorización de empleo es la creciente preocupación por el fraude y las amenazas a la seguridad nacional, que requieren una verificación más exhaustiva y compleja.

Como se analizó anteriormente en la Sección III.D, en 2015, como resultado del enorme aumento en las solicitudes y los mayores tiempos de espera en el procesamiento, los demandantes en el caso Rosario v. USCIS presentaron una demanda colectiva para obligar a USCIS a cumplir con el plazo de procesamiento de 30 días exigido conforme a 8 CFR 208.7(a)(1).[250] El 26 de julio de 2018, el tribunal de distrito emitió una orden judicial que prohibía a USCIS seguir incumpliendo el plazo de procesamiento de 30 días para la adjudicación de las solicitudes iniciales de EAD bajo la categoría (c)(8).[251] Desde la orden judicial del caso Rosario, USCIS ha redistribuido sus recursos de adjudicación para cumplir con el requisito de procesamiento de 30 días. Además, USCIS se ha visto obligado a utilizar horas extraordinarias para siquiera acercarse al cumplimiento del plazo de procesamiento de 30 días, ofreciendo capacitación cruzada a los oficiales que trabajan en otros tipos de beneficios, reasignando oficiales de otros tipos de beneficios, como el TPS y las renovaciones de EAD, y asignando oficiales a trabajar en las solicitudes iniciales (c)(8) como una tarea de tiempo parcial, además de su carga de trabajo habitual. Se han realizado esfuerzos continuos para cumplir con la orden judicial, pero esta carga de tiempo y recursos ha generado una presión significativa sobre los ya limitados recursos de la agencia. Hasta hace poco, las solicitudes de EAD iniciales bajo la categoría (c)(8) eran gratuitas, y aunque esto se compensó con el aumento de las tarifas para otros servicios,[252] esta inmensa carga de procesamiento de 30 días para los EAD (c)(8) seguía recayendo directamente sobre la agencia. Las horas equivalentes a tiempo completo necesarias para mantener un cumplimiento sustancial del plazo de procesamiento de 30 días han aumentado más de 16 veces desde el acuerdo del caso Rosario. A modo de comparación, en el momento del acuerdo de Rosario, la adjudicación de las solicitudes iniciales (c)(8) que ingresaban mensualmente requería el equivalente a 50 empleados de tiempo completo para mantener el cumplimiento con las solicitudes recibidas. Para marzo de 2025, se requería el equivalente a más de 800 empleados de tiempo completo para mantener el cumplimiento debido al aumento significativo de las solicitudes mensuales recibidas. Este aumento masivo genera una evidente presión sobre los recursos operativos limitados y requiere capacitación cruzada, el uso de horas extraordinarias y la reasignación de recursos de otras cargas de trabajo, en el esfuerzo cada vez más arduo por intentar mantener un cumplimiento sustancial con el requisito de procesamiento de 30 días. Esto equivale aproximadamente al 20 por ciento de todos los oficiales de servicios de inmigración. Al extender el plazo de procesamiento de 30 días a 180 días, estos recursos podrían reasignarse, lo que potencialmente reduciría las demoras en el procesamiento de otras solicitudes de beneficios. La extensión del plazo de procesamiento de 30 días a 180 días para las solicitudes iniciales de autorización de empleo presentadas en la fecha de entrada en vigor de la regla final, o después de esta, aumentaría la flexibilidad de la agencia para asignar recursos, determinar las prioridades de la carga de trabajo e implementar nuevos procesos de verificación según sea necesario.

Debido a estas limitaciones de recursos y necesidades de verificación, el DHS ha considerado modificar sus plazos de procesamiento para las solicitudes de autorización de empleo basadas en (c)(8) y ahora propone extender el plazo de procesamiento para las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) de 30 a 180 días para permitir un tiempo de revisión adecuado. Cabe señalar que, si bien el DHS adjudica solicitudes de autorización de empleo para docenas de categorías de EAD, la categoría de autorización de empleo (c)(8) es la única categoría con un reloj de adjudicación; lamentablemente, la categoría (c)(8) es la categoría de EAD de mayor volumen. De hecho, en el primer trimestre del año fiscal 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) recibió 387,015 solicitudes de autorización de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente.[253] La segunda categoría más cercana en cuanto a recepciones entrantes en el primer trimestre del año fiscal 2025 fue la (c)(11), autorización de empleo para personas en libertad condicional por interés público, con 135,274 solicitudes de autorización de empleo.[254] Según los datos del primer trimestre del año fiscal 2025, las recepciones entrantes en la categoría de EAD (c)(8) fueron más del doble que las de la siguiente categoría de EAD de mayor volumen. La escala abrumadora de las recepciones de solicitudes de EAD (c)(8), junto con la necesidad de enfoques mejorados para la integridad del proceso y la verificación, justifican una extensión del plazo de procesamiento de las solicitudes de EAD (c)(8). El DHS considera que un aumento de 30 a 180 días para el procesamiento proporcionará a los adjudicadores de EAD tiempo adecuado para realizar verificaciones de antecedentes y examinar minuciosamente a los extranjeros según lo dispuesto en esta propuesta de reglamentación. El DHS también considera que aumentar el plazo de procesamiento a 180 días proporciona a la agencia un margen significativo para posibles aumentos repentinos en las recepciones de solicitudes de asilo. Por lo tanto, el DHS propone codificar en la reglamentación que extenderá el plazo de procesamiento de 30 a 180 días para las solicitudes iniciales de autorización de empleo presentadas en o después de la fecha de vigencia de la regla final.

El DHS comprende que los solicitantes de asilo cuyas solicitudes de EAD estaban pendientes antes de la fecha de vigencia de la regla final pueden haber confiado en el plazo de procesamiento de 30 días. Por lo tanto, para las solicitudes iniciales de autorización de empleo recibidas antes de la fecha de vigencia de la regla final, el DHS no modificaría ese plazo de procesamiento. Esto permitiría al USCIS la flexibilidad de procesar rápidamente aquellas solicitudes que estaban pendientes antes de la fecha de vigencia de la regla, entendiendo que estos solicitantes de asilo pueden haber confiado en el plazo de procesamiento de 30 días que existía al momento de presentar sus solicitudes de EAD (c)(8). Mantener el plazo de procesamiento de 30 días para los extranjeros cuyas solicitudes de autorización de empleo basadas en solicitudes de asilo pendientes estaban pendientes antes de la fecha de vigencia de la regla final también ofrecería a esos extranjeros mayor previsibilidad en la adjudicación de sus solicitudes.

Para las solicitudes iniciales de autorización de empleo recibidas en o después de la fecha de vigencia de la regla final, el DHS extendería el plazo de procesamiento de 30 a 180 días. El DHS reconoce los intereses de confianza de cualquier extranjero que haya presentado una solicitud de asilo y esté esperando los actuales 150 días para presentar una solicitud de autorización de empleo, y que esté esperando una decisión sobre su solicitud de EAD (c)(8) dentro de 30 días, y que se vería afectado por los cambios en esta reglamentación, de finalizarse. Además, el DHS entiende que la extensión de un plazo de procesamiento puede crear dificultades e inseguridad para los extranjeros que preferirían tener un plazo más corto (página impresa 8657) dentro del cual puedan esperar la adjudicación de su autorización de trabajo.

Sin embargo, el DHS ha determinado que varias otras consideraciones tienen más peso que esos intereses de confianza. Considerando el enorme tamaño de esta carga pendiente de casos de asilo afirmativo, la necesidad de prevenir presentaciones frívolas, fraudulentas o sin fundamento y proteger la integridad del sistema de inmigración, que esta es la única categoría de EAD con un plazo de procesamiento, la cantidad sustancial de recursos finitos de USCIS que consume este flujo de trabajo, y la tendencia de este flujo de trabajo a variar significativamente en número de recepciones en un período muy corto de tiempo, la extensión del plazo de procesamiento es el único cambio factible para USCIS. Esta extensión del plazo de procesamiento a 180 días proporcionará a USCIS tiempo suficiente para programar una toma de datos biométricos, examinar y verificar adecuadamente, remitir a ICE si es necesario, y procesar las solicitudes iniciales de autorización de empleo (c)(8). Programar la toma de datos biométricos y realizar un examen y verificación adecuados, además de las remisiones a ICE si se descubre información desfavorable, toma más de 30 días, y la extensión del plazo de procesamiento a 180 días permitirá a USCIS revisar más minuciosamente posibles inquietudes y señalar problemas que puedan impedir que un extranjero reciba autorización de empleo. Esto reducirá las oportunidades de fraude y protegerá intereses vitales de seguridad nacional y seguridad pública al negar a aquellos con ciertas inquietudes de índole criminal o de seguridad el acceso a la autorización de empleo, fortaleciendo aún más la integridad del sistema de inmigración. El DHS considera que la combinación de múltiples factores finalmente tiene más peso que la expectativa del extranjero de recibir autorización de empleo dentro de los 30 días posteriores a la solicitud, los cuales incluyen la necesidad de adjudicar todas las solicitudes de EAD de manera más oportuna, lo que requiere la reasignación de recursos de adjudicación de las solicitudes (c)(8) a otras categorías de EAD, de examinar minuciosamente a los extranjeros que solicitan autorización de empleo, de reenfocarse en la intención inicial del proceso de asilo, la adjudicación oportuna de la solicitud de asilo de un extranjero, y de priorizar la integridad de los beneficios en general. Además, USCIS no está obligado a un plazo fijo para la adjudicación de solicitudes de EAD en otras categorías, y debido al plazo de respuesta extremadamente corto para adjudicar las solicitudes iniciales de EAD (c)(8), las demás categorías de solicitudes de EAD han sido desatendidas en prioridad. Extender el plazo de procesamiento para las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) permitirá a USCIS distribuir los recursos de manera más equitativa para procesar otras solicitudes de autorización de empleo y procesar todas las solicitudes de EAD de una manera más eficiente y oportuna.

La regla propuesta exige que todos los solicitantes de una EAD (c)(8), incluidos los solicitantes de renovación de una EAD (c)(8), presenten datos biométricos. Actualmente, el DHS exige datos biométricos de los solicitantes de asilo en relación con la solicitud de asilo,[255] pero no ha tenido un requisito rutinario de datos biométricos para la solicitud de EAD (c)(8). La continua ausencia de un requisito rutinario de datos biométricos generará complicaciones y demoras en la adjudicación de la solicitud de EAD (c)(8), dado el requisito de que la agencia identifique a los extranjeros por delitos agravados, junto con los requisitos de elegibilidad adicionales propuestos que se analizan más adelante en este documento.

Para respaldar los requisitos de elegibilidad mejorados que se agregarían conforme a esta regla, la disposición propuesta en 8 CFR 208.7(a)(1)(i) exige que todos los solicitantes de una EAD (c)(8) presenten datos biométricos en una fecha y hora que serán programadas por USCIS. De conformidad con sus prácticas actuales para las solicitudes y peticiones que tienen asociado un requisito de datos biométricos, USCIS emitiría un aviso informando al solicitante de la EAD (c)(8) del lugar y la hora de su cita en el ASC.

Para la propia población de la categoría (c)(8), el requisito de datos biométricos resolvería las brechas de integridad del programa tanto para las vías de asilo afirmativo como para las de naturaleza defensiva. La categoría de autorización de empleo (c)(8) tiene una prohibición específica por condena de delito grave agravado conforme al 8 CFR 208.7(a)(1). Si bien el Formulario I-589, del cual depende la elegibilidad para la categoría (c)(8), sí tiene un requisito de datos biométricos que proporciona una vía para obtener y revisar los resultados de la verificación de antecedentes penales a fin de aplicar la prohibición por condena de delito grave agravado, los requisitos de presentación y del reloj de aprobación del EAD de asilo introducen interrupciones no deseadas en la disponibilidad de esta información. Tanto para los solicitantes afirmativos como para los defensivos, los retrasos no deseados en la programación de citas biométricas para el Formulario I-589 con frecuencia hacen que el extranjero acumule entre 150 y 180 días antes de presentarse en un Centro de Apoyo al Solicitante. Esto resulta en que la solicitud (c)(8) sea adjudicada sin los resultados de la verificación de antecedentes penales basada en datos biométricos y sin la aplicación prevista de la prohibición por condena de delito grave agravado. En el año fiscal 2024, el tiempo promedio entre la presentación del Formulario I-589 y la recolección completa de datos biométricos fue de 96 días; en el año fiscal 2025 (en lo que va del año hasta el 30 de julio de 2025) el promedio fue de 126 días.[256] Operativamente, esto significa que algunos casos estarían por encima de esos promedios, y otros casos estarían por debajo. En general, sin embargo, el Formulario I-589 se tramita de manera expedita automáticamente al programar las citas en el ASC; los Formularios I-589 reciben la primera cita disponible. Como con cualquier formulario de USCIS sujeto a la recolección de datos biométricos, los extranjeros pueden reprogramar por su cuenta su cita biométrica del I-589 dos veces a través del sitio web de USCIS. USCIS acepta solicitudes de reprogramación a través del sitio web, del centro de contacto, o comunicándose con su oficina local; pero cada oficina de asilo tiene su propia política de reprogramación. Además, para los solicitantes de asilo defensivo, la aplicación de la prohibición por condena de delito grave agravado y la disponibilidad de los resultados de la verificación de antecedentes penales basada en datos biométricos dependen de que los tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) apliquen los códigos de detención del reloj para documentar la asistencia del extranjero a las citas biométricas. Para ciertos solicitantes defensivos, estos no asisten a una cita en el ASC, no se generan resultados de huellas dactilares, pero se cumplen los requisitos de acumulación del reloj y el Formulario I-589 permanece pendiente ante la EOIR. En la actualidad, sin un requisito de datos biométricos para la categoría (c)(8), estos casos deben decidirse sin el beneficio de los resultados de la verificación de antecedentes penales basada en datos biométricos y con una evaluación incompleta de antecedentes para la prohibición por condena de delito grave agravado.

El nuevo requisito de datos biométricos de rutina también beneficiará al gobierno de los Estados Unidos al permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) conozca con mayor certeza la identidad de los extranjeros que solicitan EAD en relación con una solicitud de asilo, y al permitir que USCIS detecte cualquier problema de identidad o fraude que pudiera haber ocurrido entre los 365 días transcurridos desde que se presentó la solicitud de asilo y el momento en que se puede presentar el EAD de la categoría (c)(8). El requisito de datos biométricos también permitirá que el DHS realice verificaciones de antecedentes penales por motivos de seguridad pública y seguridad nacional. USCIS utilizará los datos biométricos del extranjero para producir de manera segura el EAD y para examinar adecuadamente los antecedentes penales del extranjero a fin de determinar si el extranjero amerita un ejercicio favorable de discreción. (página impresa 8658)

Como se analiza en otras secciones de esta norma propuesta, un EAD de la categoría (c)(8) no constituye un derecho, sino que se otorga en virtud de la autoridad y dentro de la discreción del Secretario. INA sec. 208(d)(2), 8 U.S.C. 1158(d)(2). Dado que el EAD de la categoría (c)(8) está explícitamente vinculado a una solicitud de asilo, el DHS propone codificar en el reglamento que introducirá requisitos de elegibilidad adicionales para el beneficio del EAD de la categoría (c)(8) que reflejen muchos de los requisitos básicos de elegibilidad para el asilo, incluyendo el plazo de presentación de 1 año, las prohibiciones por motivos penales, y la entrada ilegal, de manera que quienes no sean elegibles para el asilo tampoco sean elegibles para un EAD.

Estos requisitos de elegibilidad adicionales representan un apartamiento de la política expresada en el aviso de propuesta de reglamentación (NPRM) sobre asilo de 1994, el cual establece que “[e]l INS adjudicará estas solicitudes de autorización de empleo dentro de los 30 días posteriores a su recepción, independientemente de los méritos de la solicitud de asilo subyacente”. 59 FR en 14780. En ese NPRM, el INS determinó que desvincular la solicitud de asilo de la solicitud de autorización de empleo desalentaría a los solicitantes de presentar solicitudes de asilo sin fundamento únicamente para obtener autorización de empleo. En ese momento, el INS consideraba que todos los solicitantes tendrían autorización de trabajo después de 180 días, a menos que se denegaran sus solicitudes de asilo. El INS también consideraba que retrasar la capacidad de los solicitantes de asilo pendientes para solicitar autorización de empleo permitiría a la agencia obtener un mejor control sobre el creciente atraso de casos y los tiempos de procesamiento. Ahora, el DHS ha determinado que es necesario volver a vincular estas solicitudes mediante la implementación de requisitos de elegibilidad más estrictos para lograr esos mismos resultados. El apartamiento del NPRM de 1994 es necesario y apropiado por múltiples razones: la enorme carga de casos de asilo afirmativo pendientes, que asciende a 1.45 millones, el alcance y la complejidad de las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y sin fundamento que han aumentado, y el número cada vez mayor de solicitudes de EAD bajo la categoría (c)(8) que actualmente sobrecarga indebidamente las operaciones de USCIS. Como se analizó extensamente en el panorama general de los esfuerzos de reforma anteriores, el DHS considera que el alto número de solicitudes de asilo y las correspondientes solicitudes de EAD (c)(8) está compuesto, en parte, por presentaciones frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de fundamento. Por lo tanto, el DHS considera que la introducción de ciertos requisitos de elegibilidad ayudará a frenar la presentación de solicitudes de asilo sin fundamento y permitirá que USCIS atienda de manera más oportuna y ordenada las solicitudes actualmente pendientes y, lo que es más importante, solo limitará el acceso a los EAD para los extranjeros que, en última instancia, no serían elegibles para el asilo.

Finalmente, el DHS reconoce que exigir a los adjudicadores de EAD que consideren nuevos requisitos de elegibilidad que también se analizan en la entrevista de asilo probablemente aumentará el tiempo necesario para procesar las solicitudes de autorización de empleo bajo la categoría (c)(8) y podría considerarse contradictorio con los objetivos declarados de eficiencia. Sin embargo, el DHS espera que la implementación de estos nuevos requisitos de elegibilidad ayude al departamento a lograr el efecto deseado de identificar y adjudicar de manera más eficiente los casos sin fundamento y las preocupaciones de seguridad nacional o seguridad pública. A largo plazo, el logro de estos objetivos también ayudará al DHS a aumentar la eficiencia en las adjudicaciones.

El DHS propone codificar en el reglamento que, en general, denegará las solicitudes de EAD bajo la categoría (c)(8) presentadas por extranjeros que no hayan demostrado que presentaron su solicitud de asilo de conformidad con el plazo de presentación de 1 año, según se describe en el 8 CFR 208.4(a)(2).

Con la aprobación de la IIRIRA, el Congreso agregó tres impedimentos legales categóricos para solicitar asilo. Ley Pública 104-208, div. C, sec. 604(a), 110 Stat. 3009, 3009-691; INA sec. 208(a)(2), 8 U.S.C. 1158(a)(2). Los extranjeros que no soliciten asilo dentro del plazo de 1 año desde su llegada a los Estados Unidos están sujetos a un impedimento para solicitar asilo, a menos que puedan demostrar que existen circunstancias cambiantes que afecten materialmente la elegibilidad del extranjero para el asilo, o circunstancias extraordinarias directamente relacionadas con el incumplimiento del plazo de presentación de 1 año. INA sec. 208(a)(2)(B), (D), 8 U.S.C. 1158(a)(2)(B), (D). Este impedimento se conoce comúnmente como el plazo de presentación de un año. Mediante la ley, el Congreso optó específicamente por promover la eficiencia al prohibir las solicitudes de asilo presentadas más de 1 año después del ingreso. El Congreso consideró que el plazo de 1 año era un período aceptable dentro del cual los extranjeros deberían poder asegurar representación legal y solicitar protección de asilo. De hecho, el Congreso rechazó específicamente otras propuestas de plazos, como la de un plazo de presentación de solicitud de asilo de 30 días, optando en su lugar por establecer un plazo de presentación de 1 año.[257]

A pesar de esta prohibición, tanto el DHS como la EOIR adjudican solicitudes de asilo presentadas por extranjeros que residen en los Estados Unidos durante años antes de solicitar asilo. Al 14 de mayo de 2025, aproximadamente 520,964 solicitantes de asilo afirmativo pendientes presentaron su Formulario I-589 entre 1 año y más de 10 años después de su ingreso. Al 30 de julio de 2025, aproximadamente 97,452 casos de asilo afirmativo presentados entre 1 año y más de 10 años después del ingreso fueron concedidos, y 274,633 casos presentados dentro del mismo plazo fueron remitidos o denegados. Muchos extranjeros que actualmente solicitan asilo son extranjeros que fueron inspeccionados y admitidos o puestos en libertad condicional (parole), pero que no salieron al finalizar su período de estadía autorizado (quienes permanecen más allá del plazo autorizado), o que ingresaron sin inspección ni admisión o libertad condicional.[258]

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, existe un registro de casi 1.45 millones de casos de asilo afirmativo pendientes en la carga de casos de asilo afirmativo pendientes del USCIS. El USCIS enfrenta una gran presión para adjudicar estos casos, y el tiempo promedio de procesamiento de un caso de asilo afirmativo es de 1,287 días. Debido al tiempo que puede tomar adjudicar una solicitud de asilo afirmativo, y debido a la disparidad significativa en los requisitos de elegibilidad entre una solicitud de asilo y un EAD de la categoría (c)(8), existe poco que disuada a un extranjero de presentar una solicitud de asilo con el único propósito de obtener autorización de empleo, incluso cuando el extranjero es estatutariamente inelegible para el asilo o cuando existe una probabilidad mínima de que el asilo sea concedido.

El USCIS también ha intentado reducir el atraso de casos de asilo afirmativo de otras maneras. Por ejemplo, un factor que contribuye al atraso de casos de asilo es el aumento en el número de extranjeros que presentan solicitudes de asilo afirmativas superficiales o sin fundamento, con el fin de buscar una remisión al tribunal de inmigración por parte de un oficial de asilo. Una vez colocado en procedimientos de remoción ante el tribunal de inmigración, el extranjero puede solicitar la cancelación de remoción (COR) [259], una forma de alivio de la remoción que resulta en la residencia permanente legal, disponible para quienes tienen al menos 10 años de presencia física en los Estados (página impresa 8659) Unidos y que cumplen con criterios de elegibilidad adicionales.[260]

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, existe un registro de casi 1.45 millones de casos de asilo afirmativo pendientes, y el USCIS enfrenta una gran presión para adjudicar estos casos, y el tiempo promedio de procesamiento de un caso de asilo afirmativo es de 1,287 días. Debido al tiempo que puede tomar adjudicar una solicitud de asilo afirmativo, y debido a la disparidad significativa en los requisitos de elegibilidad entre una solicitud de asilo y un EAD de la categoría (c)(8), existe poco que disuada a un extranjero de presentar una solicitud de asilo con el único propósito de obtener autorización de empleo, incluso cuando el extranjero es estatutariamente inelegible para el asilo o cuando existe una probabilidad mínima de que el asilo sea concedido.

Con la aprobación de la IIRIRA, el Congreso agregó tres impedimentos estatutarios categóricos para solicitar asilo. Public Law 104-208, div. C, sec. 604(a), 110 Stat. 3009, 3009-691; INA sec. 208(a)(2), 8 U.S.C. 1158(a)(2). Los extranjeros que no soliciten asilo dentro del plazo de 1 año desde su llegada a los Estados Unidos están sujetos a un impedimento para solicitar asilo, a menos que puedan demostrar que existen circunstancias cambiadas que afectan materialmente la elegibilidad del extranjero para el asilo, o circunstancias extraordinarias directamente relacionadas con el incumplimiento del plazo de presentación de 1 año. INA sec. 208(a)(2)(B), (D), 8 U.S.C. 1158(a)(2)(B), (D). Este impedimento se conoce comúnmente como el plazo de presentación de 1 año. Mediante ley, el Congreso optó específicamente por promover la eficiencia al prohibir las solicitudes de asilo presentadas más de 1 año después del ingreso. El Congreso consideró que el plazo de 1 año era un período aceptable dentro del cual los extranjeros deberían poder obtener representación legal y solicitar el alivio de asilo. De hecho, el Congreso rechazó específicamente otras propuestas de plazos, como la de un plazo de presentación de solicitud de asilo de 30 días, optando en cambio por establecer un plazo de presentación de 1 año.[261]

El DHS ha intentado abordar las solicitudes de asilo presentadas fuera del plazo de presentación de 1 año buscando reducir las solicitudes de asilo que tienen la intención de dar lugar a procedimientos de expulsión con el propósito de solicitar la autorización de empleo (COR, por sus siglas en inglés). En 2018, la División de Asilo comenzó a emitir avisos de presentación extemporánea a los solicitantes de asilo con más de 10 años de presencia física, permitiendo a los extranjeros renunciar a su entrevista de asilo y ser remitidos al tribunal de inmigración. En el año fiscal 2023, la División de Asilo formalizó estos procedimientos relativos a los casos presentados tardíamente y continúa ofreciendo a los extranjeros la oportunidad de renunciar a la entrevista de asilo y ser remitidos al tribunal de inmigración con base en el plazo de presentación de 1 año.[262] En febrero de 2025, la División de Asilo centralizó en el Centro de Verificación de Asilo (Asylum Vetting Center) la emisión de todos los avisos de renuncia a la entrevista para estos casos presentados tardíamente y la remisión al tribunal de inmigración de los extranjeros que aceptaron la renuncia a la entrevista. Al 9 de abril de 2025, USCIS estima que aproximadamente 82,700 casos pendientes han sido presentados por extranjeros que vivían en los Estados Unidos durante al menos 10 años al momento de presentar su solicitud de asilo. En el primer trimestre del año fiscal 2025, USCIS ofreció renuncias de entrevista a 2,957 solicitantes; el 8 por ciento aceptó la oferta. En los últimos 5 años fiscales, incluyendo el primer trimestre del año fiscal 2025, aproximadamente el 18 por ciento de los extranjeros a quienes se les ofreció la oportunidad de renunciar a su entrevista aceptaron la oferta. Con esta baja tasa de renuncias de entrevista ofrecidas y aceptadas, no ha habido un impacto significativo en el atraso de casos de asilo ni en la tasa de presentación de solicitudes de asilo afirmativo.

Para frenar el factor de atracción que representa la autorización de empleo para quienes han permanecido en los Estados Unidos por más de 1 año, el DHS propone codificar en el reglamento un motivo de inelegibilidad para las solicitudes de autorización de empleo (EAD) bajo la categoría (c)(8) basado en la aplicación del plazo de presentación de 1 año para las solicitudes de asilo. Esta disposición reduciría el flujo de solicitudes de asilo al desincentivar a los extranjeros a presentar solicitudes de asilo sin mérito con el único propósito de obtener autorización de empleo. Como determinó el Congreso, salvo que existan circunstancias cambiantes o extraordinarias, el plazo estatutario de presentación de 1 año es un período de tiempo suficiente para que los extranjeros con reclamos de asilo meritorios presenten su solicitud ante USCIS o ante un juez de inmigración (IJ).[263] El DHS propone codificar en el reglamento que aplicará la disposición del plazo de presentación de 1 año a cualquier extranjero que haya presentado su solicitud de asilo en o después de la fecha de vigencia de esta regla final y haya presentado la solicitud después del plazo de presentación de 1 año.

El DHS también propone permitir dos excepciones muy limitadas al plazo de presentación de 1 año en lo que respecta a la elegibilidad para una EAD bajo la categoría (c)(8). En primer lugar, la regla propone exceptuar a los extranjeros de la aplicación de la prohibición de 1 año a su solicitud de EAD (c)(8) para aquellos que hayan establecido una excepción conforme a la sección 208(a)(2)(D) de la INA, 8 U.S.C. 1158(a)(2)(D), según lo determinado por un oficial de asilo o un juez de inmigración (IJ). Por ejemplo, existen situaciones en las que una solicitud de asilo es remitida al juez de inmigración para su resolución en cuanto al fondo, pero el oficial de asilo había determinado que aplicaba una excepción a la prohibición del plazo de presentación de 1 año. En una situación como esta, mientras el caso del solicitante de asilo está pendiente de revisión ante el juez de inmigración, su solicitud de autorización de empleo no estaría prohibida por el plazo de presentación de 1 año porque cumple con la excepción.

En segundo lugar, la regla propone codificar la excepción estatutaria a la aplicación de la prohibición de 1 año para los extranjeros cuyas solicitudes estuvieron bajo la jurisdicción inicial de USCIS debido a que el extranjero era un Menor Extranjero No Acompañado (UAC, por sus siglas en inglés) conforme a 6 U.S.C. 279(g)(2).[264] Esta disposición también sigue el Acuerdo de Conciliación en J.O.P. v. U.S. Dept of Homeland Security, 8:19-cv-01944 (D. Md.) (aprobado el 25 de noviembre de 2024) (Acuerdo de Conciliación J.O.P.), conforme al cual el plazo estatutario de presentación de 1 año no aplica si el extranjero es un miembro de la clase que previamente estuvo bajo la jurisdicción inicial de USCIS como UAC, incluso si un juez de inmigración determinó posteriormente que el extranjero ya no era un UAC.

En los últimos años, los Estados Unidos han experimentado una afluencia masiva de migrantes, lo que ha requerido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destine recursos para atender el alto número de llegadas de migrantes. El fuerte aumento de migrantes que llegan también coincidió con un marcado incremento en los arrestos de extranjeros criminales por parte de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos,[265] los cuales aumentaron de 4,269 en el año fiscal 2019 y 2,438 en el año fiscal 2020 a 10,763 en el año fiscal 2021.[266] En el año fiscal 2024, los arrestos de extranjeros criminales por parte de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico de 17,048, incluyendo a extranjeros con condenas por delitos tales como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas; agresión, lesiones, violencia doméstica; posesión y tráfico de drogas ilegales; y entrada o reingreso ilegal.[267]

Conforme a las regulaciones vigentes, los extranjeros que han sido condenados por un delito grave con agravantes (aggravated felony) no son elegibles para un documento de autorización de empleo (c)(8) EAD. (página impresa 8660) Sin embargo, actualmente no existen otros impedimentos penales para la elegibilidad del EAD (c)(8). Dado el creciente número de migrantes y el aumento paralelo de arrestos de extranjeros criminales, el DHS debe priorizar la seguridad y protección del pueblo estadounidense por encima de otorgar un beneficio discrecional a los extranjeros en general, pero en particular a aquellos extranjeros que no son elegibles conforme a la ley para el beneficio subyacente. Esta regla priorizará la seguridad y protección del pueblo estadounidense al desincentivar la migración ilegal y la conducta criminal de los extranjeros que deseen obtener autorización de empleo. De ello se desprende lógicamente que a los extranjeros a quienes se les ha negado el otorgamiento de asilo debido a conducta criminal no se les debería emitir un EAD a causa del atraso en los casos de asilo o de los tiempos de procesamiento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Existen múltiples razones para ello; en primer lugar, el EAD (c)(8) es discrecional, y el Secretario no desea ejercer dicha discreción de manera favorable para tales extranjeros criminales. En segundo lugar, la conducta criminal es lo suficientemente grave como para impedirles el otorgamiento de asilo, por lo que resulta incongruente recompensar a dicho extranjero con un beneficio provisional como la autorización de empleo. No existe una situación análoga a esta entre las demás solicitudes de beneficios de USCIS. En tercer lugar, la práctica histórica de otorgar beneficios provisionales a extranjeros que no son elegibles para el beneficio principal o que afecta su estatus (en este caso, el asilo) ha incentivado de manera efectiva la presentación de solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y de otro modo infundadas.

Dado el alto volumen de solicitudes de asilo, así como las solicitudes frívolas, fraudulentas y de otro modo infundadas, se desprende que la autorización de empleo asociada a una solicitud de asilo pendiente debería restringirse, y esta es la posición de política del Departamento. Sin embargo, considerando el marcado incremento en los encuentros con extranjeros con antecedentes penales, las regulaciones actuales crean de manera definitiva un entorno en el que los extranjeros criminales reciben el beneficio discrecional del EAD (c)(8) a pesar del hecho de que representan un riesgo para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos y, por esa razón, en última instancia no son elegibles para el asilo.

Al denegar o referir una solicitud de asilo, USCIS no siempre registra con precisión el motivo específico de la denegación o la referencia. Por ejemplo, los datos de USCIS pueden mostrar denegaciones basadas en "antecedentes penales" pero no en "delito agravado" o "delito particularmente grave". [268] Además, incluso cuando los datos de USCIS registran una opción para motivos específicos como "impedimento por persecución" o "impedimento por riesgo de seguridad", no parece que los oficiales de asilo registren esos datos de manera consistente durante la adjudicación. Por el contrario, al revisar los datos se observa que los oficiales de asilo registran una determinación de que el extranjero "no era elegible" para el asilo, ya que esa es la única categoría específica de denegaciones que se mantiene constante año tras año. En un ejemplo, no hubo denegaciones basadas en los motivos del "impedimento por reasentamiento firme" desde el AF2015 hasta el AF2019, luego hubo una denegación de ese tipo en el AF2020, y luego, desde el AF2021 hasta el AF2025 (hasta el 22 de mayo de 2025), hubo entre 34 y 184 denegaciones de ese tipo cada año. Además, desde el AF2015 hasta el AF2025, los datos de USCIS registraron solamente una única denegación de solicitud de asilo basada en la falta de comparecencia para la toma de datos biométricos (un caso del AF2015), y dado que los volúmenes de solicitudes de asilo son tan altos como lo son, es probable que más de un extranjero en los últimos diez AF no haya comparecido para la toma de datos biométricos (por ejemplo, correo extraviado, no haber actualizado la dirección postal con USCIS, etc.). Por todas estas razones, USCIS considera que existe una preocupación aquí respecto de datos incompletos al registrar los motivos específicos para denegar o referir una solicitud de asilo. Sin embargo, el DHS estableció previamente que en el AF2015, USCIS emitió 15,515 denegaciones o referencias a solicitantes de asilo, pero solo 4,578 (29.5%) tenían uno o más EAD (c)(8) previamente aprobados.[269] Sin embargo, para el AF2023, USCIS emitió 5,963 denegaciones o referencias a solicitantes de asilo, y 4,351 (72%) tenían uno o más EAD (c)(8) previamente aprobados.[270] En el AF2024, USCIS emitió 5,709 denegaciones o referencias a solicitantes de asilo, pero 5,087 (89%) tenían uno o más EAD (c)(8) previamente aprobados.[271] En el AF2025 (hasta el 22 de mayo de 2025), USCIS emitió 11,872 denegaciones o referencias a solicitantes de asilo, y 9,475 (79.8%) tenían uno o más EAD (c)(8) previamente aprobados.[272] Como tal, la población afectada por este cambio propuesto (extranjeros con uno o más EAD (c)(8) aprobados a quienes posteriormente se les deniega su solicitud de asilo) como porcentaje del total de denegaciones está claramente en aumento. Si bien los datos del DHS no pueden establecer de manera concluyente en este momento cuántos de esos extranjeros fueron denegados específicamente porque representaban un riesgo para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos, lo que reviste primordial importancia para respaldar esta norma propuesta es que, en definitiva, esos extranjeros recibieron un EAD (c)(8) a pesar de ser inelegibles para el asilo (independientemente del motivo específico).

Por todas estas razones, el DHS propone codificar en el reglamento motivos adicionales de inelegibilidad para el EAD (c)(8), incluyendo los impedimentos penales para el asilo conforme a las secciones 208(b)(2)(A)(ii)-(iii). Además de excluir de la elegibilidad para el EAD (c)(8) a todo extranjero que haya sido condenado por un delito agravado según lo descrito en la sección 101(a)(43) de la INA, el DHS propone codificar en el reglamento un impedimento para todo extranjero que haya sido condenado por un delito particularmente grave y para todo extranjero respecto del cual existan razones fundadas para creer que cometió un delito grave no político fuera de los Estados Unidos. Al hacerlo, el DHS hará hincapié en la importancia de la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos, salvaguardando al pueblo estadounidense y restaurando la integridad del beneficio discrecional de las solicitudes de EAD (c)(8).

Los encuentros por parte de la CBP han alcanzado cifras récord en los últimos años: la CBP reportó aproximadamente 3.2 millones de acciones de cumplimiento en las fronteras, aeropuertos y puertos marítimos de los Estados Unidos en el AF 2023, y 2.9 millones de acciones de cumplimiento en el AF 2024.[273] El 20 de enero de 2025, el Presidente emitió la Orden Ejecutiva 14165, Asegurando Nuestras Fronteras (Securing Our Borders), en la que declaró que millones de extranjeros procedentes de naciones y regiones de todo el mundo ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos. El aumento repentino de encuentros con migrantes entre 2022 y 2023 condujo a un incremento considerable en la presentación de solicitudes de asilo.

Aunque los extranjeros en procedimientos de expulsión que tienen la intención de solicitar asilo deben hacerlo ante el tribunal de inmigración como defensa contra la expulsión, muchos extranjeros presentaron solicitudes directamente ante USCIS. De hecho, de 2022 a 2023, el número de solicitudes de asilo afirmativo casi se duplicó, de 241,280 a 456,750 solicitudes, aunque USCIS carecía de jurisdicción sobre muchas de estas solicitudes.[274] El número total de solicitudes de asilo presentadas de manera defensiva (página impresa 8661) también casi se duplicó de 2022 a 2023, de 260,830 a 488,620 solicitudes.[275] No es de sorprender que, así como las presentaciones de solicitudes de asilo se han disparado, haya habido un aumento igualmente pronunciado en las presentaciones de solicitudes iniciales de EAD bajo (c)(8). Por ejemplo, USCIS recibió 262,869 solicitudes iniciales de EAD bajo (c)(8) durante todo el año fiscal 2022. En el año fiscal 2023, esa cifra aumentó casi al triple, a 802,753 solicitudes iniciales de EAD bajo (c)(8). El número de solicitudes iniciales de EAD bajo (c)(8) continúa creciendo. Solo en el mes de enero de 2025, USCIS recibió aproximadamente 152,000 solicitudes iniciales de EAD bajo (c)(8).[276] Si USCIS continúa recibiendo solicitudes iniciales de EAD bajo (c)(8) al mismo volumen que en enero de 2025, USCIS registraría un máximo histórico de solicitudes de EAD bajo (c)(8) en el año fiscal 2025, con 1.82 millones de solicitudes. Estos aumentos paralelos en los encuentros fronterizos, las solicitudes de asilo y las solicitudes iniciales de EAD bajo (c)(8) continúan ilustrando claramente la existencia de la relación entre la autorización de empleo y una solicitud de asilo pendiente como un factor de atracción significativo para la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Los extranjeros que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos pueden llegar a ser elegibles para obtener autorización de empleo en los Estados Unidos durante la pendencia de su solicitud de asilo, lo cual, debido a un máximo histórico de 1.45 millones de casos de asilo afirmativo pendientes, puede tardar años en adjudicarse. Esto significa que las regulaciones actuales permiten que dichos extranjeros accedan a un beneficio accesorio durante años, incluso si finalmente se determina que no son elegibles para el asilo.

El DHS propone desalentar la inmigración ilegal mediante el ejercicio de su discreción para codificar en el reglamento que cualquier extranjero que ingrese o intente ingresar a los Estados Unidos en un lugar y momento distintos de los legalmente establecidos a través de un puerto de entrada de los Estados Unidos sea inelegible para recibir un EAD inicial o de renovación bajo (c)(8). Habría excepciones limitadas si un extranjero demuestra que, sin demora pero a más tardar 48 horas después del ingreso o intento de ingreso, indicó a un oficial de inmigración su intención de solicitar asilo o expresó a un oficial de inmigración un temor de persecución o tortura; o que, de otro modo, tuvo una causa justificada para el ingreso o intento de ingreso ilegal. Ejemplos de justificaciones de causa justificada para el ingreso o intento de ingreso ilegal pueden incluir, entre otros, la necesidad de atención médica inmediata o la huida de un daño grave inminente, pero la norma establecería específicamente que la causa justificada no incluye el ingreso para evadir a los oficiales de inmigración de los Estados Unidos, para eludir el procesamiento ordenado de los solicitantes de asilo en un puerto de entrada de los Estados Unidos, o por conveniencia. También podría existir una justificación de causa justificada cuando un extranjero cumpla con la definición de víctima de una forma grave de trata de personas, según lo dispuesto en 8 CFR 214.11(a).

Asimismo, los extranjeros que son, o que fueron determinados en cualquier momento desde su ingreso más reciente como, UAC (Menores Extranjeros No Acompañados), según se define en 6 U.S.C. 279(g)(2), estarían exceptuados de esta prohibición propuesta.

El DHS no considera que este cambio pueda ser considerado una “sanción” en el sentido del artículo 31(1) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que es vinculante para los Estados Unidos por incorporación en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, ya que es compatible con las obligaciones de los Estados Unidos conforme al Protocolo de 1967.[277] La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, elaborada tras la Segunda Guerra Mundial, sirve de base para el derecho internacional de refugiados y asilo y define el término “refugiado”.[278] Los Estados Unidos desempeñaron un papel clave en su creación y posteriormente se adhirieron al Protocolo de 1967 sobre los Refugiados, el cual eliminó las limitaciones temporales y geográficas establecidas por la Convención de 1951 sobre los Refugiados.[279] El artículo 31(1) de la Convención de 1951 fue redactado con el fin de garantizar que los refugiados pudieran acceder de manera efectiva a la protección internacional y para reconocer que las personas que huyen de la persecución pueden incurrir en migración irregular. Si bien el artículo 31(1) establece que el extranjero debe presentarse “sin demora” y demostrar “causa justificada”, estas frases no están definidas en la Convención de 1951 ni en el Protocolo de 1967, por lo que están sujetas a interpretación. Este cambio propuesto no afecta la elegibilidad para la solicitud de asilo subyacente y exime expresamente a los extranjeros que se presenten sin demora, pero a más tardar 48 horas después de su entrada ilegal, y que establezcan causa justificada para ingresar o intentar ingresar a los Estados Unidos en un lugar y momento distintos de los establecidos legalmente a través de un puerto de entrada de los Estados Unidos. El DHS considera que un plazo de 48 horas para que los extranjeros se presenten ante las autoridades después de una entrada ilegal constituye un período de tiempo razonable. El DHS también ha proporcionado ejemplos de situaciones que podrían constituir “causa justificada” a los efectos de esta disposición y ha mantenido intencionalmente dichos ejemplos de manera amplia para permitir discrecionalidad al considerar las circunstancias del extranjero que condujeron a la entrada ilegal.

Asimismo, los extranjeros que actualmente sean, o que hayan sido determinados en cualquier momento desde su entrada más reciente como, Menores No Acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) según se define en 6 U.S.C. 279(g)(2), estarían exceptuados de esta restricción propuesta.

El Secretario o el Procurador General pueden otorgar asilo a un extranjero que haya solicitado asilo si el Secretario o el Procurador General determinan que el extranjero es un refugiado.[280] Sin embargo, el asilo puede ser denegado en ejercicio de la discrecionalidad a un extranjero, incluso a aquellos que establezcan elegibilidad estatutaria para dicha reparación.[281] Al ejercer su autoridad discrecional sobre las solicitudes de asilo, el DHS examina la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes para determinar si está justificado un ejercicio favorable de la discrecionalidad. Corresponde al extranjero la carga de demostrar que debe aplicarse un ejercicio favorable de la discrecionalidad.[282]

En la actualidad, las solicitudes de autorización de empleo presentadas por solicitantes de asilo pendientes no son discrecionales. 8 CFR 274a.14(a)(1). Conforme a la regla propuesta, la aprobación de una solicitud de autorización de empleo para solicitantes de asilo quedaría a discreción de USCIS. Como se discutió previamente, esta reglamentación reconoce las prácticas pasadas de USCIS basadas en la normativa existente y ha proporcionado justificaciones y datos a lo largo del documento para respaldar el cambio de una aprobación obligatoria a una discrecional de las solicitudes de EAD conforme al apartado (c)(8). El cambio propuesto por el Departamento para hacer discrecional la aprobación de la autorización de empleo conforme al apartado (c)(8) tiene por objeto equilibrar la seguridad nacional y la integridad de los beneficios con la posibilidad de brindar a los solicitantes de asilo una vía para obtener autorización de empleo (página impresa 8662). De manera similar al asilo, la autorización de empleo para los solicitantes de asilo no es obligatoria, sino más bien un beneficio que el Congreso autorizó y confió al Secretario para su administración. INA 208(d)(2), 8 U.S.C. 1158(d)(2). Para las solicitudes de autorización de empleo conforme al apartado (c)(8) en su conjunto, queda a discreción del Secretario decidir si debe concederse la autorización de empleo y, de ser así, en qué términos. El DHS cuenta con amplia autoridad para establecer y modificar reglamentos y para adoptar otras medidas "necesarias para llevar a cabo" la autoridad del Secretario de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración. Véase INA sec. 103(a)(1) y (3), 8 U.S.C. 1103(a)(1) y (3) (que otorga al Secretario la autoridad para establecer reglamentos y adoptar otras medidas "necesarias para llevar a cabo" la autoridad del Secretario conforme a las leyes de inmigración); véase también 6 U.S.C. 202 (facultades del Secretario); Motor Vehicle Mfrs. Ass'n of U.S., Inc. v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 42 (1983) (que destaca que a los organismos "se les debe otorgar amplio margen para adaptar sus normas y políticas a las exigencias de circunstancias cambiantes" (comillas omitidas)). El proceso actual y los criterios mínimos para obtener la autorización de empleo conforme al apartado (c)(8) han contribuido al creciente volumen de casos de solicitudes de autorización de empleo y de solicitudes de asilo pendientes, debido a que ha incentivado a los extranjeros a presentar solicitudes de asilo con el fin de obtener autorización de empleo. Como se explica a lo largo de esta reglamentación, el DHS considera que esta reforma y las demás descritas en este reglamento contribuirán a mejorar el actual atraso en los casos de asilo, al desalentar las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo infundadas que se presentan con el único propósito de obtener autorización de empleo. Esto permitirá que USCIS destine más de sus recursos a la adjudicación de los casos de asilo atrasados, contribuyendo así a allanar el camino para que las solicitudes de asilo con fundamento sean recibidas, procesadas y adjudicadas con mayor rapidez.

El DHS está eliminando el lenguaje referente a las "aprobaciones recomendadas" de solicitudes de asilo y el efecto que dichos avisos tienen sobre la posibilidad de que algunos solicitantes de asilo busquen obtener autorización de empleo antes que otros. Véase 8 CFR 208.7(a)(1) y 274a.12(c)(8). Antes del 25 de agosto de 2020, USCIS emitía una aprobación recomendada de asilo si un oficial de asilo había tomado una determinación preliminar de conceder el asilo, pero USCIS aún no había recibido los resultados de las verificaciones obligatorias de identidad y antecedentes.[283] Esto permitía que los extranjeros con aprobaciones recomendadas fueran elegibles para obtener un EAD conforme al apartado (c)(8). Los beneficiarios de aprobaciones recomendadas no habían completado totalmente el proceso de adjudicación de asilo. A partir del 25 de agosto de 2020, USCIS dejó de emitir aprobaciones recomendadas como decisiones preliminares para las adjudicaciones de asilo afirmativo.[284]

El DHS propone revisar el 8 CFR 208.7(a)(1) y el 274a.12(c)(8)(ii) para alinearlos con la política y práctica actuales de USCIS y en cumplimiento de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión, y la Orden Ejecutiva 14165, Aseguramiento de Nuestras Fronteras. La Orden Ejecutiva 14159 instruyó al Secretario a garantizar que la autorización de empleo se otorgue conforme a lo dispuesto en la ley y que no se conceda a ningún extranjero no autorizado. La Orden Ejecutiva 14165 instruyó al Secretario a disuadir y prevenir el ingreso de extranjeros en situación ilegal a los Estados Unidos. El propósito principal de estas órdenes ejecutivas es fortalecer tanto la integridad del sistema migratorio como nuestra postura de seguridad nacional. Debido a que las aprobaciones recomendadas, emitidas antes de completarse las verificaciones y controles integrales, contradicen las disposiciones de estas órdenes ejecutivas, el DHS propone eliminar estas disposiciones de la normativa, codificando así los procedimientos actuales.

Como se analizó anteriormente en la Sección III.C del presente preámbulo, la OBBBA estableció una serie de tarifas relacionadas con solicitudes de inmigración u otras acciones. Además, la OBBBA realizó cambios sustantivos aislados relacionados con los EAD.[285] En lo que resulta pertinente aquí, el Congreso estableció los siguientes parámetros para determinar cuándo termina la autorización de empleo de un extranjero basada en una solicitud de asilo pendiente, ya sea la autorización inicial o una renovada.286

En consecuencia, el DHS está actualizando las disposiciones del 8 CFR 208.7 relacionadas con la terminación de los EAD basados en solicitudes de asilo pendientes para que coincidan con la OBBBA. Véase la propuesta de 8 CFR 208.7(c).[287] Con base en la OBBBA, la autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente terminará de la siguiente manera, incluso si no se ha llegado a la fecha de vencimiento especificada en el documento de autorización de empleo: (1) inmediatamente después de la denegación de una solicitud de asilo por parte de un oficial de asilo, a menos que el caso sea remitido a un Juez de Inmigración; (2) en la fecha que corresponde a 30 días después de la fecha en que un Juez de Inmigración deniega una solicitud de asilo, a menos que el extranjero presente una apelación oportuna ante la Junta de Apelaciones de Inmigración; o (3) inmediatamente después de la denegación o desestimación por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración de una apelación de una denegación de una solicitud de asilo. En comparación con las regulaciones previas a la OBBBA, el DHS observa que los extranjeros ya no tendrán un EAD (c)(8) durante la pendencia de una petición de revisión ante un tribunal federal.

Como se ha analizado a lo largo del presente documento, la integridad de los beneficios es de suma importancia para esta Administración y para el DHS. En el clima actual de atrasos récord en los casos de asilo y de prolongados plazos de adjudicación de asilo, los extranjeros se ven incentivados a presentar solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o carentes de mérito con el propósito de obtener autorización de empleo. Permitir que un extranjero mantenga la autorización de empleo (c)(8) durante un período posiblemente prolongado después de que se ha denegado la solicitud de asilo incentiva aún más las presentaciones frívolas, fraudulentas o carentes de mérito. Al terminar automáticamente el EAD (c)(8) una vez que la solicitud de asilo ha sido denegada por el USCIS o por el Juez de Inmigración, o denegada o desestimada por la Junta de Apelaciones de Inmigración, el DHS busca ayudar a garantizar que el beneficio de un EAD (c)(8) se reserve para los extranjeros con reclamos de asilo meritorios, y que cualquier período extendido de autorización de empleo no recompense indebidamente a los extranjeros que finalmente son declarados inelegibles para el asilo.

Las solicitudes de asilo presentadas por un UAC (menor extranjero no acompañado) deben procesarse de conformidad con los requisitos establecidos en la TVPRA, Ley Pública 110-457, 122 Stat. 5044, y el Acuerdo de Conciliación J.O.P. Conforme a los términos del Acuerdo de Conciliación J.O.P., el USCIS no se basará en ninguna determinación del DOJ (Departamento de Justicia) de que un extranjero no es un UAC.[288] Más bien, el USCIS ejerce jurisdicción inicial sobre la adjudicación de la solicitud de asilo del UAC y emite su propia determinación jurisdiccional (página impresa 8663).[289] En consecuencia, los UAC a quienes se les ha denegado el asilo por un IJ (Juez de Inmigración), la BIA (Junta de Apelaciones de Inmigración), o un tribunal federal, pueden todavía tener una solicitud de asilo pendiente ante el USCIS, debido a que el USCIS conserva la jurisdicción inicial sobre las solicitudes de asilo presentadas por UAC.[290] Por lo tanto, si la solicitud de asilo de un UAC permanece pendiente ante el USCIS, lo cual constituye la base del EAD (c)(8) del extranjero, su EAD (c)(8) no terminará automáticamente aun cuando su solicitud de asilo sea denegada por un IJ, la BIA, o un tribunal federal.

En apoyo del esfuerzo por disuadir las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de fundamento presentadas con el único propósito de obtener autorización de empleo, el DHS propone codificar en el reglamento la facultad de priorizar para su adjudicación una solicitud de asilo en la cual se encuentre información desfavorable durante cualquier adjudicación de (c)(8) EAD. Por ejemplo, si USCIS descubre un riesgo para la seguridad nacional al realizar verificaciones de seguridad a un solicitante de autorización de empleo (c)(8), USCIS puede marcar la solicitud de asilo correspondiente para que un adjudicador de asilo pueda programar más rápidamente el caso para una entrevista y tomar una decisión al respecto. Al realizar verificaciones de seguridad a solicitantes de renovación de (c)(8), USCIS puede descubrir nuevas condenas o arrestos que ameriten una entrevista o adjudicación de asilo priorizada. Por ejemplo, un solicitante de asilo puede no haber tenido antecedentes de arresto al momento de solicitar asilo y recibir el EAD inicial, pero puede haber sido condenado desde entonces por un delito grave agravado. En ese caso, un adjudicador de EAD podría marcar el caso para la oficina de asilo con jurisdicción sobre la solicitud, de manera que la entrevista y la adjudicación puedan ser priorizadas. El resultado en ambos ejemplos es adjudicar con mayor rapidez los casos en los que los solicitantes presentan riesgos y reducir el tiempo que dichos casos permanecen en el rezago.

Este cambio significativo permitiría al Departamento identificar y remover de manera rápida y eficiente a los extranjeros inelegibles que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública de los Estados Unidos, al tiempo que se disminuyen las solicitudes pendientes en la cola.

Adicionalmente, como se señala a lo largo de este NPRM, la carga de solicitudes de asilo afirmativo pendientes se ha convertido en una enorme carga para el DHS y ha crecido a más de 1.45 millones al final del año fiscal 2024.[291] Junto con el creciente número de solicitudes de asilo afirmativo pendientes se encuentra el número correspondiente de solicitudes de EAD (c)(8) presentadas por solicitantes de asilo afirmativo y defensivo. Las solicitudes iniciales de EAD basadas en solicitudes de asilo pendientes han aumentado constantemente a lo largo de los años, ya que USCIS recibió 62,169 solicitudes de EAD (c)(8) en el año fiscal 2014, 261,793 solicitudes de EAD (c)(8) en el año fiscal 2017, y luego experimentó un aumento explosivo a 802,753 solicitudes de EAD (c)(8) en el año fiscal 2023.[292] En el año fiscal 2024, USCIS recibió 1,200,533 solicitudes iniciales de EAD (c)(8).[293] Con el fin de disuadir las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de fundamento, en 2018 el DHS regresó a un enfoque de programación de entrevistas LIFO (último en entrar, primero en salir), mediante el cual el DHS podía remitir rápidamente las solicitudes de asilo recientemente presentadas y carentes de fundamento y colocar a esos extranjeros en procedimientos de remoción. De manera similar, esta disposición propuesta permitirá al DHS priorizar la finalización de solicitudes de asilo carentes de fundamento en los casos en que se identifique información desfavorable, lo que permitirá al Departamento evitar sumar más casos al rezago de asilo que crece exponencialmente. Este cambio podría dar lugar a tiempos de procesamiento ligeramente más largos para los extranjeros sin información desfavorable, pero el Departamento considera que cualquier tiempo adicional sería mínimo y señala que esto no debería ser la preocupación primordial, especialmente dado que dichos extranjeros seguirán siendo elegibles para solicitar EAD (c)(8). Más bien, el DHS opta por priorizar la seguridad nacional, la seguridad pública y la reducción de los casos rezagados correspondientes a los extranjeros que presentaron solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de fundamento, así como a los extranjeros que simplemente son inelegibles para el asilo.

En 2003, los artículos 8 CFR 208.3 y 208.7 fueron duplicados en un nuevo 8 CFR Capítulo V como parte de las enmiendas a los reglamentos para reflejar la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la transferencia de funciones entre el DOJ y el nuevo DHS. Véase 68 FR 9824, 9834 (28 de febrero de 2003). En ese momento, el DOJ duplicó la totalidad de la Parte 208 en la nueva Parte 1208 para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), debido a que las disposiciones estaban “tan interrelacionadas que no era posible una división simple de la jurisdicción” y declaró que el DOJ esperaba que los Departamentos emprendieran un proceso de reglamentación adicional para refinar la división de competencias en una fecha posterior. Id. 9826.

En 2020, la EOIR modificó la disposición de la EOIR en 8 CFR 1208.3(c)(3) relativa a la forma de la solicitud de asilo, incluso eliminando la referencia a un período de espera de 150 días para solicitar la autorización de empleo, y reservó la disposición de la EOIR en 8 CFR 1208.7 relativa a los documentos de autorización de empleo para los solicitantes de asilo. 85 FR 81698 (16 de diciembre de 2020). Sin embargo, como se señala en la sección III.D.3.a de este preámbulo, dicha norma fue objeto de una medida cautelar preliminar. Nat'l Immigrant Justice Ctr., No. 21-56 (RBW). En consecuencia, la versión actualmente vigente de 8 CFR 1208.7 ya no se encuentra oficialmente reservada. No obstante, el 1208.7 y la referencia a la espera de 150 días para solicitar la autorización de empleo en el 1208.3(c)(3) no tienen efecto sustantivo, debido a que el Departamento de Justicia (DOJ) no tiene autoridad para adjudicar solicitudes de autorización de empleo. Cf. 85 FR 59692, 59696 (23 de septiembre de 2020) (donde se explica la decisión del DOJ de eliminar el período de tiempo específico después del cual los solicitantes de asilo pueden presentar una solicitud de autorización de empleo “para garantizar que las regulaciones de la EOIR no contradigan las regulaciones del DHS relativas a la elegibilidad para la autorización de empleo”, y de reservar el 8 CFR 1208.7 debido a que “la EOIR no adjudica solicitudes de autorización de empleo”.).

En consecuencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que esta norma generaría incoherencias entre las regulaciones del DHS en 8 CFR 208.3 y 8 CFR 208.7 y las regulaciones del DOJ en 8 CFR 1208.3 y 8 CFR 1208.7. No obstante, a partir de la fecha de vigencia de esta norma final, el lenguaje revisado de 8 CFR 208.3 y 8 CFR 208.7 regirá al DHS y sus adjudicaciones. El DHS ha mantenido consultas con el DOJ sobre este proceso de reglamentación, y el DOJ podría emitir cambios de conformidad en una fecha posterior. (página impresa 8664)

La Orden Ejecutiva 12866 (Planificación y Revisión Regulatoria) y la 13563 (Mejora de la Regulación y la Revisión Regulatoria) instruyen a las agencias a evaluar los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si la regulación es necesaria, a seleccionar los enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos. La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de cuantificar los costos y beneficios, reducir los costos, armonizar las normas y promover la flexibilidad. La Orden Ejecutiva 14192 (Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación) instruye a las agencias a reducir significativamente los gastos privados requeridos para cumplir con las regulaciones federales y establece que “cualquier costo incremental nuevo asociado con las nuevas regulaciones deberá, en la medida permitida por la ley, ser compensado mediante la eliminación de los costos existentes asociados con al menos 10 regulaciones anteriores”.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ha designado esta norma como una “acción regulatoria significativa” que es económicamente significativa según lo define la sección 3(f)(1) de la Orden Ejecutiva 12866. En consecuencia, la norma ha sido revisada por la OMB.

Adicionalmente, esta norma no constituye una acción regulatoria conforme a la Orden Ejecutiva 14192 (véase 5(a)) debido a que se emite con respecto a una función relacionada con la inmigración de los Estados Unidos. El propósito directo principal de la norma es implementar o interpretar las leyes de inmigración de los Estados Unidos (según se describe en la sección 101(a)(17) de la INA, 8 U.S.C. 1101(a)(17)) o cualquier otra función desempeñada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos con respecto a los extranjeros. Véase el Memorando M-25-20 de la OMB, “Orientación para la Implementación de la Sección 3 de la Orden Ejecutiva 14192, titulada “Liberando la Prosperidad Mediante la Desregulación” (26 de marzo de 2025).

La norma propuesta afectaría el proceso administrativo para la emisión de EAD para extranjeros con una solicitud de asilo pendiente (EAD (c)(8)), el plazo de procesamiento de las solicitudes de EAD (c)(8), el período de espera para solicitar y recibir un EAD (c)(8), el período de vigencia del EAD (c)(8), y los requisitos de elegibilidad para los EAD (c)(8). La norma requerirá cambios al texto reglamentario existente y la creación de nuevo texto reglamentario.

El DHS espera que esta norma propuesta genere beneficios sustanciales. El sistema de asilo está sobrecargado, los recursos federales de adjudicación están bajo presión, y el atraso en las solicitudes de asilo afirmativo sirve como un imán que atrae a extranjeros hacia los Estados Unidos de manera ilegal. El aumento tanto en las presentaciones de asilo como en los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) asociados durante los últimos años ha creado una situación insostenible. Esta norma propuesta beneficiaría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) al permitirle operar bajo tiempos de procesamiento de casos sostenibles y a largo plazo para las solicitudes iniciales de EAD de los solicitantes de asilo, para permitir tiempo suficiente para abordar inquietudes de seguridad nacional, seguridad pública o fraude, y para mantener los avances tecnológicos en la producción de documentos y la verificación de identidad. Al igual que la reglamentación del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de 1994 mencionada a continuación, el DHS espera que esta acción reduzca las solicitudes de asilo frívolas y fraudulentas, así como los incentivos económicos perversos para obtener un EAD bajo reclamos de asilo sin mérito. 59 FR 14779 (30 de marzo de 1994); 59 FR 62284 (5 de diciembre de 1994). Las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y sin mérito, así como las presentaciones relacionadas de autorización de empleo, pueden servir como un imán para la inmigración ilegal y generar costos para los gobiernos locales, los estados, la economía nacional, y ejercer presión sobre los recursos. El DHS espera que estos cambios reduzcan la confusión respecto a los requisitos de EAD para los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes y para el público, ayuden a garantizar que el texto reglamentario refleje la política actual del DHS y aplique de manera más fiel la intención del estatuto, al mismo tiempo que mejore la integridad del programa. El DHS no puede cuantificar actualmente todos los beneficios potenciales de esta norma propuesta.

Además, si los empleadores pueden contratar a trabajadores estadounidenses para ocupar los puestos de trabajo que ocuparían los solicitantes de asilo, el cambio en los ingresos de dichos trabajadores constituiría transferencias beneficiosas de salarios y beneficios hacia los trabajadores estadounidenses y potencialmente no representaría pérdida de productividad ni costos para los empleadores. Si bien es posible que los extranjeros sin autorización de empleo requieran asistencia de sus redes sociales y de apoyo, las cuales podrían incluir entidades públicas, podría existir un contrapeso; dado que esta norma podría reducir la inmigración, podría haber menos presión económica sobre los estados, los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales, en términos de cualquier asistencia pública y recursos que actualmente se brindan a los solicitantes de asilo. Asimismo, el DHS anticipa que esta norma propuesta disminuiría la migración ilegal y los reclamos fraudulentos de solicitudes de asilo y EAD.

Entre los beneficios adicionales no cuantificables resultantes de esta norma propuesta se incluyen la reducción y prevención de posibles casos fraudulentos, el brindar consistencia y claridad a los extranjeros que buscan asilo, y la simplificación del proceso inicial de solicitud de EAD (c)(8) del USCIS para lograr tiempos de procesamiento de casos sostenibles. El DHS no puede estimar estos posibles impactos indirectos (ya sean costos, beneficios o transferencias) ni los efectos de segundo orden en adelante, ya que están fuera del alcance de este análisis. Esta reglamentación busca reducir las solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas y sin mérito, así como sus solicitudes asociadas de EAD (c)(8), al mismo tiempo que mejora el proceso administrativo para la emisión de documentos de autorización de empleo para los extranjeros con solicitudes de asilo meritorias ante el USCIS.

Exigir que los extranjeros presenten sus datos biométricos tanto para las solicitudes iniciales como para las de renovación de autorización de empleo permitiría al DHS verificar los datos biométricos del extranjero contra las bases de datos gubernamentales para determinar si coincidían con alguna actividad delictiva registrada, verificar la identidad del extranjero y facilitar la producción de la tarjeta. Además, la recopilación de datos biométricos permite al DHS confirmar que las personas no están utilizando múltiples identidades o que múltiples personas no están utilizando una sola identidad. Por último, mediante la recopilación de datos biométricos, el DHS aumentaría la integridad del programa al garantizar que solo los extranjeros elegibles que continuaran su proceso de asilo estuvieran solicitando y obteniendo autorización de empleo. Esto también proporcionaría, en general, un beneficio para el público, en el sentido de que aumenta la transparencia respecto a los requisitos de solicitud y presentación. Como se analiza en el preámbulo, el programa de asilo ha estado históricamente sujeto a inquietudes relacionadas con el fraude de identidad.

Los impactos de esta regla propuesta incluyen tanto posibles efectos distributivos (que constituyen transferencias) como costos. Los posibles impactos distributivos recaen sobre los solicitantes de asilo que puedan verse retrasados para ingresar a la fuerza laboral de los EE. UU. o que puedan no obtener un documento de autorización de empleo (EAD) debido a que no son elegibles (por ejemplo, por ser un delincuente agravado, haber cometido un delito grave no político, etc.) o debido a una pausa en el procesamiento. Los posibles impactos distributivos (transferencias) tomarían la forma de la pérdida de la oportunidad de obtener una compensación (salarios y beneficios). Una parte de esta compensación perdida podría transferirse de los solicitantes de asilo a otras personas que actualmente están empleadas en la fuerza laboral de los EE. UU., posiblemente en forma de horas adicionales trabajadas o pago de horas extra. Una parte de los impactos de esta regla también podría recaer sobre las empresas que habrían (página impresa 8665) contratado a los solicitantes de asilo si estos hubieran sido elegibles para un EAD o hubieran estado disponibles en el mercado laboral antes. Sin embargo, si el empleador afectado no pudiera encontrar trabajadores disponibles, estas empresas podrían incurrir en un costo para la productividad y las ganancias potenciales.

Las empresas también podrían incurrir en costos de oportunidad al tener que elegir la siguiente mejor alternativa para cubrir de inmediato el puesto que el solicitante de asilo habría ocupado. USCIS desconoce cuál podría ser esa siguiente mejor alternativa para dichas empresas. Como resultado, USCIS desconoce qué parte de los impactos generales de esta regla corresponde a transferencias o a costos. Si las empresas pueden encontrar mano de obra de reemplazo para el puesto que habría ocupado el solicitante de asilo, esta regla tendría principalmente efectos distributivos en forma de transferencias de los solicitantes de asilo a otras personas que ya se encuentran en el mercado laboral (o a trabajadores inducidos a reincorporarse al mercado laboral). USCIS reconoce que podría haber costos de oportunidad adicionales para los empleadores, tales como costos de búsqueda adicionales. Sin embargo, si las empresas no pueden encontrar un sustituto razonable para la mano de obra que habría proporcionado un solicitante de asilo, el efecto de esta regla sería principalmente un costo para estas empresas debido a la pérdida de productividad y ganancias.

USCIS utiliza los cambios en los ingresos de los solicitantes de asilo como una medida del impacto general de la regla, ya sea como impactos distributivos (transferencias) o como un indicador sustitutivo del costo para las empresas por la pérdida de productividad. No se incluyen los costos adicionales para las empresas por pérdida de ganancias y costos de oportunidad, ni los impactos distributivos para quienes integran la red de apoyo de un solicitante. La compensación perdida para estos solicitantes de asilo podría oscilar entre $34.6 mil millones y $126.6 mil millones anuales (sin descontar), dependiendo de los salarios que el solicitante de asilo habría percibido. El total descontado a 5 años de la compensación perdida para los solicitantes de asilo, a una tasa del 3 por ciento, podría oscilar entre $155.4 mil millones y $568.6 mil millones, y a una tasa del 7 por ciento, podría oscilar entre $135.5 mil millones y $495.8 mil millones (del año fiscal 2025 al año fiscal 2029).

Las estimaciones cuantificadas pueden estar sobrestimadas, ya que suponen que, sin esta regla (es decir, bajo el escenario de referencia), el período de validez del EAD sería más largo de lo que actualmente se permite.[294] Dado que USCIS ha reducido la validez máxima del EAD para los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes a 18 meses, los beneficiarios deben renovarlo con mayor frecuencia, lo que podría resultar en una menor cantidad de solicitantes de asilo pendientes autorizados para trabajar durante el período de análisis de 5 años. Esta reducción resultaría de la disminución en las solicitudes de renovación y de una verificación más frecuente.

Podría haber impactos fiscales relacionados con los cambios en los ingresos. Los solicitantes de asilo que puedan verse retrasados o impedidos de obtener un EAD podrían generar una pérdida de impuestos federales y estatales. Sin embargo, como se señaló anteriormente, la reducción de la presión sobre los recursos que podría derivarse de los efectos de esta regla podría contrarrestar parcial o totalmente las pérdidas fiscales, si las hubiera. Además, si los ingresos se transfieren a trabajadores estadounidenses, es posible que no haya pérdida de impuestos.

Esta regla podría resultar en una posible reducción de los costos de oportunidad para el Gobierno Federal. Desde que la orden judicial de Rosario, 365 F. Supp. 3d 1156 (W.D. Wash. 2018), obligó a USCIS a cumplir con la disposición del plazo de procesamiento de 30 días en el año fiscal 2018, USCIS ha redistribuido sus recursos de adjudicación para avanzar hacia el cumplimiento. Al extender el plazo de procesamiento de 30 días a 180 días, es posible que los recursos puedan reasignarse, lo cual podría tener el efecto de reducir los retrasos en el procesamiento de las solicitudes de beneficios que otorgan estatus, y evitar los costos asociados con la contratación de empleados adicionales. Sin embargo, existen muchos factores que podrían influir en dicho procesamiento. Adicionalmente, si las solicitudes de asilo disminuyen, dado que esta regla genera un desincentivo para las reclamaciones sin mérito con el objetivo de obtener un EAD, entonces el público y el Gobierno Federal podrían experimentar eficiencias operativas y de costos en lo relacionado con la adjudicación de un menor número de solicitudes de asilo. El DHS no descarta que pudiera haber recursos asignados a otras áreas operativas.

La Tabla 4 proporciona un resumen detallado de los cambios regulatorios y los impactos esperados de las disposiciones de la regla propuesta. USCIS estima que el impacto principal de la regla resultaría de una pausa en la aceptación de todas las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) hasta que el tiempo de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo de USCIS alcance un promedio de 180 días (estimado en el Módulo 1, a continuación). Adicionalmente, USCIS proporciona los impactos monetizados para las disposiciones que afectarían a los solicitantes de EAD (para EAD iniciales y de renovación) cuando se levante la pausa (estimado en el Módulo 2, a continuación). Sin embargo, USCIS no incluye el Módulo 2 en el impacto total de la regla, porque los impactos del Módulo 1 (pausa de EAD) contabilizan los impactos para todos los nuevos solicitantes de EAD. Incluir el Módulo 2 implicaría una doble contabilización de los impactos para la misma población. Cuando se presenta una cifra monetizada, esta se basa en un promedio anualizado del 7 por ciento, y la población anual es el punto medio de un rango entre un valor alto y uno bajo.

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De conformidad con la Circular A-4 de la OMB, la Tabla 5 presenta el estado de cuenta A-4 preparado que muestra los costos y las transferencias asociados con esta reglamentación propuesta. Calculamos el punto medio entre la estimación mínima y la estimación máxima como la estimación principal de esta reglamentación propuesta.

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La regla propuesta afectaría el proceso de emisión de EAD para extranjeros con una solicitud de asilo pendiente (EAD (c)(8)), el plazo de procesamiento de las solicitudes de EAD (c)(8), el período de espera para solicitar y recibir un EAD (c)(8), el período de validez del EAD (c)(8), y los requisitos de elegibilidad para los EAD (c)(8). La regla requerirá cambios al texto reglamentario existente y la creación de nuevo texto reglamentario.

El propósito de esta reglamentación propuesta es permitir que el DHS pueda equilibrar sus cargas generales de adjudicación con los recursos disponibles, asegurando que las solicitudes iniciales de EAD (c)(8) no generen incentivos para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o de otro modo carentes de mérito. Por lo tanto, esta regla propone introducir una serie de disposiciones adicionales para ayudar con los problemas de integridad de los beneficios y los programas, la seguridad nacional, la seguridad pública y la presión sobre los recursos de USCIS. El DHS espera que los cambios propuestos reduzcan la confusión respecto a los requisitos de EAD para los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes y para el público, y ayuden a garantizar que el texto reglamentario refleje la política actual del DHS e implemente de manera más fiel la intención de la ley, a la vez que se mejora la integridad del programa.

La regla propuesta afectará el proceso de emisión de documentos de autorización de empleo para extranjeros con una solicitud de asilo pendiente (EAD (c)(8)), extranjeros con reclamaciones de asilo denegadas que tengan un EAD válido en la fecha de vigencia de la regla final, el plazo de procesamiento de las solicitudes de EAD (c)(8), el período de espera para solicitar y recibir un EAD (c)(8), el período de validez del EAD (c)(8), y los requisitos de elegibilidad para los EAD (c)(8). La regla requerirá cambios al texto reglamentario existente y la creación de nuevo texto reglamentario.

La línea de base en este NPRM representa un escenario sin esta reglamentación propuesta, el cual constituye una continuación de la política y las tendencias actuales. Los impactos estimados en este RIA son relativos a esta línea de base.

La población afectada por esta propuesta de reglamentación es la población solicitante de asilo cuyas solicitudes de asilo se encuentran pendientes. Mientras sus solicitudes de asilo están pendientes, esta población puede solicitar autorización de empleo, conocida coloquialmente como EAD (c)(8). Para este NPRM, a fin de proyectar una posible población futura de EAD (c)(8), necesitamos tener en cuenta los patrones históricos. La Tabla 6 presenta la perspectiva histórica de la población inicial de EAD (c)(8). En promedio, podemos observar que esta población creció a una tasa de aproximadamente 39.26 por ciento durante el período de nueve años comprendido entre el AF 2016 y el AF 2024. Cabe señalar que las tasas de crecimiento de los AF 2022 a 2024 fueron más altas que las del período AF 2016 a AF 2024. Excluyendo los años de alto crecimiento, durante el período de cinco años comprendido entre el AF 2017 y el AF 2021, la tasa de crecimiento fue de 7.30 por ciento. Para este NPRM, tomamos esta tasa como la tasa de crecimiento promedio a más largo plazo de esta población.

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El DHS no puede predecir si las tasas de crecimiento de los AF 2022 a 2024 representan un cambio estructural, ya que las políticas de inmigración y otras condiciones nacionales e internacionales podrían cambiar y potencialmente afectar a los solicitantes de asilo. Dada esta incertidumbre, al proyectar una posible población futura de EAD (c)(8), tenemos en cuenta dos posibilidades. Primero proyectamos un escenario (el “escenario bajo” en la Tabla 7) en el que suponemos que los niveles de los años de alto crecimiento, impulsados por factores únicos, políticas o alguna influencia de ambos, no continuarían al mismo ritmo en el futuro. También nos basamos en un “escenario alto” en el que los años de alto crecimiento podrían constituir un cambio sostenible en la tendencia. Por lo tanto, para el escenario bajo tomamos el dato de EAD (c)(8) del AF 2021, que es 214,565, y luego aplicamos la tasa de crecimiento promedio a más largo plazo supuesta de 7.3 por ciento para llegar a nuestro primer año proyectado, el AF 2025 de la Tabla 7. Luego tomamos el AF 2025 proyectado y repetimos el proceso para los años proyectados restantes. Para el escenario alto, tomamos el promedio de los años de alto crecimiento, el promedio de los AF 2022 a 2024 en la Tabla 6,[297] que es 755,385, y luego aplicamos la tasa de crecimiento promedio a más largo plazo supuesta de 7.3 por ciento para llegar a nuestro primer año proyectado, el AF 2025. Luego tomamos el AF 2025 proyectado y repetimos el proceso para los años proyectados restantes. Finalmente, tomamos el promedio de los escenarios bajo y alto (el “escenario intermedio” en la Tabla 7) para llegar a una población de escenario intermedio.

La Tabla 7 presenta la población de referencia proyectada para el AF 2025 al AF 2029. Establecemos nuestro período de proyección en 5 años, ya que no podemos predecir con certeza las tendencias a más largo plazo, dado que las políticas de inmigración y otras condiciones nacionales e internacionales podrían cambiar rápidamente, afectando a los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes.

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Los componentes de subpoblación pertinentes a aspectos específicos de esta reglamentación se presentarán en la Sección VI.A.6.

Para monetizar los impactos de esta propuesta de regla, necesitamos información sobre los posibles salarios que la población de referencia podría percibir, o información sobre su costo de oportunidad del tiempo. Para estimar los posibles impactos en los ingresos, el USCIS utiliza datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS) de la siguiente manera. Usaremos el salario medio por hora para todas las ocupaciones de $31.48 como límite superior y el salario del percentil 10 de $13.97 como límite inferior.[298] Para obtener una medida más integral de la compensación, utilizaremos un multiplicador de beneficios de 1.45 aplicado a los salarios medio y del percentil 10 respectivamente, lo que resulta en tasas promedio de compensación total por hora de $45.65 y $20.26, respectivamente.[299]

En lo que respecta a los posibles impactos en los ingresos laborales, el DHS también estima un posible efecto fiscal. Resulta difícil cuantificar los impactos del impuesto sobre la renta derivados del empleo en el escenario del mercado laboral, dado que las situaciones tributarias individuales varían ampliamente, pero el DHS estima los posibles efectos contributivos sobre los impuestos sobre el empleo, concretamente Medicare y el Seguro Social, los cuales tienen una tasa impositiva combinada de 7.65 por ciento (6.2 por ciento y 1.45 por ciento, respectivamente).[300] Dado que tanto el empleado como el empleador pagan su respectiva porción de los impuestos de Medicare y del Seguro Social, el total estimado de incremento en los pagos de transferencia de impuestos de los empleados y empleadores hacia Medicare y el Seguro Social es de 15.3 por ciento. El DHS estima los impactos fiscales sobre la base de ingresos sin cargas adicionales. Esto se calcula multiplicando el impacto en los ingresos por la tasa del impuesto sobre el empleo de 15.3 por ciento, y dividiendo el producto resultante entre el múltiplo de carga de beneficios de 1.45. El DHS no puede cuantificar otros pagos de transferencia de impuestos, tales como los correspondientes a los impuestos federales sobre la renta y a los impuestos estatales y locales.

Hasta hace poco, no existían tarifas asociadas con la solicitud de asilo o con un EAD inicial conforme a (c)(8), ni un requisito de recolección de datos biométricos asociado con las solicitudes de EAD conforme a (c)(8). USCIS implementó recientemente tarifas de presentación exigidas por ley, incluyendo una tarifa de presentación no exenta de $100 para la solicitud de asilo y una tarifa anual de $100 por cada año que la solicitud de asilo del solicitante permanezca pendiente, así como una tarifa de presentación no exenta de $550 para la solicitud inicial de autorización de empleo conforme a (c)(8).[301] La regla propuesta establece una recolección de datos biométricos aplicable a las solicitudes de EAD conforme a (c)(8), pero no está imponiendo una tarifa de servicio mediante esta reglamentación. El DHS explicó otros impactos vinculados a la recolección de datos biométricos en la sección final de este análisis. Esta reglamentación propone cambios a los formularios I-589 e I-765, formularios pertinentes a la población de referencia. Las cargas actuales de los formularios son 11 horas para el Formulario I-589 y 4.38 horas para el Formulario I-765.[302] El DHS estima que el tiempo futuro de presentación para el Formulario I-765 será de 4.72 horas. En las estimaciones de impacto, el DHS se basará en esta carga proyectada, señalando que representa el impacto máximo. La razón ( printed page 8677) es que algunos extranjeros presentan sus solicitudes electrónicamente, y la carga para las presentaciones electrónicas será menor, cambiando de 4.12 horas a 4.35 horas.[303]

En las estimaciones de impacto, el DHS contabiliza los costos y ahorros de costos aplicables a los cambios relacionados con la presentación y la no presentación de una solicitud de EAD, pero no incluye en estas estimaciones las tarifas de presentación exigidas recientemente por ley.

En esta sección, el DHS desarrolla, estima, cuantifica y monetiza los posibles impactos económicos que podrían derivarse de la regla propuesta, aunque no todos los impactos pueden cuantificarse por completo. El efecto principal serán los cambios en los ingresos por compensación laboral que podrían experimentar los solicitantes de asilo que hayan obtenido EAD conforme a (c)(8). Los cambios en los ingresos probablemente consistirían en ingresos retrasados o no percibidos por los titulares de EAD; sin embargo, una parte, o la totalidad, del cambio agregado en los ingresos también podría constituir transferencias hacia trabajadores estadounidenses sin pérdida de productividad para los empleadores. El DHS reconoce que habría impactos aplicables a las solicitudes de renovación conforme a (c)(8), pero para delimitar el alcance del análisis, nos enfocamos en el impacto principal de un EAD inicial aprobado conforme a (c)(8). Al momento de este análisis, junio de 2025, un EAD inicial conforme a (c)(8) está autorizado por cinco años, lo cual constituye la base principal para el período de análisis.[304] Además de los impactos en los ingresos, podría haber impactos fiscales, así como costos y ahorros de costos para los solicitantes de asilo que no presenten solicitudes de EAD en el futuro, y cambios en la carga de los formularios. Estos efectos también se cuantifican, en la medida de lo posible.

Los impactos monetizados estimados se desarrollan en dos módulos. El Módulo 1 abarca los impactos aplicables a una pausa en la emisión de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) iniciales de la categoría (c)(8) hasta que el tiempo de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) alcance un promedio de 180 días. El Módulo 2 abarca las disposiciones relacionadas con la elegibilidad para el EAD, la terminación anticipada de algunos EAD, así como los cambios propuestos al protocolo de plazo de presentación y tiempo de procesamiento de la categoría (c)(8). Los cambios a los requisitos de elegibilidad del EAD para los solicitantes iniciales del EAD (c)(8) solo se aplicarían cuando se levante la pausa cubierta por el Módulo 1. Los impactos se desglosan de esta manera para evitar un doble conteo, ya que una pausa en la emisión constituiría el mayor impacto y abarcaría cualquier efecto que pudiera producirse bajo un protocolo de emisión (Módulo 2). Existen numerosas métricas e insumos utilizados en el análisis y, por motivos de brevedad, utilizaremos abreviaturas con letras para muchos de ellos, las cuales se presentarán cuando corresponda.

Para respaldar las estimaciones de impacto económico de esta norma propuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) analizó datos proporcionados por la Oficina de Desempeño y Calidad de USCIS. El conjunto de datos vincula información sobre las solicitudes de asilo con las solicitudes concomitantes de EAD (c)(8), que comprende 2.26 millones de registros para el período completo del año fiscal 2022 al año fiscal 2024.[305] Este conjunto incorpora en su totalidad los datos de asilo afirmativo de USCIS y, si bien incluye datos de EAD vinculados al asilo defensivo, los datos relativos a los resultados del asilo defensivo no están completamente disponibles, ya que el DHS no puede, por el momento, concatenar dichos datos entre USCIS y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

La población (POP), en su nivel más amplio, es la población total de aprobaciones iniciales de EAD (c)(8), ya que las denegaciones no se verían afectadas. Una primera fase del análisis desglosa y reporta las poblaciones específicas que la norma podría afectar, como se muestra en la Tabla 8. Tanto en el Módulo 1 como en el Módulo 2, la población amplia podría verse afectada, pero existe una distinción importante en la manera en que se estiman los impactos. Si existe una pausa en la emisión de los EAD (c)(8) iniciales (es decir, el Módulo 1), toda la población, las solicitudes de EAD iniciales tanto para el asilo afirmativo como para el defensivo pendientes, se vería afectada, ya que ninguna persona pertinente obtendría un EAD. En cambio, cuando se levanta la pausa (es decir, el Módulo 2), el DHS asume que los EAD (c)(8) iniciales se emitirían principalmente para los solicitantes de asilo defensivo pendientes. Esto se debe a que la pausa solo se levanta cuando el tiempo de procesamiento del asilo afirmativo es inferior a 180 días y, por lo tanto, antes de que finalice el período de espera propuesto de 365 días para un EAD (c)(8) inicial. Una aprobación de asilo otorgaría autorización de empleo, y una denegación haría que la persona no fuera elegible para la autorización de empleo.

Como se explica en el preámbulo, dada la magnitud de la carga de casos pendientes de asilo afirmativo, USCIS está preparado para pausar los EAD iniciales (c)(8) cuando la norma entre en vigor. Como se analizó anteriormente en el preámbulo, la reducción en las solicitudes de EAD iniciales (c)(8) podría ser un factor que contribuya a reducir los tiempos de procesamiento del asilo, lo que podría posicionar a USCIS, en el futuro, para cumplir con el criterio regulatorio de un tiempo de procesamiento promedio de asilo de 180 días y levantar la pausa para comenzar nuevamente a emitir los EAD iniciales (c)(8). Si bien el DHS no puede especular sobre cuándo ocurriría esto, con base en las estimaciones analizadas anteriormente, el DHS asume que probablemente ocurriría fuera del período de cinco años bajo el cual se estiman los impactos aplicables a la pausa. Por lo tanto, para efectos de explicar una línea de base regulatoria, el DHS podría asumir que, una vez que comience el Módulo 2, en ausencia de los cambios propuestos al reloj y a las barreras de elegibilidad, los volúmenes de asilo y de EAD (c)(8) volverían a los niveles anteriores a la entrada en vigor de la norma (y de la pausa).

Lo que sugiere la discusión anterior es que si el DHS cumple con el plazo de procesamiento de asilo de 180 días, los volúmenes iniciales de EAD conforme al (c)(8) aplicables al asilo afirmativo podrían converger a cero. El impacto en el asilo afirmativo es doble; primero, las personas con reclamos afirmativos aprobados podrían beneficiarse porque podrían obtener autorización de empleo antes, su reclamo de asilo se aprobaría antes que su reclamo "anterior" o su EAD, el que de estos dos últimos se aprobara primero. Segundo, las personas obtendrían un ahorro de costos al no presentar una solicitud de EAD. Si bien el DHS espera que ocurran estos impactos, el Departamento no elabora estimaciones de los impactos en la población afirmativa por dos razones; primero, como se indicó anteriormente, para una línea de base podríamos suponer que las solicitudes de asilo y los EAD (c)(8) concomitantes volverían a los niveles previos a la norma, pero esto no es realista. Debido a los efectos persistentes de la pausa (inicial), los volúmenes iniciales de (c)(8) relevantes para el Módulo 2 probablemente serían bastante diferentes de los volúmenes históricos recientes. Segundo, el DHS no puede predecir cuándo podría aprobarse un reclamo de asilo (dentro del plazo de 180 días). En resumen, el DHS reconoce que esta norma propuesta tendrá un impacto significativo tanto en la población de asilo como en la población asociada de EAD, pero, por las razones descritas anteriormente, el DHS no puede cuantificar los impactos indirectos de las posibles ganancias anticipadas y los ahorros en costos de presentación.

En el Módulo 2, el DHS opera bajo el supuesto de que los solicitantes de asilo afirmativo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) generalmente no presentarían una solicitud de EAD, ya que su caso de asilo potencialmente se resolvería antes que su solicitud de EAD. Esto es aún más probable dado el cambio en el reloj de presentación del EAD (página impresa 8678) de 150 a 360 días. Por lo tanto, el DHS supone que la población afirmativa no se vería afectada por la disposición del Módulo 2. Para el Módulo 2, el DHS estima los impactos en la población defensiva, también descrita como la población de EOIR. Los casos defensivos no estarían sujetos al requisito propuesto de un plazo de procesamiento de asilo de 180 días. Por lo tanto, los impedimentos de elegibilidad y los cambios en el reloj podrían tener un impacto en los casos defensivos. La razón es que el análisis de datos reporta que el tiempo medio para una remisión de USCIS a EOIR (desde la fecha de recepción de la solicitud de asilo hasta la fecha de la decisión de remisión) es de 231 días. Al sumar el plazo de remisión al prolongado tiempo de procesamiento actual de los casos de asilo en EOIR, el DHS espera que la mayoría se beneficiaría al presentar una solicitud de EAD, ya que esta se aprobaría antes de la fecha de la decisión de asilo, incluso con los cambios en el reloj del EAD.

Para realizar el análisis, el DHS extrajo una muestra aleatoria de 5,000 registros de solicitudes iniciales de EAD, incluyendo casos de asilo afirmativo y defensivo. Este tamaño es mucho mayor de lo necesario para generar un 95 por ciento de confianza en los resultados, pero el DHS realizó un sobremuestreo considerable porque hay múltiples subpoblaciones afectadas, y el DHS buscó garantizar una representación adecuada entre los grupos. El desglose de la población se presenta en la Tabla 8 y se basa en los volúmenes de presentación promedio anualizados proyectados para el período de análisis del año fiscal 2025 al año fiscal 2029. Se señala que la población total comprende los volúmenes de recepción (Sección VI.A.3) multiplicados por una tasa de aprobación del 83.5 por ciento (aplicable tanto a las solicitudes afirmativas como a las defensivas), que es la tasa de aprobación promedio ponderada de EAD conforme al (c)(8) para el período del año fiscal 2019 al año fiscal 2024 (al estimar impactos específicos, el DHS utiliza un rango derivado de datos históricos para la tasa de aprobación, APV).

(página impresa 8679)

Las proporciones reportadas derivadas de la muestra se extrapolan a la población para obtener estimaciones del número de extranjeros potencialmente afectados. Para el Módulo 2, la base de la Fila A es la población total de la EOIR, que, según nuestro análisis, es el 63.7 por ciento de la población estimada de (c)(8) EAD aprobados.[307] El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) examinó las tres barreras propuestas a la elegibilidad: el plazo de presentación de un año, el ingreso sin inspección y las barreras por antecedentes penales. Para el plazo de presentación de un año, el DHS calculó la duración en días entre la fecha de ingreso y la recepción del Formulario I-589 para obtener una estimación de la población potencialmente sujeta a la barrera del plazo de presentación de un año (OYB, por sus siglas en inglés). El DHS también filtró los casos que registraban ingreso sin inspección (EWI, por sus siglas en inglés) para estimar la población potencial que podría estar sujeta a la barrera de EWI. Como se puede deducir de la Tabla 8, el 35.4 por ciento podría estar sujeto a cualquiera de las dos barreras, pero eliminamos el factor de corrección de superposición (OCF, por sus siglas en inglés) del 5.4 por ciento, que es el porcentaje al cual ambas barreras podrían aplicarse, para llegar a la proporción total mostrada (A4). El número total de futuros solicitantes de EAD reportado en la Fila A5 es la población de casos de la EOIR (Fila A) menos la población de la barrera de OYB y de EWI excluyendo la superposición (Fila A4). Para las demás barreras, el DHS no puede hacer una estimación del número o proporción de casos. La información sobre actividad delictiva puede registrarse en los expedientes de adjudicación y en las notas de los oficiales y, si bien el DHS cuenta con algunos datos e información sobre casos de asilo que fueron denegados por dichos motivos, el DHS no cuenta con datos que vinculen esos casos con los datos de EAD de una manera adecuada para su análisis. Los porcentajes en A1, A2 y A4 se aplican, por lo tanto, a la población de la EOIR. Como referencia, las proporciones aplicables a la población total de (c)(8) EAD para las barreras de elegibilidad (A4) y aquellas que presentarían una solicitud en el futuro (A5) son 19.1 y 44.6 por ciento, respectivamente.[308]

El DHS también examinó los impactos de los cambios propuestos a la terminación de la autorización de empleo. La cifra de 159 (Fila B, Tabla 8) es el número anual estimado de denegaciones de asilo por parte de USCIS (DEN, por sus siglas en inglés) en las cuales la persona había recibido un EAD. Esta norma propuesta pondría fin al EAD (antes de su fecha de vencimiento) cuando USCIS denegara la solicitud afirmativa de asilo. El DHS no puede determinar cuántos de estos serían válidos cuando la norma entre en vigor y, por lo tanto, este volumen pequeño servirá como indicador aproximado del número de personas afectadas en la fecha de entrada en vigor.[309]

Debido a que existen múltiples métricas involucradas en los dos módulos, y a que algunas de ellas presentan rangos, el DHS utilizará un enfoque de modelado y simulación basado en un gran número de ensayos aleatorios iniciales. Este enfoque proporciona un mecanismo de estimación sólido y eficiente; aunque los impactos según el módulo y el tipo se reportan por separado conforme a la guía reglamentaria, su configuración puede integrarse en una simulación de una sola dimensión que garantiza que las estimaciones de impacto se basen en los mismos valores de ensayo aleatorio para las variables comunes (por ejemplo, la población y la tasa de aprobación de (c)(8)). Cuando se trata de un rango de datos, se utiliza una estructura de datos triangular cuando corresponde un valor mínimo, promedio y máximo. Si no existe un valor promedio o “más probable”, se delimita un rango uniforme con un valor máximo y mínimo, lo que esencialmente significa que la probabilidad de que se elija cualquier valor en una ejecución de ensayo es la misma para todos los valores dentro del rango.

El DHS considera apropiado incorporar aspectos realistas del mercado laboral en sus estimaciones. Por ejemplo, podemos suponer que todas las personas con EAD formarían parte de la fuerza laboral, pero no podemos suponer razonablemente que todas estarán empleadas en la fecha de entrada en vigor de la norma, por lo que sería apropiado tomar en cuenta la tasa de desempleo. Para integrar los efectos del mercado laboral, el DHS calcula un escalar de intensidad (SCL, por sus siglas en inglés), una medida de las horas de salario devengadas por día, por miembro de la fuerza laboral, utilizando la siguiente ecuación:

Donde BEN es la carga de beneficios, u es la tasa de desempleo, y

es el número de horas de trabajo por semana dividido entre los días por semana (7). El BEN está definido por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) y es igual a 1.45,[310] la tasa de desempleo u es 0.041, y whw es 34.2.[311] Esto produce un valor de 6.79 horas de salario devengadas por día por miembro de la fuerza laboral.[312]

Trabajar con un valor único para incorporar factores laborales realistas es beneficioso porque no es necesario ajustar las variables, como la carga de beneficios en relación con los salarios y la tasa de aprobación en relación con la población, de manera secuencial ni siquiera directa; todos los insumos interactúan de forma multiplicativa y, por lo tanto, pueden anidarse como un sistema unidimensional. Habiendo descrito los datos y la población, procedemos a la estimación del Módulo 1.

Si se produjera una pausa en la aceptación de solicitudes de EAD (c)(8), el impacto principal para los extranjeros serían las ganancias laborales no percibidas,[313] y el cambio en las ganancias se denota como ENG a lo largo de este análisis. Atribuimos el cambio en las ganancias a un horizonte de 5 años, a fin de capturar el período de validez del EAD vigente al momento en que se realizó el análisis. Este incluye un ajuste que contempla la posible sustitución por otra categoría de EAD (SUB). El análisis del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela que, durante el período de cobertura de los datos, el 16.3 por ciento de los titulares de EAD (c)(8) también recibieron un EAD en otra categoría de elegibilidad. Sin embargo, podría haber variación en esta proporción en el futuro. Por un lado, una pausa en las solicitudes de EAD (c)(8) probablemente llevaría a algunos extranjeros a buscar EAD en otras categorías de elegibilidad, lo cual aumentaría la proporción (y, por ende, reduciría la proporción que experimentaría un cambio en las ganancias). No obstante, podría producirse un movimiento contrario si se adoptan medidas que reduzcan la elegibilidad en otras categorías que incurrieron en EAD duales, en cuyo caso la proporción podría disminuir. Por lo tanto, limitaremos la proporción de SUB a la proporción actual (como máximo, 16.3 por ciento), pero permitiremos que tan solo el 5 por ciento sustituya, bajo el supuesto de que los extranjeros que recibieron un ( página impresa 8680) EAD en otra categoría de elegibilidad no sufrirían un impacto en las ganancias.

La métrica de ganancias se basa en el salario por hora (HWG, que varía de $13.97 a $31.48, sin cargas) y el tiempo se basa en un año (YER = 365 días). Denotando el factor escalar de intensidad del tiempo de trabajo diario, desarrollado anteriormente, como "SCL", la ecuación de estimación para el impacto total es la suma de tres términos. El primero es el cambio en las ganancias, seguido de los cambios en los impuestos (TAX),

(2) ENG = {POB × APV × HWG × (1 − SUB) × SCL × YER};

Como se muestra, TAX se calcula como las ganancias multiplicadas por la tasa impositiva (TXR=15.3 por ciento, que es la suma del impuesto de Medicare y del Seguro Social, desarrollada en la Sección 4) y dividida por la carga de beneficios ("BEN"), ya que el DHS cuantifica los impactos impositivos sobre los salarios sin cargas. El tercer término es el ahorro de costos por carga de formularios (CSV), y se expresa como,

(4) CSV = {POB × APV × HWG × (1 − SUB) × FMB × BEN},

lo cual incluye la carga de tiempo del formulario ("FMB"=4.72 horas) y BEN. Los ahorros de costos provienen de evitar los costos de oportunidad del tiempo para presentar el Formulario I-765.

El DHS abrevió el esquema de estimación en una ecuación truncada y anidada en el programa de simulación.[314]

La Tabla 10 presenta los valores para el período de 5 años comprendido entre el año fiscal 2025 y el año fiscal 2029. Dado que el resultado de la simulación proporciona el impacto para la población promedio anual de EAD, el DHS calculó un impacto total de cinco años a partir de este resultado. Dado que la duración actual del EAD es de 5 años, los impactos en las ganancias y en los impuestos crecen de manera consecutiva cada año, ya que hay poblaciones superpuestas a partir del segundo año.[317] Sin embargo, para los ahorros de costos que resultarían de la presentación única de formularios por cada solicitante inicial de EAD que ya no pueda presentar la solicitud, el DHS utilizó la población promedio anual de EAD (Tabla 8) para cada año de análisis.

El impacto neto es la diferencia entre las ganancias y los ahorros de costos. Los resultados se presentan primero en términos no descontados y luego con tasas de descuento del 3 y el 7 por ciento, en ese orden.

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( página impresa 8682)

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Como se informa en la Tabla 10, los impactos netos del Módulo 1 podrían oscilar entre $172,867.8 millones y $632,576.3.6 millones (sin descontar), con una estimación media de $368,437.9 millones durante 5 años, con promedios anualizados que podrían oscilar entre $34,573.6 millones y $126,515.3 millones, con una media de $73,687.6 millones. Con una tasa de descuento del 3 por ciento, los impactos netos podrían oscilar entre $155,215.0 millones y $567,979.0 millones, con una estimación media de $330,813.9 millones durante 5 años, con cifras anualizadas que podrían oscilar entre $33,891.9 millones y $124,020.8 millones, con una media de $72,234.7 millones. Con una tasa de descuento del 7 por ciento, los impactos netos podrían oscilar entre $135,371.1 millones y $495,364.2 millones, con una estimación media de $288,520.1 millones, con cifras anualizadas que podrían oscilar entre $33,015.7 millones y $120,814.7 millones, con una media de $70,367.4 millones.

Habiendo desarrollado e informado los impactos potenciales cuantificados y monetizados de una pausa en la emisión de EAD conforme a (c)(8), pasamos a los impactos del Módulo 2.

Bajo un escenario en el que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) esté procesando las solicitudes de asilo afirmativo dentro de un plazo de 180 días, y por lo tanto USCIS pudiera emitir EAD conforme a (c)(8) bajo las disposiciones de esta norma, podría haber impactos derivados de otras disposiciones de la norma propuesta tanto para los extranjeros de asilo afirmativo como para los extranjeros defensivos ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). Los Módulos 1 y 2 se analizan por separado para evitar el doble conteo, ya que los impactos cuantificados del Módulo 1 comprenden los impactos (totales) más grandes de la norma. Como se discutió anteriormente en referencia a la población, todos los EAD iniciales aprobados conforme a (c)(8) estarían sujetos a las restricciones y los cambios en el reloj de presentación, pero en la práctica, dichas restricciones generalmente se aplicarán solo a los solicitantes de asilo defensivo. Esto se debe a que, cuando no hay una pausa en la emisión de EAD iniciales conforme a (c)(8), USCIS generalmente estaría adjudicando las solicitudes afirmativas de asilo antes de que dichos solicitantes sean elegibles para recibir autorización de empleo sobre la base de una solicitud de asilo pendiente. Las estimaciones cuantificadas en esta sección no se suman a las correspondientes a una pausa total; deben considerarse por separado para no sobreestimar.

La norma propuesta resultaría en que algunos EAD finalicen antes de lo previsto debido a los nuevos requisitos, lo que resultaría en una denegación más temprana de la autorización de empleo. En cuanto a la finalización de los EAD antes de la fecha estipulada en su validez, como se explicó en el análisis correspondiente a la población, el DHS no sabe cuántos casos se aplicarán en un momento específico, pero utilizará el número anual (DEN=159) como aproximación (que puede considerarse el número, con base en los datos disponibles, que sería válido en cualquier momento dentro de un año).[318] Esta cifra solo se aplica a las denegaciones afirmativas de asilo concomitantes, y la cifra real, incluidos los casos defensivos, sería mayor. Para obtener la métrica de ingresos pertinente, el DHS calculó el tiempo restante (TMR) de validez a la fecha de la denegación de la solicitud de asilo, que es una mediana de 434 días. Como se señaló en la sección anterior correspondiente al Módulo 1, el reciente cambio de política de USCIS que limita la validez máxima de los EAD conforme a (c)(8) a 18 meses probablemente tendrá un impacto aquí también. Específicamente, la mediana del tiempo restante podría ser potencialmente mucho menor a 434 días, lo que significa que las estimaciones cuantificadas que se informan a continuación para este impacto (ingresos e impuestos) están actualmente sobreestimadas. Las siguientes ecuaciones resumen los Resultados Anuales, como se muestra en la Tabla 11, para los ingresos y los impuestos derivados de la finalización anticipada de los EAD debido a los nuevos requisitos,

(5) ENG2 = {DEN × TMR × HWG × SCL};

Para los casos de asilo defensivo ante la EOIR, habrá dos grupos de población afectados. En primer lugar, se aplicarán las restricciones de presentación, y los cambios al reloj de EAD (página impresa 8684) serán vinculantes. Como se introdujo en la presentación de la población, el DHS espera que las presentaciones de EAD continúen, ya que el EAD generalmente se aprobaría antes de la adjudicación de la solicitud de asilo, al menos bajo las condiciones actuales de grandes retrasos acumulados. Primero, presentamos la estructura de estimación para los impactos que se acumularían por la finalización anticipada de algunos EAD y las restricciones de presentación. En cuanto a esta última, los impactos en los ingresos se estiman como,

(7) ENG3 = POP × APV × (OYB + EWI−OCF) × HWG × SCL × YER.

En esta ecuación, la población es la población de asilo defensivo/EOIR (véase la Tabla 8), el término (OYB + EWI−OCF) es el porcentaje (proporción) sujeto a las restricciones, y los impuestos se calculan de la misma manera que en la Ecuación 2. Las personas que podrían verse afectadas por las restricciones de elegibilidad podrían presentar una solicitud de EAD, pero si lo hacen, serán denegadas. Es probable que algunos extranjeros se den cuenta de que son inelegibles y, por lo tanto, no presenten la solicitud. USCIS considera razonable operar bajo el supuesto de que a los posibles solicitantes con representación legal probablemente se les aconsejaría no presentar la solicitud. USCIS evaluó los datos de la categoría (c)(8) y determinó que, en promedio, aproximadamente la mitad de la población utiliza un representante para su solicitud de EAD bajo (c)(8). Por lo tanto, aproximadamente la mitad de la población podría incurrir en ahorros de costos de presentación y aproximadamente la mitad incurriría en costos hundidos asociados con la presentación de una solicitud de EAD que sería denegada. En términos netos, el impacto sería cercano a cero, ya que los costos compensarían los ahorros.[319]

El DHS asume que los extranjeros sujetos a las restricciones de elegibilidad no pueden sustituirse en otra categoría de EAD. Para estimar el impacto total de las restricciones de elegibilidad, podemos extraer un término común para el Módulo 2 (CT2),

(8) CT2 = {POP × APV × (OYB + EWI−OCF) × HWG}

Las siguientes ecuaciones resumen los Resultados Anuales, tal como se muestran en la Tabla 11, para los ingresos e impuestos correspondientes a las restricciones de elegibilidad aplicables a los casos de EOIR,

(9) ENG3 = {CT2 × SCL × YER}

Los cambios aplicables al tiempo de presentación y procesamiento del EAD bajo la categoría (c)(8) afectan conjuntamente el reloj de ingresos. Conforme a la norma propuesta, el tiempo de presentación del EAD aumentaría de 180 días a 365 días, por lo que un solicitante tendría que esperar más tiempo para presentar la solicitud bajo la norma propuesta (“reloj del EAD”). Además, la norma propuesta otorgaría a USCIS tiempo adicional para adjudicar y procesar, pasando de la referencia de 30 días a 180 días. La métrica para los ingresos afectados será la diferencia en el “tiempo de espera” del EAD, que constituye la duración entre la presentación de la solicitud de asilo y la aprobación del EAD bajo (c)(8). El tiempo de espera es la suma de dos componentes, el tiempo de presentación del EAD (FTC, FTF) y el tiempo de procesamiento, en el cual “C” denota actual, o pasado, y “F” es el futuro, o las condiciones bajo la norma. Para estimar FTF empleamos un enfoque conductual simple; FTF se fijará en 365 para los valores pasados menores a este valor; si alguien presentó la solicitud a los 200 días en el pasado, presentaría la solicitud en el nuevo mínimo (365). Para aquellos que presentaron la solicitud después de 365 días en el pasado, se les asignará su valor pasado real; si alguien esperó 400 días para presentar la solicitud, la presentaría en ese mismo tiempo en el futuro. Este sistema conductual implica que aquellos que presenten la solicitud antes de 365 días lo harán incondicionalmente en el nuevo mínimo, mientras que otros no se verían afectados por el cambio en el reloj de presentación.

El DHS busca contar con tiempo suficiente para realizar una revisión diligente y exhaustiva, que incluya la detección e investigación de antecedentes (screening and vetting) relacionados con la seguridad nacional y la seguridad pública, de las solicitudes de EAD bajo (c)(8). Si bien el DHS no puede predecir exactamente cómo serán los tiempos de procesamiento de los EAD bajo (c)(8) en el futuro, al momento de este análisis consideramos que la mayoría de los EAD pueden adjudicarse en aproximadamente 120 días y que 90 días es un punto de agrupamiento razonable. Sin embargo, el DHS permitirá un margen de hasta 180 días, aunque un caso individual podría tomar más tiempo por diversas razones. El DHS enfatiza que los tiempos de procesamiento de 90 días que utilizamos como punto de agrupamiento (y 120 días como límite superior del rango para la mayoría de las solicitudes de EAD bajo (c)(8)) no constituyen una predicción, ya que el tiempo de procesamiento podría variar por razones vinculadas al análisis caso por caso de situaciones individuales o a cambios en (página impresa 8685) las operaciones, los recursos, las políticas y la inmigración. Más bien, estos valores son insumos necesarios para hacer manejables nuestros procedimientos de estimación y se basan en lo que el DHS considera actualmente razonable.

En lo que respecta al tiempo de proceso futuro, es necesario emplear una transformación de datos que asigne cada valor pasado a uno futuro. En este sentido, debido a que el futuro se representará gráficamente a partir de datos pasados, también existe un elemento de comportamiento en el tiempo de proceso. Sin embargo, debido a que se trata de una transformación, la configuración es cuasi conductual. Los datos deben asignarse a una nueva estructura de tiempo de proceso que satisfaga múltiples objetivos de política y operativos. En primer lugar, el tiempo mínimo de proceso obtenido del análisis de datos (1 día) no es sostenible, y es necesario que este mínimo aumente para permitir la diligencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el proceso de adjudicación. El análisis del DHS revela que la estructura de datos para el tiempo de proceso actual del EAD conforme a (c)(8) presenta un sesgo positivo, con una media mayor que la mediana. Dado que la posible agrupación estará alrededor de los 90 días, lo cual está cerca del límite superior de 120 días, la estructura de datos deberá recentrarse cerca del segmento superior y presentar un sesgo negativo, acotado a 120. Se señala que el límite superior real puede ser mayor a 120 días, pero esta es una característica necesaria del modelo que empleamos, lo cual abordaremos más adelante. Adicionalmente, el DHS busca consistencia en las adjudicaciones y, por lo tanto, una menor varianza es un objetivo.

Esta parte del desarrollo metodológico es de naturaleza técnica, y si bien aquí se proporcionan algunos detalles, el apéndice técnico que acompaña a esta reglamentación describe en detalle los pasos de los procedimientos de estimación. Específicamente, el DHS comenzó intentando escalar los tiempos de proceso para satisfacer el límite superior, utilizando procedimientos de transformación simples y comunes empleados en trabajos multidisciplinarios. Si bien estos métodos no están diseñados directamente para acotar los datos a un nivel superior, el DHS pudo ajustar los algoritmos para satisfacer el límite superior, pero los resultados no fueron sostenibles por otras razones. Debido a las deficiencias aplicables a los dos procedimientos comunes, el DHS empleó a continuación la forma funcional logística, que es el punto de referencia para modelar patrones de crecimiento en diversas ciencias naturales y médicas. También ha sido una práctica clave de desarrollo en la propagación y el entrenamiento de redes de aprendizaje profundo. En lo que respecta a las redes de aprendizaje profundo, la forma logística se utiliza como herramienta de transformación de datos y ofrece una configuración que acota directamente un límite superior. Sin embargo, las pruebas basadas en su forma general y escalable no produjeron resultados sostenibles. En resumen, los tiempos de proceso transformados se inclinaron hacia un valor específico, lo cual es resultado de un problema técnicamente complejo conocido como gradiente evanescente.

Debido a los resultados insostenibles mencionados anteriormente, por necesidad el DHS recurrió a un tipo más reciente de función que incorpora una forma logística en una configuración más flexible pero también más compleja. Esta forma es una ecuación hiperbolástica de Tipo 1, denominada "H1", que emplea tres parámetros de ajuste y anida el seno hiperbólico inverso (ASINH) en el término exponencial de la ecuación logística. Los parámetros de ajuste se obtienen por prueba y error, no mediante un método basado en reglas. Para los tiempos de proceso futuros, la calibración de los parámetros de ajuste empleados en H1 ha logrado los objetivos establecidos; el tiempo mínimo de proceso del EAD aumentó a 24 días; la agrupación de datos en la cola superior (mediana=90) es mayor que la media, lo que indica que la distribución se ha recentrado y presenta un sesgo hacia la izquierda, y la varianza (medida mediante la desviación estándar) ha disminuido de 41.5 a 28.3, lo cual representa una reducción de casi un tercio (31.8 por ciento).

Para cada caso, el DHS calculó el tiempo de espera pasado (WTP, por sus siglas en inglés) para un EAD a partir del conjunto de datos y un tiempo de espera futuro (WTF, por sus siglas en inglés) a partir del modelo desarrollado anteriormente, y luego calculó la diferencia en el tiempo de espera (WTD, por sus siglas en inglés). El DHS asignó el tiempo de proceso actual de su EAD conforme a (c)(8) a uno nuevo. El análisis resultante sugiere que casi la totalidad (98.1 por ciento) experimentaría un tiempo de espera más prolongado conforme a las disposiciones propuestas en la regla, con una mediana de 216 días, y una pequeña proporción (1.9 por ciento) podría experimentar un tiempo de espera más corto y ganar tiempo de ingresos, ya que WTP > WTF (el rango para los tiempos de espera más cortos es de 1 día a 98 días, con una mediana de 34 días). Para extender estos resultados a la población, el DHS estableció el retraso en los ingresos como cifras positivas y las ganancias como negativas, a fin de expresar los efectos netos, e incorporó el WTD de acuerdo con su distribución y parámetros.